Gaceta Oficial N° 40.192
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AÑO CXL MES IX Caracas, miércoles 19 de junio de 2013
SUMARIO
Asamblea Nacional Acuerdo en Respaldo al Reconocimiento- Otorgado a la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricuifura (FAO).
Ministerio del Poder Popular de Finanzas Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Resolución mediante la cual se revoca la autorización de funcionamiento de la Representación del Banco Pastor, S.A.
(ahora Banco Popular Español, S.A.).
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Marco Antonio Zerpa Herrera, como Coordinador Integral de Administración y Finanzas en la Unidad de Contrataciones de la Intendencia Operativa, en condición de encargado, de este Organismo:
Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se sanciona a la Empresa Proseguros, S.A., con multa por la cantidad que en ella se indica, por haber incurrido en el ilícito administrativo de elusión, en la reclamación efectuada por la Empresa Alfarería El Ladrillo, C.A.
Providencias mediante las cuales se sanciona a las Empresas que en ellas se indican, con multas por las cantidades que en ellas se señalan, por haber incurrido-en los supuestos que en ellas se especifican.
Superintendencia Nacional de Valores Resolución mediante la cual se cambia el estatus de la acreencia presentada al cobro por el ciudadano Jorge Zedan Abudey, de diferida a calificada.
Resolución mediante la cual se inscribe en el Registro de «Contadores Públicos Independientes de la Profesión» a la ciudadana Carolina Arellano, para suscribir los informes de Auditoría de la sociedad civil Medina, Arellano, Negrin & Asociados.
Resolución mediante la cual se ordena al Registro Nacional de Valores estampar la correspondiente nota marginal, referente al pago de las Obligaciones Convertibles en Acciones, por las cantidades que en ella se indican, de la sociedad mercantil Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal.
Resolución mediante la cual se cancela la autorización otorgada a la sociedad mercantil «Uno Asesores de Inversión, C.A.», para actuar como Asesor de Inversión.
Resolución mediante la cual se suspende, por esta Superintendencia, la autorización otorgada a la sociedad mercantil Masvalor Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, S.A., para actuar como Operador de Valores Autorizado.
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria Providencia mediante la cual se modifica el resuelve Primero de la Resolución Nro. DP/CJ/11-2012, dé fecha 11 de febrero de 2012.
Superintendencia de Seguridad Social Providencias mediante las cuales se corrige por errores materiales las Providencias que en ellas se mencionan, de las fechas que en ellas se especifican.
Ministerio del Poder Popular para el Comercio Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Eduardo Samán Namel, en su carácter de Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), la facultad de designar y remover a los Directores y Personal de Confianza adscritos a dicho Instituto.
Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos que en ella se señalan, como Directores del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
Número 40.192
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras CIARA Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Onandia Isabel Martínez Ardila, como Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de esta Fundación, en calidad de encargada.
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Resolución mediante la cual se ordena Ocupación Temporal del Inmueble denominado Arenera La Vega, ubicado en la dirección que en ella se indica, con un área de extensión de terreno y las coordenadas que en ella se señalan.
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María de Lourdes Rodríguez González, como Presidenta de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), ente adscrito a este Ministerio.
Ministerio del Poder Popular para la Cultura Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 015, de fecha 20 de mayo de 2013.
CNAC Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Wilmer José Riera Mijares, Auditor Interno, de este Instituto.
Instituto del Patrimonio Cultural Providencia mediante la cual se multa a los ciudadanos que en ella se señalan, por la cantidad que en ella se indica, respectivamente copropietarios del inmueble «Hotel Lara 2000».
Fundación Cinemateca Nacional Providencia mediante la cual se ajusta el monto mensual de las asignaciones. por concepto de Jubilaciones, correspondientes a todos los Jubilados y Jubiladas de esta Fundación.
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la lIgualdad de Género INAMUJER Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Raúl Eduardo Vesga Martínez, como Director de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información, de este Instituto.
Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Disciplinario Judicial Decisión mediante la cual se declara improcedente la solicitud de nulidad del procedimiento realizado por la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria en contra del ciudadano Mike Andrews Parada Amaya.
Decisión mediante la cual se absuelve de Responsabilidad Disciplinaria Judicial a la ciudadana Claudia Renata Bracho Pérez, por las actuaciones durante su desempeño como Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.
Ministerio Público Resolución mediante la cual se crea la «Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer», la cual estará adscrita jerárquicamente a la Vicefiscalía; y tendrá rango de Dirección General.
Resoluciones mediante las cuales se designa a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que ellas se especifican, de este Organismo.
Resoluciones mediante las cuales se traslada a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se especifican, del Ministerio Público de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican.
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ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Como Vocera del Pueblo Soberano ACUERDO EN RESPALDO AL RECONOCIMIENTO OTORGADO A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VÉNEZUELA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA.(FAO) CONSIDERANDO Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra como texto fundamental imbuido en. el espíritu de refundar la República, para hacer de ella un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna entre sus principios y valores la defensa y garantía de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas;
CONSIDERANDO
Que el artículo 305 de la Constitución de la República dispone que el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrolio rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos n el ámbito nacional y
CONSIDERANDO
Que el Gobierno Bolivariano ha mantenido una lucha incansable y permanente por alcanzar la seguridad y soberanía agroalimentaria para nuestro pueblo, a través de un conjunto de políticas que procuran el abastecimiento de los productos necesarios para la alimentación, combatiendo además el sabotaje y la especulación proveniente de los sectores radicales de la ultraderecha, logrando de esta manera avances significativos en el cumplimiento de las metas del milenio;
CONSIDERANDO Que con el triunfo de la Revolución Bolivariana encabezada por el Comandante -Hugo Chávez Frías y la promulgación de la Constitución de la República' Bolivariana de Venezuela de 1999, se le da impulso a un nuevo marco jurídico en el cual: la alimentación del pueblo venezolano deja de ser una mercancía para convertirse en un derecho humano fundamental para la vida, abriendo el sendero de la ejecución de acciones concretas para lograr la inclusión plena y satisfactoria de los ciudadanos y ciudadanas al goce y disfrute de este derecho;
CONSIDERANDO Que los logros que hoy exhibe la patria son frutos de la lucha emprendida por el.
Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, contra el hambre y la pobreza, diseñando planes, ejerciendo acciones y creando misiones sociales para garantizar el suministro de alimentos a todos los venezolanos, entre las cuales destaca la creación en el año 2004 de la Misión Alimentación, destinada a proveer productos alimenticios de primera necesidad a bajó costo al pueblo venezolano;
CONSIDERANDO Que el día 16.de junio de 2013, la Organización de las Naciones. Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizó una ceremonia de alto nivel en la ciudad de Roma, República Italiana, con la asistencia de 38 jefes de Estado de Gobiero y representantes de'países que fueron reconocidos por este Organismo.
por sus avances en materia alimentaria, resaltando, entre los 18 países que recibieron diploma por haber alcanzado anticipadamente el referido objetivo de desarrollo del milenio la labor del Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez , así como del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su lucha sostenida contra la desnutrición en pro de los derechos humanos, evidenciándose que es posible disminuir progresivamente hasta eliminar el hambre en el mundo, con la aplicación de políticas públicas que colocan como centro de su ejecución al ser humano y no al capital;
CONSIDERANDO Que nuestra Patria ha sido reconocida por el logro alcanzado en la superación del Objetivo de Desarrollo del Milenio Número Uno (ODM-1), dirigido a reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 2015, constituyendo ésta la meta más exigente de la Cumbre Mundiaf sobre la Alimenfación, llevadas a cabo por la Organización de las'Naciones Unidas para la Alimenaación y la Agricultura (FAO)..
ACUERDA Primero. Respaldar desde la Asambiea Nacional el Reconocimiento otorgado a la República Bolivaziana de Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), producto de los innegables éxito alcanzados en materia de erradicación de la pobreza extrema y el hambre, como párte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Segundo. Hacer un reconocimiento público al glorioso pueblo de Venezuela, hijo de nuestro Libertador Simón Bolívar, por su organización, trabajo y digna resistencia en defensa de las políticas emprendidas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra Nación.
Tercero. Manifestar el apoyo de la Asamblea Nacional al Gobierno Bolivariano en la ejecución de las políticas públicas que, siguiendo el ejemplo del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, desarrolla el compatriota Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en beneficio de los venezolanos y venezolanas.
Cuarto. Reiterar nuestro compromiso con el Poder Popular de continuar en el empeño y trabajo constante por el objetivo supremo de consolidar la plena soberanía alimentaria bajo los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el programa de la patria, legado del Comandante Chávez para la construcción del socialismo y de là mayor suma de felicidad posible para el pueblo.de Simón·Bolívar.
Quinto. Dar publicidad al presente Acuerdo.
-Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asambiea Nacional, en Caracas, a los dieciocho días:dél mes de junio de dos mil trece.
Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
DIOSDADO CABEZLO RONDÓN Presidente de la Asambles Naciona!
BLANCA BeKHOUT Primer yicepresidenee Segunda Vivepresidenta fe B VICTOR CIRK OSCÁN FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ 1.
porabas Subsecretario
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS República Bolivariana de Venezuela Superintendencia de las Instituclones del Sector Bancario a0 2007161-a RESOLUCIÓN
. 193 JUN 2013 FECHA:
NÚMERO:
067.13
Visto que la Representación del Banco Pastor, S.A. (ahora Banco Popular Español, S.A.) en la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra domiciliada en la ciudad de Caracas, la misma fue autorizada para operar como Representación en fecha 18 de marzo de 1977, por el Ministerio de Hacienda hoy en día Ministerio del Poder Popular. de Finanzas a través. del oficio N° H-72 y notificado por esta" Superintendencia a través del oficio N° HSB-010-1416 del 21 de marzo de 1977.
Visto que en fecha 25 de junio de 2012, el Banco Pastor, S.A. se fusión con el Banco Popular Español, S.A., según consta en testimonio de Escritura de Fusión por Absorción debidamente Apostillada el 11 de septiembre de 2012, con el número 81865.
Visto que se informó a este Organismo a través de comunicaciones de fechas 28 de noviembre de 2012, 7 de febrero y 19 de marzo de 2013, sobre la decisión adoptada en fecha 22 de octubre de 2012, en la cual se acordó en sesión de Comité de Dirección del Grupo Banco Popular Español, S.A., ei cierre de la Representación del Banco en Caracas, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Abraham Lincoln, Boulevard de Sabana Grande, Edificio 3hi, piso 6°, oficina 61, decisión tomada con el objeto de racionalizar la estructura de las Representaciones que el Banco Popular Españoi, S.A.
tiene en el exterior.
Visto que a través del oficio N°·F/CJ/E/DLF/2013/0181 del 21 de. mayo de 2013, el Órgano Superior de! Sistema Financiero Nacional (OSFIN) opinó favorablemente en relación a la solicitud de revocatoria de autorización de funclonamlento de la Representación del Banco Pastor, S.A. (ahora Banco Popular Español, S.A.).
Visto las consideraciones precedentes esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario tomando en cuenta los, argumentos expuestos por el Banco Pastor, S.A. (ahora Banco Popular Español, S.A.), en uso de las atribuciones que .le confiere el numeral 4 dal artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario,
RESUELVE 1. Revocar la autorización de funcionamiento de la Representación del Banco Pastor, S.A. (ahora Banco Popular Español, S.A.).
2. Notificar al Representante en Venezuela del Banco Pastor, S.A. (ahora Banco Pópular Español, S.A.), lo acordado en la presente Resolución.
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- 3. Otorgar un plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para finiquitar todas las operaciones inherentes a la referida representación, absteniéndose de realizar cualquier tipo de operación.
Comuníques a y Publíaese, SUDESAN EdgarHernández Beh Superintendente
República Bolivariana de Venazuela.
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancarlo -1000-9 RESOLUCIÓN NÚMERO: 071.13 FECHA: FT JUN 2013 El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 160.del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario;
RESUELVE
1. Designar al ciudadano Marco Antonio Zerpa Herrera, titular de la cédula de identidad N° V-13.858.695, para desempeñar funciones como Coordinador Integral de Administración y Finanzas en la Unidad de Contrataciones de la Intendencia Operativa, .en condición de Encargado, a partir del 10 de junio de 2013 hasta el 14 de julio de 2013.
2. Delegar al precitado cludadano la firma de los actos y documentos siguientes, en forma conjunta con un miembro de la Comisión de Contrataciones:
a) Comunicaciones dirigidas a terceros relacionadas con los procesos de contratación del Organismo.
Comúníquese y Publíquese, Frocadi SUDEBAN Edgar Hernández Behrens Superintendente
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN.Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas, 07 MAY 2013 FSAA-2-3 001.563 203° y 154° Visto que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora en fecha 08 de noviembre de 2012, mediante la Providencia N° FSAA-2-3-003352, decidió abrir una averiguación administrativa a la empresa PRosEGURos, S.A., por haber presuntamente incurrido en el ilícito administrativo de elusión contemplado en el artículo 130 de la Ley. de la Actividad Aseguradora en ocasión al presunto incumplimiento frente a la empresa ALFARERíA EL LADRILLo, C.A., por la declinación de responsabilidad en la ejecución de la fianza de fiel cumplimiento N° 300303-854, emitida para garantizar ante dicha compañía, el fiel, cabal y oportuno cumplimiento por parte de la AsocrAcIóN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., de la obra "REPOTENCIACIÓN AUTOMATIZACIÓN DEL TREN DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE LA ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A." Visto que este Despacho en fechas 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2012, mediante los Oficios Nros FSAA-2-3-17708- 2012 y FSAA-2-3-17709-2012, notificó a la denunciante y a la citada empresa de seguros, respectivamente, sobre la apertura de la mencionada averiguación administrativa.
Visto que la citada aseguradora en fecha 02 de enero de 2013, mediante escrito signado con el N° 10 del control interno de correspondencia, expuso, 'entre otros aspectos, que en fecha 9 de octubre de2009, la émpresa ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A., SuSCribIó COn la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., un contrato para la ejecución de la obra "REPOTENCIACIÓN AUTOMATIZACIÓN DEL TREN DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE LA ALFARERÍA EL LADRILL.O, C.A." pOr Un mOnto de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOs (Bs. 3.940.564, 41), siendo que ambas partes suscribieron el acta de inicio cle obra en fecha 23 de noviembre de 2009.
Que en fecha 14 de enero de 2010 es otorgado por dicha aseguradora las fianzas de anticipo y fiel cumplimientos Nros 300303-853 y 300303-854, respectivamente con la finalidad de garantizar el anticipo y el cumplimiento de la obra por parte de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L.
Que en fecha .07 de mayo de 2010, ambas partes suscriben addendum identificado con el N° 1', quedando registrado en la Oficina de Registro Público con función notarial del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, bajo el N° 16, tomo primero, mediante el cual acordaron modificaciones a la contratación realizada, que incluyó la variación de los montos en bolívares de los renglones de las.partidas de presupuesto original.
Que en fecha 28 de junio de 2010, ambas partes suscriben addendum identificado con el N° 2, quedando registrado én la Oficina de Registro Público con función notarial del Municipio Libertad del Estado. Anzoátegui, bajo el No 41, tomo primero, mediante el cual acordaron una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, hasta el 30 de agosto de 2010.
Que en fecha 04 de octubre de 2010 un representante de la afianzada notifica los adendas.
Que en fecha 27 de diciembre de 2010, la empresa ALFARERÍA. EL LADRILLO, C.A., notifica el incumplimiento del afianzado en la ejecución de la obra.
Que en fecha 03 de enero de 2011, dicha aseguradora remite sendas comunicaciones al afianzado solicitando los recaudos necesarios para corroborar el estatus de ejecución de la obra y convocándolo para una reunión a los fines de determinar los inconvenientes y presuntos incumplimientos.
Que en fecha 05 de enero de 2011, la ASoCIACIóN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., infOrmó a PRosEGURos, S.A., que la obra tiene una ejecución del 92.27%.
Que el acreedor.informó que la ejecución de la obra era menor a lo señalado por el afianzado por lo que dicha aseguradora solicitó la elaboración de un informe de ajuste, el cual fue realizado por el ciudadano JOSÉ LUIS DE ANDRADE, y que fuera entregado en fecha 29 de marzo de 2011.
Que en fecha 09 de abril de 2011, el acreedor solicitó reunión para la discusión de la inspección, alegando que existen otros daños e informan de aspectos técnicos faltantes para la terminación del contrato.
Que en fecha 22 de junio de 2011, la empresa PROsEGURos, S.A., recibe un correo electrónico mediante la cual se dejó constancia de la reunión que sería celebrada en fecha 01 de julio de 2011, con la finalidad de concretar una posible reanudación de la obra y así no ejecutar la fianza.
Que en fecha 12 de julio de 2011, se suscribe un acta donde se acuerda un ofrecimiento de parte del afianzado, el cual es rechazado por el acreedor, por lo gue se procede a solicitar formalmente la ejecución de la fianza.
Que en fecha 18 de julio de 2011, se notificó al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y
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MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), a ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A., y a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE .33, R.L., el rechazo, alegando la empresa PROsEGuRos, S.A., que si bien la obra no fue ejecutada en su totalidad, el incumplimiento no era imputable al afianzado y que existía una amortización suficiente dei anticipo, pór lo que no era procedente la ejecución de la fianza de fiel cumplimiento y que además las modificaciones efectuadas al contrato plasmadas en las adendas Nros 01 y 02 no fueron notificadas dentro del plazo legalmente previsto para ello.
Por su parte, la empresa ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A., en fecha 29 de enero de 2013, mediante la comunicación signada con el No 1669, del control interno de correspondencia, ' expuso, entre otros aspectos, que en la modificación suscrita entre las partes, relacionado con la prórroga solicitada por la contratante se dispuso que ello se fundamentada en el párrafo 2, numeral 2 de la cláusula séptima del contrato, el cual dispone que en caso que la contratista prevea alguna demora en la ejecución, como, consecuencia de causas imputables a ella, podrá solicitar una prórroga.
Que la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., había recibido la totalidad del monto del contrato amparado por .las fianzas de anticipo y fiel cumplimiento otorgadas por PROSEGUROS, S.A.
Que la prórroga del 29 de diciembre de 2010 mencionada por la empresa PROsEGURoS, S.A., nunca existió.
Que las adendas identificadas con los Nros 01 y 02 fueron debidamente notificadas a PROsEGUROS, S.A.
Que en fecha 29 de diciembre de 2010, notificó a la empresa PROSEGUROS, S.A., el incumplimiento de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L.
Que en fecha 11 de marzo de 2010 se realizó una inspección conjunta con representantes de la AsocIAcróN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., la empreSa ÁLFARERÍA EL LADRILLO, C.A., el ingenierO ALBERTO TORRELABA y los peritOs del INSTITUTO NACIONAL DE-DESARROLLÓ DE LA PEQUEÑA Y MEDIAÑA INDUSTRIA (INAPYMI), en la cual se concluyó que la ejecución de la obra era de un sesenta por ciento.
Que posteriormente, se llevaron a cabo reuniones infructuosas en la sede de la empresa PRosEGúRos, S.A., siendo que la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE33, R.L.,al reconocer el incumplimiento al contrato ofreció una indemnización, la cual no fue aceptada.
CONSIDERACIONES DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Siendo la oportunidad para decidir, este Órgano de Control se permite señalar que la presente averiguación administrativa se abrió a la empresa PRosEGURos, S.A., por haber presuntamente incurrido en el ilícito administrativo de elusión contemplado en el artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora en ocasión al presunto incumplimiento frente a la empresa ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A., por la declinación de responsabilidad en la ejecución de la fianza de fiel cumplimiento N° 300303-854, emitida para garantizar ante dicha compañía, el fiel, cabal y oportuno cumplimiento por parte de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., de la Obra "REPOTENCIACIÓN AUTOMATIZACIÓN DEL TREN DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE LA ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A." Ahora bien, este Despacho se permite observar que del análisis efectuado a los documentos que conforman el expediente que del caso lleva, se evidencia que la empresa.
PRosEGURos, S.A., con motivo de la citada obra, emitió la fianza de fiel cumplimiento N° 300303-854 y la fianza de anticipo N° 300302-853.
Que ante la solicitud de ejecución de la fianza de fiel cumplimiento efectuada por la empresa ALFARERíA EL LADRILLo, C.A., con motivo del incumplimiento en _ la ejecución de la señalada obra por parte de la AsocIAcIóN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L.,la empresa PRosEGURos, S.A., se consideró exenta de responsabilidad alegando que el referido incumplimiento no era imputable a la citada asociación. y que además existió una prórroga de fecha 29 de diciembre de 2010, la cual no fue notificada a dicha compañía- de seguros (folio 4).
Ahorabien,en torno al primerfundamento del rechazo formulado por la empresa PRosEGURos, S.A., relativo a que el incumplimiento no es imputable al afianzado, este Despacho se permite observar que de los documentos que rielan en el expediente que al efecto lleva esta Autoridad Administrativa no se. evidencia ninguna prueba de tal aseveración por parte de la señalada aseguradora.
Lo que si se evidencia es la existencia de dos informes de inspección realizados en fechas 11 y 31 de marzo de 2011, pOr elINSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI) Y pOr el ajustador de pérdidas JOSÉ LUIS DE ANDRADE, respectivamente, en los cuales se dejó sentado que la ejecución de la obra por parte de la AsocIACIóN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., se encontraba en un sesenta por ciento (60%) en el primer informe y en un setenta y dos por ciento (72%) en el segundo, sin que en ninguno de ellos se estableciera que dicho incumplimiento se debía a .causas no imputables a dicha asociación (folios 21, al 29 y 254 al 260).
Asímismo, existen dos actas levantadas en fechas 14 y 21 de julio de 2011, en la cual se evidencia el ofrecimiento realizado por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., de indemnizaciones, Una pOr OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00) y otra por UN MILLÓN DoSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00) comO consecuencia del incumplimiento en la ejecución de. la obra "REPOTENCIACIÓN AUTOMATIZACIÓN DEL TREN DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE LA ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A.", ofrecimientos. éstos que, a juicio de este Despacho, no operarían sino existiera un claro incumplimiento por parte del afianzado (folios 3 y 5).
Igualmente, es necesario indicar que existen dos prórrogas.
para la finalización de la obra, las cuales fueron solicitadas por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., a la empreSa ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A., (folios 40 al 50). y que se fundamentan en lo previsto en el párrafo dos del numeral 2 de la cláusula séptima del contrato, la cual establece que:
"SÉPTIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO EL coNTRATo podrá tener modificaciones, mediante. documento escrito suscrito por LAs PARTES, en atención a las siguientes causas:
CAMBIOS EN LA OBRA Y SERVICIOS, CAMBIOS DE ALCANCE O POr VARIACIONES EN ELPLAZO DE EJECUCIÓN.
2. VARIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCION
En caso de que LA CONTRATISTA prevea alguna demora en la ejecución del coNTRATO, como consecuencia de causas imputables a ella, podrá solicitar por escrito prórroga y EL CONTRATANTE, previa consideración de los hechos alegados podrá conceder la por el tiempo, que resulte justificado. Los costos adicionales que- implique esta demora, serán por Cuenta de LA CONTRATISTA, conforme lo establece la letra o de la CLAUSÚLADÉCIMA CUARTA." (folios 204 al 237).
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De lo antes expuesto, se evidencia que las referidas prórrogas fueron realizadas conforme a lo plasmado en la señalada cláusula séptima del contrato, en la que claramente se dispone que éstas pudieran proceder cuando, por causas imputables a la Contratista, hubiese una demora en la ejecución del contrato.
Asímismo, del análisis efectuado por este Despacho al caso en comento se observa que, una vez vencida la última prórroga concedida al afianzado para la ejecución de la obra, según quedó plasmado en una minuta levantada en ocasión de una reunión celebrada en fecha 27 de noviembre de 2010, en la sede de la empresa ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A., en la que se acuerda otorgar a la ASOCIACIóN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., plazo hasta el 23 de diciembre de 2010, para finalizar la ejecución de la obra, la denunciante procedió a informar a la empresa PROsEGURos, S.A., sobre el incumplimiento del afianzado, según se desprende de comunicación de fecha 27 de diciembre de 2010, recibida por dicha compañía de seguros en fecha 29 del mismo mes y año notificación ésta que según criterio de esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se realizó dentro del lapso legalmente previsto en el artículo 4 del condicionado general de la fianza, el cual dispone que el acreedor debe notificar a la compañía de seguros la ocurrencia de cuaiquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por la fianza, dentro dei plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia (folios 38 al 43).
Por otra parte y en torno ai segundo alegato presentado por la empresa PROsEGURos, S.A., para estimarse exenta de responsabilidad en cuanto a la solicitud de ejecución de la fianza de fiel cumplimiento por parte de la denunciante, referida a que no fue notificada de prórroga alguna, este Despacho se permite indicar que corren insertos en el expediente que al efecto lleva esta Autoridad Administrativa los siguientes documentos:
1. Documento registrado por ante la Oficina de Registro Público con Función Notarial del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, San Mateo, de fecha 28 de junio de 2010, correspondiente al addendum N° 2, en el cual se la empresa ALFARERÍA EL. LADRILLO, C.A., otorgó a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORIENTE 33, R.L., una prórroga para la ejecución de la obra y servicios hasta el 30 de agosto de 2010 más 15 días de pruebas de equipos hasta el 15 de septiembre de 2010, para la entrega definitiva de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del numeral 2 de la cláusula séptima del contrato, en cuya planilla única bancaria correspondiente a dicho documento se encuentra estampado dos sellos húmedos, pertenecientes a la empresa PRosEGURoS, S.A., con fechas de recibidos del 14 de septiembre y 04 de octubre de 2010, de la oficina principal de fianzas y del departamento de automóvil de la sucursal de Puerto La Cruz de dicha aseguradora, respectivamente (folios 173 al 177).
2. Minuta levantada en fecha 27 de noviembre de 2010, en la que se acuerda otorgar una prórroga al afianzado hasta el 23 de diciembre de 2010, para la entrega definitiva de servicio y obra así como la entrega de los equipòs, la cual se encuentra suscrita, entre otros, por una representante de la empresa PRosEGURos, S.A., en fecha 03 de diciembre de 2010 (folios 40 al 43).
Cabe destacar, que ninguno de los contenidos plasmados en los señalados documentos han sido desvirtuados, por lo que éstos tienen plenos efectos.
Al haber sido recibidos cada uno de estos documentos por la empresa PRosEGURos, S.A., en las fechas señaladas evidencia, a juicio de este Despácho, que la citada aseguradora fue debidamente notificada del contenido de los mismos.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, a juicio de este Despacho la empresa PROSEGURos, S.A., incurrió en el ilícito administrativo de elusión, al haber rechazado la solicitud de ejecución de la fianza de fiel cumplimiento anteriormente identificada, según le fuera solicitado por la empresa ALFARERÍA ELLADRILLO, C.A.,Sin contar con causa justificada que pruebe la improcedencia del reclamo, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
En consecuencia, quien suscribe JOSÉ LUISPÉREZ, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 27 del artículo 7 de la Ley de ia Actividad Aseguradora:
DECIDE:
PRIMERO: Sancionar a la empresa PROSEGUROS, S.A., con. mu Ita por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL BOLÍvARES (Bs: 65.000,00), suma que corresponde a la media de la sanción mínima prevista en el artícuio 166 ejusdem, por haber incurrido en el ilícito administrativo de eiusión, en la reclamación efectuada por la empresa ALFARERÍA EL LADRILLO, C.A.
SEGUNDO: Ordenar la notificación de las partes de conformidad con el artícuio 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Contra la presente decisión podr: intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el art: 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.nte el Superintendente de la Actividad Aseguradora, denis.: de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
Publíquese.
Cg 1'SÉ LUIS PER Superintende de la Acti una dora Según Respisiorrbin nisterio del Poder publicada eg/a G. O. R. B.. N° 39.360 de la misma fecha.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERENTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
202° y 154° Caracas,:17. ABR 2013
Providencia N° FSAA-2-3.0 0 1.0 51
Visto que en fecha 12 de julio de 2010, mediante escrito recibido vía correo electrónico signado con el Nro. 14243 del control interno de correspondencia (folio 4), el ciudadano MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.307.184, interpuso formaldenuncià contra la empresa ZUMA SEGURos, C.A., con ocasión a la problemática presentada en el pago del siniestro ocurrido a un vehículo de su propiedad en fecha 21 de diciembre de 2009, amparado bajo la Póliza de Automóvil Individual N° 1800-35968,suscrita con la citada aseguradora.
En vista de la denuncia interpuesta, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el arbitraje,
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la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos, principio actualmente plasmado en los artículos 5 numeral 7, 129 numeral 11 y 133 de la Ley de la Actividad Aseguradora, procedió a citar a las partes en conflicto, a un acto conciliatorio para la solución del caso planteado, el cual fue pautado para el día 21 de septiembre de 2010, en cuya acta levantada a tal efecto (folio 8) se dejó constancia de la no comparecencia del ciudadanO MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO.
Visto que en fecha 12 de julio de 2011, mediante oficio Número SAA-2-3-00002163-00008401 (folio 17), esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora solicitó un informe detallado con sus respectivos soportes a la empresa ZUMA SEGURos, C.A., sobre el cáso en cuestión, respondiendo en consecuencia mediante comunicación recibida en fecha 26 de julio de 2011, signada con el N° 2011-17031 del control interno de correspondencia (folios 25 y 26), y demás recaudos presentados junto con el mismo (folios 18 al 24), de lo cual resalta lo siguiente:
1. Orden de Pago N° 470505 recibido en la Gerencia de Tesorería de la empresa el 28 de septiembre de 2010 (folio 23).
2. Cheque N° 288327 por Bs. 4.000,00 entregado en Caja el 22 de octubre de 2010 (folio 24).
Visto que mediante Providencia N° FSS-2-3-000450 de fecha 28 de febrero de 2012 (folios 27 y 28), se inició una averiguación administrativa, a objeto de determinar si la empresa zUMA SEGURos, C.A., en la tramitación del siniestro ocurrido al vehículo propiedad del ciudadano MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO, inCUrrIÓ en el supuesto de retardo establecido en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, vigente para el momento de los hechos relacionados con el presente caso, la cual quedó debidamente notificada el día 29 de febrero de 2012, mediante oficio N° FSAA-2-3-9039-2011 de fecha 28 del mismo mes y año (folio 30).
Visto que mediante escrito recibido en fecha 13 de marzó de 2012, signado con el N° 2012-19899 del control interno de correspondencia (folios 109 al 111), así como los soportes certificados (folios 31 al 108), presentados por la empresa zUMA SEGURos, C.A., en cuyo contenido es de interés a este caso lo siguiente:
1. Que el Ciudadano MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO, reporte un siniestro el 28 de diciembre de 2009, ocurrido el día 21 del mismo mes y año, de lo cual se hizo inventario y se levantó el acta respectiva (vuelto folio 110).
2. Que toda la documentación requerida por la empresa ZUMA SEGUROS, C.A., se hizo efectiva el día 21 de abril de 2010, mientras el denunciante alegada que por razones de trabajo debía seguir utilizando el vehículo sin la debida reparación (vuelto folio 110).
3. Que en fecha 13 de mayo de 2010, informó del rechazo de la reclamación efectuada por el denunciante con fundamento a la Cláusula 4 sobre la exoneración de responsabilidad, la cual estipula lo siguiente:
"CLÁUSULA 4 – EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD La Empresa de Seguros no estará obligada a indemnizar en los siguientes casos:
(...Omiss...) d, Si el Tomador o el Asegurado no empleare los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro; siempre que este Incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar a la.Empresa de Seguros. ..."
4. Que del acto conciliatorio celebrado en el Instituto para la Defensa .de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), la empresa ZUMA SEGUROS, C.A., y el CiUdadanO MAURICIO MASTRONARDI VISITILLo, acordaron un pago de Bs. 4.000,00, como indemnización total, única y definitiva de la indemnización correspondiente (folio 109 y su vuelto).
En virtud de lo anteriormente señalado, este Órgano de Control pasa a realizar las siguientes consideraciones.
CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Siendo la oportunidad legal para decidir, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora pretende verificar si la conducta asumida por la empresa ZUMA SEGURos, C.A., en la.
tramitación del reclamo del ciudadano MAURIcIo MASTRONARDI VISITILLO, respecto al siniestro ocurrido a un vehículo de su_propiedad en fecha 21 de diciembre de 2009, pudiera encuadrar en el supuesto de retardo establecido en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, vigente para el momento de los hechos relacionados con el asunto que se analiza en el presente acto administrativo, que establece la obligación de las empresas de seguros de pagar la indemnización o rechazar la misma dentro del lapso de treinta (30) días hábiles contados a partir de la entrega del último recaudo o del informe final del ajustador, si fuere el caso, es decir, deben notificar oportunamente la decisión de pagar la indemnización o exponer al asegurado las razones por las cuales se negará la misma, de lo cual la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia registrada bajo el N° 03683 en fecha 02-06-05 (Exp. N° 2003-1.217, Ponente: Levis Ignacio Zerpa, ratificada mediante sentencia N° 890 del 17-06-2009, sentencia N° 378 del 05-05-2010 y sentencia N° 00581 del 04-05-2011), expresa lo siguiente:
... La respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste.
correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo I (Subrayado y negrillas de este Órgano de Control).
En el presente caso esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora pudo advertir que la notificación formal del siniestro en cuestión ante las oficinas de la empresa zUMA SEGUROS, C.A., fue el 28 de diciembre de 2009, por lo que la relación cronológica de la documentación en cuestión queda de la siguiente manera:
Fecha de ocurrencia del siniestro según tránsito .. 21-12-2009 (folio 57) .Fecha de Notificación . 28-12-2009 (folio 50) del siniestro Fecha del último recaudo Entregado por el asegurado ...... 03-03-2010 (folio 67) Cheque N° 288825 a favor del denunciante con fecha de recibido por el asegurado.. 22-10-2010 (folio 9)
Ahora bien, de la fecha del último recaudo que fue el día 03 de marzo de 2010, de acuerdo al lapso legalmente establecido en el artículo 175 de la Ley de empresas de Seguros y Reaseguros, y realizando el cómputo correspondiente, se comprobó que la empresa ZUMA sEGURos, C.A., tenía
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hasta el 16 de abril de 2010, para pagar el siniestro o manifestar el rechazo del mismo por escrito debidamente motivado, sin embargo no fue sino hasta el día 22 de octubre de 2010 que la empresa ZUMA SEGUROS, C.A..
hizo efectivo el pago de Bs. 4.000,00, según lo acordado en el acto conciliatorio efectuado en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
En consecuencia, quedó demostrado que la empresa zuMA SEGURos, C.A., se encuentra incursa en el supuesto de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones con el CiudadanO MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO.
Vistos los hechos antes expuestos y quedando comprobada la infracción por parte de la empresa ZUMA SEGURos, C.A., al estar incursa en el supuesto de retardo establecido en el artícalo 1.75 de la Ley de Empresas de Seguros y.
Reaseguros, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos relacionados con el siniestro en cuestión, se hace acreedora de una sanción pecuniaria, considerando los límites mínimo y máximo establecido en dicha disposición legal, es decir, entre cien mil bolívares (Bs. 100.000,00), ahora cien bolívares fuertes (Bs. F. 100,00) y el equivalente en bolívares a quinientos (500) salarios mínimo urbano; estableciendo la misma atendiendo la gravedad de la falta.
Aplicando las consideraciones anteriores al presente acto administrativo, y siendo que el equivalente en bolívares de la unidad tributaria para el año, 2009 fue de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00) el monto de la multa aplicada a la empresa ZUMA SEGURoS, C.A., por estar incursa en el supuesto de retardo previsto en el artículo 175 ejusdem, se cálculo de lá siguiente manera:
500 salarios mínimos urbanos X 3 U.T. (cada- salario=3U.T.) X Bs. 55,00 + Bs. 100.000,00/Bs. F. 100,00 = Bs. 82.600,00 entre 2=Bs, 41.300,00 Entonces, la cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES EXACTOS (8s. 41.300,00), es la suma que corresponde a la media (1/2) de la sanción prevista en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, impuesta a la empresa ZUMA SEGURos, C.A., por haber incurrido en el supuesto de retardo, respecto a los hechos relacionados con la reclamación presentada por el CiudadanO MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO, titular de la cédula de identidad N° V-10.307.184, con ocasión al siniestro ocurrido a un vehículo de su propiedad en fecha 21 de diciembre de 2009 según lo señalado en el expediente elaborado por las autoridades de tránsito.
En tal sentido, sobre la determinación de la multa establecida en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, señala la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1213 del 02 de septiembre de 2004 (Caso: C.N.A. de Seguros La Previsora contra Ministerio de Finanzas, actualmente Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas), ratificada mediante decisión N° 2582 de fecha 05 de mayo de 2005 (Caso: Transeguro C.A. de Seguros contra Ministerio de Finanzas), lo siguiente:
"..en el presente caso la determinación del monto de la multa impuesta a la recurrente fue realizada por la Superintendencia de Seguros, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, conforme, al cual la multa aplicable se fijará de acuerdo a la gravedad de la falta y, estará comprendida entre cien mil bolívares (Bs.100.000,00) y quinientos (500) salarios mínimo urbano, escogiendo en el presente caso la Administración el punto medio entre los límites señalados en el precitado artículo, lo que a juicio de esta Sala evidencia la racionalidad del criterio empleado por la Superintendencia de Seguros parala determinación del quantum de la multa impuesta:
Igualmente, cabe destacar que la proporcionalidad necesaria para la aplicación de la sanción, se refiere a la relación existente entre la gravedad de la falta y el monto, de la multa aplicada, no siendo criterio de necesaria consideración, el monto de la indemnización debida por la compañía:” (Resaltado del Órgano de Control).
Adicionalmente a lo precedentemente expuesto, la Administración al momento de calcular e imponer una multa de naturaleza_ administrativa, debe igualmente guardar la aplicación de lo previsto en la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza en Leyes Vigentes, el cual dispone en su artículo 1°que:
"Se sustituye en las leyes vigentes al salario mínimo como factor de cálculo de contribuciones, garantías, sanciones, beneficios procesales o de otra naturaleza por el valor equivalente en bolívares a tres Unidades Tributarias (3.U.T.)." Finalmente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora se permite citar un extracto de la sentencia N° 1876 de fecha 20 de octubre de 2004, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la que se indica:
"independientemente de las dificultades que en la práctica pueda conseguir un particular para obtener del Estado el reintegro del dinero erogado por concepto del pago de una multa, el carácter coactivo, de las decisiones jurisdiccionales obliga à la Administración, en el caso de declararse con lugar el recurso incoado, a devolver el monto percibido por concepto de la multa anulada. Eneste sentido, debe quedar claramente establecido, que la devolución del monto de la multa impuesta en ejecución de la decisión favorable del recurso, no constituye una potestad discrecional de la Administración, por el contrario, es un verdadero deber jurídico derivado. de una sentencia cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento y cuya inobservancia genera responsabilidades personales y directas alos funcionarios públicos. Asimismo, la Sala ha precisado que la devolución de la multa no constituye una prestación de imposible ejecución, ya que una vez acordada la nulidad de la misma, basta la realización del correspondiente procedimiento administrativo, para que proceda el reintegro del.dinero"(resaltado dela Superintendencia de la Actividad Aseguradora).
En fuerza de las consideraciones que anteceden, y siendo que es deber fundamental de este Organismo velar porque los entes sometidos a su control den estricto cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la actividad' aseguradora nacional, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles y de la estabilidad del sistema asegurador, quien suscribe, JOsE LUIS PÉREz, de conformidad con lo previsto en los artículos 6, 12, literal a) y 175 de la Ley de Empresas de Seguros.y Reaseguros, vigentes para el momento de ocurrencia del referido siniestro.
DECIDE:
PRIMERO: SanCionar a la empresa ZUMA SEGURoS, C.A., con multa por la Cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 41.300,00), suma que corresponde a la media (1/2) de la sanción
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establecida en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber incurrido en el supuesto de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los hechos relacionados con la reclamación presentada por el CIUdadaNO MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO.
Sanción que se impone tomando como base de cálculo el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que ocurrió la infracción (año 2009), cuyo valor para la fecha era de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00), de conformidad con el artículo 1° de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26de diciembre de 1997. Dicha multa deberá ser cancelada con el Formulario LIQ-01, que le será entregado una vez emitido por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
SEGUNDQ: Notificar a la empresa ZUMA SEGUROS, C.A. y al CiudadanO MAURICIO MASTRONARDI VISITILLO, de la presente decisión de conformidad con lo previsto en el artículo. 73 de. la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Contra la presente decisión se podrá intentar el Recurso de Reconsideración previsto en ei artículo 94 de la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos, por ante el de Superintendente de la Actividad Asęguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
SÉ LUISPER Resolución
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Nº FSAA-2-3- 0 0 1.207 Caracas, 0 2 MAY 2013 203° y 154º I.- ANTECEDENTES Visto que en fecha 21 de junio de 2012, este Órgano de Control mediante Providencia N°. FSAA-2-3-001833, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo a la empresa SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., a objeto de determinar si existe retardo sin causa justificada en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ciudadana ALICIA SOSA CAMPERO, titular de la cédula de identidad N° V-2.109.742, de conformidad con lo establecido el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
Mediante Oficio distinguido con el N° FSAA-2-3-6239-2012, se notificó a la aseguradora, de la apertura de la averiguación administrativa y del lapso probatorio acordado, a objeto que presentara las pruebas que estimara necesarias para el ejercicio de la defensa de sus derechos e intereses, en relación a los hechos denunciados.
Se..deja constancia que, dicho Oficio fue recibidopor SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., el día 10 de juliode 2012, tal como se observa en el sello húmedo estampado al margen inferior derecho del ejemplar que cursa al folio 14 del expediente administrativo.
II.- DE LOS ALEGATOS Y PRUEBAS PRESENTADOS POR C.A. DE SEGUROS CONSTITUCÓN Visto que de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la empresa Seguros cONSTITUCIóN, C.A., dispOnía de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la apertura del procedimiento el 10 de julio de 2012, para presentar sus descargos contra los hechos.
impuestos en el auto de apertura, período éste que venció el día 25 de julio de 2012, fecha en la cual mediante escrito distinguido con el Nº 2012-32732 la empresa aseguradora solicitó una prórroga de quince (15) días hábiles (folios del 15 al 20), a los fines de consignar toda la información requerida.
Se deja constancia que en fecha 16 de agosto de 2012, mediante escrito distinguido con el N° 2012-34196 del control interno de correspondencia, la representación de SEGuRos ConsTITuCIóN, C.A., presentó el escrito de descargo en relación con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, el cual se procederá a revisar y analizar a fin que no se vea vulnerado el derecho a la defensa.
La representación de SEGUROS empresa ConstIructón, C.A., consignó. sus alegatos y pruebas, los cuales se presentan en forma resumida dándose íntegramente por reproducidos toda vez que constan en autos.
En este sentido luego de hacer un resumen de los hechos que dieron lugar a la apertura del procedimiento administrativo explicó que el día 28 de octubre. de 2010, la ciudadana ALICIA SOSA CAMPERO, notificó ante la aseguradora sobre un siniestro ocurrido el 16 de septiembre de 2009, en razón a un rembolso relacionado con gastos médicos y honorarios profesionales que ascendían a la cantidad de Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Bolívares con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 3.447,47), y que una vez consignados los soportes y recaudos solicitados se procedió a liquidar el siniestro.
En fecha 18 de noviembre de 2010, la asegurada reporta un nuevo siniestro ante la empresa aseguradora, ocurrido el 02 de septiembre de 2010, por concepto de gastos médicos y honorarios profesionales por la cantidad de.
Seiscientos Setenta y Cuatro Bolívares con Veinticuatro Céntimos (Bs. 674,24), y que una vez consignados los soportes y recados solicitados se procedió a liquidar el siniestro.
Refirió la representante de la empresa que se procedió a emitir un cheque, a nombre de la ciudadanaALICIA sOSA CAMPEro, por la cantidad de Cuatro Mil Ciento Veintitrés Bolívares con Setenta y Un Céntimos (Bs. 4.123,71), siendo retirado por dicha ciudadana el día 07 de noviembre de 2012.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Vistas las actuaciones y documentos que conforman el señalado expediente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a fin de decidir al respecto formula las siguientes consideraciones:
El objeto de la presente averiguación administrativa es comprobar Si la compañía SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., realizó un acto infractor de una conducta exigida por el .ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar.
En tal sentido, en el auto de apertura de la averiguación administrativa se atribuyó a la mencionada aseguradora el presunto retardo en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ciudadana ALICIA SOSA CAMPERO, supuesto de hecho contenido en el Parágrafo Primero del artículo130 de la Ley de
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la Actividad aseguradora, sancionable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 ejusdem.
El artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora, dispone:
"Los tomadores, asegurados o beneficiarios de los seguros y los contratantes de planes o servicios de salud de medicina prepagada, tienen derecho a recibir la indemnización que le corresponda, en un lapso que no exceda de treinta días continuos siguientes, contados a partir de la fecha en que se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso. En consecuencia, las empresas de seguros o de medicina prepagada estarán obligadas a hacer.
efectivas las indemnizaciones antes del vencimiento del referido lapso, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones." A los finés de determinar la responsabilidad administrativa de la empresa SEGURos Constitución, C.A., por lo que al retardo se refiere, se hace necesario explicar el alcance de la norma parcialmente transcrita.
