Gaceta Oficial N° 39.960
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GACETA
A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO CXXXIX MES IX
Número 39.960
Caracas, lunes 9 de julio de 2012
SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 9.076, mediante el cual se nombra Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda a la ciudadana Ana Marina Rodríguez Montero.
Vicepresidencia de fa República C.S.B, C.A. - Junta Liquidadora Resolución mediante la cual se le concede la Jubilación Especial a la ciudadana Dalsides Yolanda Díaz Torres.
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia Fundación O.P.P.P.E.
Providencia mediante la cual se designan los integrantes de la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Resolución mediante la cual se confiere la «Orden Francisco de Miranda» en su Tercera Clase «Oficial», al ciudadano Edickson David Contreras Bracho.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se nombra a la ciudadana Orietta Caponi, como Directora General para Asia, Medio Oriente y Oceania de este Ministerio.
Resolución mediante la cual cesa la Encargaduría de la ciudadana Lesbia Jeanette Arocha Rivas, como Directora General para América del Norte en el Despacho del Viceministro para Aménica del Norte de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se Encarga al ciudadano Manuel Rodriguez Moreno como Director General para América del Norte en el Despacho del Viceministro para América del Norte de este Ministerio, y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se indican.
Ministerio dei Poder Popular para la Defensa Resolución mediante fa cual se nombra al ciudadano Mayor General Wilmer Omar Barrientos Femández, Comandante del Comando Estratégico Operacional.
Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Mayor General Cartos Antonio Alcalá Cordones, Comandante Generai de la Comandancia General del Ejército Bolivariano.
Resolución mediante la cual se nombra al ciudadano Mayor General Mauro Hernán Araujo Oviedo, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ministerio del Poder Popular para el Comercio INDEPABIS Providencia mediante la cual se delega en las ciudadanas y el ciudadano que en ella se mencionan, fas atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se señalan.
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras INIA Providencias mediante las cuales se nombra a las ciudadanas que en ellas se indican, para ocupar ios cargos que en ellas se especifican, de este Instituto.
INSOPESCA Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Leo Marín Guerrero Betancourt, la firma del actc y documento que en ella se señalan.
Empresa Mixta Ruso-Venezolana Orquídea S.A.
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de esta Empresa, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en etla se mencionan.
INDER Encomienda mediante la cual se suscribe la Encomienda convenida entre este Instituto y la Empresa Socialista de Riego Las Majaguas, S.A., en los términos que en ella se especifican. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se crea una comisión nacionai, con carácter temporal, denominada Comisión del Subsistema de Educación Universitaria para la Formación e Innovación en el Marco de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Ana Marina Rodríguez Montero, como Directora Gereral de inquilinato del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, adscrita al Despacho del Viceministro de Articulación y Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat de este Ministerio.
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, Miembros Principales en representación de este Ministerio, dentro de la Juntas Administradoras de los Conjuntos Residenciales que en ellas se señalan.
Resolución mediante la cual se implementa la modalidad de Fondo Administrado de Asistencia Médica Integral para los obreros, contratados, funcionarios, jubilados, pensionados y familiares beneficiarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (FAAMI-MINVIH) Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Resolución mediante la cual se constituye el Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social de este Ministerio, integrado por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social FUNDACREDESA Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano y la ciudadana que en ella se señalan, en su carácter de Directores de las oficinas que en ella se indican, ei Registro de Fimma 1 y 2 en el Banco Central de Venezuela, por lo que quedan autorizados para efectuar las operaciones que en eíla se especifican.
Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Franklin Antonio Matute, en su carácter de Director Ejecutivo de esta Fundación, las atribuciones y firma de actos y documentos que en ella se señalan.
Providencia mediante la cual se reforma la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, la cual estará integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se indican. Tribunal Supremo de Justicia Corte Disciplinaria Judicial Decisión mediante la cual se realiza la consulta obligatoria de la sentencia-TDJ-SID-2012-75, de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. Decisión mediante la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación ejercido por la Inspectoria Generat de Trbunales, contra la decisión dictada por el Tribunal Disciplinaro Judicial en fecha doce (12) de abril 'de dos mil doce (2012), en la causa número AP61-D-2011-000050.
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Lunes 9 de julio de 2012
GÀCETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
de Salud y Segunidad Laboral, de las Fiscalías Sexagésima Tercera y Septuagésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional, con sede en el Área Metropolitana de Caracas, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes; a competencia plena, conservando la que ya tienen asignada.
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, como Técnicos de Seguridad y Resguardo en las Fiscalias que en ellas se indican.
Resoluciones mediante las cuales se designa Abogados Adjuntos, Fiscales Auxiliares Interinos y Fiscales Provisorios a los ciudadanos Abogados y ciudadanas Abogadas que en ellas se mencionan.
Contraloría General de la República Resolución mediante la cual la ciudadana Adelina González, en su carácter de Contralora General de la República (E), designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, para que en representación de la Contraloria General de la República intervenga conjunta o separadamente, en todos los juicios o causas de cualquier naturaleza, que cursen o cursaren en los Tribunales de la República, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, contra los actos de efectos particulares o generales que emanen del Contralor o Contralora General de la República.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto N° 9.076 09 de julio de 2012 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
DECRETA
Único. Nombro Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda a la Ciudadana ANA MARINA RODRIGUEZ MONTERO, titular de la cédula de identidad N° V-12.188.936.
Dado en Caracas, a los nueve días del mes de julio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Centro Simón Bolívar, C.A. - Junta Liquidadora Despacho de la Presidencia.
NÚMERO: 213 CARACAS, 21 DE JUNIO DE 2012 AÑOS 201° y 153° La ciudadana Presidenta de Ja Junta Liquidadora dei CENTRO SIMÓN BOLÍVAR C.A., designada según Resolución N° 007 de
República Bolivariana de Venezuela N° 39.629, de fecha 04 de marzo de 2011, en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 8 numeral 1 y el artículo 7 numeral 12 del Decreto N° 8.077 de fecha 01 de marzo de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.626, de igual fecha, conforme a 1o establecido en el último aparte del artículo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002 y según lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en fa Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.976 Extraordinario, de fecha 24 de mayo de 2010 y artículo 14 de su reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.618, de fecha 11 de enero de 1999, aunado a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 4.107, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.323, de fecha 28 de noviembre de 2005, mediante el cual se dicta el Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios y Empleados que prestan servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y para los Obreros dependientes del Poder Público Nacional,
RESUELVE
úNico: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el Decreto N° 8.328, de fecha 14 de jullo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.715, de fecha 18 de jullo de 2011, se le Concede JUBILACIÓN ESPECIAL, aprobada mediante la Planilla FP-026, de fecha 25 de Mayo de 2012, a la ciudadana DALSIDES YOLANDA DIAZ TORRES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.527.632, p0r tener CUARENTA Y TRES (43) años de edad, y haber prestado servicio durante VEInTzUN (21) años en la Administración Pública Nacional, siendo su último cargo desempeñado el de SECRETARIA EJECUTIVA III, en el CENTRO SIMÓN BOLÍVAR, C.A., ente adscrito a la Vicepresidencia de la República, con un monto de jubilación men SUaI de UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 1.164,65), equivalente al CINCUENTA Y D0S COMA CINCUENTA por cento (52,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos veinticuatro (24) meses, con imputación a la Partida Presupuestaria N° 407.01.01.02, destinada a las jubilaciones del personal, correspondiente al presupuesto de gastos del Centro Simón Bolívar, C.A. La jubilación especial se hará efectiva a partir del 1° de fallo de 2012.
CIMOA
DAYANA NATAN BAMIREZ GUTIÉRREZ Presidenta de la Junta Liguldadora del CENTRO SIMÓN BOLÍVAR C.A. Según resolución DM/No 007 de fecha 02 de Marzo de 2011, Publicada en Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 39.629 de fecha 04 de Marzo de 2011
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES "O.P.P.P.E."
CARACAS, 02 DE JULIO DE 2.012 OPPPE/013/2.012 201° y 152*
PRQVIDENCIA ADMINISTRATIVA
El Consejo Directivo de la FundaCión OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES PROYECTOS ESPECIALES "O.P.P.P.E.", actuando conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Primera. numeral 9, del Acta Constitutiva y Estatutaria de dicha Fundación. y según lo acordado mediante Sesión del Consejo Directivo N° 07, celebrada en fecha cinco (05) de junio de 2.012. acordó aprobar la designación de los miembros que integrarán la Com sión de Contrataciones: por tal motivo y en virtud de lo previsto en el articulo :0 de la Ley de Contrataciones Públicas y el articulo 15 de su Reglamento, se decidió.
PRIMERO: Se designan los integrantes de la COMISIÓN DE CONTRATACIONES de la FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES "O.P.P.P.E.", encargada de dingIr las actuaciones relativas a los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. cuya actuación se regirà por las disposiciones consagradas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. asi como todos los instrumentos ce rango legal y sublegal que regulen la materia.
SEGUnDo: La Comisión de Contrataciones estará integrada por ves (03) Económica-Financiera, el Área Técnica y el Área Legal respectivamente, asi como un (01) Secretario (a) y su respectivo (a) Suplente, con derecho a voz más no a voto
TERCERO: La Comisión de Contrataciones de ta Fundación OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES "O.P.P.P.E.". estará integrada de la siguiente forma Área Económica-Financiara:
Miembro Principal: Yuraiza Elena Diaz Castilio. C. 1. V. N° 12 113 069 Miembro Suplente: Guillermo Nieto Volcán. C.I V N° 9.410 099 Área Técnica:
Miembro Principal: Arq. Orlando José Martinez Santana, C 1 N° 9.119.011 Miembro Suplente: Ing José Regnauit. C 1. N° V-9.954.516 Área Legal:
Miembro Principal: Alexander Rafael Mongua Garcia, C. 1 V N° 8 297 445 Miembro Suplente: Wilson Gómez Guevara. C. 1. V. N° 13.748.998 Miembro Principal: Lourdes Feliciana Gámez Ottamendy. C 1 V N° 6 837 389 Miembro Suplente: Cnskellyn Enibeth Farias Romero, C 1 V N° 13 608 615
CUARTO: La Comisión de Contrataciones podrá designar los asesores técnicos que considere necesarios. de acuerdo a la complejidad de la Contratación que se efectúe; los mismos tendrán derecho a voz más no a voto Quin O: La Secretaria será la encarmada de compilar. organizar y suministrar toda la información y documentación que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comisión de Contrataciones. En tal virtud, deberà solicitar la información sobre la disponibilidad presupuestaria relacionada a !os procesos de contratación, suscribir invitaciones para participar, solicitar cotizaciones para consulta de precios; suscribir las respuestas a solicitudes de aclaratonas y las notificaciones de cualquier indole en cualquiera de las modalidades de selección de contratistas. En el ejercicio de sus funciones levantará las actas de las reuniones que se lleven a cabo y de los actos públicos de recepción y apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad y ofertas.
Asimismo, podrá certificar copias de los documentos cuyos originales reposen en los archivos de la Comisión de Contrataciones; conformar los documentos constitutivos de caución o garantías suficientes para el monto fijado por el de otorgamiento de la Adjudicación; darle seguimiento al cumplimiento de la contratación que genere los procesos de selección.
SEXTO: La Secretaria deberá presentar mensualmente a la Comisión de Contrataciones un informe general de todos los actos que firmen con ocasión de los procesos de contrataciones que se lleven a cabo para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela.
Notifiquese y Publiquese.
CERANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS Presidente (E) de la Fundación Según Resolugon N° 002. de gwcha 11 de Enero de 2011.
Puolcaca en la Gacata Olcial de y Repubica Bolvanana de Venezueia N° 30 591. de la misma fecha.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES IÑTERIORES Y JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUS TICIA DESPACHO DEL MINISTRO 202° DE LA INDEPENDENCIA, 153° DE LA FEDERACIÓN Y 13° DE LA REVOLUCIÓN
N129 i) 2012 Fecha
RESOLUCIÓN
Por disposición del Mane,tro dol Poes Popailat pina Relacones Intenores y Justicia Tancck El As.olt. ¿rhu;r l:t "Orden Francisco de Miranda". er su Tecera Cluse Olciuf". ul Chdintln Edickson David Contraras Bracho por su dUSU pOICIUCKN n UI CAMPEONATO SURAMERICANO DE DEPORTES ACUATICOS 2012 CEk:k n BH0:, n kI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2010 cl;,lus ;n Pu0Io Rico y Su clasihcación a los Ju:jo: Olímpicos L.orntro: 2012. te:ilrindo un encomiable desompeno en la descplma dh: cito. omanntier convotóntoso con su pattecipocón on un epeupo y en anis ques uletenoss tepotho., soaa o hstónu paras nuestro pablo. eto mubvo : leqm y onpalo pintis tot te nación venezolima como npne d: .t Cene.non Bustlenn En t' senuto.
hinento cumpo tohy, br, maponao. p.he.dhe tupn metesschon de et homosa dehu,non
ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA CEDULA DE IDENTIDAD "OFICIAL" (TERCERA CLASE) 19 88G 90:
EDICKON DAVI:C,CMUA PPR.EPAOS "Tedos llevados la patsuaren el corazon y ls libermd en el alma" Francisco de Mnrandia ¡Honor y uía Comumqueso'hgu..
AI'SSAMI
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO 314 DM N° Caracas, 2 9 M 2012 202° y 153° RESOLUCION El Mínistro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con el Decreto N° 5.106 de fecha 8 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, con el articulo 77 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los ariculos 7 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los artículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el articulo 36 numeral 2 del Reglamento Orgánico dei Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, asi como lo establecido en el Reglamento de Delegaciones de publicado en la Gaceta Oficial N° 29.025 de fecha 18 de sepliembre de 1969.
CONSIDERANDO Que el cargo de Director General para Asia Medio Oriente y Oceania en el Despacho del Viceministro para Asia Medio Onente y Oceanla del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, es cataiogado como cargo de "Ailo Niver" y por consiguiente de libre nombramiento y remoción del Ministero del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
RESUELVE Nombrar a la ciudadana, Orietta Caponi, titular de la cédula de identidad Nro.V- 6.214.048, como D:rectora General para Asia, Medio Oriente y Oceania en el Despacho del Viceministro para Asia, Medio Onente y Oceanla del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a partir de la (echa de su notificación; y delegar la firma de los actos y documentos concernientes a las atnbuciones y actividades de esa Dirección, los cuales se detallan a continuación:
1.- Oficios, Notas, Memorandas, Circulares e Instrucciones de Servicio, radiogramas y telegramas para los miembros de las Misiones Diplomáticas, Delegaciones y Ofiainas Consulares de la República en el Extenor y Direcciones dependientes del Despacho:
2. Comunicaciones dirigidas a las Misiones Diplomáticas permanentes y extranjeras acreditadas ante el Gobierno Nacional y a los Organismos Internacionales 3.- Comunicaciones para los Despachos del Ejecutivo Nacional y otros organismos públicos y privados.
Queda a salvo :o establecido en el articulo 35 de la Ley Orgánica de la Acministración Pública y lo d'spuesto en el articulo 3 del Reglamento de Delegación de Fima de los Ministros del Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada Se Instruye a la Oficude Becds Humanos para que notifique a la Interesada cumpendo lo estabodo en'al arvelo 73 de la Ley Orgánica de Prccedimientos Administrativos.
Comypiquese y Publiquese.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO 1 15 DM N° Caracas. 3 J 2017 202° y 153° RESOLUCION El Minisiro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de confonnudad con el Decrelo N° 5 106 de focha 8 de enero de 2007. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 38 600 de fecha 9 de enero de 2007. con el articulo 77 Admunistración Pública, en concordancia con los arlículos 7, 30 y 68 de la Ley de Servicio Extercr. los articulos 19 y 20 nuneral 6 de la Ley del Estaluto de la Función Pública y el arlcuio 36 numeral 2 del Reglamento Orgánico del Ministeno del Poder Popular para Reiaciones Exteniores.
CONSIDERANDO Que el cargo de Direcior General para America del Norte en el Despacho del Viceministro para An:erica del Norto dol Ministro del Podor Popular para Relaciones Exteriores, es catalogado cono cargo de "Alto Nivel" y por consiguiente de kbre nombramenlo y remoción del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exterieres RESUELVE Cesar de la encargaduna a la ciudadana Lesbía Janeite Arocha Rivas, tilular de la cédula de identidad Nro.V- 7 958.770. como Drectora Ganeral para America del Norto en ol Despacho def Viceminus!ro para America del Norte del Ministro del Poder Popular para Relaciorves Extenores, a partr de la fecha de su notrdicación Se Instruye a la Oficina de Recursos Humanos para que nolilique a la interesada cumpliendo lo establecido en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Adninistrativos.
