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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.357

17 de febrero de 2014 · 56 páginas
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AÑO CXLI MES V Caracas, lunes 17 de febrero de 2014

SUMARIO

Presidencia de la República Decreto N° 791, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, la Fundación La Villa del Cine.

Decreto Nº 793, mediante el cual se nombra al ciudadano Gustavo Enrique González López, Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), adscrito a la Vicepresidencia de la República.

Decreto N° 794, mediante el cual se nombra al ciudadano Francisco Luis Guerra Moreno, Presidente del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.

Vicepresidencia de la República Resolución mediante la cual se modifica la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

Acta.- (Se reimprime por error de Imprenta).

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano William Rengifo Blanco, como Comisionado del Despacho, adscrito al Despacho del Ministro.

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública SENIAT Providencia mediante la cual se autoriza a la ciudadana Martha Lucía Salazar Cambar, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, en las operaciones que en ella se señalan.

BCV Aviso Oficial mediante el cual se procede a la publicación del «Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito», diciembre 2013.

Oficina Nacional del Tesoro Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Francisco Pimentel De Luca, como Director General de Egresos, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina Nacional del Tesoro.

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Jean Carlos Itriago Sánchez, como Director General de Cuenta Única, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina Nacional del Tesoro.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se indican, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin delegación de firma, que en ellas se señalan.

Resolución mediante la cual se crea y activa la Escuela de Preparación para la Defensa Integral de la Milicia Bolivariana «General Ezequiel Zamora» (EPDI), adscrita a la Dirección General de Educación de la Milicia Bolivariana, con la Estructura Organizacional que en ella se indica.

Resolución mediante la cual se nombra a los ciudadanos Profesionales Militares que en ella se mencionan, para ocupar los cargos que en ella se especifican, de este Ministerio.

Número 40.357

Ministerio del Poder Popular para el Comercio Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alejandro Ramón Navarro Velásquez, como Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo INATUR Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Provisional de la Secretaría del Consejo Directivo de este Instituto.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican, de este Organismo.

Empresa de Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se señalan,_para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de esta Empresa.

INDER Encomienda convenida entre este Instituto y la Alcaldía del Municipio Dabajuro del estado Falcón, para la excavación y construcción de cajones para la electrificación de los caceríos La Danta-Ventura en el Municipio Dabajuro.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Resolución mediante la cual se procede a la publicación del recurso Jerárquico contra la comunicación de fecha 06-11-2013, emanada de la Presidencia del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, relacionada con la anulación del Título de Primer Oficial de Navegación N° C-3-1287.

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 000012, de fecha 06 de febrero de 2014.

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Imeria Valentina Odremán Núñez, como Presidenta de la Empresa del Estado «Quimbiotec, C.A.», ente adscrito a este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación LOGICASA, Š.A.

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Empresa, integrada por los ciudadanos y la ciudadana que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Yeiska Manuela Zurita Rosal, como Directora General de Planificación, Organización y Presupuesto, de este Ministerio.

Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se declara la responsabilidad disciplinaria judicial al ciudadano Ramón Antonio Guevara Lovera.

Decisión mediante la cual se absuelve de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana Marina Ojeda Briceño.

Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el recurso de apelación presentado por la ciudadana María Soledad Torres Rodríguez.

Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria, y se confirma la Sentencia N° TDJ-SID-2013-127, dictada en fecha siete (7) de agosto de dos mil trece (2013) por el Tribunal Disciplinario Judicial.

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Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Rafael Sanabria, como Jefe de la División de los Servicios Administrativos y Financieros, y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Nueva Esparta de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Suplencia.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos y a la ciudadana que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se mencionan, de este Organismo.

República Bolivariana de Venezuela Defensa Pública Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Dariana Josefina Torres Briceño, como Directora del Despacho del Defensor Público General, Encargada.

Contraloría General de la República Resolución mediante la cual se delega en los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan, la facultad para certificar las copias de los documentos y demás actos administrativos, cuyos originales reposan en el archivo de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo.

PREŞIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 791 14 de febrero de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, de conformidad con lo establecido enel artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 20 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 117 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros.

CONSIDERANDO

Que el primer objetivo histórico del Plan de la Patria 2013 - 2019, de defender, expandir y consolidar la independencia nacional; así como, el objetivo nacional de garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana, están orientados a la construcción de una supremacía comunicacional, que escuche a todas las personas del Territorio Nacional a los fines de garantizar las condiciones de acceso a la participación en la comunicación oportuna, veraz, ética y popular,

CONSIDERANDO

Que el cine y los medios audiovisuales inciden en la formación de la ciudadanía en el fomento de los valores de una sociedad democrática y en el propio desarrollo social de la Nación, y dado que es deber del Estado promover el desarrollo de expresiones artísticas en todos sus géneros y contribuir al enriquecimiento de una cultura cinematográfica y a la difusión de las obras de los cineastas y creadores y creadoras en general,

CONSIDERANDO

Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo Nacional debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos,

CONSIDERANDO

Que es potestad del Ejecutivo Nacional, determinar y variar la' adscripción de los entes de la Administración Pública descentralizada funcionalmente, en razón de ordenar, coordinar y supervisar las actividades propias de producción de contenidos audiovisuales para la comunicación e información en un solo órgano, que se adecué a las nuevas formas de organización de la Administración Pública Nacional, para alcanzar una mejor operatividad que responda a la consecución de sus fines, y al ejercicio de la Actividad Administrativa, de conformidad con los principios de Eficacia, Eficiencia y Uniformidad que la rigen,

CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información tiene entre sus competencias formular, dirigir, planificar, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas de información, comunicación y publicidad del Estado y de la Administración Pública Nacional; así como diseñar políticas y estrategias encaminadas a propiciar intercambios informativos entre el Estado, los ciudadanos y demás formas de organización de base del Poder Popular.

DECRETO

Artículo 1°. Se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, la Fundación La Villa del Cine, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 4.266 de fecha 06 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373 de la misma fecha.

Artículo 2°. La variación de adscripción a que se refiere el artículo anterior, será incluida en la futura reforma del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Artículo 3°. La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, queda encargada de la ejecución del presente Decreto.

Artículo 4°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los catorce días del mes de febrero de dos mil catorce. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

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Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) HORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) HUGO CÉSAR CABEZAS BRACAMONTE Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) DANTE RAFAEL RIVAS QUIIADA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias (L.S.) WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

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Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) DIEGO ANTONIO GUERRA BARRETO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (L.S.) ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos (L.S.) NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (L.S.) MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA

Decreto N° 793 17 de febrero de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en lo previsto en el artículo 2º del Decreto N° 9.446, que dicta el Reglamento Orgánico del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

DECRETO

Artículo 1°. Nombro al ciudadano GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEz LóPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.726.284, DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), adscrito a la Vicepresidencia de la República, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2°. Delego en el Vicepresidente Ejecutivo, la juramentación del referido ciudadano.

Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 17 de febrero de 2014 Decreto N° 794 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado

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con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 4º, 18, 19 y numeral 8 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.

DECRETO

Artículo 1°. Nombro al Ciudadano FRANCISCO LUIS GUERRA MORENO, titular de la cédula de identidad N° V-6.359.521, PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR, en condición de Encargado, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para el Ambiente, la juramentación del referido ciudadano.

Artículo 3°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. DGCI NUMERO: 010/2014. CARACAS, 10 DE FEBRERO DE 2014

AÑOS 203° y 154º

El Vicepresidente Ejecutivo, designado mediante Decreto N° 9.401 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126, de fecha 11 de marzo de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto N° 8.188 de fecha 03 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.665 de fecha 3 de mayo de 2011, de la reforma parcial del Decreto Nº 7.855 de fecha 26 de noviembre del 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.624, de fecha 25 de febrero de 2011, mediante el cual se reforma la Comisión Presidencial denominada "Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas” con carácter temporal, creada mediante Decreto Nº 1.392, de fecha 03 de agosto de 2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.257, de fecha 09 de agosto de 2001,

RESUELVE

ArtíCulo 1. Modificar la COMISIÓN NACIONAL DE DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, conformada de la manera que se indica a continuación:

a. Representación Institucional de Alto Nivel

APEILIDOS REPRESENTACIÓN ROMBRES Ministerio del Poder Aloha Joselyn Núñez 16.355.466 Popular para los Gutierrez Pueblos Indígenas Ministerio del Poder Zonia del Carmen Rivas 5.106.779 Popular para el Ambiente Ministerio del Poder Conrado Jesús Rovero 9.525.545 Popular para la Mora Educación Ministerio del Poder Jorge Javier Parra Vega 6.483.186 Popular para la Defensa Ministerio del Poder Omar Vielma Osuna 5.887.907 Popular para la Cultura

Ministerio del Poder William Bladimir Gudiño

5.891.120 Popular para la Peralta Agricultura y Tierras Ministerio del PP para Argimir Igor Gil Pérez 14.299.485 las Comunas y los Movimientos Sociales Maria Guillermina Ministerio del PP de 9.164.760 Bastidas de Calderón Petróleo y Minería

Ministerio del PP para José Gregorio Alvarado

6.194.410 Relaciones Interiores, Rondón Justicia y Paz Ángel Marcial Parra Ministerio del PP para 4.967.550 Yarza Relaciones Exteriores

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b. Representantes indígenas:

APERLIDOS CARACTER NOMBRES Vocero Principal por Elías Rafael Romero 13.163.638 el estado Anzoátegui Pedro Antonio Navarro Vocero Suplente por 7.944.396 Poyo el estado Anzoátegui Vocero Principal por Amado Antonio Heredia 10.185.573 el estado Delta Bolaño Amacuro Vocera Suplente por Lilisbeth Ligia Elena 18.386.133 el estado Delta Aguilera Hernández Amacuro Vocera Principal por Rosa del Valle Asicle 14.477.103 el estado Sucre Figuera Lorenzo Rafael Vargas Vocero Suplente por 12.661.821 Palomo el estado Sucre Vocero Principal por Eglis José Rendón 8.353.756 el estado Monagas Vocera Suplente por Esther María Heredia 8.951.478 Mendoza el estado Monagas Vocero Principal por Arcibiade González Lara 10.924.162 el estado Apure Vocero Suplente por Nilson Oscar Díaz 18.017.075 el estado Apure Vocero Principal por 10.606.853 el estado Amazonas Cesar Timanawe (Alto Orinoco) Vocero Suplente por Samuel Jiménez Mariño 10.024.000 el estado Amazonas (Alto Orinoco) Vocero Principal por Aquiles Marino 12.469.529 el estado Amazonas Cayupare DaSilva (Medio Orinoco) Vocero Suplente por Miguel Ángel Linares 12.173.005 el estado Amazonas González (Medio Orinoco) Melchor Francisco Vocero Principal por 12.471.176 Flores Velásquez el estado Bolívar Vocero Suplente por Alfonso Vegas Vega 8.949.469 el estado Bolívar Argina Del Carmen Vocero Principal por 5.108.079 González el estado Trujillo Vocero Suplente por Mario Junior Palmar 24.910.417 el estado Trujillo Luis Roberto Palmar Vocero Principal por 13.297.162 el estado Zulia Vocero Suplente por Juan Vargas 11.718.016 el estado Zulia

ArtÍCulo 2. La COMISIÓN NACIONAL DE DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS estará presidida por el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de VeneZuela, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad v-11.945.178, quien representará a la Comisión a los efectos de la realización de los actos y firma de los documentos que sean necesarios para el cumplimiento del mandato previsto en el Decreto N° 8.188 de fecha 03 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.665 de fecha 03 de abril de 2011, y ejercerá la Supervisión y rectoría de la referida Comisión.

ArtíCulo 3. La SECRETARIA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL DE DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADESINDIGENAS, será ejercida por la ciudadana ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad V- 16.355.466, en su carácter de Representante del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, a fines de cumplir las etapas del procedimiento de demarcación y las demás funciones que le asigne la Comisión Nacional dentro de sus competencias.

ArtíCulo 4. La SECRETARIA TÉCNICA de la COMISIÓN NACIONAL DE DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, será ejercida por la ciudadana DIAISA JOSEFINA SÁNCHEZ DÍAz, titular de la cédula de identidad N° V-6.563.919, en su carácter de Representante del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, encargada de elaborar el informe físico natural y cualquier otra función que le asigne la Comisión Nacional dentro de sus competencias.

Artículo 5. Los ciudadanos que integran la coMIsIóN NACIONAL DE DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOSPUEBLOS YCOMUNIDADES INDIGENAS, de conformidad con la presente Resolución, participarán con carácter ad honorem y deberán garantizar la transparencia de todos los actos dirigidos en función de agilizar y facilitar los trámites relativos al Proceso Nacional de Demarcación referida.

Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional, ÓRGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT * Vicepresidente Ejecutivo

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REGISTRO PÚBLICO DEL CUARTO CIRCUITO MUNICIPIO LIBERTADOR DISTRITO CAPITAL

vol

1 4 FEB 2014 203* y 154° El anterior documento fue redactado por el(la) Abg. RICHARD ARMANDO MACHADO ROJAS inscrito(a) en el Inpreabogado No. 149168; identificado con el Número 217.2014.1.670, de fecha CÉDULA N° V-18.931.482. Fue leido y confrontado con sus copias en los protocolos y firmados DIAZ GUDIÑO y MELANIA GUEVARA ANTUNEZ cOn CÉDULA N° V-10.186.430 y CÉDULA VERA, con CÉDULA N° V-14.789.548 funcionario(a) de esta Oficina de Registro. La Revisión de Prohibiciones fue realizada por ALDEMARO RAFAEL REBOLLEDO MELENDEZ, con CÉDULA N° V-6.117.835.La identificación de (los) Otorgante(s) fue efectuada asl: RICHARD ARMANDO MACHADO ROJAS, nacionalidad VENEZOLANA, estado civil SOLTERO, CÉDULA N° V-18.931.482. El Recaudo GACETA OFICIAL agregado al Cuadero de Comprobantes bajo el número 728 y folio 1913-1916 respectivamente. El Recaudo Documento de Identidad fue presentado Ad Effectum Videndi. Este documento quedó inscrito bajo el(los) Número(s) 26 folio(s) 187 del (de los) Tomo(s) 4 del Protocolo de Transcripción del Preante año m.

respectivamente. Este documento quedó otorgado en esta oficina a las El Otorgante:

28b128)-1

Otorgado Por:

Los Testigos:

1heiv ainf 2H9 Abog. oisa Merd es Alle Ram Registradore Púlic del cuarta Circuito Municipio Libertador del Distrito Capital.

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN MISIÓN NEVADO.

:

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, pOr ÓrganO de LA VICEPRESIDENCIA DE , LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEzuELA, organismo público representado en este acto por el ciudadano, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT, Yenezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.945.178 actuando en su carácter de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA, designación que consta en el Decreto N° 9.401 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de la misma fecha, conforme a lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 672, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivarana de Venezuela Nº 40.234 en fecha 30 de diciembre de 2013, y VLADIMIR JESÚS CORDOVA BELLO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° v.- 6.191.707, en su CaráCter de COORDINADOR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA MISIÓN NEVADO, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, publicada en la Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Gaceta Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008, se ha convenido en constituir como én efecto se constituye, una Fundación sin fines de lucro, la cual se regirá conforme lo dispone la presente Acta Constitutiva, que ha sido redactada con suficiente amplitud, para que sirva de Estatutos Sociales de la misma

CAPÍTULO I DE LA FUNDACIÓN, NATUTALEZA Y DOMICILIO

CLÁUSULA 1°. La FUNDACIÓN MISIÓN NEVADO, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y, estará adscrita a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

LÁUsULA 2°. La Fundación tendrá como domicilio la ciudad de Caracas, pudiendo establecer oficinas o departamentos en cualquier otra cludad del país; previa autorización del Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

CÁúsULA 3°. La duración de la Fundación será de cincuenta (50) años, pudiendo prorrogarse dicho lapso por períodos iguales o superiores, por decisión del Consejo Directivo y aprobación del órgano de adscripción.

CAPÍTULO II DEL OBJETO

cLÁusuLA 4º. La Fundación Misión Nevado tendrá por objeto, atender de manera integral a la fauna de las especies domésticas Caninas y Felinas en situación de calle de nuestro país en situación de calle, abandono o maltrato, impulsando el reconocimiento de los Derechos Animales y de los Derechos de la Madre Tierra fundados en los valores de la nueva Ética Socialista, a través de la implementación de planes y programas de asistencia integral, dirigidos al mejoramiento de su calidad de vida, actuando conjuntamente con los órganos y entes competentes.

CLÁusULA 5°. La Fundación Nevado en el cumplimiento de su objeto ejercerá las siguientes funciones:

1. Recopilar y sistematizar los diagnósticos existentes a nivel nacional sobre la situación actual de las especies domésticas caninas y felinas en situación de calle, abandono o maltrato.

Planificar el proceso de verificación a nivel nacional de los 2.

diagnósticos recibidos, profundizados y completar los para comprobar su factibilidad.

Dar seguimiento y control a la ejecución de los planes que garanticen 3.

el bienestar, la atención, la protección y el manejo de especies domésticas caninas y felinas en situación de calle, abandono o maltrato.

Proyectar, difundir y desarrollar planes, programas y proyec 4.

destinados a promover el desarrollo de una conciencia crítica en torno al problema del abandono y el maltrato animal desde la generación de estrategias educativas y comunicacionales.

Articular con órganos y entes del sector público y privado para la 5.

incorporación de los mismos en el cumplimiento del objeto y los fines de la Fundación.

Desarrollar e impulsar la producción nacional de alimentos para 6.

especies domésticas caninas y felinas, mediante la diversificación de Empresas de Producción Social (EPS) existentes y la creación de nuevas EPS.

Acompañar y conformar los Comités Comunitarios con el firme propósito de fortalecer y ampliar los derechos de los animales domésticos.

Impulsar y fomentar la conservación de la raza canina Mucuchíes, 8.

única raza autóctona de la República Bolivariana de Venezuela.

Supervisar de manera corresponsable con las comunidades los 9.

proyectos, planes y programas que realicen de manera articulada en el cumplimiento del objeto y fines propuesto de la Fundación.

10. Ejecutar mecanismos de rescate, resguardo y adopción de animales domésticos caninos y felinos en situación de calle, abandono o maltrato, ejecutando acciones coordinadas para el control de sus poblaciones.

11. Realizar donaciones a personas naturales o jurídicas, así como a las organizaciones populares, que sean destinadas a la protección y resguardo de los animales domésticos caninos y felinos en situación de calle, abandono o maltrato.

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12. Aportar recursos a entidades de financiamiento popular, destinados a la protección y resguardo de los animales domésticos caninos y felinos en situación de calle, abandono o maltrato.

:13. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones en la materia de su competencia, o aquellas que le 'séan asignadas por la Comisión Coordinadora de la Misión Nevado en el marco de sus competencias.

CAPÍTULO III DEL PATRIMONIO CLÁusULA 6º. El patrimonio de la Fundación Nevado estará constituido 1. Los aportes que se le asignen en la Ley de Presupuesto o le sean asignados por el Ejecutivo Nacional conforme a la legislación en materia de administración financiera del sector público.

2. Las donaciones y aportes que reciba de personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

3. Las donaciones y aportes realizados por las personas indicadas anteriormente, no otorgan a éstas derecho alguno, ni facultad para intervenir en la dirección, administración y funcionamiento de la Fundación. De los aportes recibidos, la Fundación deberá dar cuenta al Estado venezolano, a través de su órgano de adscripción.

4. Los ingresos propios por colocaciones financieras y económicas.

5. Los demás bienes que adquiera por cualquier título.

CAPÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN

cLÁusULA 7°. La Fundación estará dirigida y administrada por un Consejo Directivo, conformado por un Presidente o Presidenta que a su vez será el Presidente o Presidenta de la Fundación, y cuatro (4) miembros principales con sus respectivos suplentes, todos y todas de libre nombramiento y remoción del Vicepresidente Ejecutivo.

Las ausencias temporales del Presidente o Presidenta de la Fundación fa suplirá la persona que éste designe y en caso de ausencia absoluta, por la persona que a tales efectos designe el Vicepresidente Ejecutivo.

CLÁusULA 8º. El Consejo Directivo establecerá los lineamientos generales y específicos de la política a seguir por la Fundación, procurando ajustarlos fauna de las especies domésticas Caninas y Felinas en situación de calle de nuestro país, abandono o maltrato, y colaborará en el desarrollo de los planes que el Ejecutivo Nacional establezca con relación a esta materia, por órgano de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

CLÁUsULA 9º. Son atribuciones del Consejo Directivo:

1. Dirigir y Administrar el Patrimonio de la Fundación.

Asignar actividades específicas a los miembros principales, 2.

enmarcadas dentro de los planes y programas de la Fundación y, realizar el seguimiento respectivo.

Aprobar el Reglamento Interno y dictar las normas necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación, pudiendo crear las unidades y gerencias operativas, asesoras y de apoyo que requieran para el logro del objetivo de la Fundación.

Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Fundación, conforme 4.

a la normativa legal vigente.

Elaborar la Memoria y Cuenta Anual de la Fundación, para su 5.

presentación ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal.

Organizar y velar por el buen funcionamiento de los servicios de la 6.

Fundación.

7. Nombrar comisiones técnicas y legales necesarias para el cumplimiento del objetivo de la Fundación.

*8.

Nombrar la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación.

Autorizar todas aquellas actuaciones que considere conveniente para 9.

el logro de los objetivos de la Fundación, y para el mejor defensa de sus intereses.

10. Las demás que establezcan Estatutos, Reglamento Interno y demás normativas legales aplicables.

CLÁusULA 10°. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente, por lo menos una (1) vez al mes, y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente o Presidenta, por iniciativa propia, o a solicitud de sus miembros por mayoría simple.

CLÁusULA 11º. De estas reuniones se levantará un acta que firmará el Presidente o Presidenta y los miembros del Consejo Directivo, que estuvieron presentes.

CLÁusULA 12°. Para que haya quórum en las reuniones del Consejo Directivo, se requiere la presencia de por lo menos tres (3) de sus miembros, uno (1) de los cuales deberá ser su Presidente o Presidenta o quien haga sus veces, y las decisiones se tomaran por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente o Presidenta tendrá el voto decisivo.

CAPÍTULO V DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA

CLÁusULA 13°. Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la Fundación:

..- Cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva, Estatutos y Decisiones 1.

del Consejo Directivo.

Ejecutar el Presupuesto de la Fundación 2.

3. Aperturar y movilizar cuentas Bancarias, firmas cheques, letras de cambio. Órdenes de pago y demás efectos mercantiles.

Presidir y dirigir las reuniones del Consejo Directivo.

4.

Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo 5.

Directivo.

Realizar todos los actos de administración y disposición que sean .6.

necesarios para el cumplimiento de los fines de la Fundación.

Constituir Apoderados Judiciales y Extrajudiciales, confiriéndoles las 7.

facultades que considere convenientes para la mejor defensa de los derechos e interés de la Fundación.

8. Nombrar y remover el personal de la Fundación y fijar remuneración.

9. Aprobar la estructura organizativa de la Fundación, así como de sus dependencias internas fijando sus competencias y atribuciones y presentarlo al Consejo Directivo para su consideración.

10. Designar, formalizar el nombramiento y juramentar a los Directores o Directoras, Coordinadores o Coordinadoras a nivel regional.

11. Presentar al Consejo Directivo anteproyectos de Reglamentos Internos de la Fundación y las modificaciones a los que hubiere lugar.

. .- demás que establezcan estos Estatutos, Reglamentos Internos y 12 demás normativas legales aplicables.

CAPÍTULO VI DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CLÁusULA 14º. La Fundación contará con una Unidad de Auditoría Interna, la cual se encargará de efectuar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de la contabilidad y estados financieros de la Fundación, así como vigilar el desempeño de la administración en la obtención y uso de los recursos puesto a disposición de la Fundación, al igual que proporcionarle opiniones y sugerencias derivadas o resultantes de la evaluación de operaciones revisadas oportunas y debidamente sustentadas. Dicho examen se hará con el fin de evaluar y verificar las actividades administrativas y financieras realizadas por la Fundación.

CLÁusULA 15°. La Unidad de Auditoría Interna estará bajo la responsabilidad y dirección de un Auditor Interno, quien será designado mediante concurso público de conformidad con lo establecido en la Ley de

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ARI Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Público, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República deF istema Nacional de Control Fiscal y en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.

En todo caso, y sólo por el período dentro del cual se ejecuten los correspondientes procedimientos para la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna, la Consejo Directivo de la Fundación designará a un Auditor Interino u Auditora Interina, el cual cesará en sus funciones una vez efectuada la designación del Auditor Interno, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.

CLÁusULA 16º. Son atribuciones del Auditor Interno:

1. Ejercer la fiscalización y control sobre las operaciones derivadas de la acción administrativa de la Fundación.

Velar por la adecuada ejecución del presupuesto de la Fundación.

2.

3.

administrativos, contables y financieros de la Fundación.

Comprobar la veracidad de los estados financieros de la Fundación y 4.

hacer las observaciones que fueren necesarias antes de impartir la aprobación correspondiente.

Verificar las actas u operaciones desarrolladas por las dependencias 5.

administrativas sujetas a control, conforme a los supuestos señalados por la Ley Orgánica de la Contraloría Géneral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y los lineamientos impartidos por la normativa que rige la materia.

6.

Inspeccionar los libros y documentos de la Fundación.

Coordinar y disponer la formulación y ejecución del presupuesto de 7.

gastos de la Unidad.

Presentar cada tres (3),meses al Presidente Ejecutivo, informe sobre .8.

la gestión de la Fundación.

Cualquier otra actividad que contribuya a garantizar un adecuado 9.

control de las operaciones de la Fundación.

10. Las demás que le correspondan de conformidad con la normativa legal que rige sus funciones.

CAPÍTULO VII DE LA FUNDACIÓN NEVADO A NIVEL REGIONAL

CLÁusULA 17º. Existirá una dependencia de la Fundación en la entidad territorial que determine el Presidente o Presidenta de la Fundación Nevado, previa autorización de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo a las necesidades de cada población. Las dependencias que se creen de denominará "FUNDACIÓN REGIONAL "MISIoN NEVADo", no tendrán personalidad jurídica y deberán cumplir las órdenes del Presidente o Presidenta de la Fundación, estando sometidas a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el control de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación. Las dependencias de la Fundación Nevado a nivel regional, pasan a llamarse Fundación Regional "Misión Nevado”, aplicándose a éstas lo contenido en el presente Capítulo.

CLÁUsULA 18°: Corresponde a las Fundaciones Regionales.

1. Ejecutar los programas y planes de la Fundación en las Regiones o entidad política territorial.

2. Ejecutar el Presupuesto asignado.

3. Someter a la consideración del Consejo Directivo su Programa Anual de Presupuesto.

4. Ejercer la administración de los aportes y donativos que reciba, debiendo manejar los como ingresos dentro del presupuesto anual y destinados a los fines específicos para los cuales se realizó la donación que deben estar alineados con el cumplimiento de los, programas propios de la Fundación 5. Informar mensualmente sobre su gestión a la Fundación Nacional.

contenido de dichos informes y sus alcances será aprobado por e Presidente o Presidenta de la Fundación e informados oportunamente a las sedes regionales.

cLÁusULA 19º. El cargo de Director o Directora, Coordinador o Coordinadora, de la Fundación a nivel regional será ejercido por la persona que designe el Presidente ó Presidenta de la Fundación Nevado.

CLÁusULA 20º. El Director o Directora, Coordinador o Coordinadora de la Fundación Nevado a Nivel Regional designará un coordinador de gestión administrativa, quien tendrá a su cargo la gestión administrativa ordinaria de la fundación en su correspondiente entidad territorial. El cargo de coordinador o coordinadora será ejercido por un profesional de reconocida idoneidad y vinculación con el área administrativa, y su remuneración será fijada por el Presidente o Presidenta de la Fundación Nacional Misión Nevado.

Región:

1. Suplir las ausencias temporales del Director o Directora de la Fundación Regional.

2. Ejercer la gestión diaria de la Fundación respectiva dependencia, de acuerdo a las instrucciones del Director o Directora, Coordinador o coordinadora Regional.

3. Preparar, por instrucciones del Director o Directora, Coordinador o Coordinadora a nivel Regional, los informes trimestrales o especiales sobre el desarrollo y evaluación de los programas que adelanta esa dependencia a ser remitidos por el Director o Directora; Coordinadora o Coordinador, a nivel Nacional.

Directora; Coordinadora o Coordinador.

CAPÍTULO VIII DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUADADANO

CLÁusULA 22°. La Fundación contará con una Oficina de Atención al Ciudadano, cuyo funcionamiento estará regulado por las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente y en el Reglamento Interno de la Fundación.

CAPÍTULO IX DEL EJERCICIO FISCAL

CLÁusULA 23º: El ejercicio económico empezará el 1° de enero y terminará el 31º de diciembre de cada año. Al final de cada ejercicio económico se hará un corte de cuenta y se establecerán los Estados Financieros definitivos. El Presidente o Presidenta de la Fundación, Presentará al Consejo Directivo, dentro de los primeros treinta (30) días de cada año, el informe Anual para su conocimiento y aprobación.

CAPÍTULO X DE LA DISOLUCIÓN

CLÁusULA 24º. En caso de intervención, supresión o liquidación de la Fundación se realizará conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y demás normativa aplicable.

CLÁusULA 25°. Una vez cumplida la disolución, los bienes de la Fundación pasarán a la República por órgano de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, salvo disposición en contraria que dicte el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

CAPÍTULO XI DISPOSICIÓNES FINALES CLÁusULA 26°. El Consejo Directivo, previa aprobación de Vicepresidencia de la República, podrá reformar estos estatutos con el voto de la mayoría de sus miembros. Si la modificación consistiese en un cambio

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en el Decreto que autoriza su creación, se requerirá la aprobación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros.

CLÁusULA 27°. Todo lo no previsto en la presente Acta Constitutiva y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, las disposiciones del Decreto Nº 677 contentivo de las Normas sobre las Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado y el Control de los Aportes Públicos a las Instituciones Privadas Similares, el Código Civil y las demás normas aplicables.

CLÁUsULA 28°. De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del Artículo 19 del Código Civil, se elaborarán cinco (5) ejemplares de un solo tenor de la presente Acta Constitutiva Estatutaria para su correspondiente Registro, uno (1) al Vicepresidencia de la República, uno (1) al Consejo Directivo de la Fundación, uno (1) al Contralor General de la República, uno (1) a la Oficina de Registro Mercantil respectiva; y uno (1) para ser agregado al respectivo cuaderno de comprobantes.

CLÁusULA 29º. Forma parte integrante de este documento el Decreto Presidencial Nº 672, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.234 en fecha 30 de diciembre de 2013, con el objeto que sea agregado al cuerpo de Comprobantes de la Oficina Subalterna del Registro del Departamento o Distrito donde haya sido creada, así como sus posteriores modificaciones.

CLÁUSULA30°. Seautoriza al CiudadanoRICHARDARMANDO MACHADO R0JAS, titular de la cédula de identidad N° V-18.931.482, INPREABOGADO N° 149.168, para que proceda al registro de la presente Acta Constitutiva y Estatutaria ante la Oficina de Registro Mercantil y tramite todo lo relacionado con la presentación, inscripcìón, registro y publicación de la presente Acta Constitutiva y Estatutaria de la FUNDACIÓN MISIÓN NEvADo, con la adquisición de los Libros de rigor, sus sellados y trascripción, así como, solicitar seis (06) copias certificadas del presente documento.

C. V-18.934.482

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N° 05 1 Caracas, 1 4 FEB 2014 203º y 154° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con el Decrelo N° 9.351 de fecha 15 de enero de 2013. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013, con el articulo 77 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los articulos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los articulos 19, 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Exteriores. Asi como lo establecido en el Reglamento de Delegación de Firma de los Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de sepliembre de 1969.

CONSIDERANDO Que el cargo de Comisionado del Despacho del Ministerio del Poder Popular parà Relaciones Exteriores, es catalogado como cargo de "Alto Nivel" y por consiguiente de libre nombramiento y remoción del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por las funciones inherentes a dicho cargo.

RESUELVE Nombrar al ciudadano, William Rengifo Blanco, titular de la cédula de identidad V- 6.388.685, como Comisionado del Despacho adscrito al Despacho del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, con rango de Director General, a partir de la fecha de su notificación, dependiendo directamente del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores a quien reportará para su debida consideración y aprobación todos los actos y actividades administrativas procedimientos, alribuciones y funciones ejecutadas y por ejecutar por cada uno de los despachos que integran el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y delegar la firma de los actos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a continuación:

1.- Oficios, Nolas, Memorandas, Circulares e Instrucciones de Servicio, Radiogramas y Telegramas para los miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Exterior y Direcciones dependientes del Despacho;

2.- Comunicaciones dirigidas a' las Misioes Diplomáticas permanentes y extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional, Representantes de Organismos Intemacionales y otros funcionarios;

públicos y privados.

Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el articulo 3° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gacela Oficial N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.

De conformidad con el articulo 23 de la Ley Contra la Corrupción deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloria General de República y consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos.

OLIVAR LA cumpliendo lo establegdo en el ículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

nuníquese Rubliquese, Elias Jaua Milano MINISTRO DERODERRPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Decreto 3s adu echa 15 de enero de 2013 publicado en Gaceta ñaN° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZURIA SENLA SEMDO NACONGL NTICIADO DE ÁDMUNSTIACION ACUANERA Y TRIBUTAIA HNBIIBO IN POEE POMLAAR IN INANZO 17FEB 20 Caracas, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2013 E 006520 En atención al escrito registrado ante la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 006367 én fecha 10/07/2013; con alcances Nros 007931y 007937 de fechas 26/08/2013 y 27/08/2013 respectivamente presentado por la sociedad mercanti MERCoANDINA DE ADUANAS INTERNACIONAL, C.A, Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° 3-31010511-1, autorizada para actuar como Agente de Aduanas Persona Jurídica bajo el N° 1894, según Providencia Administrativa N° 23 de fecha 01/07/2004, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 37.983 de fecha 20/07/2004, mediante el cual solicita Autcrización para actuar como Agente de ciudadana MARTHA LUCIA SALAZAR CAMBAR, Venezolana, Cédula de Identidad N° 17.256.429, Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° V-17256429-8; con carácter permanente, en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de Aduana Principal de San Antonio del Táchira.

Del análisis efectuado a la documentación aportada, este Servicio observa que la mencionada ciudadana ha cumplido con los requisitos e cigidos en los artículos 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, 133 y 134 de su Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en la N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04/03/1993, en consecuencia, quien suscribe 30sÉ DAVID CABELLO RONDÓN, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto N° 5.851 de fecha 01/02/2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el Artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08/11/2001, en concordancia con el Artículo 10, numerales 6 y 11 ejusdem, DECIDE ÚNICQ: AUTORIZAR a la CiUdadapa MARTHA LUCIA SALAZAR CAMBAR, Cédula de Identidad N° 17.256.429, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° V-17256429-8, para actuar como Agente de Aciuanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa MERcoAnDINA DE ADUANAS INTERNACIONAL, C.A, en las cperaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de Aduana Frincipal de San Antonio del Táchira, quedando inscrita en el registro corresponciente bajo el N° 470.

La referida ciudadana, queda autorizada para actuar ante la jurisdicción de la Gerencia de Aduana Principal anteriormente indicada, teniendo como domicilio fiscal la sede de dependencia situado en calle 8, N° 3-32, Piso 2, Oficina 7, Edificio C.T.B.I, Sector Barrio Ocumare, San Antonio del Táchira, en caso de cambio de domicilio sin notificación a la Administración Aduanera, quedará suspendida la presente autorización.

En el caso de modificar esta autorización bien sea por: a) la manifestación de cambiar de relación de Dependencia para representar a otra Persona Jurídica, la misma dejará

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sin efecto la vinculación anterior; o, b) la conclusión de sus labores bajo relación de Dependencia para actuar en nombre propio (Firma Personal), deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el Artículo 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas que sean de legal aplicación, su Reglamento y la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (ahora Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas), publicada en la Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993.

La presente autorización es de carácter intransferible, conforme a lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de la Lcy Orgánica de /:aduanas.

La persona antes mencionada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Keforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos, la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993 y demás normas aplicables, quedando sujeta a la vigilancia, control, fiscalización e inspección de la autoridad aduanera correspondiente. Asimismo deberá cancelar el equivalente a ciento veinte Unidades Tributarias (120 U.T.) por concepto del otorgamiento de la presente autorización, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley de Timbre Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.958 de fecha 23 de junio de 2008, previo a la publicación de la presente Providencia Administrativa.

Este Servicio podrá suspender o revocar la presente autorización en cualquier momento en que se evidenciare y comprobare que el beneficiario ha incumplido con del consignatario o propietario de la mercancía, o cuando se incumplan con las aplicación de otras sanciones.

La presente ProvigepcianAdministrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en laaeitaeficial de la República Bolivi.riana de Venezuela.

Comuniques

JOSÉ DAUAD CABELLO RONDÓN SUPERINTENDENTE NACIONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO

El Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 21 numeral 26 de la Ley que lo rige, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, procede a publicar el siguiente:

"ESTUDIO COMPARATIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO" Diciembre 2013 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 1.

La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.021 de fecha 22 de septiembre de 2008, tiene por objeto garantizar el respeto y protección de los derechos de los usuarios y las usuarias de dichos instrumentos de pago, obligando al emisor de los mismos a otorgar información adecuada y no engañosa a los y las tarjetahabientes.

El presente "Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito" ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la mencionada Ley, donde se establece que el Banco Central de Venezuela debe publicar "un estudio comparativo de las tasas de financiamiento en tarjetas de crédito que incluya como minimo lo siguiente: tasas de interés financieras, moratorias y beneficios adicionales que no impliquen costo adicional para el o la tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago y el grado de aceptación".

Para ello se ha tomado como base la información suministrada, con carácter de declaración jurada, por parte de las instituciones bancarias emisoras de tarjetas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 46 de la misma Ley.

En todo caso, el Banco Central de Venezucia reitera que se encuentra facultado para sancionar administrativamente, de conformidad con lo previsto en el articulo 135 de la Ley que rige su funcionamiento, a aquellas instituciones que incumplan la normativa dictada por el Instituto en materia de tasas de interés financiera y moratoria que aplican a operaciones activas con tarjetas de crédito a que alude el articulo 45 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico; asi como a aquellas instituciones que incumplan la obligación prevista en el artículo 46 de la Ley en referencia, relacionado con la obligación de suministrar, en la oportunidad y forma alli prevista, la información requerida para realizar el presente estudio comparativo.

Igualmente, se observa que el incumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Venezuela en materia de comisiones, tarifas o recargos, será sancionado conforme a lo previsto en el articulo 135 de la Ley del Banco Central de Venezucla.

Asimismo, el Banco Central de Venezuela cumple con advertir que el objetivo de este informe no es promover ni patrocinar en forma alguna el uso de tarjetas emitidas por las instituciones bancarias, ni de franquicias o marcas asociadas a las mismas.

En el caso de las tarjetas de crédito, el estudio comprende para cada tipo de tarjeta emitida por institución, los siguientes aspectos: tipo de tarjeta de crédito, tasa de interés de financiamiento y de mora, cobertura, plazo de pago y de financiamiento, número de puntos de venta y negocios afiliados, asi como beneficios sin costo para el cliente. Igualmente, en el caso de las tarjetas de débito, se considera: cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos, desagregados en cajeros remotos y en agencias.

DEFINICIONES II.

