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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 40.315

13 de diciembre de 2013 · 40 páginas
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GACETA

A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXLI MES III Caracas, viernes 13 de diciembre de 2013

SUMARIO

Presidencia de la República Decreto Nº 669, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, que se denominará «Fundación Teatro Municipal de Valencia», con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Decreto Nº 670, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado, que se denominará «Fundación Parque Recreacional Sur-Plaza Monumental», con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Decreto N° 671, mediante el cual se nombra ai ciudadano Saúl Guillermo José Ameliach Orta, como Coordinador de la Autoridad Única de Área para el estado Carabobo destinada al desarrollo de la ciudad «Hugo Chávez».

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Maura Josefina Pereira de León, como Coordinadora de la Comisión de Modernización y Transformación del Colegio Universitario «Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez».

Resoluciones mediante las cuales se deja sin efecto los actos administrativos que en ellas se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Pedro Elías Gutiérrez Sucre, como Director General del Despacho de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús David Macías Hernández, como Director General de Consultoría Jurídica, adscrito al Despacho de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación al ciudadano Jorge Luis Moreno Sarmiento.

INAC Providencia mediante la cual se otorga Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil «Aerorepública S.A.».

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Yvette Sumaya Mata Colorado, como Gerente General de la Oficina de Recursos Humanos de este Instituto.

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franklin Antonio Matute Parra, como Director General de la Oficina Estratégica de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas de este Ministerio.

Tribunal Supremo de Justicia Sala Plena Resolución mediante la cual se le da continuidad a la competencia atribuida a los Juzgados de Municipios Ejecutores de Medidas que en ella se señalan, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Número 40.315 Unidad de Auditoría Interna Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Jacqueline Dayana Rodríguez Fonseca, la facultad para certificar las copias de los documentos, cuyos originales reposen en el Fondo Documental de la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia.

Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se Absuelve de Responsabilidad Disciplinaria a la ciudadana Dayana Ortiz Rubio, por las actuaciones realizadas como Jueza del Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Decisión mediante la cual se Absuelve a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilícito disciplinario previsto en el numeral 23 del Artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana.

Defensoría del Pueblo Resolución mediante la cus' se designa a la ciudadana Viannora Beatriz Figueroa Ruiz, como Defensora Delegada del estado Sucre.

Consejo Nacional Electoral IAEPE Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Luis Alberto Oblitas Sánchez, como Director General (E), de esta Fundación.

Alberto Oblitas Sánchez, en su condición de Director General (E), de esta Fundación, las atribuciones que en ella se mencionan.

PRESIDENCLA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 669 13 de diciembre de 2013 NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, los artículos 16, 46, 109, 110, 117 numeral 1 y 118 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el goce responsable de los monumentos nacionales,

página original (tal como se publicó)Página 1 de la Gaceta

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CONSIDERANDO

Que de acuerdo a Resolución del Ejecutivo Nacional publicada en la Gaceta Oficial N° 27.608 de fecha 02 de Diciembre del año 1964, se declaró como Monumento Histórico Nacional la obra arquitectónica denominada "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA",

CONSIDERANDO

Que el "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", COnstituye un ambiente propicio para el desarrollo de actividades de proyección artístico cultural, educativas y recreativas tendientes a mejorar de manera sostenida la calidad de vida de los carabobeños, capaz de atender actividades con estándares de eficiencia internacionales,

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto N° 665 de fecha 10 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.313 del 11 de diciembre de 2013, el Ejecutivo Nacional, en Consejo de Ministros, atribuyó al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la custodia, protección y administración de la obra arquitectónica denominada "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", ubicada en la calle Colombia, cruce de la calle Carabobo, al lado de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, en el Municipio Valencia del estado Carabobo,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado preservar el derecho del pueblo a la cultura sin discriminación ni subordinación alguna, defender y sa!vaguardar la memoria histórica de la Nación y el patrimonio cultural tangible e intangible, difundir y divulgar los valores culturales constitutivos de la venezolanidad y la obra creativa, en el marco de la gestión revolucionaria de acuerdo con la política bolivariana y en concordancia con las 12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario presentadas por el Presidente Nicolás Maduro, como eje fundamental para Impuisar la Revolución Cultural . y Comunicacional para fortalecer los valores que inspiran a la Patria, CONSIDERANDO Que resulta necesario proceder a la creación de una Fundación del Estado que, tenga a su cargo el desarrollo de acciones que permitan garantizar la custodia, preservación, mantenimiento, reconocimiento, uso social y óptima utilización de la obra arquitectónica denominada "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", en los términos establecidos en la Resolución del Ejecutivo Nacional publicada en la Gaceta Oficial N° 27.608 de fecha 02 de Diciembre del año 1964 y en el Decreto N° 665 antes identificado.

DECRETO

Artículo 1°. Se autoriza la creación de una Fundación del Estado, que se denominará"FUNDACIóN TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cuitura.

ArtíCulO 2°.La 'FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", tendrá su domicilio en la ciudad de Valencia del Estado Carabobo, pudiendo establecer oficinas en cualquier otra ciudad del país, previa autorización del órgano de adscripción y aprobación de su Consejo Directivo.

ArtíCulo 3°. La 'FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA ", tendrá por objeto la planificación, coordinación y ejecución de todos aquellos programas y acciones necesarias para, garantizar la custodia, preservación, mantenimiento, reconocimiento, uso social y óptima utilización de la obra arquitectónicadenominada "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", como símbolo que enaltece la cultura venezolana, sus tradiciones, símbolos y costumbres, todo lo anterior siguiendo la política fijada por el Ministro o Ministra de Adscripción.

ArtíCulo 4°. La 'FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", en el marco de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto N° 665 de fecha 10 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana. de Venezuela N° 40.313 del 11 de diciembre de 2013, tendrá las siguientes competencias:

Administrar, proteger, restaurar, mantener y custodiar la 1.

obra "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA".

2.

Celebrar todo tipo de contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales, a los fines de ampliar sus actividades o su patrimonio.

3.

Promover, diseñar, formar, financiar, cofinanciar y ejecutar interinstitucionales proyectos convenios e interdisciplinarios, centrados en la difusión de la diversidad cultural venezolana, así como los desarrollos científicos y tecnológicos orientados al desarrollo de capacidades.

Promover y ejecutar estrategias específicas con enfoque 4.

transversal que coadyuven al reconocimiento y disfrute de los espaCios de la obra "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA".

Prestar los servicios turísticos que aseguren el goce y 5.

disfrute responsable de la obra "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", por parte de la población y de los turistas en general.

Coadyuvar y participar, conjunta y activamente con el 6.

órgano de adscripción en todas aquellas misiones, planes y programas promovidos por el Ejecutivo Nacional, orientados a mejorar la calidad de vida de la población, en el marco del desarrollo turístico socialista.

7.

Ejecutar proyectos sociales y de apoyo en estudios científicos y tecnológicos.

Realizar donaciones, aportes, ayudas económicas y 8.

subvenciones para atender necesidades primarias o garantizar recursos para la consolidación de programas culturales, recreacionales y educativos de la población que lo requiera.

9.

Gestionar y ejecutar recursos financieros nacionales e internacionales, con el objeto de desarrollar acciones que coadyuven al desarrollo de la obra "TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA" en pro del pueblo venezolano.

10. Las demás funciones que le señalen las leyes, decretos reglamentos y resoluciones en materia de su competencia, así como aquellas que le instruyan y delegue el Ministro o la Ministra del Poder Popular para la Cultura.

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

Página 3

Artículo 5°. El patrimonio de la "FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", estará conformado por:

El aporte inicial de cien por ciento (100%) otorgado por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de la República 2.

Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, o de otro órgano del Poder Popular, que lesean asignados o traspasados;de conformidad con la normativa vigente; así como, los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido, tanto a título oneroso como gratuito, conforme al objeto de la Fundación.

Los aportes ordinarios y extraordinarios que correspondan, 3.

previo cumplimiento de las normas legales y de acuerdo con la Ley de Presupuesto.

Las donaciones, aportes, subvenciones y liberalidades que 4.

reciba de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, previa evaluación y aprobación del Ministro o Ministra de adscripción.

5. Los recursos provenientes de actos, convenios y acuerdos suscritos con organismos o instituciones públicas o · privadas, nacionales o extranjeras, previa evaluación y aprobación del Ministro o Ministra de adscripción.

Los demás bienes o ingresos que reciba por cualquier 6.

Las donaciones, aportes y subvenciones provenientes por las personas realizadas anteriormenteno otorgaran a dichas personas o instituciones, derecho alguno ni facultad para intervenir en la dirección, administración y funcionamiento de la Fundación. De los aportes recibidos la fundación deberá dar cuenta al Presidente o Presidenta de la República a través de su órgano de adscripción.

ArtíCulo 6°. La "FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA", estará dirigida y administrada por un Consejo Directivo, conformado por tres (3) miembros: un (1) Presidente o Presidenta, que será a su vez el Presidente o Presidenta de la Fundación, un (1) Vicepresidente o Vicepresidenta y, un (1) Director o Directora General, los cuales serán designados por el Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y serán de libre nombramiento y remoción.

Corresponde al Presidente o Presidenta de la Fundación presentar al Ministerio de adscripción, la memoria y cuenta administrativa y económica de la Fundación, sin perjuicio de las atribuciones de supervisión y control permanente que le corresponda a ese Despacho Ministerial.

Las normas sobre el funcionamiento interno de la Fundación y las referidas a su Consejo Directivo se desarrollaran en el Acta Constitutiva Estatutaria.

Artículo 7°. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizará los trámites necesarios para elaborar, protocolizar y publicar el Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación, previa revisión del respectivo proyecto por parte de la Procuraduría General de la República y velará por su efectiva publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 8°. El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Cultura, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Artículo 9°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vićpresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Finanzas (L.S.) NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

página original (tal como se publicó)Página 3 de la Gaceta

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Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S:) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARÍA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.).

HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder. Popular de Petróleo y Minería (L:S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CAPREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L..) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas v fos Movimientos Sociales (L.S.) REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ALEJANDRA BENÍTEZ ROMERO Refrendado La Ministra dei Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK Pefrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (L.S.) ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado .a Ministra d Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Lanos (L.S.)

NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA

página original (tal como se publicó)Página 4 de la Gaceta

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Refrendado La Ministra de Estado para la Región-Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (L.S.).

MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA

Decreto N° 670 13 de diciembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado con lo dispuesto en los artículos 16, 46, 109, 110, 117 y 118 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

"PARQUE arquitectónica denominada Que obra la RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", UbICadO en el Municipio Valencia del Estado Carabobo, fue declarado mediante Decreto N° 664 de fecha 10 de diciembre de 2013 Monumento Nacional según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.313 de fecha 11 de Diciembre de 2013,

CONSIDERANDO

QUe el "PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", constituye un icono cultural, turístico y recreativo de la presencia viva del hombre venezolano, en todo el desarrollo de su historia, enlazándola con un presente en pleno cambio, destacándose nuestra educación y el patrimonio cultural en toda su dimensión,

CONSIDERANDO

"PARQUERECREACIONALSUR PLAZA Que el T-G MONuMENTAL", es por excelencia el único espacio de recreación de los sectores de la ciudad de Valencia, siendo el epicentro de las tres parroquias más populares de la ciudad, por lo que el Estado está obligado a asegurar y resguardar todo sus instalaciones para el desarrollo de sus actividades esenciales en el campo de la cultura, deporte, recreación, música y expresión permanente del folklore venezolano,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado defender y salvaguardar la memoria histórica de la Nación y el patrimonio cultural tangible e intangible, difundir y divulgar los valores culturales constitutivos de la venezolanidad y la obra creativa, tecnológica y científica; al tiempo que garantizar el equilibrio ecológico como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en el marco de la gestión revolucionaria de acuerdo con la política bolivariana y en concordancia con las 12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario presentadas por el Presidente Nicolás Maduro, como eje fundamental para Impulsar la Revolución Cultural y Comunicacional para fortalecer los valores que inspiran a la Patria,

CONSIDERANDO

Que resulta necesario proceder a la creación de una Fundación del Estado que, tenga a su cargo la ejecución de actividades destinadas planificación, coordinación y ejecución de todas aquellas programas y acciones necesarias para garantizar la custodia, preservación, mantenimiento, reconocimiento, fomento del espacio como área turística y recreativa a nivel regional y nacional y uso social del Monumento Nacional "PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", en el DeCreto N° 664 antes identificado.

DECRETO

Artículo 1°. Se autoriza la creación de una Fundación del Estado, que se denOminará "FUNDACIÓN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

ArtíCulo 2°. La "FUNDACIÓN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", tendrá su domicilio en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, pudięndo establecer oficinas en cualquier otra ciudad del país, previa autorización del Consejo Directivo y posterior aprobación del órgano de adscripción.

ArtíCulo 3°. La "FUNDACIÓN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZAMONUMENTAL", tendrá por objeto la planificación, coordinación y ejecución de todos aquellos programas y acciones necesarias para garantizar la custodia, preservación, mantenimiento, reconocimiento, fomento del espacio como área turística y recreativa a nivel nacional, regional y uso Social del Monumento Nacional "PARQUE RECREACIONAL.

SUR - PLAZA MONUMENTAL", como Icono que contribuye a la formación de mejores ciudadanos, a la socialización del individuo y hacia la mayor suma de felicidad posible para la comunidad, todo lo anterior siguiendo la política fijada por el Ministro o Ministra de adscripción.

ArtÍCuIO 4°. La "FUNDACIÓN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", en el marCo de lo dispuesto en el Decreto N° 664 de fecha 10 de diciembre de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.313 del 11 de diciembre de 2013, tendrá las siguientes competencias:

Administrar, proteger, restaurar, mantener y custodiar el 1.

Monumento Nacional "Parque Recreacional Sur - Plaza Monumental".

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

Página 6

Celebrar todo tipo de contratos y convenios con instituciones 2.

públicas y privadas, nacionales o internacionales, a los fines de ampliar sus actividades o su patrimonio.

3. Arrendar u otorgar en concesión espacios de interés turístico del Monumento "Parque Recreacional Sur - Plaza Monumental", previa autorización del Instituto de Patrimonio Cultural.

4.

Promover, diseñar, formar, financiar, cofinanciar y ejecutar proyectos y convenios interinstitucionales e interdisciplinarios, centrados en la difusión de la diversidad cultural venezolana, así como los desarrollos científicos y tecnológicos orientados al desarrollo de capacidades.

5.

Promover y ejecutar estrategias específicas con enfoque transversal que coadyuven ai reconocimiento y disfrute de los espacios del Monumento Nacional "Parque Recreacional Sur - Plaza Monumental".

Promover y desarrollar programas de formación y 6.

capacitación dirigidos a la población, a funcionarias y funcionarios públicos y a otros sectores de la sociedad, sobre los conocimientos ancestrales, técnicos, científicos, socialistas, humanistas y metodoiógicos de la flora venezolana.

Prestar los servicios turísticos que aseguren el goce y disfrute 7.

.responsable del Monumento Nacional "Parque Recreacional Sur.— Plaza Monumental", por parte de la población y de los turistas en general.

8.

Coadyuvar y participar, conjunta y activamente con el órgano de adscripción en todas aquellas misiones, planes y programas promovidos por el Ejecutivo Nacional, orientados a mejorar la calidad de vida de la población, en el marco del desarrollo turístico socialista.

Ejecutar proyectos sociales y de apoyo en estudios científicos 9.

y tecnológicos.

10. Realizar donaciones, aportes, ayudas económicas y subvenciones para atender necesidades primarias o garantizar recursos para la consolidación de programas médico-asistenciales, educativos, alimentarios, culturales, recreacionales, sociales o humanitarios de la población que lo requiera.

11. Gestionar y ejecutar recursos financieros nacionales e Internacionales, con el objeto de desarrollar acciones que coadyuven al desarrollo : de la "Parque Recreacional Sur -- Plaza Monumental", en pro del pueblo venezolano.

12. Las demás funciones que le señalen las Leyes, Decretos Reglamentos y resoluciones en materia de su competencia, así como aquellas que le instruyan y delegue el Ministro o la Ministra del Poder Popular para el Turismo.

Artículo 5°. El patrimonio de la "FUNDACIÓN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", estará conformado por:

1. El aporte inicial de cien por ciento (100%) otorgado por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

2.

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, o de otro órgano del Poder Popular, que le sean asignados o traspasados; de conformidad con la normativa vigente; así como, los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido, tanto a título oneroso como gratuito, conforme al objeto de la Fundación.

Los aportes ordinarios.y extraordinarios que correspondan, 3.

previo cumplimiento de las normas legales y de acuerdo con la Ley de Presupuesto.

Las donaciones, aportes, subvenciones y liberalidades que 4.

reciba de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, previa evaluación y aprobación del Ministro o Ministra de adscripción.

Los recursos provenientes de actos, convenios y acuerdos 5.

suscritos con organismos o instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, previa evaluación y aprobación del Ministro o Ministra de adscripción.

6. Los demás bienes o ingresos que reciba por cualquier título.

Las donaciones, aportes y subvenciones provenientes por las personas realizadas anteriormente no otorgaran a dichas personas o instituciones, derecho alguno ni facultad para intervenir en la dirección, administración y funcionamiento de la Fundación. De los aportes recibidos la fundación deberá dar cuenta al Presidente o Presidenta de la República a través de su órgano de adscripción.

ArtíCuIo 6°. La "FUNDACIÓN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", estará dirigida y administrada por un Consejo Directivo, conformado por tres (3) miembros: un (1) Presidente o Presidenta, que será a su vez el Presidente o Presidenta de la Fundación, un (1) Vicepresidente o Vicepresidenta y, un (1) Director o Directora General, los cuales serán designados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y serán de libre nombramiento y remoción.

Corresponde al Presidente o Presidenta de la "FUNDAcIóN PARQUE RECREACIONAL SUR - PLAZA MONUMENTAL", presentar al Ministerio de adscripción la memoria y cuenta administrativa y económica de la Fundación, sin perjuicio de las atribuciones de supervisión y control permanente que le corresponda a ese Despacho Ministerial.

Las normas sobre el funcionamiento interno de la Fundación y las referidas a su Consejo Directivo se desarrollaran en el Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación.

Artículo 7°.El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, realizará los trámites necesarios para elaborar, protocolizar y publicar el Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación, previa revisión del respectivo proyecto por parte de la Procuraduría General de la República y velará por su efectiva publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 8°. El Ministro del Poder Popular para el Turismo, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Artículo 9º. El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece. Años 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

Página 7

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (L.S.) WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (L.S.) MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular de Finanzas (L.S.) NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Industrias (L.S.) RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) YVÁN EDUARDO GIL PINTO Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (L.S.) FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARÍA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) HAIMAN EL TROUDI DOUWARA Refrendado EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L..S.) RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Pr:pular para la Comunicación y la In:tormación (L.S.) DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (L.S.)

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Deporte (L.S.) ALEJANDRA BENÍTEZ ROMERO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

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Refrendado EL Ministro del Poder Popular para la Juventud (L.S.) HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popuiar para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARÍA IRIS VARELA RANGEL Refrendado .El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLIAK Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central (L.S.) LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental- (L.S.) ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos (L.S.) NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desairrollo Integral Oriental (L.S.) MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo .Integral Guayana (L.S.) CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO Refrendado La Ministra de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona Marítima y Espacios Insulares (L.S.) MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI Refrendado El Ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes (L.S.) CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVAPA

Decreto N° 671 13 de diciembre de 2013

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado con lo preceptuado en el artículo 73 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Decreto 666 debidamente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.313 en fecha 11 de Diciembre de 2013 se creó la Autoridad Única de Área para el Estado Carabobo en la cual se desarrollarala ciudad "Hugo Chávez" que atenderá a las parroquias Santa Rosa, Rafael Urdaneta y Miguel Peña del Municipio Valencia del Estado Carabobo.

DECRETO

Artículo 1°. Se nombra al ciudadano SAUL GUILLERMO JOSE AMELIACH ORTA, titular de la cedulade identidad V-7.107.576, como Coordinador de la Autoridad Única de Área para el Estado Carabobo destinada al desarrollo de la ciudad "Hugo Chávez".

Artículo 2°. El Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat queda encargado de la ejecución del presénte Decreto.

Artículo 3°. El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de diciembre de dos mil trece, Año 203° de la Independencia, 154° de la Federación y 14° de la Revolución.

Ejecútese, (L.S.)

U NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo de la República (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrer.dado El Ministro de! Poder Popular para Vivienda y Hábiat (L S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO CARACAS, 130IC 2913 RESOLUCIÓN Nº 4859 AÑOS 203º, 154º Y 142 PEDRO ENRIQUE CALZADILLA, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, actuando en conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con las disposiciones de !os artículos 6 de 1a Resolución N° 192 de fecha 13 de octubre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°36.808 de fecha 15 de octubre de 1999 y 1 de la Resolución N° 289 de fecha 29 de junio de 2001, publicada en ia Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.232 de fecha 3 de julio de 2001, que declaran en proceso de Reestructuración el Servicio Público de Educación Superior, impartido por los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales del país, CONSIDERANDO Que es de la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la regulación, formuiación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materla de Educación Universitaria, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, controi y evaluación dei sistema educativo en ese nivel, CONSIDERANDO Que el supremo compromiso, la mayor eñlcacla política y calidad revolucionaria en la construcción dei Socialismo y la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE Artícuio 1: Designar a !a Ciudadana MAURA JOSEFINA PEREIRA DE LEON, titular de Moderrización y Transformación del Colegio Universltario "Profeser José Lorenzo Pérez Rodríguez" en sustitución del ciudadano ARMANDO JOSÉ AUVAREZ LUGO, titular de la cédula de identidad N° 4.867.408.

Formarán parte de la Comisión de Modernización y Transformación del Coleglo Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez":

a) Un o una representante de los Profesores y Profesoras, elegido o elegida dentro del seno de la comunidad del Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Ro:ríguez", quien tendrá derecho a voz y voto.

b) Un o una representante de la comunidad estudiante!, elegido o elegida dentro del seno de la comunidad del Colegio Universitarlo "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez", quien tendrá derecho a voz y voto.

Artículo 2: La Comisión de Modemización y Transformación del Colegio Universitario "Profesor josé Lorenzo Páraz Rodríguez", como Cuerpo Cotegiado, asumirá las funciones de gobiemo, dirección. gestión y administración de ese Colegio Universitario, por lo que le corresponde:

1. Adoptar las medidas administrativas y académicas que resulten procedentes, en virtud de su competencia.

2. Proyectar las reformas técnicas y administralivas que sean convenientes para el Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodriguez" y eievarlas a la consideración dei Despacho del Viceministre o Viceministra de Desarroilo Académico.

3. Analizar ia estructura organizativa y proyeclar una nueva, acorde con los requerimientos institucionales.

4. Revisar y reformular los manuales de organización y procedimientos y el cuerpo de Rodriguez". tendentes a redefinir la situación institucional y elevar los a la consideración del Despacho del viceministro o Viceministra de Desarrc.iio Académico.

5. Revisar tos planes, carreras, programas y horarios de estudio y, de resultar necesario. recomendar las reformas tecnicas y administrativas, de acuerde con los Lorenzo Péroz Rodríguez", asi como, las exigencias y deniancas del Estado.

6. Realizar la reorganización académica, con tundemento en el análisis del cunsculo.

de la carga académica disponible y de los méritos de los miembros del persona:

docente y de investigación y eievatios a la consideración del Despacho del Viceministro o Viceministra de Desarroilo Acadénico.

7. Analizar sa nómina y movimientos del persenol det Colegio Univorsitario "Profosor José Lorenzo Pároz Rodriguez". os mmcritos de sts mieminos, las disponibilidades presupuestarias y proponer a la Ministra o Mimstro del Pode:

Popular para ia Educación Universitaria, las recomendaciones que fueren pertinentes a los efectos de ias rectificaciones que se consideren necesarias.

conforme a las Leyes y Regiamentos que rigen la materia.

8. Esiablecer un sistema idóneo de control Interno que incluya los elementos fundamentales de control, supervisión y seguimiento de la actuación dei personal, directric.es.

9. Verificar y examinar la pianificación, estructura de gastos y lu ejecut.ón presupuestaria institucional e implementar los correctivos que se requieran. previa consuiga a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universiton.), en cuanto a la uniformidad del registro y control de los ingresos y egresos.

10.Revisar ios Convenios institucionales y su ejecución y elevar a la consideración de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, las observaciones dei caso, pu'a la posterior suscripción de la Ministra o Ministro, como maxuna sutondad jerúrqui. 3 de los Institutos Universitarios de Tecnología y ios Lole-pos Universturios, como organos desconcentrados del Ministerio del Poder Popunar para e Educacion Unive: sitato.

11.Presenta: mntorines à la Ministis o Ministro del Poder Poputar para la Educación Universitoria, cada treinta (3u) dias o cuando asi se le requiera, sobre !as actuaciones de gobierno, ditección, gestión_y administración dei Coiegio Universitario "Profesor jasé Larenzo Pérez Rodriguez".

12.Designar las Subcomisiones que estime necesarias para es cumpémiento de sus funciones Las funciones que mediante la presente Resolución se atribuyen a la Comisión de Modernización y Transformación del Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguaz", serán desarrolladas con base a los principios de honestidad, participación, solidaridad, eficacia, eficiencia, corresponsabilidad, ética, transparencia, publicidad y rendición de cuentas.

Las decisiones de la Comisión de Modernización y Transformación del Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez", se considerarán válidas con el acuerdo favorable de por lo menos tres (3) de sus miembros.

Artículo 3: La Comisión de Modernización y Transformación dei Colagio Universitario siguientes obligaciones:

1. Presentar un Plan de Desarrollo Socio-Académico y Socio-Administrativo del Universitaria.

2. Vincular los pianes y !a actividad del Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez", con los lineamientos del Plan de la Patria, Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019.

3. Adecuar su actividad a los principios y lineamientos programáticos establecidos en la Ley Orgánica de Educación.

4. Impuisar acciones que permitan la uniformidad del currículo académico, en procura de garantizar, entre otras cosas, la movilidad de los y las estudiantes sin necesidad de requerir equivalencias.

5. Impuisar acciones que garanticen la movilidad docente.

6. Integrar la Leoría y práctica desde el inicio de la formación universitaria, conforme a los parámetros del Plan de la Patria, Programa del Gobierno Bolivariano 2013- 2019.

7. Presentar propuestas de transformación del sector universitario, en el marco de los proyectos de leyes especiales en materia de Educación Universitaria.

e. Ejecutar el Presupuesto del Colegio Universitarlo "Profesor José Lorenzo Párez Rodríguez", en forma transparente, rendir cuenta de su ejecución y formular participativamente el presupuesto.

9. impulsar la creación de los Consejos Estudiantiles del Poder Popular, de conformidad con !o establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación.

10.impulsar mecanismos de integración de las organizaciones del Poder Poptlar, tales como consejos comunales, comunas y empresas de propiedad social directa, entre otros, en los procesos de toma de decisiones del Colegio Universitario «Profesor José Lorenzo Pérez Rodriguez".

1.1.Actualizar periódica y permanentemente la matrícula estudiantil.

12.incorporar las actividades estético-iúdicas como parte integral del proceso formativo.

23.implementar cursos de formación pedagógica emancipadora para los y ias docentes universitarios.

14.Suprimir totalmente los mecanismos de ingreso discriminatorios, tales como pruebas intemas, actas convenio, entre otros.

15.vincuiar la programación del servicio comunitario con el Plan de :a Patria, Programa del Gobierno 8bolivariano 2013-2019 16.Las demás obligaciones que le sean establecidas por la Ministra o Ministro del Poder Popuiar para la Educación Universitaria.

Artícuio 4: La Coordinadora de la Comisión tiene las siguientes atribuciones.

1. Representar administrativamente al Coiegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodriguez".

2. Supervisar las actividades de la Comisión. subcomisiones y del persona! -jue presta Rodriguez".

3. Someter el Plan Rector, a la consideración y aprobación del Despacho del 'icemunistro o Viceministra de Desarrollo Académico.

4. Gestionar los recursos financieros para el funcionamiento del Colegio Unlversitario "Profssor josó Loranzo Púrez Rodriguaz", ante el Ministerio tlel Pianificeción y Presupuesto.

5. Administrar y ejecutar el presupuesto de gastos del Colegio Universitario "Profesor josé Loranzo Parez Rodríguaz". así como, tramitar la adquisición de Administrotiva der Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

6. Someter a is consideración de la Ministra o Ministrc dei Poder Popular para la Eoucacion Universitaria, por órgano de la Oficina de Recursos Humanos, la ¿oniratacion del personal, justificado en el Plan Rector.

Expedir :as copias certificadas de 1os documentos cue reposen en los archivos del L'oiegio Universitario "Profesor josé Lorenzo Perez Rodríguez", a solicitud de interesaucs legítimos o de autoridades competentes, en los términos establecidos en ta Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Decreto cor Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de ta Administración Pública 8. Presentar informes a la Ministra o Ministro del Pcder Popular para la Educación Universitaria, cado treinta (30) días o cuando se le requiera, sobre la ejecución y las atribuciones asumidas mediante la presente Resolución.

Artículo 5: La ciudadana designada, mediante la presente Resoiución, deba cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República, y rendir cuentas de las mismas en los términos y condiciones que determine la Ley.

Artículo 8: La presente Resoiución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bofivariana de Venezuela. Queda sin efecto la Resolución Reputi.ca Eoivariana de Venezuela N°40.02.6 de fecha 26 de septiembre de 2012.

Comuniques o y Publiduese, 77

Ministro del Foder Populer para la Educsción'universitaria

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° 4856 CARACAS, 13DIC 2013 AÑOS 203°, 154° Y 14° Pedro Enrique Calzadilla, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, actuando en conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 81 del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia" y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios, CONSIDERANDO Que mediante acto administrativo, emitido por Resolución N° 1487 de fecha 25 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.786 de fecha 26 de octubre de 2011, este Despacho, designó la Comisión Organizador a de Concursos y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente, en el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, a los efectos del desarrollo del Procedimiento Especial de Concurso Público, regulado en el artículo 76 del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Coleglos Universitarlos. La primera integrada por los ciudadanos Jesús González, titular de la cédula de idèntidad N° 4.665.894 (Coordinador); Milagros Díaz, titular de la cédula de identidad N° 9.316.121 (Miembro Principal); Mario Torres, titular de la cédula de identidad N° 4.326.851 (Miembro Principal); Pedro Díaz, titular de la cédula de identidad N° 5.763.318 (Miembro Suplente); Rosa Barrios, titular de la cédula de identidad N° 9.172.425 (Miembro Suplente); Marbelyz Santeliz, titular de la cédula de identidad N° 18.984.930 (Vocero Estudiantil Principal); Jeaneth Montero, titular de la cédula de identidad N° 7.785.421 (Vocero Estudiantil -Suplente); Elvys Vielma, titular de la cédula de identidad N° 5.108.689 (Vocero Principal de ia Comunidad) y Marlene- Pichardo, titular de la cédula de identidad N° 9.498.516 (Vocero Suplente de la Comunidad): y el segundo por los ciudadanos Héctor Montilla, titular de la cédula de identidad N° 5.631.019 (Coordinador): Antonio González, titular de cédula de identidad N° 4.313.753 e Jraida Mejías, titular de la cédula de identidad N° 5.784.131,

CONSIDERANDO

Que el Procedimiento Especial de Concurso Público desarrollado en el instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, por la Comisión Organizador a de Concursos y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente, con estricta sujeción a las disposiciones normativas contenidas en los artículos 39 a! 62 del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para satisfactoriamente dentro de los lapsos legales establecidos al efecto, por lo cual no existe causa que justifique la permanencia de la Comisión Organizador a de Concursos y del Comité de Formación y Seguimiento del Docente en el :nstituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo. En consecuencia el suscrito, actuando en ejercicio de su competencia,

RESUELVE

Primero: Queda sin efecto el acto administrativo, emitido por Resolución N° 1487 de fecha 25 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.786 de fecha 26 de octubre de 2011, mediante el cual este Despacho, designó la Comisión Organizador a de Concursos y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente en el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo.