LAMADURO MOROS Mincaroerpular para Relaciones Exteriores
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO 116 DM N° Caraas, 0 2 JUL 2012 202° y 153° RESOLUCION El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteviores, de conformidad con el Decreto N° 5.106 ds fecha 8 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, co7 el arlículo 77 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Drgánica de la Administración Pública, en concordancia con los articulos 7, 30 y 68 de la Ley de Servicio Exterior, los arlículos 19 y 20 numeral 6 de la Ley del Estaluto de la Función Pública y el articulo 36 numerai 2 del Reglamenlo Orgánico del Ministeno del Poder Popular para Relaciones Extenores. asi como lo establecido en el Reglamenio de Celegaciones de Firma de los- Ministros del Ejecutivo Nacional de fecha 17 de sepliembre de 1969, publicado en la Gacela Oficial N° 29.025 de lecha 18 de sepliembrs de 1969.
CONSIDERANDO Que el cargo Direcior General para America del Norte en el Despacho del Viceministro para America del Norte del Minisiro del Poder Popular para Relaciones Exlenores, es catalogado como cargo de "Ailo Nivei" y por consiguiente de kbre nombramiento y remoción del Minislerio del Poder Popular para Relacones Exteriores.
RESUELVE Encargar al ciudadano Manuel Rodriguez Moreno, filular de la cédula de identidad Nro.V. 4.767.913, como Direclor General para Amenca del Norle en el Despacho del Viceminisiro para Amenca del Norte del Minisiro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a partir de la fecha de su notricación: y delegar la fuma de los actos y documentos concemienles a las atnbuciones y actividades de esa Direccón, los cuates se detallan a continuación 1.- Oficos. Nolas, Menorandas, Circulares e Instruccionos de Servcio, radiogramas y telegramas para, los membros de las Misiones Diplomáticas. Delegaciones y Oficinas Consulares de la República en el Extenior y Direcciones dependientes del Despacho;
2 - Comunicaciones dingidas a las Misiones Diploinálicas permanentes y exlranyeras acreditadas ante,el Gobierno Nacional y a los Organismos Internacionales 3. Comunicaciones para los Despachos del Ejecotivo: Nacional y otros organismos públicos y pnvados.
Queda a salvo lo establecido en el arlículo 35 de la Ley Organica de la Administración Ministros del Ejeculivo Necional, publicado en la Gacala Oficial No. 29.025, de fecha 18 de septiembre de 1969, respecto de los actos y documentos cuya linns no puede ser delegada.
Admiustralivos.
Conpíquese y Publiquieso.
EOS MADURO MOROS Mptro del Poser:r opular para Relacrones Exterioros MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALADEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 023123 Por disposición del Ciudadano Presldente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numeral 19 det Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de jullo de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 8bollvarlana de fecha 09 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Boilvariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar el sigulente nombramiento:
MayOr General WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ, C.I. N° 7.189.059, Comandante, e/r del General en Jefe HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA, C.I. N° S.764.952.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA General en Jefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
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GACETA OFICLAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO 09 JUL 2012 Caracas, 202° y153° RESOLUCIÓN N° U23124 Por disposición del Ciudadano Presidente de la Repúbica Bolivarana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 numeral 19 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de jullo de 2008, en concordancia con lo establecido en el articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICQ: Efectuar el siguiente nombramiento:
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO - MaYOr General CARLOS ANTONIO ALCALA CORDONES, C.I. N° 5.889.707, Comandante General, e/r del Mayor General EUCLIDES AMADOR CAMPOS APONTE, C.I. N° 8.615.294.
Comuníquese y publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional, · HENRY DE JESÚ'S'RAGÍGEL SILVA General en pefe Ministro del Poder Popular para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 09 JUL. 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN N° J23125 Por disposición del Ciudadano Presidente de la Repútlica Bo'ivarara de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el articulo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armaga Nacional Bolivaniana de fecha 09 de marzo de 2011, publicaco en :3 Gaceta Cf-c.al de la República Bolivanana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 ce fecha 21 ce marzo de 2011, RESUELVE ÚNICQ: Efectuar el siguiente nombramiento:
INPECTORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA Mayor General MAURO HERNÁN ARAU3O OVIEDO, C.1. N° 5.225.606, Inspector General, e/r del General de División NESTOR JOSE SOTO PARRA, C.I. N° 6.457.478.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacionat:.
, HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA General en Jee Ministro del Poder Popular para la Defensa 394.735
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO
Gobiamo Boverleno de Venazuela
NDEPABIS Caracae, 1 de julio de 2012 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 009-2012 200° y 151 ° Quen suscnbe, COnSUELO CERRADA MÉNDEZ, mayor de edad, utular de la cédula de idenádad número N" V-14.131.830, Presidenta del Institulo para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Brenes y Servicos (InDEPABiS). designada medante Decrelo Presudencual N° 8.807. de lecha 18 de novembre de 2011, publcado en la Gaceta Ofic-ai de la Repúblca Bolivanana de Venezuela N° 39 803, de lecha 18 de novembre de 2011, en ejeraco de las atnbucones que cor fueren los articulos 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Admenistraciór Púbèca (G O. N° 5.890 Extraordnano de fecha 31 de juo de 2008). en concordancia con las Graposiciones contenidas en ei articulo 50 de la Ley de Smpificacón de Trámites Admunstrabvoa y el articulo 106, numeral 4, de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Serwoios, pubicada en la Gaceta Ohcial de la Repúbica Boivanana de Venezueia N° 39 358, de fecha 1 de febrero de 2010 BESUELVE:
PRIMERO: Delegar en la cudadana MARÍA VALENTINA PÉREZ, Uular de la cédula de identidad mediante Providenca Adminairabva N° 0001-12 de fecha 03 de enero de 2012. pubicada en la Gacata Oficial de la Repúbèca Bolvanana de Venezuela N° 39.834. de fecha 03 de enero de 2012.
las atnbuciones y firma de los ados y documentos que a continuación se detallan 1 La firma de concabaciones y certficacones de deudas SEGUNDQ: Delegar en la Cudadana NILIMAR VIZCAYA SOTO. btular de la Cédu a de Identidad N° V-13 965 870, en su carácler de Coneultora Juridica (E) del 1NDEPAB1S. deugnada medante Prondenca Adminslratrva N° 048, de fecha 19 de Droembre de 2011, pubicada en la Gaceta Ofcal de la Repúbica Boivanana de Venezuela N° 39 623 de fecha 19 de Doembre de 2011. las atnbucones y firma de los actos y documentos que a continuación se detallan 1. La certificación de las copias de documentos y expedentas cuyos ongunales reposen en el archivo de la Consufforia a su cargo 2 La frma de lag comunscacones dngdas al Manesteno Púbico. Tnbunales de la Repúbica.
Minesteno de Adscrpción y otros entes púbicos. vinculadas a la remusón de antecedentes admanistryvos que reposen en esta Instiluoón, asl como la susonpoión de cualquier otro oñcao o comunicación que verse sobre informaoón de mero trámite, relacionada a asuntos qys archivos de la insbifuaón.
3 La firma de comuncados a la Drecoón de Inspección y Fiscalzación de este Insbruto.
solctando las vargas facales de acuerdo a las medidas quelileva dicha consultoría.
IERCERO: Delegar en el Cudadano JOSÉ EDUARDO MARIN SUAREZ, ttular de la Cedula de Idenbdad N° V-16 073 299, en su carácler de Drector de la Sala de Conakacón del INDEPABIS.
desgnado mediante Provdenca Admuniatrativa N° 003. de fecha 03 de enero de 2012. pubicada en la Gaceta Ohcial de la Repúbica Boivanana de Venezueia N° 39.834 de fecha 03 de enero de 2012, las atnbucones y firma de los actos y documentos que a conianuación se detallan 1. La cartrficaoón de las copas de documentos y expedientes cuyos ongnales reposen en el archivo de la Sala a su cargo Manssteno de Adscripaón y otros entes púbicos. vinculadas e ia remisión de documentación refenda al área, ssi como la suscnpaón de cualquier otro oficio o comunucaaón que véase sobre nformación de mero Irámite. relacionada a asuntos que conoce o conooó este organismo y cuya documentación sea venficable. a travès de los archivos de la Saia a su cargo.
CUARTQ: Deiegar en la Oudadana INDIRA VERONICA MEDINA TABA8CA, titular de la Cédula de Idenbdad N° V-11.410 302, en su cartàcter de Drectora de la Sala de Conalaoćn del INDEPABIS.
designado medante Prondenoa Adminstratva N° 007, de fecha 30 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Ofczal de la Repúbica Bolvanana de Venezuela N° 39 895 de (echa 30 de marzo de 2012.
1 La certificación de las copas de documenioe y expecentes Cuyos onginales reposen en el archivo de la Sala a su cargo 2 La firma de las comuncacones dingidas al Ainisteno Públco, Tnbunales de ta Repubèca.
Mansteno de Adscnpaón y otros entes púbicos. vinculadas a la remauón de documentación sobre anformacón de mero trámite. relacionada a asuntos que conoce o conoce este organismo y cuya documentación sea venficabie, a travès de ios archivos de la Saia a su cargo 3 La fima de documentos para la preparación o evacuación de cualquier otra prueba que se procadamento
Quinto; Los oudadanos y oudadanas previamente delegados a traves de esta providencia.
deberan presentar relación mensual a la presdenca de este Insituto. de las Caágencias y documentos. suscntos en funaón de este acto admanestrativo.
SEXTQ: La presenta prondencia entrara en vgenca a partir dei pnmero de jullo del presente año Dada, sellada y frmada en el Despacho de ia Presudenca del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Benes y Serncos, en Caracas al primer día del mes de juho de 2012 SONSUELO CERRADA .6 til PRESIDENTA DELINSTITOTO PARALA ORENSA-DGOAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES YABVIOS Designada segun Decheo AP 8 607 / 18ora-rs/11/2011 Publicade en Gacets Oflciai-ly 39803 de fecha 18/11/2011
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 332. MARACAV, 27 DE 3UNIO DE 2012.
Años 202° y 153° La Presidenta del Instituto Naconal de Investigaciones Agrícolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del articulo 12 de la Ley del Instituto Nacioral de Investigaciones Agricolas, en concordancia con el único aparte del artícuio 5 y articulo 20, numeral 3 de la Ley del Estatuto de la Función Púbiica, y el articulo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se nombra a la CiUdadana NORELYS MARGARITA REYES AMUNDARAY, anular de la cédula de identidad N° V- 9.695.375 como JEFE DE LA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), en condición de Encargada, a partir del 28 de junio de 2012.
Comuniquese y publíquese, TATIANA PUGH MORBRO Presidenta del INIA Scgún Decreto No. 8.786 de fecha 27 de enero de 2012, Pubucado en Gaceta Olical No. 39.852 de fecha 27 de enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 336. MARACAY, 03 DE JULIO DE 2012.
Años 202° y 153° La Presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del articuio 12 de la Ley del Insututo Nacional de Investigaciones Agricolas, en concordancia con el únco aparte del articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con los articulos 1 x 3 de la Providencia Adminstrativa No. 105 de fecha 24/09/2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela No. 39.038 del 15 de octubre de 2008 y el articuio 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se nombra a la Cudadana YAMILETH COROMOTO GARCIA ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V- 12.022.017 como 3EFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRiCOLAS (INIA), en condición de enCargada, a parti del 04 de julio de 2012.
Comuniquese y publiquese, TATIANA PUGH MORE Presidenta del INIA Según Decreto No. 8.786 de lecha 27 de enero de 2012, Puohcado en Gacela Oficual No. 39.852 de lecha 27 de enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 337. MARACAY, 03 DE JULIO DE 2012.
Años 202° y 153* La Presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA), en ejercicio de la atroucón conferida en el numerai 1 del articulo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, en concordancia con el único aparte del articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Púbica, con los articulos 1 y 3 de la Providencia Administrativa No. 105 de fecha 24/09/2008, publicada en la Gacete Ofical de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.038 del 15 de octubre de 2008 y el articulo 17 de la Ley Orgánca de Procedimuentos Administrativos, decide dictar la siguente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1. Se nombra a la Ciudadana EDIHT YELITZA PINEDA, titular de la Cédula de dentidad N° V. 11.093.628 COmO COORDINADORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ADSCRITA A LA OFICINA DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA), en condiCión de encargada, a partr del 04 de julio de 2012.
Comuniquese y publiquese, TATIANA PUGH MOREN Presidenta del INIA Segun Decreto No 8 786 de lecha 27 de
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRECULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NO. 338. MARACAY, 03 DE JULIO DE 2012.
Años 202° y 153° La Presidenta del Insttuto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral I del articulo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en concordancia con el único aparte del artícuio 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con los artículos 1 y 3 de la Providencia Administrativa No. 105 de fecha 24/09/2008, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela No. 39,038 del 15 de octubre de 2008 y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Prooedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Articulo 1. Se nombra a ba dudadana MARIA TERESA GLORIET DIAZ, titular de la cédula de identidad N° V- 8.572.357 como JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓNFINANZAS DEL CENTRONACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA-CENIAP), en CondICIón de enCargada, a partir del 04 de julio de 2012.
Comuníquese y publíquese, TATIANA PUGH MORENO Presidenta del INIA Según Decreto No. 8.786 de lecha 27 de enero de 2012, Publicado en Gaceta Ofloial No. 39.852 de fecha 27 de enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 339. MARACAY, 03 DE 3ULIO DE 2012.
Años 202° y 153° La Presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA), en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del articulo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, en concordancia con ei único aparte del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Púbica, con los artículos 1 y 3 de la Providencia Adminstrativa No. 105 de fedha 24/09/2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.038 del 15 de octubre de 2008 y el articulo 17 de la Ley Orgánica de Prooedimientos Administrativos, decide dictar la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Se nombra a la cudadana CARMENCITA CUMARÍN, titular de la cédula de identidad N° V- 9.917,744 Como COORDINADORA DEL ÁREA DE TESORERIA, ADSCRITA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO NACIOMAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (INIA), en condición de encargada, a partir del 04 de julo de 2012.
Comuniquese y publiquese, Presidenta del INIA Según Deoreto No. 8.786 de lecha 27 de enero de 2012, Publicado en Gaceta Ofical No. 39.852 de fecha 27 de enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIAMA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 24-20I2. CARACAS, 06 DE JULIO DE 2.012.
202º y 1532 En uso de las atribuclones contenidas en los numerales 1 y 3 de los artículos 54 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Aculcultura pubicada en la Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivariana de Venezuela N° 5.B77 Extraordinario de fecha 14 de Marzo de 2008, en concordancia con lo establecido en los artículos 17 y 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y con el artículo 35 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Admlnistración Pública, se dicta la siguiente.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1: Se delega al ciudadano LEO MARIN GUERRERO BETANCOURT, titular de la Cédula de Identidad N° 13.833.553, ubicado en ia Inspectoría Inmerca adscrita a la Subgerencla Vargas de este Instituto, la firma del acto y documento, que a continuación se especifican:
1. Por la expedición de la gula de transporte de productos pesqueros.
Artículo 2. Los actos y documentos firmados con motivo de ésta Providencla Administrativa, deberán Indicar de forma Inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela en donde haya sido publicado.
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Artículo 3. El Presidente del Instituto Soclallsta de la Pesca y-Acuicultura (INSOPEsCA), podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Provldencla Administrativa.
Artículo 4. El funcionario delegado deberá rendir cuenta al Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Aculcultura (INsoPEsCA) de los actos y documentos firmados en virtud de ésta delegación.
Artículo 5. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.
Queda a salvo lo establecido en el artículo 35 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administraclón Pública, respecto de los actos y documentos que no pueden ser delegados.
Comuniquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional
PEDRO/EMILIO GUERTA CASTSLLO la Pdsca y Aculcultura (INSopEsA),
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. EMPRESA MIXTA RUSO - VENEZOLANA ORQUÍDEA S.A. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2012. CARACAS, DOS (02) DE 3ULIO DE 2012.
AÑOS 202° Y 153°
El Presidente de la Empresa Mixta - Ruso Venezolana Orquídea S.A. designado mediante Resolución DM/N° 024/2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.873, de fecha 29 de febrero de 2012, en ejercicio de las atribuclones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y el articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
ArtÍCulo 1. Se COnStituye la COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA EMPRESA MIXTA RUSO - VENEZOLANA ORQUÍDEA S.A., que realizará los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios distintos a los profesionales y laborales que se lleven a cabo en la Empresa, Integrada por los ciudadanos que se mencionan a continuación:
MIEMBRO ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE RICARDO CARTAYA RUDOLPH WHITE JURÍDICA C.I. V-12.912.095 C.I. V-12.747.705 LUIS BARBELLA ADRIANA PALLOTTINI TÉCNICA C.I. V-14.664.583 C.I. V-13.650.815 MIRTA MACÍAS AMÉRICA LÓPEZ FINANCIERA C.I. V-3.087.406 C.I. V-8.944.513
Artículo 2. Se designa a la ciudadana ADREANA HERNÁNDEZ, titular de la céduia de identidad número V-14.699.682, como Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Empresa Mbta Ruso - Venezolana Orquídea S.A., quien tendrá derecho a voz, mas no a voto.