. Beneficios adicionales: Beneficios o servicios que brinda la franquicia (o marca) y el emisor a los emisores de tarjetas, no siendo por tanto responsable el Banco Central de Venezuela de dicha calificación ni sobre su otorgamiento o no a los y las tarjetahabientes.

Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado en el cual puede ser utilizada la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito.

Emisor: Empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, asi como las instituciones bancarias tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional, o en ambas modalidades en el territorio nacional.

Franquicias: Entidades que otorgan las licencias de emisión de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners Club) y tarjetas de débito (Maestro y Visa).

Negocios afiliados: Número de establecimientos comerciales que reciben pagos a través de la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.

.Plazo de pago: Periodo que transcurre desde la fecha de corte hasta el dia máximo establecido por la institución bancaria para que el tarjetahabiente realice, al menos, el pago minimo indicado en su estado de cuenta so pena de incurrir en mora.

Puntos de venta: Número de terminales de punto de venta que pueden procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador del grado de aceptación.

Tarjeta de crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia de identificación del o de la tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el emisor y el o la tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un crédito a corto plazo o linea de crédito a favor del segundo, el cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de dinero en efectivo, entre otros consumos.

Tarjeta de débito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnologia que permite al o la tarjetahabiente realizar consumos o hacer retiros de dinero en efectivo con cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que es emitida previa solicitud de parte del o de la titular de la cuenta bancaria..

Tarjetahabiente: Persona natural o juridica a la cual el Emisor, otorgue tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y/o demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, para el uso de un crédito, linea de crédito o cargo en cuenta.

tarjetahabiente por concepto del crédito.

vencido y no sobre todo el capital originario.

TARJETAS DE CRÉDITO I.

En esta sección se detallan las tasas de interés de financiamiento y de mora que las instituciones bancarias cobran a sus clientes por el uso de las tarjetas de crédito, la cobertura, los plazos de pago y de financiamiento, el número de puntos de venta y de negocios afiliados (Anexo N° 1), asi como los beneficios adicionales que recibe el tarjetahabiente (Anexos Nros. 2 y 3).

Las tarjetas de crédito se encuentran clasificadas por niveles, de conformidad con Circular emitida por el Banco Central de Venezuela el 04/03/2008, la cual establece: Nivel 1 (clásicas y similares), Nivel 2 (doradas y similares), Nivel 3 (platinum y similares) y Nivel 4 (black y similares). Estas tarjetas operan bajo las franquicias Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, y tienen cobertura nacional e intermacional, siendo el caso que algunas instituciones bancarias ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los comercios afiliados a nivel nacional.

En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para las tarjetas de crédito en 17% la minima, 29% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas, según Aviso Oficial del 10/12/2013 (G.O. N° 40.312 del 10/12/2013).

En este sentido, la mayoria de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento.

tasas de financiamiento: para el Nivel 1: 19%, Nivel 2: 21%, Nivel 3: 23% y Nivel 4: 25%; asimismo, tiene una tasa preferencial del 17% para microempresarios (sólo niveles 1 y 2). De igual manera, el Banco anual para todas las instituciones.

Por otra parte, las tarjetas de crédito denominadas "Cédula del Buen Vivir Bicentenario" (15%) y "Cédula del Buen Vivir Turismo" (18%), ofrecidas por la Banca Pública han sido unificadas en la actual "Cédula del 15% la tas de interés activa minima anual a ser aplicada por las operaciones activas realizadas con dicha tarjeta. Iguaimente, se estipuló para la tarjeta de crédito identificada "Somos". perteneciente al Banco de Venezuela, una tasa minima de financiamiento del 14%.

Con relación al plazo de pago, el mismo oscila entre 20 y 30 dias y el de financiamiento entre 24 y 60 meses, siendo que el máximo de financiamiento lo ofreció BFC Banco Fondo Común; no obstante, la mayoria de las instituciones bancarias financian a 36 meses.

Las tarjetas de crédito son aceptadas en 390.537 puntos de venta, instalados en 317.889 negocios afiliados American Express de BOD y Corp Banca.

IV. TARJETAS DE DÉBITO

En este apartado se presenta información sobre el número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos que aceptan tarjetas de débito emitidas por las instituciones bancarias, previo otorgamiento de licencias Maestro y Visa.

Estas tarjetas pueden ser utilizadas sólo a nivel nacional y son recibidas en 390.418 terminales de puntos de venta, instalados en 317.889 negocios afiliados, asi como en 10.486 cajeros automáticos (Anexo N° 4).

Algunos negocios afiliados disponen de dos tipos de terminales, los que aceptan las tarjetas de crédito y débito, y aquellos que sólo admiten transacciones de débito, lo cual origina que el número de puntos de venta de las tarjetas de débito difiera respecto al de las tarjetas de crédito.

ANEXO N° 1 Información acerca de Tarjetas de Crédito

Tasa Financlamianto Nivel Pintos de Banco Coberture.

Nagocios Franquidia Financlera Mors Venta (m) Anilados Ves 3.4 100% BANCO Nacional e 29.00% 3.00% 20 36 1.493 1.44 Maslercard Intemacional 1. 2, 3.4 Vas 1. 2, 3.,4 Nacional ACTIVO 29.00% 3.00% 20 30 3.833 4.443 Maalercard Intemacionai 1. 2, 3, 4 Mastercard

1.2.3.4 AGRICOLA

3.00%

29.00% Nacional 20 3 110 110 Ves 1. 2. 3,4 Nacional e BANCARIBE 3.00% 29.00% 20 36

12.8674

12.482

1.2. 3.4 Intemacional Mastarcard Vaea 1. 2.3,4 Nacional Maslercard

1.2. 2.4

3.00% Iniemacional

29.00% 25 Amarican 36

78.708

60.428

1.2.4 Express Prvada 2 Nacional (1) Vea 3 Nacional 12 ( BANPLUS 28.92% 3.00% 20 0.580 5.533 Nacional 1.2.3.4 Maeltercard 38 Intemacionai Vies 1.2.3,4 Nacional BFC 3.00% 29.00% 20 80 7.510 8.093 Intemacionai 1. 2.3.4 Maslercard Vea 1. 2. 3,4 Nacional 3.00% 29.00% 02 3

4.330

40.988

1.2.3.4 Mastercard Iniemacional Vea 1. 2, 3.4 20 38

17.756 Nacional e Maslercard

1.2., 3.4 BOD Intemacional

3.00% N00'82 American

10.746

1.2.3.4 21 48

13.492 Express g Prrada 2 Nacional (1) 20 36

17.755 Ves

1.2, 3,4 Nacional

29.00%

3.00% 3 20

4.824

4.403 Intemnacional Maslercard 1. 2, 3.4 Vaa

1.2. 3 Nacional CITIBANK

3.00%

29.00% 20 38 o Mastarcard 0 Intemacional 1. 2. 3 Ves 1. 2, 3.4 20 36 25.588 1.2. 3.4 Mastercard CORP BANCA Nacional 29.00% 3.00% 29.841 Intemacional 1.2.3.4 21 48 61.304 Vas 1.2,3.4 Nacional DEL SUR 28.02% 3.00% 20 2.003 38 2.298 Intemacional Mastercard 1. 2. 3,4 Viaa 1. 2, 3.4 Nacional 28.00% 3.782

3.877

DEL TESORO Intemacional Maslercard

1.2. 3.4

3.00% 21 36 Privada

15.00% (4) Nacional (1) 1 140 79

página original (tal como se publicó)Página 11 de la Gaceta

Página 12

Tase Financlamiento Banco Nivel Franquicia Puntoe de Negocios Cobertura Financiera Mora (mn) Anilados Venta ESPIRITO Nacional Maslercard 1.2.3.4 29.00% 3,00% 20 143 SANTO 36 113 Vies 1. 2.3,4 Nacional EXTERIOR 29.00% 3.00% 20 11.8625 48 10.176 Inlemnacional ( Maslercard 1.2.3.4 Visa 1. 2.3 (c Nacional 29.00% INOUSTRIAL Maslercard Inlemacional 1.2.3 3.00% 27 30 396 493 Privada 28.00% 1 Naclonal (1) Viaa 1. 2. 3,4 20 Nacional e Mastercard 1. 2. 3, 4 53.387 38.302

MERCANTIL

29.00%

3.00% Iniemacional 36 Diners Club 2 22 Priva de 1 Nacional (1) 20 18 1 Vee 1. 2. 3.4 Nacional e 29.00% Maslercard 0.554 7.268 1. 2. 3,4 3.00% Intemecional CRÉDITO 30 36 Privada Nacional (1) 1 28,00% 5 4 Visa 1, 2. 3.4 Nacional 3.00% 28.02% 20 38 3.515 3.239 Intemacional Maslercard 1.2. 3.4 Vies 1. 2. 3.4 PROVINCIAL Nacional 3.00% 29.00% 25 Mastercard 36 10019 40.884 1. 2., 3,4 intemacional Nacional Mastercard 1.2.3.4 25.00% 3.00% 20 36 1.254 1.189 Intemacional Ves 1.2.3 Nacional intemacional SOFITASA Mastercard 1. 2. 3.4 29.00% 3.00% 20 4.279 38 3.355 Privada 2 Nacional (1) Viea ONVIOZANDA 1.2.4 Nacional 29.00% 3.00% DE CRÉDITO 22 589 24 830 Mastercard 1.2 Inlemacional Viea 1.2.3 60 Mastercard Nacional e 1, 2. 3,4 29.00% Amercan Inlemacional 1.2.3 Express ()

33.900

27.781 36 3

3.00% 30

29.00% 24 Privada 14,00% (8 Necional (1) 36

15.00% μ)

2.634

1.751 (1) Únicamente en los establecimientos aliados al banco, segin lo eslabiecido en el convenio firmado entre ambos paries.

(2) La franquicia ofrece áreas de cargo, en las que los consumos realizados durante un periodo deben ser pegados en su totalidad al Sinal del (3) Excapão Prepegadas y Vaa Joven.

(4) Coesponde a la lajeta de crèdito Cádula del Vver Bien', ofrecida por la Banca Publica (5) Corresponde a la lajeta de crédito Somos", dingide a jovenes inecrios en el linislerio del Poder Popuar de le Juveniul.

o n e (0) (7) Poee une aceta (nvals 1 y 2). segin convenio oon la FANB con una aa fnaniera de 22%.

(8) Posee diferentes lasas de fnanciamiono (para nivel 1: 19%, nivel 2: 21%, nivel 3: 23% y nivel 4: 25%). Aaimiamo, Dene una lna preferencial del 17% pera microempresarios (sólo niveles 1 y 2).

ANEXO N° 2 Beneficios ofrecidos por las franquicias al consumidor Nveles MaeterCard Vies American Express Seguro de accidentes de viajes.

Seguro de accidentes an Ceniro de Aaistencia Giobal.

de viajes.

en viajes. Acceso al programa Intemacional Selecta.

Seguro de accidente en viajes.

Diners Cub Caah. Salones Seguro de accidentes de viajes.

Servicios de asislencia en VP en saropueroe de de viajen, servicios de andes sulomóvies de alqudados, aeistencis en viajes viajes. Acceso d programa Euopa. Aaia y Sur Amárica.

asislencia de viajes, Masior y otros senvidios exclushos.

seguro de aulos.

Intemnacional Selecta.

2 excursiones y proveedores de servicios luriaticos en la mayorla do loe paises.

Asistencis Global.

Saguro de accidentes de viajes.

Seguro de accidente en viajes.

Servicios de sslelancie en de viapen servicios de automóviles ssisiencia de viajes. Mastar viajes. Acceso il programa emergencia, anistancia an viajes seguro de sulos. Concierge.

y otros sarvicios enclusios.

MaslerAssist Plus.

3 servicios ejecutivos de nagocin, ofertas Bncuaies de viajon. Cantro de Sagúão de accidenios de viajon.

Seguro de accidente an viajes.

Servicios de aaielencia an automóviles seguro siqulados, seguro mádico de naistancia de viajen. Master viajes. Acceso il programa seguro de autos. asistencia Intemecionail Selects.

emargencie, personal. Prority Pass acceso Concierge Personal, programa salas VP. protección en de premio Vaa infinite ATM. MasterAaniat Biacih.

Rewards, ofertas enclusias de Inconvaniancia de viajes.

Viajes, acceso al sito web de prolección de equipaje.

4 Infinile, servicios especiales pars ejecutivos de negocio. Seguro de parada de equapaja. Seguro de demora de equpaje. Garantia extandda.

Prolección de compras. Cantro de Aaislancia Global. Excluaivas Viaa Ininite. Excluavas Vaa Signelure.

ANEXO N° 3 Otros beneficios adicionales sin costos

Franquicia Nlvel Franquicia e Bancos Banco Vae

3.4 Alención Jalefónica a bevde del centro de 100% BANCO atención al clente las 24 horas. 100% Banco Maslercard 1.2.3.4 Intemnet.

Pago de sus tarjetas a lravde de io drección Vaa

1.2.3.4 voow.hancoaclvo.oom.

estados de cuenta mereualon via come o Maslercand

1.2.3.4 electrónico. Envio de SMS al momento de realizar les compras.

Alención letefonics por el 0601-000.90.9 / Meslercard AGRICOLA 1.2.3.4 0212-053.78.42.

ivalã: Protección de compras, seguro por pérdida de equpajo. seguro por Viaa 1.2.3.4 demore d.

equipaje.

geantia Nivales. 2y.f: Plan de Mllas Bancarbe.

exiendda.

Mestercard

1.2, 3. 4 ixel.: Aaistente personal.

1. 2, 3, 4 Vies Banesco On Line exclusivo; banca lelefónica Maslercard 1.2.3.4 r Le eg servicio de mensajería SMS, Programa de Giobal Assist, servicio de asislencia médica y legal al viajero. Seguro de pago oportuno. Servicio de conesula de BANESCO en viajen. Acceso al accidente 1.2.4 ssadrg movimientos en ouenia, saldos, referencias Iniernacional Seiecis.

bancarias y pegos, a ravée de dapensadoras Rewards.

de suloservicios.

Privada 2 Ves 3 Alanción lalelónica las 24 horas, envio de SuS BANPLUS cargos de la cuenta vla e-mal.

Mastercard

1.2.3.4 Viea

1.2.3.4 Acceso gralullo a BFC en lines para consular, pago y tanelerencias. Estados de cuenta BFC MesterCard 1.2.3.4 detallados.

Envio de estados de cuenta vie correo 1. 2. 3. 4 Ves electrónico, conaufas ce saldo, movêmiento y pagos. travde de i ploino web:

Iixsies. 2.x.f: Prorkty Pass acceso a somo bicectecado.com.es. Alención lalelónica Mestercard 1.2.3.4 salas VIP en aeropuertos.

por el 0800BANCA00 (0800-228200).

Viea

1.2, 3. 4 Mastercard

1.2.3.4 n Servicio BODintemel para consultas de saldo.

Giobal Aasist, servicio de asisiancia movimianios y pagos. Servicio BOO Movl pere médica y legal al viajero. Seguro de BOD en viajes. Acceso accidente notificaciones de ccneumos realizados y 1.2.3.4 IniemacionalSelects.

Expresa transacciones de consuta de saldo de la tarjeta programa Programa dusaquey pergen o de crédilo.

Rewards.

2 Priva de Vies

1.2,3.4 CARONI Envio de estados de cuanta via correo

1.2.3.4 Maslercard

Bancos Franquiola Nivel Franquicie r Banco Vea Envio de estados ce cuenta vie come o 1.2.3 electrónico, senviaio lelelónico la 24 horas, los 1.2.3 www.clibant.com.vs- Vee 1.2.3.4 Iravés de 0500 MIBLANCA. Servicio de Corp Line (Home Banking) para conaua de saldo, movimientos y pagos, a trevds de la página Meslercard 1,2.3,4 web yoor.cgbanca.com.cs Giobal Assist, servicio de asistencia Iravds de los números C500-AMEX-800 y 0501en viajes. Acceso l accidenie 1,2.3,4 Inlemacional Selecis.

Express -EL2-g00 (segeu ser) 009-X3nY programa Programa 206033 (lemedes intemacionales).

de lealtad Membership Rewards.

Visa

1.2.3.4 cuenta digitales en la página web. Alanción DEL SUR Iulefónica las 24 horas, boe 305 dias dal afo. a A (L '9-000) --0 n Maslercard 1.2.3.4 0501.999.99e9. Conlrmacion de vansacciones y noúlicacion de vencimiento de pego via SMS.

Mas

1.2.3.4 Alención personalizada en agencies y a teves del 0800B.ANCA00 (0800-228220). Emiaión de Tajeta Masiercard 1.2.3.4 es o rne penes d eenon DEL TESORO movimientos y estados de cuenta de ia Terjeta.

Cuota de emisión del pldeio sin coello, para la Privada c0 Alención al clente ios 385 dias del afo, las 24 horas ESPIRITO n rz- p Mastercard 1.2.3.4 correo electrónico. Maneajes SMS de confirmación Ves n 1.2.3.4 EXTERIOR movimientos y pago de sus lajetas a trevds de Intemet e-24 en soow.banconuiacor.0om Servicio Maslercard 1.2.3.4 gratuito de noifocaciones via SMS a Vavés de EXTERIOR móv +-24.

Descuento por propio pago, de 3 puntos menos Vias 1,2.3 sobre la tase de iniaris aplicada. Servicio de Home Banking. a travde de la página web wor hbr co.es INDUSTRIAL Mastercard 1,2.3 año. travda dal 0500-248.7325 y 0800BANCA00 Priveda (2) 1 (0800-2262200).

Ves

1.2.3.4 realice acumula bolos canjeables aplicados a la deuda con Ia tarjeta. Aceptación de la tarjeta Dinera Mastercerd 1.2.3.4 Club en Malro y en estabiocmiantos aliados a nival Pnacional. Dinars Club Awarda. programa de Salones VIP en seropuertos de qno ueua 2 Europa. Asia y Suramánca.

MERCANTIL oportuno.

La Tarjeta Privada (Tarjeta Iniligenie Caracas Country Cub) lene al beneficio del reintegro dal 1% Priva de a cual, por cada consumo que reeloe soumuls bolos 1.2.3.4 Ves Senvicio BNCNET parn cone And audon.

movimientos y pago de wrjeias, Vevda de Mastercard

1.2.3.4 CRÉDITO soor.hoc.com.s. Aaesoria peraonalzada, trevde del servicio de atención tealónios 0800-262s000 o 0212-5e7500 lan 24 hors y n la red de ofainas.

Privada n 1 Maa

1.2.3.4 de información via Iiamat, en i drección PLAZA waw.bancoplaza.com: programa punioe para:

1.2.3.4 Maslercard programa de lealtad pera clenles con productos de los niveles 3 y 4.

Programa Provimllas.

Página Web:

de

1.2.3.4 Viaa wow.accincial.com Servicio aeistancia lailelónica las 24 horas. los 305 dias del año.

Servicio de mensajeria de Maslercard laxio (SMS) de

1.2.3.4 movimientos inusitados en TDC.

Consula de saldos, movimientos, pagos, estados de Meslercard 1.2.3.4 DO OD-LO90 NVEIP 000 O A n Vea Acceso via intemnel al sarvicio de coneuan de 1.2.3 lacluraciones. pagos y consumos, a través de www.softass.com. Programa de sofpuntos que se scumulan por pago y consumos. Alanción Iiefonic las 24 horas y lo 385 dan al afo, tedo Mastercard 1,2.3,4 SOFITASA MSM.

Goza de beneficios de dafrute dil Parque de Agun.

Priva de n 2 ubicado en la ciudad de Marecalbo.

1.2.4 Viea ONVOZ3N3A DE CRÉDITO Mastarcard

1.2 Vea

1.2.3 Programa Juntos Sumamos Punios, clave telelónica d Mastercard 1.2.3.4 por seon.baccodacoanania.com. senvicio de V3nZaN3A asistencia lalelónica pera emergencia las 24 horas.

American

1.2.3 Ooge ne e o n ssaucdrg A. n n n d on n "Cédula del Viver Bien".

Privada ce 1 (1) Beneficio opcional ofrecido al clente, ouyo costo es asumido en su localidad por la institución bancaria.

uen ep sound sns od esed oios oun lep verdad snenr1 (z) (3) Tajetas propias del banco, sóio pesan por sus puntos de venta y por los del Banco de Venezuela.

ANEXO N° 4 Información acerca de Tarjetas de Débito

Cajeros Automásicos H° Negocios

3.Agenole 21 Franquieia Coberturs Bancos Anilados Venta Maesiro Nacional 1.493 47 43

1.434 100% BANCO

4.443

3.833 44 30

ACTIVO Maestro Nacional B 88 110 70 AGRÍCOLA Maesiro Nacional 110 2 222 12.674 12.462 25 BANCARIBE Maestro Nacional 197 75.708 60.428 1.857 387 1.270 BANESCO Maesiro Nacional Nacional 8.580 5.533 32 32 BANPLUS Maesiro 0 BFC 7.510 6.693 170 Maestro Nacional 14 150 385 772 44.330 40.968 1.157 BICENTENARIO Maestro Nacional 251 BOD 17.755 542 291 Maestro Nacional 16.748 122 CARONI Nacional 4.824 4.493 15 Maestro 137 CITIBANK Maesatro Nacional 0 15 0 15 0 160 216 50 CORP BANCA Meesiro Nacional 29.841 25.588 50

2.298

2.003 DEL SUR Maesiro Nacional 10 40

3.762

3.577 270 DEL TESORO Maesiro Nacional 80 191 3 Maestro Nacional 143 113 0 3 Maesiro 143 Nacional 11.825 10.178 12 131 EXTERIOR Maesiro 493 396 212 INDUSTRIAL Nacional 63 147 Maesiro MERCANTIL 53.387 38.302 800 Nacional 1.408 509 NACIONAL DE Maesiro Nacional 9.554 7.268 388 103 285 CRÉDITO PLAZA Maesiro 3.515 3.239 41 32 Nacional Maesiro 61.391 40.884 Nacional 1.948 1.587 PROVINCIAL 19c Maesiro 1.254 20 Nacional 1.189 33 53 Maesiro Nacional 4.279 3.355 141 112 29 Maesiro Necional 470 55 192 Viaa 530 Euperelective VENEZUELA Maesiro Nacional 33.990 27.761 1.328 311 1.017 1/ Ubicados luera de las agencias.

2/ Ubicados dentro de las agencias.

página original (tal como se publicó)Página 12 de la Gaceta

Página 13

ANEXO N° 5 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA

TARJETA DE CRÉDITO

330.418

25.00

390.537

26.00

30.00 0L.0 *0.00

106.0

108.00

208.0

30.00

206.00

206.00

20.0

275.08

275.08

10.000

200.00

341.000 24L.000

ANEXO N° • NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS TARJETA DE CRÉDITO

325.800

25.000

317.889

317.889

315.00

215.000

304.000

305.000

206.000

206.000

20.00

204.000 27L.0 27L.00

208.00

206.0

254.00

206.0

265.00

345.00

236.800

236.00

225.000

225.00

215.00

21.00

304.800

206.000

195.000

195.000

10.486

10.48g

18.000 11.

10.200

18.000

1.800

5.000

3.527

51.400

1.200

1.594

1.237 097 1.145

1.000

Caracas, 13 de febrero de 2014.

En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del presente Aviso Oficial.

Comuníquese y publiquese.

8H PRIMERA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA OFICINA NACIONAL DEL TESORO

17FEB 2044 Caracas, CARLOS ERIK MALPICA Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 del Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Tesorería, y suficientemente facultado para este acto según Resolución N°o07 del Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de fecha 29 de Enero de 2014, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 2014-001 Se designa al ciudadano JOSÉ FRANCISCO PIMENTEL DE LUCA, titular de la cédula de identidad N° V-14.452.384, como Director General de Egresos, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina Nacional del Tesoro, a partir del 1° de diciembre de 2013.

Comuniquese y publíquese.

TESORO

CARLOS ERIK MALPICA TESORERO NACIONAL Resolución N° 048 de 1cha 1 de octubre de 2013 Gaceta Oficial de la República Bplivariana de Venezuela N° 40.264

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA OFICINA NACIONAL DEL TESORO

7 FEB 20M Caracas, CARLOS ERIK MALPICA Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 10 del Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre Resolución N°007 del Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de fecha 29 de Enero de 2014, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 2014-002 Se designa al ciudadano JEAN CARLOS ITRIAGO SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.156.739, como Director General de Cuenta Única, en calidad de Encargado, adscrito a la Oficina Nacional del Tesoro, a partir del 10 de febrero de 2014.

Comuníquese y publíquese TESORO

TESORERO NACIONAL Resolución N° 007 de fecha 29 de enero de 2014 Gaceta de fecha 31 de enero de 2014.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 14 FEB 2014 203° y 154° 093859 RESOLUCIÓN N°_ La Ministra del Poder Popular para Ia Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto Nº 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario,

página original (tal como se publicó)Página 13 de la Gaceta

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RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 02 de enero de 2014, al Coronel ÁNGEL ENRIQUE GONzÁLEZ SALAZAR, C.I. Nº 6.496.467, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, 63 REGIMIENTo DE ING. CONST. MANTTO. "G/B JUAN AGUERREVERE", CódigO N° 29535.

Comuníquese y publíque

2Almiranta en Jefa Myyistra del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 14 FEB 2014 203° y 154° 003873 RESOLUCIÓN N°

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario,

RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 12 de noviembre de 2013, al Contralmirante MIGUEL ÁNGEL DE FREITAS FERNÁNDEZ , C.I. N° 6.497.958, COMO responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, MANUELA SAENZ", CódigO N° 03722.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Naciona

Almiranta en Jefa Munistra del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA

14 FEB 2014 Caracas, 203° y1540 003877 RESOLUCIÓN N°

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto N° 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del

Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario,

RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 11 de diciembre de 2013, al General de Brigada CARLOS LUCIO SISO BRICEÑO, C.I. N° 8.690.216, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402, 403 y 404), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, "DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS", CódigO N° 04322.

Comuníquese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional, RMENKERESA MELENDEZ RIVAS miranda en Jefa Minra del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 14 FEB 2014 203° y 154° 003882 RESOLUCIÓN N°.

Por disposición del Cludadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en artículo 77 numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: CREAR Y ACTIVAR a partir de la fecha de publicación del presente acto adminiStratiVO la ESCUELA DE PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA INTEGRAL DE LA MILICIA BOLIVARIANA GENERAL EZEQUIEL ZAMORA" (EPDI); adscrita a la Dirección General de Educación de la Milicia Bolivariana, con sede en la antigua Escuela de Policía Metropolitana, Parroquia Caricuao, Municipio Libertador, Distrito Capital, con la siguiente estructura organizacional:

- Núcleo Región Central;

- Núcleo Región Oriental;

- Núdeo Región Guayana;

- Núcleo Región Los Lanos;

- Núcleo Región Occidental;

- Núcleo Región Marítima/Insular y - Núcleo Región Los Andes.

Comuníquese y publíquese.

Almiranta an Jefa mistra gel Poder Popular pafa la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 17 FEB 2014 203°y154° RESOLUCIÓN N° 003887

Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza armada Nacional Bolivariana, de

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conformidad con lo establecido en el artículo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica de fecha 31 de julio de 2008 en concordancia con lo establecido en los artículos 11, 56, 57, 62 y 95 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de Marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar los siguientes nombramientos:

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA General de Brigada TITO JOSÉ URBANO MELEAN, C.I. N° 6.899,333, Comandante, e/r del General de División ALFREDO IACOBOZZI ANDRÉS, C.I. N° 9.542.173.

TERCERA DIVISIÓN DE INFATERÍA 31 Brigada de Infantería Mecanizada General de Brigada BERNAL MARTÍNEZ MANUEL GREGORIO, C.I.

N° 6.976.131, Comandante, e/r General de Brigada JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS, C.I. N° 9.215.693.

32 Brigada de Combatientes Autóctono Revolucionario Integral Bolivariano Especial (CARIBE) General de Brigada JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS, C.I. N° 9.215.693, Comandante, e/r General de Brigada TITO JOSÉ URBANO MELEAN, C.I. N° 6.899.333.

Comuníquese y publíquesecno

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Almiranta en Jefa Ministra der Poder Popular para/ la Defensa

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO

DESPACHO DEL MINISTRO- CONSULTORIA JURIDICA 1 4 FEB. 2014 NÚMERO: 017–14 CARACAS, 203°, 154° y 14° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para el Comercio, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 768 de fecha 03 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.347 de la misma fecha, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en los artículos 34, 62 y 77 numeral 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública N° 6217, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.890 de fecha 31 de julio de 2008; en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo dispuesto en los artículos 1 y 5 del decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, este Despacho:

RESUELVE Artículo 1°: Designar al ciudadano ALEJANDRO RAMON NAVARRO VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad número:V-17.848.592, como Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica de este Ministerio.

Artículo 2°: Se delegan las atribuciones y firma de los actos y documentos, que a continuación se indican:

1. Notificaciones a los interesados de las decisiones recaídas en los Recursos Administrativos, interpuestos antes el Despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

y/o definitivos de este despacho, respecto a los procedimientos de nulidad o rescisión unilateral de contratos suscritos por este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

3. Suscribir la correspondencia intema, postal, telegráfica, radiotelegráfica y facsímil, en contestación a solicitudes particulares dirigidas al Despacho sobre asuntos, cuya atención sea competencia de la Dirección a su cargo.

4. Suscribir las comunicaciones dirigidas a personas naturales y entes publico y/o privados, relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos a su cargo.

5. Expedir copias certificadas de los documentos, cuyos originales reposan en el archivo de esa Dirección, incluyendo aquellos relacionados con los contratos y acreencias no prescritas.

Queda a salvo, lo establecido en el artículo 3, del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto de los Actos y documentos, cuya firma no son delegables.

Artículo 3°: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido funcionario, deberá presentar una relación detallada de los actos y documentos que hubiere firmado por delegación.

Artículo 4°: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de Resolución y Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 5°: El Ministro del Poder Popular para el Comercio, podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos mencionados en la presente Resolución.

Artículo 6°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Ja República Bolivariana de Venezuela Comuniquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para el Turismo Instituto Nacional de Turismo -Gonsejo Directivo Providencia Administrativa N° : ∞ 1 Caracas,14 - 02de 2014 203º y 1540 El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), en ejercicio de la atribución que le confieren los numerales 1 y 5 del artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, en concordancia con el numeral 5 del artículo 20 eiusdem y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Vista la aprobación del ciudadano Ministro del Poder Popular para el Turismo, mediante Punto de Cuenta N° de fecha de de 2014.

Dicta el siguiente REGLAMENTO PROVISIONAL DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (INATUR)

Secretaría Artículo 1°. La Unidad de Secretaría del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), garantiza el apoyo eficaz y eficiente a las funciones del Consejo y de los miembros del mismo, y está a cargo de la Secretaria o Secretario, quien será de libre nombramiento y remoción, propuesto por el Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) ante el Consejo Directivo y debidamente aprobado y designado por éste.

Falta Temporal Artículo 2°. La ausencia temporal o accidental de la Secretaria o Secretario será suplida por el funcionario o funcionaria que designe la Presidenta o el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR).

Atribuciones de la Secretaria o Secretario Artículo 3°. Son atribuciones de la Secretaria o Secretario del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), las siguientes:

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1. Ejercer las funciones que le competen como Secretario o Secretaria durante las sesiones del Consejo Directivo.

2. Tomar nota y levantar minuta, acta o acuerdo, según corresponda de cada sesión celebrada por el Consejo Directivo.

3. Verificar la asistencia al comienzo de cada sesión o a solicitud de la Presidenta o del Presidente del Instituto Nacional de Turismo (INATUR).

4. Leer todos los documentos que le sean requeridos durante las sesiones por la Presidenta o el Presidente del Instituto Nacional de Turismo (INATUR).

5. Elaborar bajo las instrucciones de la Presidenta o del Presidente del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) y con base en la agenda de trabajo acordada, la cuenta y orden del día, así como, con exactitud y conclusión los actos de las sesiones.

6. Automatizar y respaldar la información levantada en las minutas y actas de cada sesión.

7. Distribuir a cada miembro del Consejo Directivo, mediante correo electrónico o por el medio más expedito posible, copia de la transcripción del contenido de las actas levantadas en cada sesión.

8. Llevar el control de asistencia de los miembros de las sesiones del Consejo Directivo, actas, expedientes, y demás documentos necesarios del Consejo Directivo.

9. Levar al día las actas de sesiones del Consejo Directivo, expedientes y demás documentos del Consejo Directivo.

10. Despachar la correspondencia que acuerde el Consejo Directivo, la Presidenta o el Presidente del Consejo Directivo y demás que correspondan al ejercicio de sus funciones.

11. Sustanciar el expediente contentivo de todo proyecto de acto administrativo o decisión emanada del Consejo Directivo, la cual contendrá al menos, el proyecto original y los informes técnicos a que haya lugar.

12. Distribuir oportunamente a los miembros del Consejo Directivo, la agenda de trabajo planteada, las actas y demás documentos a utilizar a tales efectos.

13. Proveer todo cuanto sea necesario para el desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo.

14.- Mantener y resguardar los archivos del Consejo Directivo.

, I 15.- Realizar la foliatura y actas de cierre de los archivos del Consejo Directivo.

.

16.- Las demás que sean atribuidas por el Consejo Directivo, la Presidenta o el Presidente del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) y el ordenamiento jurídico.

Artículo 4º. La presente Providencia entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal fin, se autoriza al Presidente del Instituto Nacional de Turismo INATUR para solicitar al ciudadano Ministro del Poder Popular para el Turismo la tramitación de la referida publicación.

Artículo 5°. La presente Providencia Administrativa mantendrá su vigencia hasta tanto sea dictado el Reglamento Internostituto Nacional de Turismo (INATUR).

A / INATUR Andrés Gufliemrmgizarra Garcí /Presidene(E)

Hazel Dely Chaudary-Zembrano Esther Nayayl Hernkanb Rosa Miembro principal Miembro propia Zenndy Leisbeth Bertios Romero Deibys Enrique Sánchez Hernández Mienbro Principal Miembro principal

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS (O.C.S.A). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N9 001/2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

AÑOS 203° Y 154° .Quien SUSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la ASOCIACIóN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS O.C.S.A., designado mediante Resolución DM/N° 138/2013 de fecha 28 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.306 de fecha 2 de diciembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 y ultimo aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y conforme lo estipulado en el numeral 3 de la Ciáusula Décima Primera, de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios, protocolizada por ante el Registro Público Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 2516 en fecha 15 de junio de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.703 de fecha 28 de junio de 2011, y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890; este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana, ROSANNA LUCED ULLOA MELENDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.231.292, como GERENTE DE ADMINISTRACION de la "ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS O.C.S.A." en condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIÒ ALMAÓ GUERRA Presidente (E) Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios PRESA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS (O.C.S.A). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002/2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

AÑOS 203° Y 154° Quien SuSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la ASOCIACIóN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS O.C.S.A., designado mediante Resolución DM/N° 138/2013 de fecha 28 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.306 de fecha 2 de diciembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 y ultimo aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y conforme lo estipulado en el numeral 3 de la Cláusula Décima Primera, de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios, protocolizada por ante el Registro Público Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 2516 en fecha 15 de junio de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.703 de fecha 28 de junio de 2011, y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890; este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa al ciudadano, ANGEL ANTONIO CONTRERAS NATERA, titular de la cédula de identidad N° V-

página original (tal como se publicó)Página 16 de la Gaceta

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6.461.265, COMO GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO de la "ASOCIACIÓN CIVIL OFIÉINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS 0,C.S,A" en Cpndición de Encargado.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS (O.C.S.A). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 003/2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

AÑOS 203° Y 154° Quien SuSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS O.C.S.A., .designado mediante Resolución DM/N° 138/2013 de fecha 28 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.306 de fecha 2 de diciembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 y ultimo aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y conforme lo estipulado en el numeral 3 de la Cláusula Décima Primera, de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios, protocolizada por ante el Registro Público Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 2516 en fecha 15 de junio de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.703 de fecha 28 de junio de 2011, y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890; este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana, REINA ELENA GALLARDO TUA, titular de la cédula de identidad N° V-12.414.754, como GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de la "ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIQS AGROPECUARIOS o.C.S.A" en condición de Encargada Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO-ALMAO GUERRA Presidente (E) Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios PRE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS (O.C.S.A). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004/2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

AÑOS 203° Y 154° Quien SusCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente EnCargado de la ASOCIACIóN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS O.C.S.A., designado mediante Resolución DM/N° 138/2013 de fecha 28 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.306 de fecha 2 de diciembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 y ultimo aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y conforme lo estipulado en el numeral 3 de la Cláusula Décima Primera, de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios, protocolizada por ante el Registro Público Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 2516 en fecha 15 de junio de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.703 de fecha 28 de junio de 2011, y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890; este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana, LUZ ESMERALDA ROJAS zUMETA, titular de la cédula de identidad N° V-5.412.317, como GERENTE DE AUDITORIA INTERNA de Ya "ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS o.C.S.A" en condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS (O.C.S.A). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 005/2014. CARACAS, DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2014.

AÑOS 203° Y 154° Quien SUsCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la ASOCIACIÓN CIVIL OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS O.C.S.A., designadomnediante Resolución DM/N° 138/2013 de fecha 28 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.306 de fecha 2 de diciembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 y ultimo aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y conforme lo estipulado en el numeral 3 de la Cláusula Décima Primera, de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios, protocolizada por ante el Registro Público Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el No 2516 en fecha 15 de junio de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la Repúicica Bolivariana de Venezuela N° 39.703 de fecha 28 de junio de 2011, y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890; este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA A.ticulo Único:Se designa a la ciudadana, OFELIA VIRGINIA BARRADAS GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 15.533.653, COmO CONSULTORA JURIDICA de la "ASOCIACIÓN OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS CIVIL AGROPECUARIOS O.C.S.A" en Ccondición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELÀDIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Asociación Civil Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios PRE:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

AÑOS 203° y 154° Quien SuSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos

página original (tal como se publicó)Página 17 de la Gaceta

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Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana ADRIANA SINAI SÁNCHEZ VILLARREAL, titular de la cédula de identidad N° V- 17.475.708, COmo GERENTE GENERAL, de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE/ LOS TACARIGUAS, S.A., en· condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa de Propiedad Social Valle los Tacariguas, S.A,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°002-2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

203° y 154° Quien SuSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de. la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la. siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana NATHALY DE LOS ANGELES BELISARIO MOVILIO, titular de la cédula de N° y-16.851.268,como identidad DE GERENTE COMERCIALIZACIÓN, de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIALVALLELOSTACARIGUAS,S.A., en cOndiCIÓn de Encargada.

() Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ÈLADÍO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°003-2014. CARACAS, QUINCE(15) DE ENERO DE 2014.

203° y 154° Quien SusCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado enla Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana AIDA ROSALIA PIÑERo ARANA, titular de la cédula de identidad N° V- 10.360.523, cOmO GERENTE DE PRODUCCIÓN, de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, ()) S.A., en condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°004-2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

203° y 154° Quien SusCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta. Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa al ciudadano JOHNNY ALEXANDER HIDALGo HERRERA, titular de la cédula de identidad N° V- 14.198.144, COmO GERENTE DE GESTION COMUNITARIA, de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A., en condición de Encarmado.

() Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°005-2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

203° y 154° Quien SuSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley- Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa al ciudadano ANGEL ANTONIO CONTRERAS NATERA, titular de la cédula de identidad N°V- 6.461.265, COMOGERENTE DEPLANIFICACIONY PRESUPUESTO, de la EMPRESA DE PROPIEDADSOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, en condición de Encargado.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A, ar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA. ADMINISTRATIVA N°006-2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

203° y 154° Quien SuSCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847* de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana BETSY YOLANDA PARRA SoTELDO, titular de la cédula de identidad N°V-12.278.619, COMO GERENTE DE TALENTO HUMANO, de la EMPRESA DE PROPIEDADSOCIALVALLE LOSTACARIGUAS, S.A., en condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS- EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°007-2014. CARACAS, QUINCE (15) DE ENERO DE 2014.

203° y 154º Quien susCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último acarte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la. Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana LUZ ESMERALDA ROJAS zUMETA, titular de la cédula de identidad N° V-5.412.317, COMO GERENTE DE AUDITORIA INTERNA, de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A., en ( condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, ING. FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°008-2014. CARACAS, DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2014.

203° y 154° Quien susCribe, FRANKLIN ELADIO ALMAO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad número V-7.135.219, en mi carácter de Presidente Encargado de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A, designado mediante Resolución DM/N° 127/2013 de fecha 23 de noviembre de 2.013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.303 de fecha 27 de noviembre de 2013; de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 5, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Novena en su numeral 10, del. Documento Constitutivo y Estatutario de la Empresa, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.847 de fecha 20 de enero de 2012 y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta

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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, este despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo Único: Se designa a la ciudadana OFELIA VIRGINIA 15.533.653, COmO CONSULTORA JUREDICA, de la EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL VALLE LOS TACARIGUAS, S.A., en condición de Encargada.

Comuníquese y Publíquese, 1nua

ING. FRANKLIN ELADIO ÁLMAO GUERRA Presidente (E) Empresa De Propiedad Social Valle Los Tacariguas, S.A,

ENCOMIENDA CONVENIDA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE N DABAJURO DEL ESTADO FALCÓN, PARA LA EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS CASERÍOS LA DANTA - VENTURA EN EL MUNICIPIO DABAJURO.

Entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), Instituto Autónomo con personalidad juridica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.323 de fecha 13 de Noviembre de 2001, cuya última modificación fue, mediante la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de Julio 2010, quien para los efectos del presente Instrumento, se denominará "EL INDER", representado en este acto por el Ciudadano ALI FRANCIsCO PEÑA RUIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.113.258, domiciliado en la Ciudad de Caracas, en su condición de PRESIDENTE del INDER, designado según Decreto N° 26, de fecha 26 de Abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de la misma fecha, debidamente facultado para este acto, de conformidad con el Articulo 140, Numerales 2, 5 y 11 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por una parte; y por la Otra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DABAJURO DEL ESTADO FALCÓN, representada en este acto por su ALcALDESA, Ciudadana FRANCISCA VIRGINIA OBERTO LARA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Licenciada en Educación, titular de la Cédula de Identidad N°

9.506.609, según consta en CREDENCIAL debidamente emitida por la Junta Municipal Electoral del Municipio Dabajuro del Estado Falcón, del Consejo Nacional Electoral de fecha 24 de noviembre de 2008, y en Acta N° 04-2008 del Concejo Municipal del Municipio Dabajuro, celebrada en Sesión Extraordinaria de Juramentación y Toma de Posesión, en fecha 07 de Diciembre del mismo año, quien a los solos efectos de este contrato se denominara "LA ALCALDfa" y en lo adelante, también referidos conjuntamente como “LAS PARTEs", suscriben la presente ENCOMIENDA CONVENIDA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de Julio de 2008, actuando dentro del contexto de la ejecución de las Politicas Agrarias del Estado, en la COnsolidación del "PROYECTO PARA MEJORAR Y CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DE APOYO PRonucrrvo", como parte de la Revolución Agraria Bolivariana, punta de lanza de las políticas públicas, del fortalecimiento del sector agroindustrial y garantía de la Soberania Alimentaria de la Nación, por cuanto es el Poder Ejecutivo Nacional el competente para formular politicas públicas nacionales de desarrollo que garanticen eficientemente la Soberanía Alimentaria de la Nación. En este sentido, se hace necesaria la obligatoria cooperación de los órganos, entes y empresas del Estado Venezolano, para adoptar medidas necesarias que fortalezcan y amplien los programas sociales alimentarios, a objeto de garantizar y diversificar la producción agroindustrial, a fin de reactivar, transformar y dinamizar las cadenas agroproductivas nacionales en actuación conjunta y coordinada de los organismos e instituciones del Estado Venezolano, crear condiciones idóneas que permitan alcanzar niveles óptimos estable de alimentos a la población, dada su consideración de actividad prioritaria y de interés social para el País, en la estrategia de diversificación y desarrollo integral y sustentable, en beneficio de toda la colectividad en general.

“LAs PARTEs" convienen en suscribir la presente Encomienda Convenida, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. La presente Encomienda tiene por objeto los fines de realizar acciones conjuntas enmarcadas en la ExCavAcióN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS CASERÍOS LA DANTA - VENTURA EN EL MUNICIPIO DABAJURO.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE. "LAS PARTES" convienen que el alcance de este marco de cooperación comprende un monto de Dos MILLoNEs SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN BOLIVAREs OCHENTA (Bs. 2.666.261,80), para la EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS CASERÍOS LA DANTA - VENTURA EN EL MUNICIPIO DABAJURO.

empresas contratadas por “LA ALCALDfA", siempre con estricto apego de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

CLÁUSULA CUARTA. DEL COMPROMISO DE LAS PARTES. Con el objeto de dar estricto cumplimiento a la presente Encomienda Convenida, "LAs PARTES" acuerdan a realizar lo siguiente:

"EL INDER":

1. Administrar los recursos y realizar las órdenes de pago necesarias y oportunas, con ocasión de la ejecución de las obras establecidas en la Cláusula Tercera del presente instrumento.

2. Establecer, conjuntamente con LA ALCALDfa", el plan de actividades a ejecutar.

3. Supervisará la correcta ejecución de la obra.

1. Asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Encomienda Convenida, en el tiempo y condiciones previstas para ello.

2. Ordenar la ejecución de las obras y remitir las copias certificadas del respectivo expediente conformado, de acuerdo con las normas y pautas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento.

3. Suministrar oportunamente a “EL INDER", toda la documentación necesaria sobre la tramitación de los desembolsos correspondientes a los anticipos y pagos de valuaciones.

CLÁUSULA OUINTA: RESPONSABILIDAD. Queda expresamente establecido que "LA ALCALDfA", será la responsable del cumplimiento de todos los Convenida. La responsabilidad, se extiende también a las acciones u omisiones que repercutan negativamente en la entrega de los recursos necesarios para la ejecución del Proyecto descrito en este documento.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA. La presente Encomienda Convenida, tendrá una duración de SEIS (06) MESES, contado a partir de la fecha de suscripción y podrá ser prorrogada por un lapso menor, igual o mayor, previo acuerdo entre "LAS PARTES".

CLÁUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Esta EncOmienda Convenida podrá darse por terminada de forma anticipada, total o parcialmente, en los siguientes casos: a) Por el incumplimiento de una de "LAs PARTEs". b) Por decisión unilateral de una de "LAs PARTEs", previa notificación por escrito a la otra con al menos treinta (30) días de anticipación.

c) Por mutuo acuerdo entre "LAS PARTEs"; d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES. "LAS PARTES", pOdrán modificar de común y amistoso acuerdo la presente Encomienda Convenida, de conformidad con las necesidades e intereses de las mismas, mediante la realización de un Addendum separado, el cual deberá suscribirse con las formalidades correspondientes, y se anexará y formará parte integrante de este documento.

CLÁUSULA NOVENA: NOTIFICACIONEs. Toda notificación que deba hacerse con ocasión de la presente Encomienda Convenida deberá hacerse de forma escrita, por correo certificado, fax u otro medio convencional. A tal fin, las partes declaran las siguientes direcciones:

"LA ALCALDfA: Avenida Aeropuerto, Sector Cadafe, Edificio Sede de los Poderes Públicos Municipales, Dabajuro Municipio Dabajuro, Estado Falcón.

Telefax: (0279) 8281632.

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"EL INDER": Esquina Ferrenquín a La Cruz, Edificio Oficentro, La Candelaria, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: (0212) 5720221.

CLÁUsULA DÉCIMA: Para todos los efectos de esta Encomienda Convenida, la ciudad de Caracas, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales declaran someterse.

Se hacen cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

En Caracas, a los_Once. (ll) dias del mes de Febrert de 201y fder ALI FRANCISCO PEÑA RU DDFRAN CISCA VIRGINIA OBEROARA ALCALDESA DEL QUNI PRESIDENTE DEL INDER PRESIDENCIANABAJURO DEL ESTADO FALCÓN.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO.

RESOLUCIÓN N σ 4 CARACAS, 1 2 FEB.2014 203° y 154° VISTO: El Recurso Jerárquico interpuesto en fecha 13 de noviembre de 2013, por la ciudadana VICTORIA NAVIA QUINTERO, titular de la Cédula de Identidad N° 13.735.552, domiciliada en la ciudad de La Asunción, Jurisdicción del Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 40.454, actuando en este acto en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JORGE ISAIAS JOSÉ PRIMERA DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.764.055, contra la comunicación de fecha 06 de septiembre de 2013, relacionada con la anulaCiÓn del TITULO DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN N° C-3- 1287, expedido al ciudadano JORGE ISAIAS JOSÉ PRIMERA DÍAZ, el cual quedó inscrito en el Libro 1, llevado por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, Folio 30, de fecha 07 de agosto de 2013. Comunicación emitida por el Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), ciudadano VA. VÍCTOR MANUEL ARAUJO MARTÍNEZ, y notificada en fecha 20 de septiembre de 2013, quien es usuario de los servicios que presta el Instituto (INEA).

Este Despacho Ministerial Observa:

DE LOS HECHOS RECURSO JERÁRQUICO CONTRA LA COMUNICACIÓN DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EMANADA DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESPACIOS ACUÁTICOS. RELACIONADA CON LA ANULACIÓN DEL TÍTULO DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN.- ANTECEDENTES:

El día 20 de septiembre de 2013, mediante oficio de fecha 06 de septiembre de 2013, suscrito por el VA. Víctor Manuel Araujo Martínez, Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) se le notifica al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz lo siguiente: "...en ejercicio de la potestad de Autotutela Administrativa, procedió de oficio a revisar el Acto Administrativo identificado como TíTULo DE DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN" N° C-3-1287, inSCrito en el Libro 1, llevado por este Instituto:::otorgado al Capitán de Pesca JORGE ISAÍAS JOSÉ PRIMERA ...y verificados los documentos que sirvieron de base para la expedición del mismo, se evidenció que no consta en el expediente, instrumento que demuestre que el mencionado ciudadano haya realizado el Curso para optar al Título de Primer Oficial de Navegación, en consecuencia esta autoridad RECONOCE y DECLARA la NULIDAD ABSOLUTA del Acto Administrativo antes señalado, por ILEGALIDAD, al contravenir lo establecido en el artículo 252 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas...

...En consecuencia...queda sin efecto el Registro de inscripción del Título de Primer Oficial de Navegación, dicho Título en Pergamino, así como la respectiva Credencial que lo faculta para ejercer las funciones a que se refiere el artículo 279, numeral 3 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas..." Contra el mencionado Acto Administrativo, el ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, interpuso mediante escrito de fecha 08 de octubre de 2013, Recurso de Reconsideración por ante el Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), el cual según lo señalado por el recurrente en el escrito que hoy se revisa y analiza no fue resuelto dentro del lapso de 15 días siguientes al recibo del mismo, situación que debió haber ocurrido entre los días del 09 al 29 de octubre de 2013, ambas fechas inclusive.

Cabe precisar que, si dicho recurso no es decidido en el lapso señalado, opera el silencio administrativo, el cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ha de interpretarse como una respuesta negativa a la petición planteada, que como tal faculta al interesado al considerar desestimada su petición por la denegación presunta, para interponer el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, lo cual no libera a la Administración del deber de emitir un pronunciamiento expreso.

En tal sentido, al considerar que operó el silencio administrativo y por ende una respuesta negativa a la petición planteada la ciudadana Victoria Navia Quintero, titular de la cédula de identidad N° 13.735.552, Abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 40.454, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, interpuso mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2013, ante el Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, el correspondiente Recurso Jerárquico con fundamento en los artículos 4, 95 y 96 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. DE LA LEGITIMIDAD PARA INTERPONER EL RECURSQ JERÁRQUICO El Recurso Jerárquico es interpuesto por la ciudadana Victoria Navia Quintero, titular de la cédula de identidad N° 13.735.552, Abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 40.454 manifestando actuar en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, según consta en instrumento Poder autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Punto Fijo, Estado Falcón en fecha 04 de octubre de 2013, quedando anotado bajo el N° 10, Tomo 171 de los Libros llevados por esa Notaría, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 22, 25 y 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la mencionada ciudadana tiene legitimidad para interponer el recurso en nombre y representación del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz.

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO JERÁRQUICO INTERPUESTO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el lapso para la interposición del Recurso Jerárquico es dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que declaró sin lugar el Recurso de reconsideración; de igual manera, la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas en el Capítulo Il del Título Vi regula en los artículos 300 y 301 los procedimientos contra los actos emanados del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), en tal sentido señalan lo siguiente:

"Artículo 300. Contra los actos emanados del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, los interesados directos podrán optar por acudir a la via administrativa o a la via jurisdiccional. En caso de optar por la via administrativa, ésta deberá agotarse Íntegramente para poder acudir a la vía jurisdiccional.

Artículo 301. Contra todo acto administrativo de efectos particulares, los interesados podrán interponer recurso de reconsideración por Procedimientos Administrativos de conformidad con los lapsos que alli se establecen." Los artículos antes citados, prevén el procedimiento a seguir contra los actos emanados del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, estableciendo el primero de ellos dos supuestos:

En primer lugar, que el interesado directo opte por acudir a la vía administrativa y en segundo lugar, opte por acudir directamente a la vía jurisdiccional.

Si opta por la vía administrativa, ésta debe agotarse íntegramente interponiendo al efecto por escrito y cumpliendo los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos los recursos correspondientes, que en el caso de autos, son el Recurso de Reconsideración (art. 95), que se interpone dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que lo dictó, (Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos INEA), y el Recurso Jerárquico (art. 96) que se interpone dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que declara sin lugar el recurso de reconsideración, por ante el Ministro de Adscripción, es decir,

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por ante el Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, según Decreto Presidencial N° 8.559 de fecha 1 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial ordinaria N° 39.791 de fecha 2 de noviembre de 2011, por cuanto el acto fue dictado por un órgano superior de un Instituto Autónomo.

Por tales razones, efectuado el computo de los días transcurridos desde el 29 de octubre de 2013, fecha en que operó el silencio administrativo, hasta el día 13 de noviembre de 2013, fecha en que interpuso el Recurso Jerárquico, transcurrieron once (11) días hábiles, por lo que dicho recurso resulta tempestivo, y el órgano competente para resolverlo dentro de los noventa (90) días siguientes a su presentación (art. 91) resulta ser el ciudadano Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.

En tal sentido se considera que el Recurso Jerárquico mediante el cual el recurrente, explana su pretensión de nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio de fecha 06 de septiembre de 2013, suscrito por el Ciudadano VA. Víctor Manuel Araujo Martínez, Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) mediante el cual se le notifica al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, la nulidad absoluta del "TÍTULO DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN" N° C-3-1287, al contravenir lo establecido en el artículo 252 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, debe ser admitido.

ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE En escrito de fecha 13 de noviembre de 2013, la ciudadana abogada Victoria Navia Quintero, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, alega como fundamentos del recurso jerárquico interpuesto los siguientes:

Violación al derecho a la defensa y debido proceso previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que el acto administrativo emitido por el Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos fue dictado por una autoridad manifiestamente incompetente y con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, lo cual hace que el acto recurrido este viciado de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que el acto administrativo que declara nulo el Título de Primer Oficial de Navegación, contiene vicios de nulidad absoluta, tales como violación al principio de legalidad administrativa, previsto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual genera vicios de usurpación y extralimitación de funciones por parte del Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 numerales 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que la norma aplicable es exclusivamente el artículo 255 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas cuyas normas deben ser interpretadas y aplicadas en concordancia con lo dispuesto en el Convenio Internacional STCw/78/10 y no utilizar una parte y fuera de contexto de dicho convenio.

Que no se abrió un procedimiento administrativo que permitiera al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, alegar sus defensas y pruebas, a los fines de hacerlas valer en el lapso probatorio correspondiente.

Que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, al declarar de forma abrupta, la nulidad del acto que ellos mismos generaron, a razón del legítimo derecho que le asiste al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, violó el Principio de Instrucción del expediente, al cual se encuentra sometida la actividad administrativa, alegando el ejercicio de la autotutela administrativa, violando con ello derechos constitucionales como los de buena fe, presunción de inocencia, derecho de acceso al expediente, derecho a ser oído, derecho a la defensa y el debido proceso.

Por tales razones la recurrente solicita "...se revoque o reconsidere la decisión tantas veces mencionada en virtud que el mismo adolece de vicios de nulidad absoluta..." y se deje sin efecto el contenido de la misma.

CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ... E INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA), instituto con personalidad juridica y patrimonio propio, creado Espacios Acuáticos e Insulares, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.290 de fecha 25 de septiembre de 2001, reimpreso por error material el 22 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.330 de fecha 22 de noviembre de 2001, modificado parcialmente según Gaceta Oficial N° 37.596 de fecha 20 de diciembre de 2002, siendo su última modificación publicada en Gaceta Oficial N° 5890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, de conformidad con el Decreto N° 8.559 de fecha 01 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 39.791 de fecha 02 de noviembre de 2011, RIF N° G-20002141-1, representado en este acto por el ciudadano VÍCTOR MANUEL ARAUJO MARTÍNEZ...

quien actúa en su carácter de PRESIDENTE, según consta en Resolución N° 077 de fecha 20 de Junio de publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.193, de fecha 20 de junio de 2013, actuando en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 78 numerales 1 y 3 del Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.890 extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, en con lo establecido en los artículos 83 y 19 numeral 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en ejercicio de la potestad de Autotutela Administrativa, procedió de oficio a revisar el Acto Administrativo identificado como " TÍTULO DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN". N° C-3-1287, inscrito en el Libro 1, llevado por este Instituto, Folio 30, en fecha 07 de agosto de 2013, el cual fue otorgado al Capitán de Pesca JORGE ISAIAS JOSÉ PRIMERA DÍAZ...y verificados los documentos que sirvieron de base expediente, instrumento que demuestre que el mencionado ciudadano haya realizado el Curso para optar al Título de Primer Oficial de Navegación, en consecuencia, esta autoridad RECONOCE y DECLARA la NULIDAD ABSOLUTA del Acto Administrativo antes señalado, por ILEGALIDAD, al contravenir lo establecido en el articulo 252 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas,...) cuando el prenombrado artículo señala expresamente que "(I) Para optar a los Titulos, Licencias y Certificados de la Marina Mercante, de Pesca Deportiva y Recreacional se requiere haber establecidos en la ley y los reglamentos. (...)

Asimismo, es importante destacar que el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978/1995 (STCw95), aprobado por Venezuela mediante Lay Aprobatoria del Convenio STCW-1978, publicado en la Gaceta Oficial N° 3.878 de fecha 15 de agosto de 1986, es un elemento referencial mínimo a tomar en consideración por cuanto establece en el articulo III, que éste será aplicable a la gente de mar que preste servicio en buques de navegación marítima y exceptúa a la gente de mar que presta servicios en Buques de Guerra, Pesqueros, Yates de recreo y Buques de Madera, al igual en el Anexo I referido a las Normas Obligatorias Relacionadas con las Disposiciones del Anexo del mencionado Convenio, se establecen las Normas de Competencia que los aspirantes deben demostrar para que les sean expedidos y revalidados los títulos o certificados de Competencia en virtud del Convenio de Formación y la vinculación que existe entre estas y las disposiciones sobre titulación, estableciendo las funciones y nivel de responsabilidad respecto a las normas obligatorias de competencia.

A su vez nuestra Ley Nacional, es decir, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, amplia y desarrollo los requisitos mínimos establecidos en el Convenio, para regular el tema de la formación, capacitación integral y adiestramiento de la gente de Mar, con miras a la seguridad Marítima.

En consecuencia, visto que en el expediente no reposa la Certificación o titulo queda sin efecto el Registro de Inscripción del Titulo de Primer oficial de navegación, dicho Titulo en Pergamino, asi como la respectiva Credencial que lo faculta para ejercer las funciones a que se refiere el artículo 279, numeral 3 de la Ley General de marinas y Actividades Conexas.

En el mismo orden declara que una vez notificado del presente acto, deberá consignar en la sede central de (Sic) Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos o en la Capitania de Puerto más cercana, el original de la Credencial del Título anulado por esta superioridad.

En cumplimiento del Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos (Sic), se ordena la notificación de la presente decisión al ciudadano identificado en el epígrafe y al mismo tiempo se le advierte que en caso que considere que sus derechos correspondiente Recurso Reconsideración, por ante quien suscribe el presente acto administrativo, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos..." Il CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Del análisis tanto del Recurso Jerárquico incoado, como del contenido del acto administrativo impugnado, contenido en el oficio de fecha 06 de septiembre de 2013, es pertinente acotar, que independientemente de la imprecisión en que incurrió la parte recurrente al fundamentar su recurso jerárquico, visto que la misma persigue la nulidad del acto administrativo impugnado, resulta menester revisar su procedencia, a los fines de otorgar una verdadera tutela judicial efectiva. (Vid. Sentencia N° 2.957 de fecha 20 de diciembre de 2006, de la Sala-Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Caso: Carlos Vargas Serrano).

En este sentido, respecto a la denuncia en la que alega la presunta violación al Derecho a la Defensa y Debido Proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que el acto administrativo emitido por el Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, fue dictado por una autoridad manifiestamente incompetente y con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, lo cual a su criterio hace que el acto recurrido este viciado de nulidad absoluta de conformidad con lo

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dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; sobre este particular, debe indicarse que el vicio de incompetencia es aquél que afecta a los actos administrativos cuando han sido dictados por funcionarios no autorizados legalmente para ello, en otras palabras, la competencia designa la medida de la potestad de actuación del funcionario; razón por la que, éste no puede hacer nada para lo cual no haya sido expresamente autorizado por Ley, de tal manera que, la incompetencia debe ser manifiesta para que sea considerada como causal de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En este orden de ideas, se considera necesario traer a colación lo señalado por la Sala Político Administrativa en Sentencia Nº 00982 de fecha 1 de julio de 2009, caso: Delia Raquel Pérez Martín de Anzola contra la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se señaló lo siguiente:

...el vicio de incompetencia se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un acto para el cual no estaba legalmente autorizada, por lo que debe quedar precisado, de manera clara y evidente, administrativos, consagrado en el ordenamiento juridico. La competencia le confiere a la autoridad administrativa la facultad para dictar un acto para el cual está legalmente autorizada y ésta debe ser expresa, por lo que sólo en casos de incompetencia manifiesta, los actos administrativos estarían viciados de nulidad absoluta..." Del contenido de la sentencia parcialmente transcrita, se observa que el vicio de incompetencia se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un acto para el cual no estaba legalmente autorizada.

Precisado lo anterior, cabe resaltar que en el presente caso, la actuación del ciudadano VA. Víctor Manuel Araujo Martínez en su carácter de Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, al dictar el acto administrativo impugnado, lo hizo dentro de las potestades que le han sido conferidas por la ley, concretamente en los numerales 1 y 3 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.890, de fecha 31 de julio de 2008, y artículos 83 y 19 numeral 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En efecto, el prenombrado funcionario ostenta tal cualidad al haber sido designado mediante Resolución N° 077 de fecha 20 de junio de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.193 de fecha 20 de junio de 2013.

Además de ello, en el caso bajo análisis se pretende la nulidad de un acto administrativo emanado del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), el cual fue"creado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.330 del 22 de noviembre de 2001, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, encontrándose sus facultades circunscritas al ejercicio de las políticas acuáticas del Estado y la Administración acuática en general, por lo que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que el acto administrativo contenido en el oficio de fecha 06 de septiembre que declaró là nulidad absoluta del Título de Primer Oficial de navegación otorgado al Ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz fue dictado por una autoridad manifiestamente incompetente, por lo que dicha denuncia debe ser declarada sin lugar.

Por otro lado, y en lo concerniente a la denuncia mediante la cual se alega que el acto administrativo que declara nulo el Título de Primer Oficial de Navegación otorgado al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, contiene vicios de nulidad absoluta, tales como violación al principio de legalidad administrativa, previsto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual genera vicios de usurpación y extralimitación de funciones por parte del Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 numerales 1,2 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se observa que la recurrente para argumentar la presunta violación al principio de legalidad administrativa, usurpación y .. extralimitación de funciones por parte del Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, solamente se limitó a citar expresiones y consideraciones que el autor Marienhoff plantea en su Tratado de Derecho Administrativo, sin señalar expresamente cuales son las actuaciones o los argumentos de hecho y de derecho por las cuales considera que se generan tales vicios, no obstante ello, debe mencionarse que el Principio de Legalidad, consiste en que sólo pueden ejercerse toda actividad realizada por un órgano que no esté previsto en la ley es ilegal.

En este sentido, ha sido el criterio tanto de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa como de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que el Principio de Legalidad se manifiesta en una doble vertiente, a saber: a sumisión de todos los actos y actuaciones del Poder Público a las disposiciones emanadas de los cuerpos legislativos en forma de Ley, y el sometimiento de todos los actos singulares, individuales y concretos a las normas generales y abstractas previamente establecidas, sean estas normas de origen legislativo o no, razón por la cual "(.) la legalidad representa la conformidad con el derecho o la regularidad jurídica de las actuaciones de todos los órganos del Estado (...)" (Vid. Sentencia Nº 91 de fecha 18 de enero de 2006 Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,).

Ahora bien, ha señalado la Sala Político Administrativa que, si el vicio de incompetencia deviene de la usurpación de funciones, según lo alegado por la recurrente, que se configura cuando un órgano de una de las ramas del Poder Público asume las competencias asignadas constitucionalmente normas de rango constitucional, será considerado como un vicio de orden público y llevará aparejada la nulidad absoluta del acto impugnado, conforme a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por el contrario, si la incompetencia se deriva de la extralimitación de atribuciones, la que se configura cuando un órgano en una de las ramas del Poder Público, asume la competencia de otro órgano de esa misma rama en la perspectiva de la división horizontal, pueden surgir dos modalidades del mismo vicio, a saber, la incompetencia manifiesta y la incompetencia no manifiesta, acarreando la primera de ellas, la nulidad absoluta del acto administrativo, conforme a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 19 eiusdem y la segunda su anulabilidad, a tenor de lo establecido en el artículo 20 eiusdem.

De las consideraciones anteriores se observa que, el vicio de incompetencia sólo da lugar a la nulidad absoluta de un acto administrativo cuando es manifiesta, es decir, patente u ostensible, como la que se origina de la usurpación de autoridad q de funciones, siendo tal nulidad producto de la incompetencia obvia o evidente, determinable sin mayores esfuerzos interpretativos.

Al respecto, se ha pronunciado la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en diversas oportunidades, entre otras decisiones, en Sentencia N° 01917 de fecha 28 de noviembre de 2007, señalando lo siguiente:

"(...) En efecto, en forma constante la Sala ha señalado, que el vicio de incompetencia se configura cuando una autoridad administraliva por lo que debe precisarse de manera clara y evidente, que su actuación consagrado en el ordenamiento jurídico. ...) La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto".

En el caso bajo estudio, se desprende del contenido de la Resolución N° 077 de fecha 20 de junio de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.193 de fecha 20 de junio de 2013 que el ciudadano VA. Víctor Manuel Araujo Martínez fue designado por el Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo para desempeñar el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), designación que le otorga "investidura pública", y mediante la cual le fueron asignadas una serie de atribuciones, de allí que, mal pueda señalarse que el referido ciudadano en su condición de Presidente de dicho Instituto, hubiese usurpado atribuciones que no le corresponden, dado que el mismo se encuentra investido de autoridad al desempeñar un cargo público, no configurándose por ende el vicio denunciado.

En este mismo sentido, sostuvo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00539 de fecha 27 de mayo de 2004, en referencia a los efectos que se derivan de la incompetencia manifiesta, lo siguiente:

"Todo acto dictado por una autoridad incompetente se encuentra viciado.

Ahora bien el vicio de incompetencia de que adolezca, no apareja necesariamente la nulidad absoluta del acto, ya que conforme a lo necesario que la incompetencia sea manifiesta. De tal manera que para determinar el grado de invalidez de un acto viciado de incompetencia, es necesario atender a la manera en que la misma se presenta. Así, si la incompetencia es manifiesta, vale decir, notoria y patente, de manera que sea el realmente competente para dictarlo, o que se pueda determinar que el ente que la dictó no estaba facultado para ello, la nulidad será absoluta, (artículo 19, ordinal 4º de la Ley Orgánica de Procedimientos En resumen, puede decirse que la usurpación de autoridad determina la nulidad absoluta del acto (.) y la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones. como tales, no apareian por sí la nulidad absoluta del acto. ya que ello dependerá del grado de ostensibllidad como se presente el vicio de Incompetencia. (Sentencia de la Sala N° 270, de fecha 19 de octubre de 1989, caso Edgar Guillermo Lugo Valbuena vs. Ministerio de Fomento)." Como se observa, conforme al contenido de la sentencia parcialmente transcrita, puede inferirse que la denuncia efectuada por la parte actora,

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debe declararse sin lugar, por no subsumirse la situación del presente caso, dentro de los parámetros establecidos por el legislador, para considerar que la conducta desplegada por el Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos haya sido ejercida usurpando funciones o se haya extralimitado en el ejercicio de las mismas para que el acto administrativo objeto del presente recurso, se encuentre viciado de nulidad como lo alega la parte recurrente en su escrito, pues como se afirmó ut supra dicho funcionario actúo en el marco de su competencia dentro de las atribuciones conferidas por la ley.

En cuanto a la denuncia según la cual, el acto administrativo que declara nulo el Título de Primer Oficial de Navegación al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, fue realizado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, lo cual a criterio de la recurrente hace que el acto recurrido este viciado de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por violación al debido proceso y derecho a la defensa, presunción de inocencia, acceso al expediente, buena fe, toda vez que según lo afirmado por la recurrente, no se abrió un procedimiento administrativo que permitiera al prenombrado ciudadano, alegar sus defensas y pruebas, a los fines de hacerlas valer en el lapso probatorio correspondiente, es importante señalar, conforme a la doctrina sustentada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en Sentencia N° 01198 de fecha 3 de julio de 2007, la violación del Derecho a la Defensa se concreta cuando en el marco de un procedimiento administrativo se impide "(...) de manera absoluta la participación de los particulares cuyos derechos e intereses se les cercena el ejercicio de una adecuada defensa.(...)" Este derecho se hace efectivo a través de distintas manifestaciones, entre ellas, el derecho a ser oído, el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que se le permita al particular presentar los alegatos que pueda proveer en su ayuda, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su corttra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración.

En el presente caso, se puede evidenciar que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), para emitir el acto administrativo impugnado contenido en el oficio de fecha 06 de septiembre de 2013, no instauró un procedimiento administrativo, por lo que mal podría dicho instituto, haber participado al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, la existencia de algún procedimiento en su contra, evidenciándose que el acto fue dictado sin que se llevará a cabo un procedimiento administrativo, y se declaró la nulidad del Título de Primer Oficial de Navegación N° C-3-1287, inscrito en el Libro 1, Folio 30 del libro llevado por ese Instituto, otorgado en fecha 30 de agosto de 2013, con lo que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos le conculcó el derecho a la defensa y el debido proceso a la parte accionante, toda vez que la protección del debido proceso ha quedado expresamente garantizado por el artículo 49 de la Constitución de 1999, cuando dispone que "...se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas...", lo cual implica el respeto del derecho de los administrados que se vean afectados por un procedimiento administrativo instaurado en su contra a conocer ese procedimiento, lo cual conlleva a que sea válidamente llamado a participar en él, es decir, que sea notificado del inicio del procedimiento administrativo y que conozca la causa del mismo.

En este contexto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al vicio de prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido señaló en el expediente Nº 16238 de fecha 24/09/2002 lo siguiente : "...Esta Sala ha precisado que la prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido, conforme al ordinal 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no se refiere a la violación de un trámite, requisito o formalidad o de varios de ellos. El vicio denunciado sólo se justifica en los casos en los que no ha habido procedimiento alguno o han sido violadas fases del mismo que constituyen garantías esenciales del administrado...".

En lo que respecta a la denuncia interpuesta por la ciudadana Victoria Navia Quintero, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, mediante la cual señala que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, al declarar de forma abrupta, la nulidad del acto que ellos mismos generaron a razón del legítimo derecho que le asiste al mencionado ciudadano, violó el principio de instrucción del expediente, al cual se encuentra sometida la actividad administrativa, alegando el ejercicio de la autotutela administrativa, violando con ello derechos constitucionales como los de buena fe, presunción de inocencia, derecho de acceso al expediente, derecho a ser oído, derecho a la defensa y el debido proceso, asimismo, que la norma aplicable es exclusivamente el artículo 255 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas cuyas normas deben ser interpretadas y aplicadas en concordancia con lo dispuesto en el Convenio Internacional STCW/78/10 y no utilizar una parte y fuera de contexto de dicho convenio, es necesario hacer mención de lo siguiente:

La Administración Pública, ha sido dotada de una potestad denominada, por la doctrina como por jurisprudencia, como la Autotutela Administrativa, con el objeto de proteger, defender o tutelar el interés público sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Esta Autotutela se puede apreciar en tres vertientes, una Autotutela declarativa, que constituye la potestad de dictar actos administrativos, los cuales se consideran de derecho, Autotutela Ejecutiva, que consiste en la posibilidad que tiene la Administración de ejecutar, ella misma, sus propias decisiones sin que para ello, tenga que recurrir a un órgano jurisdiccional. Y, la Autotutela Revocatoria, que es la potestad de revocar sus propios actos administrativos, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia o por razones de ilegitimidad.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra en los artículos 82 y 83 la potestad revocatoria de la administración:

"Artículo 82.- Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán,ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o pcr el respectivo superior jerárquico.

Artículo 83-. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a dictados por ella".

Ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que la potestad revocatoria de la administración, procede por dos causas, por razones de oportunidad, de merito o conveniencia y por razones de ilegitimidad. La primera de ella tiene fundamento cuando existe circunstancia que ameriten un cambio en el actuar de la Administración, es decir, presupone un acto regular, válido pero que en virtud de un cambio en el contexto bajo el cual fue creado amerita que el mismo sea revocado. Igualmente puede deberes a un cambio de apreciación por parte de la administración pública, de las condiciones que dieron origen a su nacimiento, debido a que existe un interés público que así lo requiere, por lo que su causa puede ser por motivo sobreviviente o superviniente, pero lo importante, en ambos casos, es que siempre existe un interés público que amerita que el acto administrativo desaparezca.

La revocatoria por razones de ilegitimidad. Refiere que el acto que ha sido dictado no cumple con los requisitos establecidos en la ley para que pueda producir los efectos para los cuales se creó, adolece de vicio de nulidad absoluta, y es concomitante con el momento de nacimiento del acto.

Por lo que se concluye en la recurrida que: El prenombrado ciudadano no cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 252 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.570, del 14/11/2002, para obtener el referido Título de Primer Oficial de Navegación, por cuanto éste artículo señala expresamente que "[I] Para optar a los Títulos, Licencias y Certificados de la Marina Mercante, de Pesca Deportiva y Recreacional se requiere haber aprobado los cursos correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos...OMisSIS...

En concordancia con el Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978/1995 (STCw 95), aprobado por Venezuela mediante Ley Aprobatoria del Convenio STCW-1978, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.878 de fecha 15 de agosto de 1986, es un elemento referencial mínimo a tomar en consideración, por cuanto establece en el artículo IIl, que éste será aplicable a la Gente de Mar que preste servicio en buques de navegación marítima y exceptúa a la Gente de Mar que presta servicios en Buques de Guerra, Pesqueros, Yates de Recreo y Buques de Madera, al igual en el Anexo I referido a las Normas Obligatorias Relacionadas con las Disposiciones del Anexo del mencionado Convenio, se establecen las Normas de Competencia que los aspirantes deben demostrar para que les sean expedidos y revalidados los títulos o certificados de Competencia en virtud del Convenio de Formación y la vinculación que existe entre estas y las disposiciones sobre titulación, estableciendo las funciones y nivel de responsabilidad respecto a las normas obligatorias de competencia.

A su vez nuestra Ley Nacional, es decir, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, amplia y desarrollo los requisitos mínimos establecidos en el Convenio, para regular el tema de la formación, capacitación integral y adiestramiento de la Gente de Mar, con miras a la seguridad Marítima.

En la dispositiva de la recurrida el Presidente de EL INSTITUTO ordenó dejar "sin efecto el Registro de Inscripción del Titulo de Primer Oficial de Navegación, dicho Titulo en Pergamino, así como la respectiva Credencial que lo faculta para ejercer las funciones a que se refiere el artículo 279, numeral 3 de la Ley General de Marinas y Actividades."

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En este sentido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la potestad revocatoria de la administración. Así, en la Sentencia N° 1107 del 19 junio 2001, señaló:

"En lo que respecta a la potestad de autotutela de la Administración, se potestad revocatoria, que no es más que la posibilidad de poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y, en consecuencia, la facultad para extinguir sus actos administrativos en via administrativa.

Esta potestad se encuentra regulada, en primer lugar, en la norma prevista en el articulo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos antes transcrito, en el sentido de que los actos administrativos pueden ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, sea por la misma autoridad que dictó el acto o su superior jerarca, siempre y cuando no originar en derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular".

De igual manera, la sentencia citada señala:

"Por otro lado, la potestad declaratoria de nulidad que está prevista en el articulo 83 eiusdem, autoriza a la Administración- para que en cualquier momento, de oficio o a instancia del particular, reconozca la nulidad absoluta de los actos por ella dictados.

Así las cosas, observa esta Sala que si bien la norma antes referida consagra la posibilidad de la Administración de revisar en cualquier momento de oficio o incluso a solicitud de particulares los actos por ella dictados, esa facultad debe ejercerse siempre y cuando se detecte alguno de los vicios de nulidad absoluta señalado taxativamente en el artículo 19 de la Lay Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En este orden de ideas, en sentencia de la Sala Politico-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, del 26 de julio de 1984 (Caso:

Despacho Los Teques, C.A. vs. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables), se estableció que: "...) Así también, desde hace bastante tiempo reconoció la jurisprudencia de esta Corte la existencia de la llamada potestad de autotutela de la Administración Pública, según la cual oficio, en cualquier momento, aquellos actos suyos contrarios a derecho y que se encuentren afectados de nulidad absoluta; sin perjuicio de que también pueden hacerlo con respecto a aquellos actos suyos viciados de Administración y no como un "sucedáneo" de la potestad jurisdiccional. En tal sentido, merece ser citada la sentencia de esta Sala del 2-11-67, en la cual se dictaminó que "(..) la facultad de la autoridad administrativa para Administración Pública, que da a ésta poderes de revocar y modificar los actos administrativos que, a su juicio, afecten el mérito o legalidad de los casos por ellos contemplados (...)".

De la sentencia transcrita, se evidencia, que la estabilidad de los actos administrativos tiene por finalidad la eficacia del acto dictado y la seguridad jurídica de los particulares y, asimismo, que la Administración puede y debe declarar la nulidad de oficio en cualquier momento, de aquellos actos contrarios a derecho y que se encuentren afectados de nulidad absoluta; sin perjuicio de que también pueden hacerlo con respecto a aquellos actos viciados de nulidad relativa que no hayan dado lugar a derechos adquiridos.