Segundo: La presente Resolución surtirá sus efectos, a partir de su put.licación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educación'Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°4858 CARACAS, 13DIC 2013 AÑOS 203°, 154° Y 14° Pedro Enrique Calzadilla, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, actuando: en conformidad con lo dispuesto en tos artículos 62 del Decreto con Rango, Vaior y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 81 Docentes de los Institutos y Coiegios Universitarios, CONSIDERANDO Que mediante acto administrativo, emitido por Resolución N° 1484 de fecha 25 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.786 de fecha 26 de octubre de 2011, este Despacho, designó la Comisión Organizador a de Concursos y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente, en el Instituto Universitario de Tecnología "Jacinto Navarro Vallenilla", a los efectos del desarrollo del Procedimiento Especial de Concurso Público, regulado en el artículo 76 del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios. La primera integrada por los ciudadanos Yajaira Albornett, titular de la cédula de identidad N° 5.907.549 (Coordinadora): Nestor Malavé, titular de la cédula de identidad N° 6.952.892 (Miembro Principal); Luis Joubertt, titular de la céc'ula de identidad N° 11.376.273 (Miembro Principal); Alexis Velásquez , titular de la cédula de identidad N° 4.299.836 (Miembro Suplente); Arllys González, titular de la cédula de identidad N° 12.127.813 (Miembro Suplente);

Juan Lárez, titular de la cédula de identidad N° 20.375.784 (Vocero Estudiantil Principal); Adrián Pacheco, titular de la cédula de identidad N° 16.893.126 (Vocero Estudiantil Suplente); Lizandro Romero, titular de la cédula de identidad N° 14.716.644 (Vocero Principal de la Comunidad) y Luisa Villarroel, titular de la cédula de identidad N° 17.781.479 (Vocero Suplente de la Comunidad); y el segundo por los ciudadanos Jesús Hidalgo, titular de la cédula de identidad N° 5.481.303 (Coordinador): Armando Medina, titular de cédula de identidad N° 4.299.291 y José Machado, titular de la cédula de identidad N° 4.948.127, CONSIDERANDO Que el Procedimiento Especial de Concurso Público desarrollado en el Instituto Organizador a de Concursos y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente, con estricta sujeción a las disposiciones normativas contenidas en los artículos 39 al 62 del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios, ha culminado satisfactoriamente dentro de los lapsos legales establecidos al efecto, por lo cual no existe causa que justifique la permanencia de la Comisión Organizador a de Concursos y del Comité de Formación y Seguimiento del Docente en el Instituto Universitario de Tecnología "Jacinto Navarro Vallenilla". En consecuencia el suscrito, actuando en ejercicio de su competencia,

RESUELVE Primero: Queda sin efecto ei acto administrativo, emitido por Resolución N° 1484 de fecha 25 de octubre de 2011, publicado en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.786 de fecha 26 de octubre de 2011, mediante el cual este Despacho, designó la Comisión Organizador a de Concursos y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente en el Instituto Universitario de Tecnología "Jacinto Navarro Vallenilla".

Segun de: La presente Resolución surtirá sus efectos, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese y Publíquese,.

l\ PEDRO ENRIQUE CALZADILLA Ministro del Poder Popular para la Educacióni'Universitaria

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 110 19 DE DIC.

NÚMERO DE 2013 203° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, asi como el artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial, RESUELVE

ARTICULO 1. Designar al ciudadano PEDRO ELÍAS GUTIERREZ SUCRE, titular de la cédula de identidad N° V- 6.343.252, como DIRECTOR GENERAL DEL DESPACHO del Ministeric del Poder Popular para la Salud.

ARTÍCULO 2. El ciudadano PEDRO ELÍAS GUTIERREZ SUCRE, antes identificado, en ejercicio de su cargo, cumplirá las funciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento Orgánico de este Ministerio.

ARTíCuLO 3. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente.

ARTíCULO 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifiquese y publiquese, ERÁNCISCO A. ARMADA PÉREZ tro del Poder Popular para la Salud Decreto N° 558 del 05 de noviembre de 2013 Gaceta Oficial N° 40.287 del 05 de noviembre de 2013

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 111 1 3 DIC. DE 2013 203° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 558 de fecha 05 de noviembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 de la misma, fecha de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, este Despacho Ministerial, RESUELVE

ARTÍCULO 1. Designar al ciudadano JESÚS DAVID MACÍAS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.389.676, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como Director General de Consultoría Jurídica, adscrito a! Despacho del Ministro del Poder Popular para la Salud, quien deberá cumplir fiel y cabalmente las funciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento Orgánico de este Ministerio.

ARTícULO 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego en el ciudadano antes identificado, las atribuciones y firma de los actos que a continuación se indican:

1. Tramitar los asuntos concernientes a !as querellas judiciales incoada contra el Ministerio de! Poder Popular para la Salud, por ante los órganos jurisdiccionales competentes, as! como la firma de los documentos derivados de dichas actuaciones.

2. Certificar los documentos correspondientes a la Dirección a su cargo.

ARTÍCULO 3. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente, ARTÍCuLO 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Notifíquese y publíquese, N FRANCISCO A. ARMADA PÉREZ Minitro del Poder Popular para la Salud Gaceta Oficial N° 40.287 del 05 de noviembre de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N2 0 8 CARACAS, DE DE 2013 0 5 DIC. 2013

AÑOS 203° y 154° En conformidad con los artícuios 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor v Fuerza de Lel Orgánica de la Administración Pública;

articuio 5 numera: 2 de fa Lev del Estatuto de la Función Pública;

artículo 3, parágrafo segundo y, artículo 9 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, este Despacho Ministerial,

POR CUANTO

La Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio hace constar mediante la Hoja de Cálculo de Jubilación que, el FunCIOnariO MORENO SARMIENTO JORGE LUIS, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.598.409, cuenta con CINCUENTA Y SIETE (57) años de edad, con una antigüedad de TREINTA Y CUATRO (34) años de servicio prestados en la Administración Pública Nacional, con un sueldo promedio mensual correspondiente a los últimos veinticuatro (24) MeSeS, de DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CONSETENTA YSIETE CÉNTIMOS (Bs.10.324,77) quien se desempeña en el cargo de TÉcnIcO I, POR CUANTO El FUnCiOnarIO MORENO SARMIENTO JORGE LUIS, ya identificado, cumple con los requisitos de Ley para que le sea otorgado el beneficio de Jubilación,

RESUELVE úNIco. Otorgar el beneficio de Jubilación al Funcionario MORENO SARMIENTO JORGE LUIS, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v-4.598.409. El monto de la Jubilación asciende a la cantidad de oCHo MIL UN BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs.8.001,70) mensuales equivalente al SETENTA Y SIETE COMA CINCo POR CIENTo (77,5%) del sueldo promedio de los últimos veinticuatro (24) meses, el cual comenzará a pagarse quincenalmente a partir del 1° de diciembre de 2013.

Comuniquese publíquese;

Coi M/G HEBERT JOSUÉ GARCÍA PLAZA Ministro Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 Gaceta Oficial N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-450-13 CARACAS, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 203°, 154° Y 14° PERMISO DE EXPLOTADOR DE SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE TRANSPORTE AÉREO EXPLOTADOR AÉREO INTERNACIONAL En ejercicio de las competencias que me confiere el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la Renública Ralivaríana da Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre -,.

2005, la Providencia Administrativa N° PRE-CJU-135-13, de fecha IÙ ae mayo de 2013, contentiva de la Regulación Aeronáutica Venezolana 129 (RAV 129) ocnominada "Certificación de Operaciones de Explotadores Aéreos Extranjeros hacia v desde is Repúb:ica Bolivariana de Venezuela y Explotadores Extranjeros

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con Aeronaves de Matrícula Venezolana", publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.099 Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 2013.

POR CUANTO, En la comunicación sin número, de fecha 23 de enero de 2013, recibida por este Instituto el día 30 de enero de 2013, emanada de la representación legal de la Sociedad Mercantil "AEROREPÚBLICA S.A.", Sociedad Mercantil debidamente autorizada, organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia; constituida en virtud de Escritura Pública, No 3.019, otorgada por ante la Notaría Cuadragésima Cuarta (44) de la Ciudad de Bogotá, en fecha 23 de noviembre de 1992, siendo inscrita el 06 de enero de 1993, bajo el No 391.563 del Libro IX, denominándose entonces "REPUBLIC AZRWAYS, S.A."; posteriormente mediante Escritura Pública N° 491 de la Notaría Cuadragésima Cuarta (44) de la Ciudad de Bogotá del 01 de marzo de 1993, e inscrita el 05 de marzo de 1993, bajo el N° 398.158 del Libro IX, la mencionada Sociedad Mercantil cambia su nombre de "REPUBLIC AIRWAYS, S.A." a "AEROREPÚBLICA S.A."; sufriendo ésta prenombrada Sociedad modificaciones estatutarias en años sucesivos, tal como la contenida en el Acta Asamblea Extraordinaria de Accionista N° 39, celebrada en Bogota D.C. en fecha 24 de noviembre de 2011, debidamente Apostillada, mediante la cual se modificó la denominación social de la compañía, adicionando a la misma el nombre "COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AVIACIÓN - COPA COLOMBIA", de modo que la empresa pueda anunciarse validamente con cualquiera de los dos nombres, es "COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AVIACIÓN - COPA COLOMBIA" o decir, "AEROREPÚBLICA S.A.". Inscrita ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda de la República Bolivariana de Venezuela bajo el No 99, Tomo 1071A, de fecha ocho (08) de abril de 2005; solicitó la renovación del permiso de operación otorgado por este Instituto a dicha empresa, mediante la Providencia Administrativa N° PRE-CJU- 023-11 de fecha 11 de marzo de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.671 de fecha 11 de mayo de 2011, para la explotación de las rutas Cartagena/Maiquetía/Cartagena, Medelín/Maiquetía/Medellín, Bogota/Maiquetía/Bogotá, operadas con los equipos ERJ-190 y BOEING 737.

POR CUANTO, En la comunicación N° GGTA/GOAV/2013/INT/608, de fecha 18 de abril de 2013, emanada de la Gerencia General de Transporte Aéreo, se remite el expediente administrativo de la Sociedad Mercantil "AEROREPÚBLICA S.A.", a la Consultoría Jurídica de este Instituto, a los fines de renovar la Providencia Administrativa N° PRE-CJU-023-11 de fecha 11 de marzo de 2011, que le permita a la empresa prestar el Servicio Público de Transporte Aéreo Regular, en la modalidad de. pasajeros, carga correo, en las rutas Bogotá/Maiquetía/Bogotá, Medellín/Maiquetía/Medellín, Cartagena/Maiquetía/ Cartagena.

POR CUANTO, La empresa "AERoREPúBLICA S.A, ha cumplido con los requisitos jurídicamente establecidos para la correspondiente tramitación, que constituyen un aval suficiente y en este sentido han quedado cubiertos los extremos de Ley para autorizar a la referida Sociedad Mercantil.

DECIDE:

PRIMERQ: , OtorgarPermiso Operacional a la Sociedad Mercantil "AEROREPÚBLICA S.A.", con base a las condiciones, estipulaciones y términos que a continuación se indican:

1. Tipo de Permiso: Servicio Público Regular de Transporte Aéreo, en la modalidad de pasajeros, carga y correo.

Duración del Permiso: Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de 2.

publicación de la presente Providencia Administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Aeropuerto Base:Terminal Aéreo "Simón Bolívar" del Aeropuerto Internacional "El Dorado", D.C., Santafé de Bogotá, Colombia.

4. Ámbito de Operaciones: Intemacional.

Cartagena/Maiquetía/Cartagena, 5.

Rutas:

Medellín/Maiquetía/Medellín, Bogota/Maiquetía/Bogotá.

6. Aeronave (s): La empresa "AERoREPúBLICA S.A.", solo podrá utilizar las aeronaves que se detallen en las Especificaciones para las Operaciones y las que expresamente autorice la Autoridad Aeronáutica:

MARCA MATRICULA MODELO SERIAL 30462 HP-1377CMP BOEING B-737-7V3 $B-737-7V\$ 30497 BOEING HP-1376CMP 30460 B-737-7V3 HP-1375CMP BOEING EMBRAER ERJ-190-100LR 19000074 HK-4456 19000061 ERJ-190-100LR HK-4454 EMBRAER ERJ-190-100LR 19000063 EMBRAER HK-4453 ERJ-190-100LR 19000122 EMBRAER HK-4507 EMBRAER 19000110 HK-4506 ERJ-190-100LR

EMBRAER ERJ-190-100LR HK-4505 19000114 EMBRAER HK-4559 19000200 ERJ-190-100LR ERJ-190-100LR HK-4508 EMBRAER 19000138 EMBRAER ERJ-190-100LR HK-4599 19000269 EMBRAER ERJ-190-100LR HK-4560 19000208 HP-1371CMP B-737-7V3 BOEING 30049 BOEING HP-1374CMP 30459 B-737-7V3 HP-1372CMP BOEING B-737-7V3 28607 EMBRAER 19000038 HP-1558CMP ERJ-190-100IGW EMBRAER HP-1557CMP ERJ-190-100-IGW 19000034 BOEING HP-1520CMP 33707 B-737-7V3 BOEING HP-1521CMP B-737-7V3 33708 BOEING B-737-7V3 30464 HP-1380CMP HP-1379CMP BOEING 30463 B-737-7V3 BOEING HP-1524CMP 33705 B-737-7V3 HP-1525CMP BOEING B-737-7V3 33706 BOEING HP-1530CMP 34535 B-737-7V3 HP-1531CMP B-737-7V3 BOEING 34536 BOEING 30458 HP-1373CMP B-737-7V3

aeronaves, a su flota operacional de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano.

SEGUNDQ: La Sociedad Mercantil "AEROREPÚBLICA S.A." está obligada a cumplir las normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, sus Reglamentos, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás disposiciones emanadas de la Autoridad Aeronáutica Venezolana.

IERCERQ: En lo que respecta a la constitución, propiedad y control, la Sociedad Mercantil "AERoREPÚBLICA S.A.", deberá cumplir con las siguientes 1. Notificar a este Instituto el cambio de razón social, composición accionaria, domicilio o representante de la misma, en virtud de que los permisos otorgados para los servicios de transporte aéreo tendrán el carácter de intransferibles, a menos que para el traspaso o cesión de los mismos, se obtenga la autorización de esta autoridad aeronáutica dada por escrito.

2.

El control y la dirección en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad colombiana.

3. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad colombiana.

Notificar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica a través de 4.

las Gerencias Generales respectivas del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cualquier modificación o alteración de carácter jurídico, económicofinanciero, administrativo o técnico-operacional que lleve a cabo esa Sociedad Mercantil.

5. La empresa estará en la obligación de enviar anualmente a la Gerencia General de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el Balance General y Estado de Ganancias y pérdidas, ajustados por inflación según el Método DPC-10, acompañado por un dictamen de Auditoria elaborado por un Licenciado en Contaduría Pública en el ejercicio independiente de su profesión, debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos correspondiente, así como también, suministrará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, todas las estadísticas de las operaciones efectuadas en el mes anterior.

Presentar anualmente ante este Instituto, copia fotostática de la última Acta 6.

de Asamblea debidamente protocolizada.

La Sociedad Mercantil "AERoREPúBLICA S.A.", deberá presentar ante 7.

esta Institución, con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de este permiso, todos los requisitos exigidos que establece la normativa jurídica vigente para la renovación del mismo.

CuARTo: Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuníquese y Publíquese, LIC. PEDRO-AEBERTO GONZÁLEZ DÍAZ Presidente del INAC Designado mediante Decreto N° 478 del 10-10-13 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 40.269 del 10-10-13

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

DESPACHO DEL PRESIDENTE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°. PRE-CJU-454-13 CARACAS, 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 203° y 1540 En ejercicio de las atribuciones conferidas, el Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Ente descentralizado de la Administración Pública, y en ejercicio de las competencias que le confiere el Artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009; en concordancia con las atribuciones conferidas en los numerales 1, 3 y 13 del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005; así como lo dispuesto en el Artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela IN° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.

ACUERDA PRIMERQ: Designar a la ciudadana YVETTE SUMAYA MATA COLoRAD0, titular de la cédula de identidad N° V-6.917.338, como Gerente General de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, SEGuNDΩ: Se delega en la mencionada ciudadana la atribución o firma de los actos que a continuación se mencionan:

a) Correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica y telefacsimil, en contestación a solicitudes dirigidas a la Oficina de Recursos Humanos por particulares sobre asuntos cuya atención sea competencia de la dependencia a su cargo.

b) Comunicaciones a personas y entidades públicas y privadas relativas a la tramitación ordinaria de los asuntos a su cargo como Gerente General de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

c) Notificaciones a personas, entidades públicas y privadas de actos administrativos en materia de personal, suscritos por el Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

d) Copias certificadas de los documentos que reposen en los archivos de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

TERCERQ: La referida funcionaria presentará mensualmente una relación de los actos y documentos que hubiere certificado y firmado en virtud de la presente delegación al Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

CUARTQ: La designada ciudadana desempeñará las funciones inherentes al cargo según lo establecido en el artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NN° 39.117 de fecha 10 de febrero de 2009.

QUINTQ: La presente designación será a partir del 18 de noviembre del año en curso.

SExTo: La presente Providencia entrará. en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la;Repéblica Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido ericel artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuniquese y Rabliquese,

PAESIDEA.:

PEDRO ALBERTO GONZÁLEZ DÍAZ Presidente delIMA Designado mediante Decreto N° 478 de Techa 10 de octubre de 2013 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.269 de fecha 10 de octubre de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 28 de octubre de 2013 203°, 154° y 14°

Resolución N° 16/2013

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR, Ministra del Poder Pópular para la Mujer y la Igualdad de Género, designada mediante decreto N°. 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial cie la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, de conformidad a las atribuciones que le confieren 1os artículos 34, 35, 62 y los numerales 2, 19, 26 y 27 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo dispuesto en el artículo 5 numerales 2 y 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en observancia con lo establecido en los artículos 16 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

RESUELVE

Artićulo 1: Designar al ciudadano FRANKLIN ANTONIO MATUTE PARRA, titular de la cédula de identidad N° V. 11.407.942, como DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA ESTRATÉGICA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PúBLiCAS del Ministerio del Poder Popuiar para la Mujer y la Igualdad de Género.

Artículo 2: El ciudadano designado queda facultado para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al cargo, así como la realización de los actos y la suscripción de comunicaciones concernientes a las mismas.

Artículo 3: Los actos y documentos emitidos y firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar seguidamente bajo la firma del ciudadano delegado, la fecha y número de Resolución y Gaceta Oficial donde haya sido publicada.

Artículo 4: De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, el ciudadano delegado será plenamente responsable por todos los actos y documentos que firme en ejercicio de esta delegación.

Artículo 5: Quedan a salvo las estipulaciones contenidas en el artículo 3 del Regiamento de Delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional y lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto a los documentos cuya firma no puede ser delegada.

Artícuio 6: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 28 de octubre de 2013 y deroga la Resolución N° 08/2013, de fecha 22 de mayo de 2013, publicada.

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.190 de fecha.

17 de junio de 2013.

Comuníquese y Publíquese, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR MINISTRA DEL PODER POPÚLAR,PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.151

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARLANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA

Caracas, 4 de diciembre de 2013 203° y 154°

RESOLUCIÓN N° 2013-0030 El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1 y 20 in fine de la Ley Orgánica dei Tribunal Supremo.

CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257 dispone el acceso a los órganos de administración de justicia

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como derecho que garantiza la tutela judicial eficaz, con omisión de las formalidades no esenciales al proceso y que toda persona tiene derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente, siendo deber insoslayable del Estado garantizar que la justicia se administre de forma expedita y sin dilaciones indebidas.

CONSIDERANDO Que es obligación del Tribunal Supremo de Justicia el mejor aprovechamiento y la optimización de los recursos humanos, presupuestarios y técnicos del Poder Judicial, con el fin de que se materialice un sistema de justicia eficaz.

CONSIDERANDO Que en la actualidad los Juzgados Itinerantes de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mantienen un considerable volumen de causas en estado de sentencia como consecuencia de la redistribución, lo cual atenta contra la eficacia judicial, privado a los justiciables de una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado Social de Derecho y de Justicia.

CONSIDERANDO Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, 49 y 257 constitucionales, y a los fines de promover el principio de celeridad procesal, establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que “La justicia se administrará lo más brevemente posible" en concordancia con el artículo 14 del mismo Código, que faculta al Juez como Director del proceso a impulsarlo de oficio hasta su conclusión.

CONSIDERANDO

Que resulta necesario darle continuidad para que los Jueces Itinerantes de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario continúen con la misión sentenciadora y garantizar a los justiciables el obtener una justicia efectiva, expedita y sin dilaciones, de conformidad con el artículo 4 de la Resolución 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011.

CONSIDERANDO Que en virtud que de la revisión de los expedientes que conforman el inventario se encuentran causas cuyas sentencias no son definitivas sino incidentales.

RESUELVE Artículo 1. Darle continuidad a la competencia atribuida a los Juzgados Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo de Municipio Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, hasta sentenciar el total de expedientes que conforman el inventario redistribuido del Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario.

Artículo 2. A los Juzgados Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo de Municipio Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, igualmente, se les atribuyen competencias para decidir aquellas apelaciones, peticiones e incidencias que les hayan solicitado en los respectivos expedientes redistribuidos.

Artículo 3. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución N° 2011-0062, de fecha 30 de noviembre de 2011, y la Resolución N° 2012-0033, de fecha 28 de noviembre de 2012, continúan vigentes.

Artículo 4. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda encargada de la ejecución de la presente Resolución.

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir su aprobación por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 6. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

La Presidenta, 72

LADYSALARIA GUTIÈRREZ ALVARADO

Primer Vicepresidente, Segunda Vicepresidenta,

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

Los Directores, rsfevg YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA EMIRO GARCÍAROSAS

LUIS EDUARDR HIFETIÉRREZ

Los Magistrados, Geeceel Mandyalae EVELANMARRERO ORTIZ JUANJOSMENDOZAJOVER

M ISBILIAPEREZ VELASQUEZ MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

CARMEN ELVIGPORRAS DEROA HÉCTOR CORONADO FLORES

JUANJOSÉNÚÑEZ CALDERÓN LOISAESTEL LAMOLAES LAMUÑO

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

CARMEN ZULETA DEMERCHÁN ARCADIO DELGADO ROSALES

JHANNETTMARÍAMADRIZ SOTILLO TRINA OMAIRA ZURITA

.Muaticahuo OSCARJESESLEON OZCATEG NEAGIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA

YANINA BEATRIZKARABINDEDÍAZ PAUL JOSEAPONIERUEDA

AURIDES MERCEDES MORA EMILIO ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ

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OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI YRAIMA DEESUS ZAPATALARA

SONIA CUROMOTO ARIAS PALAGIO ARIMNESIHERGOMEZCABRERA

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS URSULAMARÍAMUICA COLMENAREZ

ecretaria, bS SANTOSP.

En cuatro (4) de diciembre de.dos mil trece (2013), siendo las cuarenta minutos de la mañana (11:40 a.m.), fue aprobada la resolución qu antecede. No aparece suscrita por los Magistrados doctores Ferngo Gutiérrez, Juan José Núñez Calderón, Arcadio Delgado Rosales y Octa do-REMo o José Sisco Ricciardi, ni por las Magistradas doctoras Pnamara Zurita y Jhannett María Madriz Sotillo, quienes no asistieron a la sión por motivos justificados.

Schetaria

En cinco (5) de diciembre-de dos mil trece (2013), siendo las dos.y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), fue publicada la reseuoriva antecede.

ecretaria,

REPÚBICA BOUNARIANA DE VENEZUELA TIRISUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNÁ

TSJ-UAI-2013-RES-012 Caracas, 14 de noviembre de 2013.

203° y 154°

Quien suscribe, JESÚS GERARDO DÍAZ ALTUVE, titular de la cédula de identidad N° 3.940.608, en mi carácter de Titular de esta Unidad de Auditoría Interna (UAI), creada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Resolución N° 2005-00015, de fecha 22 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.316, de fecha 17 de noviembre de 2005, y designado con tal carácter según consta en Acta de la Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de julio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.809, de fecha 28 de noviembro de 2011, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 22, ordinales 1, 5, 7 y 25 del Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.148 del 16 de abril de 2013.

CONSIDERANDO Que el Reglamento Interno de Ia Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia, establece la nueva estructura organizativa, las funciones del Despacho del Auditor Interno, Gerencia de Control Posterior y Gerencia de Determinación de Responsabilidades, asf como la atribución asignada al Auditor Interno, sobre la recepción, manejo y archivo del Fondo Documental.

CONSIDERANDO Que todas las actividades administrativas de esta Unidad de Auditoría Interna deben realizarse con objetividad, imparcialidad, oportunamente y sin dilaciones:

RESUELVE UNICO: De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, en Unidad de Auditoría Interna, delegar en la ciudadana JACQUELINE DAYANA.

RODRfGUEZ FONSECA, titular de la cédula de identidad N° 13.686.996, la facultad para certificar las copias de los documentos, cuyos originales reposen en el Fondo Documental de la Unidad de Auditoria Interna del Tribunal Supremo de Justicia; sin qus dicha delegación limite o e e e e cuando a su juicio considere ejercerlas.

En virtud de la delegación conferida, la prenombrada funcionaria queda autorizada para ejercer tal atribución, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Cúmplase lo ordenado, RAROU DIAZALTUYE Agilitog ateransreseribuna Supremo de Justicia Ben Tribunal Supromo ge usticia.

20 dmie 20ada en Gnceta Oficia de la República Bna de Venezuela enoviambre de 201

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL.

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL.

Exp.N°AP61-D-2012-00 El día diez (10) de enero de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió escrito suscrito por el ciudadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.478.838, asistido en ese acto por la abogadà LORENA MARIBEL VALERO, debidamente inscrita en el Instituto de Previsió Social del Abogado bajo el N° 153.651, contentivo de denuncia formulada en contra de la ciudadana DAYANA ORTIZ RUBIO, quien se desempeña como Jueza del Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; el ciudadano NELSON GUTIÉRREz CORNEJO, en su desempeño como Juez del Juzgado Décimo- (10°) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y la ciudadana MARÍA TORRES TORRES, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Décimo (10") en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción judicial; asunto al que le fue asignada la nomenclatura AP61-D-2012-000009.- En fecha once (11) de enero de 2012, la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial recibió las actuaciones indicadas supra;

acordando en esa oportunidad darle entrada al presente asunto e iniciar la investigación de los hechos denunciados, asi como recabar los elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, emitiendo el informe correspondiente el día veinticuatro (24) de febrero de 2012 y ordenando an esa misma ocasión la remisión de las actuaciones a este Tribunal.- Posteriormente en fecha veintinueve (29) de febrero de 2012, por distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.- A tales efectos el día ocho (8) de mayo de 2012, este Tribunal ordenó la admisión de la presente causa, bajo la causal contenida en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Juez Venezolana, y en consecuencia se ordenó citar a los jueces denunciados; asimismo ordenó informar a la Fiscalía General de la República, sobre la admisión del presente asunto,- En ese sentido y siendo la oportunidad legal correspondiente, el juez NELSON JOSÉ GUTIÉRREZ CORNEJO, presentó escrito de descargos el día treinta y uno (31) de mayo de 2012. Dentro de ese mismo orden las juezas DAYANA DEL VALLE ORTÍZ RUBIO y MARÍA TORRES TORRES, presentaron sus descargos en fecha cinco (5) de junio de 2012.- Llegada la oportunidad para la promoción de las pruebas en la presente causa, las juezas MARÍA TORRES TORRES y DAYANA DEL VALLE ORTÍZ RUBIO, hicieron uso de ese derecho, el día catorce (14) de junio de 2012.- Posteriormente, en fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, este Tribunal acordó la oportunidad para la realización de la audiencia en la presente causa, fijando el día veintiuno (21) de noviembre de ese mismo año. En ese sentido alegado el día para la celebración de la audiencia, se realizó la misma;

difiriendo el pronunciamiento del dispositivo para el dia veintisiete (27) de noviembre de 2012, a las doce meridiem (12:00 m.).-

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Seguidamente el día veintisiete (27) de noviembre de 2012, siendo la hora fijada, tuvo lugar la continuación de la audiencia, dictándose el respectivo dispositivo de conformidad con lo establecido en el articulo 81 de: Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

DE LA DENUNCIA.- En fecha diez (10) de enero de 2012, el ciudadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO, asistido por la abogada LORENA MARIBEL VALERO, identificados supra, presentó escrito contentivo de denuncia contra los ciudadanos DAYANA ORTIZ RUBIO, NELSON GUTIÉRREZ CORNEJO y

Décimo Cuarto (14°) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Juez del Juzgado Décimo (10°) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Jueza del Juzgado Superior Décimo (10°) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de fa.misma circunscripción judicial, respectivamente.- Alegó, que decidió denunciar las distintas infracciones, omisiones y decisiones cometidas por varios jueces en el desempeño de sus funciones y que lo han afectado directamente así como a su grupo familiar; ya que por una parte la jurisdicción civil lo sentenció a entregar su vivienda a los demandantes y la jurisdicción penal le otorgó una medida innominada de protección, donde se ratificó la medida de prohibición de enajenar y gravar su vivienda, incurriendo én una seria contradicción del sistema de justicia; consideró que se trata de infracciones cometidas y no subsanadas a lo largo del proceso judicial y que deben llamar la atención del Estado.- Manifestó, que en el desarrollo de la causa N° AP31-V-2010-01064 llevada por ante el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, referida a un juicio de resolución de contrato de opción de compra-venta, fue decretada una medida preventiva de secuestro sobre el inmueble de autos, de conformidad con lo establecido en el ariculo 599 numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, con la mayor celeridad y bajo esperados argumentos por parte del Tribunal, considerando que éste suplir la actividad de la parte actora, al @estudiar alegatos no manifestado por la demandante; hecho que consideró violatorio de los artículos 12 y 15 ejusdem, pues no garantizó la igualdad de las la actora en el proceso civil. De esta forma, consideró que con tal actuación la jueza denunciada comprometió su parcialidad, supliendo omisiones y defensas que correspondían a la demandante.- En relación a la causa N° AP31-V-2010-01064, nomenciatura del Juzgado Décimo (10°) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, referido a la resolución de contrato de opción de compra-venta; apuntó que el juez denunciado procedió a dictar sentencia en fecha cuatro (4) de noviembre de 2012, en la cual declaró con lugar la pretensión de la accionante y ordenó la entrega del inmueble libre de bienes y personas, desconociendo la relación arrendaticia, asimismo omitió la prejudicialidad penal. Alegó que quedaron pendientes por resolver dos apelaciones contra el auto de fecha seis (6) de julio de 2010 y la segunda contra el auto de fecha doce (12) de julio de 2010.- Finalmente en relación a la causa N° 6.071 tramitada ante el Juzgado Superior Décimo (10°) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción

interpuesta por su persona, revocado al efecto la medida de secuestro decretada por el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio de la misma circunscripción judicial; sin embargo ordenó la entrega material del inmueble sin tener la potestad para ello, y sin tomar en cuenta el daño que ocasionó a su familia que fue salvajemente desalojada.- En este sentido, asentó que sumando los vicios procesales, el desequilibrio de un debido proceso, el hecho notorio de un fraude inmobiliario por cada uno de los jueces, es motivo por el cual interpone denuncia contra los referidos jueces y solicitó que la misma sea declarada con lugar.- 11 DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN,- La Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Discipinaria Judicial, señaló en su informe extendido lo siguiente:

"(...) Por lo tanto, en el caso en concreto el examen dei caso conlleva a relacionados con la aptitud personal del juez y otros relativos al ámbito jurisdiccional dada la responsabilidad que supone la función de juzgar, de.

denunciados al atender a la garantia de la tutela judicial efectiva que le asiste a todos los ciudadanos de acceder al órgano jurisdiccional y obtener oportuna respuesta, debe también conforme a las reglas de la sana crítica y máximas de experiencia velar por la protección del débil juridico en este caso y más aún cuando se ven afectados derechos como reconocimiento del derecho a una vivienda digna o adecuada, lo que se pretende es dar la para vivir inherente a su dignidad humana, pues no se trata solamente de un derecho para gue cada persona pueda tener un lugar 'para estar' o 'para derechos fundamentales, motivo por el cual [esa] oficina considera que la conducta desplegada por los jueces mencionados debe ser valorada y analizada por el Tribunal Disciplinario Judicial (...)"

