Gaceta Oficial N° 40.022
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A OFICIAL
GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO CXXXIX MES XII Caracas, jueves 4 de octubre de 2012
SUMARIO Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Corporación LVSV, C.A. Financiadora de Primas, para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 14 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia.
Providencia mediante la cual se autoriza a la empresa Inversiones Crediprima Financiadora de Primas, S.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 17 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto se lleva en esta Superintendencia.
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Actas.
Tribunal Supremo de Justicia Decisión mediante la cual se declara que No Ha Lugar la solicitud de revisión constitucional de la Sentencia N° 303 dictada, el 12 de julio de 2011, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, ejercida por Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.
Ministerio Público Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas Abogadas que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en ellas se señalan.
Resoluciones mediante las cuales se designa Fiscal Provisorio y Abogado Adjunto I al ciudadano Abogado y a la ciudadana Abogada que en ellas se indican, en las Fiscalías que en ellas se especifican.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas, 0 3 SEP 2012PROVIDENCIA N° FSA 2-50 0 2 6 3 1 202° Y 153o
Visto que el ciudadano OSWALDO KARAM MACIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número 6.974.246, actuando en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil, CORPORACIÓN LVSV, C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 15 de marzo de 2005, bajo el N° 71,
Número 40.022
Tomo 1059-A, solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros, bajo la denominación CORPORACIÓN LVSV, C.A. FINANCIADORA DE PRIMAS
Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por la CORPORACIÓN LVSV, C.A., se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143 de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada.
Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 númeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010; corresponde a este organismo ejercer la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de seguros.
En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora, DECIDE:
PRIMERO: AutoriZar a la empresa CORPORACIÓN LVSV, C.A. FINANCIADORA DE PRIMAS, para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 14 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto, se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
SEGunDO o: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese.
PO LUIS PERAH Superintendene la Aca Asegutad Resolución N°de fechafebrero de 2010 G.O.R.B.VN° 39pde febrero de 2010
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
Caracas,0 3 SEP 2012PROVIDENCIA N° FSAA 2-50 0 2 63 2
202° Y 153o
Visto que el ciudadanoGONZALO LAURIA ALCALÁ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número 6.559.472, actuando en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil, INVERSIONES CREDIPRIMA, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 27 de julio de 2007, bajo el N° 49, Tomo 1629-A, solicitó la autorización para operar como empresa Financiadora de Primas de Seguros, bajo la denominación INVERSIONES CREDIPRIMA FINANCIADORA DE PRIMAS, S.A.
Visto que del análisis efectuado a los documentos presentados por INVERSIONES CREDIPRIMA, S.A., se verificó que éstos cumplen con los requerimientos técnicos y legales establecidos en el artículo 143 de la Ley de la Actividad Aseguradora, exigidos para otorgar la autorización solicitada.
Vista las atribuciones conferidas al Superintendente de la Actividad Aseguradora en los artículos 7 numeral 13 y 141 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 05 de Agosto de 2010; corresponde a este organismo ejercer. la regulación, control, supervisión y fiscalización de la actividad de financiamiento de primas de "sounbas En virtud de las consideraciones que anteceden, quien suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Actividad Aseguradora,
DECIDE:
PRIMERO: Autorizar a Ia empresa INVERSIONES CREDIPRIMA FINANCIADORA DEPRIMAS, S.A., para el ejercicio de la actividad de Financiamiento de Primas de Seguros e inscribir la bajo el N° 17 en el Registro de Empresas Financiadoras de Primas que para el efecto, se lleva en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
SEGunpo: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Comuníquese y Publíquese.
ELUIS PERA Resolución. Nde fechaebreroe2019 Actvdao G.O.R.B.V N° 3 -p3 e febrero de 2040
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
RM No. 365 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 202° y 153° NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
Municipio Iribarren, 21 de Septiembre del Año 2012 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original ai expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase 1a copia de publicación. El anterior documento redactado. por el Abogado JORGE EDOARDo CUEVAS ATENCIO IPSA N.: 115752, se inscribe en el Registro de Comercio bajo l Número: 22, TOMO -118-A . Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RMNo. , Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asf: JORGE EDOARDO CUEVAS ATENCIO, C.I: V-15.517.360.
Abogado Revisor: CAROL YELITZA CASTILLO ROVIRA
1 ADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA FDO, ABOGADO ELIO A. ABREU P.
ESTA PÁGINA CVA COMPAÑIA DE-MEO. AGRICOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A Número de expediente: 00000s8626 MOD ACTA No. 13. ASAMBLEA GÉNERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. En el dia de hoy quince (15) de Febrero de 2.012, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), oportunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad MercantiI CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRo CAMEJO, S.A. debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha Veintiocho (28) de Agosto de 2.007, anotado bajo el Nº 50 del tomo 80-A, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.761, de fecha Cuatro (04) de Septiembre del año 2.007, cuya sede social se encuentra ubicada en Av.
Intercomunal Barquisimeto Cabudare, sector el Caraball, a doscientos metros (200 mts) del Ministerio para el Poder Popular del Ambiente, municipio Palavecino, estado Lara. Estando reunidos en la sede social de la empresa, el Accionista CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL), representada en e acto por el ciudadano HENRY SILVA GUZMÁN, venezolano, mayor de edad, ular de la cédula de identidad N° V-14.302.317.
en su carácter de Presidente, designado según Resolución DM/N° 010/2012, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de fecha 27 de enero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial dé la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852, de fecha 27 de enero de 2012. Se omite la formalidad de convocatoria, por encontrarse presente la totalidad de los Accionistas que representan el cien por
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ciento (100%) del total del capital social suscrito, según se evidencia en là Estatutos Sociales de la empresa. Seguidamente, se presenta como invitado ante la Asamblea, el ciudadano ALFREDO RICARDO MIRANDA RODRÍGUEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- V-3.978.984;
Preside la Asamblea el ciudadano Presidente de la coRPoRACIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL). Se procede a fijar dentro del orden del dia: PUNTo UNO: Designación del nuevo Presidente de Ja empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. PUNTO DOS: Designación de la nueva Junta Directiva de |a empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. Aprobado este orden, por parte de la Asamblea, se procede a considerar el primer punto del día: PUNTO UNO: Designación del nuevo Presidente de la empreSa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTR PEDRO CAMEJO, S.A. En este acto, el ciudadano HENRY SILVA GUZMÁN su carácter de Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENT, S.A. (CVAL), de conformidad a las facultades que se le otorgan en la Adj la empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTÉ cumplimiento a la Resolución DM/N° 008/2012 emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de fecha 27 de enero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852, de fecha 27 de enero de 2012 y cuya copia se anexa a la presente Acta de Asamblea, procede designar al ciudadano ALFREDO RICARDO MIRANDA RODRÍGUEZ, venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-3.978.98 para el cargo de Presidente de la empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZAdo.
AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A., a partir del veintisiete (2) de Enero de 2012, quien manifiesta su aceptación al cargo para el cual es designado. PUNTO DOS: Designación de la nueva Junta Directiva de la empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. En este acto el ciudadano HENRY SILVA GUZMÁN, en Su carácter de Presidente de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL), Asamblea N° 11, que contiene la modificación del Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A., en su Cláusula Vigésima Segunda, a la designación de tos"
la Junta Directiva de CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. quedando integrada- de la siguiente manera: PRESIDENTE: ALFREDO RICARDO MIRANDA titular de la cédula de identidad N° V- V-3.978.984; DIRECTOR PRINCIPAL: -ALÍ PEÑA, titular de la cédula de identidad N° V-10.113.258; DIRECTOR SUPLENTE: JESÚS PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.449.044; DIRECTOR PRINCIPAL: JUAN DIRECTOR SUPLENTE: ÁNGEL PINO, titular de la cédula de identidad V- 11.654.274; DIRECTOR PRINCIPAL: LAURA LORENZO titular de la cédula de identidad V-7.398.995; DIRECTOR SUPLENTE: JAVIER RAMOS, titular de la cédula de identidad V-9.613.097; DIRECTOR PRINCIPAL: HENRY SILVA GUZMÁN, titular de la cédula de identidad V-14.302.317, DIRECTOR SUPLENTE:
JOSÉ BOLÍVAR, titular de la cédula de identidad V-15.769.203. Continuando en el uso de la palabra, el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL, S.A.). dispuso que: tratados y resueltos os puntos de la agenda del orden del día, se transcrita el Acta de esta Asamblea en los libros respectivos, se proceda a firmar los y luego se expida una copia fiel y exacta de ella, para presentarla ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a cuyo efecto se autoriza suficientemente al abogado JORGE EDOARDO CUEVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.517.360, inscrito en el I.P.S.A., bajo el N° 115.752, para la presentación de la presente acta y firmar los libros correspondientes por ante el Registro Mercantil respectivo, previo cumplimiento de las solemnidades de Ley. No habiendo más puntos que tratar en la Asamblea, se levanta la presente acta, la cual firman en señal de conformidad.