DEL RETARDO
Sobre tal disposición legal debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo legal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. Lo expuesto significa que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, bien sea asumiendo la responsabilidad o rechazando con fundamento, según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el parágrafo primero del artícuio 130 de la Ley de la Actividad aseguradora, esto es, treinta (30) días continuos, lapso que corre a partir del momento en que el asegurado entregue todos los recaudos exigidos y se haya realizado el ajuste correspondiente, de ser el caso. A igual plazo y condiciones quedan sometidas las empresas de seguros para notificar por escrito los motivos de hecho y de derecho que aleguen para considerar un siniestro como no cubierto.
DE LA DENUNCIA A los fines de un mejor entendimiento del caso, se hace necesario retrotraerse a la denuncia publicada en el diario EL UNIVERSAL, en fecha 20 de septiembre de 2011, a través de la cuai la asegurada informó sobre los siguientes aspectos:
Que en fecha 11 de octubre de 2010, introdujo ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente la solicitud de médico reemboiso ante SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A.
Que en abril de 2011, al terminar en contrato con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la aseguradora pagará todos los reembolsos pendientes.
Que para la fecha de la denuncia, había transcurrido aproximadamente 11 meses y aún esperaba el reembolso por la cantidad de Cuatro Mil Ciento Veintitrés Bolívares con Setenta y Un Céntimos (Bs.
4.123,71).
Se deja constancia que en el Informe consignado por la empresa SEGURos CONSTITUCIóN, C.A., mediante la comunicación N° 2012-34196, de fecha 16 de agosto de 2012, la copia del cheque emitido a favor de la asegurada, es de fecha 03 de noviembre de 2011. (Folio 23)
Por otra parte, de los documentos suministrados por la aseguradora como soporte de lo expuesto en su escrito de descargo, se observa que ninguno desvirtúa sino que confirma lo denunciado por la ciudadana ALICIA SOSA CAMPERO.
En virtud de las consideraciones anteriores resulta evidente que la empresa SEGUROs CONSTITUCIóN, C.A., inCurrió en retardo al tramitar el siniestro presentado por la ciudadana ALICIA SOSA CAMPERO; siendo que respecto a este hecho la representación de la aseguradora no presenta argumentos sólidos ni pruebas irrefutables que hagan presumir a este Órgano de Control que tal falta de atención se debe a un incumplimiento involuntario de la obligación dispuesta en el Parágrafo Primero del artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
Tomando en consideración que la aseguradora debía tener exacto conocimiento de las obligaciones derivadas de su actividad y en consecuencia de la norma que exige el cumplimiento de sus obligaciones, se considera que en su actuación estuvo presente el incumplimiento.
En efecto, como se indicó anteriormente, sEGuRos COnsTITucIóN, C.A., tiene el conocimiento que las normas contenidas en la Ley de la Actividad Aseguradora, son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, este Órgano de Control estima que la mencionada aseguradora incurrió en responsabilidad administrativa al. haber no haber indemnizado el siniestro reportado por la ALICIA SOSA CAMPERO, dentro del plazo legalmente previsto para ello. Así se decide.
Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la infracción por parte de la aseguradora al contenido del el Parágrafo Primero del artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora, es por lo que este Órgano de Control sanciona a la empresa SEGUROS CONSTITUCIóN, C.A., con multa por la cantidad de Noventa y Siete Mil Quinientos Bolívares (Bs. 97.500,00), minima de la sanción prevista en el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora, por haber incurrido en retardo en la tramitación del siniestro reportado por la ciudadana ALICIA SOSA CÁMPERO.
La referida sanción se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se cometió.la infracción (2010), de Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 65.00).
Finalmente,esta SuperintendenciadelaActividad Aseguradora considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley, de Publicaciones Oficiales, el cual UNIDOS DE VENEzUELA, se publicarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejecutivo publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.".
(Énfasis nuestro).
Vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
DECIDE Primero:
Sancionar a la empresa SEGUROS CONSTITUCIóN, C.A., con multa por la cantidad de Noventa y MilQuinientos Siete Bolívares (Bs. 97.500,00), minima de la sanción prevista en el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora, por haber incurrido en retardo en la tramitación del siniestro reportado por la ciudadana ALICIA SOSA CAMPERO.
Segundo: Ordénese la publicación del presente acto.
administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones. Oficiales.
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Tercero: Se ordena notificar a ias partes involucradas de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo.
Contra la presente decisión podrá la empresa SEGuros CONSTITUCIóN,C.A.,intentarelRecursOde Reconsideración, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de esta Providencia, conforme a lo establecido en el artícuio 94 de la citada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
de LOSE LUIS/PERE Superintenden de ia-Actiead Aseguradora G.O.R.B.V. po 39.360 de fecha 03 de febrero de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución N°0.5 8 Caracas, 2 7 MAY 2013 203° y 154° Visto que el Superintendente Nacional de Vaiores tiene el carácter de liquidador de fos entes sometidos a su control, y en razón de elío, las más amplias facultades de administración, disposición control y vigilancia,„además de las facuitadas que la Ley y los estatutos confieren a la Asamblea, a la Junta Administradora y demás órganos-del ente intervenido, conforme a lo estabiecido en el artículo 21 de ia Ley de Mercado de Valores.
Visto que ei ciudadano Jorge Zedan Abudey, titular de la céduia de identidad N° V- 3.773.860, en su carácter de acreedor de ia sociedad mercantil Aba Miercado de Capitales, Casa de Bolsa, C.A. (en liquidación), presentó ante esta Superintendencia Nacional de Valores, documentación mediante la cual solicita la Reconsideración de la calificación de sus acreencias relacionadas con la titularidad de inversiones en Bonos Públicos emitidos por la República de Argentina denominados BODEN 15 por un monto de 17.500,00 US$ Ios cuales fueron adquiridos el 05 de marzo de 2005 por su grupo familiar y transferidos a su nombre el 13 de abril de 2007, los cuales se encuentran en custodia de la citada Casa de Bolsa.
Visto que una vez analizados los argumentos expuestos en la solicitud, asi como de la documentación presentada por el ciudadano Jorge Zedan Abudey, antes identificado contra el aviso de calificación de acreencias de la sociedad mercantil Aba Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, C.A. (en liquidación), publicado en los diarios Panorama, Últimas Noticias y El Carabobeño en fecha 13 de mayo de 2013, del cual se pudo comprobar la certeza de las operaciones realizadas por el citado ciudadano por ante la sociedad mercantil Aba Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, C.A. (en liquidación), encontrándose que las mismas corresponden a operaciones propias de mercado.
La Superintendencia Nacional de Valores, en uso de la atribución conferida en el .articulo 21 de la Ley de Mercado de Valores, y los articulos 13, 15 y 16 de las Nommas para la Liquidación Administraliva de los Operadores de Valores Autorizados, Casas de Boisa Agricola, Entidades de Inversión Colectiva y sus Sociedades Administradoras.
RESUELVE
1.- Cambiar el estatus de la acreencia presentada' al cobro por el ciudadano Jorge Zedan Abudey, titular de la cédula de identidad N° V-3.773.860 de diferida a calificada.
2.- Calificar como acreencia en el primer orden de prelación de pagos, la inversión en Bonos Públicos emitidos por la República de Argentina denominados BODEN 15 por un monto de 17.500.00 US$ o su equivalente en bolívares, presentada al cobro por el ciudadano Jorge Zedan Abudey, titular de la cédula de identidad N° V.
3 773 860.
3.- Notificar al ciudadano Jorge Zedan Abudey, titular de la cédula de identidad N° V-3.773.860, en su carácter de.acreedor de la sociedad mercantil Aba Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, C.A. (en liquidación), lo acordado en la presente Resolución.
4.- Notificar al ciudadano Hernán Sánchez Duran en su carácter de Coordinador del proceso de Liquidación de la sociedad mercantil Aba Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, C.A., de conformidad con la Resolución N° 001 de fecha 08 de enero de 2013 dictada por la Superintendencia Nacional de Valores, lo acordado en la presente Resolución, conforme a lo previsto en el .artículo .73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese, Fomás Sánchez Malas Superintendente NacionaleVa § KIPERINTENDENTE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Resolución N° 060 Caracas, 203° y 154° 2 7 MAY 2013
Visto los recaudos consignados por la Firma de Contadores MEpiNA, ARELLANO, NEGRÍN & ASOCIADOS, con ocasión de Su Solicitud de incorporación de los Contadores Públicos independientes, Carolina Arellano y María Medina, titulares de las cédulas de identidad N° V- 11.740.128 y N° V-5.302.631, respectivamente, como socios designados para suscribir informes de auditoría en nombre de la Firma, en el Registro Naciona! de Valores, dado que cumple con los requisitos exigidos de conformidad con io previsto en la normativa correspondiente.
Visto que las ciudadanas Carolina Areliano y María Medina antes identificadas, han cumplido con los requisitos legales exigidos por este Organismo para suscribir los informes de Auditoría de la referida sociedad civil.
La Superintendencia Nacional de Vaiores, en uso de la atribución conferida en el artículo 3 numeral 3 de las "Normas Relativas a las Auditorías Externas", en concordancia con el artículo 36 de las "Normas para la Elaboración de Estados Financieros de las Entidades Sometidas al Controi de la Comisión Nacional de Valores, ratio Funcionamiento del Registro Nacional de Valores":
RESUELVE
1. Inscribir en el Registro de "Contadores Públicos Independientes de la Profesión" a la ciudadana Carolina Arellano, antes identificada, para suscribir los informes de Auditoría de la SOCIedad CiVil MEDINA, ARELLANO, NEGRÍN & ASOCIADOS.
2. Inscribir en el Registro de "Contadores Públicos Independientes de la Profesión" a la ciudadana María Madina, antes identificada, para suscribir los informes de Auditoría de la SOCiedad CIVIl MEDINA, ARELLANO, NEGRÍN & ASOCIADOS.
3. Estampar la correspondiente nota marginal en el libro de "Registro Especial de Firmas de Públicos Contadores independientes" en' la cuai conste que las ciudadanas Carolina Areilano y María Medina, antes identificadas, tienen facultad
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para suscribir informes de Auditoría en nombre de la sociedad MEDINA, ARELLANO, NEGRÍN & ASOCIADOS.
4. Notificar a la SOCiedad MEDINA, ARELLANO, NEGRÍN AsociApos, lo acordado en la presente Resolución.
Comunignes Publíquese, Tomás Sánchez Mejías Superintendente Nacional de Osmee
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINUSTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 06 Resolución N° .2 7 MAY 2013 Caracas, 203° y 154° Visto que la Superintendencia Nacional de Valores es el órgano encargado de regular y supervisar el funcionamiento eficiente del Mercado de Valores, con el objeto de proteger a las persona que han realizado Inversiones en Valores, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores.
Visto que de conformidad con el artículo 19 numeral 1 de la Ley de Mercado de Valores, las personas cuyos valores sean objeto de oferta pública se encuentran regulados por la presente Ley.
Visto que el Registro Nacional de Valores, lleva los libros de emisiones de títulos valores y la suspensión, cancelación y cualquier acto que modifique las inscripciones se harán constar mediante notas marginales de conformidad con el artículo 3 ordinal C y artículo 12 de las Normas Relativas al Funcionamiento del Registro Nacionai de Valores.
Visto que la Comisión Nacional de Valores hoy Superintendencia. Nacional de Valores, autorizó mediante Resolución N° 045-2007 de fecha 03 de abril de 2007, a la sociedad mercantil Banco Naclonal de Crédito, C.A., Banco Universal, a realizar oferta pública de la emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones (Emisión 2007). por la cantidad de cincuenta millones de Bolívares (Bs. 50.000.000,00).
Visto que la sociedad mercantil Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Unlversal notificó mediante aviso de prensa autorizado por esta Superintendencia Nacional de Vaiores y publicado en fecha 11 de abril de 2013, conforme a los requerimientos legales, que vencido el plazo establecido, ninguno de los inversionistas de las Obligaciones Convertibles en Acciones ejerció su derecho a solicitar la conversión de sus títulos en acciones del Banco.
En consecuencia, la sociedad mercantil Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, en fecha 23 de abril de 2013, realizó depósito en el agente de pago, C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., de lo correspondiente al capital de las Obligaciones Convertibles. en Acciones, es decir, Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 50.000.000,00), más los intereses del último mes a la tasa del 16,50% anual, por la suma de Setecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Bolívares con 33/100 (Bs.
733.333,33).
Visto que la sociedad mercantil Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, consignó. ante esta Superintendencia Nacional de Valores, un comunicado de fecha 24 de abril de 2013 de la C.V.v. Caja Venezolana de Valores, s.A., confirmando el pago de la totalidad dei capita. y os inte eses correspondientes a las Obligaciones Convertibles én Acciones (Emisión 2007), anexando la certificación de pago a los Inversionistas.
La Superintendencia Nacional de Valores, en uso de la atribución conferida en el artículo 3 literal C y 12 de las Normas Relativas al Funcionamiento del Registro Nacional de Valores.
RESUELVE
1.- Ordenar al Registro Nacional de Valores estampar la correspondiente nota marginal, referente al pago de las Obligaciones Convertibles en Acciones (Emisión 2007), por la cantidad de Cincuenta Millones de Bolívares (Bs.
50.000.000,00), más los intereses del último mes a la tasa del 16,50% anual, la suma de Setecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Bolívares con 33/100 (Bs. 733.333,33) de la sociedad mercantil Banco Naclonal de Crédito, C.A., Banco Universal.
2.- Notificar a la sociedad mercantil Banco'Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal y a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., lo acordado en la presente Resolución, de conformidad a lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
niquese Publíquese, CARACAS
Tomás Sánchez Mejlas SUPERINTENDENTE Superintendente Nacional de Valo
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución Nro.0 63 Caracas, 2 7 MAY 2013:
203º y 154º Visto que los Asesores de Inversión se encuentran sometidos al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 numeral 4 de la Ley de Mercado de Valores.
Visto que la Superintendencia Nacional de Valores tiene la atribución de cancelar o suspender por causa debidamente justificada y mediante Resolución motivada, la inscripción en el Registro Nacional de Valores de cualquier persona regulada por la Ley de Mercado de Valores, conforme a lo establecido en su artículo 8 numeral 21.
Visto que la Sociedad mercantil "UNO ASESORES DE INVERSIÓN, c.A.", se encuentra bajo la tutela jurídica de este Organismo, por cuanto fue autorizada para actuar como asesor de inversión mediante Resolución N° 008-2009 de fecha 23 de enero de 2009, emanada de la Comisión Naciónal de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores...
Visto_que la Comisión Nacional de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores suspendió temporalmente la autorización INVERsIóN, C.A.", mediante Resolución N° 015-2010, de fecha 21 de enero de 2010, para actuar como asesor de inversión, todo ello, en virtud que la sociedad mercantil, se encuentra relacionada con la sociedad mercantil Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, S:A., intervenida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante Resolución N° 031-010, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, N° 5.659 de fecha 18 de enero de 2010 y según el Decreto N° 154 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.396 de fecha 05 de abril de 2010, se autorizó la fusión por absorción de
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Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., por parte del Banco de Venezuela, S,A., Banco Universal:
Una vez revisado el expediente llevado en esta Superintendencia Nacional de Valores, de la sociedad mercantil "UNo AsEsoRES DE INvERsIóN, C.A.", se pudo evidenciar que no ha consignado la declaración de no ser deudor de obligaciones morosas bancarias o. fiscales, información ésta, exigida de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de las Normas Relativas a la Autorización y Registro de los Corredores Públicos y Asesores de Inversión. Todo lo cual se evidencia del contenido del Informe N° GCIA/090/2013 de fecha 17 de abril de 2013, emanado de la Gerencia de Control de Intermediarios, Auditoría e Inspecciones.
Visto que la Sociedad mercantil "UNO ASESORES DE INVERSIÓN, C.A.", no ha consignado hasta la presente fecha, la información arriba indicada, la cual debió ser consignada ante esta Superintendencia Nacional de Valores, aún y cuando "UNo ASESORES DE INVERSIÓN, C.A.", se encuentra suspendida para actuar como asesor de inversión, evidenciándose plenamente la falta de interés por parte de la referida sociedad en mantener la autorización otorgada por este Organismo para.actuar como tal.
Visto que los incumplimientos de los asesores de inversión a la Ley de Mercado de Valores y ai las Normas Relativas a la Autorización y Registro de los Corredores Públicos y Asesores de Inversión, dan lugar a la cancelación de la autorización para actuar como tal, la.
Superintendencia Nacional de Valores, en uso de la atribución conferida en el numeral 21 del artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores,
RESUELVE
1.- Cancelar la autorización otorgada a la sociedad mercantil "Uno ASESORES DE INVERSIÓN, C.A.", para actuar como asesor de inversión mediante Resolución N° 008-2009, de fecha 23 de enero de 2009, emanada por la Comisión Nacional de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores.
2.- Estampar la correspondiente nota marginal en el Libro que a tales efectos lleva el Registro Nacional de Valores, mediante la cual conste la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la sociedad mercantil "UNO ASEsoRES DE INVERsIóN, C.A.", para actuar como asesor de inversión.
3.- Notificar a la sOciedad mercantil "UNo ASEsoREs DE INVERsióN, C.A.", lo acordado en. la presente Resolución, conforme a lo previsto en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
4.- Notificar a la Bolsa de Valores. de Caracas, C.A., a la: Bolsa .Pública de Valores Bicentenaria y a la CVV Caja Venezolana de Valores, S.A., lo acordado en la presente Resolución.
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente Resolución podrá ser interpuesto Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión.
Comuníquespublíquese, Tomás Sánchez Mejlas Superintendente Nacional de V ERINTENDENTE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES Resolución Nº 0 6 4 Caracas, 2 7 MAY 2013 203º y 1542 Visto que de acuerdo al contenido de los artículos 1, y 4, de la Ley de Mercado de Valores, la Superintendencia Nacional de Valores, es el órgano; encargado de regular, vigilar y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, a los fines de brindar protección a las personas que hayan realizado inversiones en valores.
Visto que los Operadores de Valores Autorizados están sometidos al controlde la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 19. de la Ley de Mercado de Valores.
Visto que los Operadores de Valores Autorizados están en la obligación de consignar la información económica financiera, exigida en las Normas Relativas a la Información Económica y Financiera que deben Suministrar las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de-Valores, dentro de los plazos indicados en éstas, conforme a lo prévisto en su artículo 2.
Visto que derivado de la referida potestad de control y supervisión, la Superintendencia Nacional de Valores, podrá adoptar las medidas necesarias en resguardo de los intereses de quienes hayan efectuado inversiones en valores, conforme al artículo 8 numeral 21 de la Ley de Mercado de Valores.
Visto que la sociedad mercantil MASVALOR SoCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A, fue autorizada pór la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores, mediante Resolución Nº 219-2008 de fecha 29 de octubre de 2008, para actuar como Sociedad de Corretaje de Títulos Valores en los mercados primario y secundario hoy Operador de Valores Autorizado.
Visto que conforme al informe N° GCIA/035/2013, de fecha· 22 de mayo de 2013, emanado de la Gerencia de Control de Intermediarios, Auditoría e Inspecciones, se desprende que una vez analizada la información económica' financiera ai 31/04/2013, consignada: por la SOCiedad MerCantil MASVALOR SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULos VALoREs, S.A., se -pudo observar, que dicha sociedad mercantil se encuentra fuera del Rango Patrimonial y el Índice de Patrimonio y Garantías es inferior al mínimo requerido, no pudiendo realizar ningún tipo de actividad contemplada en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas y las Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa, situación esta que la pone al margen de lo previsto en los artículos 91 y 92_de las citadas Normas.
Visto que del citado- informe se pudo verificar que la referida sociedad mercantil incumple presuntamente los artículos 27, 29 y 33 de las Normas Relativas a la Información Económica y Financiera que deben Suministrar las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de Valores, toda vez que MASVALOR SoCIEDAD DE CORRETAJÈ DE TITULOS VALORES, S.A., presenta atrasO de manera reiterada en la consignación de la información económica financiera que debe ser consignada en forma trimestre!, semestral y anualmente.por la sociedad.
Visto que la sociedad mercantil MASVALOR soCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A., presenta una pérdida acumulada' que representa el 103% del Capital Social, por lo que se encuentra incursa en lo previsto en el artículo 264 del Código de Comercio.
Visto que el Régimen de información contenido en la Ley de Mercado de Valores, y en las Normas . Relativas a la Información Económica y Financiera que deben Suministrar las Personas Sometidas al Control de la Superntendencia Nacional de Valores, constituye un elemento de.
fundamental importancia en la transparencia de- las actividades dei mercado de valores.
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La Superintendencia Nacional de Valores, en uso de la atribución conferida en el numeral 21 del artículo 8 de la Ley de Mercado de ·Valores, RESUELVE I.- Suspender la autorización otorgada a la sociedad mercantil MASVALOR SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A., por la Comisión Nacional de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores para actuar como Sociedad de Corretaje de Títulos Valores en los mercados primario y secundario hoy Operador de Valores Autorizado, mediante Resolución N° 219-2008 de fecha 29 de octubre de 2008, hasta tanto dicha sociedad reponga su capital social, para lo cual se le concede un lapso de treinta (30) días continuos, en el entendido que vencido el plazo aquí señalado sin que la citada sociedad cumpla con lo ordenado en la presente Resolución, se procederá a cancelar la autorización para actuar como Sociedad de Corretaje de Títulos Valores en los mercados primario y secundario hoy Operador de Valores Autorizado.
2.- Notificar a la sociedad mercantil MASVALOR SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A., lo acordado en la presente Resolución de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
3.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A, a la Bolsa Pública de Valores Bicentenarià y a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., lo acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
De conformidad con lo estabiecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente decisión podrá ser interpuesto Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la respectiva notificación.
Tomás Sánchez Mejías Superintendente Nacional de Val
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PÖDER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° DPICJ 009- 2013 Caracas, 05 de junio de 2013 203° y 154° El Presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, Felix Antonio Franco Baptista, designado mediante Resolución Nro. 3.026 de fecha 01 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.686 de fecha 01 de junio.de 2011. en el ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 7 del artículo 8 del Reglamento General de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 39.659 de fecha 25 de abril de 2011, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos.
Administrativos y actuando en atención a lo dispuesto en el artículo Tercero de . la Resolución Nro. DP/CJ/11-2012, de fecha 11 de febrero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.876 de fecha 05 de marzo de 2012, acordó:
.PRIMERO: Modificar el resuelve Primero de la Resolución Nro. DP/CJ/11- 2012, de fecha, 11 de febrero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la Repiblica/Bolivasiana de Venezuela Nro. 39.876 de fecha 05 de marzo de 2012, en consecuencia, deja sin efecto la delegación de firma de los documentos :que impliquen movilización de los recursos financieros previstos en el presupuesto de ingresos y gastos de la Bolsa Pública de Valores Biceñtenairia, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto vigente, por lo que respecta al ciudadano. JUAN JESÚS ARÉVALO GONZÁLEZ.
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.242.070:
SEGUNDO: Se delega, en la ciudadana JENNY DALILA ESCALONA.
venezolana, mayor de edad y portadora de la Cédula de Identidad Nro. V- 13.110.099. funcionaria de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la firma de los documentos que, impliquen movilización de los recursos financieros previstos en el presupuesto de ingresos y gastos de la Bolsa, de acuerdo con la Ley de Presupuesto vigente, actuando en forma mancomunada o separadamente con el Presidente o los Directores Principales del Directorio del instituto.
TERCERO: Saivo lo anterior. queda en plena vigencia y vigor 'el resto de la citada Resolución Nro, DP/CJ/11-2012 de fecha 11 de febrero de 2012, en°los.
términos en ella expuestos.
CUArTO: La. presente Providencia" entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Notifiquese y publiquese.
Félix Antonio Franco Baptista.
Presidente.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NUMER 1 6 .. 31 DE MAYDE 2 013 203° y 154° El ciudadano Superintendente de Seguridad Social. según consta en el Decreto República Bolivariana de Venezuela N° 39.913 de fecha 02 de Mayo de 2012 r:
ejercicio de las atribuciones conferidas en el articulo 32' Numeral 4 de la Lev Orgánica del Sistema de Seguridad Social.
CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Superintender.a de Seguridad Social, tiene la facuitad de configuración de los actos admin.strativos. en tal sentido.
DECIDE Artículo 1: Corregir el Acto Administrativo N° 006 relacionado con la designación de la ciudadana ELIZABETH OBDULIA PINTO GUEVARA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.177, de fecha 29 de mayo de 2013. por incurrirse en el error material, donde dice, INTENDENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y CONTROL. debe de CiIr..
INTENDENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y CONTROL (ENCARGADA).
Artículo 2. La presente Providencia Administrativa tiervisenciaa partir de la fecha de su publicación Dr. JULIO CÉSAR ALREZ Supenntendente de Segurioa&Spcial Gaceta Oficial N° 39 913 echa 02 de Ma
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NUMERO 017 31 DE MAYO DE 2 013 :
203º y 154° El ciudadano Superintendente de Se juridad Social, según consta en el Decreto N° 8.935. de fecha 30 de Abril de 2012. publicado en la Gaceta Oficial de. la República. Bolivariana de Venezuela N° 39.913 de fecha 02 de Mayo de 2012 en Orgánica del Sistema de Segundad Sociai.
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CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Superintendencia de Seguridad Social, tiene la facultad de corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos, en tal sentido, DECIDE Artículo 1: Corregir el Acto Administrativo Nº 008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.177, de fecha 29 de mayo de 2013, por incurrirse en el error material, donde dice, FLOR YANETH RONDON OLIVARES, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como GERENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS REGÍMENES PRESTACIONALES, debe decir, FLOR YANETTE RONDON OLIVARES, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción _como GERENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS REGÍMENES PRESTACIONALES (ENCARGADA) Artículo 2. La presente Providencia Administra cia a partir de la fecha de su publicación.
Df. JULIO CÉSAR A AREZ Superintendente de SegurioSocia Decreto N° 8935 de fecha 30 de Gaceta Oficial N° 39.913 fecha 02 de Mayo de 2012.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO
DESPACHO DEL MINISTRO- CONSULTORIA JURIDICA NÚMERO: 059/2013 CARACAS, 1 3 JUN. 2013
203°, 154° y 14°
RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para el Comercio, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de esa misma fecha, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 62, en concordancia .a lo establecido en los numerales 13 y 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 y el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; concatenado con lo previsto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional este Despacho:
RESUELVE
Articulo 1°.- Delegar en el ciudadano EDUARDo SAMAN NAMEL, titular de la cédula de identidad N° V- 6.431.696, en su carácter de Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), designado mediante Decreto N° 165, de fecha 09 de junio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.185, de fecha 10 de junio de 2013, la facultad de designar y remover a los Directores y al Personal de Confianza adscrito a dicho Instituto, la cual me fue conferida por disposición expresa del artículo 100, numeral 6 de la Ley para la Defensa de las, Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Queda a salvo, lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada. Los actos y documentos firmados de conformidad con esta Resolución deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de la misma y de la Gaceta Oficial donde haya sido publicado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el ciudadano EDUARDO SAMAN NAMEL, Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), presentará una relación detallada de los actos y documentos que hubiere firmado en virtud de la presente delegación.
Artículo 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, mhyT Ministro dei Poder Popuiar para el Comercip
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO
DESPACHO DEL MINISTRO- CONSULTORÍA JURIDICA NÚMERO: 060/ 2013 CARACAS, 1 3 JUN. 2013
203°, 154° y 14°
RESOLUCIÓN
El Ministro del Poder Popular para el .Comercio, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de esa misma fecha, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 62, en concordancia a lo establecido en los numerales 13 y 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 y el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; concatenado con el numeral 6 del _artículo 100 y artículo 103 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienés yServicios, este Despacho:
RESUELVE
Artículo 1°.- Designar como Directores del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), a los ciudadanos que se indican a continuación:
Cedula de identidad Directores V.-10.835.838 CARLOS E. HERRERA M.
V.-12.166.579 WILLIAM J. CAÑAS D.
MANUEL E. RIVERA V.
V.-10.496.536 JUAN C. TREVIJANO V.
V.-12.069.094
Artículo 2°.- En virtud de la presente designación se les autoriza, a los" ciudadanos identificados en el artículo anterior, a suscribir todo lo concerniente al ejercicio de la función que desempeñen en sus cargos.
Artículo 3°.- El Ministro del Poder Popular para el Comercio, queda encargada de la juramentación de los referidos ciudadanos.
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Artículo 4°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, ALEJANDRO ANTONIO HLEMING CABRERO Ministro de Poder Popular para el Comercio MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.
FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN INNOVACIÓNPARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 009/2013. CARACAS, 13 DE JUNIO DE 201.3.
AÑOS 203º y 1542
De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en ejerciclo de las atribuciones previstas en el único aparte del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 20, Título V de los Estatutos de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CiARA), publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de julio de 2010, este Despacho dicta la siguiente;
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1. Se designa ala ciudadana ONANDIA ISABEL MARTíNEz ARDILA, titular de la céduia de identidad número V.
16.430.365, COMO DIRECTORA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES de la FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA), en calidad de encargada.
Artículo 2. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del cuatro (04) de junio de 2013.
Comuníquese y publíquese.
CIARA BRUT LINARRSSDENCIA Presidente de la Fundación de capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria publicada en Gaceta Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de abril de 2013.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 054 CARACAS, 9 DE MAYO DE 2013 203° y 154° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 25, 26 y 28, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda en concordancia con el articulo 52 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; y conforme al Decreto N° 7.513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerio del Poder Popular.
para:Vivienda y Hábitat y Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, relativo a la designación del Ministro del Poder Popular pára Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta Oficial N° 40.151 de la misma fecha, este Despacho Ministerial;
CONSIDERANDO Que es obligación del Estado. Venezolano garantizar el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución_de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando ei acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las -políticas, programas y proyectos que desarrolle en esa materia; conforme a principios constitucionales de justicia social, igualdad y equidad, dando prioridad a las familias de escasos recursos y de atención especial;
CONSIDERANDO
Que corresponde al Estado Venezolano a través del Ministerio del Poder Popuiar para Vivienda y Hábitat dentro del marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, proteger el interés colectivo inherente ai derecho a úna vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias;
CONSIDERANDO
para. Vivienda y Hábitat la regulación, formulación, ejecución, seguimienag
RESUELVE Artículo 1. Se ordena Ocupación Temporal del Inmueble denominado Arenera La Vega, ubicado en avenida Recolectora, sector Tocorón, parroquia San Francisco de Yare, municipio Simón Bolivar del estado Bolivariano de Miranda, con un área de extensión de terreno aproximada de CUARENTA Y SIETE HECTÁREAS (47 ha), y cuyas medidas en Coordenadas Universal Transversai Mercator (UTM) son:
748.125,15
1.123.864,08 1
748.110,57
1.123.785,02 2
748.109,22 3
1.123.772,85
748.125,23
1.123.730,03 4 5
748.141,89
1.123.697,61 6
748.035,45
1.123.591,93
1.123.560,50
748.012,34 7
747.973,97
1.123.483,31 8 9
747.951,32
1.123.283,62
747.897,24 10
1.123.105,66
747.870,50 11
1.123.043,79 12
747.850,07
1.122.993,40 13
747.903,18
1.122.787,75 .14 .747.916,80
1.122.614,78 15
747.946,77
1.122.268,84 16
747.803,76
1.122.151,72 17
747.751,02 -1.122.102,91 18
747.704,99
1.122.084,48 19
747.657,82
1.122.074,41 20
747.653,89
1.122.103,15 21
747.711,21
1.122.178,70 22
747.703,27
1.122.206,08 23
747.691,23
1.122.220,08
747.673,30 24
1.122.270,68 25
747.657,33
1.122.277,07 26
747.594,20
1.122.248,33 27
747.532,30
1.122.241,94
747.512,89
1.122.247,84 28
página original (tal como se publicó)

Página 16
747.509,70 29 I.122.274,12 30
747.519,03
1.122.293,28 31
747.524,19
1.122.308,51 32
747.543,60
1.122.329,64 33
747.572,40
1.122.343,85
747.595,98 34
1.122.335,84 35
747.618,22
1.122.326,05
747.647,13 36
1.122.324,27 37
747.688,51
1.122.322,94 38
747.745,89
1.122.328,28
747.778,37 39
1.122.342,51
747.802,83 40
1.122.362,97' 41 .747.809,06
1.122.393,67
747.776,52 42
1.122.543,96 43
747.741,44.
1.122.600,08
747.731,21 44
1.122.680,16 45
747.711,64
1.122.704,62 46
747.726,32
1.122.733,09 47
747.724,09 .1.122.767,35 48
747.705,85
1.122.788,70 49
747.703,63
1.122.809,61 50
747.649,80
1.122.845,64 51
747.638,24
1.122.898,13
747.649,36 52
1.122.923,94
1.122.947,51 53
747.678,72
747.706,30 54
1.122.955,07
747.750,34 55
1.122.993,33
747.794,38 56
1.123.029,81
747.812,62 57
1.123.073,85
747.841,53 58
1.123.109,44
747.853,55 59
1.123.137,46
747.832,17 60
1.123.228,83 61
747.761,95
1.123.383,66 62
747.724,54
1.123.407,94 -1.123.423,58 63
747.713,16
747.718,31 64
1.123.519,59 65
1.123.665,93
747.775,01
747.766,85 66
1.123.718,52 67
747.733,54
1.123.729,43
747.660,71 68
1.123.679,66 69
747.609,03
1.123.676,98
747.547,82 70
1.123.701,51 71
747.536,17
1.123.725,64 72
747.563,60
1.123.798,62
1.123.888,45 73
747.562,39 74
747.517,47
1.123.932,15
747.447,25 75
1.123.961,16 76
747.433,97
1.124.049,40
747.471,;35 77
1.124.122,73 78
747.622,78
1.124.081,66 79
747.650,77
1.124.021,89
1.123.959,36 80
747.673,99
747.705,62 81
1.123.927,29 82 .1.123.963,58
747.725,97 83
747.751,26
1.123.976,22
747.801,83 84
1.123.961,47
747.855,92 85
1.123.971,31 86
747.877,76
1.123.999,06
747.897,49
1.124.001,70 87 88
747.968,30
1.124.000,81
747.973,92 89
1.123.890,53 90
747.975,33
1.123.875,08 91
747.989,93
1.123.865,20 92
748.013,17
1.123.859,09 93
748.075,09
1.123.865,98
748.125,15
1.123.864,08 94
748.125,15
1.123.864,08 1 Artículo 2. En virtud de la Medida Administrativa contenida en el articulo anterior, se ejecutarán las evaluaciones técnicas y operaciones necesarias para poner al servicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMvV) los agregados pétreos que en este inmueble se encuentran, todo en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda.
Artículo 3. El ente ejecutor de esta medida será la Alcaldia del municipio Simón Bolivar del estado Bolivariano de Miranda.
Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y Publíquese
Ministro
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN.
RESOLUCION DM/N°_03 8 - 73
Caracas, 19de_uno de 2013 203°, 154° y 14° Quien suscribe, FÉLDX RAMÓN OSORIO GUZMÁN, Ministro del Poder Popular para la Alimentación, designado mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de 1a República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y el numeral 19 del artículo 77 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y. Fuerza de Ley Orgánica de la Administración- Pública, concatenado con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 12 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), publicada en la Gaceta. Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.869 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2007, RESUELVE Artículo Único. Designar a la ciudadana MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 8.685.680, como Presidenta de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPRoAL), enteadscrito a este Ministerio, a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Boliváriana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, FÉLID RAMÓN OSORIO GUZMÁN Ministro der Poder popular para la Alimentación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALA CULTURA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N° CARACAS, 13 DE JUNIO DE 2013 202° y 153° De conformidad con lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
CONSIDERANDO Que en la Resolución N° D15, de fecha 20 de Mayo de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.187, de fecha 12 de junio de 2013, se incurrió en un error material en el Articuio 1°.
RESUELVE Primero: Corregir la Resplución N° 015, de fecha 20 de. Mayo de 2013, sustituyéndose en el Articulo 1°.
Donde Dice:
Artículo 1. Designar a ias miembros del Consejo Directivo y Coordinadores en línea de la Fundación Cinemateca Macional, el cual queda conformado por las siguientes ciudadanas y ciudadanos:
CONSEJO DIRECTIVO Javier Sarabia Mariche C.. V.- 3.977.524 Presidente (E) C.. V.-14.021.043 Laura Romero Directora Ejecutiva Armando Roberto Armenta Prasia C.1. V.- 26.862.186 Coordinador General de Gestión Estratégica Maria Marin C.I. V.- 4.354.243 Coordinador General de Gestión Interna Olga Ruimwyk C.. V.- 11.251.272 Coordinador General de Gestión Operativa Oscar Antonio Garbisu Crespo Representante del Ministerio de MPPC C.1. V.- 4.768.786 Iván Padilla Bravo C.I. V.- 3.474.174 Representante del Ministerio de MPPC Siendo lo correcto:
Articulo 1. Designar a los miembros del Consejo Directivo, el cual queda conformado por los siguientes ciudadanos y ciudadanas:
CONSEJO DIRECTIVO C.. V.- 3.977.524 Presidente (E) Laura Romero C.I. V.-14.021.043 Direclora Ejecutiva C.. V.- 26.862.186 Coordinador General de. Gestión Estrali-gic.a Maria Marin, C.I. V.- 4 354.243 Coordinador General de Gestión Interna Olga Ruimsyk C.L. V.- 11.251.272 Coordinador General de Gestión Operafua C.I.V.-4.768.786 Representante del Ministerio de MPPC iván Padilla Branc C.I. V.- 3.474.174 Representante del Ministerio de MPPC
página original (tal como se publicó)

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Segundo: Procédase a una nueva publicación de la Resolución originalmente publicada, con la corrección incorporada, conservando su misma fecha y las características antes indicadas.
Comuniquese y publíquese,
FIDEL BARBARITO MINISTRO DEL PODER POPULAB PARAOA QULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DESPACHO DEL MINISTRO RESOLUCIÓN N°015.
CARACAS, 20 DE MAYO DE 2013 203° y 154° En ejercicio de las atribuciones que me confiere el. Decreto N° 02, de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República_ Bolivariana de.Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en uso de las atribuciones legales previstas en el articulo 27 y disposición transitoria vigésimasegunda del Decreto N°. 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°.
39.202 de fecha 17 de Junio de 2009, en concordancia con lo estabiecido en el articulo 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de, la Administración Pública, de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de Venezuela N°5.890 Extráordinario, y de acuerdo a lo tipificado en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, RESUELVE Artículo 1. Designar a los miembros del Consejo Directivo, el cuai queda conformado por los siguientes ciudadanos y ciudadanas:
CONSEJO DIRECTIVO Javier Sarabia Mariche Presidente (E) C.I. V.- 3.977.524 C.I. V.-14.021.043 Directora Ejecutiva Laura Romero Armando Roberto Armenta Prada C.I. V.- 26.862.186 Coordinador General de Gestión Estratégica Marla Marin C.1. V.- 4.354.243 Coordinador General de Gestión Interna Olga Rulmwyk Coordinador General de Gestión Operativa C.I. V.- 11.251.272 Representanta del Ministerio de MPPC Oscar Antonio Garbisu Crespo C.I. V.- 4.768.786 Representante del Ministerio de MPPC C.I. V.- 3.474,174 Iván Padilla Bravo Artícuio 2. La presente resolución entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuelariana Comuniquese y Publíquese,
FIDEL BARBARITO MINISTRO DEL PODER BOPULAR PARA-LA CULTURA ESPACHO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) Providencia Administrativa N° 002-2013 Caracas, 10 de junio de 2013 202° y 153° El ciudadano JUAN CARLOS LOSSADA ACOSTA, venezolano, mayor de.edad, de estado civil casado, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° 11.375.591, Presidente del CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC), carácter este consta en Decreto Nº 8.1g0 de fecha 11 de marzo de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.651, de fecha siete (07) de abril de 2011.
CONSIDERANDO
Que ei artículo 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y dei Sistema Nacional de Control. Fiscal, dispone: que los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley serán designados mediante concurso público con excepción del Contralor General de la República, en consonancia con el artículo 30 de la Ley Supra citada que señala: "los titulares de las unidades de Auditoria Interna de los entes y organismos señalados en el artículo 9, numeral 1 al 11, de esta Ley, serán designados por la Máxima autoridad jerárquica de la respectiva entidad, de conformidad con los resultados del concurso público".
CONSIDERANDO
Que el Artículo 43 del Reglamento sobre Concursos Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de Ios Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicada en la Gaceta Oficial de. la República Bolivariana de Venezuela N° 39.350 de fecha 20. de enero de 2010, señala: "se puntuación, la cual debe ser igual o superior a la exigida en los artículos 39 al 42 del dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso previsto para la aceptación del cargo a que se refiere el artículo 47 del presente Reglamento".
CONSIDERANDO
Que en el Acta final de fecha veintitrés (23) de mayo de 2013, suscrita por el jurado calificador para la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna de este instituto, se declaró ganador al ciudadano WILMER JOSE RIERA: MIJARES, titular de la céduia de identidad N° V-6.229.178, con una calificación de 69,75 puntos.
DECIDE:
Artículo UNICO; Designar al ciudadano WILMER JOSE RIERA MIJARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.229.178, Auditor Interno de este instituto, a partir de once (11) de junio de 2013.
Comuníquese y Publíquese.
JUAN CARLOS LOSSAD STA Presidente Centro Nacional Autónomo decinematogatie (CNAC) Decreto N° 8.100 de fec Gaceta Oficiel N° 39.651 de fecha Baie4/2011
REPÚBLICA BOLIVARIÁNA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 019/13 CARACAS, 7 DE JUNIO DE 2013 203° y 154° 1 ANTECEDENTES De acuerdo a la denuncia formulada el 15 de.abri de 2009 por el ciudadano Pedro Figueroa Guerrero, especialista en Patrimonio del Gabinete Cultural del estado Lara para entonces, en la cual indica presuntas demoliciones internas del inmueble denominado "Hotel Lara estado Lara; y al informe detallado al respecto, presentado ante este instituto del Patrimonio Cultural el 20 de abril de 2009, en el cual se evidencia mediante informe fotográfico la demolición interna del inmueble.en cuestión;
considerando que el inmueble denominado "Hotel Lara 2000o", ubicado en la esquina de la carrera 22, con calle 30 del municipio Iribarren del estado Lara, se encuentra protegido al mediante Providencia N° 003-05 de fecha 20 de febrero de 2005, publicada en Gaceta Oficial N° 38.234 de fecha 22 de julio de 2005 y por cuanto dichos trabajos de intervención y demolición se ejecutaron sin cursar solicitud autorizatoria alguna de este Instituto, lo cual constituyó infracciones a las disposiciones normativas contenidas en el.artículo 24 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y 7 del Reglamento Parcial N° 1 de dicha Ley, en concordancia con el artícuio 21 del Instructivo que Regula el Registro General del Patrimonio Cultural y los Bienes que lo Integran, dictado por este Instituto mediante Providencia Administrativa N° 012/05 de 30 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.237 de 27 de julio de 2005 a las cuales este bien se encuentra sujeto.
El Instituto del Patrimonio Cultural en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulado de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en concordancia con .los numerales 1 y 13 del artículo 11 del reglamento Parcial N° 1 de dicha Ley, ordenó mediante auto de apertura de fecha 23 de noviembre de 2011, iniciar procedimiento administrativo signado con el N° 007/11, contra las ciudadanas ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO propietaria actual del inmueble, y CARMEN ELENA BLANCO DE FIGUEROA antigua propietaria del bien.
Se notificó de la apertura del procedimiento a la ciudadana ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO, a la ciudadana CARMEN ELENA. BLANCO DE FIGUEROA, a la alcaldía del municipio Iribarren, al ciudadano PEDRO FIGUEROA GUERRERO y al Ministro del Poder Popular para la Cultura.
ALEGATOS Y DESCARGOS En fecha 26 de diciembre de 2011, se recibió escrito de alegatos y promoción de pruebas presentado en tiempo hábil por el ciudadano JOSÉ ANTONIO ANZOLA CRESPO, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barquisimeto del estado Lara, por ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO, titular de la cédula de identidad N°V-7.439.902. En dicho escrito se argumentó lo siguiente:
1. Opone como excepción la existencia de un litisconsorcio pasivo. Señala que el procedimiento administrativo ha sido intentado presumiendo que la ciudadana ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO es la única titular del inmueble, cuando según consta en el documento público de adquisición del inmueble de fecha 1 de marzo de 2007, registrado bajo el N°26, Tomo II, el bien en cuestión para la fecha es propiedad de los ciudadanos Carmen Elena Bianco de Figueroa, José Luis, Tomás Enrique, María Teresa y Ana Gloria Figueroa Blanco, portadores de las cédulas de identidad N° V-1.002.542, N° V-7.420.716, N° V-12.018.320, N° V-10.843.614 y N° V-7.439.902, respectivamente. Circunstancia que estaría afectando desde la apertura del. procedimiento, la garantía del debido proceso y especificamente el derecho a la defensa, motivo por lo que se solicita que los demás propietarios sean llamados a participar en el presente procedimiento.
2.- Alega la situación de abandono.y deterioro en que se encuentra el inmueble. Se señala que el estado de abandono en que se encuentra el inmueble, constituye un grave
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peligro para aquella personas que transitan en las inmediaciones del inmueble, inclusive amenaza las vidas de estos. Se remite el Acta de Inspección y Evaluación de Riesgo realizado por el Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Carácter Civil del municipio Iribarren de fecha 20 de diciembre de: 2010, donde se determina que el inmueble en cuestión presenta deterioro general en todos sus componentes, no reuniendo las condiciones minimas de seguridad para lás personas que transitan por el sector, además en este informe se recomienda dirigirse a los organismos competentes en vivienda y hábitat para la solución del problema lo antes posible. De igual forma se remitió comunicación'emanada por el Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Carácter Civil del municipio Iribarren de fecha 20 de diciembre de 2010 al ciudadano José Figueroa, uno de los propietarios, donde debido a las condiciones inseguras y riesgo inminente del inmueble se le recomienda realizar los estudios pertinentes y se hace de su conocimiento la necesaria demolición del inmueble.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Autoridad decidir el presente procedimiento administrativo sancionatorio, por la cual observa:
-Una vez sustanciado como lo es el expediente que soporta la apertura del procedimiento FIGUEROA BLANCO y CARMEN ELENA BLANCO DE FIGUEROA, y ante la revisión exhaustiva del mismo se pudo observar escrito presentado por el ciudadano JOSÉ ANTONIO ANZOLA CRESPO de cédula de identidad N°V-7.347.865, recibido en este Despacho en fecha 26/11/2011, en -representación de la ciudadana ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO, donde entrega copia simple del documento de adquisición del inmueble, el Acta de Inspección y Evaluación de Riesgo realizado por el Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Carácter Civil del municipio Iribarren de fecha 20 de diciembre de 2010 y la comunicación emitida por este cuerpo de seguridad al.ciudadano José Figueroa:
1. Respecto del alegato y descargo del propietario del inmueble con relación a la existencia de un litisconsorcio pasivo, el documento de propiedad presentado demuestra efectivamente que' el inmueble en cuestión pertenece a Carmen Elena Blanco de Figueroa, José Luis, Tomás Enrique, María Teresa y Ana Gloria Figueroa Blanco. Sin embargo este Instituto del Patrimonic cultural considera que no se ha violentado el precepto constitucional del debido proceso especificamente el derecho de defensa de los demás propietarios, ya que resulta imposible para esta administración determinar con exactitud los propietarios del Bien de Interés Cultural en cuestión, por ende se entiende que el procedimiento administrativo sancionatorio por la demolición interna dei bien en cuestión debe proseguir, destacando la adhesión al proceso de los otros copropietarios.previamente identificados.
2. Con relación a las copias simples de las actas previamente identificadas presentadas por el representante de la ciudadana ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO, si bien demuestran la opinión técnica realizada por una autoridad competente en la materia, la inspección reflejada en mencionadas actas fueron realizadas en una fecha posterior a la demolición interna del bien inmueble objeto de este procedimiento administrativo, impidiendo determinar la situación en que se encontraban las estructuras que fueron demolidas por los propietarios. Por lo tanto este Instituto del Patrimonio.Cultural se le hace imposible considerar dichas actas, ya que las mismas por haber sido realizadas en una fecha posterior a la demolición, no demuestran o .expresan una opinión con el hecho objeto de este procedimiento administrativo.
. -El carácter de obligatoriedad de la respectiva autorización parà llevar a cabo cualquier intervención en un bien que ostente la cualidad de Bien de Interés Cultural:
Iribarren del estado Lara, ostenta la cualidad de "Bien de Interés Cultural" declarado por el Instituto en ejercicio de sus atribuciones legales, condiciona a las autoridades, propietarios intervencićn. En tal sentido recordamos que mediante acto N° 003/05, de 20 de febrero de 2005, publicada en Gaceta Oficial N° 38.234 en fecha 22 de julio de 2005, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró "Bien de Interés Cultural" cada una de las manifestaciones culturales tangibles e intangibles registradas en el l Censo del Patrimonio Cultural . Venezolano, y reflejadas en los catálogos elaborados con ocasión al mismo.
Dichos bienes están regulados de acuerdo a los articulos 24 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural en concordancia con el artícuio 6 y 7 del reglamento Parcial N° 1 y 12 del Instructivo que Regula el Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano y lo'establecido en la Providencia Administrativa N° 017/10 dictada por este Instituto del Patrimonio Cultural, publicada en Gaceta Oficial N°39.511, de fecha 16 de septiembre de 2010.
Patrimonio Cultural, a los fines de su protección y conservación, las edificaciones de cualquier época perteneciente a nuestra arquitectura civil, militar o religiosa con todo lo que contengan, en los cuales el Instituto del Patrimonio Cultural por declaración expresa, reconozca determinar valores históricos, artísticos o ambientales. La resolución será notificada al propietario, quien deberá hacer del conocimiento del Instituto del Patrimonio Cultural las traslaciones de propiedad que efectúe sobre las mismas".
Artículo 7° "El Instituto del Patrimonio Cultural por mandato de la Ley es un órgano de aútoridad en el ejercicio de sus funciones y es un órgano de Dirección en la materia que comprende los bienes de interés cultural, por lo que sera obligatoria su intervención y autorización en esta matería" Articulo 6° * El Instituto del Patrimonio Cultural por orden de su Ley de creación es también es un órgano de inspección y vigilancia.
Artículo 12° "Edificaciones, ,monumentos, estatuarias e hitos urbanos. Las Intervenciones de las edificaciones inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural que pongan en peligro la integridad fisica general del bien, las de sus componentes estructurales, de cerramientos, de pisos y cubiertas ornamentales y de revestimientos, asl como el entorno ambiental o paisajístico necesario para su visualidad y contemplación adecuada, requerirán la autorización previa del Instituto del Patrimonio Cultural".
Efectivamente, la autorización a la que hace referencià el articulo 7 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, resulta fundamental en la medida que se constituye como un medio de control del Estado para la tutela del Patrimonio Cultural como lo ha afirmado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.817 de 28 de noviembre de 2008 ( Caso conjunto Urbano Los Robles).
Sobre tal respecto, es menester precisar que toda vez que el Instituto del Patrimonio necesario para ejecutar sobre el inmueble denominado "Hotel Lara 2000" intervenciones capaces de afectar los valores que permitieron su inclusión en el l Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, la autorización expresa de aquél, en conformidad con lo dispuesto en los articulos 24 y 25 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, desarrollados en el articulo 7 del Reglamento Parcial N° 1 de dicha Ley; en consonancia con io establecido en el articulo 21. del Instructivo que Regula el Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano y el Manejo de los Bienes que lo Integran.
En concordancia con lo anterior dicho, es necesario destacar que para el momento de la demolición de estructuras internas del bien inmueble en cuestión, no cursaba en este Instituto del Patrimonio Cultural ninguna solicitud de autorización para realizar alguna intervención en el bien, ni tampoco había sido presentado ningún proyecto por parte de los propietarios para realizar modificaciones en el bien inmueble señalado.
Por lo expuesto se debe precisar que los propietarios del bien, para el momento de efectuarse la demolición de las estructuras i.temas, identificados como Carmen Elena Blanco de Figueroa, José Luis, Tomás Enrique, María Teresa y Ana Gloria Figueroa Blanco, incurrieron en una conducta sancionada por el citado ordenamiento que rige el Patrimonio legales. Así se declara.
DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN El articulo 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, sanciona las infracciones cometidas contra dicha Ley, con penas comprendidas entre dos límites, es decir, de cinco mil (5000) a diez mil (10.000) días de salario mínimo urbano, que en razón de la Ley que Establece ei Factor Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de Otra Naturaleza en leyes Vigente, equivalen entre quinientas (500) y mil (1.0b0) unidades tributarias. Se aplicará la Unidad Tributaria vigente para la fecha de comisión de los hechos, es decir, cincuenta y.cinco (55) bolívares por Unidad Tributaria.
Por aplicación analógica del artículo 7 del Código Penal en concordancia con los artículos 37 eiusdem y 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para el presente caso se aplica a los copropietarios del bien inmueble declarado Bien de Interés Cultural "Hotel Lara 2000", identificados como los ciudadanos CARMEN ELENA BLANCO DE FIGUEROA, JOSÉ LUIS, TOMÁS ENRIQUE, MARIA TERESA Y ANA GLORIA FIGUEROA 12.018.320, N° V-10.843.614 y N° V-7.439.902, respectivamente, el término medio de la pena, que se obtiene sumando ambas cifras y dividiéndolas entre dos, es decir, la suma de setecientos cincuenta (750) unidades tributarias.
DECISIÓN Vista las anteriores consideraciones de hecho y de derecho este Despacho de conformidad con las atribuciones que le confiere los artícuios 21 y 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pasa a dictar los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: MULTA a IoS CIUdadanOs CARMEN ELENA BLANCO DE FIGUEROA, JOSÉ LUIS, TOMÁS ENRIQUE, MARÍA TERESA Y ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO, portadores de las cédulas de identidad N° V-1.002.542, N° V-7.420.716, N° V-12.018,320, N° V-10.843.614 y N° V-7.439.902, respectivamente, copropietarios del Inmueble "Hotel Lara 2000", con setecientos cincuenta (750) Unidades Tributarias equivalente a cuarenta y un mil doscientos cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs.41.250,00).
SEGUNDO: ORDENA compuisar las presentes actuaciones asi como el presente acto y.
sea remitidas al Ministerio Público, a los fines de determinar las responsabilidades en que pudieron incurrir quienes obraron contra el Bien de Interés Cultural declarado.
Se acuerda notificar ai Ministerio del Poder Popular de Pianificación y Finanzas, una vez que el presente auto cause estado, la emisión de las planillas de liquidación de la multa impuesta por la presente Providencia Administrativa a los ciudadanos CARMEN ELENA . BLANCO DE FIGUEROA, JOSÉ LUIS, TOMÁS ENRIQUE, MARIA TERESA Y ANA GLORIA FIGUEROA BLANCO, portadores de las cédulas de identidad N° V-1.002.542, ·N° V- 7.420.716, N° V-12.018.320, N° V-10.843.614 y N° V-7.439.902, respectivamente.
Contra la presente decisión podrá interponerse recurso de reconsideración en el plazo de quince (15) dlas siguientes a su notificación más cuatro (04) dias adicionales por término de distancia, conforme el articulo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Notifiquese a los interesados de la presente decisión, de conformidad con los articulos 73 y siguiente de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Publiquese en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela.
A j 1PC:n1.
Arq. Raul Grioni Presidente Instituto del Patrimonio Cultuiral: :
Rèsolución N° 23 de fecha 10/08/2011'del MPPPCipublicado en la G.O.R.B.V. Extraordinaria. N° 39,732 s9/fecha,10/Q8/2011 REG/RCR/dI
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACION CINEMATECA NACIONAL PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 02I2012.
CARACAS, 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 202° Y 153° El Consejo Directivo de la Fundación Cinemateca Nacional, representado en este acto por los ciudadanos, Javier Sarabia, Presidente; Laura Romero, Directora Ejecutiva;
Oscar Garbisu, Coordinador General de Gestión Estratégica, · María Marín, Coordinadora General de Gestión Interna; Olga Ruimwyk, Coordinadora General de Gestión Operativa e Iván Padilla, Representante del Ministro, designado mediante Resoluciones Ministeriales N° 070 de fecha 06 de mayo de 2010; N° 104 de fecha 04 de mayo. de 2012 y N° 031. de fecha 05 de septiembre de 2011, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.421 de fecha 11 de mayo de 201.0; N° 39.932 de fecha 29 de mayo de 2012 y N° 40.017 de fecha 27 de septiembre de 2012, respectivamente, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 13 de la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios, en concordancia con el artículo 16 de su Reglamento, DECIDE:
PRIMERo: Ajustar el monto mensual de las asignaciones por concepto de jubilaciónes, correspondientes a todos los jubilados (as) dé la Fundación Cinemateca Nacional, según se indica a continuación:
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CÉDULA DE MONTO MENSUAL JUBILADO (A) IDENTIDAD AJUSTADO GLADYS CEDEÑO V-2.989.227 Salario mínimo obligatorio JAIRO QUINTERO V-3.431.418 Bs. 2.496,28 JUANA GONZÁLEZ V-5.090.023 Bs. 2.963,44 V-2.941.703 Bs. 6.271,77 TERESA BORGES EFIGENIO BERNAL V-3.554.428 Salario mínimo obligatorio JESÚS GÓMEZ V-2.798.451 Bs. 6.271,06 MARÍA MORALES V-8.075.200 Salario mínimo obligatorio SEGunDo: La presente Providencia Administrativa, entrará en vigencia a partir del día 1° de mayo de 2012.
Comuníquese y Publíquese, JAVIER SARABIA LAURA ROMER Presidente Directora Ejecutiva LGA RUIMWYK MARIA MARIN ón Coordinadora General de Gestión Interna Coordinadora General de Ges Operativa nbisu ANPADILLA ARBISU OSCAR Representante del Ministro Coordinador General de Gestión Estratégica
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Caracas, 10 de junio de 2013 203°, 154° y 14°.
Providencia N° 30/2013 La ciudadana ANDREINA TARAZÓN BOLÍVAR, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°.V-19.652.691, procediendo en su carácter de Presidenta (E) del Instituto Nacional de la Mujer, conforme a las atribuciones conferidas mediante Decreto N° 57 de fecha 03 de mayo de 2013, publicado en la. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 de mayo de 2013, en concordancia con lo establecido en los artículos 22 y 25 de la Providencia Administrativa N° 013-2012 de fecha 27 de.diciembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.104, de fecha 04 de febrero. de 2013, mediante la cual se dictó el.
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 1.- Se designa al Ciudadano RAUL EDUARDO VESGA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-17.514.012, como DIRECTOR DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA' INFORMACIÓN del Instituto Nacional de la Mujer; adscrito a la Dirección General de este Instituto.
ARTícULo 2.- El funcionario designado queda facultado para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes al cargo; así como para la realización de los competencias de la Dirección a su cargo.
ARTicuLo 3.- Corresponde al funcionario designado, en su carácter de Director de la Oficina de Sistemas y Tecnologias de la Información del Instituto Nacional de la Mujer, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1. Elaborar planes estratégicos para la incorporación de sistemas y tecnologias de información dentro del Instituto.
2. Asesorar y apoyar la adquisición de la tecnología de la información requerida por las distintas unidades organizacionales.
3. Planificar estratégicamente el mantenimiento de los equipos tecnológicos instalados en el Instituto, a fin de mantener en óptimas condiciones dichos equipos.
4. Planificar, desarrollar, instalar e implementar sistemas y aplicaciones que beneficien y automaticen las actividades desarrolladas en las unidades ,organizacionales, basándose en los estándares de diseño y operación establecidos en la normativa legal dictada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en ciencia y tecnología.
5. Mantener actualizado el inventario de recursos y tecnologías de información del Instituto.
6. Planificar y evaluar la instalación y desincorporación de los equipos tecnológicos pertenecientes al Instituto.
7. Asesorar a todas las unidades organizacionales del Instituto, sobre la utilización del software libre.de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en ciencia y tecnología.
8. Establecer las necesidades específicas de capacitación del personal bajo su dirección:
9. Velar por la alta disponibilidad de servicios tecnológicos que soporten la operatividad del instituto, 10. Evaluar y participar en los pianes y presupuestos para adquisición de implantación de nuevos proyectos.
11. Definir y gestionar la seguridad informática con respecto a servicios y recursos tecnológicos que soporten la operatividad de la institución.
12. Desarrollar y mantener la arquitectura de datos e información adecuada al Instituto.
13. Definir políticas y estándares de informática de acuerdo cori las directrices del Instituto.
14. Diseñar y ejecutar un Plan de Mantenimiento Integral a fin de conservar, en óptimas condiciones de operatividad, todos los sistemas automatizados de información.
15. Supervisar la ejecución de los contratos que suscriba la Institución en materia de adquisición de bienes o prestación de servicios en el campo de tecnología de la información.
16: Realizar el control previo y permanente de los programas, proyectos u operaciones, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas y la eficiencia, eficacia, economía y calidad su desempeño.
17. Elaborar y remitir trimestralmente "Informe de Gestión", a la Dirección General y a la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, con la finalidad de dar cuenta sobre los resultados obtenidos por la gestión de la Oficina.
18. Responder, con prontitud y celeridad, las solicitudes de información realizadas por las unidades organizacionales, inherentes al área, cumpliendo con las políticas de eficiencia y eficacia, integradas en los valores de la Institución.
19. Promover el uso de Tecnologías de Información que impulsen el desarrollo tecnológico institucional a través de. proyectos de innovación tecnológica.
20. Conjuntamente con la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, asesorar a las unidades del Instituto en el uso de software libre, de acuerdo con los lineamientos dictados por. el Ejecutivo Nacional.
21. Las demás que le sean asignadas por las máximas autoridades jerárquicas del Instituto y por el ordenamiento jurídico.
ARTICULo 4.-. El funcionario delegado presentará a la Presidenta (E) del instituto, en la forma y oportunidad que ésta lo determine, una relación detallada de ios actos y documentos emitidos o firmados en ejercicio de sus atribuciones.
ARTíCULO 5.- El ejercicio de las atribuciones que corresponden.al funcionario designado en su condición de Director de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información del Instituto, Nacional de la Mujer, queda sujeto a las limitaciones establecidas en el articulo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
ARTiCULO 6.- Los actos y documentos que suscriba el funcionario.designado en ejercicio de sus atribuciones, deberán indicar bajo su firma, la fecha, número y datos de publicación oficial de esta Providencia.
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e ARTícuLo . La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese, ANDREINA TARAZÓN BO PRESIDENTA (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAMUJER (INAMUJER) Decreto N° 57 de fecha 3 de Mayo de 2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.160 de fecha 06 de Mayo de 2013.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Exp.N°AP61-A-2012-00000 El día treinta (30) de enero de 2012; la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) recibió oficio N° 1289-11. fechado dieciséis (16) de diciembre de 2011, proveniente de la Presidencia del Circuito Judicial del Estado Táchira (Sala Accidental), a cargo del abogado MARCo ANTONIO MEDINA SALAS, mediante el cual solicita se investigue al abogado MIKE ANDREW PARADA AMAYA, en su condición de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria del referido Juez;
asignándole en esa oportunidad la nomenclatura AP61-A-2012-0co005, a la presente causa.- En fecha tres (3) de febrero de 2012, fue recibida por la Oficiná de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, las anteriores actuaciones acordando darle entrada al presente asunto, e iniciar la investigación de los hechos denunciados y recabar los elementos indiciarios dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles.- El veinte (20) de marzo de 2012, la Óficina de Sustanciación emitió informe y al siguiente día, ordenó la remisión de las actuaciones al Tribunal Disciplinario Judicial.- El día. veintidós (22) de marzo de 2012 y por distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, correspondió su ponencia al Juez HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. En esa misma fecha se ordenó citar al Juez denunciado y a tal efecto se libró la boleta de citación correspondiente. Asimismo, se ordenó la notificación de la Fiscal General de là República y del Juez Presidente del Circuito Judicial del Estado Táchira.- En fecha quince (15) de mayo de 2012 se recibió oficio Nro. 560-12, suscrito por la Jueza Rectora y Presidenta (E) del: Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante el cual remite las resultas de la citación del Juez denunciado.- El veinticuatro (24) de mayo. de 2012, se recibió escrito presentado pór el.
abogado MIKE ANDREW PARADA AMAYA, en el cual solicita la nulidad de las pruebas obtenidas asi como de las actuaciones, toda vez que violan su derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto no se practicó la citación correctamente, en virtud de que no fue remitido el escrito contentivo de la denuncia:- En fecha cinco (5) de junio de 2012 este Tribunal ordenó enviar citación con la respectiva compulsa a los fines de imponer de los hechos al Juez denunciado.- El día veintisiete (27) de junio de 2012 fue agregado a los autos boleta de citación debidamente firmada por el abogado MIKE ANDREW PARADA AMAYA...
En fecha dieciséis (16) de octubre de 2012, se levantó acta Nro. 12, a los fines de ordenar la reconstrucción parcial del expediente, librándose las notificaciones correspondientes, tal como se evidencia de los folios que van desde el ciento cincuenta y nueve (159) al ciento sesenta y cuatro (164).- El veinte (20) de noviembre de 2012. se ordenò la notificación del Juez denunciado a los fines de que consignara' facsímil de escrito de descargo presentado en fecha veintiocho (28) de junio de 20.12.- Para el cinco (5) de diciembre de 2012, se verificó en autos la notificación del Juez denunciado y en fecha diecisiete (17) de enero de 2013, compareció a los fines de presentar constante de ocho (8) folios útiles, escrito contentivo de descargo presentado con anterioridad en fecha veintiocho (28) de junio de 2012.- En fecha nueve (9) de abril de 2013, este Tribunal fijó la oportunidad para la audiencia en el presente procedimiento, a tal efecto auto el día ocho (8) de mayo:
REUBLICA BO de 2013 a las diez antes meridiem (10:00 am), para la realización de la misma.- En fecha ocho (8) de mayo de 2013, siendo el día y hora fijados, tuvo lu la realización de la audiencia en la presente causa, dictándose el respectivo dispositivo y reservándose.el lapso legal para publicar el extenso del mismo.- 1 DEL ESCRITO QUE MOTIVÓ EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO.- En fecha dieciséis (16) de diciembre de 2011, el abogado MARco ANTONIO MEDINA SALAS, en su condición de Juez Presidente de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, remitió oficio signado bajo el N° 1289-11, al Presidente de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria del abogado MIKE ANDREWS PARADA AMAYA, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial.Penal del stado Táchira, con relación al punto previo señalado por los recurrentes, en el crito que cursa inserto en los folios que.van desde el folio siete (7) al veintiséis (a5), ambos inclusive, y del cual se desprende:
JUOICIAL "(..) Ciudadanos Magistrados, [se considera] de significativa importancia hacer de su conocimiento que en enero de 2011, [esa] defensa recurrió ante ia Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Táchira a los efectos de ejercer Recurso (sic) de Apelación (sic) de Auto (sic) contra la decisión dictada en fecha 21 de enero de 2011 por el Tribunal de Primera Instancia en funciones (sic) de Control número Ocho (08) (sic). Una vez analizado y estudiado el caso, la Corte de Apelaciones a través de la, Magistrada Ponente considerar CON LUGAR el recurso, ANULAR en todas y cada una Tribunal de igual categoria y competencia pasara a conocer la causa dictando un nuevo fallo con prescindencia de los vicios cometidos (...) en consecuencia, [esa] defensa leyó con asombro en el despacho del ciudadano juez el Íntegro de la decisión, (F.138, F.139, F.140, F.141 y F. 142 de la pieza N° 2) observando en la motivación para decidir, ciertas inconsistencias con relación al caso en concreto y algunos detalles de carácter técnico en la transcripción, que [les] hicieron inferir que la misma fue trasladada a través de la técnica de e n ee entender que el texto fue desconfigurado al ser copiado de internet y pegado en Word, y el mismo no se justifica ni se línea en párrafos ordenados ni espacios, lo que llevó a [esa] defensa a indagar e VENEZUELA investigar a través.de la página WEB del Tribunal Supremo de CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL' coMo el juez la título, no obedecen al análisis e interpretación propio del juez de la causa con respecto al caso de marras, sino que corresponden a los fundamentos para decidir de la Magistrada Ponente: DRA. MARIA CARLA PAPARONI RAMÍREZ, de la Corte de Apelaciones del de marzo de 2011, el Asunto principal: EP01-P-2012-010172 (..) es decir, para un caso en concreto totalmente distinto a esta, causa penal, en 6t cual la situación_ era completamente incomparáble. al caso de marras y que por tanto constituye un plagio (..) Esta situación vergonzosa, no solo constituye una falta de respeto a la Majestad del Poder Judicial, ni al gremio de Abogados, sino que.
desconsideración y falta de interés propias de la función del juez, como la búsqueda de la' verdad para la consecución de la justicia (...)Ciudadanos Magistrados, el Juez Octavo de Control, al hacer la copia de las consideraciones para decidir, vició la sentencia de INCONGRUENCIA, en razón de que el texto subrayado anteriormente, no tiene correspondencia alguna con la actuación de [esa] defensa en lo atinente [ a su ] actuación en el proceso que lejos de ser negligente, ha sido todo lo contrario, ejerciendo los recursos y cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones y deberes derivados del proceso en los lapsos legalmente establecidos, aunado a que este no es tema decidendum planteado por [esa] defensa.