Así mismo, la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de mayo de 1.985 (Caso: Freddy —Martin Rojas Pérez vs. UNELLEZ), señaló que:

"(..) La materia de la potestad revocatoria de la Administración Pública, su alcance y limites, ha sido objeto de abundante estudio por parte de la doctrina nacional y extranjera y analizada, en múltiples ocasiones, en la jurisdicción de este Supremo Tribunal. Ambas reconocen, como principio general de extinción de los actos administrativos, que la Administración tiene la posibilidad de privar de efectos a los actos administrativos bien sea de oficio o a instancia de parte y señalan, como fundamento de esa potestad, razones de legitimidad cuando el acto adolece de algún vicio o defecto que le impide tener plena validez y eficacia, y razones de conveniente que la Administración pueda amoldar su actividad a las transformaciones y mutaciones de la realidad, adoptando en un determinado momento las medidas que estime más apropiadas para el interés público".

Ahora bien, en virtud de las consideraciones expuestas, puede concluirse que la potestad revocatoria de la Administración se limita a los actos no creadores o declarativos de derechos a favor del particular, ya que, si trata de actos creadores o declarativos de derechos, una vez firmes, los mismos no podrán ser revocados en perjuicio de sus destinatarios por la Administración. Ésta podrá declarar la nulidad sólo por razones de ilegalidad, esto es, si el acto está viciado de nulidad absoluta y si el mismo ha causado estado, es decir, que contra él, se hayan interpuesto todos los recursos administrativos a que hubiere lugar, o que no interponiéndose dichos recursos, hayan vencidos los lapsos para impugnar el mismo, independientemente de que el particular considere que se le han violado derechos.

Así en otra sentencia, la Sala Político Administrativa dijo lo siguiente:

"(...) Por otro lado, la potestad revocatoria ha sido definida como la eliminación que hace la Administración de un acto suyo anterior, mediante otro de signo contrario; señalándose, además, que la revocación puede ser pronunciada por quien emitió el acto o por el superior jerárquico y por motivos de mérito o de legitimidad. El primero de los casos, se configura cuando la autoridad administrativa suprime un declara la invalidez de un acto administrativo por infracción de una regla de derecho (.)". (Vid. Sentencia de esta Sala N° 01585, del 16 de octubre de 2003 y N° 01816 del 19 de julio de 2006).

En este sentido, aplicando los criterios anteriores al presente caso se puede apreciar que si es posible que aquel acto administrativo que, en principio, ha creado derechos a particulares pueda ser revocado por la Administración, siempre que exista causal de nulidad absoluta que lo afecte, tal como ocurrió en el caso bajo análisis.

En el presente caso, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, fundamentó la autotutela revocatoria ejercida por medio del acto administrativo impugnado, en el numeral 3, artículo 19, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por considerar que el acto administrativo por el cual se otorgó al ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz el "Titulo de Primer Oficial de Navegación" N° C-3-1287, y al no consta en el expediente los documentos que sirvieron de base para la expedición del mismo, es decir, que haya realizado los cursos y cumplido con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 252 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas y en el Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978/1995 (STCW95), lo cual hace que el acto que lo otorgó sea nulo de nulidad absoluta por ilegalidad.

Siendo así, la revocatoria realizada por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) se realizó conforme a derecho, por cuanto revocó un acto administrativo que estaba afectado de nulidad absoluta desde su nacimiento, pues como fue afirmado anteriormente el Ente Nacional investido de autoridad para otorgar los Títulos de Marinas debe velar por que se dé cumplimiento a los estándares internacionales sobre el perfil académico y legal de los titulares y las competencias que debe observar la Gente de Mar, con el fin de incrementar los márgenes de seguridad en resguardo del medio ambiente marino, la vida humana y los bienes transportados por mar, dando así cumplimento al postulado de la Organización Marítima Interacional (OMI), toda vez que, los convenios internacionales ratificados o adheridos por la República Bolivariana de Venezuela, deben ser aplicados inmediatamente por el órgano que tenga atribuida tal competencia como ocurrió en el presente caso; requisitos éstos que son de obligatorio cumplimiento, y en consecuencia, la denuncia formulada en este sentido debe declararse sin lugar.

ⅢII DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 8 del Decreto N° 8.615 de fecha 22 de noviembre de 2011, mediante el cual se dictó el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, a los fines que la máxima autoridad de este Ministerio, ciudadano Ministro M/G HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA, decida el Recurso Jerárquico dentro del término de noventa (90) días hábiles siguientes a la recepción del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y estando dentro de la oportunidad legal para decidir el Recurso Jerárquico interpuesto por la Ciudadana VICTORIA NAVIA QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.735.552, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 40.454, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, titular de la Cédula de Identidad N° 11.764.055, el cual debe ser decidido en los noventa (90) días siguientes de su presentación, lapso el cual está comprendido desde el 14 de noviembre de 2013 hasta el 14 de febrero de 2014, RESUELVE:

PRIMERO: El recurso jerárquico interpuesto por la ciudadana Victoria Navia Quintero, actuando en su carácter de apoderada del ciudadano Jorge Isaías José Primera Díaz, es admisible.

SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el reCurSO jerárquico interpuesto por el ciudadano JORGE ISAÍAS JOSÉ PRIMERA DÍAZ, contra el acto administrativo contenido en el oficio S/N de fecha 06 de septiembre de 2013, suscrito por el VA. Víctor Manuel Araujo Martínez, Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), mediante el cual se le notifica al prenombrado ciudadano la nulidad del TITULO DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN" N° C-3-1287, por haber sido emitido dicho acto administrativo con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, conforme al ordinal 4° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TERCERO: En consecuencia se ORDENA al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), abrir un Procedimiento Administrativo al ciudadano JORGE ISAÍAS JOSÉ PRIMERA, en el que, garantizándole todos sus derechos, se determine la procedencia o no de la nulidad o revocatoria SegÚn sea el caso, del "TITULO DE PRIMER OFICIAL DE NAVEGACIÓN" N° C-3-1287, previa verificación de los requisitos exigidos

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en la Ley General de Marinas y Actividades Conexas y otras disposiciones egales aplicables, para la obtención del referido título.

CUARTO: Se ORDENA al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) que a través de la Oficina de Recursos Humanos de ese Instituto, proceda a notificar al recurrente ciudadano JORGE ISAÍAS JOSÉ PRIMERA DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.764.055, del contenido de la presente Resolución Administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos.

QUINTO: De considerar vulnerados sus derechos, podrá intentar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ante el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dentro de los tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación del presente acto, conforme a lo establecido enlos artículos 92 y 94 de la Ley del Estatuto de la /Función Pública en concurrencia con la Disposición Final de la Ley Orgárica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se hacen deseiemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Comániquese

. HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA Ministro

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Caracas, 06 FEBRERO 2014 Número: 000012 203° Y 154° RESOLUCIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N° 000012 de fecha 06 de Febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.351 de fecha 07 de Febrero de 2014, a través de la cual se designa al ciudadano JOSÉ MATIAS HERNÁNDEZ RUÍZ, titular de la Cédula de Identidad N° 10.111.457, por cuanto se incurrió en error material al señalar "...DESIGNO A PARTIR DEL 03-02-2014". Siendo lo correcto "..DESIGNO A PARTIR DEL 17-01-2014" y "..DIRECTOR DE LÍNEA ENCARGADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL.". Siendo IO COrrecto "... DIRECTOR DE LÍNEA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS adSCrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL...".

En consecuencia, reimprímase integramente el texto de la Resolución N° 000012 de fecha 06 de Febrero de 2014, subsanándose el error antes referido y manteniendo el mismo número y fecha.

Comuníquese y Publiquese Por el Ejecutivo Nacional, Yiguel1. Roshei MIGUELLEONARDO RODRIGUEZ Gaceta Oficial 40.231 de fecha 19/08/2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Número: 000012 Caracas, 06 FEBRERO 2014 203ºy 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 17-01-2014, al ciudadano J0sÉ MATIAS HERNÁNDEZ RUÍZ, titular. de la Cédula de Identidad N° 10.111.457, COmO DIRECTOR DE LÍNEA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS adSCritO a la DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL de este Organismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 26 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31-07-2008, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes a las atribuciones y actividades de esa Dirección.

Comuniquese y Publiquese Por el Ejecutivo Nacional, Yiguel1.Rooleis MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Decreto N° 338 de fecha 15/08/2013 Gaceta Oficial 40.231 de fecha 19/08/2013 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 17/02/2014 N° 013 203°y 154°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, de conformidad con lo establecido en el articulo 77, numerales 2. 12, 13,19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en los Articulos Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil "QUIMBIOTEC, C.A.": y los articulos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002 este Despacho, RESUELVE

PRIMERO. Designar a la ciudadana IMERIA VALENTINA ODREMÁN NUÑEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V.-10.794.878, como Presidenta de la Empresa del Estado "QUIMBIOTEC, C.A.". ente adscrito a este Ministerio.

SEGunDo. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por El Ejecutivo Nacional.

iemo variana Ministro del Poder Popular para Ciencia Techorogia rmoyción Decreto N° 02 de fecha 22 de bril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 2à abril de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. LOGÍSTICA CASA LOGICASA S.A.

DESPACHO DEL PRESIDENTE. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° O1/IS/ 2014. Vargas, 03 de febrero de 2014.

Quien susCribe LUIS RAFAEL MORENO MACHADO, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.447.023, actuando en carácter de Presidente de la Empresa LOGÍSTICA CASA LOGICASA S.A., adSCrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN, designado según Acta de Asamblea General

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Extraordinaria de Accionistas de fecha 04 de octubre de 2013, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en fecha 04 de octubre de 2013, bajo el N° 46 Tomo 67-A, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.267 de fecha 08 de octubre de 2013, y suficientemente autorizado para este acto por la Junta Directiva de la referida Empresa, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y de acuerdo con el Punto de Cuenta N° 01, Agenda N° JD/01, y Resolución Nº JD-2014-01 ambos de fecha 31 de enero de 2014 dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 1. Se constituye la COMISIÓN DE CONTRATACIONES de la Empresa LOGÍSTICA CASA LoGICASA S.A., de carácter permanente, que realizará los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios distintos a los profesionales y labpíales que se: lleven a cabo en la Empresa, integrada por los ciudadanos que se mencionan a continuación:

ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE JURÍDICA Frederick Jesús Sánchez Pedro Luis Rada Sequera Fernández V- 13.079.156 V-13.044.832 TÉCNICA Lucas Alfredo Velásquez Rodolfo Armando Ramirez Rodriguez Cabello V. 7.426.672 V. 6.860.217 Luis Alberto González Flores Wilma Noheml Hurtado FINANCIERA V- 15.582.389 V- 9.884.613 Las ausencias de los miembros principales serán cubiertas por el suplente que corresponda según el orden establecido en la anterior relación.

Artículo 2. Se Designa a la ciudadana Damaris Josmar Azocar Achique, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.380.170, como Secretaria Principal de la Comisión de Contrataciones; la cual tendrá derecho a voz pero no a voto.

Artículo 3. La Secretaria de la Comisión de Contrataciones tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Registro, control y elaboración de toda la correspondencia relacionada con las actividades de la Comisión de Contrataciones, así como las notificaciones relativas a los procesos de selección de contratistas.

Sustanciar, conformar y custodiar los expedientes de los procesos de 2.

selección de contratistas, que lleva a cabo la Comisión de Contrataciones.

3.

de selección de contratistas llevados a cabo por la Comisión.

Efectuar las convocatorias respectivas de las reuniones y de los actos de los 4.

procesos de selección de contratistas, que lleve a cabo la Comisión de Contrataciones y levantar las actas correspondientes.

Artículo 4. La Comisión de Contrataciones de la Empresa LoGÍsTICA CASA LoGICASA S.A., podrá requerir la participación de otras personas en las reuniones o actuaciones en que lo estime necesario, a los fines de los estudios o aclaratorias de tipo técnico, jurídico o administrativo.

Cuando el requerimiento recaiga sobre algún funcionario de la Empresa LoGísTICA CASA LoGICASA S.A., estará en la obligación de atender a la convocatoria.

En todo caso, las personas convocadas conforme el presente artículo asistirán a la correspondiente reunión o actuación de la Comisión de Contrataciones, con derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 5. La Comisión de Contrataciones de la Empresa LOGÍsTIcA CASA LOGICASA S.A., se constituirá válidamente con la presencia de sus tres (3) miembros.

Las decisiones de la Comisión de Contrataciones de la Empresa LoGÍsTIcA CASA LoGIcAsA S.A., deberán contar con el voto favorable de los tres (03) miembros, a los efectos de su validez y eficacia.

Artículo 6. La Comisión de Contrataciones de la Empresa LOGisTICA CASA LoGIcASA S.A., velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.503 de fecha 6 de septiembre de 2010 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009.

Artículo 7. Los Procesos de Selección de Contratistas que estén en curso para la fecha de entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa, seguirán su curso bajo la supervisión de la Comisión de Contrataciones designada mediante esta Providencia Administrativa.

Artículo 8. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese

Coronel (Ej.) Luis Rarkel Morero Machado Presidente de "Logística Casa Logicasa, S.A Designación sgn Artn de Asmbies General Extraordinaria de cha (04) de Octubre de (2013), debidamente inacria ante el Regiatro Mercancil de la Circunscriprión Judicial del estado Vargan, en fecha (04) de petubre de (2013). bajo el N° 46 Tomo 67-A. Gaceta oßcial 40.267 de feca (08) (c10) ap anqm33 ap

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESOLUCIÓN N° 0007 CARACAS, 17 DE FEBRERO DE 2014 DESPACHO DE LA MINISTRA AÑOS 203°, 154° y 15° La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indigenas, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, designada por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frias, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Decreto N° 9.221 de fecha 13 de octubre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.028 de fecha 15 de enero de 2012, y quien constituye el Gabinete Ejecutivo por disposición del Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Decreto Nro. 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el Articulo 4 del Decreto Presidencial N° 730, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.330, de fecha 9 de enero de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Se designa a la ciudadana YEISKA MANUELA ZURITA ROSAL, titular de la cédula de identidad N° V.- 16,044.161, como Directora General de Planificación Organización y Presupuesto, del Minjsterio del Poder Popular para los Pueblos Indigenas.

ARTicuLo 2. La ciudadana designada mediante la presente Resolución, tendrá las atribuciones inherentes a su cargo, y las demás que le delegue la Ministra o Ministro del Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente, así como enmarcar sus actuaciones en los principios y valores humanistas del socialismo, cuyo objetivo fundamental descansa sobre la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos, el Poder Popular y las instituciones de la República, contemplados en las Líneas Generales del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 del Proyecto Nacional "Simón Bolívar".

ARTícuLo 3. Los actos y documentos firmados con motivo del presente nombramiento, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma de la ciudadana designada, la fecha y número del presente acto y la fecha y numero de la Gaceta Oficial en que haya sido publicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTícuLo 4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionario designado deberá presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo.

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ARTícuLo 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional

Alona Josdlyn Nunez Gutierrez Ministra del PoderPopwar-para fos Puehles indigenas

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

Exp. N° AP61-D-2011

El tres (3) de marzo de 2010, la ciudadana Yris Armenia Peña Espinoza, en su condición de Inspectora General de Tribunales, mediante oficio N° 638-10 remitió a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración Judicial el expediente administrativo signado con el N° 60221, contentivo del acto conclusivo relacionado con la investigación seguida al ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, titular de la cédula de identidad N° V-2.796.192, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Pedro María Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

En fecha dieciséis (16) de abril de 2010, la Secretaría del extinto órgano administrativo disciplinario ordenó darle entrada al referido expediente proveniente de la Inspectoría General de Tribunales.

El día veintitrés (23) de abril de 2010, se admitió el acto conclusivo presentado por la Inspectoría General de Tribunales, y se fijó la audiencia ocho y treinta horas de la mañana (8:30 am), librándose por ende las notificaciones a las partes e intervinientes.

Siendo el dia veinte (20) de septiembre de 2010, la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial acordó diferir la audiencia oral y pública pautada para el día jueves treinta (30) de septiembre de 2010, a las ocho y treinta horas de la mañana (8:30 am), en virtud del escrito de petición de sanción presentado por la Fiscal del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Disciplinaria, fijándose como nueva oportunidad para la celebración de dicho acto el día jueves nueve (9) de diciembre de 2010.

El primero (1°) de diciembre de 2010, la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial acordó diferir la audiencia oral y pública pautada para el día jueves nueve (9) de diciembre de 2010 fijándose como nueva oportunidad para la celebración de dicho acto el día diez (10) de marzo de 2011, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 am).

de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, por el acto conclusivo presentado por la Inspectoría General de Tribunales en contra del ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, titular de la cédula de identidad N° V-2.796.192, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Pedro María Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, asignando el número de expediente AP61-D-2011-000046, de esta jurisdicción.

Siendo el dia veinte (20) de octubre de 2011, este Tribunal ' Disciplinario Judicial se abocó mediante auto al conocimiento de la presente Funcionamiento y Reestructuración Judicial, ordenándose notificar a las partes e intervinientes a los fines de que una vez constase en autos las notificaciones comenzaría a computarse el lapso para la reanudación de la presente causa.

En fecha trece (13) de diciembre de 2011, costo en autos la última de las notificaciones libradas.

En fecha seis (6) de marzo de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial, mediante auto ordenó citar al ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, a fin de que en el lapso de cinco (5) días de despacho y una vez transcurrido el término de la distancia fijado para el presente asunto en cuatro (4) días calendario, consignase su escrito de descargos; asimismo se ordenó la notificación de las partes a fin de informarles de lo acordado en dicho auto.

Al veintisiete (27) de marzo de 2012, costo en autos la citación debidamente firmada por el juez denunciado, siendo ésta la última de las boletas de notificación y citación libradas, por lo que comenzó a computarse el lapso para la interposición del escrito de descargos.

El diez (10) de abril de 2012, el juez denunciado presentó ante esta instancia disciplinaria judicial su escrito de descargos.

Siendo dos (2) de mayo de 2012, la Inspectoria General de Triburs a través de la Inspectora Delegada, consignó su escrito de promoción de pruebas, siendo reservado en esa misma fecha de conformidad a lo previsto en el articulo 110 del Código de Procedimiento Civil por remisión expresa del artículo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

El día tres (3) de mayo de 2012, fue agregado a los autos el escrito de General de Tribunales.

En fecha dieciséis (16) de enero de 2013, este Tribunal, admitió la promoción probatoria presentada por la Inspectora delegada, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, de conformidad con el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Al veintidós (22) de enero de 2013, este Tribunal, mediante auto ordenó librar las respectivas notificaciones del referido auto de admisión de pruebas, informando que una vez de la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas, comenzaría a computarse el lapso para la evacuación de las pruebas.

El cinco (5) de marzo de 2013 se fijó la audiencia oral y pública para el presente procedimiento disciplinario, para el día miércoles tres (3) de abril, a las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 pm), ordenándose librar las notificaciones a las partes intervinientes.

El día tres (3) de abril de 2013, tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual el juez RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, expuso sus alegatos y conclusiones, asimismo la Inspectoría General de Tribunales presentó la fundamentación respectiva de conformidad con la acusación formulada, por lo que después del desempeño de la audiencia este Tribunal Disciplinario Judicial adoptó la respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario.

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES Como ya se dijo, en fecha veinte (20) de octubre de 2011 se recibió, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos por la Inspectoria General de Tribunales en contra del ciudadano RAMÓN-- ANTONIO GUEVARA LOVERA, titular de la cédula de identidad N° V-2.796.192, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Pedro María Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, exponiendo en el respectivo acto conclusivo lo siguiente:

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Que el juez "(...) traspaso los límites racionales de su autoridad como Juez, en un claro desbordamiento en la aplicación de los correctivos o sanciones que le confiere la Ley, cuando en fecha 31 de marzo de 2006, impuso medida de arresto disciplinario a la ciudadana Norkis Zambrano, en su condición de Inspectora del Trabajo de los Municipios Freites, Anaco y otros del Estado Anzoátegui, sin haber seguido el procedimiento establecido en la sentencia N° 1212, de fecha 23 de junio de 2004, con carácter vinculante y dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (...)" Seguidamente, expuso que "(...) la Ley Orgánica del Poder Judicial, no establece un procedimiento especial para el ejercicio de la potestad disciplinaria que se le otorgó a los Jueces (sic) de la República, por lo que estos deberán observar el procedimiento dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, garantizando en todo momento, el respeto de las garantías constitucionales que asisten al presunto infractor. (...)" Concluyendo el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia su petición ante la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en la iniciación del procedimiento disciplinario en contra del juez denunciado bajo la causal establecida en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos denunciados.

Il COrSC DEL ESCRITO DE SOLICITUD DE SANCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LA EXTINTA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL En fecha veinte (20) de septiembre de 2010, la ciudadana ADRIANA SÁNCHEZ PARRA, en su condición de Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Disciplinaria Judicial, a través del escrito de solicitud de sanción indicó:

"(...)Revisadas las actuaciones antes descritas, esta Representación presente procedimiento disciplinario, lo constituye el decreto contentivo de la medida de arresto que dictara el Juez (sic) sometido a procedimiento disciplinario, en virtud de la conducta presuntamente irrespetuosa asumida por la ciudadana Norkis Zambrano, Inspectora del Trabajo Jefe, durante una Inspección Judicial que se llevo (sic) a cabo en la sede de la Inspectoria del Trabajo de los Municipios Freites, Anaco, Libertad, Aragua de Barcelona, Santa Ana y Mac Gregcr del estado (sic) Anzoátegui;

dictado por el referido Juez (sic), sin aplicar el previo proceso debido y sin tener competencia para ello de conformidad con el procedimiento que de manera vinculante estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión 1212 de fecha 23 de junio de 2004, verificándose, de tal modo, el abuso de autoridad o uso abusivo de la facultad que a ese respecto le otorga la ley. (...)" ...omissis...

"(...) Por otra parte, vale agregar, que el Ministerio Público no entra a efectuar consideraciones acerca de si el Juez (sic) sometido a procedimiento tenia o no razones para imponer la sanción, o si efectivamente la funcionaria de la Inspectoria del Trabajo del sancionado Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues cónsono con el deber que le impone la Constitución Nacional, en el numeral 2 del articulo 285, de garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso, lo que cuestiona, fue la manera arbitraria en que se impuso la sanción, sin ningún procedimiento previo y sin competencia para ello.

Aunado, tampoco produce efecto alguno el hecho que el Juez (sic) acordara disminuir el tiempo de la sanción que impuso y lo limitará a las horas que la funcionaria sancionada estuvo retenida por la Policia del Municipio Pedro Maria Freites del estado (sic) Anzoátegui, pues ello no podria constituirse en un atenuante del abuso cometido, ya que como antes firme, la falta se materializó al ordenar y ejecutar, como lo hizo, la medida disciplinaria de arresto.

(...)" ...omissis...

1 "(...) Con base en los fundamentos tanto de hecho como derecho precedentemente expuestos, solicito (sic) a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial proceda a sancionar al ciudadano Ramón Antonio Guevara Lovera, con ía destitución del cargo que ostenta como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Pedro Maria Freites de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Anzoátegui, por haber incurrido en falta disciplinana prevista en el numeral 7 del articulo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. (...)"

III ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL

Del escrito de descargos presentado por el juez denunciado RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, se desprenden los siguientes alegatos:

En primer lugar arguye que con relación a los hechos que se le imputan los mismos se derivan del oficio N° 5, dirigido al ciudadano JUAN RAFAEL PERDOMO, en su condición de Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, suscrito por el ciudadano RICARDO DORADO CANO MANUEL, el cual es contentivo de la denuncia interpuesta en su contra, y de la cual dice que homologa, controvierte y disiente tanto en los elementos de hecho como en los ce derecho que la referida denuncia contiene, puesto que a consideración del juez denunciado no existen méritos para concluir que haya cometido alguna irregularidad.

Asimismo indicó, que dicha denuncia omite en su narración la actitud de la ciudadana NORKIS EMILIA ZAMBRANO SÁNCHEZ, Inspectora del Trabajo Jefe, la cual le pidió desalojar su despacho de manera iracunda tal y como lo reconoce la referida ciudadana en el acta N°11 del expediente N° 60221, la cual incumplió con los fines del Estado frente a él como solicitante de la inspección, indicando que ambos son funcionarios al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, los cuales deben estar sometidos a la ley y al derecho, que habia un pedimento de carácter laboral, de sumo interés para el representante de los trabajadores.

Por otra parte alegó, que el decreto para la orden de arresto fue dictado previo análisis de los hechos acaecidos y de su deber para con la República, la justicia, el derecho y la ley.

Ante el hecho denunciado, sigue expresando el denunciado que rechaza tanto los hechos como el derecho, puesto que gran parte de los items que conforman la denuncia interpuesta en su contra, no corresponden con la verdad, y que la Ley Orgánica del Poder Judicial le faculta una potestad sancionatoria cuando se irrespete la majestad de los jueces en el ejercicio de sus funciones, y que dicho decreto fue una orden correctiva que goza de ejecutividad y ejecutoriedad, estando sujeto el referido acto a control jurisdiccional.

Respecto a la acusación de que recibió instrucciones del Juez Rector de la Circunscripción Judicial donde desempeña su cargo, en las cuales le ordena levantar el arresto, arguye que es falso y que ello está demostrado en autos.

Como consecuencia de los señalamientos antes expuestos, solicitó el juez denunciado que se desestimase la denuncia y por ende se decretar el sobreseimiento de la causa.

IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial, tal como lo establece su artículo 267:

"Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensor las Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria Judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pero creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales."(Resaltado propio del Tribunal Disciplinario Judicial)

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De conformidad con el articulo anterior, se escinden potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de Índole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias del poder judicial.

En este orden de ideas, el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece a quiénes esta jurisdicción puede aplicar su potestad disciplinaria judicial, cuyo tenor reza:

"Articulo 2. El presente Código se aplicará a todos los jueces y todas las juezas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se entenderá por juez o jueza todo aquel ciudadano o actuar en nombre de la República en ejercicio de la jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o provisoria.." (Resaltado propio del Tribunal Disciplinario Judicial) De conformidad con el articulo parcialmente transcrito, el ámbito de aplicación del señalado Código se extiende a cualquier juez de la República, por lo que la potestad disciplinaria envuelve a todos los jueces: tanto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la Carrera Judicial (concursos públicos de oposición), como también a los permanentes, temporales, ocasionales, accidentales o provisorios.

La competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, la encontramos expresada en el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

"Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, sor el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cua.es conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretaria corresponderte y los servicios de Alguacilazgo." (Resaltado propio del Tribunal Disciplinario Judicial) Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplina Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.

Ahora bien, el presente proceso disciplinario fue iniciado ante la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, por lo que el Tribunal Disciplinario Judicial se abocó al conocimiento del presente asunto y por ende teniendo la competencia de decidir lo debatido en el presente proceso disciplinario, tal y como lo establece la Disposición Transitoria Primera la cual señala:

"Primera. A partir de la entrada en vigencia del presente Código, y una vez constituido el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial cesará en el ejercicio de sus competencias y, en consecuencia, las causas que se encuentren en curso se paralizarán y serán remitidas al Tribunal Disciplinario Judicial.

Una vez constituido e instalado el Tribunal Disciplinario Judicial, éste procederá a notificar a las partes a los fines de la reanudación de los procesos. (...)" Siendo asi, queda claramente determinada la competencia de este procedimientos disciplinarios, a los jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Asi se decide.

V DE LA AUDIENCIA En fecha tres (3) de abril de 2013, siendo las dos y treinta minutos horas de la tarde (2:30 p.m.), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia del ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, en su condición de juez denunciado. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia de representante de la Inspectoría General de Tribunales y de la incomparecencia del Ministerio Público, aun cuando consta en el expediente su debida notificación.

Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que las partes formularon sus alegatos e hicieron uso de su derecho de réplica, contrarréplica y conclusiones.

Finalizada la exposición de las partes, se dio por concluido el debate, en consccuencia los jueces del Tribunal Disciplinario Judicial se retiran a deliberar con el objeto de dictar el pronunciamiento respectivo, abril de 2013, a la una post meridiem (1:00 PM) quedó pautada la VT3nZaN reconstitución de la audiencia a los fines de dictar el respectivo dispositivo.

El día nueve (9) de abril de 2013, se reconstituyó la audiencia, con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento decisorio, del cual se transcribe lo siguiente:

"(...)UNICO: Se AMONESTA al Ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, titular de la cédula de identidad N° V-2.796.192, por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 2 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, subsumible en el articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en la tramitación de la causa desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Pedro Marla Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui con sede en Cantaura...)" VI PUNTO PREVIO Por otra parte, respecto a la solicitud realizada por el juez denunciado, en virtud de que este Tribunal considere pertinente declarar la siete (7) años desde la comisión del ilícito disciplinario, este Tribunal Disciplinario Judicial debe hacer mención a lo previsto en el artículo 35 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual reza:

"Artículo 35. La acción disciplinaria prescribe a los cinco años contados a partir del día en que ocurrió el acto constitutivo de la CITLINAL falta disciplinaria, excepción de aquellas faltas vinculadas a delitos de lesa humanidad, traición a la patria, crimenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos, asi como la cosa investigación disciplinaria interrumpe la prescripción." La norma transcrita es clara al determinar el tiempo de vigencia para ejercer la acción disciplinaria, el cual es de cinco (5) años, contados a partir del momento en que ocurrió el hecho objeto de sanción disciplinaria, lo cual para el caso en particular este órgano disciplinario verifica que la acción disciplinaria fue ejercida por la Inspectoría General de Tribunales e iniciada la respectiva investigación por ese órgano administrativo en fecha seis (6) de abril de 2006, es decir, a solo días de haber ocurrido los hechos que ocasionaron el presente proceso disciplinario.

Cabe destacar que para el momento en que ocurrieron los hechos la norma aplicable para la prescripción de la acción disciplinaria era la del articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la cual establecía el lapso de tres años desde la comisión del hecho disciplinable para que dicha acción prescribiera, y que dicho lapso es interrumpido con el inicio del proceso disciplinario el cual es impulsado por el Estado a través del órgano competente, es decir, si el Estado a través de el órgano titular de la acción disciplinaria no ejerce dicha acción, se configura la prescripción, ello ha sido criterio establecido por este órgano disciplinario judicial, quien considera que la potestad de interrumpir la prescripción disciplinaria la ejerce el órgano investigador, tal y como lo señala el Tribunal Disciplinario Judicial

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en sentencia N° TDJ-SD-2012-138, de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2012 la cual señala:

"(...) Cabe señalar que la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura establecia el régimen de prescripción de la acción para mencionada lo siguiente:

"Articulo 53. Prescripción. La acción disciplinaria prescribirá a los tres años contados a partir en que se cometió el acto constitutivo de la falta. La iniciación del disciplinario interrumpe la prescripción.

La existencia de un proceso penal sobre hechos que tipifican disciplinario." Ahora bien, antes de analizar el caso que atañe, se hace pertinente establecer algunas consideraciones en relación a la prescripción como figura extintiva de la acción disciplinaria judicial. En tal sentido, -y haciendo uso del Derecho Penal- la prescripción de la Estado al derecho de castigar basada en razones de politica criminal aunadas por el transcurso del tiempo, que incide en que aquél considere extinguida la responsabilidad criminal, y por consiguiente, el delito y la pena. (Vid. NIETO, Alejandro. "Derecho Administrativo Sancionador". 4ta. Edición 2005. 2da. Reimpresión 2008. Editorial Tecnos Grupo Anaya S.A. Madrid, 2008. pp. 534, 535).

De igual uso del derecho sustantivo penal, se ha hecho valer la doctrina venezolana que desarrolla la prescripción en el derecho administrativo sancionador, al establecer que la prescripción implica extinción de la responsabilidad penal; lo cual determina el carácter el sustantivo de dicha institución, y no procesal como alguno doctrinarios pretenden (Vid. PEÑA SOLIS, José. "La Potestad Sancionatoria de la Administración Pública". Colección de Estudios Jurídicos. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas/Venezuela/2005.

pp. 246).

Ahora bien, de los señalamientos anteriores se desprende que la figura de la prescripción en el marco del derecho sancionador derecho el cual abarca tanto la rama del derecho penal, como el del derecho administrativo sancionatorio-, es una institución netamente sustantiva, en donde se establece un periodo determinado para que el Estado o los particulares, activen el órgano disciplinario a los fines de imponer una determinada sanción, ya bien sea penal, disciplinaria, tributaria, entre otras.

Tal figura de la prescripción, ha sido diferenciada de varias instituciones procesales, como lo es la perención, que como lo ha establecido muy detalladamente el Tribunal Constitucional español Martin del Burgo) en el que se señala: "(...) en el transcurso del tiempo entre un trámite y otro de un procedimiento administrativo, esto es, el hecho de su paralización durante cierto tiempo, lo que podria originar no es la prescripción de la infracción, mejor dicho, del derecho a la Administración a perseguirlo, sino la caducidad [rectius: perención] del expediente (..)". (Vid. PEÑA COLMENAREZ, Nélida. "El Régimen de la Responsabilidad Administrativa". Ediciones Liber. Caracas, 2010. pp. 259, 260).

Es por ello, que al analizar el procedimiento excepcional disciplinario judicial, que fue establecido por el Constituyente en el Régimen de Transición del Poder Público, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.859 del veintinueve (29) de noviembre de 1999, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.920 del veintiocho (28) de marzo de 2000, donde se crea la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial como órgano transitorio con potestad disciplinaria judicial, hasta tanto no se creara ésta Jurisdicción Disciplinaria Judicial; el mismo no puede versar sobre las normas que región a los procedimientos ordinarios de disciplina judicial que imperaban bajo el régimen de la Constitución de 1961; sino que éstas deben ser interpretadas amoldadas en base al espiritu y razón del Constituyente, es decir, con la importancia y relevancia constitucional que consideró al juez como administrador de justicia y núcleo fundamental del Estado democrático y social, de derecho y de justicia consagrado en el articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en concordancia con el articulo 267 del Texto Fundamental.

En consecuencia, la prescripción aludida por el articulo 53 de la preconstitucional-, establece con meridiana claridad, una carga al Estado de iniciar el procedimiento disciplinario antes de los tres (3) años después de acontecido el hecho, siendo que dicho inicio antes que haya transcurrido el lapso aludido, lo interrumpirá. Asimismo, se debe señalar que el inicio del procedimiento disciplinario se encontraba reglado en el articulo 40 eiusdem, que señalaba "(...) El Procedimiento se inicia de oficio por la Inspectoría de Tribunales o a solicitud del Ministerio Público. También podrá iniciarse por parte agraviada o de cualquiera de los órganos del Poder Público, el cual la transmitirá de acuerdo con lo previsto en esta Ley. El denunciante responde civil y penalmente por la falsedad de su denuncia."; en concordancia con el artículo 30 del Régimen de Transición del Poder Público, que establecía "(...) El Inspector General de Tribunales, a solicitud de la Comisión de Funcionamiento y , Reestructuración del Sistema Judicial o cuando considere que existen faltas disciplinarias que asl lo amerite, Iniciará el procedimiento disciplinario con la apertura del expediente y la citación al juez o funcionario judicial correspondiente para que consignen sus alegatos, defensas y pruebas, las cuales se agregarán al expediente dentro de los cinco días siquientes a su citación. (..)".

Por lo tanto, una vez iniciado el procedimiento disciplinario, es decir, ejercida la acción disciplinaria por parte del órgano investigador, el Estado cumplió con la carga que el legislador le estableció para que no prescribiera su acción para poder mediante un proceso determinado- establecer la presunta responsabilidad o no del juez investigado o jueza Y es que no se puede concebir, que el proceso disciplinario judicial dada la naturaleza e importancia con que le ha revestido la Carta Magna, quede supeditado a un lapso determinado, ya que tal situación generaría como consecuencia que algunos casos, aún cuando el Estado haya manifestado el interés de disciplinar la conducta del juez investigado o jueza investigada, ésta quedaría impune por el transcurrir del tiempo; a diferencia de la accióndisciplinaria que si depende de su ejercicio dentro de los lapsos establecido por el legislador. Sólo en los casos, en donde en el mismo procedimiento, se verifique la inactividad por un perlodo prolongado de las partes intervinientes, cabría la posibilidad no de que prescriba la acción, ya que como se ha señalado la misma ya fue ejercida, sino la perención del procedimiento en virtud de la pérdida del interés del Estado de sancionar; y, en cuyo caso, una vez declarada la perención del mismo, se comenzaría nuevamente a computar dicho lapso de prescripción que fue interrumpido al iniciar el proceso disciplinario.(...)"

Del texto anterior se desprende, claramente que una vez el Estado a través del órgano investigador realiza alguna acción tendente al inicio del proceso disciplinario el lapso de prescripción se ve interumpido, verificándose que para el caso presente el hecho que ocasionó el presente proceso disciplinario ocurrió en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2006, siendo iniciada la acción disciplinaria el día seis (6) de abril de 2006, por el inicio de la investigación realizada por la Inspectoría General de Tribunales, es decir, a solo dias de haberse cometido el hecho disciplinable, por lo que resulta forzoso para esta instancia disciplinaria judicial declarar que la acción disciplinaria fue ejercida oportunamente para interrumpir la prescripción y en consecuencia, no se encuentra prescrita la acción disciplinaria para el presente asunto. Así se declara.-

VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Con motivo de los elementos presentes en el expediente, entre los cuales se incluyen el acto conclusivo de la Inspectoría General de Tribunales, el escrito de solicitud interpuesto por la Fi$catia Sexagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Disciplinaria Judicial, ante la Extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, las actuaciones investigativas de la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial y los alegatos expuestos ante esta instancia disciplinaria judicial por el juez RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, así como los alegatos presentados en el acto de audiencia; este Tribunal Disciplinario Judicial, pasa a pronunciarse sobre la presunta falta incurrida, al decretar medida de arresto en contra de la ciudadana NORKIS EMILIA ZAMBRANO SÁNCHEZ, toda vez que el denunciado, desbordó la potestad que le confirió el artículo 91 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por no haber seguido el procedimiento que fue establecido en la sentencia N° 1.212 de 23 de junio de 2004; hecho disciplinable de conformidad con lo previsto en el numeral 2 dè artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

En primer lugar se evidencia que corre inserto del folio cincuenta y tres (53) al folio sesenta (60), ambos inclusive de la pieza N°1, dei presente expediente judicial, copia certificada del decreto llevado en el expediente N° 01-2006, objeto de la presente denuncia, mediante el cual impone la medida correctiva disciplinaria en contra de la Inspectora del Trabajo Jefe, ordenando el arresto por un lapso de tres días.

En orden seguido, se constata del folio sesenta y dos (62) de la pieza N° 1, copia certificada del escrito de solicitud de Inspección Judicial suscrito por el ciudadano JUAN CARLOS RAMÍREZ, titular de la cédula de

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identidad N° V-6.381.024, en su condición de Presidente del Sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera sus Derivados y Asociados del Estado Anzoátegui (SUNTRINPESTANZ), dirigido al Juzgado de Municipio Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, la cual consistía en verificar la fecha exacta en que la Inspectoría del Trabajo realizó las homologaciones correspondientes a los trabajadores de la planta Santa Rosa de las empresas Multi Servicios JIMOR C.A, SAGO MAQUINARIAS C.A, SUMBELL SURPLUS C.A, EYCA C.A, SAN FRANCISCO C.A, LOMORCA C.A, las cuales funcionaron como contratistas de P.D.V.S.A GAS ANACO.