HENPY SILWA GUZMAN PRESIDENTR DE LACORPORACIÓN VENEZOLANA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA * MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***
RM No. 365 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 202° y 153° NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA
Municipio Iribarren, 21 de Septiembre del Año 2012 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento. redactado por el Abogado JORGE EDOARDO CUEVAS ATENCIO IPSA N.: 115752, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 23, TOMO -118-A . Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. , Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asÍ: JORGE EDOARDO CUEVAS ATENCIO, C.l: V-15.517.360.
Abogado ReViSOr: CAROEKETZA CASTILLO ROVIRA
ADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO LARA FDO. ABOGADO ELIO A. ABREU P.
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CVA COMPAÑIA DE MEC. AGRICOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A Número de expediente: 0000068626 MOD ACTA No. 14. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIDINBAS 'DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. En el día de hgy veintidós (22) de Marzo .de 2012, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), oportunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A.. debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha Veintiocho (28) de Agosto de 2.007, anotado bajo el N° 50 del tomo 80-A, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.761, de fecha Cuatro (04) de Septiembre del año 2.007, cuya sede social se encuentra ubicada en Av.
Intercomunal Barquisimeto Cabudare, sector el Caraball, a doscientos metros (200 mts) del Ministerio para el Poder Popular del Ambiente, municipio Palavecino, estado Lara. Estando reunidos en la sede social de la empresa, el Accionista CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL), representada en.
este acto por el ciudadano HENRY SILVA GUZMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.302.317, en su carácter de Presidente designado según Resolución DM/N° 010/2012 emanada dél Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de fecha 27 de enero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.852, de fecha 27 de enero de 2012. Se omite la formalidad de convocatoria por encontrarse presente la totalidad de los Accionistas que representan el cien por ciento (100%) del total del capital social suscrito, según se evidencia en los Estatutos Sociales de la empresa. Seguidamente, se presenta como invitado ante la asamblea, el ciudadano ALFREDO RICARDO MIRANDA RODRÍGUEZ, Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad N° V- V-3.978.984;.
Preside la Asamblea el ciudadano presidente de la CoRPoRACIóN VENEZOLANA DE ALIMENTOS, S.A. (CVAL), a fin de conocer y decidir, proceden a fijar dentro del orden del día como Punto Único la Reestructuración de la Comisión de Contrataciones de la empresa Seguidamente se pasa a tratar el PUNTo ÚnicO: En este sentido queda integrada la Comisión de Contrataciones de la siguiente manera: ÁREA LEGAL: Miembro Principal: Maria Carolina Catarí Mejias; Titular de la Cédufa de Identidad N° V-16.386.546; Miembro Suplente:
Jorge Edoardo Cuevas Atencio, Titular de la Cédula de Identidad N° V-15.517.360." ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA: Miembro Principal: Maria José Arias, Titular de la Cédula de Identidad N° V-14.861.436; Mlembro Suplente: Yessica Kristel' Lugo Cordoba Titular de la Cédula de Identidad N° V-16.270.248; ÁREA TÉCNICA:
Miémbros Principales: Victor Manuel López Serrada, Titular de la Cédula de Identidad N° V-15.866.796; Jesús Anzola, Titular de la Cédula. de Identidad N° V- 13.678.626; Grecia Miroslava Mujica Marcos, Titular de la Cédula de Identidad N° V-16.974.251; Jenny Josefina Ramos Brito, Titular de la Cédula de Identidad N° V..
12.027.985, Miembros Suplentes: Héctor Ulises Salas Caruci, Titular de la Cédula de Identidad N° V-12.705.819, Asdrubal Freites, Titular de la Cédula de Identidad
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N° V-7.382.712; Rubén Darío Terán Gómez, Titular de la Cédula de Identidad N° V.- 12.704.019; José Rafael Marrero, Titular de la Cédula, de Identidad N° V- 12.699.692; Se designa como Secretaria Principal de La Comisión Contrataciones a la Ciudadana Milagros del Carmen Araujo Goyo, titular de cédula de identidad N° V- 15.501.050 y para el cargo de Secretaria Suplente a Ciudadana Sugeil Raquel Páez Pinto, titular de la cédula de identidad N° v 15.482.487, quien cubrirá las ausencias temporales o absolutas, de la Secretaria Principal. La Secretaria de la Comisión de Contrataciones tendrá derecho a voz, sin derecho a voto y participará en los procesos de Contrataciones Públicas, que se lleven acabo, cumpliendo con las siguientes funciones: 1. Convocar y coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones de la empresa CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A. para la contratación y ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. 2. Velar por la elaboración de las actas correspondientes y la entrega oportuna a cada uno de los miembros de la Comisión de Contrataciones Permanente de la Agenda Respectiva. 3. Levantar el acta que a cada acto ".
corresponda, llevar el control de su archivo y conformar los expedientes de los Procesos de Contrataciones Públicas. 4. Suscribir los oficios y correspondencia interna y externa, cuya atención sea competencia de la Comisión de Contrataciones Permanente, a excepción del otorgamiento y notificación de la archivo de la Comisión de Contrataciones Permanente. 6. Conformar los documentos constitutivos de caución o garantías suficientes por el monto fijado por el Ente contratante, previa revisión legal, para asegurar la elaboración del contrato n caso del otorgamiento de la adjudicación, según lo dispuesto en la Ley de ntrataciones Públicas. El Secretario o Secretaria de la Comisión de ntrataciones, para el cabal cumplimiento de las funciones encomendadas, podrá requerir el apoyo necesario de la Oficina de Gestión Administratiya de la empresa, asi como de la unidad o dependencia técnica solicitante del Proceso de Contratación, a través del Director o Directora que corresponda. El Auditor Interno, podrá actuar como observador sin derecho a voto, o en su defecto podrá designar un representante. Continuando en el uso de la palabra, el Presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos dispuso que, tratados y resueltos los puntos de la agenda del orden del día, se transcrita el acta de esta Asamblea en los libros respectivos, se proceda a firmar los y luego se expida una copia fiel y exacta de ella, para presentarla ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a cuyo efecto se autoriza suficientemente al abogado JORGE CUEVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 15.517.360, inscrito en el I.P.S.A.. bajo el N° 115.752, para la presentación de la presente acta y firmar los libros correspondientes por ante el Registro Mercantil respectivo, previo cumplimiento de las solemnidades de ley. No habiendo más punto que tratar en la Asamblea, se levanta la presente acta, la cual firman en señal de conformidad.
HENBY SILVA GUZMÁN PRESIDENTE DELA CORPORACIÓN VENI
A(nuuc ALFREDO RICARDO MIRANDA RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE CVA COMPAÑÍA DE MECANIZADO AGRÍCOLA Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N-1126 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
El 9 de agosto de 2011, los abogados Rafael Badell Madrid, Alvaro Badell Madrid, Nicolás Badell Benitez y Roland Pettersson Stolk, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo. los números 22.748, 26.361, 83.023 y 124.671 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 6 de diciembre de 1955, bajo el N° 71, Tomo 16-A, solicitó ante esta Sala, de conformidad con lo establecido en el articulo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión constitucional de la sentencia N° 303, dictada, el 12 de julio de 2011, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación ejercido contra el fallo dictado, el 9 de agosto de 2010, por el Juzgado Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, con ocasión al juicio que, por indemnización por daños y perjuicios, incoó el ciudadano Alberto Colucci Cardozo contra la mencionada sociedad mercantil.
El 29 de agosto de 2011, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 17 de noviembre de 2011 y 29 de marzo de 2012, los apoderados judiciales de la parte solicitante de la revisión, instaron el pronunciamiento en la presente causa.
El 29 de marzo de 2012, el abogado Rafael Badell MAdrid
E ALEGATOS DEL SOLICITANTE
Como fundamento de la solicitud planteada, los apoderados judicial de la parte solicitante alegaron lo siguiente:
Que la revisión solicitada tiene su soporte en las violaciones de los derechos a al debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como los principios de legalidad, confianza legítima y la seguridad jurídica que emana de la expectativa plausible, por cuanto la sentencia impugnada: i) violentó el principio de legalidad (la Sala de Casación Civil no aplicó las normas vigentes sobre responsabilidad civil en materia aeronáutica establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil, con lo cual contravino el principio de legalidad consagrado en el articulo 12 del Código de Procedimiento Civil;
ii) contravino criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional referidos a la potestad del Estado para establecer regímenes especiales en materia de responsabilidad extra .contractual (sent. N° 2818 del 19/11/02, caso: Gladys Josefina Jorge Saad y sent. N° 189 del 8/4/10, caso: Carlos Brender vs. American Airlines); y iii) contravino criterios jurisprudenciales referidos a la interpretación de la sent. N° 189 del 8/4/10 caso: Carfos Brender vs. American Airlines).
Que, el 12 de julio de 2011, la Sala de Casación Civil declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada contra la Competencia Nacional, a través- de la cual, se condenó a Iberia "a pagar al demandante ciudadano ALBERTO COLUCCI CARDOZO (..) [as siguientes cantidades: a) Por concepto de Daño Material la.suma de (..) (Bs. 3.440,56), y por concepto de Daño Moral la suma de (..) (Bs. 300.000,oo)" con ocasión al incumplimiento de un contrato de transporte aéreo celebrado entre la parte demandante y su representada.
Que la responsabilidad civil derivada de la prestación del servicio de transporte aéreo de personas y bienes se encuentra expresamente limitada en la Ley de Aeronáutica Civil, la cual dispone, de manera expresa e inequívoca, los límites máximos conforme a los cuales puede ser fijada una indemnización que, por daños y perjuicios, pueda corresponder a un pasajero o usuario en virtud del contrato aéreo.
De este modo, de haberse establecido la responsabilidad de Iberia, "el monto máximo de la condena no podia exceder de cuatro mil ciento cincuenta (4.150) Derechos Especiales de Giro (art. 100.4 LAC)".
Que, en la sentencia objeto de revisión, la Sala de Casación Civil desconoció y alteró el régimen especial de responsabilidad consagrado legalmente en materia aeronáutica, al señalar: "la Sala observa que la normativa contenida en el articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil,- fija la responsabilidad contractual del transportista, derivada de la celebración del contrato de transporte aéreo, mientras que las disposiciones inserta en los artículos 1.185 y. 1.196 del Código Civil, fijan el hecho ilícito y la obligación de reparación a todo daño material o moral causado por dicho hecho ilícito, originándose de este modo, la responsabilidad extracontractuar",
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. con lo cual, se derogó, sin ningún tipo de fundamento, el sistema limitado de responsabilidad extraccontractual consagrado en materia aeronáutica, contraviniendo el principio de legalidad consagrado en el articulo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Que, adicionalmente, la sentencia impugnada se apartó del precedente jurisprudencial que estableció la Sala Constitucional en sentencia del 8 de abril de 2010, expediente N° 09-0267 (caso: Carlos Brender/ American Airlines), en la cual, como criterio vinculante se estableció que el régimen de responsabilidad especial de transporte aéreo contenido en la Ley de Aeronáutica Civil, es excluyente del régimen de responsabilidad ordinario del Código Civil, criterio éste ratificado en sentencia n° 1259 del 26 de julio de 2011 (caso: Trans American Airlines S.A.).
Que, igualmente, la sentencia impugnada inobservó los criterios vinculantes de esta Sala. Constitucional establecidos en el fallo N° 2818 del 19 de noviembre de 2002 (caso: Gladys Josefina Jorge Saad) en lo referente a la facultad de establecer regímenes especiales de responsabilidad contractual y extracontractual, distintos del régimen de responsabilidad. civil establecido en el articuto. 1.185 y siguientes del Código Civil, asl como también, el criterio que se estableció en sentencia N° 1469 del 6 de agosto de 2004 (caso: Gladys Josefina Jorge Saad).
Con base en las consideraciones expuestas, solicitaron se declare la nulidad de la sentencia N° 303 dictada por la Sala de Casación Civil el 12 de julio de 2011.
11 DEL FALLO IMPUGNADO El fallo impugnado dictado, el 12 de julio de 2011, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Jústicia declaró sin lugar el recurso de casación ejercido por Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., en los siguientes términos:
*...NFRACCIÓN DE LEY De conformidad con el ordinal 2° del articulo 313 del Código de Procedimiento Civil, Código Civil, en concordancia con el articulo 1.185 eiusdem, con fundamento en lo siguiente:
...el juez de la recurrida aplicó falsamente los articulos 1.185 y 1.196 del Código Civil, y omitió aplicar -n cambio- las normas de rango legal que regulan la responsabilidad especial en materia de transporte aéreo(...Omissis...) Estas normas delimitan la extensión de la responsabilidad civil extracontractual, también conocida como del Derecho Común, incluyendo los daños morales.
Sin embargo el presente caso se trata de una relación juridica ce derecho aeronáutico, el cual tiene un marco especial consagrado legalmente.
Especificamnente en lo que se refiere a la responsabilidad contractual y extracontractual (incluyendo daños materlales y morales), tenemos que integrado por el 'Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo intemacional", concluido en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 24.837, de fecha 1° de septiembre de 1955), o bien por ese Convenio (sic) modificado por el Protocolo (sic) celebrado en La Haya el 28 de septiembre de 1955 denominado 'Protocolo de La Haya'.
En adición a lo antes señalado debe tenerse presente que actualmente se encuentra vigente la Ley Aeronáutica Civil, cuyo articulo 1° expresamente establece lo siguiente:
'La presente Ley (sic) regula el conjunto de actividades relativas al transporte aéreo, la navegación aérea y otras vinculadas con el empleo de aeronaves civiles donde ejerza su jurisdicción la República Bolivariana de Venezuela.
A las aeronaves del Estado se les aplicará la presente Ley (sic), sólo cuando disposiciones previstas en ella, asi lo determinen Ley (sic) Asi, se equivoca el ad quem al aplicar normas juridicas que regulan el hecho illcito en el Derecho Común, cuando la relación juridica objeto del proceso es una relación que se corresponde a una categoria especial establecida y regulada por la Ley de Aeronáutica Civil y los convenios intemacionales suscritos por el Estado Venezolano en materia de transporte aéreo.
Lo cierto es que el Juez (sic) de la recurrida incumplió con su obligación de atenerse 8 las normas de derecho vigentes en la República Bolivariana de Venezuela sobre la responsabilidad del empresario aéreo (con lo cual contravino el principio de legalidad consagrado en el articulo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: 'En sus decisiones el Juez (sic) debe atenerse a las normas del derecho...). Como consecuencia de lo anterior, resulta que la situación fáctica objeto de la controversia procesal fue subsumida en dos normas juridicas no aplicables al presente caso (articulos 1.185 y 1.196 del Código Civil), resultando obviadas las normas verdaderamente aplicables (articulo 100 de la Ley Aeronáutica Civil).
(...Omissis...) En el presente caso la situación fáctica objeto de la controversia procesal fue subsumida en cos normas juridicas no aplicables al presente caso (articulos 1.185 y 1.196 del Código Civil), resultando en una sentencia condenatoria, en la cual el ad quem determinó libre y discrecionalmente el monto del daño moral (lo cual, cabe destacar, hizo de manera exagerada), cuando lo propio era que aplicara la norma contenida en el articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, en el cual expresamente se establece la entidad de la indemnización que deberá satisfacer el empresario aéreo por "los daños y perjuicios causados a los pasajeros...
El recurrente denuncia la falsa aplicación del artículo 1.196 dei Código Civil, en de controversia, es una relación que se corresponde a una categoría especialestablecida y regulada por la Ley de Aeronáutica Civil y los Convenios Internacionales suscrito por el Estado Venezolano en materia de transporte aéreo, resultando aplicable a la situación de autos la normativa contenida en el articulo 100 de la referida Ley de Aeronáutica Civil.
Respecto a la falsa aplicación de una norma, en sentencia N° 236, de fecha 11 de abril de 2008, caso: Josefa Gregoria Pérez Álvarez y otros, contra Silverio Antonio Pérez Álvarez, la Sala ha establecido que el supuesto de falsa aplicación '..ocurre cuando el juez aplica una norma jurídica, a una situación fáctica que no está comprendida en el precepto. Es decir, la falsa aplicación ocurre cuando un hecho que ha sido establecido por el sentenciador se califica mal y en consecuencia, se subsume en una norma juridica, la cual no debía regular la situación planteada en el proceso...'.
Ahora bien, el juzgador de alzada estableció en su fallo, lo siguiente:
..Con base en todo cuanto se viene señalando y el apoyo en las decisiones a que se: ha aludido, este Tribunal Superior Maritimo Accidental, competente en materia Aeronáutica (sic), reitera su criterio de que el proceder del transportista al sobrevender pasajes o boletos, debe calificarse como un hecho illcito, el cual puede considerarse ya existente para el momento de la celebración del contrato de transporte, pero que proyecta sus efectos después o concomitantemente con dicho contrato, y genera responsabilidad extracontractual del transportista con respecto al pasajero que sufre la denegación de embarque, al materializarse ese riesgo ilegltimo previamente creado por la aerolínea, responsabilidad que bien puede ser concurrente, como sucede en el presente caso, con la responsabilidad contractual del transportista. Asi debe conceptuarse a pesar del aparente vínculo que pueda verse entre el hecho ilícito y el 'contrato' de transporte aéreo, pues son diferenciables histórica, lógica y jurídicamente.
Este Tribunal Superior Marltimo Accidental, competente en materia Aeronáutica (sic), considera por lo expuesto que no resulta pertinente, adecuado ni mucho menos eficaz y procedente el alegato de la demandada sobre la pretendida legalidad de la sobreventa de boletos también conocida por 'overbooking', como medio para eximirse de su responsabilidad y, comoquiera que no alcanzó a demostrar ningún otro elemento o causa que la eximiera de la presunción de responsabilidad que obró en su contra por la admisión de la sobreventa de boletos (overbooking) y la subsecuente denegación de embarque, pervive la responsabilidad de la demandada, pues no se ha destruido ni desvirtuado la presunción de su culpabilidad en el incumplimiento. Ya se.
ha expuesto en este fallo que la responsabilidad por incumplimiento en el contrato de transporte obra en contra de la transportista a la manera de una presunción iuris tantum pues, en ese sentido el articulo 100 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Aeronáutica Civil del 17-03-2009 dispone lo siguiente:
'Responsabilidad del Transportista por Daños al Pasajero.