Artículo 3. La Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Empresa Mixta Ruso - Venezolana Orquídea S.A., tendrá las siguientes atribuciones:
1. Preparar los oficios de invitación a las personas naturales y/o jurídicas, para participar en los diferentes procedimientos de contratación que requiera la Empresa Mixta Ruso — Venezolana Orquídea S.A., y hacer el respectivo seguimiento;
2. Verificar la inscripción de los oferentes en el Registro Nacional de Contratistas;
3. Recibir todos los documentos relativos a la calificación, examen, evaluación y comparación de las ofertas recibidas para el debido análisis de la Comisión;
4. Levar, conformar y mantener los expedientes de las contrataciones bajo su custodia;
5. Convocar el (los) suplente(s) en caso de falta accidental del (ios) titular(es);
6. Levantar Acta de cada reunión de la Comisión de Contrataciones;
7. Levantar Actas con ocasión a la apertura de los sobres contentivos de la manifestación de voluntad y ofertas;
8. Compilar, organizar y suministrar toda la Informadión y documentación que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comisión de Contrataciones;
9. Preparar las notificaciones de Adjudicación a ser suscritas por el Presidente de la Empresa Mixta Ruso - Venezolana Orquídea S.A.;
10.
Cualquler otra que le indicar la Comisión de Contrataciones.
Artículo 4. La Comislón de Contrataciones de la Empresa Mbta Ruso - Venezolana Orquídea S.A., podrá convocar a la Gerencia, Oficina o Área solicitante, con derecho a voz mas no a voto, para que detalles del requerimiento y necesidades.
Artículo 5. La Comislón de Contrataciones de la Empresa Mixta Ruso - Venezolana Orquídea S.A., se constituirá válidamente con la presencia de sus tres (3) miembros; asimismo, sus decisiones deberán contar con el voto favorable de sus tres (3) miembros, a efectos de su validez y eficacia.
Artículo 6. La Comislón de Contrataclones de la Empresa Mbta Ruso - Venezolana Orquídea S.A., podrá extender invitación a la Unidad de Control Intemo de la Empresa para cada uno de los actos públicos que deba realizar, a efectos que el representante de dicha dependencia participe únicamente en carácter de observador.
Artículo 7. La Comislón de Contrataciones de la Empresa Mbxta Ruso - Venezolana Orquídea S.A., velará porque los procedimientos de contratación se realicen de conformidad con lo estabiecido en la legislación vigente que rige la matería, y con la normativa interna de la Empresa.
Artículo 8. La presente Providencia entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese, RICARDO JAVIER SÁNCHEZ NIÑO Presidente de la Empresa Mixta ENOA Ruso — Venezolana Orquídea S.A.
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Goblemo Boliveriano de Venezuela de Deserrelle Rurel
ENCOMBENDA CONVENIDA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO LAS MAJAGUAS, S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y PREPARACIÓN DE SUELOS, Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS EN SU ADQUISICIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO AGRARIO SOCIALISTA LAS MAJAGUAS, EN EL ESTADO PORTUGUESA, Entre, la EMPRESA SOCIALISTA DE RIEGO LAS MAJAGUAS S.A., autorizada su creación mediante Decreto N° 6.389, de fecha 02 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
39.010, de fecha 05 de septiembre de 2008, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 06 de mayo de 2009, anotada bajo el número 30, Tomo 78-s00, cuya última modificación estatutaria se realizó ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 27 de septiembre de 2011, anotada bajo el número 33, Tomo 252-A SDO, representada en este acto por el ciudadano CARLOs DAVID ORTIZ PERALTA, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.059.991, en su condición de Presidente, según Resolución DM/N°065/2012, de fecha 08 de junio de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.947, de fecha 19 de junio de 2012; quien para los efectos de este acto se denominará "LA EMPRESA", y el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, creado mediante Decreto Nº 1.546 con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.323 de fecha 13 de noviembre de 2001, cuya última modificación fue mediante Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República 8olivariana de Venezuela número S.991 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010, representado en este aCto por el ciudadano JAVIER ALEJANDRO RAMOS ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº V-9.613.097, en su carácter de Presidente, según Decreto N° 8.788, de fecha 27 de enero de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.852 de fecha 27 de enero de 2012, facultada para este acto, de conformidad con el articulo 140, numerales 2, 5 y 11 de ta Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, quien a los efectos del presente acto se denominará "INDER", y en lo adelante también referidos conjuntamente como "LAS PARTES", suscriben la presente Encomienda Convenida, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, a los fines de consolidar el Proyecto Agrario Socialista Las Majaguas, enmarcado en la Gran Misión Agro-Venezuela, punta de lanza de las políticas públicas del fortalecimiento del sector campesino y agroindustrial y garantía de la Soberania Alimentaria de la Nación.
CONSIDERANDO Que la Gran Misión Agro-Venezuela surge en el contexto de los efectos de! cambio climático y del desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela. Esta Misión busca otorgarles a los productores agrarios de los medios y la tecnología que les den independencia frente a los grandes capitales de la industria agropecuaria, convirtiéndose en punta de lanza para lograr el objetivo estratégico dentro de las políticas agrarias nacional: la construcción del modelo agrícola socialista.
CONSIDERANDO Que es necesario propiciar y asegurar el acercamiento institucional para la actuación conjunta y coordinada de los organismos e instituciones del Estado Venezolano, para crear las condiciones más idóneas que permitan alcanzar niveles óptimos de cooperación y desarrollo en la construcción de la Patria Socialista.
REAFIRMANDO El mandato del Comandante Presidente HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, que los entes del Estado deben Cooperar entre sí para el logro de sus objetivos.
La presente Encomienda Convenida se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. La presente Encomienda Convenida tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre el "INDE" y ta "EMPREsA", a los fines de realizar acciones conjuntas enmarcadas dentro de la Gran Misión Agro-Venezuela, y así consolidar la Empresa Socialista de Riego Las Majaguas, para la adquisición de divisas, según Punto de Cuenta S/Nº -12, de fecha 20 de abril de 2012, autorizado por el ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezueia Elías Jaua Milano, para la compra de equipos de siembra, cosecha y preparación de suelos, provenientes de las hermanas Repúblicas de Uruguay, Argentina y Brasil, y la canoebación de los gastos administrativos que conlieve dicha adquisición.
CLÁUSULA SEGUmDa: ALCANCE. "LAS PARTES" convienen que el alcance de este marco de cooperación comprende un monto hasta CIEnTO OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UINIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA OCH0 CÉNTIMOS (US$183.037,48), CuYO cambIO en Bollvares equivale a la Cantidad de SETECIENTOs OCHENTA y SIETE MIL SESENTA Y UN #OLMARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.787.061,16), al cambio establecido de 4,3 Bolivares por Dólar de los Estados Unidos de América.
CLÁUSULA TERCE:"DEL, COMPROMISO DE LAS PARTES. A ObjetO de dar estricto cumplinieno a la presente Encomienda Convenida, "LAs PARTEs" acuerdan a realizar&b siguiente:
Obligaciones a rango de la "EMPRESA":
1. Aportar a tamardel "anDEr" los recursos financieros, necesarios para el cumplimieso del objeto principal de este Convenio, según lo expresado enb CÁUSULA PRIMERA.
2.Remitir al mmmer un listado con las especificaciones técnicas y las cantidades de máquinas a ser adquiridas.
3. Una vez seoibidas las maquinarias, entregar las mismas a la "EMPREsa"a los fines que ésta las destine a la Empresa Socialista de Riego Las Mapaeuas.
1. Utilizar el aporte recibido, única y exclusivamente para la adquisición de la Maquinuríia. Ser el único responsable por el destino dado a los recursos apartados por la "EMPREsA", y que el objeto se cumpla como está previsto enel presente Convenio.
2. Ejecutar la omtbratación de todas las adquisiciones, servicios y bienes necesarios pama la ejecución del objeto del presente Convenio.
3. Informar a PREsA", cualquier novedad o hecho que pueda interrumpir el nplimiento del objeto de este Convenio.
Obligaciones de -TLASPARTES":
1. Conjunta separadamente, podrán difundir por cualquier medio de comunica dió social, con preferencia de quienes forman el Sistema Nacional d Medios Públicos, incluso medioscomunitarios, los avances opstenidos en la presente Encomienda Convenida, PARTEs. l costo de estas actividades se realizará de manera externa, es decir, sin cargo al presupuesto previsto para el cumplimiento del objeto de este Convenio.
CLÁUSULA CUAmT: ESPONSABILDAD. Queda expresamente establecido que el "InDEr" es el único responsabie del cumplimiento de todos los procedimientos y trámites requeridos para la adquisición de divisas para la compra de equipos para la siembra, cosecha y preparación de suelos, establecida en esta Encomienda Convenida. La Responsabilidad de "EMPREsA" se extiende también a las acciones u omisiones que repercutan negativamente en el cumplimiento del objeto de la presenta Encomienda Convenida.
CLÁUSULA QUINT: GENCA. La presente Encomienda Convenida durarà, a partir de la fecha de suscripción, hasta tanto se complete la operación de compra de la maquinaria.
CLÁUSULA SEXTA: EERIMNACIÓN ANTICPADA. Esta Encomienda Convenida podrá darse por terminada de forma anticipada, total o parcialmente, en los siguientes casos: a) Ror el incumplimiento de una de "LAS PARTES". b) Por decisión unilateral de :uma de "LAs PARTEs", previa notificación por escrito a la otra. c) Por mundo acuerco entre "LAS PARTEs"; d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
CLÁUSULA SÉPTEMIAC MODIRCACIONES. "LAS PARTES", pOdrn mOdifiCar, ampliar de común gamistoso acuerdo a la presente Encomienda Convenida, de conformidad con es necesidades e intereses de tas mismas, mediante la realización de un Azdezadum separado, el cual debera suscribirse con las formalidades correspondientes y el que se anexará y formarà parte integrante de este Aocumento.
CLÁUSULA OCTAVA: DFICACIONES. Toda notificación que deba hacerse con ocasión de la gresieute Encomienda Convenida deberá hacerse de forma escrita, por correo certificado, fax u otro medio convencional. A tal fin, las partes declaran las siguientes direcciones:
"INDER": Esquina Ferrenquin a La Cruz, Edificio Oficentro, La Candelaria, aflumidipio Libertador, Caracas, Distrito Capital. Teléfono:
(021.2) 5720973.
"EMPRESA": Bflumidipio San Rafael de Onoto, sector Caño Amarillo, Estado Portuguea. Teléfono: (0255) 6218821.
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CLÁusuLA NovEnA: Para todos los efectos de esta Encomienda Convenida, sus derivados y consecuencias, "LAS PARTEs" eligen como domicilio especial, la dudad de Caracas, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales declaran someterse.
Se hacen cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de junio del 2012.
Por la EMPRESA" stder CARJOS-DAUD'ORTIZ PERALTA Presidente Presidentas H
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 3269 CARACAS, 06 JUL 22 AÑ0S 202° Y 153*
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 45, 62, 63 y 77.19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 6.1.i de la Ley Orgánica de Educación, el artículo 5.2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, artículo 15.1 del Decreto Nº 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional,
POR CUANTO Es necesario transformar las relaciones sociales de producción construyendo y consolidando principios éticos socialistas, que permitan promover una cultura y educación liberadora que profundice en la formación científica y tecnológica al servicio del desarrollo nacional, reduciendo la brecha en el acceso al conocimiento, que nos facilite la construcción de la mujer y del hombre nuevo en la materialización y consolidación del socialismo,
POR CUANTO Nuestra Carta Magna establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamenta), por lo que el Estado la asume como una función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, como instrumento, para .profundizar en el conocimiento cientifico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad, que además tiene como finalidad desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional con una visión latinoamericana y universal,
POR CUANTO El Trabajo en si mismo constituye un hecho social que goza de la protección del Estado, como proceso fundamental para la desaparición de la pobreza y para el desarrollo y la consolidación de una sociedad justa conformada por una sólida arquitectura de valores con conciencia social que permitan la búsqueda de mayor participación en los procesos productivos y que impidan la realización de practicas precarizadoras del trabajo, permitiendo que a cada cual según su capacidad, y a cada quién según su trabajo logre satisfacer_las necesidades sociales básicas, superando las brechas y déficit persistentes,
POR CUANTO La nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores establece que la educación y el trabajo son procesos fundamentales para la creación y la justa distribución de la riqueza, la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, siendo que la formación colectiva, integral, continua y permanente de las trabajadoras y trabajadores es la esencia del proceso social del trabajo. permitiéndole desarrollar su potencial creativo, personalidad y ciudadania, formándolos como cludadanos integrales para el trabajo social y liberador para asf hacerlos parte de las transformaciones estructurales necesarias para lograr la Suprema Felicidad Social;
asimismo, dispone que el Estado generará y garantizará el cumplimiento de la formación colectiva en los centros de trabajo. y a través del proceso educativo creará condiciones y oportunidades que estimulen la formación técnica, científica, tecnológica y humanística de las trabajadoras y trabajadores para asegurar su incorporación ai proceso sociai dei trabajo,
POR CUANTO El Estado Bolivariano debe implementar mecanismos que garanticen a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a la educación y al trabajo digno y liberador, incorporando a las trabajadoras y los trabajadores a una ocupación productiva, con el objeto de satisfacer las necesidades en la búsqueda del buen vivir, que les permita superar la cultura rentista, creando así el Sistema de Formación para la Producción, el cual contempla entre sus ejes la formación y certificación técnica y la formación universitaria con valores colectivos, fundamentados en una ética socialista,
RESUELVE
Artículo 1. Se crea una comisión nacional, con carácter temporal, denominada. Comisión del Subsistema de Educación Universitaria para la Formación e Innovación en el Marco de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que tendrá por objeto velar por el fiel cumplimiento de la implementación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo, y de los artículos 299 y 300 del Capitulo l1, Titulo V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promoviendo la observancia eficaz y eficiente de esas normas, garantizando los derechos constitucionales de las trabajadoras y los trabajadores de las Instituciones de Educación Universitaria, coadyuvando así en las funciones otorgadas al Consejo Superior del Trabajo, creado mediante Decreto Nº 9.003, de fecha 22 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.927, de la misma fecha.
Artículo 2. La Comisión del Subsistema de Educación Universitaria para la Formación e Innovación en el Marco de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, estará Integrada por un (1) Coordinador, un (1) Secretario y ocho (8) miembros, que de manera voluntaria y altruista ejercerán sus funciones y serán designadas y designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. La referida Comisión estará conformada por las ciudadanas y los ciudadanos que se mencionan a continuación:
1. RUBEN DARÍO REINOSO RATJES, titular de (a cédula de identidad Nº V- 4.576.118, como Coordinador de la Comisión, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 2. LUIS FRANCISCO BONILLA MOLINA, titular de la cédula de identidad Nº V-5.742.307, como Secretarlo de la Comisión, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
3. NELLY DEL VALLE VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.384.055, como miembro de la Comisión, en representación del Consejo Nacional de Universidades.
4. ARQUÍMEDES JOSÉ MUNDARAÍN ROJAS, titular de la Cédula de identidad N° V-9.452.219, como miembro de la Comisión, en representación del Consejo Nacional de Universidades.
5. BENJAMÍN RUBEN SCHARIFKER PODOLSKY, titular de la cédula de identidad N° V-6.150.327. como miembro de la Comisión, en representación del Consejo Nacional de Universidades.
6. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ REYES, titular de la cédula de identidad N° V-23.870.312, como miembro de la Comisión, en representación de los estudiantes universitarios.
7. JOSÉ ÁNGEL 8ELLO RAVELO, titular de la cédula de identidad N° v-18.173.160, como miembro de la Comisión, en representación de los estudiantes universitarios.
8. WILLIAMS ANTONIO DUQUE FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° v- 6.523.220, como miembro de 1a Comisión, en representación de las Federaciones de lrabajadoras y trabajadores.
9. ELIZABETH CLEOTILDE TOTESAUT DE SOTELDO, titular de la cédula de identidad N°V- 4.576.649, como miembro de la Comisión, en representación de las Federaciones de trabajadoras y trabajadores.
20. RAMÓN ORLANDO ZAMBRANO, titular de la CéduIa de identidad N° V-8.090.055, como miembro de la Comisión, en representación de las Federaciones de trabajadoras y trabajadores.
Artículo 3. A los fines de alcanzar los objetivos de la presente Resolución, la Comisión del Subsistema de Educación Universitaria para la Formación e Innovación en el Marco de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, tendrá las siguientes atribuir.iones 1. Coadyuvar al Consejo Superior del Trabajo en el diseño de programas especiales destinados a la formación laboral.
2. Presentar al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. propuestas para el desarrollo, de los ejes de
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formación y certificación técnica así como la formación universitaria con valores colectivos del Sistema de Formación para la Producción.
3. Elaborar programas de formación social, técnica, científica y humanística, para los trabajadores y las trabajadoras del Subsistema de Educación Universitaria, que serán presentados al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
4. Diseñar mecanismos para promover formación, desarrollo e innovación en el proceso social del trabajo, los cuales serán presentados al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
5. Proponer al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, mecanismos que permitan fomentar la formación y la inclusión de las y los jóvenes en èl proceso socio productivo.
6. Realizar un informe bimensual pormenorizado sobre las actividades realizadas por la Comisión, el cual será presentado a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, quien fijará y diseñará las líneas de acción en el marco de lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
Artículo 4. Las funciones de la Comisión del Subsistema de Educación Universitaria para la Formación e Innovación en el Marco de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y ios Trabajadores, cesarán en un (1) año, término que de ser necesario podrá ser prorrogado mediante Resolución de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Artículo 5. Las dudas o controversias que surjan de la ejecución de la presente Resolución serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Artículo 6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela.
CT0 CE La Comunigueubuquese.
MARLENE VADIRA CORDOVA Ministra del Poder Popular pacaaEducación Universitaria
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABITAT DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 149 CARACAS, 09 DE JULIO DE 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 62 y 77, numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 5, numeral 2 y artículo 19 último aparte, de la Ley del Estatuto de la Funclón Pública; y conforme al Decreto N° 7.513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerlo del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y Decreto N° 7.514 de fecha 22 de Junio de 2010, relativo a la designación del Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, reimpreso por error en Gaceta Oficial N° 39.461 de fecha 08 de jullo de 2010; este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. DesIgnar a la Cudadana ANA MARINA RODRÍGUEZ MONTERO, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.188.936, como DIRECTORA GENERAL DE INQUILINATO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT, adscrita al Despacho del Viceministro de Articuladón y Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat de este Ministerlo, en sustitución de la ciudadana CARMEN CECILIA MORANTES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.507.226.
Articulo 2. La designación contenida en la presente Resolución será ejercida por la prenombrada ciudadana a partir de su publicación ea Gaceta Ofciai de la República Bolivariana de Venezuela.
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Ministro DEL valstvin
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 130 CARACAS, 18 DE JUNIO DE 2012 202° y 153°
RESOLUCIÓN
En uso de las atribudones conferidas por el artículo 3 de1 DecretoN° 7.513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerlo del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, y Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junio de 2010, relativo a la designación del Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicados en Gaceta Oficial N° 39.451 de la misma fecha; reimpresa por error materlal en Gaceta Oflcial N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerlal, en concordancia con el artículo 52 de la Ley del Réglmen Prestadional de Vivienda y Hábitat, este Despacho Ministerlal;
Que es obligación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábita asegurar la culminado de los desarrollos habitacionales objeto de medidas preventivas de ocupación, a los fines de garantizar la vigenda de los derechos adquiridos por los ciudadanos, sobre las viviendas unifamillares que conforman "EL CONDUNTO RESTDENCIAL LOS CORTDIOS DE LOMA LINDA" y adeMáS satisfacer el derecho constitucional a la vivienda de los ciudadanos o c'udadanas, en especial, las víctimas de estafas inmobiliarias, protegiendo así a quienes invirtieron en la compra de casas o apartamentos pertenecientes a los proyectos de empresas constructoras que Incumplieron con los usuarios.
CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, dispone de amplias facultades para dirigir, administrar, dictar y hacer cumplir medidas administrativa, y preventivas, ocupaciones de emergencia y temporales, manejo de cuentas en las instituciones financieras, protocolizaciones de documentos de propiedad y demás potestades dirigidas a garantizar la culminación y entrega de obras en cada uno de los urbanismos sobre los cuales recaen medidas preventivas de ocupación temporal, a los fines de garantizar a los cludadanos y dudadanas dentro del territorio de la República Bollvarlana de Venezuela, el derecho a una vivienda digna.
CONSIDERANDO Que a los efectos de dar cumplimiento a la Resolucón N° 008 de fecha 20 de enero de 2012, publicada en Gaceta Oficdal de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela N° 39.860 de fecha 08 de febrero de 2012;
RESUELVE Artículo 1. Designar al cudadano LUIS ALEXANDER PITRE MENDOZA, titular de la cédula de Identidad número V- V-12.502.293, para ocupar el cargo para Vivienda y Hábitat, dentro de la JuntaAdministradora de la obra, "CONUUNTO RESIDENCIAL LOS CORTDIOS DELOMA LINDA", sustitución del ciudadano Yeremis Padilla Salas, titular de la cédula de Identidáid número V-17.147.946.
Artículo 2. A los efectos de dar cumplimiento a la Resolución N° 008 de fecha:
20 de enero de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.860 de fecha 08 de febrero de 2012, la Junta Administradora de la Obra COnOdda COmO *CONUUNTO RESIDENCIAL LOS CORTDIOS DE LOMA LINDA", ubicada en el estado Bolivarlano de Miranda, quedará conformada de la siguiente manera:
POR LA COMUNIDAD Miembro Principal:
ALBERTO VIVAS BRICEÑO C.I.V-2.068.103 ENRIQUE LIMA MARTINEZ C.I.V-3.187.587 Miembros Suplentes:
LILINA MARIA CASTRO C.J.V-4.165.263 POR EL MPPVH:
Miembros principales:
JULIO BARRAGAN CAMACHO C.I V.-17.968.668
Artículo 3. El cudadano LUIS ALEXANDER PITRE MENDOZA, anteriormente designado, podrá ejercer todos los derechos y deberes que le atribuye la resolución ut supra mencionada.
Artículo 4. Con el objeto de garantizar la continuidad de la ejecucn y entrega de los desarrollos habitacionales con medidas de ocupan temporal, la Junta Administradora anteriormente designada poda ejercer todas las acciones vinculadas a la gestn diana de las actividades de las empresas ocupadas y actuar en su nombre para la ejecucri de los actos de administracn y disposicn necesarios para la culminacn y entrega de la obra, a fin de garantizar el derecho a la vivienda de los optantes. En tai sentido, además de las responsablidades que les son inherentes, la Junta Administradora podrá
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1. Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros existentes en instituciones financieras.
2. Administrar los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la empresa, necesarios para la culminacn de la obra.
3. En general, celebrar y suscribir todos los actos, que se estimen necesarios para la culminacn y entrega de la obra, asl como todos ! actos jurídicos conducentes a la protocolización de documentos propiedad de las viviendas.
4. Cualquiera otra atribucn o acto que le sea atribuida, con el objeto d garantizar la efectiva ejecucn y entrega de la Obra.
Articulo 5. La presente Resolución entrará en vigenda a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolívariana de Venezuela.
RICARDO ANTONIO MOLIA PEZA Ministro
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT
DESPACHO DEL MINISTRO CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 131 CARACAS, 18 DE JUNIO DE 2012
202° y 153°
RESOLUCIÓN
En uso de 1as atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto N° 7,513 de fecha 22 de junio de 2010, correspondiente a la creación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, y Decreto N° 7.514 de fecha 22 de junlo de 2010, relativo a la designación del Ministro del la misma fecha; reimpresa por error material en Gaoeta Oficial N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010, este Despacho Ministerial, en concordancia con el artículo 52 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, este Despacho Ministerial;
CONSIDERANDO Que es obligación del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat asegurar la culminación de los desarrollos habitacionales objeto de medidas preventivas de ocupación, a los fines de garantizar la vigencia de los derechos adquiridos por los ciudadanos, sobre las viviendas unifamiliares que conforman "EL CONUUNTO RESIDENCIAL MONTE CLARO LAGUNA" y adeMáS satisfacer el derecho constitucional a la vivienda de los ciudadanos o ciudadanas, en especial, las víctimas de estafas inmobiliarias, protegiendo así a quienes invirtieron en la compra de casas o apartamentos pertenecientes a los proyectos de empresas constructoras que Incumplieron con los usuarios.
CONSIDERANDO Que el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, dispone de amplias facultades para dirigir, administrar, dictar y hacer cumplir medidas administrativas y preventivas, ocupaciones de emergencia y temporales, manejo de cuentas en las instituciones financieras, protocolizaciones de documentos de propiedad y demás potestades dirigidas a garantizar la culminación y entrega de obras en cada uno de los urbanismos sobre las cuales recaen medidas preventivas de ocupación temporal, a los fines de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a una vivienda digna.
CONSIDERANDO Que a los efectos de dar cumplimiento a la Resolución N° 207 de fecha 27 de octubre de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797 de fecha 10 de noviembre de 2011;
RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano Hermógenes CAPOTE POLEO, titular de la céduia de Identdad número V- V-6:371.152, para ocupar el cargo como Mlembro Princpal en representación del Ministerio del Poder Popuiar para Vivienda y Hábitat, dentro de la Junta Adiministradora de la obra *EL CONUUNTO RESIDENCIAL MONTE CLARO LAGUNA" ", en SUSTITUCIÓN del ciudadano Yeremis Padilla Salas, titular de la cédula de Identidad número V-17.147.946.
Articulo 2. A tos efectos de dar cumplimiento a la Resolución N° 207 de fecha 27 de octubre de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797 de fecha 10 de noviembre de 2011, la Junta Administradora Ce la Obra conocida Como "EL COMUUNTO RESIDENCIAL MONTE CLARO LAGUNA", ubicada en el estado Bolivariano de Miranda, quedará conformada de la siguiente manera:
POR LA COMUNIDAD C.I. V-12.665.463 ESTLUZ KARINA MATA SILVA Miembro Principal:
C.I.V-10.339.948 RAMSES COROMOTO RODRIGUEZ Miembros Suplentes:
C.I. V-12.142.333 PATRICIA ELENA GOUDET ZERON POR EL MPPVH:
C.V.- 6.371.152 HERMÓGENES CAPOTE POLEO Miembros Principales:
JULIO CESAR BARRAGAN CAMACHO C.lV.-17.958.668
Artículo 3. El ciudadano HERMÓGENES CAPOTE POLEO, anteriormente designado, podrá ejercer todos los derechos y deberes que le atribuye la resolución ut supra mencionada, en concordancia con las atribuciones que le fueron conferidas a la Junta Administradora del mencionado Conjunto.
Articuio 4. Con el objeto de garantizar la continuidad de la ejecucn y entrega de los desarrollos habitacionales con medidas de ocuparãn temporal, la Junta Administradora anteriormente designada poda ejercer todas las acciones vinculadas a la gestón diaria de las actividades de las empresas ocupadas y actuar en su nombre para la ejecución de los actos de administracóny disposicn necesarios para la culminacn y entrega de la obra, a fin de garantizar el derecho a la vivienda de los optantes. En tal sentido, adenrás de las responsabilidades que les son inherentes, la Junta Administradora pod 1. Movilizar y disponer de cuentas bancarias e instrumentos financieros existentes en instituciones financieras.
2. Administrar los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la empresa, necesanos para la culminacn de la obra, 3. En general, celebrar y suscribir todos los actos, que se estimen necesarios para la culminacn y entrega de la obra, así como todos los actos jurídicos conducentes a la protocolizacn de documentos de propiedad de las viviendas.
4. Cualquiera otra atribucôn o acto que le sea atribuida, con el objeto de garantizar la efectiva ejecucóny entrega de la Obra.
Articulo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publ 38 RICARDO ANTONIO MONA OZA Ministro DESPACHO
REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT
DESPACHO DEL MINISTRO. CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO 135 CARACAS, 27 DE JUNIO DE 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábrtat, designado mediante Decreto N° 7.514, de fecha 22 de junio de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de esa misma fecha, reimpresa por error en Gaceta Oficial N° 39.461 de fecha 8 de julio de 2010,
CONSIDERANDO Que la salud es un derecho social fundamental, que debe ser garantizado como parte del derecho a la vida por disposición del articuio 83 de la Constitución de la Ropública Bolvariana de Venezueia.
CONSIDERANDO Que debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras condiciones de segundad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades Hísicas y mentales en atención a lo dispuesto en el articulo 1 del le Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambienta de Trabajo.
CONSIDERANDO Que la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores en su articulo 156 dispone, que el trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras, garantizando la protección a la vida, la salud y la seguridad labor el.
CONSIDERANDO Que el acceso a los servicios de salud e través de intermediarios (empresas de soguro) se traduca on un gasto oneroso para la República, contradictorio con une administración racional, directa, eficiente y socialista de los recursos destinados al manejo de esos beneficios.
CONSIDERANDO
eficiente y eficaz al reducir los plazos de pago a los prestadores directos del servicio de salud.
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RESUELVE
beneficio:
Hosptalización, Cirugia y Maternidad (HCM) e Seguro de Vida, por muerte del trabajador y por Accidences Personales.
Servicios Funerarios.
Articulo 2.- Este Fondo deberá constituirse como un area funcional adscrita a la teniendo entre sus funciones las siguientes:
1. Llevar a cabo el proceso de selección de Instituciones Hospitalaries y Proveedores Médicos, con los cuales el Miniaterio del Poder Popular pera Virvienda y Hábitat, podrá suscribir convenios.
2. Mentener actualizada la liste de la red de los estabiecamientos y servicios afiliados.
3. Velar por la sctuaización de los datos de los trabajadores y sus respectivos benefcuanos.
4. Garantizar el otorgamiento de sutorización para atención de emergencia, las veinticuatro (24) horas del dia, los trescientos sesenta y cinco (365) dias del eño, dentro de los lapsos establecidos. la cobertura y la aceptación dei diagnóstico médico.
5. Venficar que la documentación entregada por el beneficiario para solicitar el reemboiso por gastos ambulatonos o intervenciones efectuado la correspondiente atención médica o compra de medicamentos.
6. Lievar el control de solicitudes de Atención Médica Primania efectuadas por los beneficiarios 7. Solcitar al funcionario o beneficiano una evaluación médica adicional (de ser necesario), cuando los documentos presentados cara la intervención quirúrgica o reembolso, no sean lo suficientemente explícitos en la petología que presenta.
8. Informar oportunamente a los beneficiarios, cuando se produzcan inclusiones o exclusiones an la red de clinicas afiliadas.
9. Realizar una evaluación trimestral sobre al servicio prestado por las instituciones hospitalarias y proveedores médicos.
10. Coordinar jomadas médicas da salud preventivo, con el fin de concientizar al personal sobre la cultura de salud.
11. Elaborar las condiciones generales de los servicios de cobertura administrado por el Fondo 12. Las demás que seen aslablecidas por al Ministro del Po:er Popular pare Vivienda y Habitat.
Paragrafo Primaro: Corresponderá al Ministro det Poder Popuiar para Vrvienda y Hábitat, aprobar s travês de punto de cuenta, las condiciones generales del servicio donde se establezcan los límites de cobertura por evento y por año.
Articulo 3.- A fin de facitar el funcionamiento del Fondo Administrado de Asistencia Médica Integral (FAAMI-SNVH) deberá eiaborarse ei respectivo Manual de Normas y Procedimientos atendiendo los principios de eficacia y eficiencia que rigen la Actividad de la Administración Pública, establecidos en ei articulo 10 de la Ley Orgánica de la Admunistración Pública.
conforme e lo establecido en las normes que rigen la materia presupuestaria hábitat y a Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Vivenda y Habstat, ello con el objeto de asegurar que los procesos contemplados en los Manuales de Normas y Procedimientos que se dicten al respecto se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico y sa garantice asl la transparencia en el manejo del Fondo.
Articulo 6.- El Fondo Administrado de Asistencia Médica Integral del Sistema Nacional de Vivienda y Habrtat (FAAMl-SNVH). qua por el presente se constituye, comenzará a prestar sus funciones a partir del pnmero (1°) de jullo de 2012, no obstante, se asumidas por el FAAMI-SNVH, hasla su definitiva conclusión.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN
Minislorio del Poder Popular pava la Comunicación y la Información Despacho del Ministro Caracas, 25 de junio ce 2012 202°, 153° y 13° RESOLUCIÓN N° 020 ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCIA, Mínistro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, designado mediante Decreto N° 7.879, de fecha 07 de Diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.568, de la misma fecha, de conformidad con lo establecido en los artículo 77 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oticial de la República Bollvariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y artículo 4 de las Normas para la Aplicación, Cumplimiento y Control del Compromiso de Responsabilidad Social, emitidas según Resolución N° 032 del 08 de abril de 2010, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, publicada en gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezueia N° 39.401 de fecha 12 de abril de 2010.
RESUELVE
PRImERO: Constituir el Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social dei Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, el cual se encargará del seguimiento, control, ejecución y cumplimiento de los acuerdos que por responsabilidad social sean incorporados en las contrataciones para el suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, que deban asumir los contratistas de acuerdo a ias solicitudes que sean presentadas por los interesados y las interesadas del entorno social del Ministerio, ante la Dirección General de Despacho.
SEGunDo: Designar a los Miembros Pnincipales y Suplentes que conformarán el Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social del Ministeno del Poder Poputar para la Comunicación y la Información, et cual estará integrado por las siguientes personas:
MIEMBROS PRINCIPALES:
Hazel Dely Chaudary Zambrano, C.l. V. 11.198.548.
2.
Deibys Enrique Sánchez Hemnández, C.l. N° V. 14.139.126.
3.
Rosabel Rodríguez, C.I. N° V- 3.711.713.
4.
Johnnathan Alexander Gorsira Sandoval, C.I. N° V- 11.680.228.
5.
Adián José Peña Bogado, C.J. V-15.153.130.
MIEMBROS SUPLENTES:
Carolina Prieto Rojas, C.1. N° V-6.974.365.
1.
Pablo Luís Vallejos Flores, C. I. N° v-10.010.950.
2.
Carmen Graciela Rojas del Castillo, C. I. N° V-5.886.747.
3.
Yakcibet Ocilia Rodriguez Sequera, C. I. N° V- 12.617.427.
4.
5.
Marianela Cnstina Medina Añez, C. I. N° V. 10.420.610.
TERCERO: El Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Socia!, sin perjuicio de las competencias que le son propias a la Comisión Permanente-de Contrataciones Públicas y la Dirección de Compras y Servicios del Ministerio, tendrá las siguientes atribuciones:
Estructurar un registro de proyectos y demandas sociales, a partir de la 1.
información de las necesidades del entomo del Ministerio y comunidades organizadas e instituciones sin fines de lucro ubicadas en su área de influencia.
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Velar que en condiciones de contratación el lapso previsto para la 2.
ejecución de la obra o proyecto soclal, siempre sea menor que el plazo de la ejecución de los contratos.
Velar por una justa distribución de los recursos provenientes del 3.
Compromiso de Responsabilidad Social, para atender la mayor cantidad de obras, proyectos o demandas soclales.
Llevar un registro y control de los Compromisos de Responsabilidad 4.
Social, asumidos por los contratitas.
Las atribuciones señaladas son a modo enunciativo, sin perjuicio de lo estabiecido en las Normas para la Aplicación, Cumplimiento y Control del Compromiso de Responsabilidad Social, quedando facultado el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, para delegar en el Comité cuelquier otra atribución que redunden en una eficaz y eficiente aplicación, cumplimiento y control del Compromiso de Responsabilidad Soclal.
CUARTO: El Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, tendrá como sede la oficina de la Dirección General dei Despacho del Ministro, cuyo titular coordinará y supervisará su funcionamiento, garantizando que las reuniones y sesiones sean realizadas en un lugar donde se garantice la privacidad de los temas allf tratados.
QUINTO: Los trámites administrativos y registro necesanos para el seguimiento, control y cumplimiento det Compromiso de Responsabilidad Social, será competencia de 1a Secretaria o Secretario del Comité para le Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, designado a tal efecto por los miembros del Comité.
SExTO: Las decisiones del Comité se tomarán por la mayoría simple de los miembros presentes en las reuniones convocadas al efecto, privilegiando siempre el consenso, SÉPTiMO: La Unidad de Auditoria Intema podrá designar un representante en calidad de observador, quien tendrá derecho a voz, más no a voto, en las deliberaciones del Comité.
oCTAvO: El Comité deberá presentar mensualmente ante el Despacho del Ministro informe detallado de los Compromisos de Responsabilidad ejecutados y por ejecutarse, respecto de las contrataciones individualmente consideradas cuyo monto total, incluidos los tributos, superen las dos mil quinientas unidades tnbutarias (2.500 U.T).
NOvEnO: Los Miembros de éste Comité se regirán por lo prev.sto en la Ley de Contrataciones Púbiicas, el Reglamento de la Ley, y las Normas para la Aplicación, Cumplimiento y Control del Compromiso de Responsabilidad Social, dictadas según Resolución emitida por este Ministerio.
DÉCiMO: La presente Resolución modifica el contenido de la Resolución N° 016, de fecha 04 de marzo de 2011, publicada en Gaceta Oticial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.630 de fecha 09 de marzo de de 2011, Comusiquese plíquese Miraefro del pder Pae Ibenunicación y la Inron pe, s ne ep es ed n rrfuo efe MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL 200aros
Caracas, 25 de enero de 2 012
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 005-2012 Año 201° y 152°
Los miembros de la Junta Directva de la Fundación "CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA), designados mediante Resolución N° 037 de fecha 22 de octubre de 2008, publicada en la Gaceta Qficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 39.044 de fecha 23 de octubre de 2008. en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 11 numeral 14 de les Estatutos de la Fundación, debidamente agregado al cuademo de comprobantes N° 869. del Segundo Trimestre del año 1985, Folios 1648 al 1652, levados ante el Registro Inmobiliano del Primer Circuito del Municipio Libertador, en concordancia con lo establecido en el artículo 34 del Decreto con Rango, Vaior y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008 y según lo dispuesto en el Convenio Cambiario N° 11, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 de fecha 10 de junio de 2009.
DECIDEN ARTicULO 1: Delegar en el ciudadano Frankin Antonio Matute, titular. de la Cédula de Identidad N° V-11.407.942, Director Ejecutivo de la Fundación, designado mediante Oficio N° PRES/480/2011 de fecha 01 de diciembre de 2011, el Registro de Firma 1 en el Banco Central de Venezuela, por lo que queda facultado para: 1) Abrir, movilizar y cancelar cuentas; 2) Autorizar.
modificar y eliminar firmas; 3) Firmar solicitud de compra y venta de divisas; 4) cuenta; 6) Firmar solicitud de acceso a las áreas de seguridad del Banco Central de Venezuela; 7) Firmar carta orden; 8) Firmar solicitud de transferencia de divisas; 9) Firmar solictud de carta de crédito; 10) Firmar carta compromiso; 11) Solicitar reintegro de divisas.
ARTiCULO 2: Delegar en la ciudadana Sonia Margarita Gil Gómez, btular de la Cédula de Identidad N° V-8.978.570,. Directora de la Oficina de Administración, designada mediante oficio N° PRES/524/2011 de fecha 21 de.
diciembre de 2011, el Registro de Firma 2 en el Banco Central de Venezuela por lo que queda facultada para: 1) Abrir, movilizar y cancelar cuentas.2) Autorizar, modificar y eliminar firmas; 3) Firmar solicitud de compra y venta,dé divisas: 4) Firmar correspondencia en general: 5) Solicitar saldos, cortes y estados de cuenta; 6) Firmar solicitud de acceso a las áreas de segurdad del Banco Central de Venezuela; 7) Firmar carta orden. 8)Firmar solicitud de transferencia de divisas; 9) Firmar solicitud de carta de crédito: 10) Firmar'sarta:.
compromiso: 11) Solicitar reintegro de divisas.
ARTicuLO 3: Las firmas 1 y 2 delegadas en los ciudadanos anteriormente identificados, deberán realizarse de manera conjunta.
ARTicuLO 4: El Director Ejeculivo de la Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Pcb'ación Venezolana (FUNDACREDESA).
deberá solicitar la autorización correspondiente para la adquisición de Divisas, de conform:dad con lo establecido en el articulo 5 del Convenio Cambiario N° 11, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 de fecha 10 de junio de 2009.
ARTiCULO 5: Los actos dictados conforme a la presente delegación deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del Director Ejecutivo y la Directora de Administración, la fecha y número de la presente providencia administrativa y los datos de la Gaceta Oficial en la cual se efectúe su publicación.
ARTicULO 6: El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar !as atrbuciones delegadas.
ARTícuLO 7: Los funcionanos objeto de la presente delegación presentarán a la Junta Directiva, en la forma que ésta indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.
ARTicULO 8: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
ARTicULO 9: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 015-2.011 de fecha 01 de diciembre de 2.011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolvaniana de Venezuela N° 39.819 de fecha 13 de diciembre de 2.011.
Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgárica de Procedimientos Administrativos, comuniquese y publlquese.
Por la Junta Directiva.-
LUIS FERNANDO DAMIANI
CARLOS NOGUERA LUCILATRIAS
Giemmn Bolivarano 200aos
Caracas. 25 de enero de 2.012
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 006-2012 Año 201° y 152° Los miembros de la Junta DIrectiva de la Fundación "CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA). designados mediante Resolución N° 037 de fecha 22 de octubre de 2008. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.044 de fecha 23 de octubre de 2008, en ejercicio de las atrbuciones que le confiere el Numeral 14 del Articulo 11 de los Estalutos de ia Fundación, debidamente
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agregados al cuaderno de comprobantes N° 869, del Segundo Tnmestre del año 1985, Municapio Libertador, en concordancia con lo establecido en el Articulo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° Extraordinario 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, el Articulo 42 de la Ley de Reforma' Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas. publicada en la Gacela Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010 y et Articulo 48 del el Reglamenlo N° 1 de ta Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sislema Presupuestario. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° Extraordinano 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005 DECIDEN
ARTICULO 1: Delegar en el ciudadano Franklin Antonio Matute, titular de la Cédula de Idenlidad N° V-11.407.942, Director Ejecutivo de la Fundación, designado mediante Oficio N° PRES/480/2011 de lecha 01 de diciembre de 2011, las atribuciones. firma de actos y documentos que se señalan a continuación:
a) Ejercer la representación legal de la Fundación.
b) La facultad para otorgar y revocar poderes.
c) La facultad para nombrar y remover el personal de la Fundación, asi como establecer las funciones inherentes a cada cargo, mientras se dicten los reglamentos internos respectivos.
d) La suscripción de comunicaciones de cualquier Indole inherentes al desarrollo de las actividades de la Fundación.
e) La suscripción de los contratos de obras, bienes y servicios, hasta por un monto de cinco mil quinientas unidades tnbutarias (5.500 U.T). ajustándose a lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas.
Todas y cada una de las atribuciones conferidas a la máxima autoridad, en la";
8) Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas.
La aprobación de las modificaciones y traspasos presupuestainos..
g) correspondientes a la máxima aulondad del ente, prevo cumplimiento de los.
requisitos establecidos en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgáiica de' la.
Administración Financiera del Seclor Público, sobre el Sistema Prasúpuestario.
publicado en la Gacela Ofical de la República Solivariana de Veriezuela Iv° Extraordinario 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005 h) La suscripción, hasta por un monto de cinco mil quinientas unidades trbutanias.
(5.500 U.T). de los contratos a celebrarse entre la Fundación y las. crpreşas y domiciliado.
La suscnpción de contratos de alquiler de bienes muebles e inmuebles y otros 1) de cualquier naturaleza hasla por cinco mui quinientas unidades tnbutanas (5.500 U.T) y comodatos.
Aprobar la asistencia a cursos de capacitación y adiestramiento del personal j) adscrito a la Fundación, hasta por un monto de mil cien unidades tributarias (1.100 U.T).
k) La firma de convenios interinstitucionales, nacionales o internacionales, con universidades públicas o privadas y organismos u entes públicos o privados.
La certificación de copias de los documentos cuyos originales reposen en los [) archivos de la Fundación.
m) La suscripción de actos administrativos que decidan acerca de la procedencia del pago de deudas de años precedentes a su gestión, reconocidas en vía administrativa o por decisión definitivamente firme emanada de órganos jurisdiccionales.
n) Formular las solicitudes de adquisición de divisas ante el Banco Central de Venezuela para los casos descritos en el articulo 2 det Convenio Cambiano N° 11.
o) Apertura de cuen las bancarias de la Fundación y registro de las firmas de las trabajadoras o trabajadores de la Fundacón autonzados para movizarlas.
p) Tramitar nóminas y demás instrumentos de pago del personal adscnto a la Fundación, Aprobar las ayudas socioeconómicas solicitadas por las trabajadoras y q) trabajadores de la Fundación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento respectivo, asi como la realización de todos los actos y firma de documentos, incluyendo la aprobación de las reformas a que hubiere lugar a las normas respectivas.
Crear y modificar los manuales y normas de administración y procecimientos r) inherentes a la organización y funcionamiento de la Fundación.
Realizar lodas las actividades operativas inherentes a la ejecución dei s) Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, a excepción de ia suscripción de contratos.
Todas y cada una de las atrbuciones conferidas a la máxima autoridad en la 1) Ley Orgânica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas.
u) La aceptación o rechazo de contnbuciones o donaciones que hagan a la fundación, v) Garantizar la continuidad de la actividad administrativa de la Fundación
ARTiCULO 2: Delegar en el Cudadano Franklin Antonio Matute. litular de la Cédula de Identidad N° V-11.407.942. Director Ejecutivo de la Fundación, designado mediante oficio N° PRES/480/2011 de fecha 01 de diciembre de 2011, conjuntamente con la ciudadana Sonia Margarita Gil Gómez, Cédula de Identidad N° V-8.978.570, PRES/524/2011 de fecha 21 de dicembre de 2011, las siguientes atnbuciones:
a) La suscripción de órdenes de compras, servicios y pago que guarden relación directa con la Fundación; hasta por un monto de cinco mil quinientas unidades Inbutarias (5.500 U.T). asi como ta facultad de suscnbir los ados en aplicación de la Ley de Presupuesto Anual del ejercicio fiscal correspondiente o.
cualquiera de las modificaciones que sufriere.
i El endoso de cheques y otros titulos de crédito, asi como la autorización para' b) el pago de viáticos y pasajes del personal adscnto a la Fundación, hasta porn-.
monto de cinco mil quinientas unidades tributarias (5.500 U.T).
ARTicULO 3: Delegar en el ciudadano Franklin Antonio Matute, titular de la Cédula de Idenlidad N° V-11.407.942, Director Ejeculivo de la Fundación, designado medianle oficio N° PRES/480/2011 de fecha 01 de diciembre de 2011, conjuntamente con la Ciudadana Isis Ochoa Cañizales, litular de la Cédula de Identidad N° V-13.842.775, Presidenta (E). las siguientes atnbuciones:
a) La suscripción de órdenes de compras, servicios y pago que guarden relación directa con ta Fundación; por un monto supenor a cnco mil quinientas unidades Iributarias (5.500 U.T), asl como la facultad de suscribir los actos en aplicación de ta Ley de Presupuesto Anual del ejercicio fiscal correspondiente o cualquiera de las modificaciones que sufniere.
b) El endoso de cheques y olros títulos de crédilo, asl como la autorización para el pago de viáticos y pasajes del personal adscrito a la Fundación, por un monto superior a cinco mil quinientas unidades tnbutanas (5.500 U T)
ARTiCULO 4: Delegar en la ciudadana Ada Esmeralda Villamizar Rojas, Iitular de la Céduta de Identidad N° V-16.540.449, Coordinadora de Presidencia, designada mediante Oficio N° PRES/482rz011 de fecha 01 de diciembre de 2011, conjuntamente con la ciudadana Sonia Margarita Gil Gómez, Cédula de Identidad N° V-8.978.570, Directora de la Oficina de Adminisiración, designada medianle oficio N° PRES/524/2011 de fecha 21 de diciembre de 2011, las siguientes atnbuciones:
a) La suscripción de órdenes de compras, servicios y pago que guarden relación directa con la Fundación; hasta por un monto de trescientas sesenta y ocho unidades tnbutanias (368 U.T).
b) El endoso de cheques y otros titulos de crédito, asl como la autorización para el pago de viáticos y pasajes del personal adscrito a la Fundación, hasta por un monto de trescientas sesenta y ocho unidades tributanas (368 U.T).
ARTICULO 5: Delegar, a partir del 01 de abril de 2.012, en la ciudadana Marielys Mendoza Cuicas, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.335.955, Coordinadora de la Dirección Ejecutiva, designada mediante Oficio N° PRES/020-A/2012 de fecha 29 de marzo de 2.012, conjuntamente con la Ciudadana Sonia Margarita Gil Gómez, Cédula de Idenidad N° v-B.978.570. Directora de la Oficina de Administración, designada mediante oficio N° PRES/5242011 de fecha 21 de diciembre de 2.011, las siguientes alribuciones:
a) La suscripción de órdenes de compras, servicios y pago que guarden relación directa con la Fundación; hasta por un monto de trescientas sesenta y ocho unidades tnbutarias (368 U.T).
b) El endoso de cheques y otros titulos de crédrlo, asi como la autorización para.
el pago de viáticos y pasajes del personal adscrto a la Fundación, hasta por'uri .
monto de trescientas sesenta y ocho unidades tributarias (368 U.T)
funcionarios conforme a lo previsto en esta Providencia Administrativa deberárindice inmediatamente bajo su firma la fecha y el número de esta Providencia Administativ asi como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.
ARTiCULO 7: El presente acto de delegación no conlleva, ni entraña la facultad de subdelegar las atnbuciones delegadas.
ARTiCuLo 8: Los funcionarios sujetos de la presente delegación presentarán a la Junta Directiva, en la forma que ésta indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.
ARTiCULo 9: Según corresponda, los funcionarios delegatarios procederán a registrar su firma ante la Oficina Nacional del Tesoro y la Contraloria General de la República, s fuere el caso.
ARTiCULO 10: La presente Providencia Administraliva entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivaniana de Venezuela.
.ARTiCULO 11: Se deja sin efecto la Providencia Administrativa N° 014-2 011 de fecha 01 de dic:embre de 2.011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela N° 39.819 de fecha 13 de diciembre de 2.011.
Conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comuniquese y publiquese.
Por la Junta Oirectiva,-
ISIS OCHOA CANIZ LUISFERNANDO DAMIANI CES:
CARLOS NOGUERA
B
Caracas. 18 de junio de 2 012
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 007-2012 Año 202° y 153°
El Orectar E,ecutivo de la Fundación Centro de Estudios sobre Crecmiento y Desarrollo de la Pcblac.ćn Venezolana (FUnDACREDESA). Cudadano Franklin Antonio Matute Parra.
fitular de la Céduia ce Idenbdad N° V-11,407.942. designado mediante Oficro N° PRES/480/2011 de fecha 01 de dicembre de 2011, en ejerció de las atnbucones confendas en el i.leral f) del articulo 1 de la Providencia Adminstrativa N° 014 de fecha 01 de d'Ciembre de 2011. pubbcada en la Gaceta Oficai de la República Bolvanana de Venezueia N° 39 819 de fecha 13 de diciembre de 2 011, en concordancia con lo estab'ecdo en el Articulo 10 de la Ley Conlratacones Públicas.
DECIDE
ARTicuLo s. Reformar la Comisión de Contrataciones de la Fundación Centro de Estudios sobre Crecim.ento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA). la cual estará integrada por tres (03) membros pnncipales y sus respectivos suplentes, en representación ce las áreas juridicas, técnica y económica-financiera. conforme se señala a continuación.
ÁREA EMBROS SUPLENTES MIEMBROS PRINCIPALES Legal Alberto Lépez Meryolis Garndo C.1 V-16.023 753 C.I. V-16.888.670 Nairobi Vargas Técnica Manelys Mendoza C1 V-14.335 955 C.I. V-19.370 439 Sonia Gil Ada Villamizar Económica-Financiera C.I. V-8.978.570 C.l. V-16.540.449
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ARTiCuLO 2. Desgnar a la cudadana Jenny Cristina Mejia Gallardo, btular de la Céduta de Idenbdad N° V-13.452.459. como Secretana de la Comisión de Contrataciones. quien tendrá derecho a voz, más no a volo ARTicuLo 3. La secretana de la Comisión de Contrataciones, tendrá à su cargo las siguientes funciones 1 Convocar y coordinar las reun:ones de la Comrsión de Contrataciones, asi como tos actos públicos llevados a cabo por la Comisión de Contrataciones 2 Levantar el acta que a cada acto corresponda. asi como bevar el control de su archivo y formar los expedientes de los procesos de contrataciones.
3 Elaborar los informes de contrataciones que sean necesanos para la conformación los miembros de la Comisión de Contratacones.
4 "Llevar el registro, control y custodia de los expedientes de contralacones públicas de acuerdo a lo establecido en la normas:va vigente, asi como el control de su archivo 5 Presentar ante los membros de la Comusón de Contrataciones, las propuestas de 6 Recibr las oomunicacones temas o extemas, cuya tramitaoón corresponda a la Comisión de Contrataciones Tramtar las soliofudes de copias simples y certificadas. de los documentos que integran los expedientes de contrataciones 8 ejecución de las deasones de la Comisión de Contratacones 9 Veiar por el cumplimiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Comisuón de Contratacones 10 Las demás que le sean asignadas por la Comisión de Contrataciones ARTicuLO 4. La Comisuón de Contratacones garantizara el cumplimento de los deberes y
ARTiCULO 5. Se deja sun efecto ia Provdenca Administrativa N° 001-2012 de fecha 11 de enero de 2 012. pubicada en la Gaceta Oficia' de la Repúbica Bolvanana de Venezuela N° 39 843 de fecha 16 de enero de 2 012 ARTiculo 6. La presente Provdenaa Administralva entra en vgenca a parur su publicación en Gaceta Ofiaal de la Repúbica Bolvanana de Venezuela.
Comuniquese y publiquese conforme a lo cispuesto en el articulo 15 del Reglamento de ia Administrativos ANTRÓP. FRANKLIN ANTONIO MATISTE PARRA Orector Ejeculivo FDACRES Providencia Administrativa N° 0t4 de !echa 2011, publicada en la Gacela Oficial de la República Bolivanana de o 39 819 de fecha 13 de doembre de 2011
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL.
Caracas, catorce (14) de junio de dos mil doce (2012) Ano 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
DENUNCtANTE: MARIA DEL CARMEN PULIDO, venezolana, mayOr de edad y ttular de la cédula de ident dad N° V-5.892.043.
APODERADOS JUDICIALES DE LA DENUNCIANTE: No constan apoderados judiciales constituidos en autos.
DENUNCIADA: GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS, venezolana, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.688.648. en su carácter do Jueza Primera de Primera Instancia!de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes de la Circunscipción Judicial del Estado Guárico.
CONSULTA QBLIGATORIA: Sentencia TDJ-SID-2012-75 de fecha trece (13) de PONENTE: DR. ADELSO A. GUERRERO OMAÑA.
Conoce este órgano jurisdiccional en alzada el presente asunto proveniente del Tribunal Disciplinario Judicial, en razón de la consulta obligatoria de la decisión N° TDJ-SID-2012-75 de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), en la cual decretó ei sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS, por su actuación como Jueza Primera de Primera Ninos. Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de conformidad con el articulo 60. numeral 1. del Código de Ética del Juez Venezolano y La Jueza Venezolana.
ANTECEDENTES
Se nicia el presente procedimiento en virtud de la denuncia interpuesta ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en fecha primero (1°) de noviembre de dos mil .once (2011). por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO;
-¿Rpuas, en su carâcter de Jueza Primera de Primera Instancia de Méeiación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adplesdentes dea Circunscipción Juial del Estado Guárico.
^.
Arguye la denunciante que le solicitó a la jueza denunciada que le fijara un régimen de visita provisional. en virtud de no permitirsele ver n: comunicarse con sus tres hijas. Que hasta el dla treinta y uno (31) de octubre de dos mil once denunciada le ha proveído expeditamente su solicitud. Que nota un retardo procesal en los oficios solicitados por ella. Que la jueza denunciada actúa de mala fe al equivocarse en el of.cio y al omitir que la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO era correo especial.
Acompaña con su escrito de solicitud, escrito exponiendo las razones de su denuncia; copia de su cédula de identidad:; oficio en original signado con el N° J42OFO2011003339 de fecha 21 de octubre de 2011, emitido por el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Ninos. Ninas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dirigido al Director del Sistema Automatizado de Identificación, Migración y Extranjerla (SAIME).
mediante el cual solicita que le sea informado a la brevedad posible, la dirección exacta del domicilio del ciudadano QUINCO JOSÉ GENNARO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.625.357: oficio en original signado con el N° Ji42OFO2011003339 de fecha 21 de octubre de 2011, emitido por el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Ninas y Adolescentes de la Circunscripción Jucicial del Estado Guánico, dirigido al Director del Sisterna Automatizado de Identificación, Migración y Extranjeria (SAIME), mediante el cua' solicita que le sea informado a la brevedad posible, la dirección exacta del domicilio del ciudadano QUINCO JOSÉ GENNARO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.892,043. y la copia simple de tales oficios:
onginal de! comprobante de recepción de documento de fecha tres (03) de octubre de dos mil once (2011), en el cual se deja constancia que la denunciante solicita copias simples y asimismo solicita que se notifique al Consejo Nacional Electoral para que informe la dirección del demandado; copia simple de oficio N* Jl42OFO2011003084, emitido por el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Ninos, Niñas y Adoiescentes de la Circunscnpción Judicial dei Estado Guárico, ding:do al Director del Hospital Miltar, a los finés de..
solicitante remitir a ese tribunal el expediente médico de la denunciante: copia simpie de oficio N° J142OFO20t1003083, emitido por el Tribunal de Mediación.
Circunscripción Judicial de! Estado Guárico, dirigido al Director del Hospital Lidice, a los fines de solicitarle remitir a ese tribunal el expediente médico de la denunc:ante. copia simple de oficio N° Ji42OFO2011c03082, emitido por el Tribunal de Mediación, Suslanciación y Ejecución de Protección de Ninos. Ninas y Adolescentes de la Circunscnpción Judicial del Estado Guárico, dirigido al Ministero Público, a los finos de solicitar!e se sirva informar de la apertura de una posible averiguación a la Ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO; original del comprobante de recepción de documento de fecha seis (6) de octubre de dos mil once (2011). en el cual se deja constancia que la denunciante solicita a la juez denunciada se sirva fijar un régimen de visitas provisional, acompaña copia simple de la diligencia y el auto del tribunal de fecha trece (13) de octubre de dos mil once (2011), en el cual informa que se .ordenada para las niñas; asimismo, consigna en original diligencia de esa misma echa, en la cual solici la se le designe correo especial.
.7 En' fecha primero (1°) de noviembre de dos mil once (2011). la olicina de En fecha pnmero (1°) de diciembre de dos mil once (2011). la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO, consigna escrito de pruebas.
En fecha nueve (09) de diciembre de dos m:l once (2011). la oficina de elaborar el informe sobre la procedencia o no para abnr el procedimiento disciplinario. En esa misma fecha, la oficina libra oficio N° CDJ/OS 00310/2011 de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil once (2011), dirigido al Juez Rector de
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la Circunscipción Judicial del Estádo Guárico, a los fines de que remita copias actificadas def expedienteidentificado bajo el N° JP41-V-2011-000217 pdaneciente a la nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia de -Medlación, Sustanciación yEjecución de Protección de Ninos, Niñas y Adoiiscentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
B fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), se recibió oficigu ob-2012, de fecha diez (10) de enero de dos mil doce (2012), emanado pel Juez Rectpr de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en la cual rerté cópia éerti@icada del expediente solicitado por la oficina de sustanciación.
En.fecha trece (13) de febrero de dos mil doce (2012), la oficina de sustanciación emite el informe correspondiente y remiten la causa al Tribunal Disciplinario" Judicial. En esa misma fecha se libró oficio.
En fecha veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012), el Tribunal Disciplinario Judicial da por recibido el asunto.
En fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal Disciplinario Judicial admite la denuncia interpuesta y decreta el sobreseimiento de la investigación seguida a la ciudadana GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS.
Asimismo, ordena la remisión de la causa a la alzada a los efectos de la consulta obligatoria, previa notificación a las partes.
:2 En fecha veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012), el Tribunal Disciplinario sidicial ordena remitir las actuaciones a esta alzada. En esa misma fecha se libró di oficio.
Por recibido en esa misma fecha por esta Corte Disciplinaria Judicial, se designó ponente al Juez Adelso Guerrero, quien con tal carácter suscribe.
DE LA COMPETENCIA
A los fines de determinar la competencia de esta Corte Disciplinaria Judicial para conocer de las consultas de sentencia que emitan pronunciamiento sobre sobrescimiento, conviene referirse ai artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Al respecto dicha disposición normativa, establece:
Articulo 60. El Tnbunat Disciplinanio Judiciai decratará el sobreseimiento de la investigación, cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribulrsele al V juez denunciado o jueza denunciada.
2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
. La muerte del juez o jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinario Judicial decrete al'.
sobreselmiento de la Investigación, tendrá consulta obligatoria ante la Corte Discipiinarla Judicial, dentro de los cinco dias de despacho siguientes. (Negrilla y subrayado de esta alzada).
En consecuencia, en aplicación de la norma antes transcrita y por tratarse el presente asunto de una consulta obligatoria de la decisión del Tribuna!
saguide e le ciudadana GLADYS JOSEFINA SANCHEZ ROJAS", resulta clara la competencia de la Corte Disciplinaria Judicial en el conocimiento de la consulta planteada. (Negrillas del texto).
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Y
Cofresponde el conocimiento del presente asunto a esta alzada en razón de la consulta obligatoria en ocasión al decreto de sobreseimiento de la investigación de la ciudadana GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS. pronunciado por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), en virtud de la inexistencia de los hechos por los cuales fue iniciada la investigación del proceso disciplinario, de conformidad con el numeral primero del articulo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Antes de dilucidar el fondo de la consulta planteada, conviene determinar la naturaleza del fallo. En este sentido, se observa que el Tribunal Disciplinarin los siguientes términos:
"Siendo la oportunidad para admitir o no la presenta denuncia, verificados como han sido los requisitos de procedencia de la misma, y revisados las causales de inadmisibilidad contenidas en el articu o 55 del Código de Ésica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, este TribunalDiscipfinario Judicial pasa realizar las siguientes c El articulo mencionado ut supra, establece taxativamente las causales $ de inedmisibdad de la denuncia, en los siguientes términos:
°Artfículo 55 .VELA Admisibilidad de la denuncia Recibida la denuncia, la Oficina da Sustanciación la administra el prima dia habil siguiente a la recepción y le remitir al El Tribunal Diaciplinario Judicial no admitirá la denuncia cuando:
1. De los recaudos presentados no se pueda determinar le existencia del hecho objeto de le denuncia.
2. La aoción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada le cosa juzgada.
3. La muerte del juez o jueza.
Del auto que no admita la denuncia, se le notificará al denunciante o a la denunciernto, quien dispondrá de cinco dias hábiles contados a partir de su notificación, para apelar de la misma ante la Corto Disciplinaria JudiclaP Con base af artículo anteriormente señalado, este Tribunal, venitico los requisitos de procedencia de la denuncie interpuesta, y revisó las causales de inadmisibilidad contenidas en al Código ejusdem, por lo tanto, se ADsiTE cuanto ha luger en derecho la presente denuncia".
Continúa el falo:
El Codigo da Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en su artículo 60 selfinle:
"Arfículo 60 El Tribunal Disciplinario Judici el decrelará el sobreseimiento de la investigación cuando:
1. El hecho abjoto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al juez denunciado o jueza denunciada.
$\}$ 2. Le acción disciplinaria he prescrito o resulte acreditada la cosa juzgada.
3. La muerto del juez o jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinano Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendra consulta obligatoria ante le Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dies de despacho siguientes." (Rasaltado nuestro) Como se desprende del artluulo arribe transcrito, existen unos supuestos finafivos en nuestro Codigo, que establecen el momento en el cual opera el sobreseimiento de le causa, generando como consecuerpie que la ocurrencia da alguno de éstos, imposibilite le iniciación dol proceso, o si el mismo ye se le dio inicio, trae como resultado la terminación o la suspensión de éste.por la falta de elementos que permitirán la aplicación de la norma disciplinaria. En el caso de marras, este Tribunal Disciplinerio Judicial considera que, enalizade como han sido las actuaciones producidos por le actividad investigativa estada por la Oficine de Sustanciación, se pudo determinar la inexistencia de la comisión de los hechos denunciados, imposibilitando en consecuencia la continuación del proceso pare la deleminación de responsabilidad disciplinaria judicial a le ciudadana GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS.
En este mismo contexto, a la luz del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, sa entiende por sobreseimiento el euto que se dicta una voz cuiminadas las investigaciones por determinarse la ocurrencia de los supuestos previstos en le norma para su producción. sobreseimiento ciara el proceso de forme definitiva a irevocable respecto a esa persona y produce los mismos efectos quey.
\una sentencia absolutorie, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Asimismo, el sobreseimiento es, en el proceso, la resolución judici que, an foma de auto, puede dictar el juez después de la lase de nvestigación, produciendo la terminación o la suspensión del proceso por falta de olemantos que permitirien le aplicación de la noma disciplinaria al caso, de modo que no tiene sentido proseguir con là. 3.
$ ceusa.
Pues bien, la referida Sala de Casación Penal, en sentencia N° 514, de fecha 8 de #gosto de 2005, ha expresado:
"...El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, lode nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado..." (Resaltedo nuestro) En estemismo sentido, los tretacistes JAIME MEJIA OSSMAN y SILVIO SAM SARTIN QUIÑONES RAMOS, especialistas en derecho disciplinario, es su lIbroPROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, establecen lo siguiente:
"..pare "abrir investigación disciplinaria" es menester tener las pruebas suficientes que permitan "no duder de su procedencia"; sólo ello se lograr si se verifica, como mínimos insistiendo, si la conducta ocumió, si ella constituye falta disciplinaria; si el implicado actuó el amparo de une causal de exclusión da rosponsabilided y si so identificó o individualizó "... El operador disciplinario dará por terminado al procedimiento cuando exista plena prueba de que la actuación disciplinaria no pode iniciarse (muerte, prescripción, resclución de la duda, cosa juzgede, (avorabilidad, atipicidad, inexistencia del hecho) o no podrá proseguirsa el aparecer en el curso de le investigación cualquiera de las razones de mprocedibilidkad de iniciación..." (Pagine 383). Subreyado nuestro.
$ Por su parte, Salà de Cesación Penal del Tribunal Supremo de Justicia median de sentencia N° 127, de fecha 8 de abril de 2003, señalo:
.cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribulrsele al imputado; (...) cuando le acción se ha axtinguido o resulta acreditada la cosa juzga de; cuando e pesar da le falla de cerleze, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haye beses pare soliciler fundadamente el enjuiciamiento dal imputado; y cuando asi lo establezca expresamente este Codigo, el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada..." (Resallado nuestro) De esta forman, la referida Sala en sentencia N° 368, de fecha 10 de agosto de 201D, fha fijado lo sucesivo:
.. cuando et proceso penal se desarrolla en forma completa concluye con una sentencia definitiva, qua condene o absuelve al imputado, Paro no siempre el proceso lega a asa elapa fines, sino que, en muchas
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ocasiones, en consideración a causales de naturaleza sustancial prosecución, sa concluye anticipadamente, en foma definitiva. La de esta manera, constituye el sobreseimiento..." De la jurisprudencia exterior, y conforme con lo establecido en el informe emitido por la Oficine de Sustanciación, de fecha 13 de febrero de 2012, el cuel riela a los folios doscientos treinta (230) al doscientos treinta y siete (237) de le pieza dos (2) del presente expediente, se :
observa claramente que existe un encuedremiento en la causal taxetiva 3}$ !del numeral 1 del artículo 60 del Código de Ética del Juez Venezolano y . la Jueza Venazolana, en virtud de la inexistencia de los hechos por los ;
amiba señalado. Asi se declara.
Dětexto transcrito se observa que el Tnbunal Disciplinano Judicial, por una page, admitió la denuncia interpuesta, de conformidad con el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, pues, a su juicio, no se encontraba dentro de alguno de los supuestos de inadmisibilidad. Sin embargo.
por otra parte, en el mismo cuerpo decisorio, decreta el sobreseimiento de la Investigación por cuanto en el caso de marras, a criterio del Tribunal, los hechos denunciados que dieron origen a la apertura investigativa del proceso disciplinario a la ciudadana GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS no se realizaron, de conformidad con el ordinal primero del articulo 60 eiusdem, Asl, en la dispositiva del fallo, primeramente, admite la denuncia interpuesta por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO y. en segundo lugar, deCreta el pbreseimiento de la investigación.
este sentido, observa esta Corte que el fallo consultado, Integra e E inmjtablemente, admite la demanda y sobresee la investigación seguida en contra a juez denunciada. Es decir, en el mismo texto emite dos pronunciamientos: el de pémero, referido a la admisibilidad de la denuncia, cuyo trámite siguiente es la citación del juez denunciado o jueza denunciada para la continuación de la fase por causales sustanciales determinadas en la ley. pone fin al procedimiento de manera definitiva y cuya decisión adquiere autoridad de cosa juzgada. Ergo, se trata de dos decisiones que conllevan un trámite procesal diferente y consecuencias juridicas disímiles y, por ende, son decisiones autónomas e independientes, por lo que ambas figuras -sobreseimiento y admisión- son exclusivas y exciuyentes, resultando incompatibles entre si.
Así las cosas, resulta prudente para esta alzada advertir que una vez recibido ei informe de la oficina de sustanciación, el órgano jurisdiccional de primera instancia disciplinaria debe examinar, previo a cualquier otro análisis, los supuestos de admisibilidad de la denuncia interpuesta. En este sentido, deberá declarar admisible la denuncia cuando el caso en consideración no se subsuma en alguno - dejios supuestos contenidos en el articulo 55 del Código de Ética del Juez : Velpezolano y la Jueza Venezolana, y continuar con la fase cognoscitiva dey prpõeso. Contranamente, deberá declarar la inadmisibilidad de la denuncia si se confpura en alguno de los ordinales contenidos en la norma supra. Ergo.
primeramente, se deben estudiar los presupuestos procesales y los reguisitos exigidos para ejercer la acción, los cuales atentan !a necesaria observancia por parte del órgano jurisdiccional en razón de resultar la admisibilidad una norma de interés público, a los fines de garantizar la sana administración de justicia, e! debido proceso y la tutela judicial efectiva Ahora bien, de acuerdo a la ley que rige ia materia disciplinana en nuestro ordenamiento jurídico, las causales de inadmisibilidad y sobreseimiento tenen estrecha similitud. As, reza el articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana:
Articuto 55. Recibida la denuncia. la Oficina de Sustanciación la administra el primer día hábil siguiente a fa recepción y la remitirá al Tribunal Disciplinario Judicial.
El Tribunal Disciplinario Judicial no admitirá la denuncia cuando:
1. De los recaudos presentados no se pueda determinar la existencia del hecho objeto de la denuncia.
2. La acción disciplinana ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juez o jueza.
Del auto que no admita la denuncia, se le notificará al denunciante o a la denunciante, quien dispondrá de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, para apelar de la misma ante la Corte Disciplinania Judicial.
Asimismo, el artículo 60 eiusdem establece:
60. El Tribunal Articulo Disciplinanio Judicial decretará sobreseimiento de la investigación, cuando:
1. Ei hecho objeto del proceso no se realizó o ho puede atribuírsele al juez denunciado o jueza denunciada.
2. La acción disciplinaria ha prescrito o resulla acreditada la cosa juzgada.
3. La muerte del juez o jueza.
El auto razonado por el cual el Tribunal Disciplinaro Judicial decrete el sobreseimiento de la investigación, tendrá consulta obligatoria ante Corte Disciplinaria Judicial, dentro de los cinco dias de despacho ;
siguientes.
En efecto, de las normas citadas se observa que los ordinales segundo y tercafo..
de ambos articulos contienen, innegablemente, la misma letra y sentido, por lo que Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana contiene dos escenarios: el primero, ordena la norma que se decretará el sobreseimiento cuando ei hecho que dio origen al proceso no se consumo y, segundo, de haberse ejecutado, no le es imputable al juez o a la jueza contra quien recae la denuncia.
En tanto, el articulo 55 eiusdem, consagra el supuesto según el cual se debe evidenciarse que el hecho denunciado como illcito disciplinano se materializó, situación ésta que guarda intima relación con el primer supuesto que configura el ordinal primero del artículo 60 del instrumento normativo mencionado supra. En consecuencia, la sola diferencia entre las causales de Inadmisibilidad y . sobreseimiento, estaba en el segundo supuesto contenido en el ordinal primero de , esfa última figura, cual es la falta de atribución del hecho disciplinario al juez denunciado o a la jueza denunciada.
En el caso de especie, el órgano judicial admitió la denuncia por no existir alguna causal legal que conllevará a Ic, contrano, es decir, que de los recaudos presentados no se pueda determinar la existencia del hecho objeto de la denuncia;
que la acciór disciplinaria ha prescrito; que resulta acreditada la cosa juzgada o, 1a muerte del juez o la jueza. Sin embargo, en la misma providencia, sobreseyó la investigación "en virtud de le inexistencia de los hechos por los cuales se inició la investigación del presente proceso disciplinario a la ciudadane GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS".
A juicio de esta alzada, resulta contradictonio admitir la demanda por ausencia de la causales contenidas en ei articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, entre ellas, la inexistencia de los hechos objeto de la denuncia y. a la vez, sobreseer la investigación por la ausencia del hecho que dio 1ugar a la denuncia, es decir, por un lado, admite la denuncia por cuanto de los recaudos presentados se puede determinar la existencia del hecho objeto de la bachos por los cuales fue denunciada la juez. Ergo. se encuentra viciada la consultada por ser contradictona.
En este sentido, respecto al vicio de contradicción, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo N° 1C8. de fecha.
diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), reiterando el criterio sostenido en sentencia N° 18 de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil nueve (2009), al señalar.
..Sobre estos particulares, resulta necesario en primer término, reiterar en esta oportunidad, doctrina inveterada da esta Sala que respecto al vicio de contradicción previsto en el articulo 244 del Código de Procedimiento Civil, ha señalado que la misma debe estar contenida en el dispositivo del fallo, de lo cual resultaría que la sentencia no pueda ejecutarse o no se sepa que es lo decidido. No asume este vicio sólo por existir una incompatibilidad entre los activos y lo dispositivo, mucho menos si la contradicción tiene lugar solo en la carte motiva del fallo.
En conclusión, el vicio de contradicción (artículo 244 del Código de dispositivos del fallo sean de tal modo Inconcillables, que se haga > imposible su ejecución, o lo decidido sea ininteligible, púas la incompatibilidad entre los motivos y lo decidido, no constituye el vicio de contradicción prévisto en al articulo 244 del Código de Procedimiento Civil, alegado por los recurrentes en el presente caso, sino el vicio de motivación contradictona que se origine por infracción del ordinal 4" del articulo 243 del Codigo de Procadimiento Civil..". (Negnillas de (a Sala).
Asl pues, observa esta alzada, que el dispositivo del fallo es claro e inequívoco al declarar admisible la demanda y al decretar el sobreseimiento de la investigación, :o que genera una incertidumbre en la suerte del proceso, bien en su continuación —citación de la juez denunciada- o en su terminación -extinción del proceso-, lo que imposibilita conocer cuál de esos dos mandamientos debe dársele cumplimiento.
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Ahora bien, la consecuencia al detectarse algún vicio de forma es el contenido en los artículos 244 y 209 del Código de Procedimiento Civil, el cual no es otra que la nulidad del fallo dictado. Al respecto, estabiece ei articulo 244 de ese instrumento:
Articuio 244. Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el articulo antenor; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapelita. (Negrilla y subrayado de esta alzada).
:1 En consecuencia, vista que la consultada es contradictoria, resulta forzoso para esta alzada declarar la nulidad del fallo de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012). de conformidad con el articulo 244 del código de Proced.miento Civil.
Y ASI SE DECLARA,
Por su parte, el articulo 209, dispone:
Articulo 209. La nulidad de la sentencia definitiva dictada por el Tnbunal de la instancia infenor, que se halle viciada por los defectos que indica el artículo 244, sólo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación, de acuerdo con las reglas propias de este medio de impugnación. La declaratoria del vicio de la sentencia por el Tnbunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de ésta, y el Tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio. Esta disposición no se aplica en los casos a que se refiere la última parte del articulo 246.
PARAGRAFO ÚNICO.—Los Tribunales Superiores que declaren el vicio de la sentencia de los infenores, apercibirán a éstos de la falta cometida y en caso de reincidencia, les impondrán una multa que no sea inferior a dos mil bolivares ni exceda de cinco mil. (Subrayado y Negrillas de la Corte).
De este modo, por estar viciado ei fallo consultado por uno de los supuestos contenidos en el articulo 244 de la ley civi adjetiva y, consecuentemente, al haberse determinado la nulidad de la decisión, es por lo que esta Corte, en consideración a los razonamientos antes expuestos. pasará a pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada.
Arguye la denunciante, que le solicitó a la jueza denunciada la fijación de un régimen de visita provisional, en virtud de no permitirsele ver ni comunicarse con (2011) no le habla dado respuesta, a diferencia de su cónyuge. a quien la jueza denunciada le ha proveldo expeditamente su solicitud. Que nota un retardo / procesal en los oficios solicitados por ella Que la jueza denunciada actúa de mala fe aNequivocarse en el oficio y al omitir que la Cudadana MARIA DEL CARMEN. PULIDO DE GENNARO era correo especial.
Asi: se observa del escrito de denuncia, que la ciudadana MARiA DEL CARMEN. PULIDO DE GENNARO. demanda el retardo procesal de la jueza GLADXS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS en vanas de sus diligencias, a saber: a) solicitud de régimen de visita; b) solicitud de tres (3) oficios y; c) soficitud de designación de correo especial para llevar los oficios al Consejo Nacional Electoral.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de régimen de visitas, consta en autos las siguientes actuaciones: diligencia de fecha seis (6) de octubre de dos mil once (2011), suscrita pOr la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO.
en la cual solicita que le sea fijada un régimen de vista provisional. Al respecto, tal pedimento fue proveldo por el Tribunal de la causa en fecha trece (13) de octubre de dos mil once (2011). señalando que se pronunciarà sobre lo solicitado una vez conste en autos la evaluación psiquiátrica ordenada para las niñas de autos.
En \Yfecha nueve (09) de noviembre de dos mil once (2011). se anexa al exp¿diente, "INFORME TÉCNICO INTEGRAL", correspondiente al ciudadano QUINCO JOSÉ GENNARO GONZÁLEZ y a las infantes, identidad omitida de conformidad con el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños.
Ninas y Adolescentes.
En fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011). la Fiscal Décima (10*) del Ministeno Público Especial para la Protección de Niños, Niñas. Adolescentes, Civid e Instituciones Familiares de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, ratifica el pedimento de la Ciudadana MARIA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO y pide que se le fije dicho régimen provisional mientras se decide en la definitiva En fecha veinticuatro (24) y veinticinco (25) de noviembre de ese mismo año, la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO, exige que le sea acordado el régimen de visitas.
E Tribunal de la causa, en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (011). emite un auto fijando la oportunidad para olr la opinión de las infantes, de Nias y Adolescentes, respecto la solicitud de régimen de convivencia familiar..En fecha) primero (1°) de diciembre de ese mismo año, se evacuadas dichas opiniones.
Posteriormente, en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil once (2011). e!..
Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecucićn de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dicta auto en el cual se abstiene de fijar el régimen provisional solicitado, pues, a su decir, en la sentencia que declaró con lugar el divorcio, fue establecido el régimen de convivencia familiar asi como las demás instituciones familiares.
solicitudes reiteradas de régimen de visita provisional a favor de la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO, fueron proveIdas oportunamente.
En efecto la primera solicitud de fecha seis (06) de octubre de dos mil once (2011), fue respondida en fecha trece (13) de octubre de ese mismo año. Las solicituões de facha once (11), veinticuatro (24) y veinticinco (25) de noviembre de ese mismo ano, fueron sustanciadas en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011). Y, en fecha ocho (C8) de diciembre de dos mil once (2011), dicta auto mediante el cual se abstene de decidir el pedimento de régimen de visita provisional. En consecuencia, se observa que si bien el Tribunal no satisface la pretensión de la solicitante, emilio pronunciamiento en un lapso razonable a fos reiterados y constantes pedimentos manifestado por la ciudadana MARíA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO, por lo que mal pudiera configurar un retardo procesal la pronta respuesta de este órgano jurisdiccional.
En cuanto a fos oficios sol:citados por la solicitante, se observa que en fecha trece (13) de octubre de dos mil once (2011), la denunciante solicitó Información de la dirección del colegio y liceo de las hermanas, identidad omitida de conformidad con el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Nifños, Niñas y veintiuno (21) de octubre de dos m:l once (2011) al acordarse su solicitud y librar los oficios respectivos a las autoridades respectivas. Asimismo, en fecha siete (07) de noviembre de dos mil once (2011). se observa que el Tnbunal de la causa acuerda Iibrar nuevo oficio al Director del Sistemna Automatizado de Identificación, Migración y Extranjeria (SAlME), a fos fines de que informen el último domicilio del ciudadano QUINCO JOSÉ GENNARO GONZÁLEZ y designa correo especial aà solicitante a los fines de hacer entrega del oficio dirigida a esa autoridad.: Por .
tanto. no se evidenció. como lo dice la denunciante, que la ciudadana GlÃD.YS „JO$EFINA SÁNCHEZ ROJAS haya incurndo en un retardo procesal en, 1a tramitación de los oficios, pues, como se derivan de las actuaciones, la justiciableè recibió prontamente respuesta a su solicitud.
Por último, en cuanto a la solicitud de la designación de correo especial de la denunciante, esta Corte observa que no consta en el expediente diligencias en las cuales conste tal ped:mento y que fueran recibidas por el Tribunal de la causa. En efecto, so'o consta como anexo a la denuncia diligencia en original de fecha trece (13) de octubre de dos mil once (2011), suscrita en tinta negra, mas no consta de las copias certificadas traídas a la causa. Por el contrario, se observa que en fecha siete (07) de noviembre de dos mil once (2011), el Tribunal designa como correo especiaI a la Ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO.
En consecuencia, a cnterio de esta alzada, no se determina de las actuaciones traldas a fos autos, la presencia del hecho que originó de la denuncia, esto es, el presunto retardo procesal de la jueza denunciada en las providencias de régimen provi$ional de visitas, !os oficios solicitados y la designación de correo especial.
Por e contrario, la juez denunciada, de manera oportuna, dictó pronunciamiento a cad una de las peticiones de la denunciante, independientemente de la satisfacción de su pretensión. Ergc. considera esta alzada que esta situación se configura en el primer supuesto de :nadmisbilidad conten:do en el ordinal primero del articulo 55 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el cuat expresa:
Artículo 55. Recibida la denuncia, la Oficina de Sustanciación la administra el primer dla hábil siguiente a la recepción y la remitirá al Tribunal Disciplinario Judicial.
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El Tribunal Disciplinario Judicial no admitirá la denuncia cuando:
1. De los recaudos presentados no se pueda determinar la existencia del hecho objeto de la denuncia.
à Por consiguiente, al resultar Inasequible establecer la existencia del hecho denunciado como ilicito disciplinario, debe forzosamente esta Corte declarar INADMISIBLE la denuncia interpuesta por la ciudadana MARIA DEL CARMEN PLIDO DE GENNARO. Y ASI SE DECIDE.
Pof otra parte, esta Corte Disciplinania Judicial, de una revisión de las actas que conforman la presente causa, observa que la denunciante en fechas quince-(15) de noviembre de dos mil once (2011), veintinueve (29) de noviembre de dos fvil.
once (2011), primero (1°) de diciembre de dos mil once (2011), y ocho (08) de febrero de dos mil doce (2012). consigna escritos ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, sin estar asistida o representada por un profesional del derecho. En este sentido, esta Corte ya se ha pronunciado ante situaciones análogas según sentencia N° 2 de fecha primero (1°) de marzo de dos mil doce (2012), y estableció:
"Ahora bien, no obstante lo anteriormente expuesto, esta Corte Disciplineria Judicial, hace énfasis an la circunstancia que la representación o asistencia judici el en referencia, debe hacerse valer, en el procedimiento disciplinario regulado en el vigente Código de Étice del Juez Venezolano y le Jueze Venezolana, solo para aquellas actuaciones o solicitudes procesales distintas a la interposición de la denuncia que se realice en contra de un juez por la presente comisión de un hecho que pudiese ser susceplibla da alguna sanción disciplinaria \de las previstas en dicho cuerpo normativo, ello, atendiendo e las disposiciones contenidas en los articulos 53 y 54 eiusdem, las cuales, de manera precisa establecen que el procedimiento de investigación se legales, gerantizándosa asl la tutela judici el efectiva, el acceso a la justicia y el debido proceso de todos los ciudadanos".
Asimismo, según sentencia N° 3 de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), esta Corte reitera el fallo antes citado al señalar:
"En consecuencia, y en apego a la norme transcrita, esta Corte reitera el cnterio sostenido en su fallo N° 02 de fecha 01 de marzo de 2012, según el cuel el Tribunal Disciplinario Judicial deberà constatar si el denunciante, o parte intaresede, es profesional del derecho o. an su defecto, se encuentra asistido o representado por abogado; en ceso contrario, deberá solicitar de que designe apoderado o as:stencia jurídica".
Asi las cosas, se observa que, de acuerco al Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, basta la sola interposición de la denuncia sin el requerimiento de representación judicial o asistencia legal para el denunciante, sin embargo. para cualquier acto subsiguiente se hace necesario tal formalidad. Por consiguiente, esta alzada exhorta a todos los órganos que componen la Jurisdicción Disciplinara Judicial, a verificar y revisar exhaustivamente qugia persona que actúe como denunciante, interesado o denunciado, en casos'de que no'sea abogado, tenga acreditado el nombramiento de un ietrado par que lo represente o asista para aquellas situaciones o trámites posteriores la a interposición de la denuncia.
DECISIÓN Por las razones antes expuestas esta Corte Disciplinania Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivanana de Venezuela y por autondad de la Ley, declara: PRiMERO: RESUELTA la consulta obligatoria de la sentencia TDJ-SID-2012-75 de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012).
dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. SEGUNDO: NULA la sentencia TDJ- SID-2012-75 de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012) dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial. TERCERO: INADMISIBLE la denuncia interpuesta por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN PULIDO DE GENNARO contra la ciudadana GLADYS JOSEFINA SÁNCHEZ ROJAS.
Se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Disciplinario Judicial.
Librese oficio.
Publlquese, registrese y déjese cop:a.
Dada, sellada y firmada en la Secretarla de la Corte Disciplinana Judicial.
Caracas, a los catorce (14) dlas de mes de junio de dos mil doce (2012). Año 201 de la Independencia y 152 de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE,
YULYO UIMENEZ RODRIGUEZ JURZIAICAPRESIDENTE.
ADELSO A. GUERRERO OMAÑA Ponente
JUEZA,
ANA SECILIA QULUETA BOORIGUEZ
MARIANÈLA GIL MAGINEZ ul Malig, hace eonten gue deasingue anteed frublicd el der de hoy ue 4de fuinode Do12, Heu 17
ENEZUELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL.
Caracas, catorce (14) de junio de dos mil doce (2012).
Año 202° de la Independencia y 152° de la Federación.
Visto:
PARTE DENUNCIANTE: HÉCTOR VICENTE AZURTO, mayOr de edad, extranjero, titular de la cédula de identidad N° E.- 81.755.548 y la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, hoy representada por el MAG. JUAN JOSÉ MENDoZA, venezolano, mayor de edad, abogado, (tular de la cédula de identidad N° V.-9.499.372, en SU CaráCter de INSPECTOR GENERAL DE TRIBUNALES, designado por la Sala Plena del Tnbunal Supremo de Justicia, en reunión celebrada en fecha veintisiete (27) de junio de dos (mil cinco (2005). según consta de ada.publicada en Gaceta Oficial número 38.280. de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil cinco (2005).
PARTEDENUNCIADA: VIRGINIA VÁQUEZ GONZALEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-5.481.524, en su condicion de Juez Titular del Juzgado Primero de Pnmera Instancia en lo Civil, Mercanti. del Transito y Agrano de la Crcunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, gon sede en La Asunción.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DENUNCIADA: No constan apoderados judiciales constituidos en autos.
DECISIÓN RECURRIDA: Decisión de fecha doce (12) de abni de dos mil doce (2012). dictada por el Tribunal Disciplinario Judiciaten la causa número AP61-D- 2011-000050.
PONENTE: DR. ADELSO A. GUERRERO OMAÑA SENTENCIA: Definitiva.- Copoce este órgano jurisdiccional en izada del presente asunto provenierle del Tnbunal Disciplinario Judicial, en irtud del recurso ordinario de apelación interpuesto por la ciudadana MARiA EUGENIA MARTÍNEZ, - venezgiana, mayor de edad, de este domicilio, tituiar de la cedula de identidad N° delegación del Inspector General de Tribunales, según consta de Resolución Nt 01, de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mionce (2011). publicada en la.
Gaceta Oficial de la Republica Bolivanana de Ve nezuela, N° 39.8os-de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2d11). apeló parcialmente de la de dos mil doce (2012). en ei procedimiento seguido contra la ciudadana VIRGINIA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, en la caUsa húmero AP61-D-2011-000050 nomenclatura de dicho-Tribunal.
+- En fecha veintiuno (21) de junio de dos mil seis (200e). el ciudadano HÉCTOR VICENTE BAZURTO, mayor de edad, extranjero, titular de la céduia de Identidad N° E.- 81.755.548. suscribió escrito dirigido a la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, con e1 fin de hacer de su conocimiento una serie de hechos realizados por la ciudadana VIRGINIA VÁQuEz GONZÁLEZ, la cual fue debidamente recibida en fecha veintidós (22) de junio de dos mil siete (2007).
En fecha siete (07) de agosto de dos mil s ete (2007), la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, en virtud del contenido de la denuncia presentada.
acuerda abrir expediente disciplinario N° 070486. contra la ciudadana VIRGINIA VÁQUEZ GONZÁLEZ, antes identificada, en su condición de Jueza del Juzgado
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Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Transito y Agrano de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. don sede en La Asunción.
a En fecha quince (15) de octubre de dos mil &ete (2007), la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES comisIonó a la Inspeclora de Tribunales Soraya constancia de cualquier irregularidad que detectar. estuviese o no relacionada con el contenido del presente expediente. De la misma forma, se ordenó la nolificación de la Jueza denunciada En fecha veinte (20) de noviembre de dos mi siete (2c07), la Inspectora de Tribunales, ciudadana Soraya Montero Pardo consignó ante la Coordinación de la Región Oriental de la Inspectoria General de Tribunales, los recaudos correspondientes a la inspección especial realizada conforme a memorándum N° IGT-CAD N° 1863-07 de fecha quince (15) de octubre de dos mil siete (2007). en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo civil. Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Ndeva Esparta, con sede en La Asunción.
En fecha veintidós (22) de abnl de dos mil prez (2010). la INSPECTORiA GENERAL DE TRIBUNALES dicta acto Conclusvo dirigido a la Pres:denta y demás miembros de la Comisión de Funcionaniento y Reestructuración del Sistema de Juslicia, en relación con las actuaciones desplegadas por la cudadana de Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera nstancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción, mediante el cual solicita se declare con lugar la denuncia y sea aplicada la sanción de Destitución y declarada su responsabilidad respecto a la falta que da lugar a la sanción de Suspensión. En esa misma fecha se acordó la remisión del expediente disciplinario N° b70486 a la Comis:ón de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de usticia y se libró oficio.
En fecha treinta (30) de abril de dos mil diez (2010). el ciudadano Manuel Antonio Bognanno Palmares. en su carácter de Secretario de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia le dio entrada al expediente disciplinario N° 070486 proveniente de la Inspectoria General de Tribunales. asignándole el número 1.945-2010l y pasândole cuenta a los Comisionados.
En fecha treinta (30) de abril de dos milfdiez (2010). la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de usticia designó ponente.
En fecha seis (06) de mayo de dos mil diez (2010). la Comis:ón de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia fija audiencia ora! y pública en el presente procedimiento disciplinario, prdenándose las notificaciones respectivas.
En fecha dieciocho (18) do octubre de dos mil diez (2010). comparece ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia la ciudadana VIRGINIA VÁQUEZ GONZÁLEZ, antes identificada, quien consigna escrito de alegatos y promoción de pruebas, constante de nueve (09) folios útiles junto con anexos.
En fecha dieciocho (18) de octubre de dos(mil diez (2010). el ciudadano Manuel Antonio Bognanno Palmares, en su carácter de Secretario de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia agregó a los autos escrito de adhesión de la Fiscalla Sexagésima Cuara del Ministerio Público a nivel nacional con competencia en materia Disciplinana Judicial.
En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diez (2010). la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia reprograma la En fecha veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010). la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES dicta acto conclusivo dirigido a la Presidenta y.
demas miembros de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia, en relación con las actuaciones desplegadas por la ciudadana VIRGINIA VÁQUEZ GONZÁLEZ, antes identificada. en el desempenc de su cargo de Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera nstancia en !o Civil, Mercantil.
del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción, mediante el cual solicita se declare con lugar la denuncia y sea aplicada la sanción de Destitución y declarada su responsabiidad respecto a la falta que da lugar a la sanción de Suspensión. En esa misma fecha se acordó la remisión del expediente disciplinario N° p70486 a la Comisión de Funcionamienio y Reestructuración del Sistema de fusticia y se libró oficio.
En fecha treinta (30) de abril de dos mil diez (2010). el ciudadano Manuel Anlonio Bognanno Palmares, en su carácter de Secretario de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema do Justicia le dio entrada al xpediente disciplinario N° 070486 proveniente de la Inspectoria General de Inbunales, asignándole el número 1.945-2010 y pasándole cuenta a los Comisionados.
En fecha treinta (30) de abril de dos mil diez (2010). la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia designó ponente.
En fecha seis (06) de mayo de dos mil diez (2010). la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia fija audiencia oral y pública en el presente procedimiento disciplinario, prdenándose las notificaciones respectivas.
En fecha dieciocho (18) de octubre de dos m³i diez (2010), comparece ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia la ciudadana VIRGINIA VÁQUEZ GONZÁLEZ, antes identificada, quien consigna escrito de alegatos y promoción de pruebas, constante de nueve (09) folios útiles junto con anexos.
En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diez (2010), el ciudadano Manuel Antonio Bognanno Palmares, en su carácter de Secretano de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia agregó a los autos escrito de adhesión de la Fiscalla Sexagésima Cuara del Ministerio Público a nivel nácional con competencia en materia Disciplinaria Judicial.
En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diez (2010), la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia reprograma la audiencia oral y pública del presente procedmientô disciplinario, ordenándose las notificaciones respectivas.
Mediante auto de fecha diecinueve (19) de pctubre de dos mil diez (2010), la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Juslicia admitió las pruebas presentadas pOr la INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, saivo su apreciación en la sentencia definitiva.
En fecha veinte (20) de octubre de dos mi diez (2010). la juez denunciada consignó escrito de promoción de pruebas.
Mediante auto de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010). la Comisión de Funcionamiento y Reestrucuración del Sistema de Justicia admitió las documentales a las que se contrae el numeral -1 1" de los escritos de pruebas de fecha dieciocho (18) y veinte (20) de ctubre de dos mil diez (2010).
.presentadas por la jueza denunciada, cuanto ha Jlugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, saivo su apreciación en la sentencia definitiva, estableciendo en su parte final quq. respecto al resto de las documentales corresponderá su apreciación en la sentencia definitiva, conforme al prncipio de la comunidad de la prueba.
En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011). e Tribunal Disciplinario Judidal da por recibida la presente causa procedente de la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema de Justicia, ordenando anotar la en los libros y registros corres ondientes. En la misma fecha el mencionado órgano jurisdiccional se abocó di conocimiento de la causa, designando ponente y fijando un lapso para la reanudación del proceso, previa la notificación de las partes.
Notificadas las partes, mediante auto de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012). el Tnbunal Disciplinano Judicia estimó que la presente causa debia reanudarse en la etapa de AUDIENCIA, razón por la cual fijó la misma para el dia martes veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). a las diez de la mañana (10:00 a.m.). ordenando la coespondient@ notificación de las partes. En la misma fecha se libraron boletas de notificación.
Debidamente notificadas las partes, en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). se realizó la audiencia oral y pública; presente la juez denunciada y la representación de la INsPECTORlA GENERAL DE TRIBUNALEs, ambas partes ejercieron su derecho a palabra, así como el derecho a réplica y contra-epica. Finalizada la exposición de las partes y concluido asi el debate se retiraron los jueves a de liberar, fijando la reconstitución de la audiencia para el mismo dia a las cuatro de la tarde (4:00 pm).
Vueltos a la sala de audiencia de esta Jurispicción Disciplinana Judicial, el Tnibunal Disciplinario Judicial dictó el dispositivo de su fallo en el presente procedimiento, declarando la responsabilidad disciplinana de la jueza denunciada respecto a la causal que da lugar a la sanción de suspensión del cargo. imponiéndole la sanción de suspensión del cargo sin goce de sueldo por noventa (90) dias y absolviéndola respecto a la causa que da lugar a la sanción disciplinana de destitución. En esa misma oportunidad se dejó constancia de que ccn la lectura del dispositivo se tengan por notificadas a las partes.
En fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012), se dictó el fallo en extenso de la decisión adoptada por el Tnbunal Disciplinario Judicial en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). en la causa N° AP61-D-2011- 000050.
En fecha diecisiete (17) de de abni de dos(mil doce (2012). la ciudadana MARIA EUGENIA MARTÍNEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tripunales, dejo constancia de retirar copias sim les de la sentencia de fecha doje (12) de abril de dos mil doce (2012).
En fecha veinticuatro (24) de marzo de dos|mil doce (2012). la ciudadana MARÍA EUGENIA MARTINEZ, actuando por delegación del Inspector General de Tribunales, apela parcialmente de la sentencia definitiva publicada por el Tribunal Disciplinano Judicial en fecha doce (12) de abnl de (os mil doce (2012).
Mediante auto de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) el Tnbunal Disciplinario Judicial admitió el recurso de apelación ejercido por (a representación
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Lunes 9 de julio de 2012
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GACETA OFICLAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
de la INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALE$. ordenando la remiSIÓn de la causa a esta superioridad. En esa misma fecha se lpró oficio.
En fecha tres (03) de mayo de dos mil doce (2012). se recibió ante esta Corte Disciplinania Judiciai oficio N° TDJ-867-2012 de fecha dos (02) de mayo de dos mil doce (2012). emanado del Tnbunal Disciplioario Judicial, mediante el cual se remitió expediente N° AP61-D-2011-000050, en virtud del recurso ordinario de Judicial en fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012). En la misma fecha se designo mediante el sistema automatizado de gesión judicial como ponente del /presente caso al DR. ADELSO A. GUERRERO ON AÑA quien con tal carácter la suscîbe.
:= Mediante auto de fecha dieciséis (16) de maßo de dos mil doce (2012). esta_ 'Corte Disciplinana Judicial fijó oportunidad para la realización de la audiencia oral y pública para el día siete (07) de junio de dos mil doce (2012) a las dos de la tarde (2:00 p.m.). ordenándose las notificaciones respectivas. En la misma fecha.
se libró oficio al Tnbunal Disciplinano Judicial à los fines que remrtiera a la brevedad posible a esta alzada, copia del registro audiovisual de la audiencia de juicio realizada por esa pnmera instancia judicial en la presente causa.
En fecha veintitrès (23) de mayo de dos mil doce (2012), la parte recurrente consignó escrito de formalización del recurso ordinario de apelación ejercido.
En fecha tre nta (30) de mayo de dos mil doce (2012). la juez denunciada consignó escrito de contradicción a la formalización del recurso ordinano de apelación ejercido.
Debidamente notificadas las partes. en fecha siete (7) de junio de dos mil doce (2012). se realizó la audiencia oral y pública e segunda instancia; presente la representación oe (a Inspectoria General de Trpunales y la juez denunciada.
efercieron su derecho a palabra, a réplica y contra-replica. Finalizada la exposición de jas partes y concluido asi el debate, los jueces de esta instancia se retiraron a desberar, fijando la reconstitución de la audiencia para el mismo día a las tres y geinta de la tarde (3:30 p m ) Vueltos a la sala de audiencia de esta Juris icción Disciplinana Judicial, la Corte Disciplinana Judicial dictó el dispositivo de su fallo en el presente procedimiento. declarando PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la inspectoria General de Tribunales. contra la decisión dictada por el Tnbunal Disciplinano Judicial en fecha doce (12) de abnl de dos mil doce (2012).
en la cause número AP61-D-2011-000050. nomenclatura de dicho Tribunal.
mediante la cual se declaró la responsabilidad disciplinana de la jueza denunoada respecto a la causal prevista en el articulo 39, numeral 7. de la Ley de Carrera decidir, normativa vigente para el momento de a ocurrencia de los hechos.
subsumible actualmente en el ilícito disciplinario pre visto en el articulo 32, numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Juza Venezolana, mponiendole la sanción de suspensión del cargo sin goce de s@eido por noventa (90) dias. y postenormente, la absolvió del licito disciplinario previsto en el articulo 40.
numeral 13, de la Ley de Carrera Judicial, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos. SEGUNDO: RATIFICA el fallo dictado por el Tnbunal Disciplinano ