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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.339

22 de enero de 2014 · 32 páginas
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MES IV AÑO CXLI

Caracas, miércoles 22 de enero de 2014

SUMARIO

Asamblea Nacional Acuerdo en respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de impulsar la lucha contra la violencia criminal en favor de la paz y la convivencia.

Acuerdo con motivo de conmemorarse el Quincuagésimo Sexto Aniversario del 23 de Enero de 1958, donde la Junta Patriótica que bajo el liderazgo de Fabricio Ojeda logró derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Presidencia de la República Decreto N° 747, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial, con carácter temporal, que se denominará Órgano Superior para el Control de Zonas de Seguridad, Riesgo y Protección Ambiental de la Gran Caracas.

Vicepresidencia de la República CORPOMIRANDA, S.A.

Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Corporación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Raquel Coronado Viaje, como Directora General de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alexander José Ramírez Rojas, como Director General de Consultoría Jurídica de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel William José González, para cumplir funciones como Agregado Militar Ejército a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada en la República de Cuba.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Freddy Santiago Guilarte Ugas, como Cónsul General, Jefe Titular, de la República Bolivariana de Venezuela en Medellín, República de Colombia, responsable de la Unidad Administradora que en ella se indica.

Número 40.339.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Capitán de Fragata Yilmer José Boniforte Castillo, Director del Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, de la Dirección General de Salud del Despacho del Viceministro de Servicios.

Ministerio del Poder Popular para Industrias Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución Nº 006, del 15 de enero de 2014.

Resolución mediante la cual se declara oficial el Tomo del Anuario de Mortalidad correspondiente al año 2011.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre Encomienda Convenida entre este Ministerio y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER).

Ministerio del Poder Popular para el Deporte Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Raúl Raúl Carreño Escobar, como Director General del Despacho, adscrito al Despacho de este Ministerio.

Procuraduría General de la República Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana Érika Albornoz, Gerente General Administrativo (Encargada), y se delega la firma de los actos y documentos que en ellas se señalan.

Contraloría General de la República Resoluciones mediante las cuales se impone a la ciudadana y ciudadanos que en ellas se señalan, sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por los períodos que en ellas se mencionan.

Defensoría del Pueblo Resolución mediante la cual se dicta el Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo.

Avisos

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ASAMBLEA NACIONAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO ACUERDO EN RESPALDO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CRIMINAL EN FAVOR DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CONSIDERANDO Que el escenario de guerra mediática que han emprendido algunos medios de comunicación e información contra el pueblo venezolano y las instituciones del Estado, ha significado una manipulación de la información destinada a desorientar y confundir al pueblo;

CONSIDERANDO Que algunas televisoras privadas haciendo mal uso del espectro radioeléctrico enaltecen y promueven el culto a las armas y a la violencia en sus distintas formas, a través de mensajes e informaciones que van contra los valores humanos elementales que garantizan la paz y la convivencia en sociedad;

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Bolivariano ha emprendido acciones contundentes para erradicar la violencia criminal en el país, llamando y exhortando a todos los sectores de la sociedad para contribuir con la pacificación social, siendo esta iniciativa desvirtuada, burlada y descalificada por algunos medios de comunicación e información.

ACUERDA Primero. Apoyar al Gobierno Bolivariano en las campañas e iniciativas para impulsar el dialogo nacional con todos los sectores involucrados en la transmisión de contenidos, en pro y a favor de la creación de verdaderos valores éticos y morales que contribuyan a la disminución de la violencia en los medios de comunicación e información, y de esta forma aunar esfuerzos para la creación de una cultura de paz con los valores más humanos que existen en nuestro pueblo.

Segundo. Apoyar al compatriota presidente de esta Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón, quien fue víctima de la manipulación y la mentira mediática generada a través del diario "Tal Cual", con información falsa reseñada de supuestas declaraciones hechas referentes al tema de la inseguridad.

Tercero. Exhortar a todo el pueblo venezolano a sumarse masiva y activamente a los programas y planes iniciados desde la Gran Misión A Toda Vida Venezuela con sus 5 vértices, así como a la creación de nuevas políticas que faciliten y aporten a la construcción de valores como la vida, la libertad, la paz, la solidaridad y el bien común.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de enero de dos mil catorce.

Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

DIOSDADO SABELLO'EOMDÓN Presidento d ns Angibiea Nacional OH DARIO VIVAS VELASEO Sgunda Vtoepresidenta Primer Yicepresiden

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ I.

Secretario E) de la Asamblea Nacional

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO

ACUERDO CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DEL 23 DE ENERO DE 1958, DONDE LA JUNTA PATRIÓTICA QUE BAJO EL LIDERAZGO DE FABRICIO OJEDA LOGRÓ DERROCAR LA DICTADURA DE MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ CONSIDERANDO Que a do largo del Siglo XX, las dictaduras que se vivieron en nuestro continente causaron inmenso daño y sufrimiento al pueblo latinoamericano, especialmente a todas aquellas familias que militaban en la causa revolucionaria, a través de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de líderes políticos, sindicales y campesinos, demostrando de esta manera la violencia y represión que caracterizaba estos regímenes;

CONSIDERANDO Que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, significó para el pueblo venezolano la supresión de sus libertades democráticas, la violación reiterada de sus derechos humanos, así como incalculables persecuciones a dirigentes políticos y todo ciudadano o ciudadana que se sospechara estuviera en contra del régimen dictatorial;

CONSIDERANDO Que en 1957 se inició clandestinamente la constitución de una Junta Patriótica, integrada en un principio por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Unión Republicana Democrática (URD), sumándose posteriormente los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), fundiéndose en un gran movimiento unitario que convocó a todos los sectores del país para la lucha por la democracia;

CONSIDERANDO Que este movimiento cívico-militar liderado por la Junta Patriótica en la que participaron lideres de movimientos de izquierda, estudiantes, intelectuales, y el pueblo en general, apoyados por sectores de las Fuerzas Armadas, y con un gran espíritu revolucionario y deseosos de libertad, derrocaron el 23 de enero de 1958 el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, quien gobernaba al país desde comienzos de la década de los 50;

CONSIDERANDO Que el liderazgo ejercido por Fabricio Ojeda en la construcción de la red conspirativa que trabajaría clandestinamente en la creación de la unión civico militar, fue fundamental para el movimiento que ese glorioso 23 de enero derrocó el régimen dictatorial imperante en el país;

CONSIDERANDO Que Fabricio Ojeda en su lucha por la democracia del pueblo venezolano presidió la Junta Patriótica, que líder el movimiento popular insurgente del 23 de enero de 1958, resaltando la necesidad de mantener la unión de todas las fuerzas de la revolución del 58, y señalando que era primordial tener "un pie más adelante de la izquierda y de la derecha", para no traicionar el "espiritu primogénito de la revolución del continente Americano en el siglo XX";

CONSIDERANDO Que luego del derrocamiento de la dictadura pérezjimenista la Junta Patriótica liderada por Fabricio Ojeda, recibió un golpe mortal al ser traicionada por el Pacto de Punto Fijo, limitando la participación política de los movimientos socialistas y humanistas que lideraban los partidos de izquierda, subordinando la política venezolana a la de Washington; desvirtuándose el espíritu libertario, democrático y popular de la revolución del 23 de enero de 1958, con la instauración de un sistema político representativo, liberal, capitalista y burgués que arrancó a la Nación y a sus instituciones de todo rastro de honorabilidad y honestidad por causa de la corrupción moral de las organizaciones partidistas que gobernaron al país durante todas estas décadas;

CONSIDERANDO Que con la llegada de la Revolución Bolivariana liderada por el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías, se inició un irreversible proceso de reivindicación de la participación popular y la transformación del país en una verdadera democracia participativa y protagónica, en la que el pueblo obtenga el verdadero, único y legítimo Poder, tan invocado en sus discursos por Fabricio profundo para que los derechos democráticos del pueblo no sean letra muerta en el texto de las leyes; para que la libertad exista y la justicia impere; para que el derecho a la educación, al trabajo, la salud y el bienestar, sean verdaderos derechos para la mayorías populares y no escasos privilegios de escasas minorías".

ACUERDA Primero: Celebrar como Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, el Quincuagésimo Sexto Aniversario de la gloriosa jornada cívicomilitar del 23 de enero de 1958, que logró el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Segundo: Exaltar la lucha y entrega que durante su vida, Fabricio Ojeda, dio por la libertad de su país y su pueblo; teniendo un rol protagónico en el movimiento insurgente que logró el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a

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través de su valentía y fortaleza para construir la prosperidad para el pueblo venezolano solo posible en paz y democracia.

Tercero: Reconocer públicamente la valentía del pueblo venezolano que a lo largo de su historia ha luchado por la libertad sin otro interés que el compromiso para el logro de una verdadera democracia en la que el bienestar común esté sobre los humanidad.

Cuarto: Instar a la juventud venezolana a seguir el ejemplo de Fabricio Ojeda quien junto a tantos hombres y mujeres, luchó con valentía y sin descanso por alcanzar los derechos sociales, económicos y políticos que fueron violentados por los gobiernos dictatoriales; participando en el trabajo diario de la construcción de la patria nueva que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, liderada por el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez, y continuada por el Presidente obrero, Nicolás Maduro, ha logrado grandes avances en el reconocimiento de los derechos del Pueblo, y que a través del fiel cumplimiento del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en pro de contribuir en el desarrollo pleno del Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia.

Quinto: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de enero de dos mil catorce. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

DIOSDADOOBBELEORONDÓN Presidenté de la Asamblo Nacional

DARIO VIVAS VELASEO LANCA EGKHOUT

rga FIDEL ERN ASQUEZ I.

Secretario rE) de la Asamblea Nacional

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 747 22 de enero de 2014 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 23, 24, 46 y 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros, CONSIDERANDO Que existen espacios del territorio Nacional que por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, deben ser controlados de forma especial, habida cuenta de las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas. Del mismo modo, existen zonas donde los problemas ambientales provocados e inducidos, bien por acción del hombre o por causas naturales, requieran con carácter prioritario un plan de ordenación y manejo, CONSIDERANDO Que se hace necesaria la participación y confluencia de diferentes entes de la Administración Pública Nacionai, para que interactúen y coordinen un equipo humano interinstitucional y multidisciplinario con el objetivo común de determinar y evaluar las condiciones de estas Zonas y las poblaciones radicadas en sus alrededores.

CONSIDERANDO Que las 12 líneas estratégicas de trabajo del Gobierno Revolucionario, incluyen la construcción de un sistema de Gobierno Popular y el inicio e inauguración de manera acelerada y sostenida de todos los proyectos y obras comprometidas en el gobierno de la Eficiencia en la Calle, de conformidad con las líneas 1 y 2.

DECRETO Artículo 1º. Se crea la Comisión Presidencial, con carácter temporal, que se denominará ÓRGANO SUPERIOR PARA EL CONTROL' DE ZONAS DE SEGURIDAD, RIESGO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA GRAN CARACAS, este Órgano tendrá a su cargo la coordinación estratégica para la formulación y ejecución de políticas públicas en las zonas de seguridad, riesgo y protección ambiental de la Gran Caracas.

ArtÍCulo 2°. El ÓRGANO SUPERIOR PARA EL CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD, RIESGO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA GRAN CARACAS, estará integrado por los siguientes funcionarios:

Luis Alfredo Motta Domínguez, titular de la cédula de 1.

Identidad N° V-4.423.539, Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central.

Ernesto Emilio Villegas Poljak, titular de la cédula de 2.

Identidad N° V-9.487.963, Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas.

Justo José Noguera Pietri, titular de la cédula de 3.

Identidad N° V-5.944.426, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Miguel Leonardo Rodríguez, titular de la cédula de 4.

Identidad N° V-7.454.894, Ministro del Poder Popular para el Ambiente.

Manuel Salvador Quevedo Fernandez, titular de la 5.

cédula de Identidad N° V-9.705.800, Jefe del Comando Regional (CORE 5).

6. Jorge Rodríguez, titular de la cédula de Identidad N° V-6.823.952, Alcalde del Municipio Libertador.

Haiman El Troudi Douwara, titular de la cédula de 7.

Identidad N° V-9.989.579, Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre.

Jacquellne Faria Pineda, titular de la cédula de 8.

Identidad N° V-5.051.541, Jefa de Gobierno del Distrito Capital.

Rodolfo Sanz, titular de la cédula de Identidad 9.

N° V-6.374.199, Alcalde del Municipio Plaza.

10. Francisco Garcés, titular de la cédula de Identidad N° V-10.489.426, Alcalde del Municipio Guaicaipuro.

11. Carlos Alcalá Cordones, titular de la cédula de Identidad N° V-5.889.707, Alcalde del Municipio Vargas.

12. Francisco Vilela de la Torre, titular de la cédula de Identidad N° V-6.870.448, Director General Encargado de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a la Población.

13. Maria Isabella Godoy Peña, titular de la cédula de Identidad N° V-17.013.402, Presidenta del Instituto Nacional de Parques.

14. Elilas Jaua Milano, titular de la cédula de Identidad de Encargado Presidente N° V-10.096.662 CORPOMIRANDA.

ArtíCulo 3°. El ÓRGANO SUPERIOR PARA EL CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD, RIESGO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA GRAN CARACAS, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

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Establecer el ejercicio de la autoridad política, militar e 1) interinstitucional en las zonas de seguridad, riesgo y de protección ambiental.

Determinar las zonas de seguridad, riesgo y de protección 2) ambiental en la Gran Caracas.

Elaborar el diagnóstico de la situación real y operativa de 3) las familias ubicadas en zonas de riesgo.

Coordinar la ejecución de un censo para determinar las 4) comercios ubicados en zonas de riesgo.

Coordinar el diagnóstico de la capacidad del transporte en 5) estas zonas en sus diferentes modalidades.

6) Coordinar la elaboración del Plan de Regularización de las familias y comercios ubicados en zonas de seguridad o de protección ambiental.

Dirigir el proceso de diseño de políticas de resguardo y 7) detención de ocupaciones ilegales (invasiones) de terrenos e inmuebles, para su aplicación inmediata.

Dirigir los procesos de Identificación y verificación de los 8) planes de ordenación del territorio vigentes, y las propuestas de actualización de los mismos.

Dirigir el proceso de formulación de propuestas específicas (6 para solventar las circunstancias que se hayan identificado como causas de los problemas que afectan estas zonas.

10) Formular al Gobierno Nacional propuestas para solucionar los problemas que afectan estas zonas.

11) Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la República.

Artículo 4º. El CoOrdinador del ÓRGANO SUPERIOR PARA EL CONTROL DE ZONAS DESEGURIDAD, RIESGO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA GRAN CARACAS, Será el Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, y podrá para el cumplimiento de los objetivos descritos y la ejecución de los planes de desarrollo de las políticas públicas, conformar Equipos de Trabajo con los Ministerios y entes de la Administración Pública.

Los Equipos de Trabajo, deberán presentar informe de las actividades desarrolladas y de los avances alcanzados al Coordinador del ÓRGANO SUPERIOR PARA EL CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD, RIESGO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA GRAN CARACAS.

Artículo 5º. Esta Comisión Presidencial tiene como ámbito territorial de competencia los sectores que se indican a continuación y sus zonas de influencia: En el municipio Vargas del estado Vargas la Autopista Caracas-La Guaira; en el municipio Sucre del estado Miranda la Autopista Francisco Fajardo; en el municipio Plaza del estado Miranda la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho; la Autopista Regional del Centro (Distrito Capital, Miranda) la carretera Panamericana por todos los Altos Mirandinos, y las vías de acceso al Junquito (carretera vieja y autopista).

Artículo 6º. El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Artículo 7º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de enero de dos mil catorce. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) HUGO CÉSAR CABEZAS BRACAMONTE Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) JOSÉ SALAMAT KHAN FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias (L.S.) WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

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Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLIAK Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (L.S.) ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos (L.S.) NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (L.S.) MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA

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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA", S.A. CORPOMIRANDA, S.A. JUNTA DIRECTIVA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° JD-2014-004.

CARÁCAS, 07 DE ENERO DE 2014.-

AÑOS 203° y 154°

El Vicepresidente Ejecutivo de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA", S.A., CORPOMIRANDA, S.A., Empresa del Estado adscrita a la Vicepresidencia de la República, cuya creación fue autorizada por Decreto N° 9.431, de fecha 19 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.135, de fecha 25 de marzo de 2013, carácter que consta según Decreto N° 9.433, de fecha 26 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.136, de la misma fecha. En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 13 del Decreto N° 9.431 de fecha 19 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.135, de fecha 25 de marzo de 2013, en concordancia con lo dispuesto en la Cláusula 34 del Acta Constitutiva Estatutaria de la referida Empresa del Estado, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.152, de fecha 23 de abril de 2013; concatenado con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y el artículo 15 de su Reglamento, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre de 2010;

RESUELVE

Artículo 1. Constituir la Comisión de Contrataciones de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA, S.A., la cual tendrá como funciones ejecutar los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, para la adquisición de blenes muebles, contratación de servicios y la contratación para la ejecución de obras, que se realicen en la Empresa.

Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes, en la cual estarán representadas las áreas jurídica; económico-financiero y técnica. Igualmente se designará un Secretario con su respectivo suplente, que tendrá derecho a voz más no a voto.

Artículo 3. Conforme al artículo anterior se designan miembros de la Comisión de Contrataciones de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA, S.A., a Ios ciudadanos que a continuación se citan:

ÁREA QUE MIEMBROS CARÁCTER REPRESENTA AURA DEL VALLE MILLA MARTINEZ JURÍDICA Principal C.I. V.- 10.347.374 ANYURA PAMELA FIGUEROA JURÍDICA Suplente C.I. V.- 16.168.829 NERIO ISRRAEL OVIEDO PACHECO ECONÓMICO Principal C.I. V.-13.636.164 FINANCIERO WILMER STIVY ESCURAIMA DAVILA ECONÓMICO Suplente C.I. V.- 12.667.979 FINANCIERO ABRAHAM SAUL OCHOA HIDALGO TÉCNICA Principal C.I. V.- 8.676.416 GABRIELA YANET DI MARCANTONIO IBARRA Suplente C.I. V.- 11.887.411

Artículo 4. Se designa a la ciudadana MAITHE AMERICA DUHARTTE ALBERR0, titular de la cedula de identidad N° V.- 18.249.266, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones, y como Secretario Suplente al ciudadano DAVID JOSE MONTAÑo CALDERON titular de la cedula de identidad N° v.-16.642.324, el cual tendrá derecho a voz pero no a voto.

Artículo 5. El Secretario de la Comisión de Contrataciones tendrá a su cargo los deberes y atribuciones siguientes:

1. Elaboración, registro y control de toda la correspondencia relacionada con las actividades de la Comisión de Contrataciones, así como las notificaciones relativas a los procesos de selección de contratista.

2. Abrir y sustanciar los expedientes de los procesos de selección de contratistas, que realiza la Comisión de Contrataciones.

3. Efectuar las convocatorias respectivas de las reuniones y de los actos de los procesos de selección de contratistas, que lleve a cabo la Comisión de Contrataciones y levantar las actas correspondientes.

4. Verificar la inscripción de los oferentes en el Registro Nacional de Contratista.

5. Presentar ante la Comisión de Contrataciones las propuestas de los Pliegos y Cronograma de actividades.

6. Las demás que le sean asignadas por la Comisión de Contrataciones.

Artículo 6. La presente Providencia entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dejando sin efecto las anteriores.

Comuníquese y publíquese

APP.

Miranda AMÉRICO ALEX MATA G VICEPRESIDENTE EJECUTIVÒ Decreto N° 9.433 de fecha 26 de marzo de 2013 Gaceta Oficial de la Repúplica Bolivariana de Venezuela N° 40.136 de fecha 26 de marzo de 2013

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Repúbica Bolivariana de Venezucia Seguimiento de la Gestión de Gobiero

Caracas, 16 de enero de 2014 203°, 154° y 14°

RESOLUCIÓN N° 002-14 El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobiemo, Ciudadano HUGO CÉSAR CABEZAS BRACAMONTE, titular de la cédula de identidad N° V-10.259.781, designado mediante Decreto N° 729, de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330, de la misma fecha; en el ejercicio de sus atribuciones que le confieren los articulos 34, 62 y 77, numerales 2, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y de conformidad con lo establecido en los artículos 5 numeral 2, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 6 de septiembre de 2002.

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana RAQUEL CORONADO VIAJE, titular de la cédula de identidad N° 13.654.066, Directora General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, quedando facultada para ejercer las Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, contenido en el Decreto N° 247, de fecha 18 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.210, de la misma fecha.

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SEGUNDO: Delegar en la ciudadana RAQUEL CORONADO VIAJE, Directora General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, la firma de los actos y documentos relativos a las siguientes atribuciones:

1. Gestionar todo lo relacionado con los movimientos de personal ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

2. La correspondencia dirigida al Despacho del Ministro, Despacho del Viceministro o Viceministra de Agenda y Asesoría Presidencial, Despacho del Viceministro y Viceministra de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, Despacho del Viceministro o Viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo y de las Oficinas, Direcciones y demás Dependencias adscritas a este ente Ministerial, relacionadas con las funciones de la Oficina de Recursos Humanos.

3. Ordenar los compromisos del presupuesto y planes organizativos del ejercicio fiscal vigente, así como, los traspasos presupuestarios de las partidas correspondientes a gastos de personal, imputables a la Oficina a su cargo.

4. Tramitar y firmar lo concerniente al régimen de prestaciones sociales y prestación de antigüedad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

5. Elaborar y autorizar las nóminas y demás instrumentos de pago de los funcionarios o servidores públicos, personal obrero, contratado, jubilado y pensionado del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

6. Tramitar permisos remunerados o no remunerados, gremiales, sindicales, comisiones de servicios, suspensiones con o sin goce de sueldo, previa aprobación del Ministro o Ministra, mediante Punto de Cuenta.

7. Tramitar ingresos, reingresos, pensiones de jubilación o incapacidad, remociones, destituciones, retiros, traslados y ascensos, previa aprobación del Ministro o Ministra, mediante Punto de Cuenta.

8. Aceptar las renuncias presentadas por los empleados o servidores públicos adscritos a este ente Ministerial, con excepción de los Directores Generales.

9. Las notificaciones de los actos administrativos de designación, remoción y retiro de los funcionarios de libre nombramiento y remoción.

10.Evaluación de desempeño del personal empleado y obrero.

11.Aprobar la asistencia a cursos de capacitación y adiestramiento del personal.

12.Aprobar las pasantías que le sean requeridas a su Oficina, las cuales no serán remuneradas.

13.Suscribir constancias de trabajo, vacaciones, certificados de cargos y antecedentes de servicios.

14. Suscribir los contratos de trabajo y honorarios profesionales, previa aprobación del Ministro o Ministra, mediante Punto de Cuenta.

TERCERO: El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña, la facultad de subdelegar la firma y atribuciones conferidas.

CUARTO: La Funcionaria objeto de la presente delegación. presentará mensualmente al Ministro o Ministra, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

QUINTO: Los actos y documentos suscritos por la Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, que constituyan el ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma del Funcionario delegado, la fecha y el número de esta Resolución, asi como la fecha y Número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

SEXTO: El Ministro o Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Resolución.

SÉPTiMO: Según corresponda, la funcionaria procederá a registrar su firma en la Oficina Nacional del Tesoro y en la Contraloría General de la República, si fuere el caso.

OCTAVO: Se revoca la Resolución N° 037-13 de fecha 23 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.214, de fecha 25 de julio de 2013 y reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.310 de fecha 06 de diciembre 2013.

NOVENO: Mediante la presente Resolución juramento a la referida ciudadana.

DÉcimo: La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Conforme a lo dispuestgan el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Cogiuptguese Publiquese.- HUGOÉSAR CABEZAS BRACAMONTE Ministro del Poder Popuardel Despacho deva Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gablerno AMMAST9O

República Bolivariana de Venezuela Seguimiento de la Gestión de Gobierno Despacho del Ministro

Caracas, 22 de enero de 2014

203°, 154° y 14° RESOLUCIÓN N° 003-14

El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, ciudadano HUGO CÉSAR CABEZAS BRACAMONTE, titular de la cédula de identidad N° V-10.259.781, designado mediante Decreto N° 729, de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330, de la misma fecha;

en el ejercicio de sus atribuciones que le confieren los artículos 62 y 77, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y de conformidad con lo establecido en los articulos 5 numeral 2, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,- publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 6 de septiembre de 2002.

RESUELVE

PRIMERO: Designar al ciudadano ALEXANDER JOSÉ RAMÍREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad N° 12.042.418, Director General de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, quedando facultado para ejercer las atribuciones previstas en los articulos 15 y 16 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, contenido en el Decreto N° 247, de fecha 18 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.210, de la misma fecha.

SEGUnDO: Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente.

TERCERO: Mediante la presente Resolución juramento al referido ciudadano.

CUARTO: La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Comuníquese y Publíquese.

HUGO CÉSAR CABEZAS BRACAMONTE Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N°006 203* y 154° Caracas, 10 ENE 2014 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, de conformidad con el Decreto N° 9.351 de fecha 15 de enero de 2013. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.090 de fecha 15 de enero de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 62 y 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gacata Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008 y en concordancia con lo establecido en los Artículos 7, 49, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Servicio Exterior.

RESUELVE Designar al Coronel William José González, titular de la cédula de identidad N° V.- 6.201.429, 4n de Venezuela acreditada en la República de Cuba, en reemplazo del Coronel Eldan Rafael 2013. Estas funciones tendrán una duración de dos (02) años contados a partir de la efectiva notificación al interesado de la presente Resolución.

Comuniquee y Publíquese, Saua Milano Ministro deb Poder Popgiar para Relaciones Exteriores

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO DM N° 303-7 Caracas, 17 de diciembre de 2013 203° y 154°

RESOLUCION

Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, según consta en el Punto de Cuenta N° 134 de fecha 20 de noviembre de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 numeral 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior publicada en Gaceta Oficial N° 40.217 Ellas Jaua Milano, designado mediante Decreto N° 9.351 del 15 de enero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, en cumplimiento a lo previsto en los articulos 62 y 77, numeral 19 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con el articulo 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.

RESUELVE

Designar al ciudadano Freddy Santiago Guilarte Ugas, titular de la cédula de identidad 1N° V.- 9.937.743, como Cónsul General, Jefe Titular, de la República Bolivariana de Venezuela en Medellin, República de Colombia, responsable de la Unidad Administradora N° 41150.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, deberá presentar la Contraloria General de la República y consignarlo ante la Oficina de Recursos Humanos.

Se instruye a la Oficina de Recursos Humanos, por órgano de la Dirección de Personal articulo 73 de la Ley Orgánica P78eedimientos Administrativos.

AEFUILUICA quese y Publiquese, Uas Jaua Milano Ministro del PaderPooular oara Relaciones Exteriores

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DE LA MINISTRA Caracas, 06 ENE 2014 203° y 154° C03515 RESOLUCIÓN N°_ Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el siguiente nombramiento:

DEPACHO DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD .Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional Capitán de Fragata YILMER JOSÉ BONIFORTE CASTILLO, C.I. N° 9.988.001, Director, e/r del Teniente Coronel JULIO CÉSAR DÍAZ, C.I. N° 10.237.054.

Tr Comuníquese y publíqu Por el Ejecutivo Nacio RMRNUERESAMELÉNDEZ RIVAS Aimiranta en Jefa Miagstra del Poder Popular para la Defensa

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 001. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014 203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 51 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con lo establecido en los artículos 8 numeral 1; 47, 48 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Orgánica del Ministerio del Poder Popular de Industrias y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 8.609 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058 Extraordinario del 26 de noviembre de 2011 ratificado mediante Decreto Nº 2 del 22 de abril de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar al ciudadano FIDEL DÍAZ PINTO, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.756.022, como Director General (E) de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. Designar como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central del Ministerio del Poder Popular para Industrias, al funcionario antes identificado, de acuerdo con los siguientes datos:

S-Administcadora Unidad Administradora FIDEL DÍAZ PINTO Oficina de 00006 V- 10.756.022 Gestión Administrativa Artículo 3. Adicionalmente a las atribuciones conferidas en el artículo 10 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Industrias, el prenombrado funcionario, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades administrativas contables y financieras del Ministerio.

2. Llevar a cabo la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos y elaborar los registros correspondientes.

3.Supervisar que las operaciones administrativas del Ministerio se rijan por las normas establecidas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública.

4. Ejecutar y supervisar la adquisición, custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios para garantizar el buen funcionamiento del Ministerio.

5. Supervisar la Ejecución de los contratos y convenios suscritos por el Ministerio.

6.Adjudicar los procesos de contrataciones para la adquisición de bienes y prestación de servicios que no superen las Veinte Mil Unidades Tributarias (20.000 UT) y en las contrataciones de Obras que no superen las Cincuenta Mil Unidades Tributarias (50.000 UT).

7. Suscribir los Actos Motivados, Contrataciones, Ordenes de Compras y Servicios que se generen por la adquisición de bienes, obras y contratación de servicios que no superen las Veinte Mil Unidades Tributarias (20.00o UT) y en las contrataciones de Obras que no superen las Cincuenta Mil Unidades Tributarias (50.000 UT).

8. Establecer e impartir lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su competencia, a las demás Unidades Ejecutoras Locales del Ministerio.

9.Establecer vínculo y relaciones necesarias con los órganos rectores en materia de su competencia.

10. Planificar y Coordinar el Programa Anual de Adquisiciones con fundamento en los proyectos de las Unidades Ejecutoras Locales del Ministerio y garantizar su remisión al órgano competente en materia de contrataciones del sector público.

11. Dirigir y coordinar los servicios de mantenimiento y transporte del Ministerio.

12. Dirigir coordinar todas las actividades contables relacionadas con los bienes nacionales.

13. Rendir cuentas sobre las materias de su competencia a los órganos de control interno y externo competentes.

14. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia.

Artículo 4. En el ejercicio de la presente delegación, podrá realizar la firma de los siguientes actos y documentos:

1. Las circulares comunicaciones y avisos oficiales internos emanados de la Oficina de Gestión Administrativa.

2. Los oficios y comunicaciones dirigidas a dependencias administrativas del sector publico en materia de su competencia.

3. Oficios y comunicaciones a las entidades bancarias.

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4. Correspondencias externas, postal, telegráficas o de cualquier naturaleza, en respuestas o solicitudes, relacionadas con asuntos en materia de su competencia.

5. La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos, y circulares emanados de la Oficina de Gestión Administrativa.

6. Las Órdenes de Pago dirigidas a la Oficina Nacional del Tesoro.

7. La certificación de contratos de arrendamientos, de recibir y dar bienes en comodato, de servicios básicos, de compras de obras bienes y servicios, de las pólizas de seguros y demás contratos relacionados con la Oficina de Gestión Administrativa.

Artículo 5. Los actos y documentos que el funcionario antes identificado firme de conformidad con esta Resolución deberá indicar inmediatamente bajo la firma la fecha y número de la Resolución y la Gaceta Oficial en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 6. El funcionario responsable de esta delegación deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular para Industrias de todos los actos y documentos que hubiere firmados en ejecución de esta Resolución.

Artículo 7. La presente designación entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por et Ejecutivo Nacional, Ministerio de MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDESTRIAS Designación Decreto N° 729 del 9 de enero de 2014, publicado en G.O.R.B.V. N° 40.330 de la misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/N° 005. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar a la ciudadana AIMARA JOSEFINA QUINTERO coNCEPCIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.892.894, como Consultora Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Qficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese Por el Ejecutivo Nacigna Ministerio d hunuf MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS Designación Decreto Nº 729 del 9 de gnero de 2014 publicado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 006. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN Artículo_ 1. Designar al ciudadano JOsÉ LEONARDY JARDINES GARCÍA, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.090.541, como Director General (E) de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquesg y Pubiíques Por el Ejecufivo Nacional

hukuy WILMER OMAR BARRIANTOS FERÁNDEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA HDUSTRIAS Designación Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 pubíado en G.O.R.B.V. N° 40.33q de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 008. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo1. Designar a la ciudadana SOBEIDA NAKARI MORALEs coRREA, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.810.040, como Directora General de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquesø y Publiquese Por el Ejecutivo Naciona Minister WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA MDUSTRIAS Designación Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 pubireedo en G.O.R.B.V. N° 40.330 de la misma fecha.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 009. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar al ciudadano ANGELO RICARDO BITORZOLI HERRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.114.121, como Director General (E) de la Oficina de Tecnologías y Sistemas del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníqugse y Publiquese, REP Por el Ejecutivo Nacional, fauduig WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ MINISTRO DEL PODER POPYLARPARA INDUSTRIÃS Designación Decreto N° 729 del 9 derenero de 2014 publicadoen G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 010. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º,154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar al ciudadano NESTOR LUIS ALFONZO HERRERA, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.069.544, como Director General (E) de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquesp y Publfquese.

Por el Ejecpitivo Nacional, WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ MINISTRO DEL PODER PORULAR PARA INBUSTRIAS Designación Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 pubhieen G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 011. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar al ciudadano JESÚS ANToNIO ARCAY URBINA, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.489.786, como Director General (E) de la Dirección del Despacho del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníqugse y Pubtíquese, Por ei Ejocutivo Nacional, undn WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS Designación Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 publicado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 012. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar a la ciudadana INGRID DEL CARMEN OROPEZA MATUTE, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.487.162, como Directora General de la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquege y Pubiíquese, Por el Ejecutivo Nacionál, Ministerio WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁÑQEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDÚSARIAS Designación Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 publicado en G.O.R.B.V. N° 40.330 de la misma fecha.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 013. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, §7 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar al ciudadano ALEXANDER DE JESÚs ROMAN, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.719.289, como Director General (E) de Regulación de Importaciones del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta feie de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese Publiquese Per el Ejecutvo Naciona hukuf MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS Designación Decreto N° 729 del 9 de enero de 2014 publicado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS. DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN DM/Nº 014. CARACAS, 22 DE ENERO DE 2014.