El que realice transporte areo es responsable por los daños causados al pasajero por la demora, cancelación o el accidente o incidente producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, conforme a las normas técnicas...
En este respecto, se ha dicho ya en este fallo que la citada norma, establece una presunción de culpa del portador o transportista aéreo, quien debe responder por los daños ocasionados al pasajero, salvo que logre probar que el incumplimiento ha sido producido por una causa que:
no le es imputable o por fuerza mayor.
Todo ello determina, además, que no pueda ser aplicado el régimen limitado de responsabilidad que establece el articulo 100 de la Ley de Reforma de la Ley de Aeronáutica Civil, por expresa disposición del articulo 106 eiusdem, el cual dispone 'Pérdida del beneficio de la Limitación (sic). Los explotadores del servicio de transporte aéreo no podrá beneficiarse de los limites de responsabilidad establecidos en esta Ley (sic), si se comprueba que tales daños fueron debido a dolo o culpa de sus directivos o. cualquier persona que tome decisiones por ellas, de sus dependientes o empleados., siendo que en este caso, por obra de la presunción a que se ha aludido, quede establecida en este juicio, y de manera definitiva y. terminante, la responsabilidad por culpa de la demandada. Y ASI SE DECIDE.
Por lo tanto, deviene aplicable, antes bien, la disposición del ordinal 1 del articulo 16 de la tantas veces aludida Providencia Administrativa N° PRE-CJU-353-09, emanada del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en fecha 14-12-2009 y muy recientemente publicada en Gaceta Oficial N° 39.478 de fecha 02-08-2010, y que dispone textualmente lo siguiente:
'COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIA La presents providencla se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria, .con fundamentos a las normas del derecho común... (Resaltado subrayado propios).
Es evidente, como se ha dicho ya en este fallo, que por indicación expresa en ese sentido de este ordinal del articulo 16 ya citado de la Providencia Administrativa del INAC, las indemnizaciones por reembolso, por atención y compensación directa del transportista al pasajero, ex articulos 8; 9 y 10 de dicha Providencia, no deben en ningún caso Interpretarse como limites a la responsabilidad de los transportistas aéreos sino como indemnizaciones minimas que no precluven el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones diferentes o suplementerias que la misma ley le concede, en función de los daños y perjuicios que hayan sufrido a consecuencia de la conducta del transportista. Y ASI SE DECIDE.
En este caso la compensación suplementaria citada en la disposición del articulo 16 de la mencionada Providencia (sic) Administrativa (sic) es de clara aplicación, toda vez que el actor pretende el pago de varios respectos, por conceptos y montos diferentes a los de rembolso (sic), compensación y atención al pasajero que establece la misma Providencia (sic) y, antes bien, ha invocado la aplicación de normas de derecho común, es decir, de conformidad con la normativa y sistemática general ordinaria de indemnización de daños y perjuicios. Ast, en efecto, puede observarse que en relación con los daños materiales invoca el actor los artículos 1185 (sic); 1193 (sic) y 1195 (sic) todos de la Norma (sic) Sustantiva (sic) Civil- (sic) y. en particular, la norma. del articulo 1196 eiusdem, para formular reclamo de reseraimiento por daño-moral.
Ahora bien, paaa sate Tribunal (aic) a analizar la procedencia de 9s08 petitorios de la demanda, para lo cual se observa:
Ha quedado establecido precedentemente el 'overbooking' o sobreventa de boletos del vuelo IBERIA N° IB-6702 del dia 22-08-2006, con destino a LISBOA, PORTUGAL, con escala en MADRID, ESPAÑA, por parte de la demandada, y que a consecuencia de dicha sobreventa le fue negado el
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embarque al demandante, impidiéndole realizar el viaje que tenia programado y pactado con la demandada, de modo que no pudo participar en la competencia a la cual se dirigla. Ha quedado demostrado que el actor contaba con la posibilidad cierta de viajar y de poder participar en la competencia intemacional a que se ha aludido, en la cual habría de desempeñarse como atleta de clasificación mundial.
.Puede afirmarse, en criterio de este Tribunal Superior Marltimo Accidental, responsabilidad contractual con la delictual en casos como el presente, en que la demandada ha, reconocido expresamente haber vendido. el boleto al actor mediando una situación de overbooking o sobreventa de pasajes, por lo que su proceder debe ser conceptuado y calificado también como hecho illcito a tenor de lo dispuesto en el artículo 1185 (sic) de la Norma (sic) Sustantiva (sic) Civil (sic) y, en consecuencia, indubitablemente procede su responsabilidad tanto por los daños materiales como por el daño moral que pudiera haber sufrido el actor, derivados de toda la situación a que se ha hecho referencia en este fallo.
Y es que, si bien se observa, en este juicio, el punto de la procedencia de una condena por daño moral ha quedado ya solucionado en el sentido de su procedencia, por vía de la doctrina implicita en el fallo dictado por la Sala de Casación Civil que generó el reenvio objeto de esta nueva decisión de Alzada (sic), pues en dicho fallo el Alto Tribunal, avaló la condenatoria por daño moral. que había proferido la sentencia casada, limitando su objeción a la falta de motivación con respecto a la cuantificación de la .indemnización acordada, pero nada objetó la decisión del Alto Tribunal en negrillas, subrayado y cursivas del texto).
De la transcripción parcial, se desprende que el ad quem determinó en su fallo que el proceder del transportista al sobrevender pasajes o boletos, tal situación debe extracontractual del transportista con respecto al pasajero que sufre la denegación del embarque, responsabilidad ésta que es concurrente con la responsabilidad contractual del transportista.
Asimismo, estableció que la demandada no demostró ningún elemento o causa que la eximiera de la presunción de responsabilidad que obró en su contra por la admisión de la sobreventa de boletos (overbooking) y la subsecuente denegación de embarque, por lo que, no se desvirtuó la presunción de su culpabilidad en el incumplimiento.
De modo que, el juzgador de alzada conforme a lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Aeronáutica Civil, estableció que la normativa contenida en el articulo 100, fija una presunción de culpa del portador o transportista aéreo, el cual debe responder por los daños ocasionados al pasajero, salvo que logre probar que el incumplimiento ha sido producido por una causa que no les es imputable o por fuerza mayor.
Igualmente, fijó el juzgador de alzada que el demandante pretende el pago de varios aspectos, por conceptos y montos diferentes a los de reembolso, compensación y atención al pasajero, previstos en la Providencia N° PRE-CJU-353-09, emanada del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en fecha 14 de diciembre de 2009, artículos 1.185, 1.193 y 1.196 del Código Civil, a los fines de formular reclamo de resarcimiento.
En tal sentido, el ad quem estableció en la presente causa que la demandada al haber reconocido expresamente haber vendido el boleto al demandante mediando una situación de overbooking o sobreventa de pasajes, tal proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 1.185 del Código Civil, es calificado como un hecho ilícito, por lo que, ciertamente procede la responsabilidad de la accionada ante ei accionante por los daños materiales, como por el daño moral que pudiera haber sufrido el demandante, ante la situación ya referida.
De igual modo, determinó el juzgador de alzada que en la presente causa la procedencia de la condena de daño moral quedó ya resuelta, por cuanto, el fallo dictado por esta Sala que generó el reenvio objeto de esta nueva decisión de alzada, objeción a la falta de motivación con respecto a la cuantificación de la indemnización acordada, no objetándose la procedencia de dicha condenatoria.
Omissis...
Conforme con el criterio ut supra transcrito, del cual se desprende que '..de una relación contractual puede surgir colateralmente un hecho illcito, con ocasión o en relación con dicho contrato, pudiendo tal hecho ilícito originar tanto daños materiales como morales, razón por la cual puede concurrir la responsabilidad contractual con la extracontractual...
Aeronáutica Civil, en su Titulo IV De la Responsabilidad y Los Hechos Ilícitos'.
Capitulo I 'De la Responsabilidad", en el cual establece:
...Responsabilidad del transportista por daños al pasajero Artículo 100: El que realice transporte aéreo, es responsable por los daños causados al pasajero por la demora, cancelación o el accidente o incidente producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, conforme a la normas técnicas...
La normativa precedentemente transcrita, consagra la responsabilidad del transportista por daños al pasajero ocasionados por el retraso, suspensión o el accidente o incidente producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.
Acorde con las anteriores consideraciones, la Sala observa que la normativa contenida en el articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, fija la responsabilidad contractual del transportista, derivada de la celebración del contrato de transporte aéreo, mientras que las disposiciones inserta en los articulos 1.185 y 1.196 del Código Civil, fijan el hecho ilfclto y la obligación de reparación a todo' daño material o moral causado por dicho hecho ilícito, originándose de este modo, la responsabilidad extracontractual.
De manera que, conforme al criterio jurisprudencial de esta Sala precedentemente señalado, el cual fija que no obstante la existencia de una relación contractual entre las partes, puede nacer colateralmente un hecho illcito, con ocasión de la celebración de dicho contrato que cause u origine daños materiales y morales, con lo cual, se concluye que puede concurrir la responsabilidad contractual con la extracontractual.