.. III DE LOS ESCRITOS DE DESCARGOS.- En la oportunidad procesal correspondiente, el juez denunciado NELsON RAMÓN GUTIÉRREZ CORNEJO presentó escrito de descargos, en el cual ≥ si 881 y siguientes de Código de Procedimiento Civil, auto contra el cual ninguna Afirmó el denunciado que en relación al exceso de la función jurisdiccional y omisión de pronunciamiento, se evidencia conforme al principio de preclusividad de los actos procesales, que es el acto de contestación de la demanda en ei cual deben hacerse valer todas las defensas contra la pretensión de a parte actora, obviando la parte demandada la defensa relativa a la relación arrendaticia entre su persona y el demandante, lo cual a su criterio no se evidencia del escrito de contestación presentado por el hoy denunciante, consideración por la cuai mal puede hacerla valer posteriormente, mas sin embargo manifestó que sí estudió el referido argumento al momento de decidir la incidencia de la oposición a ia medida de secuestro decretada el día trece (13) de mayo de 2019, consideró que por tales razones no hay omisión de pronunciamiento por cuanto fue esgrimido el alegato en el fallo de fecha cuatro (4) de noviembre de 2s10, concluyendo que mal puede el sentenciador que conoce el juicio principal decidir sobre un asunto el cual no fue elevado a su conocimiento.- Continuó arguyendo el juez denunciado, en relación al exceso de la función jurisdiccional, que al haber emitido la decisión de fecha cuatro (4) de noviembre de 2010, sin esperar las resultas de dos recursos de apelaciones, el primero contra el auto de fecha seis (6) de julio de 2010 y el segundo del día doce (12) de julio de 2019, que en relación al segundo el mismo constituye un error de alegación del denunciante, pues de autos solo se evidencia la existencia de una diligencia de esa fecha apelando del auto de fecha seis (6) _de julio de 2010, sin embargo alegó que era evidente que no se encontraba en la Procedimiento Civil, prevé la potestad para sentenciar la causa principal sin que no se vuineró en modo alguno derecho a la parte perdidosa hoy denunciante.- Asimismo, en relación al argumento de la presunta prejudicialidad civil que alegó en fecha primero (1°) de octubre de 2010, en base a ello alegó que tratándose de un juicio de resolución de contrato de opción de compra-venta la demanda es la oportunidad procesal a os fines de explanar las defensas correspondientes, razón por la cual y de conformidad con lo señalado en el artículo 884 del Código de Procedimiento Civil es en ese momento que la parte cual arguyó que al no ser opuesta en fecha veinticinco (25) de mayo de 2010, la sin embargo manifestó que en fecha primero (1°) de diciembre de 2010 procedió a emitir pronunciamiento y al efecto conoció sobre ella desechándoia por extemporánea.-

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Por todo lo anterior concluye, en que su conducta no puede ser calificada como poco honesta solicita se desecha la falta disciplinaria contenida en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Jueza Venezolano y la Jueza Venezolana.- procedimiento abogada DAYANA DEL VALLE ORTIZ. RUBIO, la misma manifestó:

"(...) Es prueba clara y fehaclente el escrito libelar ya que del mismo se derivan los argumentos de hecho y derecho alegados por la parte actora para solicitar la medida de secuestro (...) argumentos que no podían ser obviados por [esa]. Jurisdicente (sic) al momento de proveer sobre la cautelar solicitada, ya que ello conllevaría a una violación del articulo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) De manera que pretende el denunciante bajo argumentos maliciosos y totalmente falsos [imputable] hechos que carecen de todo fundamento solicitante de la medida fundamentó la misma (..) además consignó no sólo junto al libelo los instrumentos fundamentales.de su pretensión sino que también con posterioridad [evo] al cuademo da medidas documentos a los fines de ratificar la cautelar solicitada (..) De manera que una vez procedibilidad de la misma y.al están dados los extremos decretarse (...) En consecuencia, [consideró] que las supuestas violaciones por las cuales, [la] denuncia el cludadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO, no revisten carácter disciplinario, sino que por el contrario se corresponde con una situación estrictamente jurisdiccional (...) se denota claramente la falsedad de los alegatos aducidos por el denunciante ya que en ningún momento [prestó] patrocinio a la parte actora nl [manifestó] ningún tipo de interés en las resultas del juicio, tan es asl que posterior al decreto de la medida, el ciudadano JUAN ENRIQUE CASTERÓT CARDOZO, procedió a [recusarla] en fecha 22 de julio de 2010, cuya recusación la [declaró] inadmisible de acuerdo con el artículo 102 del Código de Procedimiento Civil y en aplicación la doctrina emanada del Tribunal Supremo de Justicia: Sala Constitucional, decisión No. 512 de fecha 19-03-2002 (.) No obstante haber declarado inadmisible la recusación [procedió] a [inhibirse] (...) por considera que la actitud del ciudadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO (...) causó desánimo (...) y para evitar que se viera afectada su imparcialidad a la hora de decidir, [procedió] a desprenderse de la causa (...) de modo que nunca [tuvo] interés en las resultas del proceso principal ni de patrocinio a la parte actora (...) En virtud de las consideraciones antes expuestas, [solicitó] respetuosamente a este Tribunal Disciplinario Judicial, declare IMPRoCEDENTE las peticiones formuladas por el ciudadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO (...)" Mayúsculas y resaltados propios del escrito.- Finalmente en relación al escrito de descargos presentado por la jueza MARÍA TORRES TORRES, la misma expresó:

"(...) primeramente ciudadanos Jueces del Tribunal disciplinario debe tenerse en consideración que las apelaciones de la demanda que dieron origen a-la infundada denuncia, formulada por el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardozo, se iniciaron en el Tribunal a [su] cargo, el 23 de febrero del 2011 oportunidad en la cual [se avocó] al conocimiento de la causa y [fijó] el décimo día para dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Procedimiento Clvll, ello en virtud que el Asi las cosas, posteriormente en fecha veinticinco (25) de marzo de 2011, [procedió] a dictar las sentencias respectivas (...igualmente, previa solicitud de la parte actora, en fecha cuatro (04) (sic) de abril de 2011, [dictó] la aclaratoria de la sentencia definitiva (...) A primera vista pareciera que existe una contradicción entre la decisión de revocar la medida de secuestro sobre el inmueble, por una parte, y la orden de hacer entrega material del mismo inmueble a la parte actora, por la otra; pero las razones de ambas determinaciones fueron las siguientes: El secuestro habla sido decretado con base en la falta de pago del precio por parte del comprador del remanente del saldo deudor del precio de venta del inmueble; pero resulta que [esa] juzgadora consideró luego de analizar (sic) las pruebas de la incidencia cautelar que la ocupación del inmueble era consecuencia del contrato de arrendamiento que las partes hablan. celebrado con antelación, razón por el secuestro no podrá basarse, como había ocurrido, on el numeral 5 del artículo 599 del Código de Procedimiento Clvil y, por ende, se imponía su revocatoria. Sin embargo; una cosa es la Incidencia cautelar y otra distinta es la pretensión principal ya que las medidas en general son dictadas de manera preventiva pare garantizar las resultas de un proceso y en el decurso del mismo los elementos bajo los cuales se sustentó el decreto de la medida pueden cambiar y al haberse formulado la oposición, las partes promueven pruebas que pueden conllevar a la revocatoria de la medida, siendo un situación estrictamente jurisdiccional (...) De manera, que mal pudiera el denunciante alegar presuntas irregularidades en una sentencia que le beneficia en su totalidad, como lo embargo, la entrega material del inmueble si procedía como una derivación de la resolución del contrato alegada en la demanda, respecto de lo cual el demandado había tenido todas las oportunidades para defenderse (...) En otras palabras, en el cuaderno de medidas se declaró con lugar la apelación interpuesta y se revocó la medida de secuestro correspondiente contra la sentencia que declaró sin lugar la oposición a dicha medida en la misma fecha (25/03/2011), pero en el Cuaderno (sic) Principal (sic) cc:

expediente, se dictó un dispositivo conforme al cual se declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la sentencia de mérito, se dispuso la resolución del contrato de opción de compra, se deciaró sin lugar la reconvención y posteriormente, a petición de la parte actora se dictó una ampliación de dicha sentencia saivándose la omisión en la que se habla incurrido en el cuerpo de la misma, ordenándose la entrega material del bien objeto del contrato de la opción (...)"

IV DE LA AUDIENCIA.- En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, este Tribunal fijó la oportunidad para la realización de la audiencia en la preserite causa para el día veintiuno (21) de noviembre de ese mismo año. En ese sentido previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se llevó a cabo la audiencia en la presente causa, en los siguientes términos:

verificándose Ia presencia de los ciudadanos DAYANA ORTIZ RUBIO, MARÍA FRANCISCA TORRES TORRES y :NELSON GUTIÉRREZ CORNEJO ya identificados, en su carácter de jueces denunciados; de los ciudadanos DANIEL ALBERTO FRAGIEL y RAMÓN ALFREDO AGUILAR CAMERO, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 118.243 y 38.383, respectivamente; asistiendo a las ciudadanas DAYANA ORTÍZ RUBIO y MARÍA FRANCISCA TORRES TORRES, juezas denunciadas en el presente proceso disciplinario; el ciudadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO, titular de la cédula de identidad. N° V-3.478.838, en su condición de denunciante; y la ciudadana LORENA MARIBEL VALERO GÓMEZ, debidamente inscrita en el Instituto apoderada judicial del denunciante; igualmente se deja constancia de la incomparecencia de la representación de la Fiscalla General-a República, aún cuando consta en el expediente su debida notificación. — Se les informa a los presentes que conforme a lo previsto en el articulo 76 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, la audiencia será reproducida en forma audiovisual.

su totalidad el contenido de su escrito de denuncia; añadiendo el denunciante elementos sustantivos y de fondo en relación a la causa civil llevada por los jueces denunciados, y en relación a su situación personal y familiar de su vivienda, asl como las circunstancias particulares de las Constructora Rivelex, C.A. - A continuación, se concede la oportunidad de expresar sus defensas al apoderado judicial de las Juezas denunciadas, quien reiteró los alegatos expuestos en los escritos de descargos que Constan en el expediente disciplinario judicial. Asimismo, establecieron como punto previo que se pronuncie este órgano jurisdiccional sobre la inadmisibilidad de la presente denuncia. - Seguidamente, se concede la oportunidad de expresar sus defensas al juez denunciado, quien reiteró los alegatos expuestos en los escritos de descargos que constan en el expediente disciplinario judicial y ratificó lo Posteriormente, las partes hicieron uso de su derecho de réplica, contrarrplica y de las conclusiones respectivas; consignando tanto la parte denunciante como el apoderado judicial de las juezas denunciadas, jurisdiccional. - Por otro lado, los Jueces no formularon preguntas a los intervinientes; y el presente acto, este órgano jurisdiccional s pronunclarla en el momento de dictar sentencia. - Concluido el debate, el Juez Presidente anunció a los Intervinientes la noviembre de 2012 a las doce meridiem (12:00 m.), con el objeto de dictar en el presente acto, la dispositiva del caso de marras. (..)" Posteriormente en fecha veintisiete (27) de noviembre de 2012; este Tribunal pasó a dictar el dispositivo en los siguientes términos:

"(...) Siendo el dia y la hora para continuar con la presente audiencia, los jueces se incorporaron a la Sala de Audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los alegatos de las partes y las actas cursantes en el expediente disciplinario y el Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial procedió a dar lectura a la presente acta cuyo contenido es del tenor siguiente: - Como punto previo alegado por el apoderado judicial de las juezas denunciadas, relacionado a que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la inadmisibilidad de la denuncia; debe esta instancia disciplinaria establecer que la denuncia es un acto realizado por cualquier ciudadano agraviado o interesado, o cualquier órgano del Poder Público, con el fin de hacer del conocimiento a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial ciertos excepcionalmente los integrantes del Sistema de Justicia- que presuntamente pudiesen ser sancionados disciplinariamente, por contrariar los principios éticos contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; por lo cual, este Tribunal Disciplinario Judicial al admitir la referida denuncia en fecha ocho (8) de mayo de 2012, realizó un análisis exhaustivo de las causales contenidas en el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y estableció que la misma no se encontraba incurso en ninguna causal de inadmisibilidad, toda vez que tanto el escrito de denuncia interpuesto como el informe emitido por la Oficina de Sustanciación contentivo del resultado de la investigación practicada sobre los hechos denunciados se ajustada los requisitos de admisibilidad necesarios para iniciar el proceso disciplinario judicial, ajustado al criterio establecido posteriormente por la Corte Disciplinaria Judicial en sentencia N° 13 del once (11) de julio de hogaño.

En consecuencia, se hace imperioso para este órgano jurisdiccional declarar improcedente la solicitud realizada por apoderado judicial de las juezas sometidas al presente proceso disciplinario. Así se declara.

Ahora bien, pasando a analizar ei mérito del asunto, en cuanto a la denuncia interpuesta contra la jueza Dayana Ortiz Rubio, se debe realizar las siguientes consideraciones: - Establece el denunciante que dicha jueza es cómplice por omisión y! desigual trato evidente hacia el demandado (Juan Enrique Casterot Cardozo) decretando una medida cautelar preventiva de secuestro al:

inmueble fundamentada en el numeral 5 del artículo 599 del Código de Procsdimiento Civil, con una celeridad excepcional y con fundamentos y argumentos de sustento esmeradamente suplidos por el Tribunal, sin seg alegados por la actora y que solo correspondia a ia parte actora argumentar y sustentar, subsanándose omisiones a la actora en patrocinio de ésta, que representa una grave desigualdad y desventaja para la parte demandada, hecho que viola, entre otras normas, el contenido dei articulo 12 del Código de Procedimiento Civil que consagra al principio dispositivo y ol articulo 15 eiusdem, que recoge el principio de igualdad procesal, incumiendo en extralimiaci

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favor de la parte actora, Construcora Rivelex, C.A. - Al respecto, se hace necesario precisar que el ilicito disciplinario contenido en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, relacionado a la extralimitación de funciones en que puede incurrir el juez o jueza de la República, se ve desarrollado por la jurisprudencia de este tribunal, mediante sentencia N° TDJ-SD-2012-138 del veinticuatro (24) de mayo de 2012, señalando que la extralimitación de funciones "(.) versa sobre la actividad del juez el cual no se encuentre facultado para realizarlo, no generando un daño a las partes del proceso, más sin embargo afectando el orden competencial en que se basa el Estado -en este caso el Poder Judicial— para actuar y afectar la esfera de un particular (...)". - En tal sentido, al analizar lo denunciado, se observa que la jueza Dayana accionante, cumplió con las potestades cautelares que tiene el juez civil de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en de los elementos esenciales del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva -articulo 26 de la Carta Magna— como lo es el derecho a la tutela cautelar de las partes. en juicio y el correlativo poder cautelar general del juez para asegurar la efectividad del fallo definitivo (Vid. Sentencia N° 26 del quince (15) de febrero de 2000 dictada por la Sala Constitucional del Judicial observa. que aúni- cuando considera el denunciante que tal actuación fue realizada, de manera Irregular por parte de la jueza in comento, la misma actuó dentro de las atribuciones que le establecía la Constitución y la Ley,-no-configurándose el licito. disciplinario de extralimitación de funciones contenido an-el numeral 14 del articulo 33 del disciplinaria a la Jueza Dayana Ortiz Rubio, por los actuaciones realizadas en el expediente N° AP31-V-2010-01064 —nomenclatura de los Juzgados Décimo Cuarto y Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas—. Asl se declara.

Por otra parte, en cuanto a: la denuncia establecida contra el juez Neison Gutiérrez Comejo, señaló el denunciante que en "(...) decisión de fecha 04/11/2010 procedió a dictar sentencia definitiva para poner fin a la controversia planteada y en dicho fallo declaró con lugar la pretensión del demandante y en un claro exceso de función jurisdiccional y omisión de pronunciamiento, ordenó en el dispositivo del fallo que se entregara el inmueble libre de personas y bienes, desconociendo: a) La relación arrendaticia que existe entre el demandante y su persona la cual fue alegada y probada en autos; b) Asimismo, dictó apresuradamente el referido fallo omitiendo injustificadamente pronunciamiento relacionado con tal situación de la prejudicialidad penal existente y que había sido advertida y destacada en autos, estando pendiente y quedando sin pronunciamiento las resultas de dos apelaciones, a saber: 1) Apelación contra el auto de fecha 6 de julio de 2010; y 2)'Apelación contra el auto de fecha 12 de julio de 2010. Asimismo, omitió todo pronunciamiento relativo al pedimento urgente de, esta parte efectuado mediante escrito de fecha 1°/10/2010 donde se le solicitaba al tribunal oficiar a la Fiscalla 62 del Ministerio Público del Area Metropolitania de Caracas donde cursa denuncia de quien contra la accionante Constructora Rivelex, C.A. y sus representantes por conformar elementos de la prejudicialidad penal sobre la civil (...)".

En primer lugar, se observa que es denunciada una extralimitación de funciones por parte del juez al dictar sentencia definitiva ordenando la entrega material del bien inmueble libre de personas y bienes; al respecto, se reproduce lo establecidò anteriormente en cuanto al licito disciplinario de extralimitación de funciones, haciendo referencia que el Juez denunciado, en virtud de -.que se encontraba con tramitación del Procedimiento Civil tenla-atribuido la potestad de dictar sentencia de GNEZU mérito, decisión ésta quese encuentravedado esta Jurisdicción disciplinaria en analizar, de acuerdo a la Independencia judicial que gozan todos los jueces en relación a sus decisión, consagrado en el articulo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Asimismo, en segundo lugar, se evidencia.que en fecha primero (1°) de aclaratoria de la sentencia de mérito, pronunciándose sobre las situaciones garantizó a través de ésta aclaratoria el derecho a la tutela judicial efectiva solicitada por el demandado, todo esto, dentro de las competencias atribuidas a ese juzgador para realizar las aclaratoria, de conformidad oon el único aparte del artículo 252 del Código Adjetivo Civil Ordinario. Es por ello, que se hace Imperioso para este órgano jurisdiccional disciplinario absolver de responsabilidad disciplinaria al juez Nelson Gutiérrez Comejo;.

por los actuaciones realizadas en el expediente N° AP31-V-2010-01064 nomenclatura de los Juzgados Décimo Cuarto y Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Asi se declara.

Por último, el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardozo denunció a la jueza Marla Francisca Torres Torres, señalando que ésta "(...) [insistió] en ordenar la entrega material del inmueble sin tener potestad para esta ejecución y sin tomar en cuenta el daño que ordenó ejecutar a una familia que fue salvajemente desalojada a la calle sin ningún tipo de consideración en segunda decisión (...)". En tal sentido, nuevamente debe este Tribunal Disciplinario Judicial reproducir lo expuesto supra, en relación al illcito disciplinario relacionado a la extralimitación de funciones de la actividad del juez o jueza de la República; así como, que visto la apelación realizada por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha cuatro (4) de noviembre de 2010 por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y su respectiva aclaratoria dictada el primero (1") de diciembre de ese mismo año, y en consonancia con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia establecida en decisión N° 740 del diez (10) de diciembre de 2009; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caraca's, a cargo de la jueza in comento, tenía atribuciones para conocer de dicho.

Municipio, por lo cual al ordenar como se iba a ejecutar su decisión, garantizaba la tutela del derecho solicitado por el accionante, para que su fallo no quedara ilusorio dentro del derecho formal, sino más bien se ejecutara materialmente. Es por esto, que resulta forzoso para este Tribunal Disciplinario Judicial, absolver de responsabilidad disciplinaria a la en la causa signada bajo el N° 6.071—nomenclatura del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas—. Asl se declara.- denunciante, relacionado a la prejudicialidad penal establecida en virtud del presunto fraude inmobiliario cometido por los demandantes en la causa absolutamente en cada una de sus decisiones. En relación a ello, debe Procedimiento Civil, establece que la contestación de la demanda, puede el demandado alegar cuestiones previas —específicamente el ordinal 8°:

del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, situación ésta que se:

evidencia no fue alegada en el momento procesal oportuno; por lo cual los jueces denunciados se encontraban vedados por la norma procesal mencionada, para poder aceptar una prejudicialidad posterior a dichà oportunidad legal ofrecida por la norma adjetiva ordinaria. En tal sentido,.:

se absuelve de responsabilidad disciplinaria a los jueces denunciados, de sus actuaciones en la causa judicial signada bajo el N° AP31-V-2010- Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas- y la causa signada bajo el N° 6.071 —nomenclatura del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas—. Asi se declara. (...)" V DE LA COMPETENCIA.- Este Tribunal Disciplinario Judicial antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y, en tal sentido debe señalar:

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagró la creación de la jurisdicción disciplinaria judicial, la ello, en base a lo señalado el artículo 267, establece:

"Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobiemo y la administración del Poder Judicial, la Inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su proplo presupuesto.

La Jurisdicción disciplinaria Judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en sl Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Naclonal. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, øn los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales" (Negrillas del Tribunal).- De conformidad con el artículo anterior, se desprende entre otras cosas la potestad disciplinaria, atribuida en forma exclusiva a los tribunales disciplinarios, creados por la Constitución. De esta forma, en fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, reformado parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2010, el cual en su Capítulo V, lo relativo a la competencia en materia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, sujetos al-ámbito de aplicación, especificamente en sus artículos 39 y 40 lo siguiente:

"Artículo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código (..)" "Articulo 40. Corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial, como órgano de primera instancia, la aplicación de los principios orientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código (...)" Finalmente y en uso de la potestad disciplinaria conferida por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 39; y 40 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; visto que el presente proceso disciplinario judicial está dirigido en contra de la Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas el ciudadano NELSON GUTIÉRREZ CORNEJO, en su desempeño como JueZ del Juzgado Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas y la del Juzgado Superior Décimo (10°) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, todos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta infracción a los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; es motivo por el cual este órgano jurisdiccional se considera competente para conocer de la presente causa, conforme a lo establecido en el artículo 39 del referido Código de Ética, en concordancia con el articulo 40 eiusdem. Así se declara.-

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VI DE LAS PRUEBAS.- Conforme a las pruebas admitidas por este Tribunal en auto de fecha cuatro (4) de julio de 2012, se analizan las mismas, y al respecto se observa:

De las pruebas promovidas con el escrito de descargos de la jueza denunciada Dayana del Valle Ortiz Rubio.- 1) Escrito de denuncia, presentado en fecha diez (10) de enero de 2012 pór el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardozo; este Tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto la existencia del escrito de denuncia no es un hecho controvertido sino que es el instrumento a través del cual, la Oficina de Sustanciación dio inicio al presente procedimiento y de él dimanan los hechos objeto de debate; por tanto no es objeto de prueba.- 2) Auto de tramitación de la denuncia, dictado en fecha ocho (8) de mayo de 2012; este Tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto el auto de admisión del presente proceso disciplinario no constituye un hecho controvertido, por tanto, no es objeto de prueba.- 3) Libelo de demanda de resolución de contrato de opción a compra venta incoado por Constructora Rivelex, C.A., en contra de los ciudadanos Juan Enrique Casterot Cardozo y Yoni Marbella Milano de Casterot.- 4) Auto de admisión de la demanda, dictado por el tribunal a su cargo en fecha ocho (8) de abril de 2010.- 5) Decisión dictada por el tribunal a su cargo en fecha trece (13) de mayo de 2010, mediante la cual se decretó medida de secuestro de conformidad con el artículo 585 y numeral 5 del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil.- 6) Diligencias de fecha diez (10) y trece (13) de mayo de 2010 y los documentos anexos a la primera de ellas, las cuales fueron presentadas por la parte actora en el cuaderno de medidas, a los fines de ratificar su solicitud cautelar.- ) Escrito de contestación a la demanda presentado pos los demandados en fecha veinticinco (25) de mayo de 2010.- 3) Auto de admisión de la reconvención dictado por el tribunal a su cargo en fecha ocho (8) de junio de 2010.- 9) Acta de ejecución de la medida de secuestro cursante en el cuaderno de medidas del juicio principal de resolución de contrato de opción a compra venta, de fecha veinte (20) de mayo de 2010, emanada dei Juzgado Cuarto Ejecutor de Medidas de esa misma Circunscripción Judicial.- 10) Escrito de oposición a la medida presentado en el cuaderno de medidas en fecha veintisiete (27) de mayo de 2010.-

11) Auto de fecha ocho (8) de junio de 2010 dictado en el cuadro de medidas por el tribunal a su cargo, mediante el cual se abre la incidencia cautelar de conformidad con el articulo 602 del Código de Procedimiento Civil.- 12) Auto de fecha seis (6) de julio de 2010 dictado en el cuaderno de medidas por el tribunal a su cargo, mediante el cual difirió el pronunciamiento de la sentencia alusiva a la oposición a la medida.- 13) Escrito de recusación presentado en su contra por el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardoza, asistido por el abogado Pedro Antonio Bello, en fecha veintidós (22) de julio de 2010.- 14) Auto, cómputo y sentencia, dictados en el cuaderno principal en fecha veintiséis (26) de julio de 2010, mediante los cuales se resolvió la recusación interpuesta y se declaró inadmisible la misma.- 15) Acta de inhibición de fecha veintiséis de julio de 2010 de la jueza .Dayana Ortiz Rubio.- 16) Escrito de allanamiento de su inhibición, suscrito por la apoderada judicial de la parte actora en el juicio principal de fecha veintinueve (29) de julio de 2010.- 17) Escrito de apelación ejercida por el abogado Pedro Antonio Bello, en fecha tres (3) de agosto de 2010, mediante el cual recurre de la decisión" que declaró inadmisible la recusación.- 18) Autos dictados en fecha cinco (5) de agosto de 2010 en el cuaderno principal emanados de las jueza Dayana Ortiz Rubio, mediante los cuales se oyó el recurso de apelación ejercido por el abogado Pedro Antonio Bello y se declaró sin lugar el allanamiento formulado por la apoderada judicial de la parte actora en el juicio principal, ordenándose la remisión del expediente.- En relación a las pruebas contenidas en los numerales desde el 3) hasta el 18) supra indicados, observa este Tribunal que aun cuando la jueza denunciada al efecto las invocó en su escrito, no las acompañó al mismo, razón por la cual no se determina el tipo de instrumento, es decir, si se trata de copias simples o certificadas o documentos públicos o privados; sin embargo de las actuaciones ordenadas por la Oficina de Sustanciación se verifica la constancia en autos de las referidas actuaciones, en razón de ello su valoración corresponderá al análisis que los sentenciadores realicen de los autos, pues se trata,del mérito del asunto. Así se declara.- 19) Decisión dictada el veintinueve (29) de septiembre de 2010 por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial, acompañada en copia certificada; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, y artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante y de ella se evidencia que fue declarada con lugar su inhibición.- .

20) Acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Lorena Maribel Juan Enrique Casterot Cardozo y Yoni Marbella Milano de Casterot contra la decisión dictada el veinticinco (25) de marzo de 2011 por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial; acompañada en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada, por la parte denunciante, de ella se desprende el ejercicio de una acción de amparo contra la sentencia del aludido Tribunal.- 21) Cómputo de los dias de despacho transcurridos por ante el tribunal a cargo de la jueZa DAYANA DEL VALLE ORTIZ RUBIO, desde el.

veinticuatro (24) de marzo de 2010, exclusive, oportunidad en la cual se recibió la demanda de resolución de contrato de opción a compra venta, hasta el cinco (5) de agosto de 2010, inclusive, oportunidad en la cual ordenó la remisión del expediente; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una certificación expedida por la secretaria del referido juzgado, y por cuanto de ella de prueba los días de despacho transcurridos desde el veinticinco (25) de marzo de.

2010 hasta el cinco (5) de agosto de 2010, en el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio dei Área Metropolitana de Caracas, durante ei transcurso de la causa civil que da origen al presente procedimiento.- De las pruebas promovidas en el lapso probatorio por la jueza denunciada Dayana del Valle Ortiz Rubio.- 1) Escrito de corrección de la acción constitucional incoada contra el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judiciai del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de demostrar lo temeraria de la denuncia interpuesta por el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardozo y la abogada que lo asistió Lorena Maribel Valero Gómez. Asimismo, decisión de fecha veintiséis (26) de mayo de 2011 dictada por el Juzgado Décimo de Municipio de esa misma

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Circunscripción Judicial; presentado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada, por la parte denunciante, se tiene como fidedigna, evidenciándose de ella la corrección del escrito contentivo de amparo constitucional ejercido contra el mencionado tribunal.- De las pruebas acompañadas al escrito de descargos de la Juêzar..

denunciada María Francisca Torres Torres.

.1) Escrito de denuncia presentado en fecha diez (10) de ehero de 2012 por el ciudadano JuanEnrique Casterot Cardozo: presentado en copia simple. En relación a esta prueba la misma fue valorada ut supra.- 2) Auto de tramitación de la denuncia, dictado en fecha ocho (8) de mayo de 2012; este Tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto el auto de admisión del presente proceso disciplinario no constituye objeto de los hechos controvertidos.- Libelo de demanda de resolución de contrato de opción a compra venta 3) incoado por Constructora Rivelex, C.A., en contra de los ciudadanos Juan Enrique Casterot Cardozo y Yoni Marbelia Milano de Casterot, presentado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, y de ella se evidencia la pretensión iniciada ante el juzgado de municipio.- 4) Escrito presentado en ei cuaderno principal en fecha dieciocho (18) de noviembre de 2010, mediante el cual se ejerció el recurso de apelación en contra de las decisiones dictadas el cuatro (4) de hoviembre de 2010 por el Juzgado Décimo de Municipio de esa Circunscripción Judicial, acompañado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 42 dei Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por aparte denunciante, de ella se evidencia el anuncio del recurso de apelación contra las decisiones dictada por el referido tribunal.- Auto de abocamiento y tramitación de apelaciones, dictado por ei tribunal a su cargo en fecha veintitrés (23) de febrero de 2011, presentado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, del cual se evidencià..

el momento en el cual la jueza se abocò al conocimiento de la causa."