203º, 154º y 14º En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26, 62, 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de la misma fecha, este Despacho Ministerial decide dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Designar a la ciudadana ROsAURA ARANGUREN DE GIUSEPPE, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.542.525, como Directora General (E) de la Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Industrias.

Artículo 2. La presente designación entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuntquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional/ Ministerio WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSIRIÃS Designación Decreto Nº 729 del 9 de enero de 2014 publicado en G.O.R.B.V. Nº 40.330 de la misma fecha.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 21 bEENE NÚMERO(:5 2014 203° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 de la misma fecha, de conformidad con la atribución conferida en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales y visto que en la Resolución N° 006 del 15 de enero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 de fecha 16 de enero de 2014, se incurrió en error material, donde dice:

"ARTíCULO 1. Dejar sin efecto el numeral 21 del artículo 2 de la Resolución N° 057 de fecha 21 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.171 de la misma fecha (...)", debe decir: Dejar sin efecto el numeral 21 del artículo 2 de la Resolución N° 057 de fecha 21 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.171 de la misma fecha (...)". En consecuencia, procédase a una nueva publicación de la mencionada Resolución con la inclusión de la corrección anotada.

Notifiquese y publiquese, mr.

RANGISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Minstro del Poder Popular para la Salud ecreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013 geta Oficial N° 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013

NÚMERO 006 15 DE ENERO DE20140 203° y 548:

RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° $58 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, este Despacho Ministerial,

RESUELVE ARTíCULO 1. Dejar sin efecto el numeral 21 del artículo 2 de la Resolución Nº 057 de fecha 21 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.171 de la misma fecha, mediante la cual se delegó firmas, tramitación de actos y documentos a la ciudadana VALLE T. BOMPART HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 4.495.975, en su carácter de DIRECTORA GENERAL ENCARGADA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.

ARTíCuLo 2. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente.

ARTícULO 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifíquese y Publíquese, FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PEREZ Mfunstro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 del 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 del 05 de noviembre de 2013

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 21 NÚMERO2 0 ENE DE 2014 203° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto Nº 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y artículo 28 numeral 9º del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Publicaciones Oficiales.

CONSIDERANDO Que el Despacho de la Viceministra de Redes de Salud Colectiva, a través Estadísticas en Salud, ha culminado el proceso de actualización y lidación de la Base de Datos de Mortalidad correspondiente al año 2011.

RESUELVE Artículo 1. Declarar oficial el Tomo del Anuario de Mortalidad correspondiente al año 2011, edición realizada por el Despacho de la Viceministra de Redes de Salud Colectiva, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Dirección de Información y Estadísticas en Salud, la cual será editada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, al estilo formato 1/9 y constará de trescientos (300) ejemplares de trescientas ochenta y nueve (389) páginas cada uno, cuya distribución será gratuita.

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Hotifíquese y Publiquese, /..

FRANCISCO ARMADA PÉREZ EUB Ministrg del Poder Popular para la Salud Decr a N° 558 del 05 de noviembre de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE ENCOMIENDA CONVENIDA ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)

La República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del MINIsTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE, que en lo adelante y a los efectos relacionados con esta encomienda se denominará "EL MPPTT", representado en este acto por el ciudadano ING. HAIMAN EL TROUDI, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.989.579, en su carácter de Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, designado mediante Decreto N° 127, de fecha 27 de mayo de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.175 de la misma fecha, actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 62 y 77, numeral 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 por una parte; y por la Ôtra EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, que en lo adelante y a los mismos efectos, se denominará "INDER", creado por Decreto

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.323, de fecha 13 de Noviembre de 2001, cuya última modificación fue mediante la Ley de Tierras de Desarrollo Agrario. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.991 extraordinario, de fecha 29 de Julio de 2010; representado en este aCto por el ciudadano: ALÍ FRANCISCO PEÑA RUIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.113.258, actuando en su carácter de Presidente , designado según Decreto N° 26, de fecha 26 de abril de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.155, de la misma fecha celebran la presente ENCOMIENDA CONVENIDA, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y las clausulas siguientes:-....

CLÁUSULA PRIMERA: La presente tiene por objeto encomendar por parte de "EL MPPTT" al "INDER", previo el cumplimiento de las disposiciones legales, la ejecución de Ias obras pertenecientes al proyecto: "CREACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE VIALIDAD AGRÍCOLA REGIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE UN TOTAL DE DIECISIETE (17) OBRAS, PARA UN TOTAL DE 52 KM", discriminadas de la siguiente manera: ....

,TAMOCO, MUNICIPIO AUTÓNOMO GÓMEZ, ESTADO NUEVA ESPARTA, PROGRESIVAS: 0+000 A LA 1+600" por un monto de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (Bs. 1.133.261,22.-- "MEJORAS Y PAVIMENTACIÓN V.A PESQUERA EL MANGLILLO - EL YAQUE.

2) PROGRESIVAS: 0+000 A LA 1+800. MUNICIPIO DÍAZ. ESTADO NUEVA ESPARTA" pOr un mOntO de UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON Y DIECISÉIS CÉNTIMOS (Bs. 1.127.999,16).-- 3) "MEJORAS, PAVIMENTACIÓN LO01 ACCESO CASERÍO DE PESCADORES PIEDRA SANTANA - JUAN: GRIEGO, PROGRESIVAS: 0+000 A 0+700, MUNICIPIO: MARCANO. ESTADO NUEVA ESPARTA", por Un mOnIo de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 348.250,00).-.

4) "MEJORAS Y PAVIMENTACIÓN LO05, ACCESO VIALIDAD AGRÍCOLA PESQUERA LA PARED PROGRESIVAS: 0+000 A LA 1+250 MUNICIPIO AUTÓNOMO PENÍNSULA DE MACANAO - ESTADO NUEVA ESPARTA" pOr un mOntO de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 595.089,60).-- 5) "MEJORAS, ENGRANZONADO Y PAVIMENTACIÓN LO05, ACCESO VIALIDAD AGRÍCOLA EL DÁTIL - EL ESPINAL, PROGRESIVA: 0+000 A LA 2+300, MUNICIPIO AUTÓNOMO DÍAZ, ESTADO NUEVA ESPARTA" pOr un mOnto de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 1.153.243,81).--.

6) "MEJORAS, ENGRANZONADO Y PAVIMENTACIÓN LO05, ACCESO VIALIDAD AGRÍCOLA LAS VILLAROELES- LA GUARDIA, PROGRESIVAS: 0+000 A LA 1+100, MUNICIPIO AUTÓNOMO DÍAZ, ESTADO NUEVA ESPARTA" pOr un mOnto de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 551.551,39).---.

7) "AMPLIACIÓN, MEJORAS Y PAVIMENTACIÓN LO06, ACCESO VIALIDAD AGRÍCOLA SECTOR RISCO BLANCO PROGRESIVAS: Ó-000 A LA 1+500, MUNICIPIO AUTÓNOMO PENÍNSULA DE MACANAO - ESTADO NUEVA ESPARTA" por un mOnto de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 651.157,85).

CLÁUSULA SEGUNDA: El monto total aprobado para la ejecución de las Obras Objeto de la presente Encomienda se fija en la cantidad de CINCo MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON DOS CÉNTIMOS (Bs. 5.560.553,03). Dicho monto será imputado con cargo a los'recursos asignados por el Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio DVP/DG/DGDIP/O/2013 . N° 000136, de fecha 21 de Octubre de 2013, referente al contrato de Fideicomiso suscrito entre el BANDES y la Vicepresidencia de la Republica Bolivariana de Venezuela, destinado a la creación del Fondo Especial para el Gobierno de la Eficiencia en la Calle.........

CLÁUSULA TERCERA: El "INDER" estará a cargo de la remisión de las una vez se verifiquen y cumplan con los requisitos establecidos para su tramitación.- CLÁUSULA CUARTA: La ejecución de las obras objeto de esta Encomienda n e e e n e e r e nn n cabo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, los cuales deberán ser iniciados por "INDER", según sea el caso, en un lapso no mayor a quince (15) días continuos contados a partir de la suscripción de la presente encomienda.-- CLÁUSULA QUINTA: "INDER" se compromete a dar ejecución en forma continua, permanente y eficiente los trabajos relativos a las Obras antes identificadas, a fin de garantizar una buena calidad y para ello efectuará de manera directa, la supervisión y/o inspección necesaria a los fines de verificar que se ejecuten los previstos. Asimismo, deberá presentar mensualmente a "EL MPPTT" o cuando éste lo solicite, un informe técnico detallado de las actividades cumplidas en el ejercicio de la actividad encomendada. Dicho informe deberá contener al menos, Avance Físico de la ejecución de la obra, Ejecución Financiera del Contrato, Resultados de Ensayo de Laboratorio, Control de Inversión e Informe Fotográfico. En consecuencia, "EL MPPTT" e "INDER" designarán el personal que tendrá la del Acta de Aceptación Definitiva de las obras objeto de la presente Encomienda. Igualmente, deberán elaborar el Cronograma de Actividades correspondiente. Dicho personal deberá mantener informados tanto al ciudadano Ministro, como al

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terminación.--

CLÁUSULA SEXTA: "EL MPPTT". a través de la Dirección Estadal del estado Nueva Esparta o de la persona expresamente designada para ello, coordinará conjuntamente con "INDER", la ejecución de las actividades contenidas en la presente Encomienda. Queda aceptado por las partes que "EL MPPTT", no asume responsabilidad alguna frente a los trabajadores contratados para la realización de las actividades inherentes a la ejecución de las Obras objeto de la presente seleccione para el cumplimiento de tales fines, según sea el caso. ...

CLAUSULA SÉPTIMA: "EL MPPTT" supervisará y evaluará de manera directa o indirecta, la ejecución de las Obras, y de ser el caso efectuará recomendaciones al respecto.- legales y las normas técnicas existentes o que dictare el Ejecutivo Nacional, aplicables a la obra y a la materia de la presente Encomienda...

CLÁUSULA NOVENA: En caso de incumplimiento por parte de "INDER" o de la o las empresas contratistas, de las normas legales reglamentarias o resoluciones aplicables o de cualesquiera de las obligaciones asumidas en la presente Encomienda, o no atiendan a las observaciones e instrucciones impartidas por "MPPTT", éste podrá revocar total o parcialmente la Encomienda, según lo considere conveniente y reasumir la ejecución de la(s) obra(s). obligándose _"INDER", al cumplimiento del reintegro del 100% del dinero de la(s) obra(s) no ejecutada(s....

CLÁUSULA DÉCIMA: Cualquier cambio o modificación del objeto original y variación de los compromisos asumidos mediante la presente Encomienda, deberá ser reflejada en forma escrita a través de una adendum suscrito entre las partes.-- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Para el caso que se requiera que algún organismo o ente, conforme a sus competencias, sea incluido en la presente Encomienda, se podrá incorporar la misma, una vez se establezca claramente su marco de actuación mediante la suscripción del correspondiente Addendum por la partes.-.....

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ninguna adición, variación o alteración de esta Encomienda, será válida si no es conformada y suscrita por las partes e incorporada a través de un adendum que formará parte integrante de la misma....

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La presente Encomienda tendrá una vigencia de cinco (05) meses contados a partir de la suscripción de la misma, pudiendo ser Asimismo, en caso de que "INDER", esté imposibilitada para continuar los Encomienda, deberá notificar por escrito a "EL MPPTT".- CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: En caso de rescisión unilateral por parte de "EL MPPTT", ambas partes se obligan a cumplir los compromisos asumidos hasta el día efectivo de su notificación, sin que la misma de origen a reclamaciones por daños y perjuicios de ningún tipo....

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Queda entendido que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por "INDER", mediante esta Encomienda constituye causal de rescisión, sin derecho a exigir indemnización alguna por tal motivo.....

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que pudieran suscitarse en relación a la interpretación de la presente encomienda o con la ejecución de las obras, así como las modificaciones a que hubiere lugar, serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes....

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: A los fines de notificaciones, citaciones o requerimientos que pudieren surgir con motivo de esta encomienda, las partes manifiestan que sus direcciones son siguientes:..

"MPPTT": Av. Francisco de Miranda, Torre MPPTT, Piso 22, Despacho del Ministro. Municipio Chacao, Caracas - Venezuela....

"INDER": Esquina de Ferrenquín a Cruz de Candelaria, Edificio Oficentro (Sede INDER). piso 05, Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas.-- CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Para todos y cada uno de los efectos legales de a presente encomienda, se elige a la ciudad de Caracas como domicilio especial y 1 excluyente de cualquier otro, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse...- 20 días del mes Diciembre_ del año 2013.

LIVARIANROr "EL MPPTT" Por "INDER" Aind de Desa To

GHAIMAN EL TROUDI Presidente del Instituto Nacional de „Mnistg del Poder Popular para tanspgrte Terrestre Desarrollo Rural

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°OO2/14 Quien SUsCribe, ANTONIO ENRIQUE ÀLVAREz CISNEROS, venezolano, mayOr de Popular para el Deporte, mediante Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330 de fecha 09 de enero de 2014, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 12, 62 y 77 numerales 19 y 27 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Extraordinario, de fecha 01 de julio de 1981, concatenado con lo consagrado en los artículos 5 numeral 2, y el 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 6 de septiembre de 2002.

RESUELVE:

PRIMERO: Designar al ciudadano RAUL RAUL CARREÑO ESCOBAR, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.310.092, como Director General del Despacho, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Cargo éste de Alto Nivel y libre nombramiento y remoción. El presente nombramiento surtirá efecto a partir del momento de su notificación.

SEGUNDO: Se encomienda a la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio la notificación de la Presente Resolución al ciudadano RAUL RAUL CARREÑO ESCOBAR.

Dado en Caracas, a los 17 días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Año 203º de la Independencia, 154º de la Federación y 14º de la Revolución Bolivariana.

ANTONIO ENRIQUE ÀLVAREZ CISNEROS INISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE Según Decreto N° 729 de fecha 09 de enero de 2014 Publicado er Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia DESP N° 40.330 de fecha 09 de enero de 2014.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N° 002 12014.

Caracas,22 de enero de 2014.

Año 202° de la Independencia y 154º de la Federación.

El Procurador General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida por el articulo 44, numeral 1 del Decreto No. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008). publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008).

RESUELVE Artículo 1: Se designa a la ciudadana ERIKA ALBORNOZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.604.207, GERENTE GENERAL

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(ENCARGADA), adscrita al Despacho _ del ADMINISTRATIVO Procurador, cargo de Alto Nivel y por ende de libre nombramiento y remoción, a partir de la fecha de su notificación. En consecuencia queda autorizado para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo.

Artículo 2: Se revoca a partir de la presente fecha la Resolución N° 014/2013 de fecha 03 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.140 de fecha 09 de abril de 2013.

Comuníquese y Publíquese,

MANUEL ENRIQDE GALINDO BALLESTEROS PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL PROCURADOR RESOLUCIÓN N° 003 /2014.

Caracas, 22 de enero de 2014 Año 202º de la Independencia y 154° de la Federación.

El Procurador General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 44, numeral 1 del Decreto No. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de ia Procuraduria General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008). publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008).

RESUELVE

Artículo 1: Se delega en la ciudadana ERIKA ALBORNOZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.604.207, en su carácter de Gerente General Administrativc (Encargada), la firma de los actos y documentos relativos a las siguientes atribuciones:

1. Coordinar los procesos de selección de contratistas, conforme a la Ley de Contrataciones Pública.

2. La certificación de documentos, copias y otros documentos relacionados con los contratos y acreencias no prescritas.

3. La suscripción de resoluciones que decidan acerca de la procedencia no de deudas de años precedentes a su gestión, reconocidas en vía administrativa y por decisión definitivamente firme emanada de órganos jurisdiccionales.

4. La suscripción de autorizaciones de gastos u órdenes de pago que guardan relación directa o que afecten los créditos presupuestarios establecidos para la Procuraduría General de la República (E), así como la facultad de suscribir los actos de Ley de Presupuesto Anual correspondiente al ejercicio fiscal, o cualquiera de las modificaciones que sufrieren, según las instrucciones del Procurador General de la República.

Artículo 2: El presente acto de delegación no conlleva la atribución de subdelegar.

Artículo 3: El funcionario sujeto a la presente delegación presentará al Procurador General de la República (E), en la forma que se le indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

Artículo 4: Los actos y documentos suscritos por el Gerente General Administrativo (E), que se realicen en la presente delegación, deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la Resolución y de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

Artículo 5: En todo caso, el Procurador General de la República (E) se reserva el derecho que se asiste de ejercer directamente todas las facultades aquí delegadas.

Artículo 6: Según corresponda, el funcionario delegatorio procederá a registrar su firma en la Oficina Nacional del Tesoro.

Artículo 7: Se revoca a partir de la presente fecha la Resolución N° 015/2013 de fecha 03 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.140 de fecha 09 de abril de 2013.

Comuniquese y Publiquese,

MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (E)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 203° y 154° SE HACE SABER A la ciudadana MARBYS RASSE RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.062.657, que mediante Resolución N° 01-00-000064 de fecha 16 de mayo de 2013, suscrita por la ciudadana Contralora General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le impuso la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de siete (7) años y seis (6) meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente:

"Resolución N° 01-00-000064

Caracas, 16 de mayo de 2013

ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme al cual le corresponde al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, aplicar las sanciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa allí previstas.

CONSIDERANDO Que mediante decisión de fecha 05 de septiembre de 2011, el entonces Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones delegadas por quien suscribe, según consta en la Resolución N° 01-00-000173 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.032 Extraordinario de fecha 22 de agosto de 2011, declaró la responsabilidad administrativa de la ciudadana MARBYS RASSE RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.062.657, en su condición de Miembro del Comité de Licitaciones y Directora de Hacienda Pública Municipal del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, durante el ejercicio fiscal 2005, por haber actuado de manera negligente en la preservación y salvaguarda de bienes y derechos del patrimonio público al recomendar al Alcalde del referido Municipio, la adjudicación directa del Proyecto Endógeno denominado "Complejo Avícola Samuel Robinson:

Producción de Huevos Fértiles y Politos Bebé I Etapa", a la empresa Constructora Bermejo C.A., por un monto de dos millones treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.

2.039.648,85), valor actual, sin haber verificado el cumplimiento de las fases previas que correspondían de conformidad con el Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, vigente para el momento de ocurrencia del hecho irregular, toda vez que dicho monto excedía las 25.000 UT y por tanto hacía procedente el procedimiento de licitación general previsto en el artículo 61 numeral 2 del citado Decreto. Conducta generadora de

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responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Decisión que quedó firme en vía administrativa, mediante auto de fecha 4 de octubre de 2011, por no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que "(...) Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (...)".

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 del 12 de agosto de 2009, el Contralor General de cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo siguiente:

PRIMERO: Imponer a la ciudadana MARBYS RASSE RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.062.657, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de SIETE (07) AÑOS Y SEIS (06) MESES, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución.

SEGUNDo: Notifíquese la presente decisión a la ciudadana MARBYS RASSE RODRÍGUEZ, antes identificada y adviértasele que la sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entidades del sector público, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza por el lapso que dure la misma, sin perjuicio de la responsabilidad de las máximas autoridades del organismo o entidad donde se encontrare desempeñando funciones de velar por la ejecución de la sanción.

TERCERo: Infórmesele a la prenombrada ciudadana que contra la presente Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante quien suscribe, en un lapso de quince (15) días hábiles, más el término de la distancia, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

cUARTo: Infórmese a la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Cúmplase y publíquese, ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E)"

Se le advierte que se entenderá por notificada quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal.

Al respecto, se le informa que contra dicha Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante la ciudadana Contralora General de la República (E), en un lapso de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cúmplase y publíquese, MORELISMIEA Directora de Determinaciôn.de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 203° y 154° SE HACE SABER Al ciudadano CARLOS EDUARDO NÚÑEZ GARCÍA, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.947.435, que mediante Resolución Nº 01-00-000078 de fecha 16 de mayo de 2013, suscrita por la ciudadana Contralora General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le impuso la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente:

"Resolución N° 01-00-000078

Caracas, 16 de mayo de 2013

ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme al cual le corresponde al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, aplicar las sanciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa allí previstas.

CONSIDERANDO Que mediante decisión de fecha 21 de diciembre de 2011, el entonces Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones delegadas por quien suscribe, según consta en Resolución N° 01-00-000173 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.032 Extraordinario de fecha 22 de agosto de 2011, declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano CARLOS EDUARDO NÚÑEZ GARCÍA, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.947.435, en su condición de Presidente de la Empresa INVERSIONES NÚÑEz, C.A., toda vez que, en el año 2005, concepto con la ciudadana EVELYN DUMITH, Alcaldesa del Municipio Julián Mellado del estado Guárico, la suscripción del contrato de obra identificado con el N° AMM-LG-2005-11-001 de fecha 29 de

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noviembre de 2005, para la rehabilitación de los baños termales de Guarumen, por la cantidad de dos millones noventa y nueve mil doscientos cuarenta y dos bolívares con treinta y un céntimos (Bs. 2.099.242,31), valor actual, sin que la obra contara con los permisos necesarios y estudios técnicos correspondientes; otorgándosele un anticipo contractual por la cantidad de ochocientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y seis bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 839.696,93), valor actual equivalente al 40% del monto contratado, sin documento alguno que soportar a las actividades que serían efectuadas, aunado a esto la obra inicialmente prevista para ejecutarse en seis meses fue paralizada al día siguiente de firmarse el acta de inicio y otorgarse el anticipo, paralización que se prolongó por varios años, originándose un incremento del presupuesto original en un 78,69%.

Conductas generadoras de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Decisión que quedó firme, en vía administrativa, mediante auto de fecha 23 de enero de 2012, por cuanto no fue interpuesto Recurso de Reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

CONSIDERANDO

Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que "(...) Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (..) e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (...)".

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 del 12 de agosto de 2009, el Contralor General de la República para acordar las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo siguiente:

PRIMERO: Imponer al Ciudadano CARLOS EDUARDO NÚÑEZ GARCÍA, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.947.435, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de QuINCE (15) AÑos, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución.

SEGUNDO: Notifíquese la, presente decisión al ciudadano CARLos EDUARDo NÚÑEz GARCÍA, antes identificado y adviértasele que la sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entidades del sector público, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza por el lapso que dure la misma, sin perjuicio de la responsabilidad de las máximas autoridades del organismo o entidad donde se encontrare desempeñando funciones de velar por la ejecución de la sanción.

TERcERo: Infórmesele al prenombrado ciudadano que contra la presente Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante quien suscribe, en un lapso de quince (15) días hábiles, más e término de la distancia, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Contro Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

cUARTo: Infórmese a la Alcaldía del Municipio Julián Mellado del estado Guárico, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Cúmplase y publíquese, ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E)" Se le advierte que se entenderá por notificado quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal.

Al respecto, se le informa que contra dicha Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante la ciudadana Contralora General de la República (E), en un lapso de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cúmplase y publíquese, MORELISMLLA Directora de Determinacion de nsa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 203°y 154° SE HACE SABER Al ciudadano JESÚs RAMÓN AVELEDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.869.217, que mediante Resolución N° 01-00-000082 de fecha 16 de mayo de 2013, suscrita por la ciudadana Contralora General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le impuso la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente:

"Resolución N° 01-00-000082

Caracas, 16 de mayo de 2013

ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme al cual le corresponde al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, aplicar las sanciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa allí previstas.

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CONSIDERANDO Que mediante decisión de fecha 14 de marzo de 2012, el entonces Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones delegadas por quien suscribe, según consta en la Resolución N° 01-00-000173 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.032 Extraordinario de fecha 22 de agosto de 2011, declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano JESÚS RAMÓN AVELEDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.869.217, en su condición de Coordinador de Procesos de Seguridad y Protección Integral, y Coordinador de Procesos de Recursos Humanos (E), de la empresa Puertos del Litoral Central, PLC, S.A., para el período 2003-2004, por haber actuado de manera imprudente en la preservación y salvaguarda de bienes o derechos del patrimonio público cuando suscribió el Acta Convenio de fecha 27 de febrero de 2003 y alcances de fechas 01 de abril y 01 de julio del mismo año y 25 de mayo de 2004, en las cuales se aprobó el otorgamiento de bonificaciones para funcionarios de esa entidad, sin tener la competencia para ello, toda vez que dicha potestad estaba reservada a la Asamblea de la empresa como máxima autoridad en cuanto a la dirección y administración, permitiendo con dicha aprobación la ordenación de pagos por tales conceptos que se cuatro mil setecientos cincuenta bolívares (Bs. 84.750,00) valor actual.

De igual modo mediante solicitud N° 386 de fecha 29 de septiembre de 2003, ordenó el pago indebido por concepto de tal bonificación a nombre de los ciudadanos Omar Rodríguez, María Teresa Rangel, Teresa Assaf, Flanklin Jiménez, Elías Alvarado y Helen Meza por la cantidad total de quince mil setecientos cincuenta bolívares (Bs 15.750,00) valor actual.

Las conductas descritas se subsumen en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los numerales 2 y 14 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Decisión que quedó firme, en vía administrativa, mediante auto de fecha 09 de abril de 2012, por cuanto no fue interpuesto el recurso de reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

CONSIDERANDO

Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que "(...) Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (..) e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (.)".

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 del 12 de agosto de 2009, el Contralor General de la República para acordar las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.

RESUELVE

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo siguiente:

PRIMERO: Imponer al ciudadano JESÚS RAMÓN AVELEDO, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.869.217, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de TREs (03) AÑos, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión al ciudadano JESÚs RAMÓN AvELEDo, antes identificado y adviértasele que la sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entidades del sector público, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza por el lapso que dure la misma, sin perjuicio de la :

responsabilidad de las máximas autoridades del organismo o entidad donde se encontrare desempeñando funciones de velar por la ejecución de la sanción.

TERCERO: Infórmesele al prenombrado ciudadano que contra la presente Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante quien suscribe, en un lapso de quince (15) días hábiles, más el término de la distancia, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

CUARTO: Infórmese a la empresa Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, S.A., al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Cúmplase y publíquese, ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E)" Se le advierte que se entenderá por notificado quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal.

Al respecto, se le informa que contra dicha Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante la ciudadana Contralora General de la República (E), en un lapso de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cúmplase y publíquese, MORELÉS MILLA LO Directora de Determinación de Resab

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 203° y 154° SE HACE SABER Al ciudadano AMILCAR AQUINO TORRES, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.391.834, que mediante Resolución N° 01-00-000063 de fecha 16 de mayo de 2013, suscrita por la ciudadana Contralora General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le impuso la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de siete (07) años y seis (6) meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente:

página original (tal como se publicó)Página 18 de la Gaceta

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"Resolución N° 01-00-000063

Caracas, 16 de mayo de 2013

ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme al cual le corresponde al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, aplicar las sanciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa allí previstas.

CONSIDERANDO Que mediante decisión de fecha 05 de septiembre de 2011, el entonces Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones delegadas por quien suscribe, según consta en la Resolución N° 01-00-000173 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.032 Extraordinario de fecha 22 de agosto de 2011, declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano AMILCAR AQUINO TORRES, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.391.834, en su condición de Miembro del Comité de Licitaciones y Director de Secretaría del Despacho del Alcalde del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, toda vez que durante el ejercicio fiscal 2005, actuó de manera negligente en la recomendar al Alcalde del referido Municipio, la adjudicación directa del Proyecto Endógeno denominado "Complejo Avícola Samuel Robinson:

Producción de Huevos Fértiles y Pollitos Bebé I Etapa", a la empresa Constructora Bermejo C.A., por un monto de dos millones treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.

2.039.648,85), valor actual, sin haber verificado el cumplimiento del procedimiento de selección de contratista que correspondía aplicar toda vez que dicho monto excedía las 25.00o UT y por tanto hacía procedente el procedimiento de licitación general previsto en el artículo 61 numeral 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos.

Asimismo, empleó fondos públicos aportados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), para la ejecución del referido Proyecto en finalidades distintas a las previstas, ya que solicitó a la Dirección de Administración que con cargo a dichos recursos se pagara la adquisición de material para computadoras.

Conductas que constituyen los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en los numerales 2 y 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Decisión que quedó firme en vía administrativa, mediante auto de fecha 4 de octubre de 2011, por cuanto no fue interpuesto el Recurso de Reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que "(...) Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (...)".

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 del 12 de agosto de 2009, el Contralor General de la República para acordar las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo siguiente:

PRIMERO: Imponer al Ciudadano AMILCAR AQUINO TORRES, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.391.834, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de SIETE (07) ANOs Y SEIS (6) MESES, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión al ciudadano AMILCAR AQUINO TORRES, antes identificado y adviértasele que la sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entidades del sector público, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza por el lapso que dure la misma, sin perjuicio de la responsabilidad de las máximas autoridades del organismo o entidad donde se encontrare desempeñando funciones de velar por la ejecución de la sanción.

TERCERo: Infórmesele al prenombrado ciudadano que contra la presente Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante quien suscribe, en un lapso de quince (15) días hábiles, más el término de la distancia, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

CUARTo: Infórmese a la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Cúmplase y publíquese, ADELINA GONZÁLIZ Contralora General de la República (E)" Se le advierte que se entenderá por notificado quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal.

Al respecto, se le informa que contra dicha Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante la ciudadana Contralora General de la República (E), en un lapso de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cúmplase y publíquese, MORELYS MILK A LA Directora de Determinación de Rgonsa

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 203° y 154° SE HACE SABER Al ciudadano JOSÉ GREGORIO OJEDA PERDOMO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.178.053, que mediante Resolución N° 01-00-000067 de fecha 16 de mayo de 2013, suscrita por la ciudadana Contralora General de la República (E), en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le impuso la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de siete (07) años y seis (6) meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución. La referida Resolución es del tenor siguiente:

"Resolución N° 01-00-000067

Caracas, 16 de mayo de 2013

ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme al cual le corresponde al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, aplicar las sanciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa allí previstas.

CONSIDERANDO Que mediante decisión de fecha 05 de septiembre de 2011, el entonces Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones delegadas por quien suscribe, según consta en la Resolución N° 01-00-000173 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.032 Extraordinario de fecha 22 de agosto de 2011, declaró la responsabilidad administrativa del Ciudadano JOSÉ GREGORIO OJEDA PERDOMO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.178.053, en su condición de Jefe de Inspección de Obras de la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, toda vez que, durante los ejercicios fiscales 2005 y 2006, actuó de manera negligente en la preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, al dar su conformidad a las partidas 1 y 21 del presupuesto para el desarrollo del Proyecto Endógeno denominado "Complejo Avícola Samuel Robinson: Producción de Huevos Fértiles y Pollitos Bebé I Etapa", cuyas actividades formaban parte del alcance de otras partidas por lo que no se justificaba su cancelación de manera adicional, ocasionando un pago en exceso por la cantidad de ochenta y seis mil quinientos sesenta y seis bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 86.566,72), valor actual. Adicionalmente, no ejerció una adecuada supervisión en los trabajos vinculados con la mencionada obra, toda vez que en las inspecciones practicadas en el sitio de los trabajos por el órgano de control fiscal se detectaron fallas en su ejecución.

Asimismo, avaló el presupuesto de ejecución de la citada obra así como los análisis de precios unitarios relacionados con las partidas del contrato N° AMSR-043-2005, no obstante que al comparar estos con los precios referenciales emanados del tabulador de precios del Colegio de Ingenieros de Venezuela, se evidenciaron diferencias de precios para algunas de las partidas relacionadas en las valuaciones de obras ejecutadas. De igual modo, certificó en las planillas de medición, la ejecución de obras, respecto de las cuales se determinaron diferencias con lo alí relacionado, situaciones que generaron perjuicios al patrimonio público por la cantidad de setecientos veintiocho mil doscientos ochenta y nueve bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 728.289,78), valor actual.

Las conductas descritas constituyen los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en los numerales 2, 6 y 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Decisión que quedó firme en vía administrativa, mediante auto de fecha 4 de octubre de 2011, por cuanto no fue interpuesto el Recurso de Reconsideración dentro del lapso legalmente previsto para ello.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que "(...) Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable (.) e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años (...)".

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.240 del 12 de agosto de 2009, el Contralor General de cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria y para la graduación de la sanción, valorará los supuestos allí previstos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo siguiente:

PRIMERO: ImpOner al CiUdadanO JOSÉ GREGORIO OJEDA PERDOMO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.178.053, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de SIETE (07) AÑos Y SEIS (6) MESES, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución.

SEGUNDo: Notifíquese la presente decisión al ciudadano JOsÉ GREGORIO OJEDA PERDOMO, antes identificada y adviértasele que la sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entidades del sector público, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera sea su naturaleza por el lapso que dure la misma, sin perjuicio de la responsabilidad de las máximas autoridades del organismo o entidad donde se encontrare desempeñando funciones de velar por la ejecución de la sanción.

TERcERo: Infórmesele a la prenombrada ciudadana que contra la presente Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante quien suscribe, en un lapso de quince (15) días hábiles, más el término de la distancia, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

cUARTo: Infórmese a la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

Cúmplase y publíquese, ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E)" Se le advierte que se entenderá por notificado quince (15) días hábiles después de la publicación del Cartel en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tiene su sede, de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con lo Administrativos, por cuanto ha resultado impracticable su notificación personal.

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Al respecto, se le informa que contra dicha Resolución podrá interponer el recurso administrativo de reconsideración, ante la ciudadana Contralora General de la República (E), en un lapso de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación, o el recurso jurisdiccional de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cúmplase y publíquese, MORELI$ MLIA Directora de Determinacion de

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS,DE ENERO DE 2014 203° y 154° RESOLUCIÓN N° DdP-2014-_OS GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, Defensora del Puebio, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de Diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 38.836, de fecha 20 de Diciembre de 2007, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los numerales 18 y 20 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004;

RESUELVE Dictar el siguiente, ESTATUTO DE PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- El presente Estatuto regirá el sistema de empleo público de la Defensoría del Pueblo, los derechos y obligaciones de los funcionarios o funcionarias, incluyendo lo relativo a su ingreso, planificación de la carrera, clasificación de cargos, capacitación, sistemas de evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos sobre la base de méritos, asistencia, traslados, licencias y régimen disciplinario, cese de funciones, estabilidad laboral, seguridad y previsión social.

Artículo 2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Estatuto, el personal obrero y el personal contratado al servicio de la Defensoría del Pueblo, el Trabajadores y las Trabajadoras, su Reglamento y el respectivo contrato.

Artículo 3.- Corresponderá al Defensor o Defensora del Pueblo, el establecimiento y modificación del presente Estatuto de Personal, si así lo estimare pertinente, a los fines de su adecuación a los objetivos de la Institución, de conformidad con lo establecido en los numerales 18 y 20 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

acto expreso, atribuciones conferidas en el presente Estatuto a otro funcionario o funcionaria de la Institución.

DEL INGRESO A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Capítulo I De los Requisitos de Ingreso Artículo 4.- Para ingresar como funcionario o funcionaria al servicio de la Defensoría del Pueblo, se requerirá:

1. Ser venezolano o venezolana y mayor de dieciocho (18) años de edad;

2. Haber mantenido conducta de reconocida honorabilidad y respetabilidad;

3. Llenar los requisitos exigidos correspondientes al cargo;

4. No estar sujeto a interdicción civil, ni a inhabilitación para ejercer cargos públicos;

5. No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún órgano o ente del Estado, salvo en los casos que sean para cumplir labores determinadas mediante contrato o para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción, debiendo en este último caso suspenderse el goce de dicha jubilación o pensión. Se exceptúan de este requisito, los jubilados de la función pública provenientes de cargos compatibles, como los académicos, accidentales, asistenciales o docentes;

6. Cumplir con los procedimientos de ingreso previstos en el presente Estatuto, y con las demás disposiciones que adicionalmente haya dictado el Defensor o Defensora del Pueblo a tal efecto;

7. Cumplir con los demás requisitos establecidos en la Constitución y las Leyes.

Artículo 5.- La falsedad comprobada de los datos suministrados por quien aspire a ingresar a la Defensoría del Pueblo, acarreará la nulidad absoluta de su nombramiento como funcionario o funcionaria si éste se hubiere obtenido, previo el cumplimiento del procedimiento respectivo y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.

Capítulo II De la Designación Provisional y el Período de Prueba Pueblo, será designado provisionalmente en el cargo por el Defensor o Defensora del Pueblo, una vez que haya sido seleccionado, y quedará sometido a un período de prueba de seis (6) meses, lapso durante el cual será evaluado por su superior inmediato.

El superior inmediato evaluará al aspirante durante el período de prueba, con fundamento en la calificación de su desempeño, y con base en los parámetros contenidos en el Instrumento de evaluación que a tal efecto diseñe la Dirección de Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 7.- Se considerará que el aspirante a un cargo de carrera ha ingresado definitivamente en la Defensoría del Pueblo, cuando, además de haber aprobado el concurso público respectivo, el resultado de la evaluación prevista en este capítulo haya sido satisfactorio, según conste en informe elaborado a tal efecto.

Igualmente, se considerará que el aspirante ha ingresado definitivamente, si vencido el período de prueba no se hubiere realizado la referida evaluación, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el superior inmediato por su omisión.

Artículo 8.- Si el aspirante no aprueba la evaluación, y en consecuencia no supera satisfactoriamente el período de prueba, el Defensor o Defensora del Pueblo, revocará la designación provisional, debiéndose notificar de tal decisión al aspirante.

Artículo 9.- Para los efectos del período de prueba, se exceptúan del cómputo del mismo, los lapsos que impliquen inasistencia justificada del aspirante al trabajo, con excepción de los reposos superiores a tres (3) meses.

Artículo 10.- Quedarán exceptuados del período de prueba a que hace referencia este Capítulo, los funcionarios o funcionarias que sean designados por el Defensor o Defensora del Pueblo para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción.

Capítulo III Del Nombramiento en el Cargo Artículo 11.- El nombramiento de los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, sean o no de carrera, será efectuado por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 12.- Antes de tomar posesión del cargo para el cual ha sido nombrado, todo funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo deberá prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, y los deberes inherentes al cargo.

El juramento se prestará ante el Defensor o Defensora del Pueblo.

TÍTULO III DE LOS FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS Capítulo I De la Clasificación de los Funcionarios o Funcionarias Artículo 13.- Los funcionarios o funcionarias al servicio de la Defensoría del Pueblo serán de carrera o de libre nombramiento y remoción por parte del Defensor o Defensora del Pueblo.

Articulo 14.- Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes ingresen a la Defensoría del Pueblo mediante el concurso público correspondiente, superado satisfactoriamente el período de prueba previsto en el presente Estatuto, y en virtud de nombramiento, desempeñen funciones de carácter permanente en cargos que no sean de alto nivel o de confianza.

Artículo 15.- Serán funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción, quienes ocupen cargos de alto nivel o de confianza dentro de la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, serán nombrados y removidos libremente de esos cargos por el Defensor o Defensora del Pueblo, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y el presente Estatuto de Personal, en virtud de lo cual no gozarán de estabilidad en el ejercicio de dichos cargos.

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Capítulo II De los Cargos de Alto Nivel y de Confianza Artículo 16.- Son cargos de alto nivel, los que así se encuentren establecidos dentro de la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo y aquellos que, por la índole de sus atribuciones, tengan inherencia en la toma de decisiones. Tales cargos son los siguientes:

1. Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva.

2. Directores o Directoras Generales.

3. Consultor o Consultora Jurídica.

4.

Directores o Directoras adscritos al Despacho del Defensor o Defensora del Puebio.

Directores o Directoras de Línea.

5.

6. Asistente del Defensor o Defensora del Pueblo.

7. Asistente del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva.

8. Consultor o Consultora Jurídico Adjunto.

9. Jefes o Jefas de Oficina.

10. Jefes o Jefas de División.

11. Jefes o Jefas de Unidad.

12. Defensores o Defensoras Delegados Estadales.

13. Defensores o Defensoras Delegados Especiales con competencia nacional.

14. Defensores o Defensoras Adjuntos.

15. Coordinadores o Coordinadoras.

16. Jefe o Jefa de Prensa.

17. Los demás cargos que con esta categoría, sean creados por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 17.- Los cargos de confianza son aquellos ocupados por funcionarios o impliquen el conocimiento y manejo de información confidencial, o la administración o disposición de bienes y servicios de la Institución, o que en ejercicio de sus funciones representen o comprometan el patrimonio, el nombre o la reputación de la Defensoría del Pueblo. Tales cargos son los siguientes:

1. Auditor o Auditora III.

2. Auditor o Auditora IV.

3. Auditor o Auditora V.

4. Defensor o Defensora III.

5. Defensor o Defensora IV.

6. Defensor o Defensora V.

7. Profesional III.

8. Profesional IV.

9. Profesional V.

10. Profesional VI.

11. Técnico de Seguridad I.

12. Técnico de Seguridad II.

13. Técnico de Seguridad III.

14. Los cargos ocupados por los funcionarios o funcionarias que presten servicio en el Despacho del Defensor o de la Defensora del Pueblo, en la Dirección Ejecutiva y en la Dirección del Despacho.

15. Los cargos ocupados por funcionarios o funcionarias que presten servicios relacionados con la seguridad de la Defensoría del Pueblo y con la del Defensor o Defensora del Pueblo.

16. Los cargos ocupados por las secretarias o secretarios que presten servicio a los Directores o Directoras Generales de la Defensoría del Pueblo.

17. Los demás cargos que con esta categoría, sean creados por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Capítulo III De los Deberes de los Funcionarios o Funcionarias Artículo 18.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo deberán prestar su servicio con abnegación, honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; además, deberán estar comprometidos con los principios que sustentan el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Artículo 19.- Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo estarán obligados a:

1. Prestar sus servicios personalmente, con la eficiencia, idoneidad y diligencia requeridas, en el cumplimiento de las tareas y actividades encomendadas.

2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos.

3. Cumplir con el horario de trabajo establecido en la Defensoría del Pueblo, sea cual fuere su jerarquía o nivel profesional. Los funcionarios o funcionarias horario establecido en esas dependencias.

4. Dar la información necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes en que éstos tengan interés legítimo.

5. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus relaciones con los superiores, subordinados y con el público, toda la consideración y cortesía debida.

6. Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados con las funciones que tengan atribuidas, quedando a salvo el deber de informar previsto en el numeral 4 de este artículo.

7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Defensoría del Pueblo confiados a su guarda, uso o administración.

8. Cumplir con las actividades de capacitación y mejoramiento encomendadas por la Defensoría del Pueblo.

9. Dar a conocer a sus superiores las iniciativas que estimen útiles para la conservación del patrimonio de la Defensoría del Pueblo, el mejoramiento de los servicios y las actividades de la Institución.

10. Inhibirse del conocimiento de los asuntos sometidos a su competencia, en los siguientes casos:

a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, su concubino o concubina o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en el asunto.

b. Cuando tuvieren amistad o enemistad manifiesta y comprobada con personas interesadas en el asunto.

c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate; o cuando se trate de un recurso administrativo que hubieren resuelto, o intervenido en la decisión del acto que se impugna.

d. Cuando hayan tenido relación de subordinación con funcionarios o funcionarias públicos directamente interesados en el asunto.

11. Laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por necesidades de servicio, cuando así les fuera ordenado por el superior jerárquico respectivo; debiendo concurrir oportunamente al lugar donde se les requiera.

12. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los reglamentos, los Instructivos y las órdenes que deban ejecutar.

Capítulo IV De los Derechos de los Funcionarios y Funcionarias

Artículo 20.- Todo funcionario o funcionaria que ingrese a la Defensoría del Pueblo, tendrá derecho a ser informado acerca de la organización, funcionamiento y fines de la Institución, y en particular a ser informado por el superior de la dependencia donde prestará sus servicios, acerca de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le corresponda cumplir en razón del cargo a desempeñar.

Artículo 21.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, tendrán derecho a percibir el pago del salario y las demás remuneraciones que les correspondan con ocasión del cargo que desempeñen, por concepto de bonos, primas, compensaciones, aportes y demás prestaciones, en los términos y condiciones que establezca el sistema de remuneraciones contenido en el presente Estatuto.

Artículo 22.- Los funcionarios o funcionarias de carrera de la Defensoría del Pueblo gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán cesar en el ejercicio de sus funciones por los supuestos establecidos en el presente Estatuto.

Artículo 23.-Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho de ascenso, en los términos y condiciones establecidos en la Constitución y en el presente Estatuto.

Artículo 24.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho a las prestaciones de la seguridad social, en los términos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y su Reglamento, las demás leyes que rijan la materia y en el presente Estatuto.

Artículo 25.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, tienen derecho a que se le otorguen permisos o licencias, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 26.- Los funcionarios o funcionarias de carrera de la Defensoría del Pueblo, que ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 27.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, tendrán derecho a percibir, al finalizar la relación de empleo público, la prestación de antigüedad prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento, en los términos y condiciones que se hayan establecido en dichas normas.

Artículo 28.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo que hayan cumplido un (1) año ininterrumpido de servicio en la Institución, tendrán derecho a disfrutar de treinta (30) días continuos de vacaciones remuneradas.

Este lapso no podrá ser fraccionado para su disfrute, salvo las excepciones previstas en-este Estatuto.

Parágrafo Único.- A partir del décimo año de servicio cumplido en la Defensoría del Pueblo, los funcionarios o funcionarias tendrán derecho al disfrute de un (1) día adicional por cada año de servicio, hasta completar un máximo de treinta y cinco (35) días continuos de vacaciones.

Artículo 29.- El disfrute de las vacaciones deberá cumplirse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que el funcionario o funcionaria haya causado el mencionado hasta un máximo de un (1) año, a menos que el Defensor o Defensora del Pueblo dispusiere otro plazo en el caso en concreto.

Artículo 30.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho al beneficio del sistema de seguro colectivo que brinde la Defensoría del Pueblo, siempre que voluntariamente formalicen su inscripción en el mismo, y cumplan con los aportes correspondientes, en los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y el presente Estatuto. Este beneficio se materia.

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Capítulo V De las Prohibiciones Artículo 31.- Se prohíbe a los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo:

1. Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la Defensoría del Pueblo, la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones que establezcan las leyes.

2. Realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones.

3. Intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la Defensoría del Pueblo, la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales.

4. Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspondiente autorización de la Asamblea Nacional.

Capítulo VI De las Incompatibilidades Artículo 32.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo no podrán desempeñar más de un cargo público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes y demás que determine la ley.

Artículo 33.- El ejercicio de los cargos académicos, accidentales, asistenciales y docentes, declarados por la ley compatible con el ejercicio de un destino público remunerado en la Defensoría del Pueblo, se hará sin menoscabo del cumplimiento de los deberes del funcionario o funcionaria, ni de los intereses de la Institución.

TÍTULO IV DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS Artículo 34.- La Dirección de Recursos Humanos elaborará el Manual de Descripción y Clasificación de Cargos de la Defensoría del Pueblo, en el cual se definirán los requisitos, funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos que requiera la Institución. Dicho Manual será aprobado por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 35.- Corresponderá al Defensor o Defensora del Pueblo, la aprobación de la clasificación y denominación de los cargos, que deberán incluir las menciones requeridas para la determinación y naturaleza de los mismos, identificación del cargo, código de clase, nivel de reporte, objetivos generales, actividades generales, tareas, competencias genéricas, competencias técnicas, responsabilidades, y relaciones internas y externas.

Artículo 36.- Será responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, la elaboración y actualización del Registro de Asignación de Cargos, el cual determinará la estructura de cargos de la Institución. El Registro de Asignación de Cargos será aprobado anualmente por el Defensor o Defensora del Pueblo.

TÍTULO V DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES Capítulo I De la Escala de Sueldos Artículo 37.- El sistema de remuneraciones de la Defensoría del Pueblo estará determinado a través de la escala que regirá para el personal de la Institución, así como los demás beneficios que correspondan a los funcionarios o funcionarias por el desempeño de sus funciones. La escala de sueldos estará conformada por los elementos que sean necesarios para su determinación en el Sistema de Clasificación de Cargos, y deberá ser aprobada por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Parágrafo Único.- Los beneficios o remuneraciones a que hace referencia este artículo, que sean percibidos indebidamente por los funcionarios o funcionarias o ex funcionarios o ex funcionarias de la Defensoría del Pueblo, en violación de las disposiciones contenidas en las leyes o este Estatuto, darán lugar a la obligación de reintegrar las sumas de dinero así recibidas, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubieren lugar.

Capítulo II De la Prima de Antigüedad Artículo 38.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho a disfrutar de una prima de antigüedad, calculada conforme a la totalidad de los años continuos o discontinuos efectivamente prestados al sector público.

Dicha prima será cancelada mensualmente, con base en el sueldo básico del cargo del cual sea titular dicho funcionario o funcionaria, según la tabla siguiente:

Años de Servicios Porcentaje 1.

6% 2.

7% 3.

8% 4.

%6 5.

10% 6.

11% 7.

12% 8.

13%

9.

14% 10.

15% 11.

16% 12.

17% 13.

18% 14.

19% 15.

20% 16.

21% 17.

22% 18.

23% 19.

24% 20.

25% 21.

25% 22.

26% 23.

26% 24.

27% 25.

27% 26.

28% 27.

28% 28.

29% 29.

29% 30 ó más %0

Artículo 39.- El derecho a percibir la prima de antigüedad referida en el artículo anterior, se causará a partir del momento en que el funcionario o funcionaria consigne los originales de los documentos que comprueben el tiempo de servicio en el sector público, y los mismos sean debidamente verificados por la Dirección de Recursos Humanos. El pago de dicha prima de antigüedad se hará efectivo a partir de la primera quincena siguiente a la validación de los antecedentes de servicios mencionados, y su pago no tendrá efecto retroactivo.

Capítulo III De la Prima de Profesionalización Artículo 40.- Los funcionarios o funcionarias al servicio de la Defensoría del Pueblo que hayan obtenido titulo universitario de profesional o de técnico superior, tendrán derecho a una prima de profesionalización. También tendrán derecho al pago de esta prima, quienes habiendo obtenido el título universitario correspondiente y consignado los recaudos exigidos, desempeñen en cargos que no requieran esas credenciales.

La prima de profesionalización a que hace referencia este artículo, será pagada mensualmente y su monto será establecido por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 41.- Para ser beneficiario de la prima de profesionalización, el funcionario o funcionaria interesado deberá acreditar ante la Dirección de Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo el cumplimiento de las condiciones establecidas, bajo las formalidades que esa Dirección dicte. El pago de esta prima se hará efectivo a partir de la primera quincena siguiente a la consignación de los recaudos mencionados y no tendrá efecto retroactivo.

Capítulo IV De la Prima de Responsabilidad por Cargo Artículo 42.- Los funcionarios o funcionarias titulares de cargos de alto nivel, disfrutarán de una prima por concepto de responsabilidad por cargo, la cual formará parte del sueldo que devenguen. Esta prima se pagará mensualmente de

Capítulo V Del Bono de Fin de Año y Bonificaciones Complementarias y Aumentos Generales del Salario Mínimo

Articulo 43.- Los funcionarios o funcionarias al servicio de la Defensoría del Pueblo, que hayan prestado a la Institución por lo menos un (1) mes de servicio, tendrán derecho durante el ejercicio fiscal correspondiente, a una bonificación de fin de año, proporcional al número de meses completos efectivamente laborados, la cual será al menos de noventa (90) días de sueldo.

Artículo 44.- El Defensor o Defensora del Pueblo podrá otorgar bonificaciones complementarias, dentro de los límites que permita la disponibilidad presupuestaria de la Institución, cuyo criterio de otorgamiento se resolverá en cada oportunidad.

Artículo 45.- Los incrementos generales de salario mínimo decretados por el Poder Ejecutivo Nacional, serán aplicables a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo a quienes correspondan, en la oportunidad que se haya determinado para su disfrute.

Capítulo VI Del Bono Vacacional y de las Vacaciones Artículo 46.- En cada oportunidad en que se cause el derecho a las vacaciones anuales, los funcionarios o funcionarias percibirán un bono vacacional equivalente a cuarenta (40) días de sueldo, de igual manera tendrán derecho a su pago fraccionado, cuando la relación de empleo público termine por cualquier causa, en proporción a los meses completos de servicio durante el primer año o en cualquiera de los años siguientes.

Artículo 47.- Solo por razones de servicio podrán suspenderse las vacaciones a los funcionarios o funcionarias que se encuentren en su pleno disfrute, en cuyo caso deberá contarse con la autorización del Defensor o Defensora del Pueblo. En tales casos, una vez que hayan cesado las circunstancias que motivaron la suspensión, se fijará el lapso correspondiente para el disfrute de los días de vacaciones qué hayan faltado por disfrutar.

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Parágrafo Único.- Cuando el disfrute de las vacaciones anuales haya sido pospuesto o suspendido, la nueva fecha se determinará de común acuerdo entre el funcionario o funcionaria y su superior inmediato. En caso de no existir acuerdo, la decisión corresponderá a la máxima autoridad de la dependencia donde ambos funcionarios o funcionarias presten sus servidos. Esta decisión será definitiva y se notificará oportunamente a la Dirección de Recursos Humanos.

Artículo 48.- El Defensor o Defensora del Pueblo podrá acordar temporalmente la suspensión general del disfrute de vacaciones en la Institución, por el lapso que estime conveniente, cuando a su juicio concurran circunstancias que así lo ameriten.

Artículo 49.- Los días de inasistencias injustificadas al trabajo, que no hayan sido objeto o motivo de sanción disciplinaria, podrán imputarse al período de vacación anual que corresponda disfrutar al funcionario o funcionaria. A tal efecto, el superior inmediato, conforme al registro de asistencia correspondiente, deberá Informar oportunamente al funcionario o funcionaria de la aplicación de la medida, notificando de la misma a la Dirección de Recursos Humanos.

definitivamente de la Defensoría del Pueblo sin haber disfrutado sus vacaciones vacacionales no disfrutados, calculado con base en el sueldo mensual que devengue al momento del egreso.

Artículo 51.- Cuando la relación de empleo público termine por cualquier causa antes de cumplirse el año de servicio, ya sea que la terminación de dicha relación ocurra durante el primer año o en cualquiera de los años siguientes, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiera causado con relación a las vacaciones anuales, en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, como pago fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido. Igualmente tendrá derecho al pago fraccionado del bono vacacional.

Capítulo VII De Los Beneficios Sociales Artículo 52.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, tendrán derecho al aporte mensual que haya acordado la Institución realizar a la Caja de Ahorro de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo establecido en la Ley que rija la materia.

Artículo 53.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, tendrán derecho al pago de la matrícula y mensualidades por concepto de guarderías infantiles, en los términos y las condiciones que establecen la legislación laboral y su reglamento.

Artículo 54.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho al beneficio de alimentación, en los términos y condiciones que establece la Ley que regula la materia.

Artículo 55.- El Defensor o Defensora del Pueblo, podrá otorgar otras primas o beneficios sociales de carácter permanente, accidentales y eventuales, no remunerativas.

TITULO VI DEL SISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAL Capítulo I De la Evaluación de Desempeño Artículo 56.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo serán evaluados en el ejercicio de sus funciones, conforme al conjunto de normas y procedimientos que integren el Sistema de Evaluación de Desempeño de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 57.- La evaluación de desempeño se hará por lo menos una vez al año, inclusive a los funcionarios o funcionarias que hayan culminado el período de prueba. De sus resultados deberá informarse por escrito al funcionario o funcionaria evaluado.

El resultado de la evaluación será considerado a los fines de la toma de decisiones en materia de administración y desarrollo de recursos humanos.

Artículo 58.- Compete a la Dirección de Recursos Humanos, el desarrollo y la actualización del Sistema de Evaluación de Desempeño de la Defensoría del Pueblo, basado en las normas y lineamientos aprobados por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 59.- El Defensor o Defensora del Pueblo, con base en la disponibilidad presupuestaria de la Institución, podrá otorgar bonos de reconocimiento por méritos individuales a los funcionarios o funcionarias. Los montos de dichos bonos dependerán del resultado obtenido por el funcionario o funcionaria, de acuerdo con la aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño de la Defensoría del Pueblo, o de cualquier otro mecanismo de evaluación que a tal efecto instrumento el Defensor o Defensora del Pueblo.

Capítulo II Del Ascenso Artículo 60.- El ascenso consiste en la promoción de un funcionario o funcionaria previa aprobación del Defensor o Defensora del Pueblo, a un cargo de mayor nivel, responsabilidad y remuneración dentro de la Defensoría del Pueblo, el cual superior inmediato.

Parágrafo Único: El ascenso por iniciativa del superior inmediato, requerirá la presentación de un informe motivado, al cual se anexarán los recaudos que se estimen convenientes.

Artículo 61.- Para la tramitación de la solicitud de ascenso, se deberá considerar:

1. Que el funcionario o funcionaria cumpla los requisitos del cargo objeto de la solicitud de ascenso.

2. Que el funcionario o funcionaria haya observado buen desempeño en el disciplinariamente dentro del año transcurrido antes de la fecha de la solicitud de ascenso.

3. Que el funcionario o funcionaria haya obtenido resultados favorables en la evaluación de su desempeño en el cargo.

4. Que el cargo a ser provisto se encuentre vacante.

5. Los demás requisitos establecidos en el instructivo que a tal efecto sea llevado por la Dirección de Recursos Humanos, el cual deberá ser aprobado por el Defensor o Defensora del Pueblo..

Artículo 62.- La solicitud y tramitación de los ascensos no implicará su aprobación, teniendo el Defensor o Defensora del Pueblo plenas facultades para decidir al respecto.

Capítulo III De la Capacitación Artículo 63.- Los planes de capacitación del personal de la Defensoría del Pueblo serán formulados por la Dirección de Recursos Humanos y atenderán a las políticas que dicte el Defensor o Defensora del Pueblo. Cuando se trate de la formación de personal profesional en materia de derechos humanos, dichos planes se formularán en coordinación con las Direcciones Generales de la Defensoría del Pueblo.

Sin perjuicio de lo antes señalado, los Directores Generales de la Defensoría del Pueblo podrán disponer la programación de cursos, seminarios u otras modalidades de capacitación que consideren necesarios, de acuerdo con las funciones atribuidas a sus Direcciones Generales; los cuales serán incorporados a la formulación realizada por la Dirección de Recursos Humanos, previa autorización del Defensor o Defensora del Pueblo.

TÍTULO VII DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 64.- Se considerará en servicio activo, al funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo que ejerza el cargo del cual es titular, o que se encuentre en las situaciones administrativas de comisión de servicio, traslado, suspensión con goce de sueldo, permiso, licencia o encargaduría.

Capítulo II De la Encargaduría Artículo 65.- El Defensor o Defensora del Pueblo podrá designar por acto expreso a funcionarios o funcionarias para que ocupen temporalmente en condición de encargados, los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo, por la ausencia temporal o la absoluta del respectivo titular, hasta tanto el Defensor o Defensora del Pueblo decida lo conducente.

Parágrafo Primero.- Cuando el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva deba desempeñar interinamente las funciones del Defensor o Defensora del Pueblo, por ausencia temporal de éste o ésta, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; el Defensor o Defensora del Pueblo podrá designar por acto expreso un Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva encargado, por el tiempo de dicha ausencia, si así lo estimara conveniente.

Parágrafo Segundo.- Cuando un funcionario o funcionaria sea encargado para desempeñar un cargo con remuneración superior al cargo del cual es titular, tendrá derecho a percibir la diferencia de sueldo correspondiente y demás complementos, siempre y cuando esa encargaduría sea por un lapso mayor a cinco (5) días hábiles. Para el ejercicio de encargadurías en cargos de alto nivel, se deberá pagar además, el monto correspondiente a la prima de responsabilidad, o su diferencia si fuere el caso.

Parágrafo Tercero.- El funcionario o funcionaria que sea designado como encargado, deberá cumplir las funciones de Ja encargaduría y las del cargo del cual es titular. Sólo por razones debidamente justificadas, se dispensará el cumplimiento de este deber.

Parágrafo Cuarto:- Una vez declarado por acto expreso por parte del Defensor o Defensora del Pueblo, el cese de la encargaduría, el funcionario o funcionaria designado como encargado, deberá reincorporarse en el ejercicio del cargo del cual es titular.

Capítulo III De la Comisión de Servicio.

Artículo 66.- La Comisión de Servicio es la situación administrativa de carácter temporal por la cual se encomienda a un funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo, la prestación de sus servicios en otra dependencia de la Institución o en otro órgano o ente del sector público; o aquella en la que se encuentre un funcionario o funcionaria de otro organismo público, comisionado por éste para desempeñar temporalmente un cargo en la Defensoría del Pueblo.

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Parágrafo Primero.- La Comisión de Servicio podrá implicar el desempeño de un cargo de igual o de mayor jerarquía del cual el funcionario o funcionaria es titular, siempre y cuando llene los requisitos del cargo comisionado.

Parágrafo Segundo.- Cuando el funcionario o funcionaria comisionado desempeñe un cargo de mayor remuneración, tendrá derecho a percibir la diferencia correspondiente. En caso de que esta diferencia sea percibida por el ejercicio de la comisión de servicio en otro órgano del sector público, la misma no Estatuto o para cualquier otro beneficio que acuerde el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 67.- La Comisión de Servicio será autorizada por el Defensor o Defensora del Pueblo mediante acto expreso que contendrá los siguientes particulares:

1) La identificación del funcionario o funcionaria designado en comisión.

2) La mención del cargo a desempeñar, y su ubicación administrativa.

3) La mención del objeto de la Comisión de Servicio.

4) La indicación de duración de la Comisión de Servicio, especificando las fechas de inicio y culminación.

5) La indicación expresa de la diferencia de remuneración que deberá pagar la dependencia de destino, si fuere procedente.

6) Cualquier otra circunstancia que se estime conveniente mencionar.

Parágrafo Primero.- La Comisión de Servicio será por un lapso máximo de doce (12) meses. Solo por excepción, el Defensor o Defensora del Pueblo podrá disponer su prórroga, cuando a su juicio concurran circunstancias que así lo ameriten. Culminada la Comisión de Servicio, el funcionario o funcionaria regresar al cargo del cual es titular, debiendo el superior inmediato del organismo comitente hacer la evaluación de su desempeño, cuyo resultado se anexará al expediente de personal respectivo.

Parágrafo Segundo.- La duración de la Comisión de Servicio se tomará en consideración a los efectos de la jubilación, del pago de la prestación de antigüedad, de la bonificación de fin de año y del bono vacacional que corresponda al funcionario o funcionaria.

Capítulo IV De los Traslados Artículo 68.- Se considera traslado, la transferencia de un funcionario o funcionaria de una dependencia a otra de la Defensoría del Pueblo, con el fin de desempeñar el mismo cargo, u otro equivalente para el cual reúna los requisitos, previa autorización del Defensor o Defensora del Pueblo, según los intereses de la Institución.

Los traslados podrán acordarse:

1. Por solicitud escrita del funcionario o funcionaria interesado presentada a su teniendo el Defensor o Defensora del Pueblo plenas facultades para decidir al respecto.

2. Por razones de Servicio, cuando así lo acuerde el Defensor o Defensora del Pueblo.

3. Por la creación, fusión o eliminación de unidades o dependencias administrativas de la Defensoría del Pueblo.

Capítulo V De los Permisos o Licencias Artículo 69.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho a los permisos o licencias por tiempo determinado, según lo establecido en el presente Estatuto, los cuales podrán ser de concesión obligatoria o potestativa.

Los permisos de concesión obligatoria serán remunerados de conformidad con la Ley y este Estatuto, y los de concesión potestativa podrán serlo o no, según lo acuerde el Defensor o Defensora del Pueblo en cada caso.

Artículo 70.- La solicitud de permiso o licencia se tramitará por escrito ante el superior inmediato con al menos tres (3) días hábiles de antelación, si las circunstancias lo permiten, quien la aprobará o tramitará ante el funcionario o funcionaria que deba otorgarlo.

Parágrafo Primero.- La solicitud deberá indicar la fecha de inicio, su duración, la causa que la motiva, y se acompañará de los documentos que la justifiquen.

Parágrafo Segundo.- Cuando por circunstancias excepcionales e imprevisibles no sea posible solicitar el permiso con la debida anticipación, el funcionario o posible, y al reintegrarse a sus labores le informará por escrito los motivos de su ausencia, anexando los comprobantes correspondientes.

Parágrafo Tercero.- En todos los casos, los permisos otorgados deberán ser remitidos a la Dirección de Recursos Humanos en la fecha de su aprobación, a los fines administrativos correspondientes y para su incorporación al expediente de personal respectivo.

Artículo 71.- Si la causa que motivó el permiso o licencia cesa antes de concluir el tiempo correspondiente, el funcionario o funcionaria deberá reintegrarse de inmediato a sus labores.

Artículo 72.- Serán de obligatoria concesión, los siguientes permisos o licencias:

1. Por enfermedad o accidente grave sufrido por el funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo, aun cuando no produzca invalidez absoluta y permanente para el ejercicio de su cargo, por el tiempo que dure tales circunstancias.

2. Por fallecimiento de cónyuge, concubino o concubina, hermanos o hermanas, descendiente o ascendiente directo del funcionario o funcionaria, se concederán hasta cinco (5) días hábiles, si el deceso ocurriese en la misma jurisdicción;

hasta siete (7) dias hábiles si fuere en otra jurisdicción; y hasta diez (10) días hábiles, si ocurriese en el exterior y el funcionario o funcionaria tuviese que trasladarse fuera del país.

3. Por enfermedad o accidente grave sufrido dentro del territorio nacional por el cónyuge, concubino o concubina, ascendiente o descendiente directo del funcionario o funcionaria, hasta cinco (5) días hábiles; y hasta diez (10) días hábiles, si éste tuviese que trasladarse fuera del territorio nacional.

4. Por matrimonio del funcionario o funcionaria, se concederán cinco (5) días hábiles. Este permiso deberá disfrutarse dentro del lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la celebración del acto matrimonial.

5. Por maternidad, según los permisos por descanso prenatal y postnatal, y para lactancia establecidos en la normativa legal que regule la materia.

6. Por paternidad, según los permisos establecidos en la normativa legal que regule la materia.

la Constitución o la Ley, o por disposiciones administrativas de la autoridad competente. En estos casos, corresponderá al Defensor o Defensora del Pueblo, decidir sobre la remuneración del permiso otorgado.

8. Las demás que estipule la Ley.

Artículo 73.- A los efectos del permiso establecido en el numeral 1 del artículo anterior, cuando la incapacidad exceda de tres (3) días hábiles, el certificado médico de incapacidad deberá ser expedido y convalidado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), o por el órgano que ejerza esas atribuciones.

El certificado de incapacidad será consignado ante el superior inmediato del funcionario o funcionaria, dentro de un lapso de tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del primer día de inasistencia al trabajo que se deba justificar. El superior inmediato lo remitirá a la Dirección de Recursos Humanos, con copia a la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, al día hábil siguiente de su recepción.

Parágrafo Primero.- El incumplimiento del procedimiento antes señalado por parte del funcionario o funcionaria incapacitado, dará lugar a que la inasistencia al trabajo por cada día hábil transcurrido sin que se haya consignado el reposo respectivo en el lapso indicado, sea considerada como injustificada. Igualmente, con la tramitación correspondiente.

Parágrafo Segundo.- En los casos de enfermedad grave o de prolongada duración, los permisos se extenderán mensualmente y podrán ser prorrogables por un período igual, debiendo cumplirse en todo caso, con el procedimiento de expedición y convalidación del certificado de incapacidad antes señalado, siempre Parágrafo Tercero.- A partir del tercer mes de incapacidad, la Defensoría del Pueblo podrá solicitar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o a quien ejerza sus atribuciones o, en su defecto, a una Junta Médica designada a tal efecto, la realización de un examen al funcionario o funcionaria para su evaluación y prórroga del permiso concedido. En todo caso, la Junta Médica deberá estar integrada por médicos especializados de acuerdo con la enfermedad diagnosticada.

Parágrafo Cuarto.- Si el funcionario o funcionaria se encontraba de vacaciones cuando sobrevinieron las circunstancias que dieron lugar al permiso o licencia, las mismas serán suspendidas hasta por la duración del permiso o licencia concedido, siguiéndose en todo caso el procedimiento establecido en este artículo para su consignación en la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo Quinto.- En aquellos casos de enfermedad o accidente que impida al funcionario o funcionaria prestar servicio por un lapso igual o superior a dos (2) meses, la Defensoría del Pueblo pagará un tercio (1/3) del sueldo diario que corresponda al funcionario o funcionaria, quedando a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IvSs) o del órgano que ejerza esas atribuciones, el pago los otros dos tercios (2/3) que restar en para completar el cien por ciento (100%) del salario diario devengado por dicho funcionario o funcionaria, hasta por el lapso máximo de cincuenta y dos (52) semanas, contadas a partir del primer día en que se hizo efectivo el permiso a que hace referencia el numeral 1, del artículo 71 del presente Estatuto. El Defensor o Defensora del Pueblo podrá considerar la prórroga del lapso de dos (2) meses inicialmente indicado en este Parágrafo.

Artículo 74.- Serán de concesión potestativa, los siguientes permisos o licencias:

hermanos o parientes dentro del primer grado de afinidad del funcionario o funcionaria, hasta cinco (5) días hábiles; y hasta diez (10) días hábiles, si éste tuviese que trasladarse fuera del territorio nacional. En caso de fallecimiento de parientes dentro del primer grado de afinidad, hasta dos (2) días hábiles, y trasladarse fuera del territorio nacional.

2. En caso comprobado de siniestro que afecte bienes del funcionario o funcionaria, hasta cinco (5) días hábiles, según la distancia al centro de trabajo y la magnitud del siniestro.

3. Para asistir a conferencias, congresos y seminarios, hasta por tres (3) días hábiles, cuando éstos se correspondan con el programa de capacitación de los funcionarios o funcionarias.

4. A los funcionarios que cursen estudios, previa autorización de los respectivos superiores inmediatos, hasta por cuatro (4) horas semanales de la jornada de trabajo, considerando la responsabilidad y eficiencia de dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones para el otorgamiento del permiso. Las horas que se

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concedieren por esta razón, deberán ser compensadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al disfrute de dicho permiso.

5. A los funcionarios que desempeñen cargos académicos, accidentales, docentes o asistenciales, previa autorización del Defensor o Defensora del Pueblo, hasta por cuatro (4) horas semanales de la jornada de trabajo, considerando la responsabilidad y eficiencia de dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones para el otorgamiento del permiso. Las horas que se concedieren por esta razón, deberán ser compensadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al disfrute de dicho permiso.

6. Para efectuar diligencias personales debidamente justificadas, el tiempo necesario en cada ocasión, siempre y cuando sea tramitada su concesión con por lo menos un (1) día de antelación. Estos permisos no podrán exceder de seis (6) días en un año. A tal efecto se llevará el registro necesario, según formato que establezca la Dirección de Recursos Humanos.

7. En cualquier otro caso que el Defensor o Defensora del Pueblo lo considere procedente.

Artículo 75.- La concesión de permisos o licencias antes mencionadas, corresponderá:

1. Al Defensor o Defensora del Pueblo: En aquellos permisos cuya duración sea superior a los cinco (5) días hábiles.

2. Al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva: En aquellos permisos cuya duración sea un máximo de cinco (5) días hábiles.

3. A los Directores o Directoras Generales, Consultor o Consultora Jurídico, Auditor o Auditora Interno y Directores o Directoras Adscritos al Despacho del Defensor o Defensora del Pueblo: En aquellos permisos cuya duración sea hasta un máximo de tres (3) días hábiles.

4. A los Directores o Directoras de Línea, Jefes o Jefas de Oficinas, Defensores o Defensoras Delegados Estadales, Coordinadores o Coordinadoras de Defensorías Especiales, y Coordinadores o Coordinadoras de Defensorías Estadales: En aquellos permisos cuya duración sea hasta un máximo de dos (2) días hábiles.

5. A Defensores o Defensoras Delegados Especiales con competencia nacional, los Jefes o Jefas de División, y Jefes o Jefas de Unidad: En aquellos permisos cuya duración sea de un (1) día hábil.

TITULO VIII DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Capítulo I De la Jubilación Artículo 76.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho a solicitar y a obtener la jubilación, desde el momento en que cumplan con todos los requisitos exigidos para ello en este Estatuto, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.976 Extraordinario, de fecha 24 de Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, a que hace referencia la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.995 de fecha 05 de agosto de 2004.

Parágrafo Único.- El derecho a jubilación a que hace referencia este artículo, podrá igualmente ser acordado de oficio por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 77.- Las jubilaciones y pensiones se otorgarán mediante Resolución que el Defensor o Defensora del Pueblo dicte a tal efecto, la cual deberá indicar los años de servicio del funcionario o funcionaria cuya jubilación o pensión se acuerde;

el monto de la jubilación o pensión acordada; el nombre del beneficiario o beneficiarios, de ser el caso; y la fecha a partir de la cual comenzará a hacerse efectiva la exigencia del pago correspondiente.

Artículo 78.- En atención a lo dispuesto en el artículo 76 del presente Estatuto, tendrán derecho a la jubilación los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Haber alcanzado la edad de sesenta (60) años si es hombre, o de cincuenta y cinco años (55) si es mujer, siempre y cuando hayan cumplido veinticinco (25) años de servicio al Estado, y que por lo menos siete (7) de esos años, hayan sido prestados en la Defensoría del Pueblo, bien en forma continua o discontinua.

A efecto de lo anterior, cuando el funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo haya superado los años de servicio exigidos en este artículo para optar al derecho a la jubilación, pero no hubiere cumplido el límite de edad requerido, podrá computarse el exceso de años de servicio para completar el requisito de edad exigido en esta disposición. Los años de servicio que sean utilizados a tales efectos, no se computarán en la determinación del monto de la jubilación, a que hace referencia el artículo 80 del presente Estatuto.

2. Haber cumplido treinta y cinco (35) años de servicio al Estado, cualquiera sea su edad, siempre que al menos cinco (5) años de esa antigüedad, hayan sido prestados en la Defensoría del Pueblo, bien en forma continua o discontinua.

Artículo 79.- El Defensor o Defensora del Pueblo, podrá otorgar el beneficio de jubilación especial al funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo que no cumpla con los requisitos establecidos en este Estatuto para ser beneficiario del derecho a jubilación, cuando haya prestado quince (15) o más años de servicio en el sector público y que por lo menos cinco (05) de esos años hayan sido al servicio de la Defensoría del Pueblo, siempre que circunstancias excepcionales, en debidamente calificadas así lo ameriten, tomando en consideración para ello, la condición socio-económica, cargas familiares, estado de salud y cualquier otra causa o motivo que lo justifique.

Artículo 80.- A los efectos del otorgamiento de la jubilación, el tiempo de servicio se computará por los años ininterrumpidos o no, que el funcionario o funcionaria haya prestado en los entes u órganos del sector público, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1 del artículo 78 del presente Estatuto, respecto a los años de servicio en la Defensoría del Pueblo. La fracción mayor a ocho (8) meses, se computará como un (1) año de servicio.

Artículo 81.- También se computará, a los fines del otorgamiento de la jubilación, el tiempo de servicio prestado como personal obrero y personal contratado en la Defensoría del Pueblo, o en cualquier otro ente u órgano del sector público.

Parágrafo Único.- En caso de que la contratación no fuere a tiempo completo, para el cálculo de los días enteros que habrán de reconocerse como tiempo de servicio a los efectos de la antigüedad para la jubilación, se dividirá el número de horas totales trabajadas como contratado, entre el número de horas que constituyen la jornada laboral ordinaria en el órgano público contratante.

corresponda al funcionario o funcionaria, de conformidad con el sueldo base y el porcentaje respectivo, establecido en el artículo 9 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.

Artículo 83.- El sueldo base para el cálculo del monto de la jubilación a que hace referencia el artículo anterior, será el último sueldo mensual devengado por el funcionario o funcionaria, integrado por el sueldo básico mensual, más la prima de antigedad, la prima de profesionalización, la prima hogar, el bono de transporte, así como cualquiera otra remuneración en efectivo que se haga de manera regular y permanente.

Artículo 84.- El Defensor o Defensora del Pueblo podrá autorizar la continuación en la prestación del servicio activo a las personas con derecho a la jubilación. Una vez acordada la jubilación, el beneficiario sólo podrá reingresar a la Defensoría del Pueblo como contratado o para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo establecido en el numeral 5, del artículo 4 del presente Estatuto.

En estos casos, será suspendido hasta su egreso, el pago del beneficio de jubilación otorgado, momento en el cual se le reestablecerá dicho pago en el mismo porcentaje acordado inicialmente.

Artículo 85.- Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones otorgadas por otros Defensoría del Pueblo como contratados, o para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, siempre que en este último caso, presenten constancia de haber solicitado y obtenido la suspensión del pago de dichas jubilaciones o pensiones, por todo el tiempo en que presten sus servicios a la Institución, salvo los casos de ejercicio compatible previstos en la Constitución y la Ley.

Parágrafo Único.- En ningún caso corresponderá a la Defensoría del Pueblo, las erogaciones derivadas de variaciones o complementos de las jubilaciones concesión de una nueva jubilación por parte de la Defensoría del Pueblo, concurrente o sustitutiva de la que se estuviere disfrutando.

Capítulo II De la Pensión de Invalidez Artículo 86.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo que no llenen los requisitos para la jubilación, tendrán derecho a una pensión en el caso de invalidez permanente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.976 Extraordinario, de fecha 24 de mayo de 2010, y su Reglamento; hasta tanto sea promulgada la Ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, a que hace referencia la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

A los efectos de este artículo, la invalidez se determinará de conformidad con lo que establezca la Ley del Seguro Social, y sólo podrá ser certificada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), o por la instancia que haga sus veces, según la ley que regule la materia.

Capítulo III De la Pensión de Sobreviviente Artículo 87.- La Defensoría del Pueblo otorgará una pensión de sobreviviente, que se causará por fallecimiento del funcionario o funcionaria beneficiario de jubilación o de pensión por invalidez permanente otorgada por la Institución, o que para la fecha de su muerte hubiere reunido los requisitos para tener derecho a la jubilación; de conformidad y en los términos establecidos en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de N° 5.976 Extraordinario, de fecha 24 de mayo de 2010, y su Venezuela Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, a que hace referencia la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

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Artículo 88.- La pensión de sobreviviente se tramitará por cualquiera de los interesados, quienes deberán comprobar la cualidad para ser titulares de tal derecho. El monto de esta pensión, será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del monto que le hubiere correspondido al causante por concepto de la jubilación o beneficiarios de la misma.

Artículo 89.- Tendrán derecho por partes iguales a la pensión de sobreviviente, los hijos o las hijas y el cónyuge o la cónyuge del causante, que a la fecha de la muerte de éste cumplan con las siguientes condiciones:

1. Los hijos o hijas de edad inferior a catorce (14) años en todo caso, o inferior a dieciocho (18) años, si cursaren estudios regulares, o de cualquier edad, si se encuentran totalmente incapacitados.

2. El cónyuge, si fuere totalmente incapacitado o mayor de sesenta (60) años de edad.

3. La cónyuge, cualquiera que sea su edad.

Iguales derechos y obligaciones tendrá la concubina o el concubino del causante, mientras no contraigan nuevas nupcias o establezcan nueva relación concubinaria pública y notoria.

El hijo póstumo o la hija postula tendrá derecho a la pensión desde el día del fallecimiento del causante.

Artículo 90.- A los fines de verificar que los beneficiarios de una jubilación, de una pensión de invalidez, o de una pensión de sobreviviente, se encuentran vivos, la Dirección de Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo, les solicitará presentarse personalmente en esa Dirección y firmarán el libro abierto al efecto.

DEL RETIRO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Capítulo I De las Causales de Retiro Artículo 91.- El retiro es el acto por el cual se da por terminada la relación de empleo público de los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, y procederá en los siguientes casos:

1. Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria, debidamente aceptada y notificada por el Defensor o Defensora del Pueblo.

Por pérdida de nacionalidad.

2.

3.

Por interdicción civil.

4.

Por destitución.

5.

Por jubilación.

6.

Por invalidez.

Por muerte del funcionario o funcionaria.

7.

8.

Por reducción de personal debido a motivos financieros, cambios en la organización administrativa; modificación de los servicios, razones técnicas o la supresión de una Dirección, División o Unidad Administrativa de la Defensoría del Pueblo.

Por remoción del funcionario o funcionaria, exceptuando a aquellos 9.

funcionarios o funcionarias en situación de disponibilidad.

10. Por cualquier otra causa prevista en la Ley o en el presente Estatuto.

Artículo 92.- Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 8 del artículo anterior, no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio fiscal respectivo.

Capítulo II De la Renuncia.

Artículo 93.- La renuncia del funcionario o funcionaria deberá ser dirigida por escrito al Defensor o Defensora del Pueblo, y se hará efectiva cuando esa autoridad, dentro de los quince (15) días continuos siguientes a la fecha de su recepción, notifique su aceptación al funcionario o funcionaria denunciante por acto administrativo expreso. Ante la falta de pronunciamiento del Defensor o Defensora del Pueblo al vencimiento del lapso indicado, la renuncia se tendrá como aceptada, a todos los efectos legales.

Parágrafo Único. En tanto el Defensor o Defensora del Pueblo resuelva lo conducente acerca de la aceptación de la renuncia dentro del lapso antes señalado, el funcionario o funcionaria deberá permanecer en servicio activo. El incumplimiento de lo aquí establecido, acarreará la responsabilidad del funcionario o funcionaria a que hubiere lugar. En todo caso, el Defensor o Defensora del Pueblo, podrá eximir del cumplimiento de esta obligación, siempre y cuando el funcionario o funcionaria no sea de alto nivel o cuyo cargo sea necesario para la continuidad del servicio público de la institución.

Capítulo III De la Disponibilidad.

Artículo 94.- Se entenderá por disponibilidad, aquella situación en la que se encuentre el funcionario o funcionaria de carrera removido de su cargo por uno de los supuestos del numeral 8° del artículo 91 del presente estatuto, o que habiendo sido anteriormente funcionario o funcionaria de carrera en la Defensoría del Pueblo, hubiere sido removido de un cargo de libre nombramiento y remoción.

Dicha situación de disponibilidad tendrá una duración de un (1) mes, contado a partir de la fecha de la notificación del acto de remoción.

En caso de que el funcionario o funcionaria se negara a darse por notificado de la remoción, se levantará un acta en presencia de dos (2) testigos, en la cual se dejará constancia de esa negativa, y se procederá a practicar la notificación según los medios previstos en la Ley que rija la materia. Durante la disponibilidad, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a percibir su remuneración y demás beneficios que le correspondan.

Parágrafo Único.- Los funcionarios o funcionarias de carrera que hayan sido destituidos, no tendrán derecho a la situación de disponibilidad a que hace referencia este artículo.

Artículo 95.- El funcionario o funcionaria que se encuentre en situación de disponibilidad, podrá ser reubicado en un cargo de carrera igual, similar o de superior nivel y remuneración al que desempeñaba en la Defensoría del Pueblo con anterioridad a su nombramiento en el cargo de libre nombramiento y remoción.

Artículo 96.- Durante el período de disponibilidad, la Dirección de Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo tomará las medidas necesarias para gestionar la reubicación del funcionario o funcionaria removido a un cargo de carrera de igual, similar o de superior nivel y remuneración al que ocupaba el funcionario o funcionaria para el momento de la reducción de personal, o de su nombramiento en el cargo de libre nombramiento y remoción.

Parágrafo Único.- Si vencido el mes de disponibilidad, no hubiere sido posible la reubicación del funcionario o funcionaria, será retirado de la Institución por acto expreso del Defensor o Defensora del Pueblo, e incorporado al registro de elegibles.

Artículo 97.- El lapso de duración de la disponibilidad, se computará como tiempo de servicio prestado a los fines del cálculo de todos los derechos que correspondan al funcionario o funcionaria.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Capítulo I Disposiciones Generales.