En tal sentido, esta Máxima Jurisdicción evidencia en el caso in comento que el juzgador de alzada al determinar que para el momento de la celebración del contrato de transporte, el proceder del transportista al sobrevender pasajes o boletos, tal situación, se configura como un hecho illcito, el cual genera responsabilidad extracontractual del transportista con respecto al pasajero que sufre la denegación del embarque y que la concurrencia de la responsabilidad contractual, con la responsabllidad extracontractual, se configuró una vez que la demandada reconoció expresamente haber vendido el boleto al demandante mediando una situación de overbooking o sobreventa de pasajes, siendo que conforme a lo dispuesto en el articulo 1.185 del Código Civil, tal situación es calificada como un hecho ilícito, por lo que, ciertamente procede la responsabilidad de la accionada ante el accionante por los daños materiales, como por el daño moral que pudiera haber sufrido el demandante, ante tal circunstancia, derivada de la celebración del contrato de transporte aéreo- no incurrió en el error delatado puesto que, la Sala, acorde con el razonamiento aportado por el juzgador de alzada en su fallo, considera que en modo alguno incurrió en la aludida infracción por falsa aplicación de los articulos 1.185 y 1.196 del Código Civil, en razón, que conforme al criterio sentado por esta Máxima Jurisdicción, de una relación contractual, como sería en este caso el contrato de transporte aéreo, puede surgir un hecho ilícito, como fue la situación de overbooking o sobreventa de pasajes, concurriendo de este modo, la responsabilidad contractual del transportista, con la responsabilidad extracontractual.
falsa aplicación de los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, siendo que dichas I1 De conformidad con el ordinal 2° del artículo.313 del Código de Procedimiento Civil;
en concordancia con el ordinal 4° del artículo 317 eiusdem, el formalizante denuncia la infracción por falta de aplicación dei artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, con fundamento en lo siguiente:
... Dispone el articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, norma cuya falta de aplicación se denuncia:
'El que realice transporte aéreo, es responsable por los daños causados al pasajero por la demora, cancelación o el durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, conforme a las normas técnicas. El derecho a percibir la indemnización por los daños ocasionados al pasajero, se ajustará a los siguientes términos: (...) 4. Por demora o cancelación Injustificada en el vuelo contratado, hasta cuatro mll clento cincuenta Derechos Especlales de La responsabilidad civil derivada de la prestación del servicio de transporte aéreo de personas y bienes se encuentra expresamente limitada en la Ley de Aeronáutica Civil, la cual dispone de manera expresa e inequívoca los limites máximos conforme a los cuales puede ser fijada la indemnización que por daños y perjuicios puede corresponder a un pasajero o usuario, en virtud del contrato de transporte aéreo.
Sobre el sistema de responsabilidad especial limitada para el transportista, en los contratos de transporte aéreo de personas y bienes, la exposición de motivos de la Ley de Aviación Civil (2001) dispuso lo siguiente:
'En materia de responsabilidad civil por daños se mantuvo concepto tradicional de las responsabilidades limitadas, por cuanto la realidad de aparejado al hecho de que la norma intemacional que contemple el Régimen de Responsebi..ded limitada como lo es el Convenio de Montrea: de ¿799, no ha sido ratificado por Venezuela, hacen totalmente Incomveniente la inclusión de la responsabilidad ilimaltada. Sin embargo se introdujeron normas de aplicación general contenidas en dicho Convenio (sic) situacionesno que resolverían reguladas anteriormente, como en el caso de la responsabilidad en el transporte de hecho y en el fietamento de aeronaves.' (Resaltado nuestro).
(...Omissis...).
Ciudadanos- Magistrados, la sentencia dictada por el Tribunal Superior Maritimo con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas condena a.nuestra representada al pago de la cantidad de Bs.F.
303.440,56 (más indetación judicial) los cuales tienen como causa la supuesta responsablidad aquiliana de IBERIA en la ejecución del contrato de transporte aéreo. celebrado con el demandante. Es el caso que las .indemnizaciones producto de los hechos en que se fundamenta la pretensión se encuentran expresamente limitadas en la legislación especial, tal y como fue analizado precedentemente. Por tanto, el monto de la pretensión deberia, a todo evento, calcularse en el marco de las normas legales aplicables al caso y no por la discrecional estimación realizada ilegalmente por el Juez (sic).
(...Omissis...) Debe tenerse en cuenta que si el ad quem hubiese aplicado, como correspondia, el articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil nunca se hubiese podido condenar a IBERIA a una indemnización mayor a cuatro mil ciento cincuenta (4.150) Derechos (sic) Especiales (sic) de Giro (sic) (equivalentes a la presente fecha a Bs.F. 27.798,oo), mientras que en la sentencia recuida se obliga a nuestra representada a 'indemnizar la cantidad de Bs.F. 303.440,56 (es decir, más de 10 veces del límite máximo establecido legalmente).
(...Omissis...) En el presente caso la recurrida dejó de aplicar la norma jurídica prevista en el articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, lo que hubiese llevado a .una consecuencia juridica absolutamente distinta a la expresada en el dispositivo de la decisión, por lo que tal error fue determinante en la parte resolutiva de la recurrida procediendo su nulidad y asl solicitamos expresamente sea establecido por esa honorable Sala de Casación Civil..
El recurrente denuncia la falla de aplicación del articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, siendo que de haber aplicado dicha norma en el caso in comento no hubiese podido condenar a la demandada a una indemnización mayor a cuatro mil ciento cincuenta (4.150) derechos especiales de giro, equivalente a veinte y siete mil setecientos noventa y ocho bolivares fuertes (Bs.F. 27.798,00), en razón, que la sentencia recurrida obliga a la accionada a indemnizar la cantidad de trescientos tres 303.440,56).
Ahora bien, la falta de aplicación consiste en que el juez no tuvo en cuenta la norma cuya violación es alegada, y el recurrente pretende que la misma sea aplicada respecto de los hechos fijados por el juez. (Sentencia N° 188 de fecha 17 de abril de 2009).
Sobre lo denunciado, el juzgador de alzada dejó sentado, lo siguiente:
Omissis...
De la precedente transcripción, se desprende que el juzgador de alzada en el sub índice determinó que no es procedente eil alegato de la demandada sobre la pretendida legalidad de la sobreventa de boletos, para eximirse de su responsabilidad, así como, que ésta no demostró ningún elemento o causa que la eximiera de la presunción de responsabilidad que obró en su contra por la admisión embarque, por lo que, estimó que subsiste la responsabilidad de la accionada, ya que no se desvirtuó la presunción de su culpabilidad en su incumplimiento.
En tal sentido, el ad quem negó la aplicación del régimen limitado de responsabilidad Aeronáutica Civil, por motivo, que por disposición expresa del artículo 108 eiusdem, el cual prevé la pérdida del beneficio de la. limitación de la responsabilidad a los explotadores del-servicio de transporte aéreo, cuando se comprueba que tales daños
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fueron debido a dolo o culpa de sus directivos o cuaiquier persona que tome decisiones por ellas, de sus dependientes o empleados; en razón, que en el sub índice quedó establecido de manera definitiva y terminante, la responsabilidad por culpa de la demandada.
Ahora bien, la normativa denunciada como infringida artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, establece lo siguiente:
'...Artículo 100: El que realice transporte aéreo, es responsable por los daños causados al pasajero por la demora, cancelación o el accidente o incidente producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, conforme a la normas técnicas.
(...Omissis...) El derecho a percibir la indemnización por los daños ocasionados al pasajero, se ajustará a los siguientes términos:
(...Omissis...).
4. Por demora o cancelación injustificada en el vuelo contratado, hasta cuatro mil ciento Derechos Especiales de Giro'.
De igual modo, la Sala considera pertinente hacer mención a lo dispuesto en el artículo 106 eiusdem, el cual establece:
...Articulo. 106: Los explotadores del servicio de transporte aéreo no podrá beneficiarse de los limites de responsabilidad establecidos en esta Ley, si se comprueba que tales daños fueron debido a dolo o culpa de sus directivos o cualquier persona que tome decisiones por ellas, de sus.
dependientes o empleados...
Las normativas precedentemente transcritas, la primera dispone la responsabilidad del transportista por daños a terceros, indicando que la indemnización por los daños contratado, será hasta cuatro mil ciento cincuenta derechos especiales de giro; la segunda fija la pérdida del beneficio de la limitación del transportista, cuando se demuestre que los daños fueron ocasionados por dolo o culpa de sus directivos, dependientes o empleados.
Ahora bien, la Sala acorde con las normativas contenidas en la Ley de Aeronáutica Civil, evidencia en el caso in comento que la demandada al no aportar ningún elemento que la relevara de la responsabilidad que obró en su contra, consagrada en el articulo 100 de la referida Ley, no desvirtuó la presunción de su culpabilidad en su incumplimiento, por lo que, ante tai circunstancia el ad quem conforme a lo previsto en el articulo 106 eiusdem, podía limitar la responsabilidad del transportista por daños al pasajero hasta cuatro mil ciento derechos especiales de giro, siendo que la demandada no aportó a los autos ningún elemento o causa que la eximiera de su responsabilidad por la admisión de la sobreventa de boletos (overbooking) y la subsecuente denegación de embarque, pues no se desvirtuó la presunción de su culpabilidad en el incumplimiento.
Conforme al razonamiento expuesto, la Sala declara improcedente la falta de aplicación del artículo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil. Así se decide.
H De conformidad con el ordinal 2°.del articulo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la falta de aplicación de los articulos 320 y 321 eiusdem, en Venezuela, alegando para ello, lo siguiente:
.En el presente caso, el ad quem desconoció la doctrina vinculante establecida por la SalaConstitucional de ese Máximo Tribunal, en sentencia del 8 de abril de 2010, expediente N° 09-0267 (caso: Carlos Brender c/ American Airlines).
(...Omissis..) Debe observarse que el precedente jurisprudencial inobservado por la recurrida se trata de un caso análogo al de autos, en el que el mismo Tribunal Superior Marítimo había condenado a una linea aérea al pago de una indemnización por daño,moral ex articulos 1.185 y 1.196 del Código .Civil.
(...) Si. la sentencia recurrida hubiese respetado la doctrina vinculante establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incuestionablemente que el resultado del juicio hubiese sido totalmente distinto, toda vez que no se hubiese podido condenar a IBERIA a indemnizaciones sustentadas en los articulos 1.185 y 1.196 del Código especial contenida en la Ley de Aeronáutica Civil...".
El recurrente delata la falta de aplicación de los articulos 320 y 321 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón, que el ad quem desconoció la doctrina vinculante a la presente causa sentada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en decisión N° 189 de fecha 8 de abril de 2010.
Ahora bien, el referido fallo. proferido por la Sala Constitucional, estableció lo siguiente:
."...De la sentencia objeto de revisión Si bien las disposiciones en materia de derecho privado. no son procedentes para establecer la responsabilidad patrimonial de los prestadores del servicio. público de transporte aéreo en virtud de la existencia de normas especiales en la materia; el criterio considerado por la sentencia objeto de revisión fue él siguiente:
'Ahora bien, si bien es cierto que en la presente causa no hay hecho ilícito alguno que diese lugar al daño moral, tal como lo requiere el. articulo 1.196 del Código Civil, este Tribunal Superior Maritimo considera que procede la indemnización por daño. moral, en virtud de que trajo repercusiones disvaliosas animicas y espirituales en el esfera patrimonial de la parte adora (sic) ciudadano CARLOS BRENDER, ya que a raíz del incumplimiento. contractual -como causa determinante del daño- sufrió molestias e incomodidades graves y serias.
Éstas, que superan los meros inconvenientes, devienen de la razonable inquietud subjetiva pór el impedimento de viajar a Miami a reunirse con sus familiares. En suma, se verificó en el actor un 'cambio disvalioso o negativo del bienestar psicofisico por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado'. Asi se decide'.
Omissis...
Del criterio jurisprudencial uf supra transcrito, se desprende que la Sala.
Conatitucional de este Alto Tribunal, dejó sentado que la decisión objeto de revisión, Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, es errónea, por motivo, que asevera la discrepancia del régimen de responsabilidad contractual y extracontractual en materia civil, siendo que, tal razonamiento expuesto por el juzgador, contraría los criterios establecidos por esta Sala de Casación Civil, que establecen la coexistencia de ambas modalidades de responsabilidad civil, siempre y cuando, surja un hecho ilícito con ocasión a la celebración- de un contrato, y que el referido hecho ocasione daños materiales y morales.
Conforme a lo establecido por la Sala Constitucional, esta Sala en la presente delación, da por reproducidos lo argumentos expresados en la primera denuncia por infracción de ley, en la cual se dejó expresamente establecido que el ad quem estableció que la concurrencia de la responsabilidad contractual, con la responsabilidad exracontractual, se configuró una vez que la demandada reconoció, expresamente haber vendido el boleto al demandante mediando una situación de overbooking o sobreventa de pasajes, siendo que conformé a lo dispuesto en el artículo 1.185 del Código Civil, tal situación es calificada como un hecho ilícito, por lo que, ciertamente procede la responsabilidad de la accionada ante el accionante por los daños materiales, como por el daño moral que pudiera haber sufrido el demandante, ante tal circunstancia, derivada de la- celebración del contrato de transporte aéreo.
De manera que, la Sala evidencia que el juzgador de alzada, en modo alguno, desconoció e infringió la doctrina sentada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunai, y menos aún la de esta Sala, sino que por el contrario, él mismo profirió su razonamiento acorde a lo establecido en el referido criterio doctrina.
En consecuencia, la Sala declara improcedente la infracción por falta de aplicación de los articulos 320 y 321 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con elartículo 335 de-la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide...".
18 DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que conforme lo establecido en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene atribuida la competencia de "(.) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinaria, del 29 de julio de 2010; reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483, del 9 de agosto de 2010, y N° 39.522, del 1 de octubre de 2010), en sus numerales 10 y 11, en los siguientes términos: - "Articulo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...omissis..) 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida-aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en principios juridicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
(...omissis...)".
Siendo ello así y tomando en consideración las. disposiciones antes mencionadas, esta Sala aprecia que se solicitó la revisión de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual resulta competente para conocer sobre la presente solicitud, y así se decide.
IV MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Respecto a la posibilidad de que la Sala revise sentencias definitivamente firmes, es conveniente reiterar que al momento de ejecutar tal potestad de revisión, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, a ser excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de cuanto, en el derecho venezolano, la inviolabilidad de la cosa juzgada es, en principio, inquebrantable y de extrema protección según lo establecido en articulo 49, cardinal 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, en el caso bajo examen, la actuación judicial sometida a la revisión de esta Sala es la sentencia emitida por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, ei 12 de julio de 2011. Dicho fallo, declaró sin lugar ef.
recurso de casación anunciado contra la sentencia definitiva dictada, el 9 de agosto de 2010. por el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, que declaró con lugar la demanda que, por daños y perjuicios, incoó el ciudadano Alberto Colucci Cardozo contra Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. y condenó a la demandada a pagar a la demandante, por concepto de daño material, la suma de tres mil cuatrocientos cuarenta bolívares con cincuenta y seis
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céntimos (Bs. 3.440,56) y, por concepto de daño moral, la suma de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,0o).
Al respecto, denunciaron los accionantes ta violación al principio de legalidad, la inobservancia de los criterios vinculantes establecidos por esta Sala Constitucional aeronáutica); para lo cual, trajeron a colación las sentencias N° 2818 del 19/11/02 y 1469 de 06/08/04 (caso: Gladys Josefina Jorge Saad): sentencia N° 189 del 08/04/10 (caso: Carlos Brender/ American Airlines) y sentencia N° 1259 del 26/07/11 (caso: Trans American Airlines S.A.).
Ahora bien, el fallo invocado por los accionantes que se asemeja a la situación que aquí se analizar es el N° 189 del 08/04/10, en el cual esta Sala Constitucional, teniendo en consideración los fallos N° 2818/02; 1469/04 y 403/06, efectuó una serie de reflexiones respecto al sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración establecido en nuestra Carta Magna, al cual se ciñe la actividad de transporte aéreo dada su naturaleza jurídica, concluyendo entre otras consideraciones lo siguiente:
Que en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administración, únicamente éstas las que regulen los términos en que se determina su responsabilidad, vetando cualquier posibilidad de acudir a la normativa común (Código Civil) para determinará, tal y como sucede con la normativa sectorial de transporte aéreo.
Que, siendo el régimen previsto en el artículo 140 de la Constitución, el de responsabllidad objetiva de la Administración, que prescinde de cualquier elemento de culpa, no puede hablarse en esta materia de la existencia del hecho illcito sino de responsabilidad por funcionamiento anormal como factor generador de la obligación en sentido abstracto y no por los elementos punitivos aplicables a la esfera personal de quien tenga encomendada su ejecución.
Que si bien esta Sala Constitucional, en el fallo N° 1542/08, estableció que "se concibe -al menos a nivel constitucional- la posibilidad de que el Estado pueda responder en materia de daño moral cabalmente, al margen de una indemnización pecuniaria", ello obedece a supuestos regidos por disposiciones de derecho común, especifico de responsabilidad administrativa, la aplicación del principio de especialidad de la norma, determina que la previsión especial excluye otros órdenes normativos, salvo que sea estipulado de manera supletoria le aplicación del régimen común civil.
Conforme a las consideraciones anteriores, concluyó la Sala -en esa oportunidad- que la condena que en ese caso efectuara el Juzgado Marítimo a la.
demandada, no estuvo ajustada a derecho por cuanto incurrió en una indebida servicio público realizado por un particular, cuya actividad se encuentra regulada por aeronáutico y de transporte comercial, ya que debió valorarse la demanda de responsabilidad patrimonial con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil, específicamente, el cardinal 4 del artículo 100, y no como erradamente lo hizo el fallo en cuestión, que "solano" ambos regímenes para justificar la verificación del daño mora!.