6) Escrito presentado en fecha cuatro (4) de marzo de 2011 en el tribunal a su cargo, mediante el cual se alegó prejudicialidad penal, presentado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, por cuanto de ella se evidencia la oportunidad en la cual fue alegada tal circunstancia.- 7) Decisiones dictadas por el tribunal a cargo de la jueza MARÍA FRANCISCA TORRES TORRES, de fecha veinticinco (25) de marzo de :

2011, mediante las cuales se declaró con lugar la apelación en el cuademo de medidas revocado la medida de secuestro, y en el.

cuaderno principal sin lugar la apelación, parcialmente con lugar la demanda, sin lugar la reconvención y a través de ampliación del fallo en fecha cuatro (4) de abril de 2011, ordenó la entrega material del inmueble objeto de la controversia, presentadas en copia simple, este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, y de ellas se desprende lo decidido por la jueza sometida a procedimiento.- 8) Escrito de contestación a la demanda, presentado por los demandados'en fecha veinticinco (25) de mayo de 2010, en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo.

429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada:por la parte denunciante, y de ella se desprende lo alegado en la oportunidãó, de contestar la demanda en la causa civil que da origen al presente asunto.- 9) Acta de ejecución de la medida de secuestro cursante en el cuaderno de medidas del juicio principal de fecha veinte (20) de mayo de 2010, en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, y de ella se desprende el acto de ejecución de la medida de secuestro.- 10) Escrito de oposición a la medida presentado en el cuaderno de medidas en fecha veintisiete (27) de mayo de 2010, en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, de él se desprende las consideraciones expuestas por el demandado-opositor en razón de la medida de secuestro decretada.- 1) Sentencia dictada en el cuaderno de medidas en fecha cuatro (4) de noviembre de 2010 por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, de ella se evidencia la decisión del juez en razón a la oposición a la medida.- 12) Sentencia dictada en el cuaderno principal en fecha cuatro (4) de noviembre de 2010 por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judiciai del Área Metropolitana de Caracas, en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada por la parte denunciante, de la cual se desprende lo decido en relación al fondo de la controversia.- 13) Acción de amparo constituci:.:al ejercida por el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardozo, contra la decisión dictada el veinticinco (25) de marzo de 2011 por el tribunal a cargo de la jueza denunciada y de la decisión dicta el veinte (20) de marzo de 2012 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; en relación a esta prueba la misma fue valorada supra.- 14) Cómputo de los días de despacho transcurridos por ante el tribunal a su cargo, desde ef vientres (23) de febrero de 2011, exclusive, oportunidad en el cual se abocó al conocimiento de la causa y fijó el décimo (10mo.) día de despacho para dictar sentencia, hasta el veinticinco (25) de marzo de 2011, inclusive, oportunidad en la cual dictó sentencia definitiva en. el copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio al referido cómputo la tramitación de la causa civil que da origen al presente procedimiento, de conformidad con lo estáblecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.-

15) informe de gestión del tribunal a su cargo correspondiente al año 2011, presentado en copia certificada; este Tribunal no le otorga valor probatorio por considerar impertinente a prueba.- 16) Certificación de la Secretaría del tribunal a cargo de la jueza denunciada, a través de la cual deja constancia de la no existencia de recusaciones en su contra desde que se inició como jueza del tribunal hasta la fecha en que interpuso el escrito; este Tribunal no le otorga valor probatorio, por cuanto no guarda relación con los hechos controvertidos en la presente.

causa.-

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María Francisca Torres Torres.-

1) Escrito de corrección de la acción constitucional incoada contra el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentado en copia simple, a los fines de demostrar lo temeraria de la denuncia interpuesta por el ciudadano Juan Enrique Casterot Cardozo y la abogada JUOICA que lo asistió Lorena Maribel Valero Gómez, Asimismo, decisión defecha veintiséis (26) de mayo de 2011 dictada por el Juzgado Décimo de Municipio de esa misma Circunscripción Judicial, este Tribunal le otorgó valor probatorio en la parte supra del presente capitulo.- Es de señalar que el juez NELSÓN GUTIERREz CORNEJO, no promovió medio de prueba en la oportunidad procesal correspondiente, y asl se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente.- De las pruebas presentadas con el Escrito de Denuncia.-

Contrato de compra-venta celebrado entre, la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA RIVELEX, C.A., y el ciUdadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO y YONI MABELLA MILANO DE CASTEROT, autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el N° 61, Tomo 10 de fecha veintitrés (23) de marzo de 2009; presentado en copia simple, este Tribunal no le otorga valor probatorio por clianto no constituye un punto controvertido la celebración del aludido negocio jurídico y por tanto no es objeto de prueba.- 2) Contrato de arrendamiento celebrado entre la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA RIVELEX, C.A., y el ciudadano JUAN ENRIQUE CASTEROT CARDOZO, autenticado ante 1a Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del. Estado, Miranda, presentado en copia simple;

este Tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto no constituye un punto controvertido la celebración del aludido negocio jurídico y por tanto no es objeto de prueba.- 3) Cuadro de causas llevadas ante la jurisdicción civil y casos llevadas ante el Indepabis, este Tribunal no le otorga valor probatorio por cuanto no constituyen un hecho controvertido la relación de causas o casos 4) Decisión de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2010, dictada por-el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y.

Servicios, presentada en copia simple; este Tribunai no le otorga valor probatorio por cuanto la aludida decisión guarda relación con el asunto.

jurisdiccional y no al presente asunto disciplinario y por tanto no es objeto de prueba.- 5) Decisión dictada por Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha diez (10) de febrero de 2011;

presentada en copia simple; este Tribunal no le otorga valor probatorio.

por cuanto la aludida decisión guarda relación con el asunto jurisdiccional y no al presente asunto disciplinario y por tanto no es objeto de prueßa.- 6) Acta de imputación de fecha tres (3) de febrero de 2011, presentada en copia simple; este Tribunal no le otorga valor probatorio por considerar .

impertinente la prueba.- 7) Escrito de recusación contra la jueza del Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, presentado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio por cuanto no fueron impugnadas por los jueces sometidos a procedimiento de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se desprende los motivos por los cuales el denunciante recurso a la jueza sometida a procedimiento.- 1) Sentencia dictada por el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Municipio del- Área Metropolitana de Caracas, de fecha trece (13) de mayo de 2010, presentada-en copia simple; este Tribunal no ie otorga valor probatorio por cuanto las aludidas decisiones guardan relación con el asunto jurisdiccional y no al presente asunto disciplinario y por tanto no es objeto de prueba.- ! , Metropolitana de Caracas, de fecha cuatro (4) de noviembre de 2010, presentada en copia simple; en relación a esta prueba la misma fue valorada supra.- 3) Escrito de oposición a la medida presentado en el cuaderno de medidas en fecha veintisiete (27) de mayo de 2010, presentado en copia simple;

en relación a esta prueba la misma fue valorada supra.- 4) Sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en la cual revoca la medida de secuestro, de fecha veinticinco (25) de marzo de 2011, presentada en copia simple; en relación a esta prueba la misma fue valorada supra.- 5) Sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veinticinco (25) de marzo de 2011, presentada en copia simpie;

en relación a esta prueba la misma fue valorada supra.- 6) Aclaratoria de sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, de fecha cuatro (4) de abril de 2011, presentada en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio por cuanto no fueron impugnadas por los jueces sometidos a procedimiento de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, de ella se evidencia la aclaratoria realizada a la sentencia dictada por el referido juzgado.- Escrito de oposición a la ejecución de la sentencia presentado ante el Juzgado Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, presentado el día primero (1°) de julio de 2011, en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio por cuanto no fue impugnada por los jueces sometidos a procedimiento de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de desprenderse de los alegatos explanados en la fase de ejecución de la sentencia y demuestra que la parte denunciante ejerció sus recursos de ley y se le sustanciaron 9UL conforme a derecho,- 8) Auto dictado por el Juzgado Superior Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, de fecha quince (15) de julio de 2011 y diligencias presentadas en fecha tres (3) de noviembre de 2011 y auto de fecha siete (7) de noviembre de 2011, presentadas ante ese mismo Tribunal, acompañado en copia simple; este Tribunal le otorga valor probatorio por cuanto no fue impugnada por los jueces sometidos a procedimiento de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.- 9) Escrito contentivo de acción de amparo constitucional, interpuesta ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, presentado en copia sim³le;

este Tribunal le otorga valor probatorio por cuanto no fue impugnada por.

los jueces sometidos a procedimiento de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.-- 10) Oficio emanado de la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público y escrito de denuncia de la cual se participó al Juzgado Superior Décimo (10°) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas; copla del escrito dirigido al diputado Diosdado Cabelio, de fecha cinco (5) de octubre de 2011 y copia de la publicación realizada en el diario EL UNiVERSA presentado en copia simple, donde se demuestra la oferta dei ...

bancario; este tribunal no le otorga valor probatorio a fa: .. :idas probanzas, toda vez que no guardan relación con proceso disciplinario.-

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VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.- Este Tribunal Disciplinario Judicial debe pronunciarse como punto previo judičial se pronuncie sobre la inadmisibilidad de la denuncia, al respecto debe establecer este Tribunal lo siguiente:

El proceso, regulado en el novísimo Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece en su artículo 53, las formas por las cuales puede darse inicio a la investigación, y comprende al respecto el inicio de la investigación de oficio, por denuncia de parte y por actuación de cualquier órgano del Poder Público. De esta forma una vez, iniciada la investigación el Tribunal Disciplinario Judicial deberá pronunciarse sobre la admisión de la denuncia —entendida esta como cualquiera de las formas que dan inicio a la investigación- una vez verificadas las causales de admisibilidad contenidas en el artículo 55 ejusdem.- Una vez admitida la denuncia, ello conlleva implícitamente que la misma.

los requisitos de procedencia para llevar a cabo el procedimiento reúne disciplinario que corresponda, resultando contrario a las normas que rigen el proceso disciplinario, declarar en fase de sentencia definitiva la Inadmisibilidad de la denuncia. No obstante, si sobrevienen causales de las establecidas en el artículo 60 del aludido código, puede esta instancia proceder a decretar el sobreseimiento de la denuncia, situación que no se configura en el caso de autos.- En atención a ello esta instancia disciplinaria establece que al admitir la referida denuncia en fecha ocho (8) de mayo de 2012, se realizó un análisis exhaustivo de las causales contenidas en el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y se estableció que la misma no se encontraba incursa en ninguna causal de inadmisibilidad, toda vez que tanto el escrito de denuncia interpuesto como el informe emitido por la Oficina de Sustanciación como resultado de la investigación practicada sobre los hechos denunciados, se ajustada a los requisitos de admisibilidad necesarios para iniciar: el proceso disciplinario judicial, ajustado al criterio establecido (11) de julio de hogaño, que estableció:

"(...) De la citada norma se colige el trámite aplicable a la denuncia y los supuestos en los cuales no se admitirá la misma; y en ese sentido advierte que la admisión de la denuncia procede una vez que el órgano jurisdiccional de primera instancia, haya analizado y examinado el informe emitido por la Oficina de Sustanciación contentivo del resultado de investigación practicada sobre los hechos denunciados, y verificado si se aludido articulo. De modo que, el Tribunal Disciplinario declarará la admisión de la denuncia cuando no se configure ninguno de los supuestos contenidos en el mencionado artículo, caso contrario, declarará su inadmisibilidad, de lo cual dependerá la continuación del proceso (...)" En consecuencia, se hace imperioso para este órgano jurisdiccional declarar IMPROCEDENTE la solicitud realizada las juezas sometidas al presente proceso disciplinario, a los fines de que sea declarada la inadmisibilidad de la denuncia que da origen al presente proceso. Así declara.- Ahora bien, con miras al mérito del asunto, y en cuanto a la denuncia interpuesta contra la jueza DAYANA ORTÍZ RUBIO, se deben realiza las:

TRAUMA siguientes consideraciones:

Indica el denunciante que dicha jueza es cómplice por omisión desigual trato evidente hacia el demandado (Juan Enrique Casterot Cardozo) decretando una medida cautelar preventiva de secuestro al inmueble fundamentada en el numeral 5 del articulo 599 del Código de Procedimiento Civil, con una celeridad excepcional y con fundamentos y argumentos de sustento esmeradamente suplidos por el Tribunal, sin ser alegados por la actora y que solo correspondía a la parte actora argumentar y sustentar, subsanándose omisiones a la actora en patrocinio de ésta, que representa una grave desiguaidad y desventaja para la parte demandada, hecho que viola, entre otras normas, el contenido del articuio 12 del Código de Procedimiento el principio de igualdad procesal, incurriendo en extralimitación y grave desigualdad en detrimento de los derechos de la demandada, brindando patrocinio y supliendo argumentos a favor de la parte actora, Construcora Rivelex, C.A.- Al respecto, se hace necesario precisar que el ilícito disciplinario contenido en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, establece:

BUMN JUDICEO "Artículo 33: Son causales de destitución:

14. Incurir en abuso de autoridad, extralimitación o.

funciones" (Negrillas del Tribunal).- En relación a la disposición señalada la extralimitación de funciones en que puede incurrir el juez o jueza de la República, se ve desarrollada por la jurisprudencia de este tribunal, mediante sentencia N° TDJ-SD-2012-138 del veinticuatro (24) de mayo de 2012, señalando que la extralimitación de funciones:

"(...) versa sobre la actividad del juez el cual no se encuentre facultado para realizarlo, no generando un daño a las partes del proceso, más sin embargo afectando el orden competencial en que se basa el Estado —-en este caso el Poder Judicial— para actuar y afectar la esfera de un particular (...)".

En tal sentido, al analizar lo denunciado, se observa que la jueza DAYANA ORTÍZ RUBIO al acordar la medida de secuestro solicitada por la parte accionante, cumplió con las potestades cautelares que tiene el juez civil de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 7° del artículo 599 eiusdem, que establecen:

"Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Titulo las ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama." "Artículo 599. Se decretará el secuestro:

(...)Omissis(...) 7°. De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteríorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según el Contrato (...)" De esta forma, y a criterio de esta instancia judicial la jueza sometida a procedimiento garantizó uno de los elementos esenciales del derecho.

constitucional a la tutela judicial efectiva -artículo 26 de la Carta Magna— como lo es el derecho a la tutela cautelar de las partes en juicio y el correlativo poder cautelar general del juez para asegurar la efectividad del fallo definitivo (Vid. Sentencia N° 26 del quince (15) de febrero de 2000 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Es por ello, que este Tribunal Disciplinario Judicial observa que aun cuando considera el denunciante que tal actuación fue realizada de manera irregular por parte de la jueza in comento, la misma actuó dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución y la UISCIP no configurándose el ilicito disciplinario de extralimitación de funciones contenido en el numeral 14 del artículo 33 del Código de Ética que rige a esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, haciéndose imperioso para este tribunal absolver de responsabilidad disciplinaria a la Jueza Dayana Ortiz Rubio, por los actuaciones realizadas en el expediente N° AP31-V-2010-01064 Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas—. Así se declara.

Por otra parte, en cuanto a la denuncia establecida contra el juez Neison Gutiérrez Cornejo, señaló el denunciante que en:

"(..) decisión de fecha 04/11/2010 procedió a dictar sentencia definitiva para poner fin a la controversia planteada y en dicho fallo deciaró con lugar desconociendo: a) La relación arrendaticia que existe entre el demandante y su persona la cual fue siegada y probada en autos; b) Asimismo, dictó pronunciamiento relacionado con tal situación de la prejudicialidad penal apelaciones, a saber: 1) Apelación contra al auto de fecha 6 de julio de 2010; y 2) Apelación contra el auto de fecha 12 de julio de 2010. Asimismo, tribunal oficiar a la Fiscalla 62 del Ministerio Público del Área Metropolitäna de Caracas donde cursa denuncia de quien suscribe como agraviado por la presunta comisión dei delito de estafa contra la accionante Constructorà Rivelex, C.A. y sus representantes por conformar elementos de la prejudicialidad penal sobre la civil (...)".

En primer lugar, se observa que es denunciada una extralimitación funciones por parte del juez al dictar sentencia definitiva ordenando la entrega material del bien inmueble libre de personas y bienes; al respecto, se reproduce lo establecido anteriormente en cuanto al ilícito disciplinario de extralimitación de funciones, haciendo referencia que el juez denunciado, en

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proceso disciplinario tenía atribuida la potestad de dictar sentencia de mérito, decisión ésta que se encuentra vedada esta jurisdicción disciplinaria en analizar, de acuerdo a la independencia judicial que gozan todos los jueces en relación a sus decisión, consagrado en el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que establece:

"Artículo 4. El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Constitución de la República y al ordenamiento Jurldico. Sus decisiones, en la interpretación y, aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas porslos-órganos Jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales, dentro de los limites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención Indebida en la actividad jurisdiccional" Asimismo, en segundo lugar, se evidencia que en fecha primero (1°) de diciembre de 2010, el juez sometido a procedimiento dictó aclaratoria de la sentencia de mérito, pronunciándose sobre las situaciones omitidas por el juzgador en dicha resolución de fondo; por lo cual, garantizó a través de esta aclaratoria el derecho a la tutela judicial efectiva solicitada por el demandado, todo esto, dentro de las competencias atribuidas a ese juzgador para realizar las aclaratoria, de conformidad con el único aparte del articulo 252 del Código Adjetivo Civil Ordinario.- disciplinario absolver de responsabilidad disciplinaria al juez Nelson Gutiérrez Cornejo, por los actuaciones realizadas en el expediente N° AP31-V-2010- 01064 —nomenclatura de los Juzgados Décimo Cuarto y Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas—. Así se declara.- En relación a la denuncia realizada contra la jueza María Francisca Torres Torres, señaló el denunciante que esta: "(...) [insistió] en ordenar la entrega material del inmueble sin tener potestad para esta ejecución y sin tomar en cuenta el daño que ordenó ejecutar a una familia que fue salvajemente desalojada a la calle sin ningún tipo de consideración en segunda decisión (...)". En tal sentido, debe este Tribunal Disciplinario Judicial reproducir nuevamente lo expuesto supra, en relación al ilícito disciplinario relacionado a la extralimitación de funciones de la actividad del juez o jueza de la República.-' En este aspecto, y vista la apelación realizada por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha cuatro (4) de noviembre de 2010 por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y su respectiva aclaratoria dictada el primero (1°) de diciembre de ese mismo año, y en consonancia con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia establecida en decisión N° 740 del diez (10) de diciembre de 2009, que estableció:

"(...) Por consiguiente, es evidente que el propósito y finalidad de la Resolución N° 2009-00006, es garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, para lo cual, s6 atribuyó a los Juzgados de Municipio competencia en ciertos asuntos que eran del conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia, para corregir e! problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas, en consecuencia. es obvio, que los Tribunales de Municipio, en virtud del propósito que persigue la resolución, actúan como Juzgados de Primera Instancia, en todos fos asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa er, materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, mencionados en la Resolución. Por ese motivo, una consecuencia indiscutible, es que las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tnbunales que conocerian las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio (..)"

En consecuencia y de la decisión parcialmente transcrita se observa que el Juzgado Superior Décimo (10°) en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza.

in comento, tenía atribuciones para conocer de dicho recurso y ratificar o anular la decisión proferida por el Juzgado de Municipio. garantizando la tutela del derecho solicitado por el accionante. para que su fallo no quedara ilusorio dentro del derecho formal, sino más bien se ejecutara materialmente.- En consideración a ello. resulta forzoso para este Tribunal Disciplinario Judicial. absolver de responsabilidad disciplinaria a la jueza MARÍA..

FRANCISCA TORRES TORRES, por las por las actuaciones realizadas en la en lo Cn, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Ar Metropolifana de Caracas—. Así se declara.- Finalmente, debe este Tribunal hacer referencia en cuanto a lo solicitado por el denunciante, relacionado a la prejudicialidad penal establecida en virtud del presunto fraude inmobiliario cometido por los demandantes en la causa llevada por los jueces denunciados, argumento sobre el cual éstos obviaron pronunciamiento en cada una de sus decisiones. En relación a ello, debe este órgano jurisdiccional precisar que la prejudicialidad en el especialísimo procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil, establece que la contestación de la demanda, puede el demandado alegar cuestiones previas —específicamente el ordinal 8° del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil—, situación ésta que se evidencia no fue alegada en el momento procesal oportuno; por lo cual los Jueces denunciados se encontraban vedados por la norma procesal mencionada, para poder pronunciarse sobre una prejudicialidad alegada posteriormente a dicha opopunidad legal.- En tal sentido, se absuelve de responsabilidad disciplinaria a los jueces denunciados, de sus actuaciones en la causa judicial signada bajo el N° AP31- V-2010-01064 —nomenclatura de los Juzgados Décimo Cuarto y Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas— y la causa signada bajo el N° 6.071 —nomenclatura del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas--. Así se declara.- VIII DECISIÓN.- En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia del Juez Presidente Hernán Pacheco Alviárez, aprobada de manera unánime, declara:

PRIMERO: se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a la ciudadana DAYANA ORTÍZ RUBIO, por las actuaciones realizadas como Jueza del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en el expediente N° AP31-V-2010-01064..

nomenclatura de ese órgano jurisdiccional, por considerar que la actuación de

artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana,-

SEGUNDO: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al ciudadano NELSON GUTIÉRREZ CORNEJO, por Ias actuaciones realizadas como Juez dei Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del -Área Metropolitana de Caracas en el expediente N°. AP31-V-2010-01064, contenida en el numeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del ;

Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.-

TERCERO: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA a:la ciudadana MARÍA FRANCISCA TORRES TORRES, por las aCtuacione realizadas como Jueza del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el expediente N° 6.071, nomenclatura de ese órgano jurisdiccional, por considerar que la actuación de la jueza no se subsume en la causal contenida en el rumeral 14 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.- Registrese, publiquese, notifíquese a las partes interesadas y una vez que esta sentencia quede definitivamente firme remítase copia certificada al Tribur.ai Supremno de Justicia; al Poder Ciudadano; a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; al Registro de Información Disciplinaria; a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría General de Tribunales, una vez que la presente decisión adquiera carácter de definitivamente firme, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en concordancia con la sentencia N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha' siete (7) de mayo de 2013.-

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Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital de la Repúblicos_Uentu tro (24) días del mes de la Federación.- ACHECO ALVIÁREZ pnte (Pengrits)

JAGQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINAROJAS Jueza

RAQUEL SUE GONZALEZ Secretaria En esta misma fecha, siendo las_Un2 y vinbtres_(1'23pm)_, se publicó y registro la anterior sentencia bajo el N°TD_- RAQUEB SUE GONZALEZ Secretaria TVIS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL EXPEDIENTE N° AP61-D-2011-000230 Mediante auto del catorce (14) de diclembre de 2011 este Tribunal Disciplinario Judicial ordenó dar entrada a la denuncia Interpuesta por la ciudadana Malba Ayari Saavedra, titular de la cédula de Identidad número V.

10.337.036, contra la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, titular de la cédula de identidad número V-5.536.904, por presuntamente haber incurrido en faltas disciplinarias durante su desempeño como Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda y Jueza Presidenta del referido circuito judicial.

En ese mismo auto se designó según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, al Juez Carlos Medina Rojas para el conocimiento del presente asunto.

El diecisiete (17) de enero de 2012 este Tribunal Disciplinario Judicial admitió la denuncia interpuesta por la ciudadana Malba Ayari Saavedra contra .la ciudadana Marina Ojeda Briceño.

El veintitrés (23) de febrero de 2012 la ciudadana Marina Ojeda Briceño presentó escrito de descargos en el presente proceso.

Mediante auto del dos (2) de agosto de 2012 este Tribunal Disciplinario prevista en el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cuatro (4) de diciembre de 2012.

El cuatro (4) de diciembre de 2012 tuvo lugar la celebración de la audiencia, en la cual las partes expusieron sus alegatos, se dio por finalizado el debate, y se dio lectura a la decisión adoptada en el presente proceso disciplinario, tal como consta en el acta cursante en ei presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 del Código de Ética dei Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y al respecto se observa:

DE LA INVESTIGACIÓN El cinco (5) de octubre de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de la Jurisdicción Disciplinaria Judiciál, escrito constante de veintisiete (27) folios útiles, acompañado de anexos constantes de novecientos doce (912) folios útiles, mediante el cual la ciudadana Malba Ayary SAAVEDRA denunció a la ciudadana Marina Ojeda Briceño, por sus actuaciones como Jueza de la Corte de Apelaciones dek Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y como Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda.

El seis (6) de octubre de 2011 se recibió en la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial el presente asunto y, en consecuencia, se acordó darle entrada, verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y A recabar elementos indiciarios sobre los hechos denunciados.

El ocho (8) de octubre de 2011 la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial acordó iniciar la investigación de los hecho denunciados, comisionar a una funcionaria de ese órgano de investigacido co la finalidad de que recabará todos los elementos indiciarios relacionados coplas informe de investigación.

El doce (12) de diciembre de 2011 la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, habiendo considerado suficientemente sustanciado el presente asunto, acordó levantar el informe de investigación y, posteriormente, remitir el presente asunto a este Tribunal Disciplinario Judicial.

En esa misma oportunidad, el referido órgano de investigación levantó inform de investigación, manifestando lo siguiente:

"Primero: En cuanto a que hubo por parte de la ciudadana MARINA OJEDA BRICENO, en su carácter de Superior Jerárquico de su poderdante un TRIBUNAL OS proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 constitucional, toda vez que en ningún momento manifestó que las actas y comunicaciones levantadas, sirvieran tanto para inculpar como para exculpar a su hechos que se le imputan"; esta Oficina observa (salvo mejor criterio) que dicho pronunciamiento, forma parte de las actividades propias del ejercicio de juzgar dentro de las competencias otorgadas a los Jueces y Juezas Presidentes de los Circuitos Judiciaies Penales.

de abril de 2010, basándose en el acta de fecha 6 de abril de ese año, en a Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, con motivo de la comparecencia de los ciudadanos RAMÓN PERDIGÓN, Director del Internado Judicial Ya I y la ciudadana ISABEL GALOFRÉ, Subdirectora del referido Penal, de cual se desprenden presuntas irregularidades cometidas por la funcionaria ASISTENTE, adscrita a ese Circuito Judicial Penal, la cual nunca fue suscrita por los referidos ciudadanos, incurriendo con ello en el quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos que causaron indefensión a su patrocinada; este Órgano Instructor observó de los folios que conforman ei presente asunto, que la aludida acta del 6 de abril de 2010, no corre inserta en el mismo.

No obstante ello, consta de las actas que conforman el presente asunto, que cursa acta levantada el 7 de abril de 2010, en la Coordinación Judicial del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, suscrita condiciones de Coordinador de Apoyo Judicial y Asistente del pool de ese referida asistente indicó q.s ei dia 31 de marzo de ese año, la llamó la ciudadana CAROLINA BOLÍVAR, para decirle que la ciudadana MALBA SAAVEDRA, quería hacerle la guardia del día viernes 2 de abril de 2010, ya que la Jueza BELITZA del Tribunal Quinto de Control quería trabajar con ella, a lo cual le contestó que si, que no habia problema, por lo que el día viernes en cuestión estuvo pendiente de la guardia por tratarse de un asunto delicado y que por cuanto no tenla ningún tipo de trato con la ciudadana MALBA SAAVEDRA, siendo la intermediaria CAROLINA BOLIVAR, quien se comunicó con su persona para decirle que la Sra. SAAVEDRA, ya se encontraba en el Circuito cubriendo la guardia (folio 40, p. 1).

Asimismo, cursa escrito de esa misma fecha 7 de abril de 2010, suscrito por la ciudadana BELITZA MARCANO MARTÍNEZ, Jueza Quinta de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, en el cual entre otras cosas le informó a la Presidenta de ese Circuito, que en fecha 30 de abril de 2010, recibió llamada telefónica de la asistente de tribunales MALBA SAAVEDRA, quien CHACÍN, quien era como su hijo porque lo habla criado y le pidió que hiciera penado admitir los hechos.

Que de iguai modo, la referida asistente de tribunales le había indicado que al referido ciudadano le habían propinado varios impactos de bala y que estaba gravemente herido, desangrándose y que iba a morir por cuanto no lo querían trasiadar desde ei referido Centro Penitenciario hasta el Hospital y lo tenían tirado en el patio del Penal, a menos que fuera por orden del Juez de la causa, por lo que le solicitó el favor que se trasladara a la sede del Circuito para emitir la referida orden.

Que igualmente, dicha ciudadana le envió a través de un mensaje de texto, el número telefónico de! Director de Yare, así como el de la Sub-Directora, que los mismos le informaron que el prenombrado reo se encontraba estable penal.

Que ante la insistencia de la referida asistente en cuanto a que el ciudadano PEDRO CHACIN, debía ser intervenido con urgencia, ya que se encontraba con cinco (5) impactos de bala, entre los cuales uno (1) le había perforado el femsur y podía perdar las dos (2) piernas, decidió llamar nuevamente a la Sub-Directora dei Penal quien le voivió a manifestar que el referido ciudadano se encontraba estab:e de salud, por lo que al tener la información se comunicó con la ciudadana MALBA SAAVEDRA, para decirle lo motivo, le indicó que se trasiadarla al día siguiente al Tribunal para emitir la orden con el propósito de palmar la situación.

Que efectivamente ai aia siguiente es decir ei 31 de marzo de 2010, antes de salir de su residencia se comunicó nuevamente con el Director del Penal, quien le informó que el referido ciudadano se encontraba bien y que no lo podían sacar por cuanto ellos lo hacían en el momento, pero que si era devuelto del Hospita! como ocurrió en ese caso, no lo podian sacar nuevamente sino por orden cel Tribunal; pero que se quedara tranquila que el reo se encontraba estable y que podia esperar hasta el viernes, Que en v.s:a de esa respuesta decidió no dirigirse al Circuito y esperar hasta el día viernes 2 de abril de ese año, que era cuando le correspondia su guardia para resolver la situación planteada.

Que al llegar al Tribunal el dia 2 de abril de 2010, recibió el escrito de solicitud, presentado por la hermana del imputado, y que luego la asistente de Tribunai MALBA SAAVEDRA, elaboró la orden de trasiado al Hospital

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Municipal de Ocumare, para luego hacer efectivo el traslado inter - penal a Puente Ayaia, hasta el dla 12 de abril de 2010, fecha para la cual se encontraba fijada la audiencia preliminar, como lo habla solicitado el defensor privado.

Que posteriormente, la ciudadana MALABA SAAVEDRA, ie informó que la Directora del Penal no lo quería sacar ya que había un error en el oficio y le acero al escritorio los referidos oficios con la corrección del error planteado.

Que luego uno de los alguaciles da guardia le informó que la Sub-Directora YRGLN.

de Yare, ciudadana ISABEL GALOPs, se encontraba an el Circuito y deseada conversar con ella, siendo que cuando sa entrevistó con la referida funcionaria, la misma le preguntó que si e: ciudadano "Pedro" era su familiar a lo que respondió que no.

Que de seguidas la referida Sub-Dircciora, le Indicó que lo que sucedia sra que "su secretaria la que está allá afusra, fue a visitario a él al penal, cuando supo en ese momento, que la persons a quien ss refería la funcionaria de! Penal era la asistente en mención.

Que el día de guardia, la asistente "Misiba", le informó que se había cometido un error en sl Libro de Excarcelación, a lo cual le Indicó la solución del caso, pero que la misma no ácaro la.s instrucciones giradas, de lo qus se percató posteriormente en fecha 5 de soria de 2010, motivo por el cual se vio irregularidad vista en el referido Libro, realizándois llamado de atención a la mencionada asistente (folios 44 a) 50, p. 1).

Asimismo, se evidenció que dicho escrito fue ratificado en todas y cada una de sus partes por la ciudadana Jueze Quinta de Control ciudadana BELITZA Circuito Judicial Penal del estado Miranda (folios 494 al 500, pieza 1).

Iguaimente, se observó que corre inserto en el presente asunto, oficio N° 424-10 de fecha 12 de abril de 2010, suscrito por la ciudadana MARINA TRIBUNAL OJEDA BRICENO, en su carácter de Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, dirigido a Ia ciudadana MALBA. SAAVEDRA, mediante el cual le informa que esa Presidencia, mediante auto de esa misma fecha, acordó abrirle un procedimiento administrativo en virtud del contenido del acta levantada el 6 de abri de 2010 (foios 34 a! 38, pieza 1).

Por consiguiente, esta Oficina de Sustanciación considera (saivo mejor criterio), que aún cuando no corre inserta en autos ei acta levantada el día 6 de abril de 2010, la Presidenta del Cirsuito Judicial Pena! del estado Miranda, una vez en conocimiento de la conducta desplegada por la entonces asistente de tribunal ciudadana MALBA SAAVEDRA, estaba extraordinarios durante y después cisi procedimiento incoado en su cont para impugnar cualquier decisión contrario a derecho.

Tercero: En cuanto a que existen fuertes.coniradicciones entre la supuesta acta de fecha 6 de abril de 2010: levantada er: la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penai del estado Miranda, Extensión Valles del Tuy y la declaración rend:da ante la Presidencia del Circuito los ciudadanos RAMÓN ELÍAS PERDIGÓN ISABEL CLARET GALOFRE en fecha 11 de mayo de 2010, ya que er: la citada acta de fecha 6 de abril de hacen mención del nombre y apellido de su patrocinada y sólo se limitan a argumentaciones que no coinciden; esta Oficina de Sustanciación considera que el presente alegato es propio del procecimiento administrativo "per se" recursos para impugnar ta decisión prcóucida como consecuencia de alguna incidencia ocurrida dentro del mismo, sin que esto implique necesariamente que el Juez que la realizó se encuentre incurso en una falta disciplinaria alguna.

Cuarto: Referente al alegato de que en fecha 5 de mayo de 2010, consignó ante la Presidencia dei Circuito Judicia) Pana: dei estado Miranda, escrito de promoción y evacuación de pruebas en ei cusi entes otras cosas solicitó que su poderdante y él estuviesen presentes en la toma de entrevista de todos y órgano que inicio el acto administrativo, a los fines de garantizar ei coniroi y Jueza, violentando con tal hecho una at más el deracho a la defensa y el debido proceso, estaviecido en ei articuio 49 de le Constitución, toda vez que en ningún momento les notifcaron sobre las cacisraciones que rinciaron los cludadanos RAMÓN ELIAS PERDIGÔN & ISABEL CLARET GALOFRE en fa Presidencia del Circuito Judicisi enai dei Astado Miranda, trayendo a Con Stucional del Tribunal Supramo de Fusticia. caso: Leonardo Antonio Mals /é vs. Juez Ractor y Presidente cel Cir.ulto Judicial Penal del estado Bolf 3r.

Este Organo Instructor, observa de les actas qus conforman el presente de Dril de 2010, la Presidenta del Circuine Judicial Panal del estado Mira da, dictó auto mediante el cue' sef.p. Setallademente todas y cada una le las testimoniales promovidas cn s procedimiento administrativo efer vamente boro ese mismo c'a 3 and:: y cada uno da ios testigos incluyendo a la referida ciudadana inves:igaoa indicando fecha, hora y lugar en que se efectuarán las declaraciones.

Iguaimente, consta en autos cue en is polsta de citación librada a la CLARET GAL.OFRE, entre otros, se evac:arign al dia 7 de mayo de 2010, a las 8:30 a.m., y 10 30 a.m., respecivainente. en ta dirección que se indicó en fa parte inferior de la referida citscior, sr ia cual también se señalo un número telefónico. Asimismo, se evidonci:. que et 5 de mayo de 2010, la solicitadas y seffaiando en consecuenc:, ig scha, hora y lugar en que se evacuarian las mismas (folios 103 al 182. cioz3 4).

Asimismo, se evidenció que cursan bote:a: da ciación de fecha 5 de mayo de 2010, libradas a Ios referidos ciudaczOs SAMÓN ELIAS PERDIGÓN e ISABEL CLARET GALOFRE, para que ompsrecieran a esa Presidencia el dia 10 de ese mismo mes y añc, a lg 8.:5 a.m. y a las 9:45 a.m., respectivamente, para que rindieran ceciaración en el procedimiento SAAVEDRA, las cuales fueron debicameni: firmadas por los mencionados ciudadanos el dla 7 de mayo de 2010 (olins 1 y 137, p. 1).

Del mismo modo, se pudo apreciar qus e: sis 7 de mayo de 2010, la Presidencia del Circuito Judicia: Penal del estado Miranda, dictó auto mediante el cual declaró desierto el arto de dactaraciones que se efectuar!a en el referido procedimiento aóministrstivc ° P-00s-10, y asimismo, dejó Ahora bien, con base a las actuarionsn cursantes en ei expediente estado Miranda, en contra de la refsridia ax - funcionaria, se observa que la expediente N° P-006-10, donde ya se encontraban consignadas las copias de las citaciones que hablan sido libradas el 30 de abri de sss año, lo cual a todas luces se contradice con los seffalamiantos del denunciante.

el derecho a la defensa y ai debido proceso, ya qua su podendante ie solicitó a la Presidenta del Circuito Judicial Penal dei astado Miranda, ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, qua se pronunciara en relación al Procedimiento Administrativo N° P-006-10; instruido en su contra, en virtud su opinión puso de manifiesto la violación de la ley por parte de la referida diez (10) dias siguientes debe haber una decisión. Situación ésta qua no sucedió, en virtud de que dicha Jueza se pronunció en fecha 17 de Junio de 2010. es decir, extemporáneamente, lo que en su opinión se traduce en la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación del Estatuto de Persona! Judicial.

Con base al punto que antecede, este Órgano considera (salvo mejor criterio), que la ley le otorgaba al denunciante los recursos de ley para patrocinada ante las instancias respectivas durante el proceso seguido a su defendida.

Sexto: En lo que se refiere a que todas y cada una de las pruebas solicitadas por la prenombrada Jueza son nulas de toda nulidad, en virtud de representada en ningún momento tuvo el control de la pruebas, ya que de ilicitud de las pruebas los elementos de convicción sólo tendrán valor si se han obtenido por un medio licito e incorporadas al proceso conforme las disposiciones legales, situación ésta que a su decir no fue así, debido a que la precitada Jueza, fundamentó la decisión de fecha 17 de junio de 201C, en pruebas obtenidas ilegalmente e incorporadas con violación a los principios TRIBU y garantías constitucionales y legales.

Este Órgano Sustanciador, estima saivo mejor criterio que nuevamente el denunciante expone hechos que se circunscriben a la actividad jurisdiccional de ia Jueza Presidenta del Circuito Judiciai Penal del estado Miranda, ya necesarias, asl como los elementos indiciarios da convicción para tomar una determinada dacisión tal como ocurrió en si caso en concreto.

omisión de formas sustanciales de los actos que causaron indefensión a su poderdante, ya que la decisión de fecha "18" de junio de 2010 (fecha en la circunstanciada del hecho atribuido a la ex - asistente de tribunales MALB.A indeterminación del tipo objetivo, ya que no se desprende una narración de patrocinada lo cual conduce a equlvocos y viola el derecho a la defensa y las garantías establecidas en los ordinales 1° y 6° del articuio 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto impide la defensa y la realización del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia.

Este Órgano instructor observa que en esta nueva denuncia el formalizante indeterminación objetiva al no establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en la sentencia.

Ahora bien, visto lo anterior, asi como el planteamiento dei ciudadano caso qus nos ocupa, cursante a los folios 583 al 642, pieza 1 del presenta asunto, an la cual entre otras cosas se estableció lo siguiente:

"...DE LA FALTA DE PROBIDAD...la falta de probidad sanciona la faita de honradez, de rectitud, honestidad y la conducta Inmoral en el trabajo que pueda tener diversas manifestaciones, bien sea de palabras o de hecho...(As! las cosas)...De retorno ai _caso qua nos ocupa, quedó demostrado que la funcionaria MALBA SAAVEDRA, utilizada la computadora de la institución para elaborarle los escritos a una de las partes (a los representantes y familiares del imputado PEDRO PADRINO CHACIN) en una causa penal por ei delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicofrópicas... Se agrava la falta por cuanto la funcionaria, en el desempeño de sus funciones tenla acceso pleno al expediente, realizaba en él autos_y oficios. Tal como quedó demostrado...en fecha 02-04-2010 elaboró ei auío que acordada darle entrada al Escrito presentado por la ciudadara DIENDRIS DEL ROSARIO PADRINO CHACIN, escrito éste qua habia sido elaborado o transcrito en la misma computadora de la Asistente y en su mismo usuario 'SAAMALA', así como (ambién elaboró los oficios 031-2010, 032-2010 y 033-2010, donde se ordenaba una serie de actividades en relación al caso de PEDRO PADRivO CHACÍN. Por otra parte la funcionar.a valiéndose de la confianza que le tenia la Juez de Primera instancia en funciones de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado...Miranda. v de la condición de que dicha juez era una suplente, le pintaba un panorama de caos en relación al estado de salud de dicho interno PEDRO PADRiN'O al cual se referla como su familiar cercano. para que dicha Jjuez...acorcara Ios traslados solicitados por la misma Asistente en los escritos que hasta realizado en la computadora del Circuito..De lo anterior se concluye qus e:activamente la conducta de la asistente MALBA SAAVEDRA, no estuvo comunicación, más allá de la estrictamente necesaria, con los usuarios del Circuito y mucho menos realizarse los escritos que deben presentar en las e igualdad de las partes en el proceso penai; en razón de lo cual esiá incursa en ia falta administrativa 'Falta de Probidad' que conlleva a la Estado..Miranda, establecida en el articuio 43, literal 'b' del Estatuto de Personai Judicial...

ACTO LESIVO AL BUEN NOMBRE...alude a la realización por parte dei ampisauio de un acto que lesione a la Administración, contemplando doa posibles efectos de dicho acto y con ello dos distinta hipótesis: la primare...es que el acto menoscabe el buen nombre del organismo y, corresponde por ello al campo de los derechos morales, ya qus está importante apuntar que el buen nombre de las personas Jurídicas, depende de la conducta qus axhiban sus integrantes en su desempeño dentro y fuera en que ios culpables serán condenados y lcs Inocentes serán absueltos.

Esta confianza...guarda directa relación con la imparcialidad...en el proceso y el cumplimiento de...ias garantías procesales, tanto al reo, como a las victimas..De regreso al caso bajo estudio. se trata de la visita de una funcionaria del poder judicial (con el cargo de Asistente). a un imputado.

recluido [sid en.. Yare I. cuva causa era trabaiada por ella (fue quien, por instrucciones de la Juez, elaboró los oficios 031-2010: 032-2010 y 033-2010.

y cometió el error de anotarios en el Libro de Boletas de Excarcelaciónì; cc la agravante que en dicha visita, aprovechándose del conocimiento i tenia de la causa en cuestión, le giraba instrucciones de los pasos a seguir

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para conseguir beneficios procesales...y presionaba a la Juez de la causa a tomar decisiones apresuradas, pintándole un panorama exagerado en cuanto a las condiciones de salud del interno... Por otra parte el cargo de Asistente, no contempla dentro de sus.. funciones, la de realizar visitas a los procesados del Circuito, y menos tiene la facultad para dar..información relacionada con las causas cursantes... en e..tribunal...que laboran...Los deberes del Personal Judicial son tan bien conocidos por el público en general, que cuando la Sub-Directora del Penal ISABEL GALOFRE.

reconoce a la Asistente MALBA_SAAVEDRA como la persona que había confundido en... Yare I. con la abogada del interno PEDRO PADRINO CHACiN, por la forma como le indicaba todos los procedimientos a seguir para lograr su libertad, peso que algo no estaba bien con relación a esa causa, al punto de prequntarie a la Juez si era familiar del imputado, y luego de una negativa respuesta por parte de la Juez, deja entrever sus dudas con relación al mal manejo del caso.

De lo anterior es evidente que la conducta de la Asistente MALBA SAAVEDRA, causó una lesión al buen nombre de Poder Judicial, por cuanto su actitud puso en entredicho la imparcialidad de los miembros del Circuito Judicial Penal del Estado...Miranda, Extensión Valles del Tuy, en el 43 del Estatuto del Personal Judicial...

(Subrayado de esta Oficina).

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Presidencia en uso de sus Judicial y 533 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los N° V-10.337.036, en su condición de Asistente...adscrita al Circuito Judicial Penal del Estado...Miranda, Extensión Valies del Tuy, por haber quedado demostrado que está incursa en las faltas administrativas FALTA DE PROBIDAD y ACTO LESIVO AL BUEN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL, Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales al instruir y decidir el procedimiento administrativo correspondiente sobre las presuntas faltas cometidas por la asistente MALBA SAAVEDRA, en el ejercicio de sus funciones y la defensa en todo caso pudo en su debida oportunidad recurrir a través de los medios de impugnación establecidos en la Ley de tal decisión.

Octavo: En lo que se refiere a que la ciudadana Jueza ervitió pronunciamiento en el acto administrativo instruido en contra de su representada, sin inhibirse del mismo para garantizar la tutela dicial efectiva establecida en ei articulo 26 de la Constitución de la Repuolica materia de derecho penal, en las cuales ha sido el abogado recurrente y la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, se ha inhibido como por ejemplo en las causas signadas con las nomenclaturas 7719-10; 7733-10 y 7750-10 de fechas 08/03/2010; 10/03/2010 y 21/05/2010, respectivamente, siendo ello violatorio al debido proceso y al derecho a la defensa en razón de que debió inhibirse obligatoriamente del conocimiento de la causa signada con la nomenclatura N° P-006-10; sin esperar a que se le recusara y que su patrocinada fuese sancionada por su Juez natural, en caso que realmente lo ameritara. Esta Oficina observa que el denunciante en el presente alegato, hace mención a causas judiciales en las cuales la Jueza actuó con ocasión a sus funciones como Jueza integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, en las cuales era su deber legal inhibirse de su conocimiento al haberse incursa en una de las causales de recusación previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Caso distinto es la inhibición en las causas administrativas de las cuales conoce en su carácter de Presidenta del referido Circuito, esto es porque la Ley del Estatuto del referida ciudadana tenla el deber de conocer y decidir el expediente administrativo N° P006-10, seguido contra la ciudadana MALBA SAAVEDRA quien para ese momento se desempeñaba como asistente en el Circuito Judicial Penal que ella Preside.

En todo caso, es imperioso para esta Oficina destacar el articulo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando señala que la inhibición procede de oficio únicamente cuando ei funcionario que instruye el procedimiento administrativo correspondiente, se encuentra incurso en algunos de los supuestos establecidos en ei citado articulo (los cuales no se verificaron en el caso de marras), y no a instancia de parte interesada, como erradamente lo pretende hacer valer el hoy denunciante al señalar que la prenombrada Jueza debió inhibirse del conocimiento de la causa porque en otros expedientes "penales" donde éi había actuado, la misma se había inhibido.

Noveno: En cuanto a que según consta del oficio N° 0612-10 de fecha 30 de Junio de 2010, dirigido al ciudadano Juez de Primera Instancia en Funciones Quinto de Controi del Circuito Judicial Penai el estado Miranda, Extensión copia certificada de la causa signada con la nomenclatura N° MP21 -P-2009- Funciones Quinto de Control del Circuito Judicial Penal el estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, el expediente signado con la nomenclatura N° MP21-P-2009- 7021, lo que pone en evidencia una vez más que las pruebas aún asI la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, en su carácter de Superior debido proceso.

Esta Oficina evidencia de las actas que conforman el presente asunto cursa oficio N° 0609-10, de fecha 30 de abril de 2010, librado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, dirigido al ciudadano YIMMYS GONZÁLEZ, en su condición de Coordinador Judicial dei Circuito Judicial Penal de ese Circuito Judicial Penal, mediante el cual solicitó con extrema urgencia, remitiera a ese Despacho, copia certificada del rol de guardia y relación de cambios de guardia correspondientes al mes de marzo de 2010, informes realizados por el técnico juridico y por el técnico de informática de ciudadana MALBA SAAVEDRA y las realizadas con su usuario en el Sistema Juris 2000, que guardar en relación con la causa signada bajo el N° MP21-P-2009-007021. Solicitud que se le hizo en virtud de la averiguación que se le segu la a la referida ciudadana (folio 99, pieza 1).

Del mismo modo, cursa oficio N° 0610-10, de esa misma fecha, librado por el referido Despacho, dirigido a la ciudadana JENNIFER ULPIANO, en su condición de Directora Administrativa Regional del estado Miranda, mediante SAAVEDRA, quien se desempeñaba como asistente del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Valles del Tuy. Solicitud que efectuó en virtud de la averiguación que se adelantaba en contra de la mencionada ex funcionaria (folio 100. pieza 1).

igualmente, se desprende oficio N° 0611-10. dei 30 de abril de ese año, librado por el referido Despacho, di:igido al ciudadano RAMÓN PERDIGÓN, en su condición de Director del Internado Judicial Yare I, mediante el cual le solicitó con extrema Lrgencia, remitiera a esa Presidencia copia certificada del Libro de Control de Entrada y Salida, llevado por ese Internado Judicial certificada de las novegades levantadas con ocasión a los hechos ocurridos el dia 31 de marzo de ese año, en el área de enfermería. Solicitud que le hizo en virtud de la averiguación que segu la esa Presidencia en contra de la entonces asistente MALBA SAAVEDRA (folio 101, pieza 1).

Asimismo, corre inserto oficio N° 0612-10, del 30 de abril de 2010, librado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, dirigido al ciudadano JOSÉ RAMÓN MARTINEZ ANTILLANO, en su condición de Juez Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de ese Circuito Judicial Penal, mediante el cual le solicitó con extrema excarcelación desde el día 25 al 30 de marzo y del 1° al 5 de abril de 2010 y copia certificada del libro de actas de ese tribunal, donde constara la irregularidad ocurrida en el Internado Judicial Yare I, que guardara relación con la visita de la funcionaria MALBA SAAVEDRA a dicho Centro Penitenciario. Solicitud que se le hizo en virtud de la averiguación (folio 153, pieza 1).

Ahora bien, del contenido de los precitados oficios, se desprende que los prenombrada ex - asistente de tribunales, por las actuaciones que efectuó en el asunto penal seguido contra el imputado PEDRO CHACÍN, al que se le asignó el N° MP21-P-2009-007021, esta Oficina de Sustanciación considera que sólo se trató de un simple error material en el número del expediente en el cual incurrió la administración al redactar el oficio en mención, lo cual en Aunado a lo anterior, se evidencia que la solicitud de remisión del precitado expediente no era otra que demostrar que la referida ex - funcionaria había, actuado en una causa donde su famlir era uno de los imputados, tal com se aprecia del follo 611 del presente asunto del cual se lee textualmente:

promovidas y evacuadas las siguientes pruebas documentales: a).- Copla certificada del expediente N° MP21-P- 2009-007021,que cursa por ante el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado...Miranda TRIBUN Extensión Valies del Tuy.. "(Subrayado de esta Oficina).

Décimo: Respecto a que la referida Jueza Presidenta esta incursa en el causaron indefensión a su poderdante debido a que no firmaron el auto de fecha 4 de mayo de 2010, ni su persona, ni la secretaria ROSA LÓPEZ., y debido proceso, al derecho a la defensa y a ser juzgado por su juez natural consignó copias certificadas de inhibiciones signadas con las nomenclaturas N° 1-A-a7963-10, 1-A-a7978-10, 1-A-a8105-10, 1-A-a8040 y 1-A-a8063-10, en las cuales se pueden observar que la ciudadana MARiNA OJEDA TRIBUNALL Apelaciones del estado Miranda, como Jueza Ponente y Jueza Integrante de ia mencionada Corte de Apelaciones, sin inhibirse del conocimiento de las incidencias planteadas, las cuales debió analizar, lo cual en su opinión vulneró flagrante la garantía del derecho a la defensa, el debido proceso y el prenombrada Jueza en su carácter de Superior jerárquico de su poderdante al actuar en dichas causa penales.

Que eso era asf, toda vez quę si las inhibiclones planteadas por los Jueces dei Circuito Judicial Penal del estado Miranda, fueron fundamentalmente para no pronunciarse sobre la querella penal interpuesta por el recurrente en SAAVEDRA, en contra del abogado YIMMYS GONZÁLEZ, Coordinador Judicial del Circuito Judicia! antes mencionado, por considerar alguno de los compañeros de trabajo, quienes se desempeñaban en diferentes funciones como funcionarios adscritos a la Extensión Valles del Tuy y eso constituye una circunstancia grave que podrá afectar su imparcialidad, mucho menos debió emitir ningún tipo de pronunciamiento (a excepción de inhibirse) la Jerárquico de su poderdante, en las incidencias planteadas por los Jueces, en virtud que en la querella penal interpuesta en fecha 28 de junio de 2010, en contra del referido Coordinador Judicial, fue a consecuencia de todas las irregularidades existentes en ei Procedimiento Administrativo Disciplinario incoado en contra de su representada signado con el N° P-006-10, asi como por los constantes atropellos, acoso u hostigamiento, violencia psicológica y amenaza, por parte del ciudadano abogado YIMMYS GOZÁLEZ, en contra de su representada; además que en reiteradas oportunidades la precitada Jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, se había inhibido de conocer cualquier recurso de apelación ejercido por su persona ante la Corte de Apelaciones.

Este Órgano Instructor observa que de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente asunto, que no cursa el aludido auto de fecha "04 condiciones de Jueza Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda; en todo caso, tampoco se considera (salvo mejor criterio) que tal hecho -de ser cierto- se actividades practicadas en el referido expediente, pues del estudio del expediente no se evidenció que esta presunta actuación haya sido reiterada cursan en este asunto, se encuentran debidamente firmados por las mismas, además la investigada en todo momento tuvo acceso a las acta a del expediente administrativo en cuestión.

Por otra parte, corre inserto auto dictado el 7 de julio de 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, mediante el cual se le dio entrada a una causa contentiva de una incidencia de inhibición a la cual se le asignó el número 7963 y designó ponente al ciudadano Juez Superior JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA (folio 670, pieza 1).

Igualmente, la decisión dictada el 30 de agosto de 2010, en dicha causa, mediante la cual los Jueces integrantes de la referida Corte de Apelaciones JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, en Su condición de Juez Ponente, así Como MARINA OJEDA BRICEÑO y LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ, en sus condiciones de Jueces integrantes del prenombrado Despacho, declararon con lugar la inhibición planteada por el abogado JESÚS EDUARDO RODRIGUEZ MILLÁN, Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Control dei referido Circuito Judicial Penal, en la querella interpuesta por la Ciudadana MALBA SAAVEDRA v YIMMY GONZÁLEZ, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 673 al 683, pieza 1).

Asimismo, corre inserto auto dictado el 12 de julio de 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, mediante el cuaj." se le dio entrada a una causa contentiva de una incidencia de inhibición a la cual se le asignó el número 7978 y designó ponente a la ciudadana Jueza Superior MARINA OJEDA BRICEÑO (folio 716, pieza 1).

Seguidamente, se observa la decisión dictada el 30 de agosto de 2010, en-la referida causa, mediante la cual los Jueces integrantes de la referida Corte de Apelaciones JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, en su condición de Juez Presidente, asI como MARINA OJEDA BRICEÑO y LUIS ARMAND GUEVARA RISQUEZ, en sus condiciones de Jueces Ponente e Integrante, respectivamente de ese Despacho, declararon sin lugar la inhibición planteada por la abogada REYNA OAYOUB ELIAS, Jueza Tercera de Primera instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial YiMMY GONZÁLEZ, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica dei Poder Judicia! y er el numeral 8 artículo 86 del Código Crgánico Procesal Penal (tolios 719 al 725 pieza 1).

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Del mismo modo, corre inserto auto dictado el 17 de agosto de 2010, por la de inhibición a la cual se le asignó el número 8105 y designó ponente a la ciudadana Jueza Superior MARINA OJEDA BRICEÑO (folio 773, pieza 1).

referida causa, mediante la cual los Jueces integrantes de la referida Corte de Apelaciones JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, en Su condición de Juez Presidente, asI como MARINA OJEDA BRICEÑO y LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ, en sus condiciones de Jueces Ponente e Integrante." respectivamente, de èse Despacho, admitieron y declararon con lugar la inhibición planteada por la abogada JUDITH NIETO DE OCHOA, Jueza Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito SAAVEDRA y YIMMY GONZÁLEZ, conforme a lo previsto en el articulo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el numeral 8 articulo 88 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 776 al 784, pieza 1).

Cursa auto dictado el 29 de Julio de 2010, por la Corte de Apelaciones de Circuito Judicial Penal del estado Miranda, mediante el cual se le dio entrada el número 8040 y designó ponente al ciudadano Juez Superior JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA (folio 824, pieza 1).

Igualmente, se observa la decisión dictada el 31 de agosto de 2010, en la referida causa, mediante la cual los Jueces integrantes de la referida Corte de Apelaciones JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, en SU condición de Juez Presidente y Ponente, asI como MARINA OJEDA BRICEÑO y LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ, en sus condiciones de Jueces Integrantes de ese Despacho, admitieron y declararon sin lugar la inhibición planteada por la abogada JACQUELINE MARÍN DE SOTO, Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, en la querella interpuesta por la ciudadana MALBA SAAVEDRA y YIMM Poder Judicial y en el numeral 8 articulo 86 del Código Orgánico Procesai Penal (folios 827 al 832, pieza 1).

Cursa auto dictado el 2 de agosto de 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, mediante el cual se le dio entrada a una causa contentiva de una incidencia de inhibición a la cual se le asignó el número 8063 y designó ponente al ciudadano Juez Superior JUAN LUIS, IBARRA VERENŽUELA (folio 874, pieza 1).

Asimismo, corre inserta la decisión dictada el 31 de agosto de 2010, eria referida causa, mediante la cual los Jueces integrantes de la referida Co de Apelaciones JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, en su condición Juez Presidente y Ponente, así como MARINA OJEDA BRICEÑO y LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ, en sus condiciones de Jueces Integrantes de ese Despacho, admitieron y declararon sin lugar la inhibición planteada por el abogado RAMÓN ANTONIO MARTINEZ. ANTILLANO, Jueza Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, en la querella interpuesta por la ciudadana MALBA SAAVEDRA y YIMMY GONZÁLEZ, conforme a lo previsto en el articulo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el numeral 4 artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 877 al 883, pieza 1).

Visto lo anterior, esta Oficina considera (salvo mejor criterio), que si bien es cierto la ciudadana MARINA OJEDA BRICEÑO, en su condición de Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, conoció de las incidencias planteadas por distintos Jueces de Primera Instancia de ese Circuito Judicial Penal, quienes se inhibieron de conocer la ciudadano YIMMY GONZÁLEZ, no es menos cierto que dichos dictámenes son decisiones independientes del procedimiento administrativo que se le siguió a la prenombrada ciudadana.

Asimismo, es imperioso insistir en que las actividades administrativas que ejerce el Presidente o Presidenta de un Circuito Judicial Penal, no excluyen las funciones propias que cumple como Juez en el ámbito judicial como administrador de Justicia, en consecuencia, no lo inhabilitan para dictar decisiones en un área y en la otra.

Ahora bien, revisado el presente asunto, este Órgano Instructor considera que están dados los supuestos exigidos para la interposición de la denuncia por ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial según lo establecido en el articulo 54 del Código de Ética del Juez venezolano y la Jueza venezolana;

sin embargo, del estudio de la misma no se apreció (salvo mejor criterio) que la Jueza denunciada mencionada supra, haya cometido faita disciplinaria procedimiento disciplinario judicial en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, de conformidad con lo estabiecido en el artículo 55 ejusdem, se remite el presente informe y las actas del expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, a fin de que provea lo conducente".

11 DE LA DENUNCIA Mediante escrito presentado el cinco (5) de octubre de 2011 ante la la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Órganos Disciplinario, la ciudadana Malba Ayari Saavedra denunció a la ciudadana Marina Ojeda Briceño, por cuanto en su opinión la referida jueza "...violento [sic] el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que en la decisión de fecha... (17) de Junio de 2010; la ciudadana...MARINA OJEDA BRICEÑO...en su carácter de Superior Jerárquico de (su) poderdante...MALBA SAAVEDRA... decreta la DESTITUCIÓN (de la misma)...Por haber quedado demostrado que esta [sic] incursa en Ias faltas administrativas FALTA DE PROBIDAD Y ACTO LESIVO AL BUEN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL, previsto en el artículo 43 literal.'b' del Estatuto de Personal Judicial...Así mismo [sic] (la) absuelve de estar incursa.

en la causal VIAS [sic] DE HECHO, establecido en el mismo artículo (#3 'b) ejusdem...o... expuesto se origina como consecuencia de una denuncià interpuesta en fecha...(12)... de Abril de 2010 ante la Policla Municipat.de Tomás Lander con sede en la ciudad de Ocumare del Tuy, por mi poderdante en contra del ciudadano YIMMYS GONZÁLEZ, en su carácter de Coordinador Judicial del Circuito Judicial Penal del estado Miranda-Extensión Valles del Tuy, por Violencia Psicológica, Amenaza y Violencia Laboral, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Una vez tomada la correspondiente denuncia, se le entrego [sic] a (su) representada una Boleta de citación para el día ...(22)... de Abril de 2010, a las ..(08:00) horas de la mañana, a los fines de que compareciera...ante,la Miranda, informándole el funcionario receptor de la denuncia que se citacía ciudadano agresor abg. Yimmy González, para imponerlo de las medidas protección a su favor. Todo esto trajo como consecuencia, que la ciudadana Abg. MARINA.OJEDA BRICEÑO..iniciará [sic] en fecha...(12) de Abril de 2010, un Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la ciudadana MALBA AYARI SAAVEDRA... por estar presuntamente incursa en la causal de DESTITUCIÓN tipificadas en el Estatuto del Personal Judicial...en el artículo 43 que señala que son causales de Destitución del Empleo: literal "B" 'FALTA DE LOS INTERESES DEL PODER JUDICIAL O DE LA REPÚBLICA.' OrdenáYdo conformidad con lo previsto en el artículo 45 del citado estatuto e incorpořar mismo, todas y cada una de las comunicaciones y actas levantadas, con objeto de comprobar los hechos que se le imputaban a (su) representada (quen fue) notificada...en fecha ..(14) de Abril de 2010 del mencionado procedimient administrativo" Agregó "que hubo por parte de la ciudadana Abg. MARINA OJEDA BRICENo, en su carácter de Superior Jerárquico de (su) poderdante un en contra de (su) 49 de la Constitución...toda vez que en gún momento manifestó que las actas y comunicaciones levantadas, sirvieracianora inculpar como para exculpar a mi poderdante, sino solamente expuso con el objeto comprobar los hechos que se le imputan".

Alegó que aunado a elio la jueza denunciada levantó "un acta de fecha ...(12)... de Abril de 2010, en la cual entre otras cosas ...(señaló que)... 'del ACTA de fecha ...(06)...de Abril de...(2010), levantada supuestamente en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal dei estado...Miranda, extensión Valles del Tuy, con motivo de la comparecencia de los ciudadanos RAMÓN PERDIGÓN, Director del Internado Judicial Yare I y la ciudadana ISABEL GALOFRÉ, Subdirectora del Penal supra mencionado, de la cual se desprenden presuntas irregularidades cometidas por la funcionaria MALBA SAAVEDRA...quien ostenta el cargo de ASISTENTE, adscrita al advierten presuntas irregularidades...' (siendo) que la misma nunca fue suscrita por los (referidos) ciudadanos... Incurriendo en el quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos que causaron indefensión a (su) patrocinada" Asimismo, indicó que "existen fuertes contradicciones entre la supuesta acta de fecha ...(06)... de Abril de 2010; levantada supuestamente en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal del estado...Miranda, Extensión Valles del Tuy y la declaración rendida ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del (referido) estado..con sede en Los Teques, por el ciudadano RAMÓN ELÍAS PERDIGÓN y la ciudadana ISABEL CLARET GALOFRE en fecha ...(11)...de Mayo de 2010...(ya que)...En el acta de fecha ..(06)...de Abril de 2010...identifican con nombre y apellido a (su) poderdante y en la declaración rendida ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado...nunca hacen mención del nombre y apellido de (su) patrocinada, sólo se limitan a dar las características fisionómicas de una persona...(que) los supuestos denunciantes...hacen mención que la persona que se encontraba en el área de enfermería del Internado Judicial Yare I se identificó como VERÓNICA PETER y que escucharon a muy baja voz cuando el habían entregado; y en la declaración rendida ante la Presidencia del Circuitg Judicial Penal del estado...Miranda..la respuesta fue en ningún momento §e identificó...mientras que en las preguntas cuarta y sexta de la ciudadana ISABEL CLARET GALOFRE, la respuesta fue 'en realidad no recuerdo 'Desconozco'. Es por ello que (solicito) de conformidad con lo establecido en articulo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana..se aplique la sanción correspondiente que no es otra que la destitución, tal y como lo establece el articulo 28 numeral 3 Ejusdem, por estar incursa en el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causaron indefensión a (su) poderdante" Adicionalmente, manifestó que "En fecha...(05) de Mayo de 2010, fue consignado ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado... Miranda

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entce escrito de promoción y evacuación de pruebas...en el cual (solicitaron) otras cosas estar presentes en la toma de entrevista de todos y cada uno de los 4 testigos, promovidos tanto por (su) poderdante como por el órgano que.inicio [sic] el acto administrativo, a los fines de garantizar el control y legalidad de las ...violentando una vez más EL DERECHO A LA DEFENSA y EL DEBIDO PROCESO, establecido en el artículo 49 de la Constitución...toda vez que..las declaraciones de los ciudadanos RAMÓN ELÍAS PERDIGÓN e ISABEL CLARET GALOFRE... en ningún momento (les) notificaron que los mismos se encontraban en la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado...Miranda, rindiendo declaraciones, siendo esto violatorio al DEBIDO PROCESO"

IGUALDAD, DE DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO..(ya que su).. poderdante le solicitó a la Presidenta del Circuito Judicial Penal estado...Miranda, ciudadana Abg. MARINA : OJEDA BRICENO, que pronunciará [sic] en relación al Procedimiento Administrativo N° P-006 1o;

TRBMNUAL pronunciamiento. Lo que pone de manifiesto una vez más, la violación de ley...por parte de la (referida Jueza)...al no pronunciarse dentro del lapso legal estabiecido en el artículo en el artículo 45 del Estatuto de Personal Judicia!, el cual establece...que una vez culminado el lapso de promoción y evacuación d pruebas, dentro de los diez (10) días siguientes debe haber una dedtón.

Situación ésta que no sucedió, en virtud de que (dicha Jueza)...se pronuncie [sic] en fecha...(17) de Junio de 2010; es decir extemporáneamente, lo que se traduce en la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación del Estatuto de Personal Judicial".

Aiegó "que todas y cada una de las pruebas solicitadas por la (prenombrada Jueza)..son nulas de toda nulidad, en virtud de que fueron obtenidas violentando el DEBIDO PROCESO..toda vez que (su) representada en ningún momento tuvo el control de la pruebas. Establece...nuestro ordenamiento jurídico, acerca de la ilicitud de las pruebas que los elementos de convicción solo tendrán valor si se han obtenidos [sic] por un medio licito [sic] e incorporadas al proceso conforme a las disposiciones legales, situación ésta que no es asl, debido a que la (precitada Jueza)...fundamenta los hechos imputados, en una serie de medios probatorios que hasta la presente fecha no guardan relación con la causa que se le sigue a (su) patrocinada... (siendo) .que la decisión de fecha...(17) de Junio de 2010; se funda en pruebas obtenidas ilegalmente e incorporadas con violación a los principios y garantías constitucionales y legales" Asimismo, sostuvo la denunciante que "Otro quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causaron indefensión a (su) poderdante...es et hecho que la decisión de fecha ...(18) de Junio de 2010; no tiene una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido a (su) representada, lo que se traduce en que la decisión debería, contener las circunstancias de tiempo, modo y lugar en [que] ocurrieron los hechos, sino [sic] hay precisión del hecho en forma clara.existe el vicio de indeterminación del ipo objetivo, deber haber pues, una narración de los hechos sustanciados y descripción de los actos imputados a (su) patrocinada...[que...este Subuesto de imprecisión de la decisión conduce sin lugar a dudas a equívocos y mia consecuencia viola EL DERECHO A LA DEFENSA y las garantías stablecidas en los ordinales 1° y 6° del articuio 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto impide la defensa y la realización del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia"

administrativo disciplinario instruido en contra de [su] representada, sin inbibirse del mismo para garantizar la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA a [su] patrocinada establecida en el artículo 26 de la Constitución de la república [sic] Bolivariana de Venezuela, toda vez que existen reiteradas decisiones en materia derecho penal, en las cuales [su abogado ha sido] el Abogado recurrente y i ciudadana Abg. MARINA OJEDA BRICEÑO, se ha inhibido..entre otras las causas signadas con la nomenclatura 7719-10; 7733-10 y 7750-10 de fechas 08/03/2010; 10/03/2010 y 21/05/2010, respectivamente, siendo ello violatorio al DEBIDO PROCESO y AL DERECHO A LA DEFENSA...en razón de que debió inhibirse obligatoriamente del conocimiento de la causa signada con la nomenclatura N°. P-006-10; sin esperar a que se le recusara y que (su) VARUA patrocinada fuese sancionada por su Juez natural, en caso que realmente ameritara"

Precisó la denunciante, que "según consta del..ficio N° 0612510 fop fecha..(30) de Junio de 2010; dirigido al ciudadano Juez de Primera Instan en Funciones Quinto de Control del Circuito Judicial Penal el estado Mióand Extensión Valles del Tuy.. (la referida Jueza denunciada solicitó) con extema CIPLR 2009-702..remitiendo el ciudadano Juez de Primera Instancia en Funciones Quinto de Control del Circuito Judicial Penal el estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, el expediente signado con la nomenclatura N° MP21-P-2009- 7021; lo que pone en evidencia una vez más que las pruebas obtenidas en el A BOLIVA procedimiento administrativo son nulas de todas [sic] nulidad y aún así la Abg. MARINA OJEDA BRICEÑO, en su carácter de Superior Jerárquico de poderdante, emitió un pronunciamiento violentando el DEBIDO PROCESO indefensión a (su) poderdante...debido a que no firmaron el auto de fe .. (04) de Mayo de 2010; ni la Presidenta...ni mucho menos la secretaria ROSA LÓPEZ".

Precisò la denunciante que de los expedientes 1-A-a7978-10 10, 1-A-a8040 y 1-A-a8063-10, se evidencia que "la ciudadana. MAA OJEDA BRICEÑO...emitió pronunciamiento tanto como Juez[a] Tylar Corte de Apelaciones del estado Miranda, emitió pronunciamiento tato como Apelaciones, sin inhibirse del conocimiento de las incidencias planteadas, que si bien es cierto las inhibiciones son incidencias planteadas por los jueces para no establecida[s] en nuestro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que la [referida Jueza] como... Titular de la Corte de Apelaciones del estado Miranda, debió analizar todas y cada una de las inhibiciones planteadas por los Jueces del Circuito Judicial Penai...de Miranda, Extensión Valles del Tuy y que se puede evidenciar...la violación flagrante en contra de [su] poderdante del DEBIDO PROCESO, AL DERECHO A LA DEFENSA y A SER JUZGADO POR SU JUEZ NATURAL, por parte de la [prenombrada Jueza] en su carácter de Superior Jerárquico de [su] poderdante al actuar tanto como jueza] Ponente asf como Jueza] Integrante de la Corte de Apelaciones, toda vez que si las Inhibiciones planteadas por los Jueces del Circuito Judicial Penal del estado...Miranda, fue fundamentalmente el no pronunciarse sobre la querella ciudadana MALBA AYARI SAAVEDRA, en contra del...Abg. YIMMYS GOZÁLEZ, Coordinador Judicial del Circuito Judicial antes mencionado, por considerar alguno de los Jueces inhibidos que los sujetos procesales involucrados en la causa, son compañeros de trabajo, quienes se desempeñaban en diferentes funciones como funcionarios adscritos a la Extensión Valles del Tuy y eso constituye una circunstancia grave que afecte su xcepción de Inhibirse] la ciudadana... MARINA OJEDA BRICEÑO, en su /carácter de Superior Jerárquico de [su] poderdante, en las Incidencias planteadas por los Jueces, en virtud que en la querella penal...interpuesta en fecha...(28) de Junio de 2010 en contra del [referido Coordinador Judicial]...fue a consecuencia de todas las irregularidades existentes en el Procedimiento Administrativo Disciplinario incoado en contra de [su] representada...signado con el N° P-006-10...por la [prenombrada Jueza]..asi como por los constantes .

representada, aunado a ello, que en reiteradas oportunidades la [precitado Jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Miranda]...se ha inhibido de conocer cualquier recurso de apelación ejercido por [su] persona ante la Corte de Apelaciones"

III.

DE LOS ALEGATOS DE LA CIUDADANA MARINA OJEDA BRICEÑO Alegó la jueza denunciada, que "(...) se desprende del contenido de Denuncia formulada en mi contra que, a opinión de la Denunciante, mediante curso del Procedimiento Disciplinario seguido en su contra vulnere [sic] Garantías Constitucionales relativas al Principio de Presunción de Inocencia, el Efectiva y el correspondiente al Principio del Juez Natural, en razón de lo cual como PUNTO PREVIO alego la PREJUDICIALIDAD, toda vez que de ser

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ciertas tales aseveraciones la vía expedita para restituir la condición jurídica supuestamente lesionada era sin duda Ia del AMPARO CONSTITUCIONAL, el cual ha debido de interponer ante nuestra respetable y honorable Sala Constitucional del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, con el fin de que fuera restituida toda condición jurídica lesionada o infringida, toda vez que la denuncia se basa en la supuesta "Violación de Garantías Siendo así al parecer el Tribunal Competente para conocer referida Sala de muestro [sic] máximo Tribunal, toda vez que no alega violaci de normas legales administrativas que hagan susceptible la solicitud de Nulidac absoluta del Acto Administrativo de Efectos Particulares, en cuyo cas Tribunal Competente por la materia ha de ser el Contencioso Administrativo.

manera que en primer lugar solicito a este Honorable Tribunal sea declarada SIN LUGAR la Denuncia por la prejudicialidad, toda vez que si la parte denunciante observo [sic] que quien suscribe, actuando con el carácter de Presidenta del Circuito Judicial Penal había inobservado normas de carácter supra legal, como son las GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, ha debido ocurrir de inmediato a la vía judicial con la finalidad de solicitar la restitución expedita de las Garantías Constitucionales violadas, o en su defecto, si hubl considerado que el acto Administrativo de Efectos Particulares infringida normas UOICIAL adecuadas a la materia de marras, pues era imperativo accionar los órganos de justicia competentes, en cuyo caso ha debido de solicitar la nulidad de aquel acto pretendido denominar Írrito.

Asimismo, indicó que "En cuanto a que el Procedimiento Administrativo Disciplinario se originó como un medio de retaliación por la Denuncia que la ciudadana Maiba Saavedra había realizado contra el ciudadano Yimmy González, quien se desempeñaba como Coordinador Judicial de la Extensión VENEZELA de Valles del Tuy del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda.

necesario previamente ilustrar a los Honorables Jueces integrantes Disciplinaria, del organigrama del Circuito. Judicial Penal. A ber, la Presidencia del Circuito está ubicada físicamente en la Sede de la Los Teques, capital del Estado Bolivariano de Miranda, sitio en el ual se encuentra ubicada la Corte de Apelaciones, Tribunal donde él [sic] o la Circuito ejerce funciones jurisdiccionales; luego están las Presidenta del Extensiones de Valles del Tuy, ubicada en Ocumare del Tuy y la Extensión del Eje Guarenas, Guatire, Barlovento con sede en la ciudad de Guarenas, en el Centro Industrial Doris. Tanto en la Sede Principal como en las Extensiones existe una Oficina de Coordinación Judicial y una Oficina Administrativa y de Personal. La Coordinación Judicial funciona con el objetivo de aligerar el peso del trato de personal a los administradores de justicia quienes tienen cantidad habilidades inherentes a la función que efectivamente desempeñan, y resp orden de ideas, la Coordinación Judicial se convierte en una oficina de este el juez o jueza se vea liberado de la carga que impone el trato el personal, siendo así el Coordinador Judicial se encarga de velar avolonr correcto desenvolvimiento OPERATIVO de los diferentes Tribunales que Circuito, es decir, de garantizar que cada Tribunal tenga el personal suficiente e idóneo para realizar sus funciones, cuales son, la celebración de audiencias y la realización de decisiones interlocutorias o definitivas, así como/Autos, entre otras. Pues bien, en la Extensión de Valles del Tuy efectivamente el Coordinador Judicial era el abogado YIMMY GONZÁLEZ, el cual mediante llamada telefónica me informa en la tarde del dia 06 de Abril 2010 que en su Oficina se encuentra el Director y la Sub Directora de ciudadanos RAMON PERDIGON E ISABEL GALOFRE, Informando de penosa situación acontecida con una funcionaria del Circuito y que se trata de MALBA SAAVEDRA, por lo cual le solicite [sic] que levantará un Acta en la dejara constancia de los/hechos acontecidos y que para ello se acompañar del Dr. BERNARDO ODIERNO, quien era el Juez Coordinador para ese entonces, en efecto el Acta contenía una relación circunstanciada de los hechos narrados por los Funcionarios del Ministerio para el Desarrolio Popular de Interiores y Justicia. De tal manera que nada tuvo que ver si en fecha anterior la ciudadana MALVA SAAVEDRA accion o [sic] contra el Coordinador Judicial toda vez que la conducta atípica de la ciudadana asistente fue el motivo inspirador del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Resulta sorprendente que después de ser parte la ciudadana asistente ae un procedimiento como que se realizó aún insista en que e! mismo obedeció a una especie de realización y que de esa manera entonces fuimos, cuando menos manipulado el Juez Coordinador; el Director de Yare I. la Sub Directora de Yare.1 y.im persona. Los hechos denunciados ante la Coordinación Judicial

Expediente constan, compuestos por testimoniales, experticias y documentales. Sin embargo, y a los efectos de desvirtuar el corrosivo alegato de la denunciante, solicito respetuosamente que se tome la debida nota de que tal aseveración pretende confundir a los Dignos Juzgadores falseando la información tan comprobable como que el Acta contentiva de la situación irregular elevada por los funcionarios Penitenciarios fue de fecha 06 de ABRIL de 2010, cuya copia certificada anexo marcada "A" y la ciudadana MALBA de Tomas Lander, el día 12 de ABRIl: de 2010, es decir, SEIS (6) días despõés de que se iniciara el procedimiento en cuestión. Como quiera que quedo desvirtuado el alegato de la denunciante solicito respetuosamente qué asl sea declarado por este Honorable Tribunal Disciplinario, y en consecuencia declarada SIN LUGAR la Denuncia formulada en mi contra".

Precisó la jueza denunciada, que "[..] Con lo que respecta al alegato-das como Superior Jerárquico emit un pronunciamiento adelantado en virtud de señale que las Actas y Comunicaciones servían para culpa o exculpar a denunciante, sino solamente señalaba que eran con el objeto de comprobar hechos denunciados, y que como consecuencia de ello vulnere el debido , cumplió con contradecir tal aseveración toda vez que el debido proceso en sentido amplio no se trata de señalar frases u oraciones predeterminadas sino que se trata de un conjunto de normas que han de preservarse durante el proceso y que conllevan al sostenimiento del derecho a la defensa, así como de la diligencia en la preservación y cumplimiento de los principios constitucionales y legales para lo cual el legislador establece una serie de instituciones jurídicas tendentes a ser enervadaso [sic] [o] impulsadas por las partes en los procesos judiciales con el fin de mantener el equilibrio o igualdad entre ellas, como por ejemplo el "Control Judicia!", en delitos de orden público en que el ministerio Público haga caso omiso a las solicitudes de evacuación de pruebas realizadas por la defensa de los imputados, que equivale a hablar del "Auxilio Judicial" para los casos de delitos de instancia privada, figura reservada exclusivamente a los Querellantes. Sin embargo, el procedimiento administrativo tiene raíces edificadas en la rama del Derecho Privado y por ello sigue la suerte del Derecho Civit en cuanto al Principio de la Carga de la Prueba sin haber inversión en ella, por lo tanto el que alega prueba y compete a la administración recabar las pruebas que eventualmente pueden inculpar o exculpar al administrado, valorar aquel acervo y decidir en base a ello. En consecuencia solicito que la referida denuncia sea desestimada por cuanto no produjo violación constitucional del artículo 49, aunado al hecho cierto de que la Denunciante tuvo la oportunidad de presentar el Escrito de Descargo correspondiente, asl como el Escrito de DE VENEZU Evacuación de Pruebas, al igual que fue debidamente notificada itidas y evacuadas a objeto de que ejerciera el control de ellas. En consecuencia y comoquiera que quedo [sic] Expediente que las pruebas fueron solicitadas por la el solo animo [sic] de establecer la verdad de los hechos licito sea declarada SIN L.UGAR la denuncia".

Asimismo, agregó "[...] Que en virtud del Acta levantada por Presidencia del Circuito en fecha 12 de Incurggen Abril de Quebrantamiento u Omisión de formas Sustanciales de los Actos que caisarop Indefensión, por cuanto el procedimiento se inicia en virtud de la deriunc dicho formulada por los funcionarios penitenciarios, cumplo con contradeci argumento toda vez que es del conocimiento público que las denuncias pueden ser escritas o verbales para lo cual no se establece formalismo alguno toda que hasta el anonimato es factible como medio de elevar al conocimiento cumplir con el objetivo más añorado del Estado como es sanear las instituciones de aquellos vicios perniciosos que obstaculizan el avance en el desarrollo vertiginoso de :.; .:ictofds tendencias operativas, aboliendo la burocratización y exaltando el honor y la rectitud como medio para la concreción de los fines del Estado. Sin embargo, el Acta está firmada por:el RLA un Acta Juez Coordinador y el Coordinador Judicial, jamás se levanto [sic] apócrifa, de mar.era que nuevamente la Denunciante tiene una apreclación errada de las documentales que conforman el Expediente Disciplinario, α falsa la información arte este Honorable Tribunal lo cual resulta desde todo punta:

vista pernicioso. Siendo asi solicitado que la Denuncia sea declarada LUGAR".

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Argumentó la jueza denunciada que "[..] En cuanto a que existen contradicciones en las actas basta leer el contenido de las mismas e incluso concatenarlas con los elementos probatorios para comprobar que se adminicularon los elementos probatorios, encuadrándolo en los hechos narrados y por lo tanto se cumplió con el principio de congruencla entre LIVA denunciado, lo probado y finalmente lo sentenciado o decidido, para reproduzco el merito [sic] favorable de todas las Actas, documentales, testimoniales; autos y decisiones contenidas en el Expediente, siendo que no fue por falta de motivación que se atacase la decisión, motivo por e solicito respetuosamente a este Digno Tribunal Disciplinario que la denuncia sea declarada SIN LUGAR, máxime cuando la denunciante consignó pruebas de ello, convirtiéndose en consecuencia en argu infundados y así solicito sea declarado por este Digno Tribunal".

Asimismo, la jueza denunciada precisó que "[...] En cuanto al esgrimido por la Denunciante de que vuinere [sic] en el periodo probado el derecho a la Defensa y el Debido Proceso por cuanto la Denunciante Abogado solicitaron estar presentes en la evacuación de los testigos, y que omitió el haberlos notificado, aseguró que dicha afirmación esta [sic] sesgada de falsedad toda vez que la Presidencia del Circuito actuó de manera cautelosa con la preservación del principio de igualdad de las partes y no omitió realizar la notificación de ellas para el contradictorio, tan es así que, aunque en el procedimiento administrativo al ser notificado el administrado para el acto de Contestación se entienden que esta [sic] a derecho. para todos los actos subsiguientes, motivo por el cual no deben ser nuevamente notificadasas [sic] para ejercer el contradictorio, sin embargo, atendiendo a la solicitud realizada por la ciudadana Malba Saavedra, mediante Auto se fijo [sic] oportunidad para la evacuación de las pruebas testimoniales y se les notificó la fecha y hora en la que estaban previamente fijadas, todo lo cual consta en el Expediente, de hecho tanto la ciudadana Malba Saavedra como su abogado Yanson Zambrano comparecieron a tal acto y se dejo [sic] constancia de ello en el expediente, tal como consta en los Folios 167 y 168, de la Pieza Nro. 1, motivo por el cual resulta falso y así solicito respetuosamente que se declare por este Digno Tribunal, el alegato de que la Presidencia obvio [sic] e irrespeto [sic] el Derecho de Defensa y Debido Proceso al no permitir a la Denunciada ejercer los derechos que por ley le corresponden en el contradictorio. Así mismo es bueno resaltar que la denunciada presentó su Escrito de Promoción de Pruebas, el cual fue admitido en su totalidad. Por tal motivo solicito respetuosamente a este Digno Tribunal que la Denuncia sea declarada SIN LUGAR, y temeraria por la calidad de las afirmaciones falsas que el Escrito de Denuncia contiene, pretendiendo causa daños institucionales y personales basados en hechos OTALMENTE INEXISTENTES".

Alegó que "[..] En cuanto a la denuncia de que violente [sic] el Principio UONCIAL Constitucional de Igualdad entre las partes, el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, toda vez que me solicitaron que dictara decisión ya que esta no se Judicial, el cual establece que una vez terminado el lapso de Promoción y /háber Evacuación de Pruebas, dentro de los 10 días siguientes debe pronunciamiento y que la decisión es de fecha 17 de Junio de 2010, solicito respetuosamente que dicha denuncia sea desestimada en virtud de que si es cierto que la Presidencia del Circuito es un Órgano Administrativo no gTaSISCIPL judicial, en consecuencia, no existe la brecha entre días de despacho y hábiles, pero debe aplicarse el criterio contenido en el Artículo 42 de la Ley hábiles, Orgánica de Procedimientos Administrativos, como es, días entendiendo' por tales, días laborables, no contabilizándose días libres y feriados. Por tal motivo solicito que la presente denuncia sea declarada SIN LUGAR".

Agregó que "[...] En cuanto al alegato esgrimido por la Denunciante de que las pruebas evacuadas en el contradictorio fueron obtenidas niego y contradigo enfáticamente dicho alegato toda vez que No se evacuó prueba alguna que no estuviera encuadrada dentro de los parámetros de la de conformidad con lo establecido en el Articulo 48 de la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos. Es de hacer notar que en la Extensión del Tuy funciona el Sistema IURIS 2000. y para obtener la prueba de que referida asistente realizaba los Escritos de los abogados PRIVADOS desde computadora, se hizo siguiendo los canales regulares como fue solicitar a la Técnico Jurídico de esa Extensión, el Informe correspondiente y a través del Informe realizado por el Técnico en Informática enviado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) se obtuvo la información referente a la documentación compuesta por Solicitudes y Amparos realizados a los abogados privados en el equipo de computación asignado a la Asistente Mall Saavedra. Quiere decir entonces que la información no fue vaciada por Presidencia del Circuito ni por la Coordinación Judicial sino por la DEM;

utilizando la Dependencia Técnica que regula y rige todo lo concerniente comunicaciones, todas las pruebas fueron solicitadas virtud en Procedimiento Administrativo seguido a la ciudadana Malba Saaverdra, entendido que no se obtuvo prueba sin antes no indicar en el Oficio la razón la cual se colectaba y el destino de la misma. Al igual que esta Presidencia solicito todas y cada una de las pruebas a los órganos e inptitucones competentes, previamente señalando cual [sic] sería el destino de aquella L solicitud, sin incurrió [sic] en abuso de poder o autoridad al recabar la pruebas utilizando los canales regulares, por tal motivo solicito a este Digno ibunal Disciplinario que la Denuncia sea declarada SIN LUGAR".

Arguyó la jueza denunciada, que "[...] Con respecto a que en la decisión no se hace una relación clara y circunstanciada de los hechos ocurrido [sic], considero [sic] que tal aseveración contraviene la verdad toda vez que la decisión contiene una relación pormenorizada de los hechos por los cuales se sancionó [sic] a la ciudadana Malva Saavedra con Destitución, siendo contundente en la redacción de la misma la motivación, de manera de no generar lagunas a la ciudadana asistente de los motivos por los cuales la Presidencia del Circuito había decidido Destituir la, decisión ésta a todas luces ajustada a derecho. Es preciso dejar claro que en la motivación de la decisión se valoraron todas y cada una de las pruebas del acervo probatorio y se adminicularon entre sí para no dejar margen de duda de cómo la sentenciadora abia obtenido el conocimiento de los hechos. En todo caso ha debido de la Henunciante haber impugnado ante el tribunal Competente el acto administrativo correspondiente, motivo por el cual solicito a este Honorable Tribunal Disciplinario declare SIN LUGAR la denuncia interpuesta".

Asimismo, manifestó que "[..] En cuanto al alegato de que viole [sic] el Principio del Juez Natural, toda vez que me Inhibo en las causa en las cuales el Abogado es el profesional del Derecho Yanson Zambrano, las cuales cursan ante la Corte de Apelaciones, motivo por el cual he debido Inhibirme en la causa que hoy ocupa nuestra atención, resulta a todas luces diferente porque la función recae absolutamente sobre él [sic] o la Presidenta del Circuito sin que la ley prevea la existencia de otro funcionario que haga las veces de éste. En tal sentido a los fines de no obstaculizar la justicia lo cual luce grosero y pernicioso toda vez que como Jueza de la Corte de Apelaciones a! inhibirme entra a conocer un juez o jueza accidental mientras que el o la Presidenta del Circuito Administrativos del Personal Judicial. Sin embargo, a todo evento señalo que para los procedimientos. Administrativos las causales de Inhibición son las que taxativamente contenidas en el Artículo 36 de la Ley (...) La causal por la me he Inhibido de conocer aquellas causas en que el abogado es el ciudadand Yanson Zambrano no es porque tenga amistad intima [sic] o enemista manifiesta, de manera que no se puede encuadrar causales entre las PBUNAL DISL contenidas en el Artículo 36 de la LOPA".

Precisó que "[...] En cuanto a [sic] alegato de que existe un Auto de fecha 04 de mayo de 2010, el cual no fue suscrito por mi persona ni por la Secretaria Rosa López, dicha aseveración no constituye un alegato verdadero ni serio toda vez que no consta en el cuerpo del Expediente Auto alguno que no haya sido suscrito, por lo que solicito que la presente denuncia sea desestimada y declarada SIN LUGAR".

Asimismo, expresó la jueza denunciada que "[...] En cuanto al alegato de de Miranda he debido de Inhibirme del conocimiento de las inhibiciones de todos los jueces del Circuito de la Extensión Valles de Tuy, en la Yimmg formulada por la ciudadana Malba Saavedra contra el abogado González, es de resaltar que no tenía motivos para Inhibirme toda que para separarse a su vez de DECiDiR tal querella. Alega la denunciante que debido de inhibirme porque la querella se originaba con motivo de las supuestas irregularidades contenidas en el Expediente Disciplinario, todo lo cual contradice la verdad, en virtud de que la Querella la inicio [sic] la denunciante por otros nu.:ivos que nada tenían que ver con el procedimiento disciplinario, y que en todo caso debía ser impugnado ante los Tribunales correspondientes;

sin embargo, es preciso dejar claro que las incidencias que conoció la Co,te ã Apelaciones como fueron las Inhibiciones de los Jueces no generan decisiones

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de fondo sino simplemente decidir en relación a la disposición del juezio juez de conocer una causa independientemente de las partes de que se trate, por lo que está en examen es el motivo y disposición subjetiva del juzgadorino. de las partes a juzgar. En tal sentido considera quien suscribe que es errado de que he debido de Inhibirme de conocer las Inhibiciones de los jueces, postal SCIPLI motivo solicito a este Digno Tribunal Disciplinario deciare SIN LUGAR".

ENZ Finalizó indicando que "Por todas las consideraciones expuestas teriormente es por lo que solicito respetuosamente a los miembros de Honorable Tribunal Disciplinario que sea declarada SIN LUGAR la denuncia Expediente Administrativo Disciplinario que se le siguió en el año 2010 cuyas copias constan en autos, en virtud de que en la condición que ostentaba como Presidenta del Circuito debla conocer, tramitar y decidir los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de los Funcionarios Judiciales, lo cual hice con estricto apego a las normas contenidas en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezueia, motivada exclusivamente por el ánimo de velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial Mirandino, siendo el caso que en los Seis (6) años que me desempeñe [sic] como Jueza Rectora y : Presidenta del Circuito Judicial Penal trate [sic] de preservar la institucionalidad ¿y propiciar el cumplimiento de los objetivos Constitucionales por parte de todos cada uno de los funcionarios que integraban los diferentes Tribunales del Estado Bolivariano de Miranda, sin otro ánimo que exaltar las bondades del poder judicial en tiempos de esperados cambios, en que el sentir es que el sistema de justicia es de todos los ciudadanos y para todos los habitantes del país compuesto por funcionarios cuya mas [sic] resaltado condición ha de ser la rectitud e idoneidad comprobada, enalteciendo los principios y valores morales.

Como consecuencia de la Declaratoria SIN LUGAR de Ia denuncia formulada por la ciudadana Saavedra, por no haber incurrido en ilícitos disciplinarios, solicito respetuosamente sea declarado el sobreseimiento de la causa AP61-D- 2011-000230."

IV DE LA COMPETENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial, en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente /proceso disciplinario, en los términos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana,de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 36.860 del treinta (30) de diciembre de 1999, es el primero de los veintiséis (26) textos constitucionales que han regido en Venezuela desde su independencia de IVAR España, que incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejército encomendado a un órgano jurisdiccional y no a un órgano administrativo, En este sentido, la Constitución de 1961 establecía que la dirección vigilancia de los tribunales estaba a cargo de un órgano administrativo distinto independiente al Máximo Tribunal de la República, conocido como Consèjo de la Judicatura.