Artículo 98.- Los funcionarios o funcionarias de carrera y los de libre nombramiento y remoción de la Defensoría del Pueblo, podrán ser sancionados disciplinariamente por las faltas en el servicio, sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos o faltas en que incurran, de conformidad con la Ley y el presente Estatuto.

Artículo 99.- El funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo, a quien corresponda la obligación de iniciar o impulsar el procedimiento disciplinario, o de imponer la sanción, será responsable por el incumplimiento de esos deberes.

Artículo 100.- Para la imposición de sanciones disciplinarias, deberán tomarse en cuenta los antecedentes de servicio del funcionario o funcionaria, asi como las circunstancias relativas al caso en concreto. En todo caso, la sanción impuesta deberá ser proporcional a la falta cometida, la cual deberá ser debidamente comprobada, previo cumplimiento del procedimiento establecido a tal efecto.

Artículo 101.- Los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo no podrán ser sancionados ni sometidos a procedimientos disciplinarios más de una vez, por el mismo hecho o falta en la que hubieren incurrido.

Si un funcionario o funcionaria cometiera simultáneamente dos o más faltas que merezcan sanciones disciplinarias distintas, se aplicará la medida disciplinaria que comporte la mayor sanción.

Artículo 102.- El procedimiento disciplinario se llevará a cabo con reserva, excepto para el funcionario o funcionaria investigado y su representante legal, a quienes se garantizará el acceso a los actos y documentos que conforman el expediente respectivo. La representación señalada podrá ser otorgada conforme a lo establecido en el régimen legal aplicable.

Artículo 103.- Durante la sustanciación del procedimiento disciplinario, tanto el funcionario o funcionaria investigado como su representante legal, podrán solicitar la práctica de actuaciones, así como obtener copias simples de los recaudos que consten al expediente, que estimar en necesarios a los fines de su defensa, salvo aquellos documentos que sean considerados como reservados y así sean declarados mediante acto motivado por parte del funcionario o funcionaria competente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de su expedición.

Contra la negativa de expedición de las copias a que hace referencia este artículo, deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días continuos siguientes, contados a partir de la emisión del acto que niega la solicitud. El Defensor o Defensora del Pueblo decidirá dicho recurso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Artículo 104.- Las acciones disciplinarias prescribirán:

1. A los seis (6) meses, para los casos que ameriten la sanción disciplinaria de amonestación escrita, contados a partir del momento en que el supervisor inmediato tuvo conocimiento de los hechos y no dio inicio al procedimiento disciplinario.

2. A los ocho (8) meses, para los casos que ameriten la sanción de destitución, contados a partir del momento en que el funcionario o funcionaria de mayor jerarquía dentro de la respectiva dependencia tuvo conocimiento de los hechos, y

Artículo 105.- Los actos mediante los cuales se imponga una sanción disciplinaria a los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo, deberán reunir los

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requisitos de validez de forma, de fondo y de eficacia establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 106.- Las sanciones aplicables a los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo son:

1. Amonestación escrita.

2. Destitución.

Capítulo II De la Sanción de Amonestación Escrita.

Artículo 107.- Son causales de amonestación escrita:

1. Negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

2. Falta de atención debida al público.

3. Recomendar a determinadas personas para obtener beneficios o ventajas en la función pública.

4. Falta de consideración y respeto a los superiores, subalternos o compañeros de labores.

5. Inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles dentro de un lapso de treinta (30) días continuos.

6. Realizar campaña o propaganda de tipo politico o proselitista, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes para los mismos fines, en los lugares de trabajo.

7. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 18 y 19 de este Estatuto.

8. Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la República, siempre que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución.

Capítulo III Del Procedimiento Disciplinario de Amonestación Escrita.

Artículo 108.- Cuando un funcionario o funcionaria estuviere presuntamente incurso en una causal que amerite amonestación escrita, el superior inmediato notificará al funcionario o funcionaria involucrado del hecho que se le imputa, mediante Oficio de notificación que contendrá una relación sucinta de los hechos, la causal de amonestación respectiva y la indicación del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, para que dicho funcionario o funcionaria formule por escrito los alegato que tenga a bien esgrimir en su defensa, y consigne ante su superior inmediato las pruebas que estime pertinentes. Al mencionado oficio se anexarán copias de los recaudos a que hubiere lugar.

Vencido el lapso para la consignación del escrito de defensa por parte del funcionario o funcionaria, el superior inmediato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, emitirá un informe motivado que contendrá la relación de los hechos y la decisión a que hubiere llegado, la cual se hará del conocimiento del funcionario o funcionaria mediante Oficio de notificación con copia del referido informe, haciendo indicación del recurso que pudiere intentarse contra dicho acto, el lapso para su interposición y la autoridad que deba conocerlo. Si la sanción quedará firme, la misma se incorporará al expediente personal del funcionario o funcionaria.

En todo caso, el superior inmediato remitirá el original del expediente del procedimiento disciplinario a la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento.

Artículo 109.- Contra la amonestación escrita el funcionario o funcionaria podrá interponer recurso jerárquico, sin necesidad del ejercicio previo del recurso de reconsideración, por ante el Defensor o Defensora del Pueblo, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación. El Defensor o Defensora del Pueblo deberá decidir el recurso dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción. El vencimiento del término sin que la máxima autoridad se haya pronunciado sobre el recurso jerárquico interpuesto, se considerará como silencio administrativo negativo y el interesado podrá ejercer ante los tribunales competentes, el recurso contencioso administrativo funcionarial respectivo.

Capítulo IV De la Sanción de Destitución.

Artículo 110.- Son causales de destitución:

1. Haber sido objeto de tres (3) amonestaciones escritas en el transcurso de un (1) año.

Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en 2.

el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses de la Defensoría del Pueblo.

3.

El Incumplimiento reiterado de las obligaciones y de los deberes inherentes al cargo o a las funciones encomendadas, así como de las obligaciones y de los deberes establecidos en los artículos 18 y 19 del presente Estatuto.

4.

emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a tareas del funcionario o funcionaria, salvo que constituyan una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal.

La adopción de resoluciones, acuerdos, o decisiones declarados 5.

manifiestamente ilegales por el órgano competente, o que causen graves daños al interés público, al patrimonio de la Defensoría del Pueblo o al de los ciudadanos. Los funcionarios o funcionarias que hayan coadyuvado en alguna forma a la adopción de tales decisiones estarán igualmente incursos en la presente causal.

Perjuicio material severo causado intencionalmente o por negligencia 6.

manifiesta al patrimonio de la República.

7.

El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos que hayan sido establecidos en caso de huelga.

La arbitrariedad en el uso de la autoridad que cause perjuicio a los 8.

subordinados o al servicio que presta la Defensoría del Pueblo.

9. Abandono injustificado del trabajo durante tres (3) días hábiles, en el lapso de treinta (30) días continuos.

10. Inasistencia injustificada a la jornada de trabajo durante tres (3) días hábiles, en el lapso de treinta (30) días continuos.

11. Sentencia Condenatoria definitivamente firme, que amerite pena privativa de libertad.

12. Auto de responsabilidad administrativa definitivamente firme que conlleve a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

13. Solicitar y recibir dinero o cualquier otro beneficio, valiéndose de su condición de funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

14. Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos, de los cuales el funcionario o funcionaria tenga conocimiento por su condición de tal.

15. Tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que estén relacionadas con la Defensoría del Pueblo, cuando estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo que se desempeña.

Capítulo V Procedimiento Disciplinario de Destitución.

Artículo 111.- Para el inicio del procedimiento disciplinario de destitución, a solicitud del superior jerárquico de la dependencia de adscripción del funcionario o funcionaria, por denuncia o tramitado de oficio por la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, se requerirá la autorización del Defensor o Defensora del Pueblo. A tal efecto, deberá presentarse informe circunstanciado sobre los hechos que motivan el procedimiento, así como de la información que sobre los mismos sea requerida al funcionario o funcionaria objeto de la investigación.

La denuncia de cualquier interesado será presentada ante la Defensoría del Pueblo, y de ser necesario, deberá ser ratificada oportunamente y reconocida en su contenido y firma, ante la dependencia respectiva.

De considerarlo procedente, el Defensor o Defensora del Pueblo autorizará por auto expreso la sustanciación del procedimiento disciplinario, remitiendo los recaudos a la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, a los fines de la instrucción del expediente correspondiente. En caso contrario, notificará de su decisión al solicitante, ordenando el archivo del asunto.

Artículo 112.- Recibidos los recaudos, la Dirección de fiscalización, Disciplina y Seguimiento, notificará al funcionario o funcionaria investigado del inicio del procedimiento disciplinario, mediante Oficio al cual se anexará copia del informe y demás recaudos relacionados con el caso. En ese mismo acto, se formularán los cargos imputados, y se le informará de la apertura del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, para que dentro de éste, consigne ante la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, su escrito de descargo contra los hechos que se le imputan, en ejercicio de su derecho a la defensa.

Si no pudiere practicarse la notificación personal del funcionario o funcionaria investigado, se entregará el Oficio de notificación en su domicilio o residencia y se exigirá la suscripción de un ejemplar del referido Oficio de notificación, en el cual se dejará constancia de la fecha en que se realiza el acto, así como del nombre y de la cédula de identidad de la persona que lo reciba.

Si resultare impracticable la notificación en la forma antes señalada, se publicará un cartel en uno los periódicos de mayor circulación de la localidad y después de transcurridos quince (15) días hábiles, se tendrá por notificado al funcionario o funcionaria investigado, dejándose constancia de ello en el expediente.

A los efectos de lo anterior, todo funcionario o funcionaria al ingresar a la Defensoría del Pueblo, deberá indicar la sede o dirección de su domicilio, la cual, mientras no sea modificada expresamente por el funcionario o funcionaria, subsistirá para todos los efectos legales ulteriores y en la que se practicarán todas las notificaciones o citaciones a que haya lugar.

Artículo 113.- El funcionario o funcionaria Investigado tendrá acceso al expediente y podrá solicitar por escrito que le sean expedidas las copias simples que estime necesarias a los fines de su defensa, salvo aquellos documentos que sean declarados reservados mediante acto motivado, emitido por la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento.

Artículo 114.- Vencido el lapso para la consignación del escrito de descargo, se abrirá un lapso de siete (7) días hábiles para la promoción de pruebas, y otro de siete (7) días hábiles siguientes, para su evacuación. Este último lapso podrá ser prorrogado de oficio, o a solicitud del funcionario o funcionaria investigado, por siete (7) días hábiles adicionales. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al término de la promoción, la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento se pronunciará sobre la admisibilidad de las pruebas.

Parágrafo Único.- Los medios de pruebas serán los establecidos en el Código de Procedimiento Civil y cualesquiera otros previstos en las leyes. No serán admisibles como pruebas, el juramento decisorio ni las posiciones juradas.

Artículo 115.- Transcurrido el lapso probatorio o su prórroga, se abrirá un lapso de diez (10) días hábiles, dentro del cual, la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, emitirá un informe sobre la procedencia o no de la destitución, el cual contendrá un resumen de la instrucción del expediente disciplinario, dejando constancia de todas las actuaciones realizadas.

Concluido este lapso, la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, remitirá sin dilación el expediente del procedimiento disciplinario al Despacho del Defensor o Defensora del Pueblo, a los efectos de su decisión.

Artículo 116.- Recibido el expediente, el Defensor o Defensora del Pueblo dispondrá de treinta (30) días continuos dentro de los cuales dictará la decisión correspondiente, mediante resolución motivada, la cual deberá ser anexada al expediente, y notificada al funcionario o funcionaria investigado conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

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Artículo 117.- Contra la sanción de destitución sólo procederá el recurso de reconsideración ante el Defensor o Defensora del Pueblo, el cual deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que decide dicha destitución. Dicho recurso será decidido dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción.

La decisión que dicte el Defensor o Defensora del Pueblo agotará la vía administrativa, y en consecuencia, cuando el recurso haya sido resuelto en sentido contrario a lo solicitado, o venza el término respectivo sin pronunciamiento de.fa Máxima Autoridad, el interesado podrá ejercer el recurso contencioso administrativo funcionarial respectivo, en el lapso que establezca la Ley que regule la materia.

Capítulo VI De las Medidas Cautelares Administrativas.

Artículo 118.- Cuando para realizar una investigación judicial, administrativa o disciplinaria fuere conveniente, a los fines de la misma, suspender al funcionario o funcionaria del ejercicio de sus funciones, la suspensión será con goce de sueldo y tendrá una duración de hasta sesenta (60) días continuos, lapso que sólo podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta por un período de sesenta (60) días continuos adicionales.

La suspensión con goce de sueldo terminará por revocatoria de la medida, por decisión de sobreseimiento, por absolución en la averiguación o por imposición de una sanción.

Vencido el lapso a que se refiere este artículo o su prórroga, sin que se hubiere dictado resolución en la averiguación, el funcionario o funcionaria deberá reintegrarse a su cargo, sin perjuicio de que continúe la investigación.

En todos los casos, la suspensión con goce de sueldo o su prórroga, deberá ser acordada por el Defensor o Defensora del Pueblo mediante acto motivado.

Artículo 119.- Si al funcionario o funcionaria le ha sido dictada medida preventiva de privación de libertad, la suspensión será sin goce de sueldo. Esta suspensión no podrá tener una duración mayor a seis (6) meses.

En caso de sentencia absolutoria a favor del funcionario o funcionaria y con posterioridad al plazo previsto en este artículo, la Defensoría del Pueblo reincorporará al funcionario o funcionaria con el pago de los sueldos dejados de percibir durante el lapso en que estuvo suspendido.

TITULO XI DISPOSICIÓN DEROGATORIA Artículo 120.- Se deroga el Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo contenido en la Resolución DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 38.838, de fecha 26 de diciembre de 2007, reformado parcialmente según consta en Resolución DdP-2013-010, de fecha 28 de enero de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40,102, de fecha 31 de enero de 2013. Igualmente, se derogan las normas, circulares o instrucciones institucionales que colidan con el presente Estatuto de Personal.

TÍTULO XII DISPOSICIONES FINALES Primera.- Las dudas que surjan con ocasión a la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto de Personal, serán decididas por el Defensor o Defensora del Pueblo, quien a tal efecto podrá basar su decisión en los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de la República.

Segunda.- El presente Estatuto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, teu GABRIELA DEE MAR RAMAREZ PÉREZ NSARA DEL PUEBLO

AVISOS

PODER JUDICIAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE.

CARACAS Caracas, 08 de enero de 2014 203° y 154°

CARTEL DE CITACIÓN SE HACE SABER:

A la sociedad mercantil AGROPECUARIA MALABAR, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Júdicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de mayo de 1990, bajo el Nro.

66, Tomo 61-A-Pro., con última transformación total de sus Estatutos Sociales, según consta de documento inscrito ante el citado Registro Mercantil, en fecha 07 de marzo de 2008, bajo el Nro. 43, Tomo 20-A Cto.. Registro de Información Fiscal Nro. J-00321110-9; en su carácter de deudora principal, representada por su Director, ciudadano GUSTAVO JOSE MANCERA FONT, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro.

5.532.735; y al ciudadano GUSTAVO JOSE MANCERA FONT, antes identificado, en su carácter de fiador solidario, que con motivo del juicio que por COBRO DE BOLIVARES (VÍA ORDINARIA) sigue en su contra el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIO, deberán comparecer por ante este Tribunal dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la constancia que repose en autos de la publicación, fijación y consignación que del presente cartel se haga, dentro de las horas de despacho comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a fin que se den por citados en el presénte juicio, de conformidad con . lo establecido en el articulo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario..

Se advierte, que de no comparecer en el lapso señalado el Tribunal designará la Defensa Pública Agraria con quién se entenderá la citación y-demás trámites del juicio.

El presente cartel deberá ser publicado en el diario "ÚLTiMAS NOTICIAs" de circulación nacional, y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, se informa a la parte actora que el cartel ordenado librar en este procedimiento, deberá ser publicado en letra legible, bajo apercibimiento de que si no lo fuera el Tribunal no lo dará por legalmente publicado.

LANA 02 EL JUEZ,

Dr JOHBING RICHARD ALVAREZ ANDRAPE LAECRETARIA yappay Abg. DAYANA TAPIA CARABALLO 1

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A LA VENTA

EN LAS TAQUILLAS DE LA GACETA OFICIAL

LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN

GACETA OFICIAL ·DELAREPIRLICOROLIYARINEDEVESEZIELA

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A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial

LEY ssrplodoteriar ADAUNISTRATIVOS

LEY detkglmerfresdonal diVIVIENDA yHÁBITAT

Otros:

LEY OgINadb-FUERZA ARMADANACIONAL Bolinriura LEY dndompeitény ASECURO-SCCIAL

CLCUANOAL

LEY ORGÁNCA EDUCACIÓN

Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema MEarofeaanciero Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sisteraa Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Coogerativas) Ley de Tierras y Desacrollo Agxario Ley Orgêsica de Elidrocarburos

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: Ppo 187207DF1 MES IV Número 40.339 AÑO CXLI Caracas, miércoles 22 de enero de 2014 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Articulo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de Ios Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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