En este sentido, [no se puede] pasar por alto este comportamiento irresponsable e inexcusable por parte del juez de la causa y por consiguiente se pone en duda la buena fe del jurisdicente en esta causa (...) Tal y como queda evidentemente demostrado que el juez de la causa no tuvo ningún interés por estudiar el expediente, en aras de lograr un justo equilibrio en la búsqueda de la verdad para impartir verdadera justicia. Considera [esa] defensa técnica que la decisión carece de una debida motivación, ya que, al trasladar de la página web del Tribunal Supremo de Justicia un análisis e interpretación de un Magistrado sin respetar los derechos de autoría intelectual, para un caso concreto distinto al que se ventila en esta causa, resulta también viciada de incongruente la sentencia (..)" (Resaltados y mayúsculas propias del escrito de denuncia y subrayado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial).
DEL INFORME DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN.- Por otra parte, la Oficina de Sustanciación en su informe de fecha veinte (20) de marzo de 2012, señalo lo siguiente:
"(...) Ahora bien, el hecho de que el Juez denunciado haya transcrito un extracto de una decisión dictada por otro Juez de la República para fundamentar su fallo, no constituye por si solo falta disciplinaria alguna; sin embargo ello arrojó una consecuencia, es, decir, la incongruencia de la decisión de fecha 27 de junio de 2011, pues tal como lo consideró la Alzada, el Juez a quo se limitó a mencionar los argumentos utilizados por la Vindicta Pública, en la oportunidad de
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negar la práctica de las diligencias y las consideró impertinentes, inobservando. con su proceder la garantía procesal,establecida en el articulo 173 del Código Orgánico Procesal Penall, referida a que las sentencias y autos fundados, asi como el control judicial al cual están obligados los jueces en funciones de control, previsto en el articulo 282 ejusdem, motivos estos que llevaron a la Corte* de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en Sala.
Accidental a declarar CON LUGAR el recurso interpuesto conta mencionada decisión, y por lo tanto ANULA el fallo recurrido, deaao haber el Juez Mike Andrews Parada Amaya. dictado una decisión inmotivada, tal como lo confirmó (sic) la alzada en el ceso concreto...". (Resaltados y mayúsculas propias del escrito de informe y subrayado propio de este Tribunal Disciplinario Judicial).
III DEL ESCRITO DE DESCARGOS.- VENEZUELA En fecha veintiocho (28) de junio de 2012, el abogado MIKE ANDREWS ARADA AMAYA, en su condición de Juez denunciado presentó escrito, que re inserto en los folios ciento noventa y uno (191) al ciento noventa y:ocho (18), consignando facsímil en fecha diecisiete (17) de enero de 2013, en virtud de reconstrucción ordenada en la presente causa y aun cuando el denunciante manifiesta que no constituyen sus descargos, pasa a explanar en ellos una serie de defensas señalando en primer lugar, que en ningún momento fue informado de los hechos de la denuncia, pues solo recibió copia del oficio Nro.1289-11 y del auto que admite y ordena la citación, y que por ello se ve imposibilitado' a estado de indefensión, por tanto solicita la nulidad de las pruebas obtenidas. asi como de las actuacionès de la Oficina de Sustanciación, debido a los vicios y violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa.- Asimismo manifestó en su escrito que, según la decisión dictada por su persona se le dio respuesta a cada uno de los pedimentos de la defensa, en la oportunidad correspondiente, cuidando la imagen de los jueces, lo cual a su.
criterio, la Corte en Sala Accidental pasó por alto, por tratarse de delitos referidos al tráfico de drogas.- Solicitó se revisara el auto mediante el cual negó ei control judicial, a los ines de verificar que no existe inmotivación y mucho menos incongruencia.- IV DE LA AUDIENCIA.- En la oportunidad para la realización de la audiencia y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se llevó a cabo la audiencia en la presente causa, en los siguientes términos:
"(..) A continuación, se concede la oportunidad de expresar sus.
defensas al juez investigado, quien reiteró los alegatos expuestos en judicial, agregando que la investigación pertinente que realizó como juez para resolver el caso concreto, encontrándose con la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Barinas que se ajustada en sus argumentos de derecho, para resolver sobre el control judicial pedido por-los después recurrentes; arguyendo que notenía intención alguna de tomarse como de su autoría dicha decisión.
Seguidamente, el juez investigado manifestó que no iba a ser uso de su derecho a conclusiones.
Ulteriormente, el Juez Presidente del Tribunal Disciplinaria Judicial procedió a realizar una pregunta.al juez investigado, en los siguientes términos: ¿En cuanto a la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas de fecha 28 de marzo de 2011, usted ha reconocido que fue incluido ciertos aspectos en la sentencia que usted dictó el 27 de junio de ese mismo año; en tal sentido incluyó usted la mención de que hacia referencia a esa sentencia de la Corte de Apelaciones del estado Barinas en su sentencia?. Al respecto, respondió el juez investigado de la siguiente forma: No lo hice ciudadano juez, y ese fue el grave error que cometí, por la abundancia de trabajo que existe en ei tribunal, no me percaté de que no se hizo referencia a esa sentencia de la Corte de Apelaciones.
Finalizada la exposición de-las partes se da por concluido el debate, pronunciamiento respectivo, aniunciando a Jos intervinientes la reconstitución de la audiencia para et día de hoy a las tres horas y quince minutos post meridiem (3:15p.m.). -- Siendo la.hora para continuar con el presente acto, los jueces se incorporaron a la Sala de audiencia con la finalidad de emitir el respectivo pronunciamiento una vez analizados los'alegatos de las partes y las actas cursantes en ef expediente disciplinario-judicial y se procedió a dar lectura a la presente acta cuyo contenido es del tenor siguiente:
En cuanto al punto previo establecido por el juez investigado, en TRBUNAL OS cuanto a que no fue notificado dei procedimiento de investigación !llevado por la Oficina de Sustanciación; se observa que en las actas que cursan en el presenie expediente disciplinario judicial, el órgano instructor de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial se limitó única y exclusivamente a iniciar la investigación, realizar el informe conclusivo y remitir a este órgano jurisdiccional disciplinario para que se pronunciara sobre la continuación o no del presente proceso; por lo cual tales actuaciones considera esta instancia-disciplinaria que no constituyen una violación al debido proceso y derecho a la defensà del juez investigado, siendo imperioso para este Tribunal Disciplinario Judicia! declarar improcedente la solicitud de nulidad del procedimiento de investigación realizado por la. Oficina de
Sustanciación. Asi se decide. -.- Ahora bien, con respecto a la precalificación realizada por este tribunal, relativa a inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir la sentencia sin causa justificada'expresa en el expediente respectivo, prevista en el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que da lugar a la sanción de suspensión, se observa que el ilicito disciplinario precalificado procesado, ante una norma adjetiva que le establece el deber de sentenciar en un lapso o término determinado, éste lo inobserva, es decir, incumple con la norma procesal y no _dicta decisión en el O UDICIAL momento oportuno; y 2) cuando el juzgador difiere o prolonga una decisión sin que conste en el expediente las razones que justifiquen su diferimiento, incumpliendo con la normativa adjetiva respectiva. En tal sentido, se deriva que los hechos investigados versan sobre la conducta presuntamente disciplinable relativo a.que el juez objeto del -presente proceso disciplinario copia parcialmente una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, haciéndose la propia; situación ésta que no se relaciona en los extremos iegales necesarios para que se configure el supuesto de hecho establecido en el numeral 1 del articulo 32 del eiusdem. Asi se declara. -- No obstante a ello, es criteno de este Tribunal Disciplinario Judicial proceso disciplinario y se .ordena citar al juez, es de manera preliminar; y por lo tanto, esta instancia disciplinaria no se encuentra atada a dicha precalificación realizadaral inicio del presente proceso, pues en ejercicio de la potestad disciplinaria que tiene este órgano jurisdiccional sobre los jueces y las juezas de la República, puede apartarse de la calificación otorgada y realizar una nueva; todo ello de conformidad con criterio establecido por este Tribunal Disciplinario Judicial en sentencia N° TDJ-SD-2012-138 del 24 de mayo de 2012, ratificado por la Corte Disciplinania Judicial en sentencia N° 20 del 4 de octubre del mismo año. En tal sentido, observa este órgano jurisdiccional que el juez investigado realizó una conducta descuidada en el trámite realizado para pronunciarse sobre el control penal llevado por el tribunal de primera instancia en funciones de control llevado por el juez objeto del présente proceso; ya que, tal como arguyó en su exposición realizada en la presente audiencia, se le olvidó hacer referencia en la sentencia dictada por él en fecha 27 de junio de 2011, que un extracto de la misma fue copiada de un fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Jueza María Carla Paparoni Ramirez, admitiendo que por razones de abundante trabajo en su tribunal, obvio verificar tal situación. --.
Tal situación planteada, evidencia una conducta ética reprochable..
injustificado en el trámite de los procesos, contemplado en el numeral 6 del artículo 31 del Código de Ética incomento. Por lo tanto, resulta imperioso para este órgano jurisdiccional disciplinario cambiar la precalificación realizada al inicio del proceso, relativa a.inobservar sin causa justificada los plazos o-términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir la sentencia sin causa justificada expresa en el expediente respectivo; y se califica nuevamente por parte de este Tribunal Disciplinario Judicial el hecho denunciado, en descuido injustificado en el trámite de los-procesos, establecido en el numeral 6 del articulo 31 del Código que rige a esta Jurisdicción DisciplinariaJudicial, . declarándola RESPONSABHLIDAD DISCIPLINARIA del juez investigado; y, en consecuencia se le impone, la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA. :Asi Se declara (.)"
V DE LA COMIPETENCIA.- Este Tribunal Disciplinario Judicial antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pasa a analizar su competencia para conocer de la presente causa; y. en tal sentido debe señalar:
En fecha seis (6) de agosto de 2009 fue publicada en Gaceta Oficial de la, República Bolivaríana de Venezueia N° 39.236 el .Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana: reformado parcialmente según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39:493 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2010. el cual en su Capitulo V establece la competencia en materia 39 y 40 prevé:
Repúblicca, son - el - Tribunai Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en pnmera y segunda instancia, respectivamente. los procedim:entos disciplinarios por infracción a :cs principios y deberes contenidos enveste Código (...)" "Articuio 40. Corresponde al Tripunal Disciplinano Judicial. como orientadores y deberes en materia ética contenidos en el presente Código (.)"
Ahora-bien, visto que el presente proceso disciplinario judicial fue iniciado! TRIS de oficio, contra el abogado MIKE ANDREW PARADA AMAYA, én, su condición de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. por la presunta ngaaióm los principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este órgano jurisdiccional se, considera competente para conocer de la presente causa, conforme a lo establecido en el articulo 39 del referido Código de Ética, en concordancia con el articulo 40 eiusdem. Así se declara.-
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VI DE LAS PRUEBAS.- ANA POE Ahora bien, conforme a las documentales que dieron impulso para que se ra de oficio el presente proceso disciplinario judicial se evidencia: 1) Copia cercada de la sentencia dictada en fecha veintisiete (27) de junio de 2011, por el vestigado, cursante a los folios dos (2) al seis (6): y 2) Copia certificada de sentencia dictada por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judeal Penal del Estado Táchira, folios veintisiete (27) al. cincuenta (50). Al con lo estabiecido en el artículo 1.357 del Código Civil vigente y articulo 111 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fueron tachadas, ni impugnadas por el Juez procesado. Así se declara.- En relación al escrito contentivo de recurso de apelación, presentado por los ciudadanos Ana Rosa Colmenares Alarcón, Gastón Gilberto Santander Casique y Doily Astrid Osorio Colmenares, en su condición de defensores del ciudadano Freddy José Rey Arenales, cursante a los folios siete (7) al veintiséis (26), este Tribunal le otorga valor probatorio conforme a los articulos 1.363, 1.370 y 1.371 del Código Civil vigente y el articulo. 111 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.- DE VENEZI En el mismo orden de ideas, se observa que el Juez objeto del presente en la oportunidad de la audiencia, no promovió pruebas, sin embargo confesión en virtud de la interrogante realizada por el Juez Presidente del lizó . Disciplinario, en uso de las facultades que le otorga la Ley, redactada en ribup los_@iguientes términos: ¿En cuánto a la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas de fecha veintiocho (28) de marzo de 2011, usted ha reconocido que fue incluido ciertos aspectos en la sentencia que usted dictó el veintisiete (27) de junio de ese mismo año; en tal sentido incluyó Apelaciones del Estado Barinas en su sentencia?, a-lo cual contesto: " No lo hice ciudadano juez, y ese fue el grave error que cometí, por la abundancia de trabajo que existe en el tribunal, no me percaté de que no se hizo referencia a esa sentencia de la Corte de Apelaciones". En atención a ello es de indicar el contenido en el articulo 1.401 del Código Civil, que establece: "La confesión-hecha por la parte o por su apoderado dentro de los limites del mandato, ante un Juez, aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba", en este aspecto se evidencia de actas que el Juez investigado, aun cuando no promovió durante el conforme a la interrogante realizada por el Juez Presidente de esta instásicia judicial, se configuró un medio de prueba voluntario, como lo es la confesión parte, en el caso de autos, del Juez procesado, que consiste en una manifeştació de voluntad, dirigida a rechazar o aceptar algo.-
Es asi, como de la disposición legal citada, se infiere los requisitos juridicos para la validez de la confesión, como es que sea espontánea; que sea contra si mismo; que se realice ante un juez —que en este caso es el competentente-; que recaiga sob-e un hecho cierto y que favorezca a la parte contraria. En ese mismo orden de ideas el procesalista Renge' Romberg, refiriéndose a la confesión, la ha definido en los siguientes términos: "es la declaración que hace una parte, de la verdad de los hechos a ella desfavorables, firmados por el adversario, a la cual la Ley atribuye valor de plena prueba.".Por por el adversario, que produce plena prueba y su valoración, no le está dad Juez, sino que el Legislador se la otorga. En consecuencia, y por cuanto de actuaciones de marras se evidencia la concurrencia de los requisitos pa validez de la confesión del Juez procesado, y no siendo contraria a la Le manifestación de voluntad, se le otorga valor probatorio de conformidad con articulos 1 401 y 1.404 del Código Civil vigente. Asi se declara.- VII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.- En primer lugar, se hace necesario establecer como punto inicial, el alegato del Juez investigado respecto a la prescindencia de los hechos contentivos de la denuncia al momento de practicarse su citación, en este aspecto. de la revisión de las actas procesales se denota que en fecha veintinueve (29) de marzo de 2012.
este Tribunal ordenó la citación del Juez procesado y a tal efecto Nbrò respectiva boleta, y posteriormente en fecha cinco (5) de junio. de 2012. este órgano jurisdiccional ordenó la remisión de la citación con la respectiva compuisa. a-ios fines de ser impuesto de los hechos que acarreáron la investigacion discipinana - Es asi como en fecha veintiocho (28) de junio de 2012, el abogado MIKE -71 1IELA ANDREWS PARADA AMAYA, en su cc.edición de Juez denunciado, presentó escrito, tal comó se señaló en el Capítulo III de la presente decisión en el cual procedimiento disciplinario.- Eni este orden de ideas se hace necesario traer a colación el contenido del numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra:
"Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la Ley (...)"
De la norma constitucional se denota que todo proceso, bien sea, judicial o dministrativo —en este caso investigativo— debe tutelarse esta garantía, en el caso de autos se observa que en la oportunidad de realizar la investigación ante la Oficina de Sustanciación, se obvió la notificación del Juez procesado; sin embargo .y en virtud de la escasa actividad investigativa, no se generó violación al debido proceso y el derecho a la defensa del investigado; no obstante, durante el procedimiento ante esta instancia, el Juez investigado fue citado, e informado de los hechos que dieron inicio al procedimiento. En razón de ello, se considera IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de las actuaciones realizada por el Juez MIKE ANDREWS PARADA AMAYA, en la presente causa, por cuanto no existen vicios de orden público que generen la nulidad de lo actuado. Así se declara.- Por otra. parte, conforme a la solicitud realizada por el Juez objeto del presente proceso en su escrito, a los fines de que sea revisado el contenido del judicial mencionar el artículo 4 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Ju Venezolana, referido al principio de independencia de las actuaciones judiciales, en base al cual los jueces y juezas de la República, son libres de interpreta normas, lo cual es parte integrante de la autonomía de los jueces.
Es por ello, que como consecuencia inmediata a ese principio, las decisiones que emanan de estos funcionarios judiciales sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia para ello; como en efecto sucedió en el caso de autos; ,siendo exclusivo de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial el examen de la idoneidad y excelencia, sin que ello constituya una intervención indebida en a actividad jurisdiccional. En razón de lo cual esta instancia judicial, considera improcedente tal solicitud conforme a los principios que rigen este proceso judicial disciplinario. Así se declara.- Ahora bien, en cuanto al asunto de mérito, se hace necesario mencionar la precalificación realizada por este Tribunal, relativa al numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cual señala:
"Articulo 32. Son causales de suspensión del juoz.o jueza:
09 ·1. Inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar alguna providencia, o diferir las sentencias sin TRIBUNAL causa justificada expresa en el expediente respectivo (.)"
Al respecto, se observa con meridiana claridad, que del articulo parcialmente transcrito se derivan dos supuestos de hecho claramente delimitados, a saber:
1) Cuando el juez procesado, ante una norma adjetiva que le establece el deber de sentenciar en un lapso o término determinado, éste lo inobserva, es decir, incumple con la norma procesal y no dicta decisión en el momento oportuno.
2) Cuando el juzgador difiere o prolonga una decisión sin que conste en el NFZUELA expediente las razones que justifiquen su diferimiento, incumpliendo con la normativa adjetiva respectiva.
En tal sentido, de los hechos investigados al juez objeto del proceso Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas; haciéndola propia no constituye una situación subsumible en el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.-
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Así las cosas, y no obstante señalado lo anterior, este Tribunal Disciplinario Judiciai, considera que tal conducta es subsumible dentro de otro ilícito disciplinario, apartándose en este sentido de la calificación realizada al inicio del proceso, ello en uso de la potestad disciplinaria de este órgano jurisdiccional;
conforme a ello trae a colación un extracto de la sentencia Nro. TDJ-SD-2012-138, de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2012, ratificada por la Corte de Apelaciones, en sentencia de fecha 20 de octubre del mismo año, sentencia Nro. 20, que estableció:
"(...) el'órgano disciplinario respectivo no se encuentra supeditado a la calificación realizada por el órgano instructor, el cual puede desechar en el momento de la decisión de mérito sin afectar el derecho a la dofensa (...)" En base a ello, y manteniendo el criterio de este Jurisdicción Disciplinaria -descuidada al momento de pronunciarse sobre el contro! judicial, solicitado por la defensa de los imputados en el proceso penal que da origen a la presente causa;
ya que, como el mismo lo manifestó en la oportunidad de la celebración de ia audiencia, citó el contenido de la sentencia sin incluir la'mención correspondiente al Tribunal que la dictó con anterioridad, tai como se evidencia del vuelto del folio doscientos veintidós (222) del presente expediente judicial disciplinario, en virtud de la "(..) abundancia de trabajo que existe en el tribunal, no [percatándose] de que no se hizo referencia a esa sentencia de la Corte de Apelaciones." Por ello, su constituye de igual forma, una conducta ética reprochable, al no tramitar de forma diligente las causas que lleva el Tribunal a su cargo; situación está que deriva de una conducta descuidada, tal como se ha señalado en sentencia dictada por la establece:
(...) En este orden de ideas, observa esta Corte, que. la calificación atribuida por la recurrida a la conducta de la Jueza denuncia de, fue "descuidos injustificados en la tramitación de le solicitud de artículo 33 del Código de Ética, en los términos quo a continuación se transcriben:
"Articulo 33. Son causales de destitución:
(...omissis...) 23. Incurrir en retrasos.o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantias fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva".
El contenido normativo nos permite advertir la existencia de cuatro modalidades e conducta, à saber: 1) incurrir en retrasos injustificados en la tramitación de los procesos; 2) incurrir sn retrasos injustificados en cualquier diligencia; 3) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de los procesos; y 4) incurrir en descuidos injustificados en la tramitación de cualquier diligencia. Las cuatro conductas deben garantias fundamentales de las pertes.
Se aprecia entonces, que en los cuatro supuestos, todos disimiles, la establecer si se trata de una actuación u omisión injustificada, es decir, sin que medie justa causa que la determine y, además, verificar si la conducta bajo análisis constituyó un retraso o descuido, si se produjo un menoscabo a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y su ponderación a partir del resultado jurídicamente reprochable que su concreción produjo.
injustificado" atribuido por el a quo a la Jueza denunciada, debe operador de justicia en el cumplimiento de una obligación que le es propia en el Irámite del proceso, sin que medie justa causa que volitiva del juzgador. La locución descuido ha sido interpretada obligación establecida en ia norma, lo que supone falta de actividad volitiva e intelectiva del operador, o su cumplimiento defectuoso.
La determinación de la conducta delatada como descuido injustificado en la tramitación de la causa, impone verificar en autos .denuncia (...)" En consideración a los señalamientos supra indicados y conforme a la confesión del Juez procesado adminiculada con las documentales valoradas ui upra, permiten a este órgano jurisdiccional determinar, el licito disciplinario en e ha incurrido el Juez investigado al tramitar con descuido un asunto sometido a consideración, motivo por el cual, resulta imperioso para este órgano jurisdiccional, cambiar la precalificación realizada al inicio del proceso y marcar la dentro de la causal contenida en el numeral 6 del artículo 31 del ódigo que rige a esta Jurisdicción, sin que tal modificación constituya un esta forma la responsabilidad disciplinaria del Juez procesado, bajo los términos indicados. Asi se declara.- INA DECISIÓN.- En virtud de tos razonamientos antes expuesco3, este Tribunal Disciplinario Judicial, en nombre de la República Boiivariana de Venezueia y por autoridad de la Ley, declara:
1.- IMPRoCEDENTE, la solicitud de nulidad del procedimiento realizado por la ficina de sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria.- IFLA 2.- IMPRoCEDENTE la solicitud de revisión del acto mediante el cual negó el Control judicial.- 3.- CAMBIA, la precalificación realizada al inicio del procedimiento disciplinario, establecida en el numeral 1. del articulo 32- del Código de Ética del. Juez.
Venezolano y la Jueza Venezolana.- 4.- LA RESPONSABILIDAD. DISCIPLINARIA. del Ciudadano MIKE ANDREWS PARADA AMAYA, en su condición de Juez del Juzgado Primèro de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judiciai Penal dei Estado Táchira, en la sustanciación de la causa-N° 1C-SP21-P-2010-005064, nomenclatura interna del Juzgado a cargo del juez sancionado. por estar incurso en la causal contenida en el numeral 6 dei articulo 31 del Código de 'Ética:dei Juez
AMONESTACIÓN ESCRITA.-
Registrese y publiquese.- Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Disciplinario Judicial en la ciudad capital de la República, a los_Veinl (22) días del mes de mayo de dos mil trece Federación.- ACHECO ALVIÁREZ ponente Preejdene CARLOS MEDINA BOJAS JACQUELINE SOSA MARIÑO Jueza Juez RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En misma fecha, siendo las UNa y SerJ PM.
se publicó y registro ia anterior sentencia bajo el N° TD- SD-2O/.3 -98 - RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
Exp. N° AP61-D-2011-00024 En fecha diez (10) de octubre de 2011 se recibió, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, el oficio N° 2129/2011 de fecha 3 de octubre de 2011, suscrito por la Presidencia dei -Circuito Judicial Penal del Estado Falcón mediante el cual remitió el acta suscrita por la ciudadana Marielvys Sánchez, en su cualidad de Secretaria del Tribunal, en la que indicó presuntas ofensas cometidas por la ciudadana CLAUDIA RENATA BRACHO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.980.681, en su cualidad de Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Controi del Circuito Judicial. Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, asignando el número de expediente AP61-D-2011-000241. de esta jurisdicción.
En fecha 13 de noviembre de 2011, la Oficina, de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dio entrada ai mencionado asunto, acordando en fecha 29 de noviembre de 2011 proseguir la investigación de los hechos a objeto de recabar elementos indiciarios dentro de cn lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, conforme a lo previsto en el numeral 6, Parte Iill de las "Normas Generales" del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicia!, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
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39.797, de fecha 10 de noviembre de 2011, asi como de elaborar informe sobre la procedencia para iniciar procedimiento disciplinario judicial.
En fecha 5 de diciembre de 2011, se libró el oficio CDJ/OS/N° 00236-2011, solicitando a la ciudadana Morella Ferrer, Jueza Presidenta cel Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que remita las testimoniales del personal que labora en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Controi del referido circuito, a los fines de evidenciar las presuntas ofensas o faltas de respeto por parte de la jueza denunciada.
El 2 de febrero de 2012 la Oficina de Sustanciación emitió el informe, acordando remitir el expediente al Tribunal Disciplinario Judicial, por cuanto no se habian recibido las resultas del requerimiento efectuado en fecha 5 de diciembre de 2011, estando imposibilitada de emitir la opinión sobre los hechos investigados.
En fecha 8 de febrero de 2012, este Tribunal recibió la presente causa, signada con el N° AP61-D-2011-000241, constante de una (1) pieza, contentiva de quince (15) folios, proveniente de la Oficina de Sustanciación y se designó ponente, según distribución aleatoria llevada por el Sistema de Gestión Judicial, a la Jueza Jacqueline Sosa Mariño para el conocimiento del presente asunto.
En fecha 14 de febrero de 2012, este tribunal, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) recibió el oficio N° 29.
2012, suscrito por ta Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, mediante el cual remitió la información solicitada por la oficina sustanciación, inciuyendo como anexos lo siguiente: 1) Acta No. 07-2011, fecha 14 de noviembre de 2011, levantada por ias ciudadanas Legdry Chiquito de Montero y Angie Reyes Urbina, en su cualidad de Archivista Jefe y Archivista I, del Archivo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, mediante la cual se dejó constancia que los defensores Héctor Medina, Xiomara Frenellin y Hermes Arévalo, han solicitado, para su lectura, las causas en las cuales actúan como parte, jueza Claudia Renata Bracho Pérez, quien a su vez afirma que la responsabilidad de esta omisión recae sobre el Archivo Judicial. 2) Oficios S/N, ce fechas 19 y 21 de diciembre de 2011, mediante los cuales el ciudadano Carlos Guillén, denuncia el maltrato verbal por parte de la jueza Claudia Renata Bracho Pérez, propiciado en fechas 12, 16 y 21 de diciembre de 2011. 3) Informe de fecha 19 de diciembre de 2011, elaborado por los ciudadanos Tibisay Teilez, Alexander Rodríguez, Wilfredo Gómez, Eliomar Hernández, Luis Pimentel, Emill Perozo, Juan Ortiz, Richard Gutiérrez, Jesús Medina, Zoraida Santos, Jean Arcaya y José Mujica, titulares de las cédušas de identidad Nos. V-10.584.453, V-14.028.220. V-12.497.686, V-14.646/$7, V-16.196.479, V-15.557.540, V-17.093.666, V-16.050.457, V-11.473.853, V.- 9.580.094, V-15.180.663 y V-9.527.959, respectivamente, quienes aegan actuar en su cualidad de personal de Alguacilazgo del Circuito Judicial Renal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, en el cual expusieron las ofensassam presuntamente realizadas por la mencionada jueza.
En fecha 10 de abril de 2012, verificados como fueron los requisitos de procedencia de la denuncia interpuesta, y revisadas ias causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y como quiera que no se encontraron presentes en este asunto, este Tribunal Disciplinario Judiciai admitió la denuncia interpuesta. Asimismo, se ordenó la citación de la ciudadana Claudia Renata Bracho Pérez, por cuanto de las actuaciones presentes en el expediente, entre ios cuales se incluyen las actas y oficios suscritos por el personal del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, se desprenden presuntas irregularidades cometidas por la jueza denunciada, por posiblemente haber incurrido en ofensas al personal; hecho disciplinable con . la sanción de amonestación, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 def artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza En fecha 15 de mayo de 2012 la jueza denunciada presentó escrito de descargos de dieciocho (18) folios sin anexos, reiterado en fechas 25 de julio de 2012 y 20 de febrero de 2013.
En fecha 16 de mayo de 2012, este tribunal fijó la audiencia para el 31 de mayo de 2012 a las diez de la mañana (10:00 am).
En .fecha 30 de mayo de 2012 este tribunal revocó el auto de fijación de audiencia de fecha 16 de mayo de 2012, toda vez que el mismo no podia ser notificaciones correspondientes al presente caso.
En fecha 18 de diciembre de 2012, este tribunal fijó la audiencia para el 28 de febrero de 2013 a las diez de la mañana (10:00 am), y luego fue reprogramada mediante auto de fecha 19 de febrero de 2013, para el dia 2 de mayo de 2013, a las dos y treinta de la tarde (2:30 pm).
ciudadana Claudia Renata Bracho Pérez expuso sus alegato.: y conclusiones. Posteriormente, en. fecha 9 de mayo de 2013, una vez efectuada la deliberación por los jueces de este Tribunal Disciplinario Judicial, se adoptó la respectiva decisión, tal como consta en el acta cursante en el presente expediente disciplinario, correspondiendo en esta oportunidad dictar el texto íntegro de la decisión, en cumplimiento del artículo 82 ejusdem, y al respecto se observa:
DE LA DENUNCIA En fecha diez (10) de octubre de 2011 se recibió, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial. el oficio N° 2129/2011 de fecha 3 de octubre de 2011, suscrito por la Presidencia del Circuito Judicia! Penal del Estado Falco mediante el cual remitió el acta suscrita por la ciudadana Marielyys Sánchez, en su cualidad de Secretaria del Tribunai, en la que se indicólfas .
presuntas ofensas cometidas por la ciudadana Claudia Renata Brach Pérez, en su cualidad de Jueza Priméra de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, exponiendo lo siguiente:
Expuso la denunciante que en su desempeño como Secretaria del Tribunal de la jueza Claudia Renata Bracho Pérez "[...] he'sido atropellada verbal y psicológicamente por parte de la ciudadana juez, recibiendo continuamente insultos tales como 'Ei trabajo que me haces no sirve', prosiguiendo la misma en romper y radar grotesca y sarcástica toda la documentación y trabajos realizados por mi persona [.. además en una oportunidad presenté fuertes quebrantos de salud y cbteniendo de esta.el repudio y afirmaciones como. 'si te sientes mal, renuncia', recibiendo humillaciones con gritos delante de defensores públicos, privados, fiscales del ministerios públicos (sic), en sala de audiencias y delante del resto del personal dentro de la sede, como en darte coquitos en tu cabeza para que prendas a hacer el trabajo como se lo Asimismo, expuso que le asignà trabajos para finalizar el mismo dia, "que ningún ser humano con sus años de experiencia y rapidez pueda lograr en una semana", pero que el trabajo realizado no queda registrado a su nombre 'por cuanto la jueza las registra ella misma en el sistema con su usuario.
Por otra parte, mediante oficio N° 29-2012, de fęcha 16 de enero de 2012, la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, remitió las siguientes actuaciones:
1. Acta No. 07-2011 del fecha 14 de noviembre de 2011, levantada por las ciudadanas Leodry Chiquito de Montero y Angie Reyes Urbina, en su cualidad de Archivista Jefe y Archivista I. respectivamente, del Archivo Judiciai del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, mediante la cual se dejaron constancia que los defensores Héctor Medina, Xiomara Frenellin y Hermes Arévalo. han solicitado, para su lectura, las causas en las cuales actúan como parte, siendo que las mismas no son suministradas por razones imputables a la jueza Claudia Renata Bracho Pérez, quien a su vez afirma que la responsabilidad de esta omisión recae sobre el Archivo Judicial.
2. Oficios S/N, de fechas 19 y 21 de diciembre de. 2011, mediante los cuales el ciudadano Carlos Guillén, denuncia ei maltrato verbal por parte de la
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jueza Claudia Renata Bracho Pérez, propiciado en fechas 12, 16 y 21 de diciembre de 2011.
3. Informe de fecha 19 de diciembre de 2011, elaborado por.los ciudadanos Tibisay Tellez, Alexander Rodríguez, Wilfredo Gómez, Eliomar Hernández, Luis Pimentel, Emil Perozo, Juan Ortiz, Richard Gutiérrez, Jesús Medina, Zoraida Santos, Jean Arcaya y José Mujica, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.584.453, V-14.028.220, V-12.497.686, V-
14.646.157, V-16.196.479, V-15.557.540, V-17.093.666, V-16.050.457, V-
11.473.853, V-9.580.094, V-15.180.663 y V-9.527.959, respectivamente, quienes alegan actuar en su cualidad de personal de Aiguacilazgo del Circuito Judiciai Penal del Estado Falcón, Extensión Punto.Fijo, en el cual expusieron las ofensas presuntamente realizadas por la mencionada jueza.
I1 DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA DE SUSTANCIACIÓN Cumplido el trámite correspondiente a la investigación, la Oficina de Sustanciación elaboró informe de fecha 2 de febrero de 2012, de conformidad con lo previsto en el Manual de Procedimiento de la Oficina de Sustanciación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797, de fecha 10 de noyiembre de 2011; en cuyo capítuio signado "VI CONCLUSIONES", dejando sentado que la denunciante no acompañó prueba alguna de los hechos que según ella son conductas irregulares susceptibles de sanción disciplinaria [..]", agregando que "[...] es imperioso señalar que este Órgano Instructor en fecha 5 de diciembre de 2011, libró oficio CDJ/OS N° 00236 -2011 dirigido al-Juez Presidente de! Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, solicitando la colaboración para que proceda remitir los;
elementos indiciarios que permitan la emisión del informe correspondiente (n el-caso que nos ocupa, esto es, las testimoniales dei personal que labora en el Tribunal a cargo de la Jueza denunciada, no obstante visto que no se han recibido las resultas de tal requerimiento, situación que imposibilita la emisión de la opinión respecto a la presunta conducta desplegada por ia Jueza CLAUDIA RENATA BRACHO PÉREZ, no obstante Ios referidos testimonios pudieran ser rendidos en una eventual audiencia [...]".
III ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA AL PROCESO DISCIPLINARIO JUDICIAL De los alegatos expuestos en el transcurso. de la audiencia de fecha 2 de mayo de 2013, asi como del escrito de descargos presentado. por la jueza Claudia Renata Bracho Pérez, en fecha 15 de mayo de 2012, constante de dieciocho (18) folios sin anexos, reiterado en fecha 25 de julio de 2012 y 20 de febrero de 2013, se.desprenden los siguientes alegatos:
los hechos que expone como presuntas conductas irregulares, además y.
cumplir con los requisitos de procedibilidad previstos en los numerales 1/ 4, y el primer aparte del articulo 54 del Código de Ética del Juez Venezola lano del y la Jueza Venezolana, al no haber precisado los datos de identificación denunciante, el lugar donde se realizarán las notificaciones de las partes, pruebas y anexos que acompañan_ la denuncia y la declaración bajo fe de juramento; sin existir además intencionalidad de denunciar por parte de la denunciante, quien únicamente procedió a levantar un acta planteando "hechos irreales".
Alegó que desde el 13 de octubre de 2011, fecha en que la Oficina de Sustanciación recibió la denuncia, hasta el 29 de noviembre de 2011, en la que se ordenó proseguir con la investigación, transcurrieron diecinueve (19) días de despacho del Tribunal Disciplinario Judicial, sin que se dictara un auto de apertura de la investigación, fijándose en el último de los autos señalados, un lapso de treinta (30) días hábiles para la realización de la en el artículo 58 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Asimismo, señaló que no se efectuó el auto de cierre de la Oficina de Sustanciación, como paso previo a la elaboración del informe de fecha 2 de febrero de 2012.
Seguidamente alegó que la Oficina de Sustanciación elaboró el informe, sin que para esa fecha se hubieren recibido las resultas de la investigación, consistentes en la respuesta a la solicitud de fecha 5 de diciembre de 2011, requerida a la Jueza Presidenta del Circuito Judicial Penai-del Estado Faicón, sobre las testimoniales del personal que labora en el tribunal bajo su cargo, situación que a juicio de la referida oficina, imposibilitó la emisión de opinión con respecto a la conducta desplegada.
Alegó que los tres elementos remitidos por la Jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón en nada tienen que ver con la denuncia que inició este procedimiento disciplinario, "toda vez que no se trata de los (sic) testimoniales sobre la situación narrada[...] sino que se trata de señalamientos de situaciones 'nuevas' que no guardan relación con las presuntas ofensas que aduce la ciudadana MARIELVYS SANCHEZ [..] no obstante ello en ei auto de fecha 10.04.2012 emanado de ese Tribunal Disciplinario Judicial, se observa que el Órgano Jurisdiccicnal ejerce facultades de la oficina de sustanciación al determinar en dicho auto que los una misma conducta, en contradicción a los deberes éticos, esta Instancia disciplinario'.". Agregó que estos recaudos no pueden tomarse en las testimoniales que solicitó la Oficina de Sustanciación y, no deben ser valoradas comó nuevas denuncias, por cuanto no se tramitaron por la referida oficina ni se ejerció el debido control.
En cuanto al supuesto retardo en la tramitación de la recusación, alegó que el denunciante "miente bajo fe de juramento", por cuanto no es cierto que el Juzgado. Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito en fecha 26 de julio de 2011, toda vez que los dias 26 y 27 de jufío de 201 el referido Juzgado "no otorgó audiencia", en virtud que la jueza titular dei despacho se encontraba de reposo médico. lo cual se evidencia de copias de los folios ciento sesenta y tres (163) y ciento sesenta y cuatro (164) del Libro Diario del Juzgado en comento, asi como del auto de entrada.
inserto al folio siete (7) del cuaderno de recusación. Asi las cosas, aún cuando el escrito fue presentado por el ciudadano Pablo José Escobar Aponte ante la Oficina de Alguacilazgo en fecha 25 de julio de 2011. no fue sino hasta el 28 de julio de 2011, que ingresó al Juzgado; constituyendo lo anterior la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 1 del articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Sobre los hechos denunciados por la ciudadana Marieivys Sánchez, de haber sido atropeliada verbal y psicológicamente, alegó que tal afirmación carece de validez, al existir imprecisión en cuanto a la fecha en que ocurrieron los hechos y sin indicar concretamente quiénes han sido testigos de las conductas. Igualmente, no quedó reflejado maltrato alguno en la transcripción de las audiencias celebradas ni del libro diario.
En relación con el hecho denunciado de asignar gran cantidad de trabajo con el que ninguna personal podría cumplir, alega que no existe soporte alguno para tal argumento, sinc que por el contrario, se evidencia la gran cantidad de asuntos tramitados por su despacho con apoyo de la secretaria adscrita a mismo, aún con el déficit de personal.
Sobre la supuesta actividad de desdiarizar las actuaciones para luego diarizarlas con su usuario, alegó que la denunciante describe este hecho "de manera muy amplia, ambigua y global": además que de conformidad con el ordenamiento juridico. a los secretarios de los tribunales se les atribuye la facultad de sólo realizar autos de mero trámite, imposibilitando modificación alguna a los demás usuarios del sistema JURis200o. Agregó que de verificarse alguna modificación de los asientos generados por la abogada Marieivys Sánchez. se debió a garantizar la excelencia en cada una de las solicitudes y no por mala fe.
personal, alegó que de manera abstracta se hizo referencia a una-conducta pero sin indicar las personas a las cuales hace referencia, generando Andefensión al desconocerse los hechos del presente proceso; además que se desconoce el significado real del término "mal poner".
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Sobre el hecho denunciado de supuestamente haberla obligado a firmar actas y procedimientos administrativos, alegó que todas las actas eran suscritas de manera voluntaria, libre de coacción y apremio, situación que se corrobora al suscribir, en su función de secretaria, el libro diario llevado por el órgano jurisdiccional. En cuanto a las actas de fecha 28 de junio de 2011, 1 de julio de 2011. y 15 de julio de 2011, las cuales carecen de la firma de la secretaria, se procedió a dejar constancia que "se negó a firmar", siendo éste el deber procedimental, para luego ser - remitida a las autoridades competentes.
Agregó que es temeraria la afirmación planteada sobre la realización de procedimientos administrativos, toda vez que ésta es una facultad únicamente de la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón o en su defecto de la Presidencia del mismo.
IV DE LA COMPETENCIA DEL TRÍBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL Corresponde a este Tribunal Disciplinario Judicial; en primer lugar, pronunciarse acerca de su competencia para el conocimiento del presente proceso disciplinario, en los términos siguientes:
! La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora la disciplina del Poder Judicial como un ejercicio encomendado a una jurisd cción judicial, tal como lo establece su artículo 267:
"Articulo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judiciai, la inspección y vigilancia de los corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto.
La jurisdicción disciplinaria Judicial estará a cargo de tos tribunales disciplinarios que determine la ley.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas TRIBUNA Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario condiciones que establezca la ley Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales." De conformidad con el artículo anterior, se escinden dos potestades: Una que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para la dirección, gobierno, administración, inspección, vigilancia y autonomía presupuestaria del Poder Judicial; otra potestad que es de indole disciplinaria, que corresponde únicamente a los tribunales disciplinarios que se crearen mediante. la respectiva -ley.
Encortramos de este modo, una organicidad que ejerce las potestades administrativas del Tribunal Supremo de Justicia y por otro. lado una jurisdicción que ejerce funciones disciplinarias del poder judicial.
La competencia legai para el ejercicio de la.potestad disciplinaria en el po judicial, la encontramos expresada en el articulo 39 del Código de Ética Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:
"Articulo 39. Los órganos que en el ejercicio de la jurisdicción tienen la TRIBUNA ccompetencia disciplinaria sobre los jueces y juezas de la República, son el Tribunal Disciplinario Judicial y la- Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y ségunda instancia, respectivamente, los procedimientos disciplinarios por infracción- a los principios y deberes contenidos.
en este Código. El Tribunal Disciplinario Judicial contará con la Secretarla corresponderte y los servicios de Alguacilazgo." Como se desprende del presente artículo, el Tribunal Disciplinario Juica SCTPLIN en la salvaguarda de los principios orientadores y deberes en materia de ética previstos en el señalado Código, imponiendo ante su incumplimiento, las-sanciones disciplinarias previstas en los artículos 31, 32 y 33 ejusdem.
Siendo así, queda claramente determinada la competencia de este Tribuna! Disciplinario para aplicar en primera instancia los correspondientes procedimientos disciplinarios, a los jueces y juezas integrantes del sistema de justicia venezolano. Asi se declara.
-Uía V DE LA AUDIENCIA En fecha 2 de mayo de 2013, siendo las dos horas y treinta minutos de la 1… /tarde (2:30 p.m.) se llevó a cabo la audiencia a la cual sé refiere el artículo 73 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, estando constituido el Tribunal Disciplinario Judicial por los jueces principales, -reunidos en la Sala de. Audiencias del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en presencia de la ciudadana Claudia Renata Bracho Pérez, en sù cualidad de jueza denunciada. Asimismo, se dejó constancia de la incomparecencia de la ciudadana Marielvys Sánchez, en su condición de denunciante, así como de la representación de la Fiscalía General de la República y de los interesados notificados en el presente proceso, aun cuando consta en el expediente las debidas notificaciones.
Del desarrollo de la mencionada audiencia se desprende que la jueza investigada formuló sus alegatos y conclusiones. Finalizada la exposición, se dio por concluido el debate y en fecha 9 de mayo de 2013 se profirió el pronunciamiento decisorio, el cual se transcribe a continuación:
"ÚnICo: Se. ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la ciudadana CLAUDIA RENATA BRACHO PÉREZ, titula: de la cédula de identidad N° V-15.980.681, por las actuaciones durante su desempeño como Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, en relación a la sanción de AMONESTACIÓN prevista en el numeral 1 del articulo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.".
VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con motivo de los elementos presentes en el expediente, entre los cuales se incluyen las actas y oficios suscritos por el personal del Circuito Judicial Penai del Estado Faicón y los alegatos expuestos por la jueza investigada en la presente audiencia; este Tribunal Discipinario Judicial, estima conveniente, conocer si ia ciudadana Claudia Renata Bracho Pérez habría incurrido en ofensas al personal; hecho disciplinable de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venszolana.
Sobre el supuesto normativo dentro del ilicito disciplinario para el presente caso, es menester apuntar que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana estabiece como supuesto de amonestación para los jueces o juezas, en su numeral 1 del artículo 31: "ofender a sus superiores a sus iguales o subaltemos, en el ejercicio de sus funciones por escrito o vi de hecho".
con amonestación, el sujeto que desplegar una conducta que produzca una ofensa a cualquier trabajador dentro de la rama judicial del poder público, independientemente de su categoría, es decir, sea este último un superior, inferior o igual con respecto a sí mismo.
La doctrina venezolana ha descrito este supuesto aduciendo que "(..) se trata de una actividad intrafuncional, ya que se produce sólo con ocasión de las funciones jurisdiccionales y se da exclusivamente entre operarios judiciales (...) sobre otros funcionarios como sujetos pasivos (...)" (Carrillo Artiles, Carlos Luis: Derecho Disciplinario Judicial, 2012, Editorial Juridica SRELIA DO Venezolana, p.49).
Por otra parte, en torno al tema, es preciso definir dentro del numeral_1 artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolan, el significado de la conducta típicamente exigida de "ofender", definido par el Diccionario de la Real Academia Española en la primera de sus acepciones como "humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos".
Concatenando la definición expuesta con el numeral 1 del articulo 31 ejusdem, sería necesario que la conducta hacia el sujeto pasivo jurisdiccional, se suscite por escrito o por vías de hecho, produzca una afectación interna emocional sobre este sujeto; en sentido contrario, si la conducta propiciada por el sujeto activo no afecte negativa y emocionalmente al destinatario de la misma, no podría ser cconsiderada como uná ofensa.
El supuesto normativo bajo análisis ha sido igualmente desarrollado, bajo la vigencia de la norma asimilable contenida en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 02047, de fecha 10 de agosto de 2006, con la ponencia de la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, aludiendo que ".con respecto a este ilícito disciplinario, la Sala en sentencia del 24 de abril de 1991, Caso: Simón Tadeo Gutiérrez, Exp. N° 6490/6650, confirmada èn jurisprudencia, incluyó a este numeral dentro del grupo de supuestos que W.JIGr regulan las conductas personales que desdicen de la probidad de la persona
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que ostenta el cargo de juez, independientemente que cumpla a cabalidad con sus funciones".
Desarrollada como ha sido la causal de ofensa a otros operarios judiciales, es menester valorar si en el presente caso, por los hechos cometidos por la ciudadana Claudia Renata Bracho Pérez, estaríamos en presencia del incurrirniento dentro de dicha causal.
por el oficio N° 2129/2011 de fecha 3 de octubre de 2011, suscrito por 1a Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta NEZUELA Jurisdicción Disciplinaria Judicial en fecha 10 de octubre de 2011, mediante el cual remitió el Acta suscrita por Marieivys Sánchez, en su cualidad de secretaria de tribunal, en la que indicó las presuntas ofensas cometidas por Claudia Renata Bracho Pérez, en su cualidad de Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo..
Posteriormente, en fecha 14 de febrero de 2012, este tribunal, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R:D.D.) recibió el oficio N° 29-2012, suscrito por la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estãco Falcón, mediante el cual remitió la información solicitada por la oficina de sustanciación, incluyendo como anexos lo siguiénte:
1) Acta No. 07-2011 del fecha 14 de noviembre de 2011, levantada por las ciudadanas Leodry Chiquito de Montero y Angie Reyes Urbina, en su cualidad de Archivista Jefe y Archivista I, del Archivo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo:
2) Oficios S/N, de fechas 19 y 21.dé diciembre de 2011, mediante los cuale el ciudadano Carlos Guillén, denuncia el presunto maltrato verbal por pare.
de la jueza Claudia Renata Bracho Pérez.
TR1BU.
3) Informe de fecha 19 de diciembre de 2011, elaborado por.los ciudadanos Tibisay Tellez, Alexander Rodríguez, Wilfredo Gómez, Eliomar Hernández, Luis Pimentel, Emill Perozo, Juan Ortiz, Richard Gutiérrez, Jesús Medina, Zoraida. Santos, Jean Arcaya y José Mujica, quienes alegan actuar en su cualidad de personal de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo.
Definidas como han sido las actuaciones recabadas en el presente.
expediente, es oportuno advertir que para declarar la responsabilidad disciplinaria judicial en el presente caso, es imprescindible efectuarlo en el apego del ordenamiento jurídico, incluyendo el principio de la presunción de inocencia como presupuesto del derecho al debido proceso constitucional, al pretender desvirtuar la referida presunción, se tiene la carga de probar hechos por los cuales se acusa y su encuadramiento en la norma sancionatoria o disciplinaria.
A los fines de demostrar la suficiencia de elementos probatorios determinar responsabilidad disciplinaria judicial por las presuntas ofensas, imperativo considerar lo establecido en el articulo 49 numeral 2 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a los principios y garantías de debido proceso, al consagrar que "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: (Omissis) 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario".(negrillas nuestras).
Como se puede observar. del artícuio antes transcrito, el principio de presunción de inocencia, es de rango constitucional, explicado de la siguiente manera por la doctrina:
.. El principio de presunción de inocencia implica atribuir esa connotación al investigado a través de toda la actuación disciplinaria, ya.que el Estado, como titular de la potestad y de la acción disciplinaria, debe probable al destinatario de la ley disciplinaria, por intermedio del investigador competente, la responsabilidad a través del fallo sancionatorio correspondiente, el cual una vez ejecutonado o en firme o definitivo, por no ser objeto de reconsideración, le asegura al disciplinado su condición de culpable. Mientras ello no ocurra, el disciplinado, a quien se le impute la. comisión de una falta disciplinaria, se le considerará, para todos los efectos, inocente.
Este princip:o rector protege a todó individuo frente a cualquier acción de la autoridad Constitucionalmente se enfoca a ser aplicado en lo judicial y en lo administrativo.
Asl mismo, el principio de presunción de inocencia se explica como integrador del principio rector del debido proceso, en que es producto de la exigencia estatal de un proceso garantista, sometidos a leyes vigentes al momentos de la realización de la conducta disciplinaria, en el cual se protejan los derechos del investigado o disciplinado de su más mínima conculcación y en donde se le apliquen la plenitud de las formas propias del procedimiento disciplinario..." (Jaime Meja Ossman y Silvio· San Martin Quiñones Ramos: Procedimiento Disciplinario, 2004, Bogotà. Ediciones Doctrina y Ley LTDA, pp. 14-15).
En este mismo contexto, el autor patrio José Peña Solis, señala que "... En efecto, a los fines de respetar el derecho de la presunción de inocencia la Administración Pública está obligada cuando sanciona a un administrador:
(...) 3) a aceptar que cualquier insuficiencia derivada de la actividad probatoria, debe obligar a proferir una decisión absolutoria..." (Peña Solís, José: La Potestad Sancionatoria de la Administración Pública Venezolana, 2005, Colección de Estudios Jurídicos Tribunal Supremo de Justicia, Caracas - Venezuela. p. 198).
De esta forma, es oportuno advertir que para deciarar la responsabilidad disciplinaria judicial en el presente caso, es imprescindible efectuarlo en el apego del ordenamiento jurídico, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia como presupuesto del debido proceso constitucional, y al pretender desvirtuar la referida presunción, se tiene la carga de probar los hechos por los cuales se acusa y su encuadramiento en la norma penal, sancionatoria o disciplinaria; tal como ha sido precisado por la Sala de Casación Penal del.
Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21 de junio del año 2005, con Ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas;
"..De acuerdo a este principio, está prohibido dar al imputado o acusado un tratamiento de culpable como si estuviera condenado por sentencia firme; por lo que no se le puede hacer derivar las consecuencias de una condena antes de que ésta haya recaido en el proceso y adquiera firmeza. Igualmente, se tanto es a éste a quien corresponde demostrar la existencia del hecho, la infracción a.una norma penal, la autor la, culpabilidad, y responsabilidad penal del imputado o acusado..." Ahora bien, visto que este tribunal considera insuficiente la narración de hechos consistentes en presuntas ofensas, recabadas mediante actas u' oficios levantados por aquellos a quienes la jueza denunciada pudo haber ofendido; sin siquiera ser respaldados por testimoniales en el acto de audiencia, y al no existir en autos ninguna actuación que pueda desvirtuar dè ninguna manera su inocencia con relación a la denuncia de marras, 'este Tribunal Disciplinario Judicial concluye que la jueza no se encuentra incursa en el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.
VII DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Disciplinario Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la ciudadana Jueza Jacqueline Sosa Mariño, aprobada de manera unánime, decide lo siguiente:
ÚniCO: Se ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA JUDICIAL a la ciudadana CLAUDIA RENATA BRACHO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.980.681, por las actuaciones durante desempeño como Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, en relación a la sanción de AMONESTACIÓN prevista en el numeral 1 del artículo 31 del Código Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Una vez que la presente decisión adquiera el carácter de definitivamente firme, notifiquese al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria, de conformidad con el artículo 89 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
La presente decisión se ejecutará una vez que adquiera el carácter de definitivamente firme.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Disciplinario Judicial de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a los veintitrés (23) días del
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Miércoles 19 de junio de 2013
GACETAOFICIALDE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA
402.430
mes de mayo de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° TIASANA de la Federació HRRNÁNPACHECO ALVIÁREZ uez Presidente CARLOS MEDINA ROSAS Jueza Ponente Juez RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria En fecha Vintitres (3) de may o de dos mibtreee (2013), siendo JARIANA las once y.ntunb ghosn(11:5am), se publicó y registro la aytexior deglßión bajo el N° T-SD-2013 -849 RAQUEL SUE GONZÁLEZ Secretaria MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscai General de la República Caracas, 04 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 738 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en el artículo 25 númerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del-Ministerio Público.
CONSIDERANDQ:
Que para mejorar el desempeño de las funciones del Ministerio Público, se deben evaluar las competencias de cada una de las Direcciones, reflejadas en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República;
CONSIDERANDQ:
Que resulta conveniente adecuar la estructura organizativa del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2008-2014, a la nueva filosofía Institucional y a las exigencias encomendadas en el ordenamiento jurídico venezolano;.
CONSIDERANDO:
-Que se hace necesario seguir impulsando. la consolidación de mecanismos internos para permitir la atención expedita de niños, niñas, adolescentes, y mujeres que han sufrido violencia en razón de su género; creando, en consecuencia, las unidades orgánico-funcionales adecuadas para la prosecución de los casos que en estas materias han ingresado a la Institución.
RESUELVE:
PRIMERO: Crear la "Dirección General para la Protecclón de la Familia y la Mujer", la cual estará adscrita jerárquicamente a la Vicefiscalía;y, tendrá rango de Dirección General.
La Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer, tendrá .como objetivo garantizar la efectiva actuación fiscal en la protección de los derechos y garantías de niños, niñas, adolescentes y mujeres, estableciendo lineamientos de prevención y control que permitan la actuación oportuna de los representantes del Ministerlo Público especializados adscritos, dando cumplimiento a las atribuciones conferidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente.
SEGUNDO: La "DIrección General para la Protecclón de la Famllla y la Mujer", tendrá las siguientes funciones:
1. Proponer a la Máxima Autoridad de la Institución, la adopción de políticas acordes con los planes de la nación, relacionados con las materias de su competencia.
2. Diseñar estrategias que permitan sancionar efectivamente a los responsables en la comisión de los delitos cometidos en las materias de su competencia.
3. Brindar. la atención oportuna a las audiencias y solicitudes que le sean interpuestas, con relación a los casos que son competencia de sus Direcciones y Despachos Fiscales adscritos.
4. Apoyar y asesorar permanentemente al o la Fiscal General de la República y al o la Vicefiscal, en la materia relacionada con los delitos cometidos en las materias de su competencia; así como también a las demás Dependencias cuando lo requieran.
5. Ejercer por medio de sus Direcciones y Despachos Fiscales .adscritos, las atribuciones señaladas en las leyes especiales.
6. Asignar comisiones a los Fiscales del Ministerio Público y, evaluar el cumplimiento de las.actividades desarrolladas en materia de su competencia.
7. Emitir opiniones, fijar directrices, evacuar consultas y formular observaciones a los Fiscales del Ministerio Público, en materias de competencia de la Dirección.
8. Presentar a la Vicefiscalía y al Despacho del o de la Fiscal General de la República, los. informes requeridos por los organismos nacionales e internacionales, relacionados con las materias de su competencia.
9. Someter a la consideración del o de la Fiscal Generai de la República, los proyectos de circulares relacionados con las materías de su competencia.
10. Representar al Ministerio .Público ante los entes gubernamentales y no gubernamentales, por.delegación del o de la Fiscal General de la República.
11. Velar por el cumplimiento del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de los Planes, Programas y Proyectos que lleva a cabo el Ministerio Público, en las materias de su competencia.
12. Realizar visitas técnicas a los Despachos Fiscales adscritos a sus Direcciones y, aplicar las estrategias necesarias que permitan maximizar su operacionalidad.
13. Las demás que le atribuya el o la Fiscal General de la República.
IERCERO: La "Dirección Generai para la Protección de la Famillia y la Mujer", estará a cargo de un Director o Directora General, quien prestará servicio a tiempo completo y, será de libre nombramiento y remoción del o de la Fiscal General de la República.
CUARTQ: La *Dirección General para la Protección de la Familia y el cabal cumplimiento de sus funciones.
OUInTo: Se ordena la transferencia de la Dirección de Protección Integral de la Familia, y de la Dirección para la Defensa de la Mujer, que venían estando adscritas a la Dirección General de Actuación Procesai; como dependencias adscritas a la "DIrección General para la Protección de ia Familla y la Mujer", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal Geñeral de la República.
SEXTQ: Se ordena la inclusión de la "Dirección General para la Protección de la Famllla y la Mujer", en el organigrama estructural del Despacho de la Fiscal General de la República.
SÉPTMQ: La presente Resolución, será parte integrante del "Reglamento Interno que define las competencias de las Dependencias que conforman el Despacho del Fiscal General de la República", dictado mediante Resolución N° 979 de fecha 15 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.511, Extraordinario, de fecha 20 de diciembre de 2000.
oCTAvo: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Regístrese,Comunquese γ-Publíquese.
LUISA ORTEGA DIAZ iscal General de-la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 748 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el_artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO V a la ciudadana ANA SOFfA FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.557.809, en la Coordinación de Contrataciones y - Servicios, adscrita a la Dirección de Administración y Servicios de este Despacho, cargo creado.
Igualmente, la referida ciudadana deberá continuar sus funciones como Coordinadora de Contrataciones y Servicios (Encargada), en la citada Dirección.
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El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 17 de junio de 2013.
Regstrese, Comúrguese y Rublíquese
Lo LUISA ORTEGA DÍAZ Fisca General de la-República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 749 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por ei artículo·6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar con el carácter de SUPLENTE al. ciudadano Licencado JESÚs RAMÓN ÁLVAREZ SULBARÁN, titular de la cédula de Identidad N° 5.058.911, en. la Unidad Administradora Desconcentrada dei Ministerio Público del estado Zulia, a los fines de cubrir la falta temporal producida por el Contabilista Jefe, cludadano Licenciado José Roberto Lugo Azuaje, quien hará uso de sus vacaciones.
La presente designación, tendrá efectos administrativos a partir del 26 de junio de 2013.
Registrese, Comuniguese y Publíquese.
L LUISA ORTEGA DÍAZ Piscal eneral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 17 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN IN° 813 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3.
del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano. Ingeniero ERIC WLADIMIR LEÓN RIVAS, titular de la cédula de identidad N° 11.895.457, SUB-DIRECTOR EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, adSCrita a la VIcefisCalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuèsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, actualmente vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 17-06-2013 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203°y 154° RESOLUCIÓN N° 743 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscai General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3.del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasiadar ai ciudadano Abogado JOSUÉ RAFAEL ZERPA PRADos, titular de la cédula de Identidad N° 10.699.690, quien se viene desempeñando como FISCAL. AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Quincuagésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de ta citada Circunscripción Judicial, con competencia para intervenir en las Fases.Intermedia y de Juicio Oral, cargo vacante, a .partir del 17-06-2013 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad.
Gruniquese y Publíquese
LUISA ORTEGA DÍAZ DEscal General de la República-
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESQLUCIÓN N° 744 LUISA ORTEGA DÍAZ Flscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado FILEMÓN FRANCISCo GUARIsCO SÁNCHEZ, titular. de la cédula de identidad N° 6.183.828, quien se viene desempeñando como ABOGADO ADJunTo V en la Unidad de Atención a la Víctima, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la Dirección de Protección Integral de la Familia, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal, a partir del 17-06-2013.
istrese, caruaniquese y Publíquese.
LUBSA ORTEGA DÍAZ General de la República.
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REPÚBLICA BOLIVÁRIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN IN° 747 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciónes establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana. Abogada ARIRRAMY COROMOTO HENRfQUEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.708.697, quien se viene desempeñando como FISCAL PRovIsORIO en la Fiscalía PREMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, COn sede en Coro; a la FISCALÍA CENTÉSIMA VIGÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de la Circunscripción Júdicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, cargo vacante, a pártir del 17-06-2013 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
LUISA ORTEGA DÍAZ General de la-República
REPÚBLICA BOLIVARIÁNA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado YONDER DANIEL CANCHICA GONzÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 17.124.744, quien se Viene desempeñando como FISCAL AUXaLIAR INTERINO en la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 17 de junio de 2013 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad:
LUISA ORTEGA DÍAZ General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 752.
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal Genéral de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerlo Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar al cludadano Abogado JHONNY 3OSÉ BARRIOS MONsALvE, titular de la cédula de identidad N° 15.821.790, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Segunda del Ministerio Púplico de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas;
a la FISCALfA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA del Ministerio Público dè la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 17 de junio de 201.3 y hasta nuevas instrucciones de-esta_Superioridad.
Regís
LUISA ORTEGA DÍA scal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 10 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 756 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3,del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada VICTORIA MORELY FLORES BLANCo, titular de la cédula de identidad N° 16.686.544, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes; a· la FISCALÍA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con
Caracas, cargó vacante, a partir del 17 de junio de 2013 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad.
Regísuse, Comaniguese y Publíquese.
EUISA ORTEGA DÍAZ iscal General de la República
página original (tal como se publicó)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de ia República Caracas, 11 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN M° 759.
LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la Repúbficz En ejercicio de la facultad conferidà por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerlo Público y, en uso de las atribuciones estabiecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasiadar a la cudadana Abogada YARILDA ADELINA BRICEÑo TELLES, titular de la céduia de Identidad N° 17.650.799, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXZLZAR ENTERINO en la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial dei Área Metropolltana de CaraCas; a la FISCALÍA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉPTIMA del MinIsterio Público de la citada Circunscripción Júdicial, con competenda en materia de Protección de Derechos Fundamentales, cargo vacante, a partir del 17 de junio de 2013 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
TERIO ese, Comuriquese y Publíquese
LUISA ORTEGA DIAZ General de la-República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscai General de la República Caracas, de 11 de junio 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 760 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la Repúbfica En ejercicio de la facultad conferida por ei artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de ias atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 2S elusdem.
RESUELVE:
ÚNzCO: Trasladar a la cludadana Abogada MARzLYN ERAIDA MEDANA iRIVAS, titular de la cédula de identidad N° 12.385.509, quien se viene desempeñando como FISCAL AUXELIAR INTERErO en Ia Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; a la FESCALÍA DÉCEMA SEXTA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, en sustitución de la ciudadana Abogada Niyulis Tibisay Arias Mejías, quien pasará a otro destino; a partir del 17-06- 2013 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad.
Regístresoavaaíquese y Publíguese, LUSA ORTEGA DÍAÉ Fiscajoaneral de la República.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal Genera! de la Repúbiica Caracas, 11 de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 761 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en-los numeraies 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
BESUELVE:
úNXCO: Trasladar a la ciudadana Abogada NIYULXS TIBISAY ARLAS MEstAS, titular de la cédula de Identidád N° 9.487.668, quien se viene desempeñando como FISCAL. AUXILZAR INTERENO en la Fiscalía Décima Sexta dei Ministerió Público de la. Circunscripción Judicial del Área Metropolltana de Caracas; a la FISCALÍA VIGÉSIMA NOVENA- del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia plena, en sustitución de la ciudadana Abogada Marilyn Iraida Medina Rivas, quien pasará a otro destino, a partir dei 17 de junio de 2013 y hasta nuevas instrucciones de ésta Superioridad.
ERIO etrese, 3 SUIS A ORTEGA DIAZ al Generai de la-República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 11. de junio de 2013 Años 203° y 154° RESOLUCIÓN N° 763 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem,
RESUELVE:
ÚNECO: Trasladar al ciudadano Abogado RAFAEL. GABRIEL GÓMEz DUARTE, titular de la cédula de Identidad N° 16.265.112, quien se viene desempeñando como FESCAL PROVIsoRzO en la Fiscalía DÉCIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicia! del estado Apure; a la FXSCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en San Fernando de Apure y competencia en materia para la Defensa de la Mujer, cargo vacante, a partir dei 17-06-2013 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
gistresepuniquese y Publíquese.
SUIS A ORTEGA DÍAZ cal General de ja República
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXL Número 40.192 MES IX Caracas, miércoles 19 de junio de 2013 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo12. LaGACETA OFICIAL DELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se e liten números extraordinarios siempre que fuere necesario: y debe.án insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.
Articulo 13. Enla GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de Ios Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Artículo I 4. Las leyes, decretos y démás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de apurecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 11 de junio de 2013 Años 203° y 154º RESOLUCIÓN N° 771 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en ios numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar con el cargo al ciudadano RAÚL GUEVARA, titular de la cédula de identidad Nº 5.886.371, quien se viene desempeñando como ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES en el Departamento de Mantenimiento en la Coordinación de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura y Edificación, adscrita a la Vicefiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en e! único aparte dei artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio. Público; al Área de Telefonía de la Dirección de Tecnología, adscrita a la Vicefiscalía, a partir del 17-06-2013.
orquníquese y Publíquese..
LUSA ORTEGA DÍAZ General de far República-
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