No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela se modificó el sistema anterior, tal como lo establece su artículo 267:

"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobiemo y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.

La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los tribunales disciplinarios.

LVARIA que determine la ley.

El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Jusz Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido procaso, en los términos:y condiciones que establezca la ley. Para el ajercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará uns Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

con sus oficinas regionales" De conformidad con el artículo anterior, se escinden dos potestades: una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Diresaiónna Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria dei Poder Judicial; y la otra potestad que es de Índole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante la respectiva ley. Encontramos de este modo, una organicidad qua ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado una organización jurisdiccionalgues ejerce funciones disciplinarias.

Con fundamento en lo anterior, es intención de la Constitug de arganicidad República Bolivariana de Venezuela de 1999, la separación de la del Tribunal Supremo de Justicia de los órganos encargados de la disciplina judicial, creando de este modo una organización separada, bajo el nombre Jurisdicción Disciplinaria Judicial, delegando en la Ley la creación los tribunales encargados que conformarían la referida organización.

Ahora bien, la competencia legal para el ejercicio de potestad disciplinaria en el Poder Judicial, la encontramos regulada en el:

arficule 39 NE ZUELA Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:

"Artículo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicciotienenre sonel Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, cuales conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia, respectivamenacdeo TIOIO contenidos en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretarla corresponderte y los servicios de Alguacilazgo".

Como se desprende del articulo en comentarios, el Tribunal Disciplinario Judicial ostenta la competencia de aplicar el régimen disciplinario, lo cual se traduce en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado código, imponiendo, ante su incumplimiento y previo proceso judicial, las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 eiusdem.

Siendo así las cosas, queda claramente establecida la competencia de Tribunal Disciplinario para aplicar en primera instancia los este correspondientes procedimientos disciplinarios. Asf se decide.

V.

DE LA AUDIENCIA El cuatro (4) de diciembre de 2012, siendo las diez de la mañana (10:00 ..am.), se llevó a cabo la audiencia a la cual se refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, reunidos en la Sala de Audiencias, en presencia de la ciudadana Marina Ojeda Briceño, en su condición de jueza denunciada y de la ciudadana Malva Ayari Saavedra, en su carácter de denunciante, y del ciudadano Yanson Zambrano, en su carácter de apoderado judicial de la parte denunciante.

Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprenden los siguientes hechos que a continuación se describen:

"Reconstituida la audiencia, los jueces se incorporaron a la Sala de Audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los alegatos de las partes y las actas cursantes en el expediente disciplinario y se procedió a dar lectura al presente dispositivo:

En relación con la prejudicialidad alegada por la Jueza denunciada, este Tribunal Disciplinario Judicial considera necesario destacar, que para que exista prejudicialidad, se requiere la presencia de una cuestión que deba ser decidida de manera previa en otro tribunal para poder decidir el fondo del asunto principal.

En ese sentido, es necesario resaltar que en el caso de marras alegó la jueza denunciada que los argumentos esgrimidos por la denunciante deben ser resueltos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no ante el Tribunal Disciplinario Judicial.

Sobre el particular, observa este órgano jurisdiccional que la denuncia interpuesta por la ciudadana Malba Saavedra no tenla por finalidad obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le impuso la sanción de destitución, sino que se investigar a la conducta de la ciudadana Marina Ojeda disciplinariamente por los hechos denunciados.

administrativo, se colige la inexistencia de cuestión alguna que deba ser resuelta en un proceso distinto, para que este Tribunai Disciplinario Judicial.

pueda determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria.

Por tal motivo, se desestima la prejudicialidad alegada por la ciudadana Marina Ojeda Briceño. Así se decide.

Marina Ojeda Briceño, este Tribunal Disciplinario Judicial Observa lo siguientes:

Con respecto al supuesto pronunciamiento que por adelantado habría emitido la jueza denunciada en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra a ciudadana Malba Saavedra, este Tribunal Disciplinario Judicia! observa que no consta en autos que la ciudadana Marina Ojada Briceño se.

NARIANA haya pronunciado de manera anticipada sobre la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Malba Saavedra. Por el contrario, se desprende que la jueza denunciada sustanció un procedimiento, administrativo en el cual, realizó todas convicción únicamente a través del procedimiento administrativo disciplinario y su sustanciación, lo cual deja en evidencia qua la referida ciudadana no sa pronunció de manera anticipada sobre la responsabllidad disciplinaria de la cludadana Maiba Saavedra, por lo cual no Incurrió en el ilícito denunciado. En consecuencia, se ABSUELVE s ia cludadana Merina Ojeda Briceño de e supuesta comisión del ilicito previsto en el numeral 23 del articulo 33 de Código de Ética del Jusz Venazolano y la Jueza Venezolana. Asi se decide.

En relación con el Ilicito en que supuestamente Incurró la cludadana Marina Ojeda Briceño aparentemente haber iniciado si precadimiento administrativo disciplinario st docs (12) de abril de 2010 con fundamento en un acte del sele (6) de abril de 2010, la cual aparentemente no se encontraba firmada; este Tribunal Disciplinario Judicial observa que ai órgano competente para Iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios, en este caso la Jueza circunstancias fácticas y juridicas que observa, lo cual lo lleva a la convicción preliminar de la posible existencia de un ilícito disciplinario por parte de alguno de ios funcionarios, todo lo cual pertenece a la esfera discrecional en la que los funcionarios decisores son autónomos.

Asi, en el presente caso, ei análisis de loa hechos, pruebas y damás documentos que efectuó la jueza denunciada para Iniciar el procedimiento contra la ciudadana Malba Saavadra, pertenecla a su exclusiva autonomía, le

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ende, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilicito contenido TRIBURNAL DOE en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se decide.

En rsfación con el ilícito en el que supuestamente incurrió la jueza denunciada concreto, en el Acta del 6 de abril de 2010 levantada en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial dei Circuito Judicial Penal del Estado Miranda la cual es contradictoria con las declaraciones de del ciudadano Director del Interado Judicial Yare I y la ciudadana Subdirectora del referido organismo, rendidas por ellos ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda el once (11) de mayo de 2010; este Tribunal Disciplinario Judici OISCIPL.N Circuito Judicial Penal de Estado Miranda, extensión Valles del Tuy. y en concreto el análisis y valoración probatoria efectuado por la jueza denunciada, io cual era de su exclusiva autonomia, por lo cual escapa de la evaluación disciplinaria que este órgano debe realizar. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño de haber incurrido en el ilícito previsto en ei numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética dei Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asi se decide.

En cuanto a la falta disciplinaria en la que supuestamente incurrió la ciudadana Marina Ojeda Briceño por no haber notificado a la ciudadana Malba Saavedra procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; este Tribunal Disciplinario Judicial observa de las actas que conforman si presente expadiente, que se encontraba en el Saavsdra, acto sdminiatrativo del treinta (30) de abril de 2010, mediante el probatorios que sstimaba necesarios para resolver el asunto, entre ellos los testimonios promovidos, io cual era del conocimiento de la ciudadana cual se hacia innecesaria su notificación.

De lo expuesto se desprende que la ciudadana Maiba Saavedra si tuvo conocimiento de todas las pruebas evacuadas en la Investigación que se le seguía. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

denunciada por haber presuntamente dictado decisión fuera del lapso previsto en el articulo 45 del Estatuto del Personal Judicial, en el procedimiento Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; observa este órgano jurisdiccional, que no existen en el transcurrieron efectivamente desde la apertura del lapso probatorio hasta la referida decisión constituye un lapso razonable, por io cual de haber incurrido consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilicito Venezclano y la Jueza Venezolana. Asi se decide.

ciudadana Maiba Saavedra; observa este tribunal, que ia licitud o ilicitud de las pruebas en las que se basó la jueza denunciada para fundamentar el aludido acto administrativo, únicamente es revisable por el órgano competente para conocer de los recursos contra el referido acto, lo cual, a su vez, escapa dei que tienen los funcionario a decisores para valorar los hechos y las pruebas apicables al caso concraio. En razón da lo anterior, se ABSUELVE a ia articulo 33 de: Código de Et.ca del Juez Venezolano y a Jueza Venezolana.

asl se decide.

Sobre el ilicito giscapanario en que aparentemente incurrió la jueza denunciada por supuestamente haber dictado el acto administrativo definitivo sin una ralación c'ara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido a la ciudadana Maios Saavscra, an ei marco del procedimiento administrativo N° P-00a-10 inmotivación denunciada no puede ser revisada por este órgano jurisdiccional pare de la asienomla que tenen los funcionarios decisores para fundamentar sue decisiones. Asi. en el caac de marras, la Inmotivación denunciada escapa ne' examen disciplinario que dabe efectuar este Tribunal Disciplinaro Judicial, pravisto an el numeral 23 dei ariículo 33 del Código de Ética dei Juez Verezclanc y la Jueza Venazolana. Asl se decide.

Er raisción con la faita disciplinaria en la que supuestemante incurrió la jueza scministrativo N° P-o08-10 Iniciado por la Presidancia dei Circuito Judicia! Pensi de ia Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la cludadana Masa Saaveare; observa oste Tribunal Disciplinario Judicia: que de acuerdo a! admmistretivos d.scipinarios conti a los empleados jucicielas y que de los sicmentos que cursan en autos no ss desprende la asistencia de siguna de las:

Admvr strativos. por lo cua: la jueza denunciada no tenia el haber do inhibirse an el procademiento administralivo discipinario iniciado contra la ciudadana cede Sobre et heito o:sc pinano en que supuestamente incurrió la ciudadana Manra esa E-ceña a: presuntamente haberse casado en tos informes elaborados por el réenico urídico y por el tecnico de infermásico de las actuaciones en el forme relapunado al expediente N° MP21.P-2009-702. ambos de la nomenciatra llevada poi ei Tritunal Ouinto de Controi del Circuito Judicial Su cciena: que a crcunstanc.a ce que el juez se haya basado en Informes en.es te-acrades con et exped.ente N° MP21-P-2009-7021, en vez de sP2?-P-gno--c ~ puese se revisada por este Tribunal Disciplinario E- e'ecte s motivos que .-camentan na decisión escapan de la evswacescqa-a e n 2s este ong! toca vez quo ol analisis de os

2.i

órgano competente para conocer de los recursos qua establecen las leyes, pues pertenecen a ia auioromia de los referidos funcionarios.

Como corolario de lo anterior, on ei caso de marras este Tribunal Disciplinario consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Bricaño da la Ética del Juez Venezolano y cie la Jueza Venezolana. Asl ss decide.

Finalmente, en relación cos la faita disciplinaria en la que supuestamente VENEZUELA a7978-10. 1-A-a8105-10, 1-A-a8040 y 1-A-a8063-10 de la nomenclatura dela Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripciór Judiólat del Estado Miranda; este Tribunal Disciplinario Judicial observa gde las denunciante- debía inhibirse, consistian en las inhibiciones planteadas pu los por lo cual. para determina: si la ciudadana Marina Ojacila Briceño tenia erdeber de inhibirse, debs analizarse si sxistla alguna de las causales previstas en el articulo 86 dei Código Orgánico Procesal Penal en las incidencias de inhibición planteadas.

Al respecto, se observa qus los únicos sujetos procesales en las incidencias de inhibición que le fueron planteadas a la jueza denunciada eran los jueces alguna que hiciera incurrir s la ciudadana Marina Ojeda Bricaño en alguna de las causales de inhibición previstas en el articulo 88 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecio, ri la ciudadana-Maiva Saavedrs ni su apoderado formaban parte de la controversia incidental de inhibición planteada a la jueza denunciada, por lo cual la no tsnta el deber de Inhibirse. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño de la falta disciplinaria Venezolano y de la Jueza Venezolana. Asi se decide.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribuna! Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autondad de ley, bajo la ponencia del Juez Carlos Alfredo Medina Rojas, dicta Ics siguientes pronunciamientos:

ÚNICO: se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojada Briceño, titular de la cédula de identidad número V-5.536.904, del ilicito disciplinario previsto en al numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana, consistarle en haber incurrido en descuidos injustificados fundamentales en el marco da la tutela judicial efectiva, que habia sido denunciado por supusstamenie: (1) haberse pronunciado de manera anticipada en el procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judiciai Penal de la Circunscripción Judicia: del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (2) haber levantado el acta del 12 de abril de 2010, en el procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Maiba Saavedra, basada en el Acta del 6 de abril de 20 10 en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judiciai del Circuito Judicial Penal dei Estado Miranda, con motivo de la comparecencia del ciudadano Directo: dei Internado Judicial Yare I y la ciudadana Subdirectora del referido organismo, la cual no contenía la firma autógrafa de los referidos cludadancs; (3) exictr contradicciones entre al Acta del 6 de abri de 2010 en la Oficina ds Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penai del Estado Miranda, con mcivo de la comparecencia del ciudadano Director del Internado Judicial Yare i y ia ciudadana Subdirectora del referido Judicial Penal dei Estado Mira:da ei 11 de mayo de 2010; (4) no haber notificado a ia ciudadana Miaita Suavedra de las pruebas testimoniales que en su contra se promovieron an el procedimiento administrativo N° P-Cos-10 Judicial del Estadc Mirandà contra la ciudadana Malba Saavedra; (5) haber dictado decisión fuera dal ispso previsto en ef articuio 45 del Estatuto de! Personal Judicial, en ci prccsdimients administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia dei Circuito Juficiai Penal de ia Circunscripción Judicia! del Estado Miranda contra is ciudadana Malba Sazvedra; (6) haberse basado en an el procedimiento admisiacstivo N° p-00s-10 iniciado por la Presicencia del Circuto Jusiciai Penal da a Circunseripción Judicfal dat Estado Miranda contra la ciudadana Maiba Senratra, (7; iabsr dictado ta decisión del 17 de junlo de) 2010 sin una relación dera pre.isa y circunstanciada cel hecho atribuido a la ciudadana Malba Saevedrs. an en maic.o del procedimiento administrativo N° Sasveara: (6) no haberse nbibdo de dictar ia decisión del procedimiento.

administrativo N° P-p0s.°o iriciaio per ia Presidencia del Circuito Juaicialy Penal de la Circunsoriporn uc-ioei del Estsdo Mirenda contra la cludadana Malba Saavedra; (9) haberse case.io en cos informes elaborados por el técnico e t e expediente I° MP21-P-250s 702:, on vaz de hacerse basado en s! Informe relacionada al 8xp6ciente *1° M4F21-P-200s-702, ambos de la nomenciatura ilevads por el Tribunal Qunio e Conirol dei Circuito Judiclal Panal del Estado -- 6---- Corte de Apelaciones dei Cureoi v:arcia Penal ds la Cirsunscripción Judiciai Cel Estado Miranda.

Se hace del conocimien's de icn pracontes que son :e Iscture de aste ecta 8e tienen por rotficedas las penas z dispositivo de la decielón, ds conformidad AFRIA n definitivamente firme.

Dada y firmada an la :so- t'6: Yribunal Disciplogrio Judiciat, en la ciudad capital de la República Sovvariasa tio Verezuels, a los cuero (4) dias del mes de diciembre de dos mil d.:cs t20:2) A5os 202" de la independencia y 153° de la Federaciên"

COMSIUERACIONES PARA DECIDIR Previo Prejudicialiciac.

En oi debate de a audinc:a oral y púolica celebrada el cuatro (4) de diciembre de 2012. ia ciudad sna fAanna Ojeda Briceño alegó la prejudicialidad en ta presente causa. a. taitio diga qus los vicios alegados por la ciudadana Maibs Ayari Saavenra deben ser resueltos en un proceso comencioso adm:nistrativo Sobre la referida in:svs:rn y'cesa!, la Sala Politico Administraliva del Trunal Supremo de Justicia en se decia N° 1765, de fecha 07 de noviembre:

de 2o07 dejó estabiecido

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compete a otro juez, cuando la cuestión debatida en aquél juicio :se encuentra estrechamente vinculada a otro proceso. Asl, se configura cuando a los fines de dictar sentencia en un proceso, se requiere de una calificación jurídica que es competenda exclusiva de otro juez. En tal DISCIP MZUELA 2001 (caso: Movimiento Pro-Desarrollo de la Comunidad contra C.A(Metra:":.3 de Caracas), en los siguientes términos:

"Para que un juez pueda emitir un pronunciamiento en un conflatc de intereses, debe contar con todos los elementos o antecedentes necesaos prohibición del non liquet contenida en el artículo 19 del Código de UDICAL Procedimiento Civil. Una cuestión es prejudicial a un proceso, cuando su resolución constituye un presupuesto necesario de la controversia sometida a juicio. La cuestión prejudicial se corresponde entonces, con una relación jurídica sustancial independiente y distinta de la que motiva el juicio, cuya resolución constituye materia de la sentencia de fondo. En el caso bajo existencia, lo que hace es darle al juez un antacedente necesario de la n n n e e prejudicial que deba Influir en la decisión".

Asimismo, resulta pertinente traer a colación el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 323, de fecha 14 de mayo de 2003, en la que se dejó-establecido que "..la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto exige: a) la existencia efectiva de una cuestión vinculada con la materia de la pretensión a ser debatida ante la jurisdicción civil; b)que esa cuestión curse en un procedimiento judicial distinto de aquel en que se ventilará dicha pretensión y c) que la vinculación ente la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión reclamada en el presente proceso influya de tal modo en la decisión de ésta, que sea necesario resolver la con carácter previo, a la sentencia del Juez civil, sin posibilidad de desprenderse de aquella" De lo expuesto se colige, que para que estemos ante la presencia de la prejudicialidad, se requiere la existencia de una cuestión que deba ser decidida de manera previa en otro tribunal para poder decidir el fondo del asunto principal, sin cuya resolución sea imposible continuar con el proceso.

En el proceso disciplinario judicial, habria una cuestión prejudicial, uando para decidir sobre la' responsabilidad disciplinaria del funcionario denunciado, exista un elemento de hecho o de derecho que no pueda ser necesaria para determinar la responsabilidad del funcionario y corresponde a un órgano jurisdiccional que tlene otra competencia por la materia.

En el caso de marras alegó la jueza denunciada que los argumentos Contencioso Administrativa-y no ante el Tribunal Disciplinario Judicial.

interpuesta por la ciudadana Malba Saavedra no tenía por finalidad obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le impuso la sancioode SCIPLIN destitución, sino que se investigar a la conducta de la ciudadana Marina Ojeda Briceño y se determinara si la referida ciudadana era responsable disciplinariamente por los hechos denunciados.

Así, al versar el presente proceso sobre la determinación de la responsabilidad disciplinaria de la referida jueza y no sobre la nulidad del aludido acto administrativo, se colige la inexistencia ue cuestión alguna que deba ser resuelta en un proceso distinto, para que este Tribunal Disciplinario Judicià pueda determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria.

Por tal motivo, se desestima la prejudicialidad alegada por la ciudadana Marina Ojeda Briceño. Así se decide.

DISCIPLINA Briceño.

Observa este Tribunal Disciplinario Judicial que mediante escrito recibido el cinco (5) de octubre de 2011 por esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, la ciudadana Malba Ayari Saavedra denunció a la ciudadana Marina Ojeda Briceño, por presuntamente haber cometido los siguientes hechos: (1) haberse pronunciado de manera anticipada en el procedimiento administrativo 006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Saavedra; (2) haber levantado el acta del 12 de abril de 2010;

en procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judiciaf del Estado Miranda cor la ciudadana Malba Saavedra, basada en el Acta del 6 de abril de 2010 en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con motivo de la comparecencia del ciudadano Director del qual no contenía la firma autógrafa de los referidos ciudadanos: (3) contradicciones entre el Acta del 6 de abril de 2010 en la cina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Mieae con motivo de la comparecencia del ciudadano Director del Internado Judicial Yare I y la ciudadana Subdirectora del referido organismo, y la declaración por ellos rendida ante la Presidencia del Circuito Judicial-Penal del Estado Miranda el 11 de mayo de 2010; (4) no haber notificado a la ciudadana Malba Saavedra de las pruebas testimoniales que en su contra se promovieron en el procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (5) haber dictado decisión fuera del lapso previsto en el artículo 45 del Estatuto del Personal Judicial, en el procedimiento administrativo N°. P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (6) haberse basado en pruebas ilícitas para fundamentar lai decisión dictada el 17 de junio de 2010, en el procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del. Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (7) haber dictado la decisión clel 17 de junio de 2010 sin una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido a la ciudadana Malba Saavedra, en el marco del procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (8) no haberse inhibido . de dictar la decisión del procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (9) haberse basado en Igs informes elaborados por el técnico jurídico y por el técnico de informática de (s actuaciones realizadas en el € pediente N° MP21-P-2009-7021, en vez de /haberse basado en el informe relacionado al expediente N° MP21-P-2009-702;

ambos de la nomenclatura llevada por el Tribunal. Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy: (10) no haberse inhibido de conocer las inhibiciones planteadas en los expedientes números 1- A-a7963-10, 1-A-a7978-10, 1-A-a8105-10, 1-A-a8040. y 1-A-a8063-10 de 6 nomenclatura de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Circunscripción Judicial del Estado Miranda; por lo cual se hace necesacio sles pronunciamiento por.separado de cada hecho denunciado.

VIl.1. Con respecto al supuesto pronunciamiento que por adelantado ha emitido la jueza denunciada en el procedimiento administrativo disciplina iniciado contra la ciudadana Malba Saavedra, este Tribunal Disciplinario Judicial observa lo siguiente:

Alegó la denunciante que la ciudadana Marina Ojeda Briceño se pronunció de manera anticipada sobre su responsabilidad disciplinaria en el procedimiento administrativo disciplinario N° P-006-10, por cuanto, en su criterio, "en ningún momento manifestó que las actas y comunicaciones levantadas, sirvieran tanto el objeto comprobar los hechos que se le imputan".

amplio no se trata de señalar frases u oraciones predeterminadas sino que s se trata de un conjunto de normas que han de preservarse durante el procego que conllevan al sostenimiento del derecho a la defensa, así como dea legales para lo cual el legislador establece una serie de instituciones jurídicas judiciales con el fin de mantener el equilibrio o igualdad entre ellas y que en el procedimiento administrativo compete a la administración recabar las pruebas acervo y decidir en base a ello.

De las actas que conforman el expediente de la presente causa judicial,se evidencia lo siguiente:

- Riela a los folios 30 al 33 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, acta levantada el doce (12) de abril de 2010 en la Qficina de Coordinación de Apoyo -Judicial del Circuito Judicial Penal, del Estado Miranda, con séde en Valles del Tuy, mediante la cual la jueza* Marina Ojeda Briceño dejó constancia de haber ordenado el inicio de una

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investigación administrativa disciplinaria a la ciudadana Malba Saavedra., de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de Estatato del Personal Judicial, por supuestamente haber incurrido la falta establecida en el literal "B" del artículo 43 del referido consistente en falta de probidad, vías de hecho, acto lesivo al buen nombre o a los intereses del Poder Judicial o de la República.

UDICIAL Riela al folio 41 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, decisión del doce (12) de abril de 2010 mediante el cual la jueza Marina Ojeda Briceño decretó medida cautelar de suspensión del cargo a la ciudadana Malba Saavedra.

Riela a los folios 57 al 62 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, constancia de notificación a la ciudadana Malba Saavedra, de la apertura del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra.

Riela al folio 67 de la pieza 1 del expediente de la presente causa LA judicial, acto administrativo del treinta (30) de abril de 2010, mediante el cual la jueza denunciada ordenó agregar a los autos el escrito de defensa presentado por la ciudadana Malba Saavedra el veintiocho (28) UDICIAL de abril-de 2010 y dio apertura al lapso probatorio de ocho (8) días laborables, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Estatuto del Personal Judicial, el cual se vencería el once (11) de mayo de 2010.

Riela a los folios 88 al 91 de la pieza 1 del expediente de la presente causa judicial, acto administrativo del treinta (30) de abril de 2010,.

mediante el cual la jueza denunciada decidió incorporar a la investigación los medios probatorios que consideró necesarios y pertinentes a los fines de comprobar los hechos denunciados.

De lo expuesto se desprende que no consta en autos que la ciudadana Marina Ojeda Briceño se haya pronunciado de manera anticipada sobre la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Malba Saavedra.

Por el contrario, se desprende que la jueza denunciada sustanció un procedimiento administrativo en el cual, realizó todas las notificaciones que ordena la ley y garantizó a la investigada el ejercicio del derecho a la defensa, mediante la realización de todos los actos establecidos en el ordenamiento jurídico para alegar, probar, contradecir e impugnar las actuaciones considere que afectan su esfera jurídica, través del procedimiento administrativo disciplinario y su sustanciación, lo cual deja en evidencia que la referida ciudadana no se pronunció de manera anticipada sobre la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Saavedra, y ello quedó ampliamente demostrado por la conducta de la jueza denunciada en el procedimiento administrativo N° P-006-10, el cual sustanció hasta su finalización.

En consecuencia, no existió un pronunciamiento anticipado en el procedimiento administrativo N°. P-006-10 contra la ciudadana Malba Ayari Saavedra, por lo cual la jueza denunciada no incurrió en el ilícito denunciado.

En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño de la supuesta comisión del ilicito previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Códi de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VI.2. En relación con el ilicito en que supuestamente incurrió ciudadana Marina Ojeda Briceño aparentemente haber iniciado procedimiento administrativo disciplinario el doce (12) de abril de 201ocón fundamento en un acta del seis (6) de abril de 2010, la cual aparentemente se encontraba firmada; este Tribunal Disciplinario Judicial observa lo siguiente:

Alegó la denunciante, que el acta levantada el seis (6) de abril de 2010, la cual sirvió de base para el acto del doce (12) de abril de 2010 que inició el procedimiento administrativo N° P-006-10, no se encontraba firmada, lo cúal, en criterio de la denunciante, quebrantó formas sustanciales que produjeron la violación de su derecho a la defensa.

Por su parte, alegó la jueza denunciada que no existen reguisitos formales para la interposición de denuncias, existiendo la posibilidad a ju de la jueza denunciada- de denunciar de manera anónima, pues lo importante en criterio de la referida ciudadana, es elevar al conocimiento del órgan TRAI NAL competente un hecho determinado.

Sobre el particular, considera necesario destacar este Trisnal Disciplinario Judicial, que el órgano competente para iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios contra empleados de tribunales, es la presidencia circuito judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 1do del cas y jurídicas que observa, lo cual lo lleva a la convicción prelimiñag de la_ fac posible existencia de un ilícito disciplinario por parte de alguno contra los funcionarios cuya ética o desempeño se cuestiona.

Para ello, el funcionario competente valora los medios indiciarios que estén a su disposición o incluso presencia el hecho mismo, y una vez que determine preliminarmente los hechos, los subsume en el régimen disciplinario de los empleados judiciales y, en ejercicio de la potestad discrecional que le confiere la iey, inicia un procedimiento y ordena la constitución de un expediente, el cual deberá ser sustanciado con las resultas de la investigación que se lleve a cabo, todo con la finalidad de que el funcionario competente se forme convicción sobre los hechos que dieron inicio a la investigación.

De lo anterior se desprende, que los fundamentos que motivan al funcionario competente a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra un empleado judicial forman parte de la discrecionalidad que les es otorgada por el ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto, pertenece a la esfera en la que los funcionarios que deciden son autónonnos.

El análisis de los errores en los que puedan incurrir los jueces y juezas en la valoración de las pruebas, la fijación de los hechos, así como en la interpretación y aplicación de normas jurídicas que resuelvan el caso concreto, tiene una vinculación necesaria con los principios de autonomía e independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, sean estas de índole jurisdiccional o administrativa.

Los principios de autonomía e independencia de los jueces y juezas están previstos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana .de Venezuela, como consecuencia de la consagración del derecho de todos los ciudadanos a una justicia autónoma e independiente.

Los aludidos habían sido consagrados previamente en la Constitución de 1961, cuyo artículo 205 establecía que en "el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Público", norma que a su vez fue desarrollada por la Ley Orgánica del Pgder Judicial, cuyo artículo 3 establece que en "el ejercicio cle sus funciones lgg jueces son autónomos, independientes, imparciales, responsables, inamóvibl e intrasladables".

En relación con la responsabilidad disciplinaria de los jueces y juèzas y en consonancia con la regulación constitucional y legal vigente, el artículo 4 Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana establece lo siguiente:

"Artículo 4 Independencia judicial El juez y la jueza en ejercicio de sus funciones son independientes y autónomos, por lo que su actuación sólo debe estar sujeta a la Cpnstitución p. CiLARL de la República y al ordenamiento jurídico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la ley y el derecho, sólo podrán ser revisadas recursos procesales, dentro de los límites del asunto sometido a su conocimiento y decisión. Los órganos con competencia disciplinaria sobre.

los jueces y juezas podrán examinar su idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional.

La norma en comentarios consagra legalmente los principios autonomía e independencia que tienen los jueces y juezas en el ejercicio sus funciones, prohibiendo, como consecuencia de ello, la revisión sus decisiones en cuanto a la interpretación y aplicación del derecho, a todo órga en las leyes.

Corolario de lo anterior, el procedimiento de primera instancia previsto en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana no constituya algún acto realizado por un juez o jueza, sino una instancia de determinación, por parte de un órgano jurisdiccional, de la existencia de responsabilidad disciplinaria.

Otra conclusión que se deriva de la norma estudiada, es que el xamé disciplinario de idoneidad y excelencia que realiza este Tribunal Disciplinario Judicial no puede intervenir de manera indebida en la activa jurisdiccional, pa lo cual, a este órgano jurisdiccional le está vedada la revisión y corrección de errores en que haya podido incurrir algún o juez o jueza en la interpretación y aplicación del derecho.

De lo expuesto se deriva que los artículos 31, 32 y 33 del Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana deben ser interpretados a la luz de la regla orientadora contenida en el articulo 4 ejusdem, en el sentido de

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el error judicial inexcusable, ninguna de las causales está dirigida a sancionar a los jueces o juezas por sus errores en la interpretación y aplicación de la ley.

Como consecuencia de ello, a este Tribunal Disciplinario Judicial le está vedada la revisión de la interpretación y aplicación del derecho que hayan realizado los jueces y juezas de la República, pues ello es tarea exclusivamente encomendada a los tribunales que tengan competencia para En ese sentido, al establecer el ordenamiento jurídico mecanismos de corrección de los errores judiciales, hace suponer que se previó, como funcionamiento regular del sistema de justicia, el que los jueces o juezas puedan incurrir en errores en la interpretación del derecho, y es por eso que no cualquier error deje de manifiesto su inidoneidad para el ejercicio del cargo, judicial a las situaciones planteadas.

Es por ello que solo los errores judiciales considerados inexcusables por idoneidad del juez o jueza de que se trate, caso en el cual sí estará facultado este Tribunal Disciplinario Judicial para imponer las sanciones que se estimen procedentes.

Lo expuesto ya era señalado por la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, delineando la potestad disciplinaria que detentaba de manera provisional la extinta Comisión de /Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Así, en sentencia N° 2429 del siete (7) de noviembre de 2006, la referida sala del máximo tribunal dejó sentado lo siguiente:

"Si bien es cierto que la mayor parte de la actividad desempeñada a diario por los jueces se desarrolla en el campo jurisdiccional, susceptible, por ende, de revisión por la alzada correspondiente en la materia que ha sido sometida a su conocimiento; tal circunstancia no es óbice para permitir la revisión de esta actividad también por parte del órgano de naturaleza administrativa, en tanto y en cuanto se vincule esa revisión con aquellas conductas sujetas responsabilidad disciplinaria.

Significa que con la autonomía y el respeto debidos a la función jurisdiccional, el ente disciplinario cuenta con la potestad para vigilar el decoro y la disciplina de los tribunales de la República, por lo que sin entrar a examinar o intentar corregir aspectos de naturaleza jurisdiccional, como competencia exclusiva dej Poder Judicial, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema.

Judicial está obligada a revisar aquellos aspectos que se enlazan de forma directa con la disciplina del juez, entre éstos, las actuaciones jurisdiccionales susceptibles de producir una vinculación directa con el catálogo de sanciones establecidos en la Ley de Carrera Judicial La sentencia parcialmente transcrita es ejemplo de la orientación que debe darse a la interpretación de los artículos 31, 32 y 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en el entendido de que el examen que este Tribunal Disciplinario Judicial realizará a los jueces o juezas estará.

ARIA destinado a determinar la existencia o inexistencia de hechos que se subsúman en las causales establecidas en las referidas normas, lo que nunca/podrá autorizar a este órgano disciplinario judicial a examinar aspectos de naturaleza jurisdiccional, como lo son la valoración de las pruebas, la fijación de los hechos y la interpretación y aplicación de la ley. Asl se establece.

Así, en el presente caso, el análisis de los hechos, pruebas documentos que efectuó la jueza denunciada para iniciar el procedirtie contra la ciudadana Malba Saavedra, pertenecía a su exclusiva autonomía, lo cual no es susceptible de ser evaluado por este órgano jurisdiccional. Por ende, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilicito contenido en e! numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así so decide.

Vi.3. En relación con ei ilicito en el que supuestamente incurrió la jueza denunciada por haber fundamentado su decisión en elementos contradictorios, en concreto, en el Acta del 6 de abril de 2010 levantada en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Mranda la cual es contradictoria con las declaraciones de del ciudadano Directora del rendidas por ellos ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda el once (11) de mayo de 2010; este Tribunal Disciplinario Judicial observa lo siguiente:

Alegó la ciudadana Malba Ayari Saavedra que la ciudadana Manina :

aBriceño fundamentó la decisión definitiva deli Ojeda procedimiento administrativo N° P-006-10 en actas contradictorias, especificamente Taid OJUDICAL (6) de abril de 2010 y la del once (1.1) de mayo de 2000.

Por su parte, alegó en su defensa la ciudadana Marina Oje que de la simple lectura del contenido de ambas actas se desprende que no son contradictorias y que, por el contrario, son congruentes.

Observa este Tribunal Disciplinario Judicial, que lo denunciado constituye el fondo de la motivación del acto administrativo que dictó la jueza denunciada como Jueza Presidente del Circuito Judicial Penal de Estado Miranda, extensión.Valles del Tuy.

En efecto, mediante su denuncia, la ciudadana Malba Ayari Saavedra pretende que la ciudadana Marina Ojeda Briceño sea sancionada por.

supuestamente haber errado en la decisión definitiva del procedimiento administrativo N° P-006-10, por haberse fundamentado en actas contradictorias.

Analizar si efectivamente la ciudadana Marina Ojeda Briceño se basó en actas contradictorias para dictar la decisión definitiva del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la hoy denunciante, se traduciría en evaluar el análisis y valoración realizados por la jueza denunciada al dictar la ya nombrada decisión, examen que le está vedado realizar a este órgano disciplinario judicial.

En efecto, el análisis y valoración probatoria efectuado por la jueza denunciada, era de su exclusiva autonomía, por lo cual escapa de la evaluación disciplinaria que este órgano debe realizar, tal como se dejó claramente establecido en ei punto anterior. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño de haber incurrido en el ilícito previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza

Vl.4. En cuanto a la falta disciplinaria en la que supuestamente incurrió la ciudadana Marina Ojeda Briceño por no haber notificado a la ciudadana Malba procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la. Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; este Tribunal Disciplinario Judicial obsécãa lo siguiente:

Alegó la denunciante, que las declaraciones de los ciudadanos Ragmóg:

Elías Perdigón e Isabel Claret Galofreno no le fueron notificadas, circunstan R NAL que, en criterio de la denunciante, es violatoria del debido proceso.

De otra parte, alegó la jueza denunciada que la Presidencia del actuó de manera cautelosa con la preservación del principio de igualdad de las partes y no omitió realizar la notificación de ellas para el contradictorio, lo cual — en criterio de la jueza denunciada- cumplió mediante auto por el cual se fijó oportunidad para la evacuación de las pruebas testimoniales y se les notificó la fecha y hora en la que estaban previamente fijadas y, más aún, la denunciante y su abogado comparecieron a tal acto y se dejó constancia de ello en el expediente.

en los folios 88 al 91 del expediente de la presente causa judicial, acto administrativo del treinta (30) de abril de 2010, mediante el cual Ja jueza denunciada incorporó a la investigación todos los medios probatorios que estimada necesarios para resolver el asunto, entre ellos los testimonio promovidos, lo cual era del conocimiento de la ciudadana investigada pór haber sido incorporado al expediente dentro del lapso probatorio establecido anerals:

articulo 45 del Estatuto del Personal judicial, por lo cual'se hacía innecesaria su notificación.

De lo expuesto se desprende que la ciudadana Malba Saavedra sí tuvo conocimiento de todas las pruebas evacuadas en la investigación que se le seguía. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilícito previsto en el numeral 23 del articulo 33 del Código de Ética del Juek Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VI.5. En relación con el ilícito disciplinario que supuestamente csometió jueza denunciada por haber presuntamente dictado decisión fuera del lapso previsto en el artículo 45 del Estatuto del Personal Judiclal, en el procedimlegito administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito JudiciaPenal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Maba Saavedra; este Tribunal Disciplinario Judicial observa lo siguiente:

Alegó la denunciante que la ciudadana Marina Ojeda Biiceñò vuln debido proceso, toda vez que una vez culminado el lapso de promoción evacuación de pruebas, dentro de los diez (10) días siguientes deblababs decisión, lo cual -en criterio de la denunciante- no ocurrió, en virtud de que el acto administrativo definitivo del procedimiento administrativo N° P-006-10 fue dictado el diecisiete (17) de Junio de 2010, es decir, extemporáneamente.

Sobre el particular, alegó la ciudadana Marina Ojeda Briceño, que ser la Presidencia del Circuito Judicial un órgano' administrativo y no judicial, debe

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aplicarse el criterio contenido en el Artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, según el cual, los días deben contarse por días hábiles, entendiendo por tales, días laborables, no contabilizándose días libres y feriados y que, por ende, la decisión definitiva del procedimiento administrativo disciplinario N° P-006-10 no fue dictada fuera del lapso previsto en el artículo 45 del Estatuto del Personal Judicial.

Del análisis de las actas que conforman el expediente de la presente expediente elementos suficientes para determinar cuántos días laborables /transcurrieron efectivamente desde la apertura del lapso probatorio hasta la fecha en que fue dictado el acto administrativo definitivo.

No obstante, sí se evidencia que, en todo caso, el lapso en el cual la jueza denunciada dictó la referida decisión constituye un lapso razonable, en el entendido de que de haber retardo en la decisión, es un retardo que se encuentra dentro de los parámetros de normalidad, más aun tomando en consideración que la ciudadana Marina Ojeda Briceño se desempeña en dos cargos, uno de naturaleza jurisdiccional, como lo es el de Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda y, otro de naturaleza administrativa, como el de Jueza Presidenta del referido circuito judicial por lo cual de haber incurrido en el aludido retardo, este no sería de entidad suficiente para generar la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana Malba Saavedra.

En efecto, es criterio de este Tribunal Disciplinario Judicial, que el solo hecho de haber dictado fuera del lapso una sentencia o, en general, haber emitido cualquier decisión fuera del lapso establecido en la ley no constituye per se un hecho antijurídico, pues pueden existir circunstancias en cada caso que eximan de eventuales responsabilidades a los jueces que incumplan los laps procesales.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1565 del once (11) de junio de 2003, estableció siguiente:

"Visto que para resolver el presente caso debe tenerse en cuenta si hubo o no dilación indebida, esta Sala considera respecto de la expresión "sin dilaciones indebidas" (articulo 26), indicar que la misma debe ser entendida como el derecho tanto, la falta de cumplimiento del órgano jurisdiccional de los lapsos procesales es una condición necesaría mas no suficiente para declarar que hubo dilación Ahora bien, la determinación de ese plazo razonable no es posible haceria a distinguen de otros. Para determinar dicho plazo debe atenderse a una serie de criterios que el derecho comparado y esta Sala en anteriores oportunidades han señalado de manera enunciativa. En efecto, el Tribunal Constitucional Español, acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia n° 5/1985, del 23 de enero estableció lo siguiente:

"La complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de las autoridades y las consecuencias que del litigio presuntamente demorado se siguen para las partes son, ciertamente, criterios desde los que debe llenarse de contenido el concepto del "plazo razonable". Otros criterios son las pautas y márgenes ordinarios en los tipos de proceso de que se trata, o en otros términos en estándar medio admisible, para proscribir dilaciones más allá de él." (Jorge Carreras del Rincón. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El articulo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable. Madrid. Marcial Pons, 2002, p. 588).

(...) Debe considerarse asf la complejidad del asunto, esto es, que "elementos de derecho y a los de prueba do los hechos que dificultan o complican la labor del órgano jurisdiccional, al implicar mayor actividad para la resolución del supuesto planteado" (Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Madrid. Editorial Civitas, 1994, p. 88).

(..) Otro aspecto determinante es el relativo'a la conducta de los litigantes, quienes pueden utilizar legítimamente todos Jos medios que existen en el ordenamiento juridico, pero la manipulación y el abuso de los mismos para lograr un fin distinto a la naturaleza del proceso, es lo gíabf degagse Bcyenta para afirmar que S(!..

parte cuya actividad estuvo dirigida a entorpecer deliberadamente (.….) La conducta de la autoridad judicial es importante en el tema en cuestión, pues si se constata que hubo una duración anormal del proceso y que no existe una explicación que la justifique por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, puede hablarse de dilación indebida o retardo judicial.

(..) Finalmente, debe verificarse si el retardo judicial ha causado un perjuicio al accionante".

Asimismo, mediante sentencia N° 2198 del nueve (9) de noviembre de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que:

"Debe recordarse, no obstante, que el concepto de proceso sin dilaciones z indebidas es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto cepeda Podrian identificarse como ejemplo de tales criterios objetivos: la complejidad del conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas yas consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes. Asl pues, criterio OPSCIPLN de razonabilidad pesarán sobre la decisión que se tome en cada caso concreto" Asimismo, mediante sentencia N° 2627 del doce (12) de agosto de 2005, la Sala Constitucional dei Tribunal Supremo de Justicia, ratificada por esa sala mediante sentencia N° 1914 del primero (1°) de diciembre de 2008, dejó sentado lo siguiente:

"En tal sentido, acota la Sala, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho de configuración legal. En consecuencia, dicho derecho alcance el dificil equilibrio entre su rápida tramitación y las garantías de la defensa de las partes", proporcionando los medios legales para que el Juez pueda evitar.

las maniobras dilatorias.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas plantea como principal problema el determinar qué debe entenderse por "dilación indebida". Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia No. 36/1984, establecić: "El concepto de dilaciones indebidas es manifiestamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico".

Estima la Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. L.os plazos deben producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones cumplirse, pero el .cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.

En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la Infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.

De allf que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales.

A criterio de la Sala, este último, es obviamente el criterio determinante, siendo la disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia".

De las sentencias transcritas se colige que la determinación de la existencia de retardo judicial indebido dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, para lo cual deberán tomarse en cuenta, entre otras, la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, la conducta procesal del interesado y de las autoridades implicadas y las consecuencias que de la demora se siguen para los litigantes, pues el solo incumplimiento del lapso legalmente establecido no constituye un hecho ilícito por parte del juez de la causa, toda vez que, como lo ha establecido el Tribumal Supremo de Justicia en las sentencias citadas, los lapsos procesales establecidos en las leyes constituyen orientadores del juicio de valor que real el juez en su proceso intelectivo para determinar si se ha producido o no dilación indebida que para que se configure el retardo judicial.

Otra de las circunstancias que para este Tribunal Disciplinario Judicial es de obligatoria consideración, es la cantidad de actuaciones jurisdiccionales que haya realizado el tribunal en cuestión en un periodo determinado, pues es razonable que la realización de una elevada cantidad de actos le haya impedido acto procesal- dentro de los lapsos previstos en la ley.

UVAR Es ese el espíritu que fue plasmado por el legislador en el Código de Éti del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual consagra como disciplinario la inobservancia de los lapsos para la realización de los procesales, sean estos de carácter decisorio o no. En efecto, en el numeral del articulo 31 ejusdem se sanciona a los jueces que incurran en "retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos"; asimismo, en el numeral 1 del artículo 32 ejusdem se sanciona a los jueces que inobserven "sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el expediente respectivo"; de igual forma, en el numeral 6 del artículo 32 ejusdem se sanciona a los jueces por "retardar ilegalmente una medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, aunque no contra para hacer efectiva la responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la denegación de justicia": y finalmente en el numeral 23 del articulo 33 ejusdem sanciona a los jueces por "Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia.

INAL de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva".

De lo anterior se observa, que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana exige, para que el incumplimiento de los lapsos procesales genere la responsabilidad disciplinaria del juez, que la conducta sea injustificada, ilegal o que adicionalmente menoscabe derechos d garantías fundamentales, lo cual exige el análisis de las circunstancias del caso ecreto, a los fines de determinar si existieron causas razonables que le impidiarosa juez cumplir con los lapsos establecidos en las leyes.

Asi, visto que no hay suficientes elementos en el expediente para determinar con exactitud, cuántos dias transcurrieron desde la finalización del lapso probatorio hasta la fecha en que fue dictada la decisión definitiva del Marina Ojeda Briceño, en su carácter de Jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, contra la ciudadana Malba Ayari Saavedra, en su

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considerarse que fue dictada la decisión, igualmente constituye un lapso no incurrió en retardo injustificado en la tramitación del aludido procedimiento administrativo. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilícito previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VI.6. En cuanto a la falta disciplinaria en que supuestamente incurrió la jueza denunciada por presuntamente haberse basado en pruebas ilícitas para fundamentar el acto administrativo definitivo dictado en el procedimiento administrativo disciplinario N° P-006-10, iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra, este Tribunal Disciplinario Judicial observa lo siguiente:

Alegó la ciudadana Malba Ayari Saavedra en su escrito de denuncia, que las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión definitiva dictada en su contra en el procedimiento administrativo sancionatorio N° P-006-10 son nulas de toda nulidad, en virtud de que fueron obtenidas violentando el debido oportunidad de controlar las pruebas.

Por su parte, alegó la ciudadana Marina Ojeda Briceño, en su carácter de juez denunciada, que no se evacuó prueba alguna qué no estuviera encuadrada dentro de los parámetros establecidos en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y en concreto, argumentó que que en la Extensión Valles del Tuy funciona el Sistema IURIS 2000, y para obtener la prueba de que la referida asistente realizaba los escritos de los abogados que litigaban en el tribunal desde su computadora, se solicitó a la Técnico Jurídico de esa Extensión, el informe correspondiente y a través del informe realizado por el técnico en informática enviado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), se obtuvo la información referente a la documentación;

compuesta por solicitudes y amparos realizados a los abogados privados en el equipo de computación asignado a la asistente Malba Ayari Saavedra. Así, en criterio de la jueza denunciada, no violó ningún derecho procesal, por cuanto la prueba no fue evacuada por la Presidencia del Circuito ni por la Coordinación Judicial sino por la misma Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), comunicaciones.

Al respecto, observa este tribunal, que la licitud o ilicitud de las pruebas en las que se basó la jueza denunciada para fundamentar el aludido acto administrativo, únicamente es revisable por el órgano competente para conocer de los recursos contra el referido acto, lo cual, a su vez, escapa del examen de este Tribunal Disciplinario, por formar parte de la discrecionalidad que tienen los funcionarios decisores para valorar los hechos y las pruebas contenidos en el expediente, así como interpretar las normas jurídicas aplicables al caso concreto.

En efecto, tanto las pruebas que fundamentaron la decisión definitiva del procedimiento administrativo sancionatorio N° P-006-10 y la actividad de su valoración, forma parte de la esfera en la que los jueces son autónomos y, ení.

principio, están exentos de incurrir en responsabilidad disciplinaria. En razón de lo anterior, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilícito previsto en el numerai 23 de articulo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VIl.7. Sobre el ilicito disciplinario en que aparentemente incurió la jueza denunciada por supuestamente haber dictado el acto administrativo definitivo sin una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido a la ciudadana Malba Saavedra, en el marco del procedimiento administrativo N° P.

006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penatde la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, este Tribunal Disciplinario Jodicial observa lo siguiente.

En efecto, la ciudadana Malba Ayari Saavedra alegó que el acto administrativo definitivo dictado en el procedimiento administrativo disciplinario denunciante- una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos disciplinaria de destitución.

En su defensa, alegó la ciudadana Marina Ojeda Briceño, que la decisión v contiene una relación pormenorizada de los hechos por los cuales se sancionó a la ciudadana Malva Saavedra con la destitución de su cargo, motivando la decisión de manera de no generar lagunas a la ciudadana asistente de los mpivos por los cuales la Presidencia del Circuito había decidido destituir la.

todas y cada una de las pruebas del acervo probatorio y se adminicularon entre sí para no dejar margen de duda. Finalmente, indicó la jueza denunciada que la ciudadana Malba Ayari Saavedra ha debido impugnar ante el tribunal competente el acto administrativo correspondiente Sobre el particular, observa este Tribunal Disciplinario Judicial que la inmotivación denunciada no puede ser revisada por este órgano jurisdiccional.

En efecto, la motivación de las decisiones y su suficiencia pueden ser examinadas, únicamente, por los órganos con competencia para conocer de los recursos que las leyes establecen contra las decisiones, pues ello forma parte de la esfera en la que son autónomos los funcionarios decisores para fundamentar sus decisiones. Así, en el caso de marras, la inmotivación denunciada escapa del examen disciplinario que debe efectuar este Tribunal Briceño del ilícito previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

VI.8. En relación con la falta disciplinaria en la que supuestamente incurrió la jueza denunciada por no haberse inhibido de dictar la decisión del procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra, este Tribunal Disciplinario Judicial observa /lo siguiente:

Ojeda Briceño debió inhibirse de decidir el procedimiento administrativo N° F 006-10, por cuanto en causas penales en las que participa quien fue su abogado en el referido procedimiento administrativo, siempre la referida jueza se ha inhibido.

Al respecto, alegó la jueza denunciada, que la figura de la inhibición en el marco del procedimiento administrativo N° P-006-10 tiene una regulación distinta, pues la función recae absolutamente sobre quien detente la Presidencia del Circuito, sin que la ley prevea la existencia de otro funcionario que haga las veces de éste. Asimismo, señaló, la ciudadana Marina Ojeda Briceño, que para los procedimientos administrativos las causales de inhibición, son las taxativamente contenidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y que la razón por la cual se ha inhibido, de ejercer funciones jurisdiccionales en los casos en los que ha actuado el abogado Yanson Zambrano no se puede encuadrar en la referida norma.

Sobre el ilicito denunciado, considera necesario este Tribuna Disciplinario Judicial indicar que el articulo. 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, que "Las faltas de los secretarios, alguaciles y demás empleados de los tribunales serán sancionadas por el Juez Presidente del Circuito o el juez, según sea el caso".

De acuerdo a la referida norma, el Juez o Jueza Presidente es el funcionario competente para iniciar y decidir los procedimientos administrativos disciplinarios contra los empleados judiciales, ello en razón de que la potestad disciplinaria que sobre los funcionarios judiciales se tiene, se fundamenta en la relación de subordinación del funcionario de que se trate con respecto a su superior jerárquico, por lo cual, se desnaturalizaría el ejercicio de la potestad disciplinaria si se pretendiera que quien la ejerza, sea un funcionario distinto del superior jerárquico.

Aunado a lo anterior, de los elementos que cursan en autos no se desprende la existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo cual denunciada no tenía el deber de inhibirse en el procedimiento adminisativo disciplinario iniciado contra la ciudadana Malba Ayari Saavedra.

consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño del ilícito disciplinario previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.

Vi.9. Sobre el ilícito disciplinario en que supuestamente incurrió la ciudadana Marina Ojeda Briceño al presuntamente haberse basado en los informes elaborados por el técnico jurídico y por el técnico de informática de las actuaciones realizadas en el expediente N° MP21-P-2009-7021, en vez de haberse basado en el informe relacionado al expediente N° MP21-P-2009-702, ambos de la nomenciatura revada por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Jidicia! Penal del Estado Miranda. extensión Valles del Tuy, este Tribunal Disciplinario Judicial observa.

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Alegó la ciudadana Malba Ayari Saavedra, que la jueza denunciada fundamentó el acto definitivo dictado en el procedimiento administrativo N° P.

006-10 en pruebas que no tienen relación con la investigación, por cuanto se basó en el estudio del expediente N° MP21-P-2009-7021, en vez del expediente N° MP21-P-2009-702, que era el que tenía relación con el referido procedimiento administrativo disciplinario.

Al respecto, observa este órgano jurisdiccional que la circunstancia de que el juez se haya basado en informes técnicos relacionados con el expediente N° MP21-P-2009-7021, en vez de haber tomado en cuenta los informes efectuados con ocasión al expediente N° MP21-P-2009-702, no puede ser revisada por este Tribunal Disciplinario Judicial.

En efecto, los motivos que fundamentan una decisión escapan de la evaluación disciplinaria que realiza este tribunal, toda vez que el análisis de los hechos y de las pruebas, y las interpretaciones que sobre las normas jurídicas fgano competente para conocer de los recursos que establecen las leyes, pues pertenecen a la autonomia de los referidos funcionarios.

Como corolario de lo anterior, en el caso de marras este Tribunal Disciplinario Judicial no puede analizar si la jueza denunciada se basó en un informe incorrecto, porque ello no corresponde a la competencia disciplinaria.

En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño de la comisión del ilícito previsto en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana. Así se decide.

supuestamente incurrió la jueza denunciada por no haberse inhibido de conocer las inhibiciones planteadas en los expedientes números 1-A-a7963-10, 1-Aa7978-10, 1-A-a8105-10, 1-A-a8040 y 1-A-a8063-10 de la nomenclatura de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la, Circunscripción Judicial del Estado Miranda; este Tribunal Disciplinario Judicial observa lo siguiente:

Alegó la ciudadana denunciante, que de las causas judiciales 1-A-a7978- 10, 1-A-a8105-10, 1-A-a8040 y 1-A-a8063-10, se evidencia que la jueza denunciada emitió pronunciamiento tanto como Jueza Ponente así como Jueza Integrante de la mencionada Corte de Apelaciones, sin inhibirse del conocimiento de las incidencias planteadas, que si bien es cierto inhibiciones son incidencias planteadas por los jueces para no conocer de caso en específico, por alguna de las causales de las establecidas en nucstro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que la jueza denunciada, Titular de la Corte de Apelaciones del estado Miranda, debió inhibirse de analizar todas y cada una de las inhibiciones planteadas por los Jueces Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy en la caus penal iniciada contra el Coordinador Judicial de ese Circuito por las supuestas irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo N° P-006-10, por cuanto los Jueces inhibidos son compañeros de trabajo del referido Coordinador Judicial y que, por tal motivo, también debió inhibirse la jueza denunciada de conocer las inhibiciones planteadas.

En su defensa, alegó la ciudadana Marina Ojeda Briceño, que no tenía motivos para inhibirse toda vez que, la controversia que se le planteaba era en 562.28 inhibiciones de los Jueces no generan decisiones de fondo sino simplemente decidir en relación a la disposición del juez o jueza de conocer una causa es el motivo y disposición subjetiva del juzgador, no de las partes a juzga Se observa sobre el ilicito imputado, que las controversias ue conocer la jueza denunciada, de las que -según la denunciante- debíavinhibirse, penal iniciado por la ciudadana Malba Saavedra, por lo cual, para determinar si la ciudadana Marina Ojeda Briceño tenía el deber de inhibirse, debe analizarse si existía alguna de las causales previstas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal en las incidencias de inhibición planteadas.

Al respecto, se observa que los únicos sujetos procesales en las incidencias de inhibición que le fueron planteadas a la jueza denunciada eran los jueces inhibidos y, en relación con ellos y con la inhibición misma no existía relación alguna que hiciera incurrir a la ciudadana Marina Ojeda Briceño en alguna de las causales de inhibición previstas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, ni la ciudadana Malva Saavedra ni su apoderado formaban parte de la controversia incidental de inhibición planteada a la jueza denunciada, por lo cual la no tenía el deber de inhibirse. En consecuencia, se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño de la falta disciplinaria prevista en el numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana. Así se decide.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley, bajo la ponencia del Juez Carlos Alfredo Medina Rojas, dicta los siguientes pronunciamientos:

ÚNICO: se ABSUELVE a la ciudadana Marina Ojeda Briceño, titular de la cédula de identidad número V-5.536.904, del ilícito disciplinario previsto en ei numeral 23 del artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana, consistente en haber incurrido en descuidos injustificados en la tramitación del proceso, menoscabando derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva, que había sido denunciado por supuestamente: (1) haberse pronunciado de manera anticipada „en el procedimiento administrativo N° P-oo6-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (2) haber levantado el acta del .12 de abril de, 2010, en el procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra, basada en el Acta del 6 de abri de 2010 en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con motivo de la comparecencia del ciudadano Director del Internado Judicial Yare I y la ciudadana Subdirectora del referido organismo, la cual no contenía la firma autógrafa de los referidos ciudadanos;

(3) existir contradicciones entre el Acta del 6 de abril de 2010 en la Oficina de Coordinación de Apoyo Judicia! del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con motivo de la comparecencia del ciudadano Director del Internado Judicial Yare I y la ciudadana Subdirectora del referido organismo, y la declaración por ellos rendida ante la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

el 11 de mayo de 2010; (4) no haber notificado a la ciudadana Malba Saavedra de las pruebas testimoniales aue en su contra se promovieron el en 2 procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia;

del Circuito Judicial Penal de la Ci unscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (5) haber dictado decisión fuera del lapso administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penan de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (6) haberse basado en pruebas ilícitas para fundamentar la decisión dictada el 17 de junio de 2010, en el procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (7) haber dictado la decisión del 17 de junio de 2010 sin una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido a la ciudadana Malba Saavedra, en el marco del procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado por la Presidenci del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del contra la ciudadana Malba Saavedra; (8) no haberse inhibido decisión del procedimiento administrativo N° P-006-10 iniciado Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra la ciudadana Malba Saavedra; (9) haberse basado actuaciones realizadas en el expediente N° MP21-P-2009-7021, ein haberse basado en el informe relacionado al expediente N° MP21-P09-702, Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy; (10) no haberse inhibido de conocer las inhibiciones planteadas en los expedientes números 1- A-a7963-10, 1-A-a7978-10, 1-A-a8105-10, 1-A-a8040 y 1-A-a8063-10 de la nomenclatura de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Publíquese, regístrese y notifiquese, de conformidad con lo previsto en la parte in fine del articulo 251 dei Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo establecido en el artículo en el artículo 51 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.

Dada y firmada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial, en la ciudad capitaldela República Bolivarianade Venezuela,a los

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VEINTIEINCO () días del mes de jufío de dos mil trece (2013).

Años 203° de la Indepegidencia154 da a Feen

N RACHECO ALVIAREZ iluez Presidente

JACQUELINE SOSA MARIÑO CARLOS MEDINAROJAS $ Juez Juez Ponente RAQUEL SUÈ GONZÁLEZ Secretaria 0.3:4 (AM), se publig6 y/registró la En misma fecha siendo las anterior decisión bajo el N° 70J-S.0 -2015 -1/9 RAQUELSUA GONZALEZ REPÚBLICA Secretaria Exp. N° AP61-D-2011-000230 APA/JSM/CMR/DV DEFENSORÍA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

CARACAS, 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 203° y 154° RESOLUCIÓN N° DdP-2013-090 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefenSOra del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resoluclón N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.838 del día 26 de diciembre de 2007.

RESUELVE:

Designar a la ciudadana VIANNORA BEATRIZ FIGUEROA RUIZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.455.570, como Defensora Delegada del estado Sucre, a partir del día 21 de noviembre de 2013.

Couníquese y Publíquese,

GABRIELA DEL MAR RAMIREZ PÉREZ DEFENSORA DEL PUEBLO

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUIELA PODER ELECTORAL FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL 203 y 154°

Providencia administrativa N°s 001 Fecha; 22 de Octubre de 2013 La Presidenta del Consejo Nacional Electoral y Presidenta de la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Socióloga Tibisay Lucena, designada mediante resolución N° 110414-0142, publicada en la Gaceta Elecctora! de la República Bolivariana de Venezuela N° 578, de fecha 19 de agosto de 2011, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Cláusula Décima Primera del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la referida Fundación, en el cu:s! se señala lo siguiente: "Son atribuciones de la Presidenta de la Fundación: 1.- Designar al Director General y demás Directores de los Centros del Consejo Académico"; dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001

Artículo I: Se designa al ciudadano LUIS ALBERTO OBLITAS SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 14.277.2.12, como de Director General (E). de la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral.

Artículo 2: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

PRESIDENTA DE E FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL RESOLUCIÓN N° (104I4-0142 GACETA ELECTORAL N° 578 DEL 19 DE AGOSTO 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER ELECTORAL FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL

203 y 154° 002 Fecha: 22 de Octubre de 2013 Providencia administrativa N°:

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral y Presidenta de la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Socióloga Tibisay Lucena, designada mediante resolución N° 110414-0142, publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela N° 578, de fecha 19 de agosto de 2011, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Cláusula Décima Primera del Acta Constitutiva, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002

Artículo I: Se delega en el ciudadano LUIS ALBERTO OBLITAS SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 14.277.212, en su condición de Director General (E), de la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, solo las siguientes atribuciones:

- Numeral 5: “Aperturar y movilizar cuentas bancarias, firmar los cheques, letras de cambio, pagarés, órdenes de pago y demás efectos mercantiles".

A tales fines el Director General podrá:

I. Abrir, movilizar y cancelar cuentas.

2. Autorizar, modificar y eliminar firmas.

3. Solicitar saldos, cortes y estados de cuenta.

4. Ordenación de compromisos y pagos con cargo al Presupuesto de la Fundación.

5. Realizar las gestiones necesarias para todo lo relacionado con modificaciones presupuestarias.

- Numera! 9: Celebrar los contratos de servicios básicos, tales como: luz, agua, teléfono, aseo urbano y condominio.

Artículo 2: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

NBISATZUCENA RAMIREZ PRESIDENTADEAAEUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTODIOS DEL PODER ELECTORAL RESOLUCIÓN N° 110414-0142 GACETA ELECTORAL N° S78 DEL 19 DE AGOSTO 201!

página original (tal como se publicó)Página 39 de la Gaceta

Página 40

DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXLI MES III Número 40.315 Caracas, viernes 13 de diciembre de 2013 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas — Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 40 Págs. costo equivalente a 16,45 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial Artículo 1 3. En la GACETAOFICIAL DELAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán fos actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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