Asimismo, se evidencia del folio sesenta y ocho (68) al sesenta y nueve (69) de la pieza uno (1) del presente expediente, copia certificada del acta levantada en fecha veintisiete (27) de marzo de 2006, mediante la cual el Juzgado del Municipio Pedro María Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, suspende el referido acto hasta el día veintiocho (28) de marzo de ese mismo año, en virtud del requerimiento de la Inspectora del Trabajo Jefe, en el que solicitó una prórroga para poder enseñar al Tribunal el libro diario y las actas que reposaren ante esa Inspectoría.

En este orden, se evidenció de los folios que corren insertos del setenta (70) al folio setenta y cinco (75). que en fecha veintiocho (28) de marzo del 2006, el acta levantada a los fines de iniciar la práctica de la inspección judicial por parte del Juzgado del Municipio Pedro María Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y mediante la cual la ciudadana NORKIS EMILIA ZAMBRANO SÁNCHEZ, manifestó su voluntad de oponerse a la continuación de dicho acto, enunciando una serie de consideraciones y expresando su negativa absoluta a la continuación de dicho acto.

Seguidamente, se observa del folio setenta y siete (77) al folio ochenta y uno (81), ambos que corren insertos en la pieza N°1 del presente expediente judicial, los oficios librados en fecha treinta y uno (31) de marzo decretado por el Juzgado a cargo del juez denunciado, los cuales fueron dirigidos al Comandante del Destacamento N°75 de la Guardia Nacional de San Tomé, del Municipio Freites del Estado Anzoátegui, al Comandante del Destacamento de la Policía del Estado Anzoátegui, puesto Cantaura, al Juez Rector de la Circunscripción del Estado Anzoátegui, al Ministro del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela y a la Fiscal Décimo Catorce del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Anaco.

Igualmente, se observa del folio noventa y uno (91) al folio noventa y dos (92). ambos que corren insertos en la pieza N°1 del presente expediente judicial, auto dictado por el juez denunciado, en virtud del desacato por parte de la Inspectora del Trabajo Jefe, ordenando la libertad de la funcionaria antes indicada, ordenando librar los respectivos oficios.

En este sentido y a los fines de desvirtuar la comisión del ilícito disciplinario previsto en la causal del numeral 2 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el juez investigado alegó que lo que originó el decreto fue el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria que le es conferida a los jueces a través de los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y para lo cual no hay un criterio establecido acerca del procedimiento a seguir en tal caso, que la medida disciplinaria de arresto no se llevó acabo puesto que se dejó sin efecto la misma y que ya han transcurrido siete años desde el momento en que ocurrieron los hechos.

Ahora bien, correspondiendo a este Tribunal evaluar el proceder del juez denunciado en la presente causa, es menester destacar el contenido de la normativa adjetiva aplicada en la referida causa; desprendiéndose del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sanciones que los oficina, tal como reza la transcripción de su contenido:

"Artículo 93. Los jueces sancionarán con multas que no excedan del equivalente en bolivares a tres unidades tributarias (U.T.), o de ocho dias de arresto, a quienes irrespetaren a los funcionarios o empleados judiciales; o a las partes que ante ellos actúen; y sancionarán también a quienes perturbaren el orden de la oficina durante su trabajo.

Así mismo, del artículo 94 ejusdem argumentado por el juez denunciado se desprende las sanciones que se impondrán a los abogados que intervinieren en los procesos judiciales, así como la potestad jurisdiccional del juez a la hora de ejercer la potestad disciplinaria, tal y como se evidencia en la transcripción del texto normativo el cual señala:

"Artículo 94. Los tribunales podrán sancionar con multa del equivalente en bolivares a cuatro unidades tributarias (U.T.), o con arresto hasta por ocho dias, a los abogados que intervienen en las causas de que aquellos conocen:

1) Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales;

2) Cuando en la defensa de sus clientes ofendieren de manera grave o injustificada a las personas que tengan interés o parte en el juicio, o que intervengan en él por llamado de la justicia o a los otros colegas. Todos estos hechos quedan sometidos a la apreciación del juez, quien decidirá discrecionalmente si proceden o no las medidas indicadas; pero los sancionados tendrán el derecho de pedir la reconsideración de la medida si explicar en sus palabras o su intención, a fin de satisfacer al tribunal. En caso de falta cometida por escrito, el juez ordenará testar las especies ofensivas, de manera que no puedan leerse.

De las normas antes transcritas se evidencia que si bien facultan al juez para sancionar a todos aquellos funcionarios o empleados judiciales así como a las partes que ante ellos actúen incluyendo a quienes perturbaren el orden de la oficina durante su trabajo, no prevén el procedimiento a seguir para la imposición de dichas sanciones, por lo que dicho vado legal fue subsanado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual instauró de manera vinculante para todos los Tribunales de la República el procedimiento a seguir para la imposición de las referidas medidas disciplinarias, mediante sentencia N°1.212, de fecha veintitrés (23) de julio de 2004 (Vid. Caso: Carlo Palli), la cual señala:

(...) La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los jueces apoderados judiciales y los empleados judiciales, cuando faltaren el respeto y el orden debidos dentro del recinto de su Tribunai, potestad que la Ley define en su articulo 91 y que desarrolla, según la distinción de los sujetos pasivos de la sanción disciplinaria, en sus articulos 92, 93, 94, 98 y 99 de la manera siguiente.

...Omissis...

Tal potestad disciplinaria está comprendida dentro de los poderes generales del juez, aun cuando no tiene naturaleza estrictamente jurisdiccional, y de alli que la doctrina procesalista, la cual comparte esta Sala, la entienda como un poder procesal, inherente a la condición del Juez en tanto director del proceso (vid. RENGEL- ROMBERG, AR/STIDES, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo I, Editorial Arte, Caracas, 1992, pp. 277-294).

poder procesal que se ejerce mediante actos cuya naturaleza juridica analizó ya esta Sala en anteriores oportunidades, en las que señaló que se trata de actos administrativos de efectos particulares. En concreto, en sentencia de 23-01-02 (caso Mimna Mas y Rubi Spósito), la cual reitera el criterio de decisiones anteriores (ss.S.C. de 10-5-01, caso José Ángel Rodriguez y de 3-10-01, caso Eduardo José Ugarte H.), señaló lo siguiente:

En este sentido observa la Sala que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en considerar que las sanciones correctivas y disciplinarias decretadas por los jueces, en ejercicio de la potestad disciplinaria de la cual están investidos, son actos administrativos de efectos particulares, toda vez que el tribunal no actúa en la función jurisdiccional gue originariamente le ha sido atribuida, sino en una función administrativa, por lo cual, dichas decisiones son recurribles por la vía del contencioso administrativo ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Tal potestad deviene del hecho de que los distintos poderes del Estado pueden dictar actos que rebasan o escapan de su función natural, verbigracia, la facultad del Poder del Ejecutivo de reglamentar leyes, o en el caso especifico del Poder Judicial, la facultad del Juez (sic) de imponer multas, o destituir funcionarios, los cuales constituyen actos distintos a su función, cual es la de emitir actos o decisiones judiciales.

Ahora bien, la exclusión formal de la potestad disciplinaria respecto del ius puniendi del Estado no implica, en modo alguno, que no le sean aplicables los principios fundamentales que informan el ejercicio del poder punitivo estatal, pues, en definitiva, la imposición de un castigo disciplinario repercute en detrimento de la esfera jurídica del particular, tanto como una sanción penal o una sanción administrativa -máxime

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cuando, como en el caso de la potestad disciplinaria judicial, la sanción puede afectar la libertad personal- y, por ende, mal podria discriminarse el respeto de garantías y derechos reconocibles cuando se impongan determinadas sanciones.

Tales consideraciones son, además, exigibles según el Texto expreso de la Constitución de 1999, cuyo articulo 49 dispone que el derecho al debido proceso y todos sus atributos se aplicará a todas las actuaciones administrativas y judiciales' sin distinción. Por tanto, el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los jueces con fundamento en las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe forzosamente garantizar el derecho fundamental al debido proceso y, por ello también, entre otros, a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oido, al juez natural, a la legalidad de la pena y al non bis in idem en los términos en que los establece el articulo 49 del Texto Fundamental.

No obstante, el análisis de las normas legales que otorgan al juez la potestad disciplinaria, que antes fueron transcritas, revela la ausencia de un procedimiento especial a seguir para el ejercicio de las mismas. Tal cuestión fue ya objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala, concretamente mediante la sentencia de 23-01-02 que anteriormente se citó, en la cual se sostuvo la falta de necesidad del procedimiento previo al ejercicio de la potestad disciplinaria judicial, con consideración de la verificación de flagrancia del imputado en estos casos. Ahora bien, de conformidad con el Texto Constitucional (articulo 44, cardinal 1) la flagrancia lo que puede relajar es el principio de prohibición de detenciones preventivas sin orden judicial previa, por lo que la Sala expresa ahora que, ante la imposibilidad de una interpretación in extenso de sostener que la flagrancia relaja el principio del procedimiento previo a la imposición de sanciones definitivas, como lo son el arresto y la multa en el caso del ejercicio de la potestad disciplinaria judicial, debe revisar su doctrina.

De alli que un nuevo análisis del punto, a la luz del Texto Constitucional, lleva a la Sala a la reformulación de su posición ante la conveniencia y necesidad del previo procedimiento frente a la aplicación de dichas sanciones disciplinarias, y por cuanto los articulos 91 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial no normaron expresamente el procedimiento disciplinario a seguir, debe la Sala, en cumplimiento con su deber de velar por la uniforme interpretación y cumplimiento de la Constitución (articulo 335 constitucional), propender a la aplicación de dichas normas legales a la luz del articulo 49 del Texto Fundamental. Por tanto, y de conformidad con la potestad que le otorga el articulo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, han de analizarse las pautas procedimentales a seguir para el ejercicio de la potestad Judicial.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en tales casos, el supuesto infractor de conformidad con dichas normas, tiene derecho a que se le oiga para que se defienda, lo que involucra que se le notifique, aunque de inmediato, el procedimiento que se l9 seguirá; a disponer del tiempo, asi sea breve, para su defensa y para el alegato, en su favor, de las pruebas que considere pertinentes, con salvaguarda, en todo momento, del derecho a la presunción de inocencia.

En ausencia de un procedimiento sancionador administrativo tipo en nuestro ordenamiento jurídico, considera la Sala que puede aplicarse en estos casos, mutatis mutandi, el procedimiento que dispone el artículo 607. Título II. Libro Tercero, del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, cuando un juez de la República considere que se verifica alguno de los supuestos de hecho expresamente tipificados en los articulos 91 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del irrespeto u ofensa que algún particular, parte en juicio o abogado profiriere respecto de su persona, respecto del resto de los funcionarios del tribunal o bien de la contraparte en juicio, en contravención del orden público tribunalicio, podrá ejercer la potestad disciplinaria que dichas normas le otorgan, previa audiencia del supuesto transgresor, a través del procedimiento que establece el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.- En estos casos, al momento de la ocurrencia de la supuesta infracción, el Tribunal pondrá a derecho al sujeto, por escrito, para que esté en conocimiento de los hechos que se le imputan; le informará, en esa oportunidad, que al día siguiente podrá plantear alegatos en su favor, promover las testimoniales y, en general, las pruebas que considere pertinentes; luego de ello, la incidencia se tramitará según preceptúa el articulo 607 en relación con el lapso para la resolución de la misma, por lo que el juez deberá resolver a más tardar dentro del tercer día, a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho dias sin término de distancia. El juez podrá tomar, aún de oficio, las medidas cautelares que estime indispensables para asegurar la tramitación y las resultas del procedimiento sancionador, como, entre otras, la detención preventiva para el caso de flagrancia, que sería, por ejemplo, el supuesto del agresor verbal o fisico del juez o funcionario judicial en estrados, durante una audiencia oral o una entrevista.

La decisión del procedimiento disciplinario corresponde, según la Ley, al propio juez, quien ha de seguir las pautas que le indican el articulo 94 eiusdem y decidirá con fundamento en el arbitrio que le otorga su sana crítica si proceden o no las medidas indicadas, esto es, si procede la imposición de alguna de las sanciones disciplinarias tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a saber, arresto o multa -y, además, suspensión y destitución en el caso de los funcionarios judiciales-.

Ahora bien, en una nueva interpretación de la norma a la luz del Texto Constitucional, el cual reconoce el principio de objetividad del órgano decisor y derecho a ser juzgado por un juez imparcial (articulo 49, cardinales 2 y 3), la competencia para la imposición de la medida disciplinaria corresponderá al juez del Tribunal en el cuai ocurriere la falta, cuando el ofendido sea la contraparte, terceros o apoderados en juicio, o bien cuando sea cualquier funcionario judicial distinto al propio juez, pues, en caso de que él mismo sea 9l ofendido, la decisión corresponderá a otro juez de igual jerarquía, siguiendo las reglas procesales de la inhibición. Ya, en anterior oportunidad, la Sala advirtió la necesidad de salvaguarda del principio de objetividad cuando se ejerce la potestad disciplinaria judicial (s.SC de 25-3-03, caso Wiliam Albrey Mora) y, agrega en esta oportunidad, que dicha garantia debe operar no sólo en via de recurso, esto es, para la impugnación de la sanción disciplinaria, sino incluso al momento cuando se dicte la propia decisión sancionatoria.

Por último, huelga señalar que quien se vea afectado por ía decisión disciplinaria podrá ejercer su derecho a acudir a las vías jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento juridico para el planteamiento de la contrariedad a derecho de dicha sanción, a través del recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos, o bien para la denuncia de violación de sus derechos y garantías constitucionales a través del amparo constitucional, en los términos en que, de ordinario, éstos son admisibles y, en ambos casos, con seguimiento de las reglas procesales de competencia; vias jurisdiccionales que no german, claro está, la posibilidad de que potestativamente se solicite al órgano que dictó la medida, la reconsideración de la misma, tal como expresamente lo permite el articulo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asi se decide.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para todos los tribunales de la República:

1. El ejercicio de la potestad disciplinaria que a los jueces otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe forzosamente garantizar, entre otros, los derechos fundamenta las al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oído, al juez natural, a la legalidad de la pena y al non bis in idem, en los términos en que los establece el artículo 49 del Texto Fundamental.

2. En ausencia de un procedimiento especial que prevea la norma legal, el ejercicio de la potestad disciplinaria de los jueces se tramitará de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 607, Título II, Libro Tercero, del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia:

(i) Al momento de la ocurrencia de la supuesta infracción, el Tribunal pondrá a derecho al sujeto, por escrito, para que esté en conocimiento de los hechos que se le imputan y de la oportunidad que tiene para el ejercicio de las defensas que considere pertinentes. De esa manera se entenderá notificado del inicio del procedimiento disciplinario.

(ii) Se otorgará al supuesto infractor la oportunidad de plantear alegatos en su favor, promover las testimoniales y, en general, las pruebas que considere pertinentes, defensas que deberá ejercer al día siguiente de dicha notificación.

(iii) Se haga o no uso de la oportunidad de defensa que se otorgó al supuesto infractor, el Juez competente para la imposición de la sanción resolverá a más tardar dentro del tercer día, a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días, sin término de la distancia.

_3. La competencia para la decisión del procedimiento disciplinario corresponde al juez del Tribunal en el cual ocurriere la falta, cuando el ofendido sea la contraparte, terceros o apoderados en juicio, o bien cuando sea cualquier funcionario judicial distinto al propio juez; en caso de que él mismo sea el ofendido, la decisión corresponderá a otro luez de iqual jerarquía, siguiendo las reglas procesales de la inhibición.

4. El juez competente deberá decidir con fundamento en los supuestos y pautas que le indican el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y determinará si procede la imposición de alguna de las sanciones disciplinarias expresamente tipificadas en dicha Ley. El juez podrá tomar, aún de oficio, las medidas cautelares que estime indispensables para asegurar la tramitación y las resultas del procedimiento sancionador, como, entre otras, la detención preventiva para el caso de flagrancia.

5. Quien se vea afectado por la decisión disciplinaria podrá acudir a las vías jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento jurídico para el planteamiento de la contrariedad a derecho de dicha sanción, a través del recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos, o bien a través del

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amparo constitucional, en los términos en que, de ordinario, éstos son admisibles y según las respectivas reglas procesales de competencia. Asimismo, tendrá la posibilidad de solicitar la reconsideración de la decisión sancionadora, ante la misma autoridad que dictó la medida, tal como lo prevé el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconsideración que será siempre de carácter potestativo...)" (Subrayado y resaltado propio del Tribunal Disciplinario Judicial) De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende el análisis concordado de los artículos 91, 92, 93, 94, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales establecen lo correspondiente al despliegue del especial para el ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley confiere a los jueces en el desempeño de sus funciones, siendo a partir de dicho fallo que se estableció como procedimiento para estos correctivos el dispuesto en el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, ello en atención a la garantía todas las actuaciones judiciales y administrativas que emanen de los organismos del Estado.

En este orden de ideas, respecto a las circunstancias que motivaron al juez denunciado para ejercer la potestad disciplinaria en contra de la funcionaria adscrita a la Inspectoria del Trabajo, este Tribunal no pasa a considerar si fue correcta o no la actuación desplegada por dicha funcionaria puesto que ello es parte de la independencia y autonomía del juez a la hora de considerar disciplinable o no dicha conducta, es decir, es de potestad jurisdiccional, mas sin embargo, sí resulta pertinente para este Tribunal verificar que el juez aplique de manera correcta las facultades que las leyes y la Constitución le confieren, velando porque se apliquen los procedimientos necesarios y correspondientes de acuerdo al caso en concreto, ello en virtud de la correcta administración de justicia, evitando posibles violaciones a los derechos de los particulares a causa del abuso de autoridad y de poder en los que pudiesen incurrir los jueces y juezas de la República en el ejercicio de sus funciones.

En razón a lo antes expuesto, este Tribunal resulta conteste con lo planteado por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto al procedimiento que deben seguir los jueces y juezas a la hora de ejercer la potestad disciplinaria, atendiendo y garantizando el derecho a la defensa, consideraciones que no fueron atendidas en el proceder del juez RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, al dictar el decreto de arresto disciplinario en contra de la Inspectora del Trabajo Jefe, mediante el cual el referido juzgado, fundamentados en los articulos 136, 51, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dictó el decreto in comento por desacato e irrespeto a la majestad del Poder Judicial, acordando la imposición de la sanción disciplinaria prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, omitiendo declara.- Respecto a lo alegado por la parte denunciada, al sostener que dicha medida no fue ejecutada siendo suspendido el arresto el mismo día de su ejecución, esta instancia disciplinaria judicial considera que, si bien es cierto se dejó sin efecto la ejecución de la sanción disciplinaria, no es mênos LISCIPL cierto que el juez denunciado en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2006, dictó el decreto que ordena el arresto, por lo que como punto inicial es menester comenzar el análisis de lo alegado por la parte denunciada a partir del momento en que manifestó su voluntad de sancionar a la ciudadana NORKIS EMILIA ZAMBRANO SÁNCHEZ, ello comenzando a enunciar a graso modo el concepto de decisión según la Real Academia Española la cual señala que:

"Decisión. (Del lat. decisio, -Önis). Es la determinación, resoluciór.

que se toma o se da en una cosa dudosa." Ahora bien, según la definición transcrita supra, si se concibe el poder fijar o aclarar los elementos de una situación es necesario realizar un proceso cognitivo, por lo que podríamos decir que la decisión es el resultado del proceso cognoscitivo que un individuo atraviesa y el cual se ve materializado con la manifestación de voluntad que éste ejecute realizando una acción específica; casos como el presente, se observa una clara manifestación de voluntad por parte del juez denunciado al haber dictado el decreto de la medida correctiva, pues aun cuando fue dejada sin efecto dicha aprehensión, su determinación se ve exteriorizada a través del decreto, más allá de haber suspendido dicha acción, puesto que el interrumpir su que la manifestación de voluntad se vio materializada a través de lo ordenado en el decreto, es decir, la transgresión del derecho a la defensa y el debido proceso que tanto señaló la sentencia de la Sala Constitucional se vio afectada desde el momento en que fue ordenada la imposición de dicha medida correctiva a la funcionaria de la Inspectoría del Trabajo.

Siendo asi las cosas, este Tribunal Disciplinario pasa a analizar la causal por la cual es sancionado el ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, prevista en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial la cual fue subsumida a la causal prevista en el numeral 2 del artículo 31 Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, la cual señala:

"Causales de amonestación escrita Articulo 31. Son causales de amonestación escrita al juez o la jueza:

1. Ofender a sus superiores o a sus iguales o subalternos, en el ejercicio de sus funciones por escrito o vías de hecho.

2. Falta de consideración y respeto a auxiliares, empleados o empleadas, bajo su supervisión o a quienes comparezcan al estrado. (...)". (Resaltado de este órgano disciplinario judicial) Para poder exponer los argumentos que usó este Tribunal para subsumir la conducta del juez denunciado en la causal antes descrita, es que conforman lo expresado en el numeral 2 del artículo 31 del Código in comento, partiendo por lo que considera la Academia de la Lengua respecto al significado de la palabra "consideración", señalando lo siguiente:

"Considerar. (Del lat. consideräre).

1. tr. Pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado.

2. tr. Tratar a alguien con urbanidad o respeto.

3. tr. Juzgar, estimar. U. t. c. prnl." (Resaltado de este Tribunal) Ahora bien, podemos ver que de la definición antes transcrita, bajo el cuidado y atención que merezcan, si no también significa 'juzgar', por lo que es de igual importancia verificar lo que significa esta palabra juzgar, para la Academia de la Lengua Española, la cual señala:

"Juzgar. (Del lat. iudicäre).

1. tr. Dicho de la persona que tiene autoridad para ello:

Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien, o de la razón que le asiste en un asunto, y sentenciar lo procedente.

(Resaltado de este Tribunal) 2. tr. Formar opinión sobre algo o alguien.

3. tr. Fil. Afirmar, previa la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas."

En este sentido, tal y como se desprende del texto antes transcrito juzgar significa deliberar acerca de la culpabilidad de alguien, por lo que es menester como último punto en el breve análisis a lo dispuesto en la referida causal, enunciar el significado de deliberar según el máximo interprete del idioma castellano el cual dice:

" Deliberar'. (Del lat. deliberäre).

1. intr. Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptar la, y la razón o sin razón de los votos antes de emitir los. (Resaltado de este Tribunal) 2. tr. Resolver algo con premeditación."

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Como puede apreciarse de los conceptos antes enunciados, se desprende la intima relación que existe entre un significado y otro, configurándose que deliberar y considerar forman un mismo contexto en lo realizar una acción de manera concluyente, pues de ejecutar una decisión —deliberación— sin la previa consideración de los pro y contras que podría traer consigo dicha determinación entonces podría hablarse de la simple ejecución de un acto de manera instintiva, sin el previo proceso epistémico que amerita toda acción humana, trayendo como consecuencia una acción desconsiderada e irresponsable por parte del individuo que la ejecuta.

En este orden de ideas, cabe acotar que toda deliberación jurídica en cada uno de los procesos que estén bajo la responsabilidad de los administradores de justicia, ello en virtud del principio de idoneidad y excelencia que reviste la función jurisdiccional y por ende que debe poseer toda persona que ostenta el cargo de juez.

En este sentido, este Tribunal Disciplinario Judicial considera como parte fundamental en el ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley le confiere a los jueces y juezas de la República, la realización de un profundo casos como el presente, existia un procedimiento establecido mediante criterio vinculante por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, omitiendo el juez denunciado, el procedimiento especial establecido para los casos en que se aplicarán las medidas correctivas a los funcionarios, empleados o todos aquellos que obstruyeren el ejercicio de sus CPL funciones.

Siendo asi las cosas, verificada la normativa antes expuesta, el criterio del máximo tribunal, el análisis de la causal a la cual se subsume la falta disciplinaria cometida por el juez denunciado y las actuaciones que constan en el presente expediente disciplinario judicial, este Tribunal Disciplinario Judicial observa que el ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA. en su condición de juez del Juzgado del Municipio Pedro María Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuó de manera descuidada al no considerar la violación del derecho a la defensa y las garantías constitucionales que la norma supra reza, omitiendo el procedimiento especial que la Sala Constitucional establecepara aplicación de la potestad disciplinaria por parte de los tribunales de la República, decretando de manera desconsiderada la medida de arresto disciplinario por el lapso de tres (3) días en contra de la ciudadana NORKIs EMILIA ZAMBRANO SÁNCHEZ, en su condición de Inspectora del Trabajo Jefe, en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2006.

Por lo antes expuesto, esta instancia judicial estima que el juez RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, se encuentra incurso en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 2 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.- VIII DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del ciudadano HERNÁN PACHECo ALVIÁREZ, aprobada de manera unánime, decide lo siguiente:

ÚNICO: Se declara la RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL al ciudadano RAMÓN ANTONIO GUEVARA LOVERA, titular de la cédula de identidad N° V-2.796.192, por sus actuaciones realizadas durante su desempeño como Juez Temporal del Juzgado del Municipio Pedro Maria Freites de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por la comisión del ilícito disciplinario previsto en el numeral 2 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. NotifiqueseC a las partes intervinientes y librese los oficios respectivos.

Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remítase copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Registro de Información Disciplinaria, a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de Ja_Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los DiciNuey (19) areg de Novimbre del ano dos mil trece (2013). Años 203° dea Independercia 154 de la Federación.

HERNAN PACHECO ALVIAREZ Juezgrasidente Ponente

JAGRUELINE SOSA MARINO CARLOS MEDINA ROJAS an Jueza

RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria 2 se publicó y registró la anterior decisión bajo el N°D-5D- 2013-8 AZUE Secretaria *

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

Exp. N° AP61-D-2011-000235 En fecha seis (6) de octubre de 2011, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, recibió escrito de denuncia suscrito por el ciudadano VÍCTOR ARTURO PRIM GIRÓN, titular de la cédula de identidad N° V-11.168.287, en contra de la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, titular de la cédula de identidad N° V-5.536.904, en su condición de Jueza Rectora y Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, asignando el número de expediente AP61-D-2011-000235, de esta jurisdicción.

Por auto separado de la misma fecha, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial recibió el expediente signado con la nomenclatura AP61-D-2011-000235 y en fecha nueve (9) de noviembre de 2011, elaboró el informe de remisión al Tribunal Disciplinario Judicial de conformidad con el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por considerar que estaban dados los supuestos exigidos en el artículo 54 ejusdem.

En fecha quince (15) de noviembre de 2011, la Oficina de Sustanciación remitió el referido informe, designándose ponente a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño, según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, para el decisión.

En fecha veintidós (22) de noviembre de 2011, este Tribunal Disciplinario del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, admitió cuanto ha lugar en derecho la denuncia y, posteriormente en fecha diez (10) de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 ejusdem, ordenó remitir las actuaciones a la Oficina de Sustanciación a los fines de iniciar las investigaciones correspondientes.

En fecha dieciséis (16) de febrero de 2012, la Oficina de Sustanciación acordó proseguir con la investigación recabando los elementos indiciarios relacionados

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con los hechos denunciados y elaborar el informe sobre la procedencia o no para abrir el procedimiento disciplinario correspondiente, dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles conforme a lo previsto en el Manual de Procedimientos de la Oficina de Sustanciación publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797. de fecha diez (10) de noviembre de 2011.

Por auto separado de la misma fecha, la Oficina de Sustanciación solicitó con carácter de urgencia a la Directora Administrativa Regional del Estado Miranda (DAR), Licenciada Ayesa Flores, copias certificadas del expediente administrativo del ciudadano Victor Arturo Prim Girón, quién ocupó el cargo de Coordinador del Archivo Central y Archivo Sede de ese Circuito.

En fecha once (11) de abril de 2012, la Oficina de Sustanciación emitió informe en el que concluyó que no existen elementos indiciarios para considerar que la conducta desplegada por la ciudadana Marina Ojeda Briceño, cuando se desempeñaba como Jueza Rectora y Presidenta del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, se subsuma como falta disciplinaria conforme al Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, acordando remitir el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial.

En fecha diecisiete (17) de abril de 2012, se le dio ingreso al expediente proveniente de la Oficina de Sustanciación, designándose ponente a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño, según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, para el conocimiento del presente asunto.

En fecha dos (2) de mayo de 2012, este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó citar a la Jueza Marina Ojeda Briceño para que a partir que conste en autos la práctica de la citación y transcurrido el término de la distancia, comparezca en un lapso de cinco (5) días de despacho a fin de que consigne su escrito de descargo por presuntamente haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 32, numeral 7 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actuación que de comprobarse eventualmente daría lugar a la sanción disciplinaria de suspensión.

En fecha siete (7) de junio de 2012, la ciudadana Marina Ojeda Bričeño, estando dentro del lapso previsto en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, presentó el escrito de descargos, constante de seis (6) folios útiles.

En fecha trece (13) de junio de 2012, la ciudadana Marina Ojeda Briceño, presentó escrito de promoción de pruebas constante de cuatro (4) folios útiles.

En fecha veinte (20) de junio de 2012, el ciudadano Víctor Arturo Prim Girón, presentó escrito de promoción de pruebas constante de cinco (5) folios útiles y anexos constantes de treinta y siete (37) folios útiles.

En fecha cuatro (4) de julio de 2012, el Tribunal Disciplinario Judicial admitió las pruebas promovidas tanto por la Jueza denunciada como por el denunciante en la presente causa disciplinaria.

En fecha doce (12) de julio de 2012, la ciudadana Marina Ojeda Briceño, consignó tanto escrito de impugnación ante las pruebas promovidas por el denunciante, asi como escrito de oposición a las pruebas admitidas por este Tribunal Disciplinario Judicial.

En esta misma fecha, se celebró audiencia de evacuación de testigos, acto al que compareció la Jueza denunciada y su respectiva testigo promovida previamente, y se verificó la incomparecencia tanto del denunciante como de la testigo promovida por su persona en su oportunidad.

Posteriormente, en fecha veinte (20) de septiembre de 2012, se celebró audiencia de evacuación de testigos en virtud de la citación solicitada a este Tribunal por parte del denunciante, acto que fue declarado desierto en razón de la incomparecencia de todas las partes intervinientes en el presente proceso.

En fecha veintiséis (26) de septiembre de 2012, esta instancia judicial acordó fijar la audiencia oral y pública en la causa seguida a la ciudadana Marina Ojeda Briceño, para el dia jueves veintidós (22) de noviembre de 2012, a las dos horas de la tarde (2:00 p.m.).

En fecha veintidós (22) de noviembre de 2012, siendo la oportunidad pautaga para la celebración de la audiencia, el ciudadano Víctor Arturo Prim Girón ratificó su denuncia, la Jueza Marina Ojeda Briceño expuso sus alegatos, se deliberó y adoptó la respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 ejusdem, y al respecto se observa:

| DE LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE ESTE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

surgen con motivo de la denuncia incoada por el ciudadano Victor Arturo Prim Girón, quien se desempeñaba como Archivista Jefe del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy, contra la ciudadana Marina Ojeda Judicial Penal del Estado Miranda. En tal sentido, se transcribe a continuación un extracto de la referida denuncia:

"Ingrese (sic) al Poder Judicial en fecha 05 de Agosto de 1999 prestando desde esa misma fecha, mis servicios como Archivista Jefe adscrito al Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Valles del Tuy.

Remueven y Retiran del cargo de Archivista Jefe (Coordinador del Archivo Central y Archivo Sede) adscrito al Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Valles del Tuy, siendo que para el momento de la emisión de dicho acto me encontraba protegido por la figura del Fuero Paternal, en ocasión del nacimiento de mi menor hijo SEBASTIAN GABRIEL PRIM ROJAS, quien para el momento contaba con cuatro (4) meses de edad (anexos marcados "B". "C". "D", "E", "F", "G" y "H".) (...Omissis...) En consecuencia a todo lo anterior, solicito muy respetuosamente a este Tribunal lo siguiente:

PRIMERO: Admita y sustancie por estar ajustada a Derecho y por no CIUDADANA MARINA OJEDA BRICEÑO, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cedula (sic) de identidad V-5.536.904, de profesión Actuar Estando Legalmente Impedido, actos estos previstos y sancionados en los ordinales 14 y 15 respectivamente, ambos del Venezolana, toda vez que dicto (sic) un Acto Administrativo S/N de fecha 04 de Septiembre de 2009 donde me remueven y retiran del cargo de Archivista Jefe (Coordinador del Archivo Central y Archivo Sede) Adscrito al Circuito Judicial Peal (sic) del Estado Miranda Extensión Valles del Tuy, aun (sic) cuando me encontraba investido por el Fuero Paternal a que hace referencia Nuestra Constitución y Las Leyes vigentes de la República.

UISCPL

SEGUNDO: En base al articulo 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, que se dicte en mi favor medida cautelar consistente en la reincorporación en el cargo que venía desempeñando como Archivista Jefe (Coordinador del Archivo Central y Archivo Sede) o a un cargo de igual o mayor jerarquia en el Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda u otra dependencia que a bien tengan designar, mientras dure el procedimiento que aqul se insta".

Il DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Cumplido el trámite correspondiente a la investigación, la Oficina de Sustanciación elaboró informe de fecha once (11) de abril de 2012, de conformidad con lo previsto en el Manual de Procedimiento de la Oficina de Sustanciación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de expone lo siguiente:

"Se desprende de las actas que conforman la presente investigación realizada por este Órgano Instructor, tendente a indagar sobre la veracidad o falsedad de los hechos denunciados en el caso que nos ocupa, los cueles se retrotraen al 4 de septiembre de 2009, cuando la Jueza denunciada dictó Resolución S/N°, donde acordó remover y retirar del cargo de Archivista Jefe del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Miranda, al ciudadano Victor Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el articulo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Matemidad y la correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, asimismo, no consta en el expediente que el precitado funcionario haya ejercido los recursos ordinarios y extraordinarios que le otorgaba la Ley derechos e intereses.

En adición a lo anterior, es imperioso resaltar que la Jurisdicción Disciplinaria Judicial no es la instancia competente para conocer sobre los derechos laborales que pudieran subyacer con ocasión de la decisión in por ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial de conformidad con lo establecido en el articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezolaro y la Jueza Venezolano (sic) sin embargo del contenido del expediente se

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desprende que no existen elementos indiciarios para considerar que la conducta desplegada por la ciudadana Mariana Ojeda Briceño, cuando se desempeñaba como Jueza Rectora y Presidenta de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Miranda, se subsuman como falta disciplinaria conforme el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

En consecuencia, se remite el presente informe y las actas del expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, a los fines de que se provea lo conducente."

IPLIN III ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL En fecha siete (7) de junio de 2012, la ciudadana Marina Ojeda Briceño, estando dentro del lapso previsto en el artículo 62 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, presentó el escrito de descargos, constante tiempo hábil para presentarlo.

Continuó alegando como punto previo la prejudicialidad, toda vez que la vía expedita para la restitución de la situación juridica vulnerada era la del amparo constitucional; razón por la cual solicitó sea declarada sin lugar la denuncia.

Por otra parte, en cuanto al organigrama y estructura funcional del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, expuso que tanto en la sede principal como en las extensiones, existe una Oficina de Coordinación Judicial y una Oficina Regional Administrativa (DAR), la cual tiene a su cargo la División de Personal, Participación Ciudadana y Servicios Médicos, donde por instrucciones de la DAR, debian ser consignados los reposos en original, e igualmente una copia fotostática ante la Presidencia con la finalidad de designar un suplente.

Asimismo, arguyó que efectivamente dictó el acto administrativo de efectos particulares mediante el cual removido y retiró al denunciante, en total desconocimiento de la condición fáctica que lo ocupaba, debido a que no medió advertencia alguna por parte de la División de Personal al Despacho de Presidencia, actuando asi con total ignorancia del evento relacionado con el nacimiento de un hijo, debido a que el funcionario obvió remitir la nformación necesaria a la Presidencia del Circuito.

Aunado a lo anterior, expuso que al momento de dictar el acto administrativo no causado como consecuencia directa la suspensión del acto administrativo dictado.

cuanto a que actuó con abuso de autoridad y estando legalmente impedida, por cuanto para que se configure el abuso de autoridad debe mediar la conducta o cargo que desempeña; y conforme al argumento de que actuó estando legalmente impedida, manifestó que dentro de las facultades del Presidente del Circuito está la de postular ante la (DAR) al personal auxiliar y removerlo, procedimiento administrativo de destitución.

IV DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse IFELA acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisdicción judicial, tal como lo establece su artículo 267:

"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensorias Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el artículo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomia presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una jurisdicción que ejece funciones disciplinarias del poder judicial.

En este orden de ideas, el artículo 39 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece la competencia legal para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el poder judicial, señalando lo siguiente:

competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretarla corresponderte y los servicios de Alguacilazgo." Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.

Siendo así, queda claramente determinada la competencia de este Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los Jueces y Juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Asi se decide.

V DE LA AUDIENCIA En fecha veintidós (22) de noviembre de 2012, siendo las dos horas de la tarde (2:00 p.m.). se llevó a cabo la audiencia referida al artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los Jueces principales, la secretaria temporal y el alguacil; reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial Ojeda Briceño y del ciudadano Victor Arturo Prim Girón.

Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que la Juèza denunciada formuló sus alegatos y expuso sus conclusiones; de igual forma intervino el denunciante.

Finalizada la exposición de las partes, se dio por concluido el debate y una vez reconstituida la audiencia, se procedió a proferir el respectivo pronunciamiento decisorio, del cual se transcribe lo siguiente:

"ÚNICO: SE ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO por no encontrarse incursa en el supuesto establecido en el numeral 7 del articulo 32 del Código de Ética de! Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se decide".

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Analizadas las actas que conforman el presente expediente y apreciados con suficiencia los alegatos expuestos por la Jueza denunciada en la audiencia oral y pública celebrada en fecha veintidós (22) de noviembre de 2012 y siendo la oportunidad para dictar el extenso de la decisión, este Tribunal Disciplinario

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alegado por el denunciante en el acto de audiencia, mediante el cual planteó la presunta usurpación de funciones por parte de la Jueza denunciada cuando requería copias certificadas de la presente causa, toda vez que para el momento Circuito Judicial Penal del Estado Miranda. En este particular, este órgano decisor señala que la Jueza no se encontraba ejerciendo funciones administrativas como Rectora y Presidenta del referido Circuito, sino que al momento de solicitarle al Tribunal le fuesen acordadas copias certificadas, lo hacia fungiendo como Jueza denunciada en la presente causa, debido al auto de admisión dictado por este Tribunal en fecha veintidós (22) de noviembre de 2011, el cual fue debidamente notificado el quince (15) de diciembre de 2011; razón por la cual, resulta forzoso para esta instancia judicial declarar improcedente lo alegado por el denunciante en su punto previo. Dicho auto de admisión, corre inserto al folio veintiocho (28) de la pieza uno (1) del presente expediente.

Ahora bien, en este orden de ideas, se tiene que en fecha seis (6) de octubre da. 2011, el ciudadano Victor Arturo Prim Girón actuando en su carácter de denunciante en el presente procedimiento disciplinario, consignó ante la sede de esta instancia judicial, denuncia contra la ciudadana Marina Ojeda Briceño, Jueza Rectora y Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en la que arguyó que dicha Jueza en fecha cuatro (4) de septiembre de 2009, procedió a removerlo y retirarlo del cargo que ostentaba el cual era de Archivista Jefe adscrito al Circuito Judicial Penal del Estado Miranda extensión Valles del Tuy, y que para ese momento, se encontraba protegido por la figura del fuero paternal. Dicha denuncia corre inserta del folio uno (1) al folio diecisiete (17) de la pieza uno (1) del presente expediente disciplinario.

Por los hechos previamente descritos, el referido denunciante tanto en su escrito de denuncia como en el acto de audiencia, solicitó se le aplicara a la Jueza denunciada, la sanción de destitución prevista en el articulo 33, en sus numerales 14 y 15 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ilicitos disciplinarios referentes a incurrir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones, y actuar estando legalmente impedidos.

En tal sentido, este Tribunal estima necesario definir el contenido de la causal establecida en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

"Articulo 33: Son causales de destitución:

(...Omissis...) 14. Incurrir en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones." En razón de lo anterior, es propicio señalar que la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 148 de fecha 4 de febrero de 2012, al referirse al abuso o exceso de autoridad, estableció lo siguiente:

...que el mismo se comete cuando el Juez realiza funciones que no le están ejercicio y correcto uso de sus facultades..."

Complementando el concepto anterior, la prenombrada Sala del Tebunal Supremo de Justicia, al referirse al numeral 16 del artículo 40 de la Ley de de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ha delimitado el supuesto constitutivo del abuso de autoridad, haciendo determinante que se verifiquen dos supuestos: la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al régimen disciplinario, según puede apreciarse en sentencia N° 451, de fecha 11 de mayo de 2004, que a continuación se transcribe parcialmente:

"Ahora bien, las normas precedentemente indicadas se refieren al ejercicio abusivo, esto es, extremo, desproporcionado, injustificado de los deberes requiere de la verificación de dos supuestos: la total carencia de base la conducta del sometido al régimen disciplinario.

(...) En tal sentido, para que se verifique este ilícito disciplinario, no basta constatar que se trate de un simple ejercicio de una competencia a;ena o juez vaya mas allá, desplegando una conducta abusiva, desproporcionada ocupar el cargo de juez. Los ejemplos que se señalan para ilustrar major lo que constituye dicho concepto, son el caso de un juez civil que ordene un auto de detención o un juez de menores que ordene un reenganche de trabajadores, etc." (Negrillas de este Tribunal Disciplinario Judicial).

Igualmente, mediante sentencia N° 1088 del tres (3) de mayo de 2006, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señaló:

"Ahora bien, el ilicito de abuso de autoridad se comete cuando el juez realiza funciones que no le están conferidas por ley, produciéndose una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado, traspasando asl los limites del buen ejercicio y correcto uso de sus facultades y en tal sentido, es necesario aclarar que en el ejercicio de la potestad disciplinaria no le está vedado a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial analizar las sentencias o actos dictados pur los jueces, limitando su verificar si efectivamente la conducta del juez encuadra dentro de un ilicito disciplinario que deba ser sancionado y sin que ello implique una intromisión indebida o configure un atentado a su autonomia".

De las anteriores citas jurisprudenciales se desprende que para determinar la conducta realizada carezca absolutamente de base legal y, como consecuencia de lo anterior, que sea una conducta en extremo desproporcionada; toda vez /ejercicio de la función jurisdiccional.

Ahora bien, a los efectos de delinear el concepto de la conducta abusiva, este Tribunal Disciplinario Judicial se ha pronunciado en sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2012, contenida en el expediente signado bajo el N° AP61-D-2011-000027, aduciendo que el carácter abusivo de la conducta del Juez o Jueza, debe entenderse como una conducta que haya causado un daño "Por lo tanto, se hace necesario establecer que toda conducta que se conducta generadora de un daño a un tercero, es decir, debe concebirse con un carácter injusto o malo, una conducta lesiva de derechos o inequitativa;

judicial, no puede escapar de dicha circunscripción.

Es por ello, que la conducta del juez —tal como se señaló ut supra-, debe encontrarse subsumida no solamente en un ejercicio de funciones que no se desproporcionado. abusivo y desmedido; entendiendo dicho ejercicio abusivo, como aquella conducta que halla (sic) causado un daño a las partes ya que, es evidente que todo ilicito disciplinario normado en el Código de normado en la derogada Ley de Carrera Judicial, constituye un daño de efectiva y el debido proceso; pero en el caso del ilícito disciplinario in considerar como conducta abusiva".

Por otro lado, en cuanto a la extralimitación de funciones, igualmente solicitada por el denunciante en el citado artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, se diferencia del abuso de autoridad en carecer este último del carácter abusivo en la conducta desplegada, pero permaneciendo la realización de una actividad para la cual no se encuentra facultado, vulnerando su función de Juez como administrador de justicia (Vid. Sentencia N° 778 de fecha 23 de mayo de 2007, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

En otro orden, este Tribunal estima conveniente señalar que la actividad de juzgamiento se encuentra consagrada en el ordenamiento jurídico teniendo como premisas la independencia y autonomía de los Jueces. De esta forma, el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevè como garantía que la justicia debe ser autónoma e independiente:

"Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".

Ahora bien, concatenado las nociones antes expuestas sobre el abuso de autoridad y la extralimitación de funciones, se observa que, en el marco de la autonomia judicial, los Jueces y Juezas no siempre que dicten decisiones que puedan ser consideradas fuera de su ámbito competencial, incurrrían en abuso de autoridad o extralimitación de funciones, toda vez que, el órgano disciplinario

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debe determinar que con la conducta abusiva o extralimitada de sus funciones, se evidencie indefectiblemente la inidoneidad del Juez o Jueza para administrar justicia, tal como se dejó sentado anteriormente, citando la sentencia 00451, de fecha once (11) de mayo de 2004, N° 00401, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1451 del siete (7) de junio de 2006, manifestó que:

están conferidas por ley, produciéndose una desmedida utilización de las La aplicación de la referida causal de destitución requiere de la verificación actividad abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido al mayo de 2004); por lo que no basta la constatación en el Juez del ejercicio inidoneidad para ocupar el cargo de Juez".

Más especificamente, estableció la referida Sala del Máximo Tribunal, mediante sentencia N° 1093 del veintidós (22) de julio de 2009, que:

"Para determinar la comisión de la referida falta debe corroborarse: a) una ausencia absoluta de base legal en la actuación del juez y. como consecuencia de lo anterior, b) una conducta abusiva, es decir, en extremo desproporcionada e injustificada; las cuales demuestran, al verificarse ambas, la inidoneidad para ocupar el cargo de administrador de justicia".

En este sentido, queda claramente expreso que al evidenciarse ausencia de base legal y una conducta abusiva, se verificará que el Juez de la causa, sería inidóneo para ocupar el cargo de administrador de justicia, lo cual traería en consecuencia su destitución.

En este orden de ideas, como ya se señaló ut supra, el denunciante solicitó la sanción de destitución prevista en el articulo 33, en su numeral 15 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ilícito disciplinario referente al actuar estando legalmente impedidos. Por tal motivo, este órgano decisor considera necesario definirlo:

"Artículo 33: Son causales de destitución:

(...Omissis...) 15. Actuar estando legalmente impedidos."

De conformidad a la norma anteriormente transcrita, para que se materialice el actuar estando legalmente impedidos, es menester la realización por parte del Juez o Jueza, de una conducta separada de su competencia judicial, de conformidad con los deberes que le impone la ley, actuando desproporcionadamente en relación con los deberes legales, que le desmerita para el ejercicio del cargo. (Vid. Sentencia N° 01336, de fecha treinta y uno (31) de julio de 2007, dictada por la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada: Evelyn Marrero Ortíz).

En razón de lo anterior, y del estudio de las actas que conforman el presente expediente disciplinario, este Tribunal Disciplinario Judicial en fecha dos (2) de mayo de 2012, dictó auto mediante el cual calificó y ordenó citar a la Jueza denunciada para que consignara el escrito de descargo respectivo, por presuntamente haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 32, numeral 7 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, actuación que de comprobarse eventualmente daría lugar a la sanción disciplinaria de suspensión. Este auto riela del folio doscientos ochenta y dos (282) al folio doscientos ochenta y tres (283) de la pieza uno (1) del presente expediente disciplinario.

Asimismo, de la disertación de las actas del presente expediente se constata que las partes ejercieron oportunamente su derecho a promoción de pruebas, siendo éstas admitidas por esta instancia judicial en fecha cuatro (4) de julio del corriente, fijándosele a las mismas oportunidad procesal para que evacuen los testigos promovidos en el mismo acto. Dicho auto de admisión corre inserto del folio cincuenta y ocho (58) al folio sesenta y cinco (65) de la pieza dos (2) del presente expediente.

De igual forma, corre inserto del folio ochenta (80) al folio ochenta y tres (83) de la pieza dos (2) del presente expediente, acta de evacuación de testigos celebrada en fecha doce (12) de julio del presente año, en la cual se verificó la presencia de la Jueza denunciada y la incomparecencia del denunciante; dándose por valorada y probada la referida prueba testimonial.

Por otro lado, dentro de este marco, este Tribunal Disciplinario Judicial observa que los hechos denunciados están relacionados con el ejercicio de la Jueza como Rectora del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en su potestad de retirar y remover de acuerdo a los hechos fijados conforme al estudio del expediente administrativo de su subordinado, no constituyendo asi aspectos disciplinarios por ser potestad discrecional de los Jueces Rectores de los Circuitos Judiciales por encontrarse dentro de sus funciones, de conformidad con la resolución publicada en la Gaceta Oficial N° 36.794, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de 1999.

Siendo así las cosas, es menester para este Tribunal Disciplinario Judicial precisar que en relación con la inamovilidad laboral que amparaba al denunciante para el momento de su retiro y remoción, la Ley de Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 38.773, en fecha veinte-(20) de septiembre de 2007, en su articulo 8 establece lo siguiente:

"El Padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta tanto un año después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por e Inspector o Inspectora del Trabajo. En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la legislación del trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción del nifo o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social.".

Del articulo parcialmente trascrito ut supra, se desprende el beneficio que goza el padre una vez que efectivamente consigna el acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. De alli pues, el denunciante se amparo en tal fuero paternal; empero; del estudio minucioso de las copias certificadas correspondientes al expediente adminis:rativo del ciudadano Victor Arturo Prim Girón, quien se desempeñaba como Coordinador del Archivo Central y Archivo Sede del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, denunciante en el presente procedimiento disciplinario, las cuales rielan del folio sesenta y tres (63) al folio doscientos setenta (270) de la pieza uno (1) del presente, no se evidencia documento alguno que ratifique el alegato del denunciante acerca del nacimiento de su hijo meses antes de la resolución dictada por la Jueza denunciada en fecha cuatro (4) de septiembre de 2009.

Para énfasis de lo anterior, riela al folio setenta y uno (71) de la pieza uno (1) del presente expediente, copia certificada de la carga familiar del denunciante, cuyo grupo familiar está conformado por cinco (5) personas, dos (2) de ellas hijos menores cuyas fechas de nacimiento datan del año 2000 y 2003, vale decir, mucho antes de la resolución emanada por la Jueza denunciada en la presente causa disciplinaria.

En efecto, este órgano decisor observa que del estudio minucioso de las actas que conforman el presente expediente judicial, no se evidencian elementos denunciada de la condición de inamovilidad laboral que amparaba al Jueza Rectora y Presidenta del Circuito antes mencionado, a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria de la referida Jueza en la conducta que pudiera dar lugar a la sanción solicitada. Este argumento, fue ratificado por la ciudadana Ayesa Flores, Jefa de la División del Personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en acta de evacuación de testigos celebrada en fecha doce (12) de agosto de 2012, apreciada y dada por probada en esta Instancia judicial, la cual corre inserta del folio ochenta (80) al folio ochenta y'tes (83) de la pieza dos (2) del presente expediente. Así se declara.

Aunado a lo antes aludido, esta instancia judicial, luego de efectuada la revisión del expediente administrativo de la Jueza Marina Ojeda Briceño, pudo

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constatar que no se evidencian la determinación de sanciones disciplinarias en su contra durante su desempeño como Jueza dentro del Sistema de Justicia venezolano, actuando asi dentro de su autonomia e independencia, en consonancia con los criterios doctrinarios expuestos, todo lo cual evidencia su idoneidad para el desempeño de funciones dentro de dicho Sistema. Así se decide.

Con base a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Disciplinario Judicial, declara que no se observaron elementos de convicción que determinen que la conducta desplegada por la Jueza denunciada constituya arbitrariedad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario que cause perjuicio a los subordinados o al servicio; por lo tanto, este órgano decisor considera que la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, no incurrió en responsabilidad disciplinaria por la falta prevista en el artículo 32, numeral 7 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VII DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide lo siguiente:

ÚNICO: SE ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria a la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO por no encontrarse incursa en el supuesto establecido en el numeral 7 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Registrese, publiquese y notifiquese a las partes intervinientes.

Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, remítase copia certificada de la misma a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Sistema de Registro de Información Disciplinaria y a la Inspectoría General de Tribunales, de conformidad con el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en concordancia con la sentencia N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 7 de mayo de 2013.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a losdissizux (g) dias del mes de NovizubrE_ de dos mil trece23 Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

ERNANPACHECO ALVIÁREZ Juezresidente

JACQUELINE SOSA MARINO Jueza (Ponente) Juez

RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria

En fechaicinuE (5) de Aevieubsc de dos ilt (2013), siendo las sy Eivie ublico registro anterior deci2062 GES SUE BONZALEZ Secretaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Jurisdicción Disciplinaria Judicial Corte Disciplinaria Judicial Expediente No.AP61-R-2013-000013

JUEZ PONENTE: DRA. MERLY MORALES

Corresponde a ésta Corte Disciplinaria Judicial, conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Soledad Torres Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V- 9.295.180, en su carácter de delegada de la Inspectoría General de Tribunales (en lo sucesivo IGT), en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2012-274, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2012, mediante la cual declaró la responsabilidad disciplinaria del ciudadano ARSENIO JOSÉ LÓPEZ QUIROZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.528.470, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión territorial Puerto Ordaz, mediante la cual le impuso la sanción de Amonestación Escrita, por haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial y numerales 5 y 6 del articulo 31 del Código de Ética del juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), y lo absolvió de los ilicitos disciplinarios previstos en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, levantó la medida de suspensión citada por la Comisión Judicial ordenando a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura su reincorporación al cargo y al pago de sueldos y demás remuneraciones.

DE LOS ANTECEDENTES DE LA PRESENTE CAUSA

El presente procedimiento disciplinario tuvo su origen en la medida de suspensión sin goce de sueldo dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21- 10-2009, en perjuicio del ciudadano Arsenio José López Quiroz, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión territorial Puerto Ordaz, hasta tanto la IGT presentara el respectivo acto conclusivo, comunicando de ello al Presidente del respectivo Circuito, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la IGT (folios 1 y 47 de la pieza nro. 1); por lo que en fecha 2- 11-2009, la IGT ordenó de oficio abrir el respectivo procedimiento administrativo (folio 3 pieza nro. 1).

El 17-11-2009, se levantó acta mediante el cual se dejó constancia de la inspección integral del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2008 y el 15 de agosto de 2009, la misma fue efectuada del 17 al 20 de noviembre de 2009, en el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión territorial Puerto Ordaz.

Asimismo, consta en el expediente disciplinario que el 11 de noviembre de 2010, el Órgano Instructor presentó acto conclusivo ante la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en el cual señaló que de los hechos investigados se ( desprendían actuaciones que configuraban faltas disciplinarias merecedoras de la sanción de destitución (folios 46 al 106, pieza N° 9).

Vista la entrada en vigencia del Código de Ética, y una vez constituido el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, la IGT ratificó el mencionado acto conclusivo mediante escrito presentado ante el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 18-47 2012(folios 29 y 30, pieza N° 11).

en fecha 9-10-2012 la audiencia oral y pública a que se contrae el artículo 73 del Código de Ética, emitiendo en la misma oportunidad el Tribunal Disciplinario Judicial el pronunciamiento respectivo, siendo publicado el extenso de la mencionada decisión en fecha 27-11-2012.

En fecha 18 de abril de 2013, ingresó la presente causa procedente de :a Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Órgano Judicial Disciplinario, correspondiéndole el conocimiento de la misma al Juez ADELSO ACACIO GUERRERO.

En fecha 13 de agosto de 2013, este Despacho Superior, levantó acta a los fines de reconstituir esta Corte Disciplinaria, con la incorporación de la juez MERLY J. MOR.ALES H., en virtud de la renuncia presentada en fecha 4-7-2013, ante la Asamblea Nacional por parte del Juez, ADELSO GUERRERO OMAÑA, por lo que en fecha 9-7-2013 se ordenó la convocatoria de la Primera Suplente de la Corte Disciplinaria Judicial, Dra. Merly Morales, a los fines de cubrir la vacante absoluta del cargo en cuestión, y en fecha 17-7-2013, la prenombrada juez aceptó dicha convocatoria.

En fecha 18 de septiembre de 2013, quien suscribe, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenándose mediante auto, reprogramar la celebración de la audiencia oral y pública, a que se contrae el articulo 84 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana (en lo sucesivo Código de Ética), una vez que las partes de así estimar.o, ejercieran el control previsto en el articulo 90 del Código de Procedimiento Civil, librándose las correspondientes boletas de notificaciones, estimándose el término de la distancia cue se fijó en ocho (8) días continuos concedidos a la contrarrecurrente.

En fecha 8 de enero de 2014, se celebró la audiencia oral y pública en la cual las partes expusieron de forma oral, sus alegatos, profiriéndose al final de la misma el dispositivo del fallo cuyo extenso se explana dentro del lapso legal correspondiente y previo a las siguientes consideraciones:

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II DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

En fecha 27 de noviembre de 2013, se publicó el texto íntegro de la sentencia dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, al término de la Audiencia Oral y Pública, celebrada el 9 de octubre de 2012, según consta a los folios 106 al 136 de la pieza N° 10 del presente expediente disciplinario, en la que luego de enunciar los hechos objeto del juicio, asi como su determinación precisa y circunstanciada, sintético los hechos que a juicio del Órgano Investigador constituían faltas disciplinarias que ameritaban la sanción de DESTITUCIÓN en contra del juez investigado en los términos siguientes:

acordó medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, en ciento sesenta y un (161) causas judiciales, verificando dicho aserto con la inspección practicada a los expedientes signados bajo los números FP12-P-2009-000372, FP12-P-2009-001506, FP12-P-2009-001280, FP12-P-2009-002506, FP12-P-2009-000065, FP12-P-2009-000103, tal omisión imputada al juzgador investigado, fue calificada por la Inspectoria General de Tribunales, como el ilícito de infracción de las prohibiciones o deberes que le establecen las leyes al juez, previsto y sancionado en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, norma vigente para el e momento en que ocurrieron los hechos, en concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así mismo, tal omisión fue verificada por el órgano investigador en el expediente identificado con el Nro. FP12-P-2009-007485, subsumiendo la presunta falte disciplinaria atribuida al juzgador, en el numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, referida a conducta impropia o inadecuada grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones, que en ambos casos resultan sancionadas en los instrumentos legales señalados, con la DESTITUCIÓN del cargo;

correspondiente a los pronunciamientos emitidos al término de la Audiencia Preliminar, en los procedimientos por Admisión de los Hechos, en las causas judiciales números FJ12-P-2008- 000046, FJ12-P-2006-000052, FJ12-P-2009-000068, FJ12-P-000048 y FJ12-P-2009-000570, conducta que fue encuadrada nuevamente por la Inspectoría General de Tribunales en la infracción prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, norma vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable rationae temporis, ilicito cuya comprobación, da lugar a la DESTITUCIÓN del cargo:

3.- Por haber presuntamente omitido la consignación en autos, de las resultas de la notificación de audiencias en las causas judiciales números FJ12-P-2009-000091, FJ12-P-2008- 000035, FJ12-P-2005-000069, FJ12-P-2008-000047, FJ12-P-2004-000129, FJ12-P-2006- 000431, FJ12-P-2004-000033 y FJ12-P-2009-001593, conducta que fue subsumida por la Inspectoría General de Tribunales en el numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética del Juez, atinente a conducta impropia o inadecuada grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones, sancionada con DESTITUCIÓN del cargo;

4.- Por haber supuestamente omitido verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los imputados al momento de otorgárseles el beneficio de suspensión condicional del proceso en las causas judiciales números FJ12-2001-000018, FJ12-2000-000011, FJ12-P- 2004-000026, FJ12-P-200s-000050 y FJ12-P-2007-000049, conducta que calificó como el ilícito de infracción de las prohibiciones o deberes que le establecen las leyes al juez, previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, norma aplicable rationae temporis, en concordancia con lo previsto en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para ese momento, infracción sancionada con la DESTITUCIÓN del cargo.

Respecto a tales denuncias el Tribunal Disciplinario Judicial dictaminó:

Que efectivamente el juez denunciado no fundamentó ni en el acta que recoge la celebración de la audiencia para oir al aprehendido, ni en el auto separado para tales fines, la resolución judicial mediante la cual otorgó las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad en las causas judiciales identificadas como: FP12-P-2009-000372, FP12-P-2009- 001506, FP12-P-2009-001280, FP12-P-2009-002506, FP12-P-2009-000065, FP12-P-2009- 000103 y FP12-P-2009-007485, transgrediendo en consecuencia el articulo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante, aseveró, que la circunstancia de no motivar una decisión, que conforme al principio iura novit curia,se apartó de la calificación jurídica atribuida a tales hechos por la Inspectoria General de Tribunales (en lo sucesivo IGT) prevista en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, considerando que la conducta desplegada por el juez denunciado, era la descrita en el numeral 7 del artículo 38 del mismo texto legal.

Argumentó para el cambio de la calificación jurídica señalada, que el ilícito previsto en el artículo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial habia sido objeto de interpretación por la Sala Poliítico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 1973 del 17 de diciembre de 2010, estableciendo dicho fallo que la mencionada norma se encuentra dirigida a sancionar el incumplimiento de los deberes morales a que están obligados los jueces conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no el incumplimiento de los deberes procesales establecidos en normas jurídicas de carácter adjetivo como las instituidas en los articulos 173, 250 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referidas a la obligación de la motivación de las decisiones judiciales e igualmente de los supuestos de procedencia de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad cuya transgresión se le imputa al juez investigado, por lo que concluyó que no puede ser sancionado disciplinariamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial, sino conforme al artículo 38.7 del mismo texto legal, que prevé el ilicito de retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos, supuesto normativo que consideró el a-quo aplicable a la omisión de fundamentación de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad decretadas por el juez denunciado en las causas judiciales señaladas por la IGT.

Sostuvo que la IGT, subsumió los mismos hechos (omisión de motivación) respecto a la causa judicial N°FP12-P-2009-007485, en el articulo 33.13 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo adelante el Código de Ética), en razón de encontrarse vigente para ese momento dicho cuerpo normativo, el cual castiga con la sanción de DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN, a los jueces que incurran en el ilícito de conducta impropia e inadecuada grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones, no obstante, estableció, que el supuesto previsto en dicha norma se refería a aquellas conductas de los jueces realizadas durante el ejercicio de su función jurisdiccional que fueran impropias o inadecuadas, aludiendo a aquellas conductas contrarias a la ética, la moral y las buenas costumbres, excluyéndose de este tipo disciplinario la realización defectuosa de cualquier acto procesal, por lo que concluyó que la falta de motivación en dicha causa, no constituía una conducta impropia, sino un descuido en la realización de un acto del proceso, por incumplir con la obligación de la motivación de las resoluciones judiciales y en razón de ello se apartó de la calificación jurídica propuesta por el Órgano Investigador y subsumió dicha conducta del juez investigado en la prevista en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética que consiste en incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, declarando su responsabilidad disciplinaria e imponiéndole la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética.

y En relación a la segunda denuncia referida a la presunta inobservancia del lapso para dictar el auto fundado correspondiente a los pronunciamientos emitidos al término de la Audiencia Preliminar, en los procedimientos por Admisión de Hechos, por lo cual la IGT le imputó retardo judicial al Juez investigado, en las causas judiciales Nos. FJ12-P-2008-000046, FJ12-P-2006-000052, FJ12-P-2009-000068, FJ12-P-2008-000048 y FJ12-P-2009-000570, el Tribunal Disciplinario Judicial, estableció:

Que conforme a la doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en relación al concepto de retardo judicial, que obliga al órgano Jurisdiccional que conoce de tal denuncia a ponderar las circunstancias del caso en concreto, la complejidad del litigio, la conducta procesal de las partes, el volumen de causas que maneja el tribunal, ete.,el Juez denunciado, no incurrió en el ilícito previsto en el numeral 11 del articulo 4C de la Ley de Carrera Judicial atribuido al Juez ARSENIO JOSÉ LÓPEZ QUIROZ, pues el retarCo aludido por la IGT, en las causas señaladas alcanzaron apenas un total de dieciocho (18) días, sin contar los diez (10) días dentro de los cuales debía dictar la decisión de acuerdo a lo previsto en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, siento tal lapso razonable en razón de la cantidad de actuaciones realizadas por el Tribunal, por lo que lo ABSOLVIÓ de responsabilidad disciplinaria.

Respecto a la tercera denuncia referida a la presunta omisión por parte del Juez denunciado de verificar la consignación en autos de trescientas noventa y seis (396) resultas de notificación de audiencias fijadas por el tribunal a su cargo, en las causas judiciales N° FJ12-P- 2009-000091, FJ12-P-2008-000035, FJ12-P-2005-000069, FJ12-P-2008-000047, FJ12-P-2004- 000129, FJ12-P-2006-000431, FJ12-P-2004-000033 y FJ12-P-2009-001593, conducta que fue subsumida por la IGT, en el numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética, el Tribunal Disciplinario con fundamentó en la interpretación del articulo 14 del Código de Procedimiento Civil estableció el deber que tiene el Juez como director del proceso, de impulsarlo directa o indirectamente a través de la supervisión de los actos procesales hasta su finalización y en aplicación de la citada norma declaró la responsabilidad disciplinaria al Juez investigado, por haber incumplido el deber de verificar las actuaciones del proceso del cual era d:rector, al no confirmar en autos las resultas de las notificaciones ya practicadas, aún cuando la obligación directa de esa función le'correspondia al Secretario del Tribunal.

Indicó que tal responsabilidad disciplinaria se encontraba descrita en el supuesto de hecho previsto en el articulo 31.5 del Código de Ética que alude a la no advertencia de irregularidades de los servicios de secretaría y no en la norma del mismo texto lega: prevista en al Juez denunciado la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA.

En lo atinente, a la aparente omisión de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los imputados, en las causas judiciales números FJ12-P-2001-000018, FJ12-P-2000- 000011, FJ12-P-2004-000026, FJ12-P-2005-000050 y FJ12-P-2007-000049, como consecuencia del otorgamiento del beneficio de suspensión condicional del proceso, el juzgado de mérito dictaminó que efectivamente el juez investigado había omitido verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los imputados a quienes se le otorgó la suspensión condicional del proceso en las causas judiciales indicadas e igualmente omitió celebrar la audiencia prevista para este fin en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento, no obstante lo ABSOLVIÓ de responsabilidad disciplinaria arguyendo que para que dicha omisión generara responsabilidad, la misma debía ser injustificada y justificó la misma, en razón de la implantación para ese momento en el Circuito Judicial Penal del estado Bolívar del Sistema IURIS 2000 y la carga de actividades de indole administrativa que ello le generó al Juez investigado aunado a que el 22 de octubre de 2009 fue suspendido de su cargo sin goce de sueldo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Igualmente el Tribunal Disciplinario Judicial, se pronunció en cuanto a la solicitud realizada en la audiencia oral y pública, por el ciudadano Arsenio José López Quiroz, Juez denunciado, quien solicito que se levantará la medida de suspensión sin goce de sueldo del cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control cel Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión territorial Puerto Ordaz, hasta tanto la IGT presentase el respectivo acto conclusivo; acordada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en reunión del veintiuno (21) de octubre de 2009, resolviendo la medida de SUSPENSIÓN en razón de haber el acto conclusivo la IGT el 11-11-2010 y en aplicación de la doctrina establecida por la Corte Disciplinaria Judicial en la sentencia N° 5 del 15 de mayo de 2012, en el expediente signado bajo el No. AP61-R-2012-000004, ordenando en consecuencia a del juez denunciado al cargo que ocupaba, y el pago de los sueldos dejados de percibir y demás remuneraciones, durante el tiempo que duró la medida de suspensión.

DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACION DEL RECURSO DE APELACIÓN TRIBUNALES En escrito interpuesto en fecha 19 de noviembre de 2013, la profesional del derecho MARÍA SOLEDAD TORRES RODRÍGUEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, interpuso formal recurso de apelación, en contra de la decisión N° TDJ-SD-2012-

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274, publicada por el Tribunal Disciplinario Judicial de fecha 27-11-2012, argumentando que el Juzgado de Primera Instancia Disciplinaria incurrió en los vicios de incongruencia, y falso supuesto de hecho y de derecho, con fundamento en las razones siguientes:

Adujo la formalizante, que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia, pues a su decir, el Órgano Jurisdiccional, a pesar de constatar la omisión en que incurrió el Juez denunciado al no cumplir el deber de dictar los autos de fundamentación de las medidas de las partes y que la circunstancia de no motivar una decisión no impidió a los justiciables el ejercicio de los medios defensivos previstas en las leyes, soslayando que las consecuencias de la conducta omisiva del juez denunciado, creó incertidumbre jurídica a los intervinientes en el indeterminación de la oportunidad legal para interponerlos e igualmente, en cuanto al fundamento de la decisión a impugnar, por lo que sostiene que el Tribunal al no haber aplicado al hecho constatado en la recurrida la consecuencia prevista en el ordenamiento jurídico, incurrió en el vicio de incongruencia.

Igualmente sostuvo la impugnante para fundar el vicio de falso supuesto de derecho, que el Juzgado de Primera Instancia Disciplinario incurrió en el mismo, al cambiar la interpretación errónea del articulo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial, al señalar que la referida norma está dirigida a sancionar el cumplimiento de los deberes morales que deben cumplir los cumplimiento de deberes procesales establecidos en normas jurídicas de carácter adjetivo, interpretando erróneamente la ley al derivar de la misma consecuencias que no resultan de su contenido, al hacer distinción entre deberes morales y deberes procesales, obviando que la intención del legislador fue establecer sanción para el operador de justicia que infrinja los deberes legales, desnaturalizando el sentido de la norma, aludiendo que la referida disposición, no distingue tipos de deberes sino la infracción de un deber legal conforme a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la sentencia N° 1973 del 17/12/2003 de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, que no establece, que los deberes estén limitados a los de carácter moral, sino que abarcan aquellos deberes contenidos en las leyes Continuó la quejosa, refiriendo que la recurrida a pesar de realizar una apreciación correcta de los hechos al constatar la omisión del juez denunciado de dictar los autos de fundamentación aludidos, le otorgó una consecuencia juridica distinta al hecho comprobado como lo es, el retraso y descuido injustificado, pues alega que la omisión es la ausencia de acción, y que por el contrario el retraso va dirigido a una acción positiva que se realiza a destiempo y en caso del descuido implica no advertir una situación de la cual era responsable, considerando que la recurrida es imprecisa, ya que no determina si la conducta omisiva del juez encuadra en retraso o en descuido injustificado, por lo que señaló que el Tribunal Disciplinario al reconocer dicha conducta, debió aplicar la que calificó el órgano investigador.

En cuanto a las causas judiciales en donde el juez denunciado presuntamente incurrió en omisión, encontrándose en vigencia el Código de Ética, la recurrente considera, que quedó demostrado que la conducta omisiva del juez cercenó el derecho de los imputados de ejercer los recursos establecidos en la ley, tanto en la determinación de la oportunidad para interponerlos como en lo pertinente a su fundamentación, infringidos por el Juez Arsenio López Quiroz, quien justificó tal violación de la ley en la costumbre local, y que el Juzgado de primera instancia disciplinaria precisó que era necesario que dicha conducta fuese reiterada, siendo que la conducta reprochable disciplinariamente, se verificó en 161 expedientes judiciales, cantidad que le confiere la condición de reiterada, debiendo a su decir, aplicar la consecuencia prevista en el articulo 33.13 del Código de Ética, por lo que considera que el Tribunal al no aplicar al hecho constatado la normativa mencionada incurrió en falso supuesto de derecho.

Del mismo modo para imputar al fallo el vicio de incongruencia respecto a las publicaciones fuera de lapso, la impugnante acotó, que la recurrida verificó la existencia del ilicito disciplinario cuando comprobó que el juez denunciado inobservó el lapso para publicar el auto fundado en 9 decisiones dictadas en audiencia preliminar con ocasión al procedimiento por admisión de los hechos, justificando que dichas decisiones fueron dictadas en un lapso "razonable", pues los retardos ocurridos en las mismas, alcanzaban apenas un total de 18 días adicionales a los 10 días establecidos en la ley dentro de los cuales debia dictar decisión, e igualmente notificó a las partes de la decisiones que dictó fuera de lapso; frente a lo asentado en denunciado del artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, y la violación de los preceptos constitucionales establecidos en los articulo 26, 49 y 51, en virtud que no expuso razones suficientes que demostrara alguna circunstancia que le impidiese dar estricto cumplimiento a la norma y publicar la decisión dentro del término legal establecido. Asimismo establece que la recurrida no fundamentó los motivos que consideró razonables para el incumplimiento de la publicación de las decisiones, aun cuando no se trataban de casos complejos que le impidieran cumplir con el mandato legal, e igualmente no exime de responsabilidad disciplinaria al juez denunciado la circunstancia de la notificación de las partes de las decisiones dictadas fuera de lapso, por cuanto era obligatoria dicha notificación al haber incumplido su deber en la actividad de juzgamiento, por lo que concluye que el Tribunal Disciplinario Judicial a pesar de verificar la existencia del ilícito disciplinario, razón por la cual debió declarar su responsabilidad disciplinaria y la consecuente destitución del cargo al Juez denunciado, absolvió al Juez.

Del mismo modo sostuvo que la recurrida adolece del vicio de incongruencia, cuando en la motivación expresamente reconoció que el juez había incumplido el deber general que tenía como director del proceso, de impulsarlo en las actuaciones que le correspondierar., asi como el deber especifico de verificar la consignación en autos de las resultas de las boletas de para luego afirmar que la responsabilidad de agregar las mismas le correspondía al secretario del tribunal, sin analizar las circunstancias de gravedad y reiteración de la conducta del juzgador investigado, que ocasionó innumerables diferimientos, violando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo que debió aplicar la sanción de destitución conforme al articulo 33 numeral 13 del Código de Ética, configurándose de tal modo en el fallo impugnado el vicio delatado.

la resolución judicial en su motiva se establece que efectivamente el juez invest:gado, omitió realizar las gestiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los imputados en los casos de suspensión condicional del proceso, así como obvió realizar en cada causa, la audiencia especial prevista en el artículo 45 del Código Orgánico Procesa: Penal, por lo que señala, que el Juzgado de Primera Instancia Disciplinaria debió declarar la responsabilidad disciplinaria y la consecuente destitución del cargo y por el contrario, absolvió al juez precepto legal establecido en dicha norma, como la instauración del Sistema Iuris 2000 y la suspensión del juez.

Adicionalmente considera, que la recurrida incurre en el vicio de falso supuesto de hecho, por cuanto estableció que el juez investigado, entró al Juzgado en marzo del 2009 y el mes siguiente de ese mismo año, se inició la instauración del Sistema luris 2000, por lo que tuvo que realizar un inventario de causas sustanciadas por ese tribunal, cuando lo cierto es que el juez denunciado tomó posesión del cargo en fecha 2/3/2007, tal como consta en los folios 103 al 105 de la primera pieza del presente expediente, con lo cual no es procedente invocar un hecho sobrevenido 2 años después, para eximirle del cumplimiento de la obligación legal prevista en la ley adjetiva penal que le correspondía desde el mismo momento que asumió el cargo, considerando que la Primera Instancia Disciplinaria, dejó subsistente la duda relativa a si era ética y disciplinariamente correcto, que un juez omitiera reiteradamente constatar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los imputados que gozan del beneficio procesal de suspensión condicional del proceso, desde que asumió el cargo e igualmente omita la convocatoria a la audiencia especial, prevista en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, justificando tal proceder con la posterior suspensión del cargo decretado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 22/10/2009; acotando que la recurrida debió analizar si se encontraban dados los supuestos para la configuración del ilícito disciplinario de infracción del deber legal de administrar justicia conforme a la ley y al derecho, y subsumir dichas faltas en el articulo 33.23 del Código de Ética e imponer la sanción de destitución del cargo.

LV DE LA CONTESTACIÓN A LA FORMALIZACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN En fecha 4 de diciembre del presente año, el ciudadano ARSENIO JOSÉ LÓPEZ QUIROZ, en su carácter de Juez de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, dio contestación a la formalización del Despacho pasa a sintetizar lo explanado por el Juez Arsenio José López Quiroz en el referido escrito en los términos siguientes:

Señaló el Juez denunciado que el vicio de incongruencia atribuido por la IGT al fallo apelado carece de su debida determinación, pues según aduce, la recurrente señaló en forma genérica la existencia del mencionado vicio sin especificar en cuál de las dos modalidades que ha establecido la doctrina incurrió la recurrida, esto es, incongruencia positiva o incongruencia negativa.

En relación al falso supuesto de derecho delatado por la IGT, el juez denunciado arguyó que la recurrente, entremezcló en una delación alegatos varios, careciendo de técnica jurídica, por cuanto no estableció en cada alegato la correlación indispensable entre el hecho y el precepto invocado para realizar su delación sobre el falso supuesto de derecho.

Respecto al falso supuesto de hecho denunciado por la representante de la IGT, el juez investigado discrepa de lo afirmado en el escrito de formalización, señalando que consta en las actas del expediente que la inspección integral que le fue practicada y sometida al contradictorio abarcó de manera exclusiva y excluyente únicamente los meses de marzo de 2009 hasta el mes de septiembre de ese mismo año, por lo que considera que las afirmaciones esgrimidas por la IGT referidas a que su persona tomó posesión del cargo en fecha 2 de marzo de 2007, están fuera de contexto, toda vez que dicho periodo no fue objeto de investigación y por ende de imputación por lo cual solicita que tales denuncias sean desestima por la Alzada Disciplinada, en razón de ser improponibles e infundadas.

Y DE LA COMPETENCIA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial debe determinar su competencia para conocer y decidir el presente recurso ordinario de apelación, y a tal efecto observa lo siguiente:

Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplinaria Judicial, como órgano de alzada, conocer de las apelaciones interpuestas contra decisiones ya sean interlocutorias o definitivas, y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que guarde relación con la idoneidad judicial y el desempeño del juez venezolano y jueza venezolana. (Negrillas de esta Alzada).

Del citado extracto se desprende la competencia de este órgano jurisdiccional, como alzada natural del Tribunal Disciplinario Judicial, para conocer de los recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento jurídico patrio.

Del análisis de los autos que integran el presente expediente se pudo constatar que el Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° V- 9.295.180, en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2012-274, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2012, mediante la cual declaró la responsabilidad disciplinaria del ciudadano ARSENIO JOSÉ LÓPEZ QUIROZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.528.470, Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión territorial Puerto Ordaz, y le impuso la 0

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sanción de Amonestación Escrita, por haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial y numerales 5 y 6 del articulo 31 del Código de Ética del juez Venezolano y Jueza Venezolana, y lo absolvió de los ilicitos disciplinarios previstos en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, asimismo levantó la medida de suspensión dictada por la Comisión Judicial ordenando a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura su reincorporación al cargo y al pago de sueldo y demás remuneraciones; por lo que esta Corte Disciplinaria declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se declara.