Ahora bien, el fallo que aquí nos ocupa, fue dictado con ocasión de la demanda que, por daños y perjuicios materiales y morales, incoó el -ciudadano Alberto Colucci contra Iberia, Líneas Aéreas de España S.A., la cual, fue declarada con lugar por el Juzgado Superior Marítimo en sentencia del 9 de agosto de 2010, sobre la base de que la sobreventa de pasajes o boletos (overbooking), debía ser calificada como un hecho cito existente para el momento de la celebración del concurrente con la responsabilidad del transportista. Y, como quiera que el transportista no demostró algún elemento que lo eximiera de responsabilidad en su actuar, no se aplica el régimen limitado de responsabilidad'que estabiece el artículo 100 de la Ley de Aeronáufica Civil, por expresa disposición del artículo 106 ejusdem "Art. 106 Perdida del beneficio de la Limitación:
Los explotadores del servicio de transporte aéreo no podrán beneficiarse de los limites de responsabilidad establecidos en esta Ley, si se comprueba que tales daños fuemun. debido a dolo o culpa de sus directivos o de cualquier persona que tome decisiones por ellas".
Al respecto, consideró la Sala de Casación Civil, entre otras razones, que "de una relación contractual, como será en este caso el contrato de transporte aéreo, puede surgir un hecho illcito, como fue la situación de overbooking o sobreventa de pasajes, concurriendo de este modo, la responsabilidad contractual del transportista, con la responsabilidad exfrapontractual.."; y, en atención a ello, en lo que a la indemnización se refiere, dictaminó que en el caso de autos no era aplicable el régimen limitado de responsabilidad del transportista por daños al pasajero contenido en él articulo 100 de la Ley de Aeronáutica Civil, toda vez que "la Sala acorde con las normativas contenidas en Ley. de Aeronáutica Civil, evidencia en el caso in comento que la demandada al no aportar ningún elemento que la relevara de la responsabilidad que obró en su contra, consagrada en el articulo 100 de la referida Ley, no desvirtuó la presunción de culpabilidad en su incumplimiento, por lo que, ante tal circunstancia el ad quem conforme lo previsto ein el articulo 106 eiusdem, podía limitar la responsabilidad del transportista. por daños al pasajero hasta cuatro mil ciento derechos especiales de giro, siendo que la demandada no aportó a los autos ningún elemento o causa que sa eximiera de su responsabilidad por la admisión de la e n e n en pues no se desvirtuô la presunción de culpabilidad en el incumplimiento...".
En adición a lo anterior, dictaminó la sentencia de la Sala de Casación Civil que el fallo recurrido (emanado del Tribunal Superior Marítimo) no desconoció ni infringió la doctrina de la Sala Constitucional, al establecer la concurrencia de la responsabilidad contractual com fa extracontractual, la cual se configuró "...una vez que la demandada reconoció esxqpresamente haber vendido el boleto al demandado mediando una situación de pverbooking o sobreventa de pasajes, siendo que conforme a lo dispuesto en el articulo 1.185 del Código Civil, tal situación es calificada como un hecho illcio, por lo que, ciertamente procede la responsabilidad de la accionada ante el accionante por los daños materiales, como por el daño moral que pudiera haber sufrido el demandante, ante tal circunstancia, derivada de la celebración del contrato de transporte aéreo...". Se evidencia que el.caso sub lite no es semejante con el contenido en la sentencia sobre Brender/American Airline resuelto debidamente por esta Sala.
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Ahora bien, en materia de responsabilidad extracontractual de la Administracién Pública, la postura dominante tanto doctrinaria como jurisprudencial está conteste en afirmar que el contencioso debe regularse bajo el amparo de las normas de derecho público. De este modo, si bien el daño y la relación de causalidad existen dentro del sistema de responsabilidad, queda excluido el elemento culpa ya que no puede hablarse en esta materia de ia existencia del hecho ilicito sino de responsabilidad por funcionamiento anormal como factor generador de la obligación de indemnizar.
El caso que aqui nos ocupa se refiere a la actividad de transporte aéreo, la cual, si bien le es aplicabie el régimen de responsabilidad patrimonial de derecho público por tratarse de un servicio público (responsabilidad objetiva) su regulación debe adecuarse a lo dispuesto en la normativa especial que rige su actividad, esto es la Ley de Aeronáutica Civil.
Asi, nos encontramos que en materia de responsabilidad del transportista por establece en su articulo 106 que: "Los explotadores del servicio de transporte aéreo no podrán beneficiarse de los limites de responsabilidad establecidos en esta Ley, si se comprueba que tales daños fueron debido a dolo o culpa de sus directivos o de cualquier persona que tome decisiones por ellas". De este modo, la ley especial que regula la materia aeronáutica, permite al pasajero exigir al prestador dei servicio que responda por los daños que le hayan sido causados cuando haya incurrido en dolo o culpa. (Dolus Apertus, de daños, de propósito; culpa in committendo)
Así las cosas, conforme quedaron expuestos los términos en que fue dictado el fallo por la Sala de Casación Civil aqui impugnado, a juicio de esta Sala Constitucional, no se puede considerar que se haya desconocido algún criterio vinculante de los invocados por la parte solicitante de la revisión, ya que el daño moral al que fue condenada Iberia, Líneas Aéreas de España S.A, se efectuó sobre la base de la aplicación del articulo 106 de la Ley de Aeronáutica Civil, el cual estabiece que los explotadores del servicio de transporte aéreo no podrán beneficiarse de los limites de responsabilidad establecidos en esa ley cuando se compruebe que el daño producido fue por dolo o culpa de los directivos, sus dependientes o empleados de los explotadores del servicio. De este modo, la ley que como una sanción legal basada en una conducta reprochable del transportista.
Ahora bien, para que pueda ser invocado la aplicación de los límites de responsabiédad establecidos en los articulos 100 y 101 de la Ley de Aeronáutica Civil, la conducta debe ser subsumida en alguno de los supuestos que ahl se señalan. Sin embargo, una interpretación efectuada en el marco de los principios generales que se derivan del Texto Constitucional en la materia, conforme al cuai "si existe daño el juez debe indemnizarlo" (vid. Sentencia de esta N° 1542/o8), implica que, cualquier otra conducta distinta a las establecidas en los articulos 100 y 101 de la Ley de Aeronáutica Civil proveniente del operador del servicio aéreo ocasionada por dolo o culpa y que además cause un daño, en este caso, al pasajero, debe ser igualmente reparado; no solo contraciualmente, sino extracontractualmente, como sera el caso de los daños morales derivados de un hecho ilicito con ocasión de la inejecución de un contrato.
Lo anterior significa que los limites de responsabilidad proceden, en tanto y en cuanto la conducta generadora del daño sea de las establecidas en el articulo 100 de la Ley de Aeronáufica Civil, a saber: 1) Por muerte o incapacidad permanente, 2) por incapacidad parcial permanente, 3) por incapacidad parcial temporal y 4) por demora o cancelación injustificada en el vuelo contratado. Y, en lo que a equipaje, carga y correo se refiere, la responsabilidad de los daños causados deviene de la destrucción, pérdida, avería o retraso en la entrega del equipaje facturado.
Es importante acotar que la sentencia anulada por esta Sala Constitucional en el caso de la Línea Aérea American Airlines (vid. Sent. N° 189/10) a la que antes se hizo referencia, la pretensión de la parte actora de resarcimiento de daño moral, fue con ocasión de la cancelación de un vuelo comercial, lo cual constituía una conducta que, de manera taxativa, es susceptible de ser reparada según los límites en la responsabilidad del transportista establecidos en el artículo 100, numeral 4, de la Ley de Aeronáutica Civil, hasta cuatro mil ciento cincuenta Derechos Especiales de Giro.
De ahl que esta Sala Constitucional dictaminara, en el fallo N° 189/10 la improcedencia del daño moral demandado, a la vez que sostuviera que "solo en caso de no mediar una normativa especial es que se aplicarán directamente los principios generales en materia de responsabilidad administrativa y, en última instancia, en la medida de que no se contraria los mencionados principios, las disposiciones del Código Civil".
En el caso que aquí se analiza, el hecho generador del daño lo constituyó- la transportista porque implicó un deliberado incumplimiento del contrato con conocimiento de su ilegitimidad, por lo que está obligada a responder por las una "temeridad" en el obrar de la transportista, en tanto constituye la inobservancia manifiesta de deberes inherentes a una conducta comercial responsable, diligente y cuidadosa de los derechos de los pasajeros. Aparte de que tal conducta ilícita fue admitida por la línea aérea Iberia Líneas Aéreas de España S.A., cuando reconoció la mediación de la sobreventa (overbooking) de los boletos. Pues el comercio y maquinismo desencadenado, habrá de detenerse, en beneficio de determinadas partes de la sociedad, cuando el mercantilismo no adopta las debidas precauciones para evitar el daño.(Alterum Non Laedere)
A pesar de que la sobreventa de pasajes se ha convertido en una práctica habitual de lás empresas que, como se dijo anteriormente, es dolosa, la misma no está contemplada dentro de las conductas por las cuales el responsable del transporte responde pecuniariamente. (Titulo IV: De la Responsabilidad y los -Hechos Ilicitos, Art. 100 y 101 de la Ley de Aeronáutica Civil). Es ahi donde sobreviene la obligación de los órganos jurisdiccionales en la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la industria aeronáutica con limites indemnizatorios y de la obligación, es por un hecho ilícito del prestador del servicio, procurar una justa indemnización para el resarcimiento de los daños causados, previa determinación del factor de conexión, lo cual fue debidamente abordado por los juzgadores que conocieron del caso que aquí se analiza. Situación jurídica aceptada por la doctrina con la extracontractual pero basada en la unicidad de la culpa de la responsabilidad civil. En el entendido que es propio del juez esclarecer el derecho (iudicis est ius Con base en ello y, en atención al artículo 106 de la Ley de Aeronáutica Civil, los límites de responsabilidad establecidos en esa ley cuando se compruebe que el daño fue ocasionado por dolo o culpa, que es posible, en ese caso en particular donde el incumplimiento del contratistaà provino de un hecho ilícito, se acuda a la normativa común (Código Civil). Desde esta perspectiva, la decisión de la Sala de Casación Civil no incurrió en alguno de los supuestos que haría procedente la
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revisión, ya que, conforme lo expuesto, no se violentó el principio de legalidad (normas vigentes sobre responsabilidad civil en materla aeronáutica establecida en la Ley de Aeronáutica Civil) y no se contravino criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional.
Ahora bien, el hecho de que la reparación de los daños que se causen al especial que rige la materia, no implica que una conducta distinta de las explícitamente indicadas, que ocasione un daño, no sea susceptible de reparación;
más aún si el daño provino del hecho illcito del operador del servicio, de acuerdo a los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil venezolano, que han construido en forma global regulador y común la responsabilidad civil extracontractual, pero que, según el caso como el que nos ocupa, concurra con la contractual, sustentada por la teoría moderna de la coexistencia de responsabilidades por vía de la unidad de la culpa. Es decir, lo que la teoría moderna llama la "unidad de la culpa civi". En este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 5 de marzo de 2007, Nº 56/2007, concurrencia de culpa por los mismos hechos y la yuxtaposición de las pueden ejercitarse alternativamente o subsidiariamente u optando por una u otra, e incluso, proporcionando los hechos al juzgador para que este aplique las normas de concurso de ambas responsabilidades que más sé acomoden a ellos, todo a favor posible.". Ello es así, porque se sustenta en el deber general de no dañar a otro (Artículo 1.185 del Código Civil Venezolano) porque la responsabilidad contractual no excluye la aquiliana en el supuesto de obligación preexiste contractual.
Planiol y Mazeud, aluden que el núcleo central en materia de responsabilidad civil, es el daño y que tanto en la responsabilidad civil contractual como en la extracontractual, existe la violación en estos supuestos, de una obligación preexistente; en 'una convencional, en la otra legal. De modo, que una actuación ilícita o ilegal puede originar daños indemnizables porque el agente material del daño no se aseguró de actuar diligentemente del alcance y consecuencias de sus actos, como sería en el caso de autos. Según dichos autores, la obligación preexistente se sustituye por una nueva, la del daño indemnizable.
Estos aspectos han sido estudiados por la doctrina moderna de la responsabilidad civil, haciendo énfasis en el daño, como el dato más importante de la precitada responsabilidad, cuando. se viola la obligación preexistente contractual o legal por un actuar sin precauciones, cuando pone en riesgo a la sociedad, como es el caso del riesgo profesional en materia laboral, ambiental etc., que el Derecho Moderno y la jurisprudencia han establecido y desarrollado, con fundamento en el daño que se causa a la sociedad. De all que de las diferentes tesis, a saber: de la opción, de la absorción, de la univocidad de la culpa y de la unidad civil de la culpa, se han ocupado de este asunto. Esta Sala, con base en los argumentos expuestos, se acoge a esta última, teniendo como dato esencial, el daño, el cual debe ser prevista en el artículo. 1.185 en concordancia con el 1.196 de nuestro Código Civil, referida a la extracontractual, la responsabilidad, por lo que se aparta, en consecuencia, de la tesis dualista sobre dicha responsabilidad.
En el sentido de la unicidad (monista) de la responsabilidad civil, ampliando esta tesis, están los argentinos Llambias y Mosset Itarruspe; en España de Cupis y Jorge Bustamante Alsina, quienes sostienen "...el fundamento de la unicidad de la responsabilidad civil no es la culpa sino la unicidad del fenómeno resarcitorio que conduce a traves del elemento del daño...La culpa en el régimen de la responsabilidad civil durante el siglo anterior y comienzos del presente (refieriendose a los siglos XIX y xX) ya no lo es tanto hoy en día. En efecto el daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil; de ahi que puede hablarse de un derecho de daños o de una responsabilidad por daños. Y si entendemos que el daño es el presupuesto principal, su consecuencia lógica, común y relevante en ambos ordenes [responsabilidad civil contractual y extracontractual] sistemas o regímenes de responsabilidad civil, es la necesidad de repararlo, de all que se habla de la unicidad del fenómeno resarcitorio". (Cfr. Portal Castrejon J. Apuntes de Responsabilidad Civil). Por su parte, Planiol dice: " la existencia de una verdadera y motivo y un absurdo legislativo"
Siendo ello así, estima la Sala que la decisión dictada, el 12 de julio de 2011, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación ejercido por Iberia Líneas Aéreas de España S.A. no desconoció los criterios vinculantes establecidos por esta Sala Constitucional, razón por la cual se declara que NO.HA LUGAR la revisión solicitada.
Visto el criterio asentado en el presente fallo, esta Sala declara el mismo como doctrina vinculante para todos los tribunales de la República. En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 126 .de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. con la siguiente indicación: "Sentencia que, con carácter vinculante, interpretó conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el alcance de la responsabilidad civil contractual y extracontractual de las líneas aéreas en la prestación del servicio de transporte que se deriva de los artículos 100, 101 y 106 de la Ley de Aeronáutica Civil y los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil Venezolano".
V DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta- Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 303 dictada, el 12 de julio de 2011, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, ejercida por IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. que declaró sin lugar el recurso de casación ejercido contra el fallo dictado, el 9 de agosto de 2010, por el Juzgado Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, con ocasión al juicio que, por indemnización por daños y perjuicios incoó el ciudadano Alberto Colucci Cardozo.
Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal, Supremo de Justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con la siguiente indicación: "Senfencia que, con carácter vinculante, interpretó conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el alcance de la responsabilidad civil contractual y extracontractual de las lineas aéreas en la prestación del servicio de transporte que se deriva de los artículos 100, 101 y 106 de la Ley de Aeronáutica Civil y los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil venezolano".
Publíquese, regístrese y remítase copia del presente fallo a la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal.
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396.909
GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
Jueves 4 de octubre de 2012 Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los03dias del mes de Aoo de dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Presidenta, ELAMUNO El Vicepresidente, FRANCISCO ANONIOCARRASQUERO LÓPEZ Ponente Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSE MENDOZA JOVER
GLADYS MARIA BUTIERREZ ALVARADO
El Secretario,
SÉ LEONRDO REQUENA CABELLO
FACLI Exp. N° 11-1033
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 19 de septiembre de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1280 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasiadar a la ciudadana Abogada DULCE YOHANA PICÓN TERÁN, titular de la cédula de identidad N° 13.776.982, quien se viene desempeñando cOmo FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Cuadragésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la referida Circunscripción Judicial, con competencia territorial. en el Municipio Cabimas y sede en Cabimas, cargo creado, a partir del 27 de septiembre de 2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad gnníquese y Rublíqueser ISA ORTEGA DÍAZ General de la Bepública
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 19 de septiembre de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada CATHERINA ELIZABETH GARCÍA CHÁVEZ, titular de la cédula de identidad N° 13.023.361, quien Se viene desempeñando, como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Trigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; a Ia FISCALÍA MUNICIPAL PRIMERA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con competencia territorial en el Municipio Cabimas y sede en Cabimas, cargo creado, a partir del 27-09-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
vuniquesa y Publíquese
LUSA ORTEGA DÍAZ iscal General de Ja-República
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 20 de septiembre de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 1298 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsoRIO al ciudadanO Abogado DANIEL ENRIQUE ALVARADO VICUÑA, titular de la cédula de identidad N° 14.134.009, en la FISCALÍA MUNICIPAL PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia territorial en el Municipio Cabimas, con sede en Cabimas y adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Trigésima Octava del Ministerio Público de la mencionada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir. del 27-09-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
RegístaseRgapuniquese y Publíquese.
ORTEGA DÍAZ lheral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO.
Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de septiembre de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO I a la CiUdadana MARIELA ANTONIA RAMÍREZ SOLER, titular de la cédula de identidad N° 15.069.894, en FISCALÍA MUNICIPAL PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia territorial en el Municipio Cabimas, con sede en Cabimas y adscrita a la Fiscalía Superior de la citada Circunscripción Judicial, cargo creado.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 27 de septiembre de 2012.
nagiquese Publíquese Regístr
UÍA ORTEGA DÍAZ al neral de la República A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficlal
LEY susnldedet ADMNISTRATVOS
LEY dllégiemerestadonal dVIVIENDA yHÁBITAT
GesaCncay
LEY Opidadeb RUERZA ARAUADA NACIONAL Balhartuna LEY dentiaputblag SEGURO-SCCIAL
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 AÑO CXXXIX MES XII Número 40.022 Caracas, jueves 4 de octubre de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas- Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 16 Págs. costo equivalente a 6,85 % vaior Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Articulo I2. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sinretardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de fa GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional.
Articulo I4. Las teves, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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