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada como ha sido la competencia para conocer el presente asunto disciplinario, realizado el análisis de los argumentos orales expuestos en la audiencia pública, así como los explanados en el escrito de apelación, la contestación al mismo y de la revisión de la totalidad de pronunciarse respecto a la apelación ejercida, en los siguientes términos:

Una vez publicada la sentencia proferida por el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria Judicial, la profesional del derecho María Soledad Torres Rodriguez, en su carácter de delegada de la Inspectoría General de Tribunales, apeló del pronunciamiento judicial emitido por el Tribunal Disciplinario Judicial, en virtud que a su decir, la misma adolece de los vicios de incongruencia, falso supuesto de derecho asi como el falso supuesto de hecho, es de hacer notar, que el mencionado escrito de fundamentación al recurso, fue estructurado de manera desordenada, pues comienza esgrimiendo argumentos en torno al vicio de incongruencia, luego refiere lo que en su criterio configura el vicio de falso supuesto de derecho, para luego insistir en la existencia en el texto del fallo recurrido del vicio de incongruencia y finalizar arguyendo la existencia del falso supuesto de hecho, por lo que constata esta Alzada, deficiencias en la técnica recursiva utilizada por la representación de la IGT, por ello se insta a dicha representación en lo adelante, aplicar la metodología correcta para la formulación de los recursos procesales, no obstante, con fines de una mejor resolución de las denuncias formuladas esta Alzada alterará el orden esgrimido por la recurrente, abordando cada vicio delatado con todas las argumentaciones de hecho y de derecho esbozados contra la recurrida en el escrito de fundamentación, y en tal sentido se observa:

Del vicio de incongruencia.

La formalizante para argumentar su apelación, en relación al vicio de incongruencia, señaló lo siguiente:

Primero: Que el Tribunal Disciplinario Judicial a pesar de constatar la omisión en que incurrió el Juez denunciado, al no haber dictado los autos de fundamentación relacionados con las medidas cautelares impuestas a los imputados en las audiencias de presentación. en algunas de las causas llevadas en el tribunal a su cargo, consideró que el hecho de no motiva: una decisión, no impedia a los justiciables el ejercicio de las posibilidades defensivas previstas en las leyes, soslayando que la conducta omisiva del juez denunciado creó incertidumbre jurídica a los intervinientes en el proceso, cercenando el derecho de los imputados de ejercer los recursos establecidos en la Ley, tanto en la determinación de la oportunidad para interponerlos, como en lo pertinente a su fundamentación.

Segundo: Sostiene la representación de la IGT como constitutivo del mencionado vicio de incongruencia, que la recurrida a pesar de verificar la existencia del ilicito disciplinario imputado al juez denunciado, al comprobar que el Juez inobservó el lapso para publicar los autos fundados de nueve (9) decisiones dictadas en audiencias preliminares con ocasión al procedimiento por admisión de hechos, justificó que los retardos ocurridos en dichas decisiones alcanzaban un total de dieciocho (18) días adicionales a los diez (10) dias dentro de los cuales debía dictarse la decisión, notificando a las partes de manera extemporánea, sin considerar que hubo una transgresión por parte del juez, a lo establecido en el articulo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, y la violación de los preceptos constitucionales establecidos en los articulo 26, 49 y 51, por lo que denuncia que el Tribunal Disciplinario no fundamentó los motivos por los que consideró razonable el lapso en que se dictaron dichas decisiones, afirmando que de haber entrado a analizar los argumentos esgrimidos por la Inspectoria de Tribunales y las pruebas aportadas en el curso del proceso, el Tribunal Disciplinario Judicial hubiese arribado a una conclusión distinta, imponiendo la sanción disciplinaria respectiva.

Tercero: Que aun cuando el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria señaló que la responsabilidad de agregar a los expedientes las resultas de notificación de audiencias en 396 causas judiciales que fueron consignadas por la Oficina de Alguacilazgo, la recurrida obvió analizar los elementos de gravedad y reiteración que denotaba la conducta del juez, inobservando su deber de controlar las causas sometidas a su conocimiento y la verificación efectiva de las notificaciones de las partes, por lo que en su criterio el juez denunciado incurrió en conducta impropia e inadecuada en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en el numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, constituyendo a su decir tal omisión, el vicio de incongruencia.

Cuarto: Denunció que la recurrida en su motiva evidenció que el juez omitió realizar las suspensión condicional del proceso, así como no realizó en cada causa la audiencia especial prevista en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, absolviendo al juez denunciado, establecido en dicha norma, como lo fue, la instauración del Sistema luris 2000 y la suspensión del juez, por lo que delata que con ello la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia.

Para resolver la presente denuncia, estima oportuno este Despacho Superior referir algunos criterios de la doctrina patria en cuanto al alegado vicio de incongruencia en tal sentido, el Dr. BELLO TABARES, HUMBERTO E.T. (2010), en su libro titulado "La Casación Civil" expresa que:

"(..) La congruencia o asonancia es uno de los requisitos que debe cumplir la sentencia y que consiste en la identidad o correspondencia formal que debe existir entre la decisión y las contrarias pretensiones de las partes, por lo que cuando exista diferencia entre lo decidido y lo controvertido, se produce el vicio de incongruencia que decreta la nulidad del fallo en la medida que sea trascendente o determinante en las resultas del proceso. El juez debe resolver sólo lo pedido y todo lo pedido" "(...) El vicio de incongruencia de la sentencia, también llamado disonancia, inconsonancia o falta de asonancia, puede adoptar dos modalidades a saber:

a) Incongruencia o disonancia positiva: Es.aquella que se produce cuando el operador de justicia en la parte motiva del fallo se pronuncia sobre hechos no debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción, pago.

argumentos de las partes. b) Incongruencia o disonancia negativa: Es aquella que se produce cuando el operador de justicia en la parte motiva del fallo, deja de pronunciarse sobre hechos debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción. pago, compensación, falta de cualidad e interès traídos a los autos por argumentos de las partes" "(..) Debe precisarse que para cumplir con el requisito de exhaustividad de la Sentencia, el operador de justicia debe dictar una sentencia congruente, es decir. que contenga pronunciamiento sobre los elementos de hechos planteados en la contienda judicial, no asi en cuanto a los elementos de derecho, pues en función del brocardo Iura Novit Curia, el juzgador puede apartarse de los fundamentos de derecho hechos por las partes, sin que ello constituya vicio de incongruencia o de ultrapetita".

De esta manera, la doctrina procesal ha dejado asentado que, la norma del ordinal 5° del artculo 243 del Código de Procedimiento Civil, atinente al principio de la congruencia, lleva implicito el principio de exhaustividad, referido al deber que tienen los jueces de resolver todas y ligadas al problema judicial discutido o a la materia propia de la controversia, de alli que la sentencia no sólo deberá contener decisión expresa, positiva y precisa, sino que éstos elementos deben estar vinculados directamente a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, esto se debe, a que la decisión no puede ser implicita o tácita, ni contener expresiones decidido.

A mayor abundamiento, resulta pertinente citar la doctrina sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al vicio de incongruencia por omisión, el cual fue objeto de análisis por ese Máximo Tribunal en decisión N° 2465, dictada el 15 de octubre de 2002 (Caso: José Pascual Medina Chacón), criterio reiterado en sentencia de fecha 22-5-2013, expediente N° 13-0062, en la que se precisó:

"Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por 'incongruencia omisiva' como el 'desajuste pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia' (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

- Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciarse sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en e! juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los limites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del articulo 49 de la vigente Constitución que exige una 'omisión injustificada".

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldria a la no vulneración del derecho reclamado". (Resaltado de esta Corte Disciplinaria) Del fallo parcialmente transcrito, observa esta Corte, que el vicio de incongruencia en una sentencia, consiste en el desajuste entre los argumentos esgrimidos por el senter.ciador y los términos en que las partes formularon sus pretensiones (incongruencia omisiva), otorgando o negando lo que nadie había pedido en el proceso, dando o rechazando más, cuantitativa o cualitativamente de lo que se reclama, incurriendo en incongruencia omisiva. Asimismo se desprende que el sentenciador debe decidir conforme a lo alegado y probado en autos, ya que en el caso de resolver lo no pedido incurre en el vicio de incongruencia positiva, en tanto que, si no resuelve sobre todo lo alegado sin atenerse a las pretensiones plasmadas (en este caso acto conclusivo de la IGT y descargo del Juez denunciado) incurriria en el vicio de incongruencia negativa.

En sintonía con los criterios precedentemente esbozados, esta Alzada frente al primer supuesto delatado por la apelante como constitutivo del vicio de incongruencia, esto es, que el Tribunal Disciplinario Judicial a pesar de constatar la omisión en que incurrió el Juez denunciado, al no haber dictado los autos de fundamentación relacionados con las medidas cautelares impuestas a los imputados en las audiencias de presentación en algunas de las causas llevadas en el tribunal a su cargo, consideró que el hecho de no motivar una decisión, impedía a los justiciables el ejercicio de las posibilidades defensivas previstas en las leyes, soslayando que la conducta omisiva del juez denunciado creó incertidumbre juridica a los intervinientes en el proceso, cercenando el derecho de los imputados de ejercer los recursos establecidos en la Ley, tanto en la determinación de la oportunidad para interponerlos, como en lo pertinente a su fundamentación.

En contraposición a tales asertos, el Tribunal Disciplinario Judicial estableció que efectivamente el juzgador había omitido dictar el auto de fundamentación de as medidas cautelares sustitutivas en las siete (7) causas judiciales señaladas por la IGT, sin motivación alguna por lo que concluyó que el juez investigado había transgredido el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo aseguró que ello no impidió a las partes hacer uso de sus derechos procesales, aseverándose en la recurrida, que la falta de motivación de una decisión judicial no impide a los justiciables el ejercicio de sus medios defensivos.

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De lo afirmado en la sentencia, así como lo considerado por la reclamante como constitutivo del vicio de incongruencia, evidencia esta Alzada que no le asiste la razón, toda vez que con apego a las definiciones doctrinales y jurisprudenciales de la incongruencia omisiva o positiva, lo decidido por la primera instancia disciplinaria se ajusta a los limites de la controversia planteada por las partes, habida cuenta de existir una conducta desplegada por el juez investigado, las cuales fueron consideradas por la IGT como un ilícito disciplinario, cuya comprobación acarrearía la consecuencia jurídica de DESTITUCIÓN para el juez investigado, y por el contrario el Órgano Jurisdiccional, luego de analizar el acervo probatorio y haciendo uso de sus facultades legales relativas a la modificación de las calificaciones jurídicas atribuidas a los hechos objeto de investigación, subsumió tal conducta en un supuesto de hecho de una norma distinta a la considerada por el Órgano de Investigación, que a juicio del juzgado de mérito resultó comprobada, mereciendo la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN, imponiéndole la misma en el dispositivo del fallo apelado; por lo que esta Alzada considera que no se configura el vicio delatado, dejando a salvo que dicho pronunciamiento pudiera configurar un vicio distinto. Y asi se decide.- Del mismo modo, al considerar como incongruencia la presunta falta de certeza tanto en la oportunidad legal para interponer los recursos de apelación, como en la falta de fundamentación de dichas decisiones en la cual presuntamente incurrió el juez denunciado, que adicionalmente consideró la recurrente vuineraron el derecho a la defensa de las partes, es de mencionar que el articulo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento de los hechos, (actualmente 159) cuyo contenido resulta idéntico establece lo siguiente:

"Articulo 175.- Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas.

Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo la disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a o establecido en este Código." (Subrayado de esta Corte Disciplinaria)

De la norma antes transcrita, se desprende que, en materia penal, toda sentencia, por ser un sistema oral, debe ser proferida en audiencia pública y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas, y a derecho, con excepción de los autos que no son dictados en audiencia, las cuales se notificarán de conformidad con lo establecido en la ley adjetiva penal;

por lo que esta Instancia Superior verifica la improcedencia de lo delatado respecto a que el Juez Arsenio José López Quiroz, infringió el derecho a la defensa a las partes en el proceso, por no cuestionadas, pues en aplicación a la norma procesal transcrita dichas resoluciones al haber sido proferidas al término de la audiencia para oir al imputado en cada caso, y estando presentes en dichas audiencias, las partes estaban a derecho, naciéndole la oportunidad de ejercer cualquier medio recursivo el día siguiente a aquel donde fue dictado el pronunciamiento del dispositivo, y de recurrir de él ante el Tribunal que lo dictó dentro del lapso establecido en el articulo 448 del Código de Procedimiento Penal, vigente para el momento en que acaecieron los hechos. Razón por la cual considera este Despacho Superior Disciplinario la improcedencia de lo delatado por la denunciante, y en consecuencia no existe violación al Derecho a la Defensa por parte del Juez denunciado, en la tramitación de las causas bajo estudio. Y Asi se decide.- En cuanto al segundo supuesto que a criterio de la IGT configura el vicio de incongruencia, cuando señaló que la recurrida a pesar de verificar la existencia del ilícito disciplinario imputado al juez denunciado, al comprobar que el Juez inobservó el lapso para publicar los autos fundados de nueve (9) decisiones dictadas en audiencias preliminares con ocasión al procedimiento por admisión de hechos, justificó que los retardos ocurridos en dichas decisiones alcanzaban un total de dieciocho (18) días adicionales a los diez (10) días dentro de los cuales debía dictarse la decisión, aunado a que según su dicho, las partes fueron notificadas de las mismas de manera extemporánea, sin considerar el A-quo que hubo una transgresión por parte del juez, de lo establecido en el articulo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, y la violación de los preceptos constitucionales establecidos en los articulo 26, 49 y 51, por lo que denunció que el Tribunal Disciplinario no fundamentó los motivos por los que consideró razonable el lapso en que se dictaron dichas decisiones, afirmando que de haber entrado a analizar los argumentos esgrimidos por la Inspectoría de Tribunales y las pruebas aportadas en el curso del proceso, el Tribunal Disciplinario Judicial hubiese arribado a una conclusión distinta, imponiendo la sanción disciplinaria respectiva. (Negrillas de esta Corte Disciplinaria Judicial).

En oposición a dichos argumentos, el Tribunal Disciplinario Judicial, fundamentó su pronunciamiento en atención a las sentencias Nros. 1565 del 11-6-2003, 2198 del 9-11-2001 y 2627 del 12-8-2005, conforme a la noción de retardo judicial establecido por el Máximo interprete Constitucional que exige para su determinación, la ponderación de las circunstancias del caso en concreto y al hacer dicha consideración al caso investigado el A-quo concluyó que dichas resoluciones judiciales fueron dictadas en un lapso razonable, habida cuenta del cúmulo de actividades jurisdiccionales que desarrolló el Tribunal a cargo del juez investigado.

De la fundamentación esgrimida por el A-quo, en torno a la denuncia formulada por la IGT, evidencia este Despacho Superior, que contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el Tribunal Disciplinario Judicial al hacer una interpretación de los distintos fallos proferidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atinentes al retardo procesal y en -aplicación a la causa cuyo conocimiento le correspondió, arribó a la conclusión que las sentencias en los procedimientos por admisión de hechos fueron publicadas solo ocho (8) días con posterioridad al lapso de diez (10) dias estabiecidos en el texto adjetivo penal para emitir pronunciamiento al finalizar una audiencia oral, tal como lo prevé el articulo 365, ponderado en su resolución la existencia de un alto volumen de actos por parte del Tribunal que explicaban la razón por las cuales dichas decisiones fueron dictadas fuera del lapso establecido, por ello resulta inexistente lo afirmado por la recurrente, en cuanto a la falta de fundamentación en la recurrida aludidas, pues resulta notorio, la argumentación esgrimida por el A-quo y que comparte esta Alzada, respecto a que aún con el volumen tan alto de causas que ameritan la realización de audiencias orales en los Juzgados de Primera Instancia Penal en funciones de Control, el juez denunciado en el presente caso solo tarde ocho días para publicar las sentencias por admisiones de hechos, por lo cual considera esta instancia superior, que en modo alguno constituye el vicio de incongruencia las argumentaciones establecidas por el a quo respecto a la aplicación del criterio del plazo razonable para dictar alguna providencia dentro de un proceso judicial, e igualmente comparten estos decisores lo afirmado por el Tribunal Disciplinario Judicial en cuanto a la inexistencia de violación de garantias constitucionales y procesales por parte del juez denunciado, por cuanto si cumplió con sus deberes al proferir las mencionadas sentencias en un plazo por demás razonables habida cuenta del alto volumen de causas que manejan los Juzgados de Primera Instancia Penal en funciones de Control, aunado a que, a pesar de haber publicado las sentencias aludidas por la 1GT con ocho (8) dias de diferencias del lapso de diez (10), establecidos en la legislación procesal penal, notificó debidamente a las partes a los fines del ejercicio legitimo de su derecho a la defensa. Y así se establece.

Respecto al tercer supuesto que en criterio de la IGT materializa el vicio de incongruencia, según el cual sostuvo que aún cuando el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria señaló responsabilidad disciplinaria del juez investigado en lo tocante a la incorporación a las actas procesales, de las resultas de las boletas de notificación de audiencia en obvió analizar los elementos de gravedad y reiteración que denotaba la conducta del juez, inobservando su deber de controlar las causas sometidas a su conocimiento y la verificación efectiva de las notificaciones de las partes, por lo que en su criterio el juez denunciado incurrió en conducta impropia e inadecuada en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en el numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, constituyendo a su decir tal omisión el vicio de incongruencia.

Por su parte, el A-quo estableció que el Juez denunciado incumplió el deber general que tenía como director del proceso, de impulsarlo en las actuaciones que le correspondierán, al no verificar la consignación en autos de las resultas de las notificaciones ya practicadas;

considerando que los hechos se subsumían en el supuesto previsto en el articulo 31.5 del Código de Ética, y no en el supuesto previsto en el articulo 33.13 ejusdem, por lo que declaro la Responsabilidad Disciplinaria del Juez Arsenio López, y en consecuencia le impuso la sanción de Amomestación Escrita.

Respecto a la presente denuncia, la Primera Instancia Disciplinaria, una vez analizado lo establecido en las Resoluciones Nos. 1484 y 70 de fechas 04 de noviembre de 2003 y 3 de septiembre de 2004 respectivamente, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en las cuales estructuró la organización funcional necesaria para implantar y desarrollar el sistema de gestión, decisión y documentación IURIS 2000, en los Tribunales de la República en los que aún no había sido implantado el referido sistema y en consecuencia instauró un sistema basado en la creación de las oficinas de apoyo judicial, las cuales asumirían las labores centralizadas de gestión y apoyo a la actividad jurisdiccional de los jueces, igualmente; arribó a la conclusión que, en aquellos Tribunales que se encuentre instaurado el Sistema IURIS 200, los jueces se dedican fundamentalmente a funciones jurisdiccionales de carácter decisor y de ejecución, interviniendo en la sustanciación de los expedientes únicamente ejerciendo funciones de supervisión sobre las actividades que realicen las oficinas de servicios comunes procesales.

De lo anterior el A-quo, advirtió que efectivamente el juez incumplió el deber de impulsar el proceso a través de la supervisión que hiciera al secretario, quien en el presente caso, prestaba apoyo a cinco (5) Tribunales de Control en el Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Extensión territorial Puerto Ordaz, por lo cual consideró que tales hechos no constituían el tipo disciplinario previsto 33.13 del Código de Ética invocado por la IGT, sino en el supuesto previsto en el articulo 31.5 ejusdem, ya que la notificación es un acto propio del proceso.

Observa esta Alzada que nuevamente la impugnante pretende a través de la delación del inexistente vicio de incongruencia, enervar los razonamientos de fondo emitidos en el fallo. En efecto, no puede atacarse el cambio de la calificación jurídica atribuida a la conducta desplegada por el juez denunciado, alegando que no se analizaron los elementos de gravedad y reiteración de la conducta del juez, por cuanto el órgano jurisdiccional al apartarse de la calificación jurídica propuesta por la IGT, realizó un proceso intelectivo y de valoración no solo de las normas contenidas en el catálogo de ilícitos disciplinarios, previstos en las normas sustantivas aplicables, sino también de las circunstancias fácticas de la causa.

Por ello al constatarse en la recurrida que el hecho dañoso era imputable al secretario del Tribunal, dentro de cuyas atribuciones se encuentra la de incorporar las resultas de las boletas de

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notificación a los respectivos expedientes, siendo que tanto la norma procesal civil, como la norma disciplinaria, han establecido como obligación del juzgador como director del proceso y superior jerárquico de todos los funcionarios que fungen de auxiliares del órgano jurisdiccional, la supervisión de la actuación de dichos funcionarios, para el correcto desenvolvimiento del proceso, cuyo incumplimiento da lugar a la imposición de una sanción distinta a la solicitada por el órgano de investigación, es por lo que consideran ajustado a derecho quienes aquí deciden, el cambio de calificación realizado por el a quo y la sanción impuesta al juez denunciado, reiterando esta Alzada el criterio establecido en cuanto a la aplicación del articulo 31.5 del Código de Ética, sostenido en decisión N° 33 de fecha 09 de octubre de 2013, donde se abordo de forma amplia la interpretación y aplicación de la referida norma y se pone de manifiesto la trascendencia de la conducta del juez ante acciones u omisiones de los secretarios o funcionarios auxiliares, por lo que debe desecharse el vicio denunciado. Y asi se establece.

En relación al último de los supuestos denunciados como constitutivos del vicio de incongruencia, según el cual la recurrida en su motiva evidenció que el juez omitió realizar las suspensión condicional del proceso, asi tampoco realizó en cada causa la audiencia especial prevista en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, absolviendo al juez denunciado, establecido en dicha norma, como lo fue, la instauración del Sistema Iuris 2000 y la suspensión del juez, delatado que tales aseveraciones en la recurrida constituían el vicio de incongruencia.

Por su parte, en la sentencia impugnada el Tribunal de Primera Instancia consideró que la implantación en el mes de abril de 2009 del sistema IURIS 2000, en el Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Bolivar, extensión Puerto Ordaz, exigió que los jueces y demás trabajadores de dicho Circuito realizaran diversas actividades administrativas y que éstas le impidieron al juez denunciado el cumplimiento efectivo de sus actividades jurisdiccionales.

Igualmente el fallo accionado estableció que para que la omisión en que incurrió el juez injustificada, lo cual no ocurrió en el presente caso, puesto que ocurrieron distintos hechos que razonablemente le impidieron al Juez la sustanciación eficiente de los expedientes, tales como las actividades administrativas previamente mencionadas, adicionalmente la recurrida justificó la referida omisión por la suspensión de la cual fue objeto el juez investigado.

En razón de lo anterior el Tribunal Disciplinario decidió absolver al ciudadano Arsenio J.

López Quiroz, de la presunta violación de lo dispuesto en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable rationae temporis, y de haber incurrido en el supuesto previsto en el articulo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial, norma vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

De los fundamentos esgrimidos por la recurrida, constatar estos decisores que tampoco configuran el vicio de incongruencia, toda vez que el A-quo afirma que el juez denunciado incurrió en un ilicito disciplinario al no verificar las obligaciones impuestas a los imputados a quienes le fuera otorgado el beneficio de suspensión condicional del proceso e igualmente al no el momento de la ocurrencia de los hechos, para luego absolverlo de responsabilidad disciplinaria bajo el argumento de que el juzgador se encontraba cumpliendo actividades administrativas inherentes a la instauración de un Sistema de Gestión Judicial que le impidió el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y adicionalmente justificó la referida falta en la suspensión del cargo de la cual fue objeto el juez denunciado. En tal sentido, verifica esta alzada que el argumento esbozado por la representante de la IGT, en relación a que el solo hecho de que el A-quo efectivamente verificó tal omisión por parte del juez denunciado, debió declarar su responsabilidad disciplinaria y la consecuente destitución, y no absolverlo como lo hizo; pues consideran quienes aquí suscriben, que tal argumentación no es aplicable para argüir que el fallo recurrido adolece del vicio de incongruencia, dado que el tribunal de primera instancia disciplinaria no otorgó o negó lo que nadie habia pedido en el proceso, (incongruencia omisiva), tampoco obvió resolver sobre todo lo alegado sin atenerse a las pretensiones plasmadas (incongruencia negativa) y menos aún resolvió lo no pedido en el proceso (incongruencia positiva), sin menoscabar que dicha fundamentación pudiera eventualmente constituir un vicio distinto al alegado por la recurrente. Y así se establece.- Del falso supuesto de derecho En el presente caso, la formalizante delata que la recurrida incurrió en el falso supuesto de derecho, ya que a su decir, el A-quo para apartarse de la calificación jurídica atribuida por la IGT a los hechos constatados, hizo una interpretación errónea del articulo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial, al derivar de la norma consecuencias que no resultan de su contenido, y señalar que los hechos en que se encuentra incurso el Juez denunciado no se subsumen en el supuesto previsto en la referida norma, ya que la misma está dirigida a sancionar el incumplimiento de los deberes morales que deben cumplir los jueces de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no al cumplimiento de deberes procesales establecidos en normas jurídicas de carácter adjetivo, por lo que la IGT arguye que no le es dada al Tribunal Disciplinario, desnaturalizar el sentido de la norma y desconocer su significado, al hacer una mala interpretación respecto al tipo de deberes a que se refiere la mencionada norma.

Igualmente arguyó, que la recurrida a pesar de haber constatado la omisión por parte del Juez denunciado, de dictar los referidos autos fundados de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad dictadas, le otorgó una consecuencia juridica distinta al hecho comprobado, como lo es, retraso y descuido injustificado, sin ser la recurrida precisa, ya que según adujo, no determinó si la conducta del Juez Arsenio López encuadra en retraso o en descuido injustificado, y en consecuencia, al verificar la certeza de la imputación, y reconocer la conducta omisiva del juez denunciado, debió aplicar la consecuencia prevista en el articulo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial.

En este sentido, esta Alzada observa de las actas que conforman el presente expediente, que el A-quo, estableció en torno al numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial que "(...) los hechos constatados no se subsumen en el supuesto previsto en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial. toda vez que la referida norma está dirigida a sancionar el incumplimiento de los deberes morales que deben cumplir los jueces de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no el incumplimiento de deberes procesales establecidos en normas juridicas de carácter adjetivo", teniendo como fundamento la sentencia Nro. 1973 del 17-12-2003, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual reza lo siguiente:

"(..) Antes de discernir sobre los hechos que configuraron objeto de sanción, esta Sala considera necesario aclarar que en anteriores oportunidades se ha establecido la necesidad de diferenciar las obligaciones y deberes del juez.

desde el punto de vista profesional e intelectual y en el ámbito moral. Sobre ello, / se ha mantenido el criterio de afirmar que las obligaciones mencionadas por el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, se encuentran referidas fundamentalmente a los deberes, obligaciones y prohibiciones del juez, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no con los aspectos de orden básicamente procesal. que si bien exigen observancia por cuanto se encuentra sancionado su incumplimiento, exceden los deberes morales y profesionales requeridos a toda persona que aspire a desempeñar la delicada misión de juzgar. Asi. a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Legislador delineo(falta acento) los aspectos fundamentales que determinan las condiciones e incompatibilidades para el ejercicio del cargo de juez, asi como también los deberes, obligaciones y prohibiciones, una vez asumida esta función"

Asi, el Tribunal de Primera Instancia Disciplinaria en atención al principio ura novit curia se aparto de la calificación juridica otorgada por el órgano de investigación a los hechos objeto de la inspección realizada, concluyendo que los mismos se subsumían en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, la cual sanciona dicho ilícito con la imposición amonestación escrita a los jueces que incurran en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia de los mismos.

Analizado lo anterior, observa esta Alzada que respecto al vicio del falso supuesto de hecho y de derecho, la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido su contenido y alcance en innumerables sentencias entre otras, las Nros. 476, 623 y 772, de fechas 21 de marzo 2007, 30 de junio y 28 de julio de 2010 respectivamente, criterio ratificado en la sentencia Nro. 00615, de fecha 05 de junio de 2012, con ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz, en la cual se estableció:

"(...)el vicio de falso supuesto de hecho se materializa cuando la Administración fundamenta su actuación en hechos que no ocurrieron, u ocurrieron de forma distinta a la apreciada, mientras que el vicio de falso supuesto de derecho se configura cuando la Administración subsume los hechos acaecidos, en una norma inapropiada o inexistente en el universo normativo, en ambos casos, la manifestación de voluntad de la Administración no se configuró adecuadamente, lo cual perturba la legalidad del acto administrativo, haciéndolo anulable." (resaltado de esta Corte Disciplinaria)

Del fallo parcialmente transcrito, observa esta Corte, que el vicio de falso supuesto de hecho se materializa cuando la resolución de una decisión se fundamenta en hechos que no

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ocurrieron, u ocurrieron de forma distinta a la apreciada, mientras que el vicio de falso supuesto de derecho se configura cuando el órgano jurisdiccional subsume los hechos acaecidos, en una norma inapropiada o inexistente en el universo normativo, en ambos casos, la convicción sobre los hechos del administrador de justicia no se configura adecuadamente, lo cual puede perturbar la legalidad de las decisiones, haciéndolas anulables.

En el caso de marras, la IGT calificó, en prima fase, el ilícito disciplinaria previsto en el artículo 40.11 de la Ley de Carrera Judicial, el cual establece lo siguiente:

–

lugar, los jueces serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por las causas siguientes:

(...) 11.- Cuando infrinjan las prohibiciones o deberes que les establecen las leyes..." En este sentido, observa esta alzada que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en anteriores oportunidades, especificamente en la sentencia N° 1.973 del 17 de diciembre de 2003 y N° 00713 del 16 de mayo de 2007, ha establecido que las obligaciones mencionadas en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, se encuentran referidas fundamentalmente a los deberes, obligaciones y prohibiciones del juez, de acuerdo con lo pautado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no con los aspectos de orden básicamente procesal. Que si bien no definen de forma expresa los tipos de deberes, si establece que estos exceden los deberes morales y profesionales requeridos a toda persona que aspire a desempeñar la delicada misión de juzgar, donde el legislador a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, delineó los aspectos fundamentales que determinan las condiciones e incompatibilidades para el ejercicio del cargo de juez, como también los deberes, obligaciones y prohibiciones, que deben acatarse una vez asumida esta función, cuyo incumplimiento configura el tipo sancionado por el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, criterio el cual comparte esta alzada.

Razón por la cual, luego de realizar el análisis respectivo, el A- quo, habiendo establecido las razones de hecho y derecho, a la luz de los fundamentos jurisprudenciales, se apartó de la calificación jurídica otorgada por la IGT a los hechos investigados, realizando con posterioridad un juicio de valor sobre la procedencia de la infracción calificada, es decir, por presuntamente haber incurrido en retrasos injustificados en la tramitación del proceso, de conformidad con lo establecido en el numeral séptimo del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial.

En consecuencia quienes aqui deciden, consideran que el Tribunal Disciplinario Judicial, subsumió correctamente la norma disciplinaria, a los hechos que le sirvieron de fundamento para cambiar la calificación juridica dada por la IGT: por lo que esta Instancia Superior Disciplinaria desestima lo alegado por la recurrente, por cuanto es deber del órgano jurisdiccional al apartarse de la calificación jurídica propuesta por el órgano investigador, realizar tal y como ya se expresó, un proceso intelectivo y de valoración no solo de las normas contentivas del catalogo de ilícitos disciplinarios, sino también de las circunstancias fácticas de la causa, lo cual el a quo realizo de manera extensa, acertada y con fundamento a criterios jurisprudenciales reiterados y que esta alzada comparte. Y asi se establece.

Del falso supuesto de hecho Se observa de las alegaciones de la parte apelante, que en su escrito de fundamentación manifestó que el a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, por cuanto la recurrida partió de un hecho falso al señalar que el Juez asumió el Tribunal en marzo de 2009 y al mes siguiente se inició la instauración del sistema luris 2000, por lo que tuvo que realizar un inventario de todas las causas llevadas por ese Tribunal, siendo que el Juez tomó posesión del cargo en marzo de 2007 y para esa fecha ya habían sido impuestas las obligaciones de los imputados en las causas en las cuales se otorgó la suspensión condicional del proceso, por lo que era la obligación del juzgador denunciado verificar el cumplimiento de las mismas, resultando improcedente lo argüido en la sentencia, pues invocó un hecho acaecido 2 años después como lo fue la instauración del sistema Iuris 2000, para eximir al Juez investigado del cumplimiento de su obligación de verificar las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y la realización de la audiencia prevista en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal.

En relación al vicio de falso supuesto o suposición falsa, denunciado por la reclamante, esta Alzada, conforme a la doctrina emanada de la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ya ut supra mencionada, denota que para incurrir en el vicio de suposición falsa, es necesario que la recurrida al dictar la sentencia que resuelva el fondo del asunto, haya establecido un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente, o bien por atribuir a un instrumento del expediente menciones que no contiene, aunado al hecho de que de no haberse producido tal inexactitud, otro hubiere sido la resolución del asunto planteado.

Contrario a lo anterior, este Órgano Superior pudo constatar, que de las pruebas aportadas a lo largo del proceso, las cuales consideró el Tribunal A-quo para absolver al juez denunciado en relación al ilicito disciplinario calificado por la IGT, se desprenden actas de fecha 5-3-2007, 6-3-2008 y 2-3-2009, las cuales fueron levantadas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, mediante el cual se deja constancia que efectivamente el juez Arsenio José López Quiroz, tomó posesión del mencionado Juzgado en el año 2007, mediante acta N° 11 (folio 66, pieza 1). hizo entrega del Tribunal en el año 2008, en virtud de la rotación de los jueces en el referido Circuito, mediante acta N° 12 en fecha 06-3-2008 a la Juez Chacin Yaleima (folio 100, pieza 1). y en fecha 2-3-2009 la mencionada juez hizo entrega formal mediante acta N° 16 del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, al Juez Arsenio José López Quiroz.

Conforme a lo anteriormente reseñado y revisadas como fueron las actas procesales, esta Alzada observa que si bien es cierto, el mencionado juez tomó posesión del cargo en el año 2007, tal y como lo refiere la parte recurrente, no es menos cierto, y asi consta a las actas que conforman el presente expediente, que el mismo hizo entrega efectiva del tribunal en el año 2008 y nuevamente el 2 de marzo de 2009, tomó posesión del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, permaneciendo en el ejercicio del cargo sólo durante cinco meses del periodo investigado, tal y como lo explanó el a quo en su sentencia, razón por la cual debe declararse improcedente el vicio alegado y asi se establece.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de la quejosa referente al pronunciamiento de la recurrida en cuanto al levantamiento de la medida de suspensión impuesta contra el ciudadano Arsenio José López Quiroz, dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en reunión del 21 de octubre de 2009, observa esta Alzada lo siguiente:

El presente procedimiento comienza'una vez que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en reunión del 21 de @tubre de 2009 decidió suspender sin goce de sueldo al ciudadano Arsenio José López Quiroz del cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión territorial Puerto Ordaz, la cual fue acordada hasta tanto la IGT presentara el respectivo acto conclusivo, por lo que ofició a la IGT y al Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de tal resolución (folio 1 y 47, pieza 1) (resaltado y subrayado de esta Corte Disciplinaria Judicial).

Visto lo anterior, y presentado el acto conclusivo por el órgano instructor ante el Tribunal Disciplinario Judicial, tal como lo señaló la Comisión Judicial de nuestro Máximo Tribunal, el ( Juzgado A-quo una vez analizados los hechos del presente procedimiento disciplinario, dictando el respectivo pronunciamiento judicial y dado que se cumplió la condición resolutoria establecida por la Comisión Judicial, lo cual era hasta la presentación del acto conclusivo, levantó la referida medida, esta corte considera ajustada a derecho la decisión del A-quo que objeción, y en consecuencia afirma el levantamiento de la misma. Y así se decide.- Corolario de la motivación anterior, debe este Órgano Superior Disciplinario declarar sin lugar el recurso de apelación presentada por la ciudadana Maria Soledad Torres Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° V- 9.295.180, en su carácter de delegada de la Inspectoría General de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2012-274, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2012, por no verificarse los vicios delatados por la recurrente. Y asi se decide.

No obstante a ello, de conformidad con la parte in fine del artículo 87 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, esta Corte Disciplinaria Judicial, a la luz de lo examinado en las actas procesales, asi como del fallo recurrido, a pesar de no habe: constatado los vicios delatados por la representante de la Inspectoria General de Tribunales, verificó que dicho fallo incurrió en infracciones que acarrean la nulidad parcial del mismo, específicamente al resolver el vicio de INCONGRUENCIA delatado por la IGT en la fundamentación esgrimida, en tal sentido observa este Superior Despacho que el Tribunal de mérito estableció lo siguiente:

"(...) si bien es cierto que el juez denunciado si omitió motivar las medidas cautelares impuestas, ello no constituye una conducta impropia, sino en todo caso, un descuido en la realización de un acto del proceso, dado que erró en el cumplimiento de uno de los requisitos para la válida realización de un acto decisorio, como lo es la motivación. En consecuencia, este tribunal estima ajustado a los referidos hechos, el supuesto contenido en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana, consistente en Incurrir (sic) en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos".

De la misma forma, respecto a la verificación que debía realizar el juez denunciado respecto al cumplimiento por parte de los imputados, de las obligaciones impuestas al momento de otorgárseles el beneficio procesal de suspensión condicional del proceso, estableció lo siguiente:

"(..) Se observa de las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial, que efectivamente, el juez omitió realizar las gestiones para verificar el cumplimiento de las referidas obligaciones, asi como también omitió fijar en cada caso, la audiencia especial prevista en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable rationae temporis.

No obstante, conoce este Tribunal Disciplinario Judicial por ser un hecho notorio tanto comunicacional, como judicial. que en el mes de abril de 2009, inició en el Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Bolivar. extensión Puerto Ordaz. el proceso de instauración del sistema IURIS 2000 circunstancia que hizo exigible para los jueces y demás trabajadores de esa organización judicial la realización de diversas actividades de indole administrativo, como la elaboración de inventarios, la digitalización de información, la reconstitución de expedientes y otros, a los fines de garantizar la adecuación de los tribunales a las exigencias del nuevo sistema, para asi contar a partir de la finalización del referido proceso de adaptación, con los instrumentos tecnológicos necesarios para ayudar a los órganos jurisdiccionales a brindar una justicia expedita".

Concluyendo finalmente el A-quo, que la reprochabilidad de la conducta imputada al juez denunciado dependia de su justificación, lo cual no se ajustada al caso de marras, puesto que ocurrieron distintos hechos que razonablemente, según la recurrida, le impidieron al juez la sustanciación de los expedientes que tenia a cargo en el Tribunal.

Examinado por esta Alzada los anteriores argumentos explanados en la recurrida, estima pertinente referir la doctrina sentada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al vicio de contradicción de la sentencia, el cual entre otros fallos es interpretado en la sentencia N° 00204 de fecha 3 de mayo de 2005 y N° RC-000173 de fecha 14-4-2011, donde ha dejado sentado lo siguiente:

"(...)constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula...". es decir. se verifica cuando los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, generando asi una situación equiparable a la falta de fundamentos. lo que conllevaría a la infracción del ordinal 4° del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil"

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De la sentencia parcialmente transcrita se concluye que, una de las modalidades para que se configure la inmotivación de una sentencia se produce cuando la contradicción se encuentra presente entre las motivaciones del fallo, de tal modo que las fundamentaciones explanadas en el mismo se desvirtúan unas con otras, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende anulable.

Corolario de lo anterior, consideran quienes aquí deciden, que la motivación de la recurrida en los dos casos antes señalados resulta a todas luces contradictoria, por cuanto el 4quo, luego de considerar que el juez denunciado efectivamente había dejado de motivar las decisiones mediante las cuales otorgó medidas cautelares sustitutivas en distintas causas judiciales, lo cual a tenor de lo establecido en el articulo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, traería como consecuencia la NULIDAD, de la decisión judicial carente de motivación, estableció que tal circunstancia no impedia el ejercicio de los medios de defensa establecidos en la ley para las partes, por lo cual consideró que dicha omisión de motivar las decisiones judiciales, no constituía una conducta impropia, modificando la calificación jurídica otorgada por la IGT a los hechos denunciados, concluyendo con la imposición de la sanción de jurídica de no motivar una decisión en el ámbito jurisdiccional.

De la misma forma, considera contradictorio esta Alzada la motivación de la recurrida cuando establece que el juez denunciado ciertamente omitió la verificación del cumplimiento por parte de los imputados, de las obligaciones impuestas al momento de otorgárseles el beneficio procesal de suspensión condicional del proceso, absolviéndolo posteriormente, al considerar erradamente justificada la omisión antes descrita.

- En tal sentido, es forzoso para esta Alzada, de conformidad con la parte in fine del artículo 87 del Código de Ética del Juez, declarar la NULIDAD parcial de la sentencia N° TDJ- SD-2012-274, de fecha 27 de noviembre de 2012, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, solo en lo que respecta a los pronunciamientos PRIMERO y CUARTO de su dispositivo; por lo que corresponde a esta Instancia Superior Disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el articulo 209 del Código de Procedimiento Civil, resolver el fondo del asunto, para lo cual observa:

El órgano de investigación disciplinaria en fecha 04 de noviembre de 2010, al dictar su acto conclusivo acusó al juez denunciado, entre otras cosas, por haber supuestamente omitido realizar el auto razonado de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, en ciento sesenta y un (161) causas judiciales, transgrediendo lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, verificando dicho aserto con la inspección practicada a los expedientes signados bajo los números FP12-P-2009-000372, FP12-P-2009-001506, FP12-P- 2009-001280, FP12-P-2009-002506, FP12-P-2009-000065, FP12-P-2009-000103, tal omisión fue calificada por la Inspectoría General de Tribunales, como el ilicito de infracción de las prohibiciones o deberes que le establecen las leyes al juez, previsto y sancionado en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, norma vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en concordancia con el articulo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

asi mismo, tal omisión fue verificado por el órgano investigador en el expediente identificado con el Nro. FP12-P-2009-007485, subsumiendo la presunta falta disciplinaria atribuida al juzgador, en el numeral 13 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.

Por su parte el Juez investigado en la oportunidad de presentar su descargo respecto a lo delatado por el órgano investigador, alegó que "(..) debo aclarar que en relación a las MEDIDAS CAUTELARES PRONUNCIADAS EN AUDIENCIA; se les ha encontrado solución, toda vez que. LAS ACTAS DE PRESENTACIÓN DONDE SE OTORGAN DICHAS MEDIDAS, SI BIEN SU MOTIVACIÓN (sIc) NO ES POR AUTO SEPARADO, EN MI CASO YO REALIZO UNA BREVE MOTIVACIÓN (sic) EXIGUA PERO A RENGLON (sic) SEGUIDO SOBRE LA MEDIDA A OTORGAR Y EL PETITORIO DE LAS PARTES. garantizando con elio, una recta administración de justicia".

Ahora bien, planteada así la controversia este Órgano Superior pasa a observar las pruebas documentales promovidas por la IGT, en las cuales según lo alegado, se constató de las actas levantadas con motivo de las audiencias de presentación de imputados lo siguiente:

A los folios 2 al 94, 95 al 120, 122 al 147, 149 al 186 de la pieza N° 5, asi como a los folios 206 al 243, 245 al 276 de la pieza N° 4 y de los folios 182 al 348 de la pieza N° 2, cursan copias certificadas de las causas judiciales N° FP12-P-2009-000372, FP12-P-2009-001280, FP12-P-2009-001506, FP12-P-2009-002506, FP12-P-2009-000103, FP12-P-2009-000065 y FP12-P-2009-007485, respectivamente, las cuales reflejan actuaciones relativas a la aprehensión de los imputados de autos, asi como acta de audiencia de presentación en cada caso, donde una vez oídas las partes, el Juez Arsenio José López Quiroz, pasó a realizar entre otros, los pronunciamientos referidos a los supuestos de procedencia de las medidas de coerc:ón personal momento, en la cual este Despacho Superior pudo verificar que el Juez denunciado al momento de dictar los respectivos pronunciamientos al término de cada una de las aludidas audiencias, realizó un análisis de forma sucinta de los hechos que lo llevaron a concluir la existencia de un hecho punible que mereciera pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encontraba evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el o los imputados hayan sido autores o participe en la comisión de un hecho punible y la apreciación de que en virtud de las circunstancias del caso particular, no se configuraba el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, por lo cual consideró que los resultados del proceso penal que se iniciará, podía ser satisfecho con una medida menos gravosa.

Tal fundamentación se encuentra enmarcada dentro de los parámetros que ha establecido tanto la Sala de Casación Penal como la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, para la fundamentación de este tipo de decisiones que por la temprana etapa del proceso en que se dicta no requieren de una fundamentación exhaustiva, tal como se observa en lo establecido en los fallos que ha continuación se señalan:

Sentencia N° 2799 de fecha 14-11-2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual ha dejado sentado lo siguiente:

"(...)La decisión que se impugnó en la presente causa fue dictada con ocasión de la audiencia que, con arreglo a lo que disponen los articulos 130 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal tenia por objeto, esencialmente, la audiencia sustitución de la medida cautelar privativa de libertad por algunas sustitutivas menos gravosas que aquélla. de las que contiene el articulo 256 eiusdem. El Juez constitucional de primera instancia estimó que la decisión del Juez de Control, por la cual impuso las medidas sustitutivas adolecía de falta de motivación o fundamentación, de lo cual derivó, en perjuicio del imputado José Miguel Márquez Rondón -que fue, en definitiva, el único sujeto procesal respecto de quien el a quo admitió la presente acción de amparo-, la lesión del derecho a la libertad que reconocen los articulos 44 y 243. de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, asi como al derecho a la defensa, que establece el articulo 49.1 de nuestra Carta Magna, que se concreta en el derecho que tiene toda persona a que se le notifiquen los cargos por los cuales se le investiga y las razones por las cuales se le priva o se le restringe su libertad.

Ahora bien, se observa que, contrariamente a lo que afirmó el juez a quo:

Si bien es cierto que el referido pronunciamiento judicial debía ser motivado y que tales motivaciones no están expresadas en el objetado auto que dictó el Juez de Control, como culminación de la antedicha audiencia, no lo es menos que tal fundamentación se encuentra suficientemente desarrollada en el auto de imposición de medida de coerción personal que, el 16 de abril de 2002, produjo el legitimado pasivo, conforme lo exigía el último párrafo del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, el Juez de Control si expresó una motivación, la cual esta Sala estima suficiente, por cuanto, si se toma en cuenta el estado inicial del proceso penal, a la misma no pueden serle exigidas las mismas condiciones o caracteristicas de exhaustividad que corresponden a otros pronunciamientos, como los que derivan de la Audiencia Preliminar o el Juicio Oral, Por otra parte, estima la Sala que, en el acta de la audiencia de presentación, el legitimado pasivo razonó satisfactoriamente su decisión de sustitución de la medida cautelar privativa de libertad por las menos gravosas / que antes fueron mencionadas. Por tanto, concluye esta Sala que, respecto a este punto de impugnación, el legitimado pasivo actuó conforme a derecho y que, en consecuencia, no lesionó derechos constitucionales del supuesto agraviado de autos. En todo caso. habiendo sido suficientemente motivada la decisión de privar preventivamente de su libertad al predicho imputado. se debe concluir que, aun si se considerara que el decreto de sustitución de dicha medida por otras menos gravosas no fue fundado, o lo fue insuficientemente, dicho pronunciamiento fue, más bien, favorable a la preservación de la libertad, incluso con las señaladas limitaciones que impuso el Juez". (Subrayado de esta Corte Disciplinaria) Del mismo modo, en torno a dicha resolución judicial plasmada en el acta que recoge la audiencia de presentación de imputado ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 151. de fecha 23-3-2010, con Ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López:

"(..) Existen diferencias entre el acta de audiencia y el auto fundado, las cuales pueden resumirse'...Dicha acta deberá ser firmada por cada uno de los intervinientes, salvo las excepciones y formas de solventar las previstas en ia ley:

una vez leida el acta al finalizar la audiencia las partes quedarán notificadas, a objeto de poder interponer los recursos previstos en el ordenamiento juridico, contra los pronunciamientos emitidos en ella.

...Omissis...

(..)Debido a la celeridad procesal y a la inmediatez que debe caracterizar todo proceso judicial, la resolución del juez respecto a la procedencia de las medidas judiciales preventivas de libertad o cautelares, en numerosas oportunidades son pronunciadas al finalizar la audiencia oral sin motivación, lo que no afecta su validez.

...Omissis..

Corolario a lo expuesto, también se da el caso donde el juez, explana en el acta las razones de hecho y de derecho que justifican el aseguramiento de la persona indicada del delito, y si tal fundamentación se encuentra suficientemente desarrollada en el acta de la audiencia de presentación que impone la medida, la misma se reputa válida, efectiva y lo suficientemente garante de los derechos constitucionales.

...Omiss....

Por otra parte, resulta necesario precisar, que el Código Orgánico Procesal Penal establece un lapso de cinco (5) dias para recurrir del fallo. y si bien el pronunciamiento contenido en el acta del cual se disiente se publicó el 25 de agosto de 2009, a la representación judiciai del imputado le nace el derecho" (Subrayado y negrillas de esta Alzada).

En consonancia con los criterios pacíficos y reiterados de la jurisprudencia antes explanada, entiende esta Alzada que en la medida cautelar sustitutiva de libertad dictada por el Juez de Control en la audiencia de presentación del imputado, en virtud de ser dictada en la etapa primigenia del proceso, no es exigible una motivación que se desarrolle con la exhaustividad que es característico de otras decisiones, como los que derivan de la audiencia preliminar, o del juicio oral, donde si es obligatorio para el sentenciador hacer una motivación minuciosa de los hechos y el derecho que pueda sustentar el dispositivo a dictar, lo que contrariamente ocurre en el acto de presentación del aprehendido, donde aún falta el desarrollo de una investigación por parte de la vindicta pública, para asi presentar el respectivo acto conclusivo; siendo suficiente el breve análisis de los supuestos establecidos en el articulo 250 del Código Adjetivo Penal, ya sea para dictar la privativa preventiva de libertad o para otorgar una medida menos gravosa, de las establecidas en el artículo 256 ejusdem.

En el presente caso, observa esta Corte Disciplinaria Judicial que la motivación sucinta penal en cuanto al otorgamiento de estas cautelas a delitos cuya penas en su límite máximo no excedieran de ocho (8) años, siendo éste el caso de los ilicitos penales imputados por el Ministerio Fiscal a los ciudadanos que fueron presentados ante el tribunal de Control en dichas audiencias, verificando que aún con la motivación sucinta a que hemos hecho referencia, el juez investigado, fundamentó en los casos en los que consideró que no se encontraban satisfechos los a supuestos de la aprehensión flagrante (folio 183 al 348 de la pieza N° 2 causa N° FP12-P-2009investigación penal conforme a los criterios establecidos de forma vinculante por la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia para estos casos.

partes en cada una de estas causas de ejercer el recurso de apelación, pues a su decir, al no

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haber el auto de fundamentación de las medidas cautelares sustitutivas de libertad, no habí certeza en el lapso para su interposición, es preciso señalar que las partes en el proceso penal pueden en cáso de inconformidad de una resolución judicial que declare la procedencia de una medida cautelar privativa o sustitutiva, ejercer los mecanismos recursivos establecidos en la norma adjetiva penal, ante las Cortes de Apelaciones, de conformidad con lo establecido en el partes se encuentran a derecho desde el mismo momento en que el Juez de Control dicta en audiencia oral y pública las medidas de coerción personal (art. 175 de la ley adjetiva penal).

En tal sentido, visto que las decisiones judiciales proferidas por el Juez Arsenio José López Quiroz, si fueron motivadas tal como ha quedado demostrado, esta Corte Disciplinaria Judicial lo absuelve de responsabilidad disciplinaria. Y Asi se decide Ahora bien, en relación a la denuncia por parte de la IGT, referida a que el Juez denunciado omitió verificar el cumplimiento por parte de los imputados de las obligaciones impuestas al momento de otorgárseles el beneficio de suspensión condicional del proceso en cincuenta y cuatro (54) causas judiciales, entre las cuales solo consignó como prueba de ello, copias certificadas de cinco (5) expedientes signado bajo los números FJ12-2001-000018, FJ12- 200-000011. FJ12-P-2004-000026, FJ12-P-2005-000050 y FJ12-P-2007-000049, ilícito previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, norma aplicable rationae temporis, en concordancia con lo previsto en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para ese momento, y que en virtud de la aprobación del Código de Ética, a decir de la IGT, debían ser subsumidos en la falta que da lugar a la aplicación de la sanción de destitución, conforme a lo establecido en el articulo 33 numeral 23 de la mencionada norma, y en contraposición el juez denunciado en su defensa señaló:

Que "(..) con motivo de la ROTACIÓN ANUAL DE LOS JUECES, ei Tribunal que presidi en estos intervalos de tiempo, esto es, 2000, 2001. 2002. 2003. 2004, 2005. 20006, 2007.

20008 y 2009, fue atendido por distintos jueces que transitaron por el mencionado juzgado en cuestión, aunado a que en su materia (sic) LAS CAUSAS. por no decir todas, permanecieron en el archivo del tribunal, sin que mediara solicitud o pretensión de ias partes' aun cuando asumir nuevamente mis funciones jurisdiccionales, en el mismo juzgado' en fecha 02 de marzo de 2009, esto es, NUEVE AÑO POSTERIOR AL AÑO 2000, dejo constancia que er. virtud de la implementación del sistema iuris 2000, en fecha 20 de abril de 2009, me encontré en un TRIBUNAL visiblemente CONGESTIONADO, debido al cúmulo de causas ventiladas en dicho despacho, donde lo que justificó la demora denunciada por la Inspectoria Genera! de Tribunales tuvo su epicentro en que durante el mencionado periodo, que me toco (sic), esto es, marzo de 2009, el tribunal en fecha 20 de abril del mismo año dio inicio a la nueva estructura y funcionamiento del juris (sic) 2000".

Igualmente adujo que la demora en solicitar a la Oficina de Alguacilazgo el resultado de las obligaciones de los imputados que se encontraban cumpliendo imposiciones coercitivas a la orden del tribunal bajo la figura de suspensión condicional del proceso desde el año 2000 al 2009, se debía a que en el periodo 02 de marzo 2009 al 27 de octubre de 2009, el Tribunal que presidía estaba congestionado, aunado a que debia atender las labores de orden administrativo que le correspondió como Coordinador de cinco (5) tribunales de control de ese Circuito. De lo anterior el juez denunciado promovió como prueba el hecho notorio de la implementación del IURIS 2000 en el Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, en fecha 20-4-2009.

De lo delatado en el presente caso, la IGT promovió como pruebas documentales copias certificadas de los expedientes señalados los cuales se transcriben a continuación:

Cursa a los folios 189 al 197 de la pieza N° 5 del presente expediente, copia certificada de la causa judicial N° FJ12-2001-000018, en el cual consta acta de audiencia preliminar de data 28-3-2001 mediante el cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, acuerda al acusado José Javier Mendoza, la suspensión condicional del proceso por el lapso de dos ažos, igualmente consta que en fecha 29-11-2006, diligencia suscrita por la defensa del mencionado ciudadano mediante el cual solicita el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente en fecha 2-8-2307 el Tribunal solicita a la Oficina de Alguacilazgo del mencionado Circuito mediante oficio, información para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas al mencionado acusado en la audiencia preliminar; no cursando más actuaciones.

Cursa a los folios 199 al 204 de la pieza N° 5 del presente expediente, copia certificada de la causa judicial N° FJ12-2000-000011, en el cual consta acta de audiencia preliminar de data 30-10-2001 mediante el cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, acuerda al ciudadano franco García Duran Emilio, la suspensión condicional del proceso por el lapso de dos años, plasmado las condiciones impuestas al mencionado acusado; no cursando más actuaciones.

Cursa a los folios 207 al 262 de la pieza N° 5 del presente expediente, copia certificada de la causa judicial N° FJ12-2004-000026, en el cual consta acta de audiencia preliminar de data 14-1-2005, mediante el cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, acuerda al ciudadano Guevara Alexander José, la suspensión condicional del proceso por el lapso de un año, luego al mencionado ciudadano mediante el cual solicita al Juzgado la convocatoria de la audiencia, a los fines de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente cursa varias actuaciones por parte del Juzgado relativas a la verificación de las obligaciones impuestas al acusado de autos (ofició solicitud a la oficina de alguacilazgo sobre el cumplimiento o no, de las presentaciones impuestas al acusado de autos-auto fijando la audiencia cral, autos de diferimientos de la referida audiencia), siendo la última actuación, según las copias consignadas por la IGT, una diligencia de fecha 26-10-2009, suscrita por el acusado de autos, mediante el cual revoca la defensa que lo venía asistiendo, y en su lugar nombra a un defensor privado, asimismo se da por notificado para comparecer ante el Tribunal el día 2-12-2009 para la celebración de la audiencia previamente fijada.

Cursa a los folios 77 al 91 de la pieza N° 6 del presente expediente, copia certificada de la causa judicial N° FJ12-2007-000049, en el cual consta acta de audiencia preliminar de data 28- 11-2007, mediante el cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, acuerda a los ciudadanos Rivas Contreras Reinaldo José y otros, la suspensión condicional del proceso por el lapso de seis meses, seguidamente solo cursan actuaciones correspondientes a la convocatoria de la Audiencia Preliminar.

Cursa a los folios 2 al 9 de la pieza N° 6 del presente expediente, copia certificada de la causa judicial N° FJ12-200s-000050, en el cual consta acta de audiencia preliminar de data 10- 10-2007, mediante el cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivar, extensión Puerto Ordaz, acuerda al ciudadano José Asunción Guerra Lezama, la suspensión condicional del proceso por el lapso de un año, seguidamente solo cursan actuaciones correspondientes a la convocatoria de la Audiencia Preliminar.

Ahora bien, esta Alzada estima que en el caso de autos la IGT subsumió la presente denuncia en el artículo 33.23 del Código de Ética, el cual reza lo siguiente:

"Articulo 33: Son causales de destitución:

...Omissis...

23. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva.

Conviene entonces señalar la definición y el contenido de la tutela judicial efectiva, que ha mantenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 576 del 27-4-2001, la cual establece lo siguiente:

"(..) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulo 26 consagra la Garantia Jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas minimas garantias, todo lo cual solo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución. Es, pues, la Garantia Jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano, también preestablecido para ello por el Estado, para conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vías procesales prescritas para el fin especifico perseguido, en el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión, ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e incidencias que el actor considere favorables a él. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, asimismo, el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho. Ahora bien, dicha garantia implica, para los administrados, la obligación de someter la :tramitación de sus pretensiones a los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado mediante las vias y los medios procesales contemplados en las leyes adjetivas...

...Omissis..

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en muchos de sus articulos (140. 259. 281 numeral 2, 139. 30, 49 numeral 8, 255 in fine), consagra a favor de los particulares, la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que puedan causárseles en el ejercicio de funciones públicas y. asi también, consagra la responsabilidad personal de los jueces "en los términos que determine la Ley" por retardo u omisiones injustificadas, error e judicial, inobservancia sustancial de normas procesales, denegación de justicia, parcialidad, cohecho y prevaricación en que incurran en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad del Juez prevista en la Constitución, está igualmente establecida en diversas leyes atinentes a la actividad judicial, tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial. la Ley de Carrera Judiciul y el Código de Procedimiento Civil"

Igualmente, en decisión N° 708 de fecha 10-5-2001, la Sala Constitucional del Tibunal Supremo de Justicia, establece:

"(.) la tutela judicial efectiva, de amplisimo contenido, comprende el derecho a ser oido por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que.

cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas. los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de alli que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (articulo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (articulo 2 de la vigente Constitución). donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantia para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el articulo 26 constitucional instaura.

La conjugación de articulos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial.

idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles" Las jurisprudencias parcialmente transcritas, consagran que la tutela judicial efectiva es la Garantía Jurisdiccional del derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vias procesales prescritas para el fin específico perseguido, asi como también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, la interpretación de las instituciones

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procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, sin que ello signifique una traba que impida lograr las garantias establecidas en el texto constitucional ( articulo 26 constitucional).

No obstante a ello, considera esta Alzada que no toda omisión, retraso o descuido injustificado conlleva en si mismo una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva, en este sentido, es necesario para quienes aqui administran justicia atender otros elementos que permitan discernir a esta instancia superior si efectivamente los descuidos y/o retrasos en los cuales incurrió el juez investigado menoscabaron derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva.

A fin de dilucidar lo anterior, observa esta instancia, que las decisiones examinadas ponen fin de forma anticipada al proceso penal, esta figura fue prevista por el legislador penal como un principio de oportunidad que aplica a determinados delitos (delitos menores) y que buscan la reinserción social del sujeto activo del delito, mediante mecanismos no reclusorios, es decir, bajo la supervisión de un delegado de prueba quien se encargara de hacer el seguimiento extingue la acción penal en su contra; por ello vale acotar que el cumplimiento de tales obligaciones en principio corresponde a un funcionario distinto al juez, pues es este delegado de prueba quien debe realizar un informe sobre la actuación del imputado sometido a dicho régimen por el periodo que le fue impuesto por el órgano jurisdiccional, no obstante existe la obligación del juzgador de examinar el informe emitido por el funcionario antes mencionado a los fines de declarar el sobreseimiento de la causa, por ello consideran quienes aqui deciden que no se configuró una violación a la tutela judicial efectiva, pues el imputado acreedor del beneficio de fue aplicada la normativa legal vigente sin distinción de ningún tipo, que le permitió acceder a la terminación anticipada del proceso penal incoado en su contra a través de una formula no reclusoria.

En tal sentido, si bien es cierto que el juez denunciado incumplió con la obligación de celebrar las audiencias para la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a los imputados para la suspensión condicional del proceso, dada la actividad administrativa cumplida con la implantación del IURIS 2000, lo que implicaba inventario de causas y actualización por fase y estado de cada una de ellas a los fines de poner en funcionamiento el modelo organizacional, amén de haber estado en el ejercicio del cargo en el tribunal inspeccionado sólo de información requerida a los Delegados de Prueba, tal y como lo realizó en una sola de las causas, razón por la que se estima éste último como un descuido injustificado.

De tal forma que la conducta desplegada por el Juez Arsenio José López Quiroz, a pesar de no haber lesionado la tutela judicial efectiva, resulta disciplinable conforme a lo señalado en el artículo 31.6 del Código de Ética y merecedora de la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, apartándose esta Alzada de la calificación juridica atribuida a dicha conducta por la Inspectoría General de Tribunales, en razón de considerar por las razones antes expuestas que dicha omisión no lesionó derechos o garantías constitucionales. Y así se establece.

DECISIÓN En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la ciudadana María Soledad Torres Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° V- 9.295.180, en su carácter de delegada de la Inspectoria General de Tribunales, en contra de la Sentencia N° TDJ-SD-2012-274, proferida por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2012, por no verificarse los vicios delatados por la recurrente. SEGUNDO: de conformidad con la parte in fine de del articulo 87 del Código de Ético del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana se declara la NULIDAD parcial de la sentencia N° TDJ-SD-2012-274, de fecha 27 de noviembre de 2012, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, solo en lo que respecta a los pronunciamientos PRIMERO y CUARTO de su dispositivo. TERCERO: Se confirman Ios pronunciamientos SEGUNDO y TERCERO del dispositivo del fallo apelado.

CUARTO: Se impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA al ciudadar.o ARSENIO JOSÉ LÓPEZ QUIROZ, titular de la cedula de identidad numero 8.528.470, por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, actualmente subsumible en el numeral 6 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, al no verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los casos de suspensión condicional del proceso en las causas judiciales números FJ12-2001-000018, FJ12-2000-000011, FJ12-P-2004-000026, FJ12-P-2005-000050 y FJ12-P-2307-000049.

QUINTO: Se ABSUELVE de responsabilidad disciplinaria al ciudadano ARSENIO JOSÉ LÓPEZ QUIROZ, antes identificado, respecto a la imputación realizada por la IGT en cuanto a la presunta omisión de dictar el auto razonado de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, en las causas judiciales FP12-P-2009-000372, FP12-P-2009-001506, FP12-P-2009-001280, FP12-P-2009-002506. FP12-P-2009-000065, FP12-P-2009-000103 y FP12-P-2009-007485, por cuanto dichas resoluciones fueron motivadas en el acta de audiencia para oir al imputado. SEXTO: SIN LUGAR Ia solicitud realizada por la delegación de la Inspectoria General de Tribunales, referida a que se deje sin efecto el levantamiento de la medida cautelar de suspensión del cargo decretada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Disciplinario Judicial. Líbrese oficio Publiquese, registrese y déjese copia.

Dada, firmada y sellada en la secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial. Caracas, a los cinco (5) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Año 202° de la Independencia y 154° de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE

RODRIGUEZ.

TULIO AMADOEME

JNEZA VICEPRESIDENTA, ANA CECILLZULUETA RODRÍGUEZ.

JUEZAPONENTE,

MERLY MORALE8.

SEGRETARIA, Houfanhy MARIANELA GI MARTINEZ.

Hoy cinco (05) de febrero del año dos mil catorce (2014), siendo la 3:25 pm, se publicó la anterior decisión bajo el N° 02.

La Saeretara

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL Caracas, doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014) Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación

EXPEDIENTE N° AP61-A-2011-000034 JUEZA PONENTE: DRA. MERLY MORALES HERNANDEZ.

Corresponde a esta Corte Disciplinaria Judicial, pronunciarse sobre la consulta obligatoria de ley, en la decisión TDJ-SID-2013-127, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha siete (7) de agosto de dos mil trece (2013), en la causa signada con el N° AP61-A-2011-000034, nomenclatura de dicho tribunal, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa por haber constatado la prescripción de la acción disciplinaria intentada contra la ciudadana MARIA MILAGROS SALAZAR, titular de la cédula de identidad N° V- 8.622.623, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Guárico.

+- ANTECEDENTES En fecha veintiuno (21) de enero de dos mil catorce (2014) el Tribunal Disciplinario Judicial, ordenó remitir a esta Corte Disciplinaria Judicial, el expediente signado con el N° AP61-A-2011-000034, ello de conformidad con el contenido del numeral 1° del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Por auto de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014), la secretaria de la Corte Disciplinaria Judicial, Dra. Marianela Gil Martínez, dejó signado con el N° AP61-A-2011-000034, conformado por tres (3) piezas constantes de ciento cincuenta y tres (153) folios la primera, trescientos cincuenta (350) folios la ponencia según el Sistema de Gestión Judicial a la Dra. MERLY MORALES HERNÁNDEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

DE LA SENTENCIA SOMETIDA A LA CONSULTA DE LEY

En fecha siete (7) de agosto de dos mil trece (2013), el Tribunal Disciplinario Judicial dictó el dispositivo de su fallo una vez culminada la audiencia oral y pública

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referida a la causa N° AP61-A-2011-000034, pLblicando su texto íntegro en la misma fecha bajo el N° TDJ-SID-2013-127, estableciendo una relación sucinta de los hechos, los argumentos de las partes, la competencia para decidir y lo resuelto en el acto de audiencia oral.

Apunta la recurrida, en relación solicitud de la jueza denunciada, en referencia a la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria y su consecuente sobreseimiento, el contenido del articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y el artículo 35 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, asi como el contenido del articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a las reglas de irretroactividad y su excepción.

Fundamentándose el a-quo en el articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, norma que se encuentra derogada, pero vigente para el momento de la tres años, contados a partir del día en que se cometió el acto constitutivo de la falta, siendo interrumpible por el inicio del proceso disciplinario.

Concluye el órgano de primera instancia disciplinaria que "(..) la nspectorla General de Tribunales inició el procedimiento disciplinario en fecha 22 de mayo de 2007, habiendo transcurrido tres (3) años, dos (2) meses y diez (10) días después de ocurrido el hecho objeto del presente proceso (12 de marzo de 2004), visto que el lapso para que operara la prescripción vigente para ese momento de la ocurrencia del hecho, era de tres (3) años, este Tribunal Disciplinario Judicial considera que había investigación" Finalmente, el Tribunal Disciplinario Judicial declaró el sobreseimiento de la denunciada y ordenó la remisión a esta Corte Discilinaria Judicial a los efectos de la consulta obligatoria, de conformidad con lo estabiecido en el artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

de

DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Corte Disciplinaria Judicial sentencias dictadas por el Tribunal Disciplinario Judicial que decreten el sobreseimiento de la investigación, al cual se refiere el articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (en lo adelante Código de Ética).

Al respecto dicha disposición normativa establece en su último aparte:

Artículo 60. El Tribunal Disciplinario Judicial decretará el sobreseimiento de la investigación, cuando:

denunciado o jueza denunciada.

2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.

3. La muerte del juez o jueza.

El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación tendrá consulta obligatoria ante la Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias de despacho siguientes. (Negrilla y resaltado de esta Alzada).

¡En aplicación de la norma precitada y por tratarse el presente asunto de -r una- consulta obligatoria sobre la decisión proferida por el Tribunal Disciplinario Judicial mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana MARIA MILAGROS SALAZAR, plenamente identificada en autos, esta Corte Disciplinaria Judicial declara su competencia se decide.

-II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR A los efectos de resolver la consulta obligatoria de ley, esta Alzada observa que procedencia de uno de los supuestos contenidos en dicho artículo (el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirsele al juez denunciado, la acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada y la muerte del juez), y cuya comprobación por parte del órgano disciplinario de primera instancia judicial, deberá ser imposibilidad de perseguir nuevamente al sujeto de derecho a favor de quien es dictado el sobreseimiento, en razón de su carácter de cosa juzgada.

Con relación al caso de marras, observa esta Alzada que el a-quo decretó "el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción disciplinaria", seguida contra la Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Guárico, con base a lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el cual señalaba que el lapso para que surtirá efecto la prescripción de la acción disciplinaria, era de tres (3) años contados a partir del dia en que se cometió el acto constitutivo de la falta, y que la misma se interrumpla con el inicio del procedimiento discipl nario.

En este sentido, observa este órgano superior, que el a-quo acero el criterio jurídico aplicado en la decisión hoy objeto de consulta, por cuanto, analizada la solicitud que le hiciera la jueza denunciada relativa a decretar el sobreseimiento de la causa por 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable rationae temporis, pudo esta Alzada constatar que el tiempo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el acto constitutivo de la falta, esto es, doce (12) de marzo de dos mil cuatro (2004), fecha en la cual la mencionada jueza realizó la audiencia preliminar en la causa N° JH31-L-2003- 000002, nomenclatura del Juzgado laboral antes mencionado, sin haber verificado el cumplimiento de las notificaciones de las co-demandadas en el proceso, y la fecha en que la Inspectoría General de Tribunales inició el correspondiente procedimiento disciplinario (22 de mayo de 2007), transcurrió un lapso de tres (3) años, dos (2) meses y diez (10) dias, lo cual excede del lapso establecido por la normativa vigente para ese momento (3 años), constituyendo ello, elementos suficientes para que el Tribunal Disciplinario Judicial decretara el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana MARIA MILAGROS SALAZAR, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Guárico, en el expediente signado con el N° AP61-A-2011-000034.

debiendo ser ratificado por esta Corte Disciplinaria Judicial. Y así se declara.

Con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte Disciplinaria Judicial debe declarar RESUELTA la consulta obligatoria scbre el sobreseimiento dictado en el referida decisión. Y asi se decide.

-II- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: RESUELTA la consulta obligatoria con motivo de la sentencia N° TDJ-SID-2013-127, dictada en fecha siete (7) de agosto de dos mil trece (2013) por el Tribunal Disciplinario Judicial, en la causa N° AP61-1-2011-000034, nomenclatura de dicho Tribunal, mediante la cual fue decretado el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción disciplinaria a la ciudadana MARIA MILAGROS SALAZAR, Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del estado Guárico.

SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia N° TDJ-SID-2013-127, de fecha siete (7) de DECRETÓ el sobreseimiento del procedimiento disciplinario, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, numeral 2, del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. TERCERO: Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.

Publíquese, registrese y déjese copia.

Dada, sellada y firmada en la Secretaría de la Corte Disciplinaria Judicial en la ciudad de Caracas a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014).

Año 203° de la Independenicia y 154° de la Federación.

VINEZULLA JUEZ PRESIDENTE, Piead TULIO HMÉNEZ RODRIGL JUAAVICEPRESIDENTA,

ANA CECILIA ZUQUÊTARODRIGUEZ

SEFRETARIA, MERLY MORALES HERNANDEZ grunyan'y MARIANE A GILIMARTINEZ Hoy doce (12) de febrero del año dos mil catorce (2014), siendo la 1:00 pm, sº pubi la anterior decisión bajo el N° 04.

La Sefretariat 5

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0012 Caracas, 10 de febrero de 2014 203° y 1540 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el cludadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación del ciudadano JOSÉ RAFAEL SANABRIA, titular de la Cédula de Identidad N° 8.338.384, quien ejerce el cargo de Analista Profesional II, como Jefe de la División de los Servicios Administrativos y Financieros y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Nueva Esparta de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de suplencia, con vigencia del 13 de enero de 2014 hasta el 14 de febrero de 2014.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los diez días gel mes de fébrero de 2014.

Comuniquese y Publiquese, ARGENIS DEJESÚS CHAVEZ FRÍAS Director Ejécutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0016 Caracas, 13 de febrero de 2014 203° y 154° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación del Ciudadano LELI DEL CARMEN LEMO SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad N° 2.641.649, como Director Administrativo Regional del estado Anzoátegui de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción.

Dada, firmada y sellada en ta Digección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los trece alias del mes He febrero de 2014.

SUPREMO

ARENIS DEESUS CHÁVEZ FRÍAS Director Ejegutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución Nº 0017

Caracas, 13 de febrero de 2014 203°y1540

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación del ciudadano ALCIDES JOSÉ RONDÓN DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N° 4.007.661, como Jefe de la División de los Servicios Administrativos y Financieros y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Anzoátegui de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción.

Dada, firmada y sellada en la_ Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los trece3ydas mes de febrero de 2014.

Comuníquese y publíquese, ARGENIS DE DESÚS CHÁVEZ FRÍAS irecjecutivo de la Magistratura

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0018 Caracas, 13 de febrero de 2014 2030y 1540 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación del ciudadano FERNÁND JOSÉ SERRANO RoDRíGUEz, titular de la Cédula de Identidad N° 8.436.867, como Director Administrativo Regional del estado Sucre de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los trece (13p días delmes de febrero de 2014.

ARGENIS DE DESUS CHÁVEZ FRÍAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0020 Caracas, 13 de febrero de 2014 203° y 154° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO:Designación del ciudadano FRANKLIN BAUTISTA BARRIOS GÓMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 8.304.919, como Jefe de la División de Servicios Judiciales de la Dirección Administrativa Regional del estado Sucre de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a partir de la presente fecha, cargo considerado de libre nombramiento y remoción.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, OLIVARIANA ComuníquesePubliques Lasg ARGENIE DE JESUS CHÁVEZ FRÍAS ..Director jecutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0021 Caracas, 14 de febrero de 2014 203° y 154° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado er SesIón de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación del ciudadano JOHNNI ALBERTO LAREZ LEÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 16.971.339, quien ocupa el cargo de Analista Profesional I, como Jefe de la División de Comunicaciones de la Oficina de Desarrollo Informático de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de encargado, a partir de la presente fecha.

Dada, firmada y setladaa Dirección Ejecutva de la Magistratura, en Caracas a los BOLSLUPREMO catorce (14)del mesbrero de 2014.

Comuniquesé y Rubliquese, ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS DESPACirechor Ejecutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0022 Caracas, 14 de febrero de 2014 203° y 154° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano ARGENIS DE JESÚS CHÁVEZ FRÍAS, titular de la cédula de identidad N° 4.925.031, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en SesIón de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día doce (12) de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.188 de fecha trece (13) de junio de 2013, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010.

RESUELVE

PRIMERO: Designación de la ciudadana ALIDA LIDOVINA MARTÍNEZ LUNA, titular de la Cédula de Identidad N° 4.901.563, como Jefa de la División de Servicios Judiciales del estado Anzoátegui de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de suplencia, a partir del once (11) de febrero del año en curso.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los cato días del mes de febrero de 2014.

DIRECCIÓN" RGENIS DE JESUS CHÁVEZ FRÍAS DirectoEfecutivo de la Magistratura

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I

REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA Nº DDPG-2014-_084

Caracas, 17 102114 203°, 154° y 15°

El DefensorPúblico General Encargado, Abog. CIRo RAMóN ARAUJO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.372.239, designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el Artículo 14, numerales 1, y 11, ejusdem,

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la Ciudadana DARIANA JOSEFINA TORRES BRICEÑO, titular de la cédula de identidad Nº v-17.305.772, quien funge como Especialista de Área (E), adscrita a la Dirección del Despacho del Defensor Público General, como Directora del Despacho del DefensorPúblico General Encargada, desde el día dieciocho (18) al veintiuno (21) de febrero de 2014, ambas fechas inclusive.

SEGunDo: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada,firmada y sellada en el Despacho del DefensorPúblicoGeneral,en la ciudad de Caracas.

Comuníquese y publíquese, DESPACHIC AbOg. CIRO RAMÓN/ARAUJO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL(E) Designado mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 20 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.782, de la misma fecha

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1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

203° y 154°

N°01-00-OCCC 24

Caracas, 12 FEB2014

RESOLUCIÓN ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 15 del Reglamento Interno, delego la facultad para certificar las copias de los documentos y demás actos administrativos, cuyos originales reposan en el archivo de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, a los ciudadanos siguientes:

Nombres y Apellidos Lorixi Amelia Cardozo Chacón

Jenniffer Carolina Gutiérrez de Ugas

Lino Yosbel Hernández Raya Jesús Alberto Rodríguez Merentes Cédulas de Identidad 16.712.432 15.614.759 17.016.477 11.199.023 En virtud de la delegación conferida los prenombrados funcionarios quedan autorizados para ejercer tal atribución, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, PADELINA GONZÁLEZ Contráldra General de República(E)

página original (tal como se publicó)Página 54 de la Gaceta

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A LA VENTA EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL

LEY del Régimen Prestacional de VIVIENDA y HÁBITAT

GACETA OFICIAL

Ley de Tierras y Desarrollo Agragario.

Ley Orgánica de Hidrocarburos.

LEY Orgánica de la FUERZA LA ARMADA NACIONAL

Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Bolivariana

GACETA OFICIAL LEY de reforma parcial de la ley ELAEANLNAE WNEDEA de SEGURO SOCIAL

GACETA OFICIAL DE LARA A DE A

página original (tal como se publicó)Página 55 de la Gaceta

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 MES V Número 40.357 AÑO CXLI Caracas, lunes 17 de febrero de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas – Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 56 Págs. costo equivalente a 22,85 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICÁ BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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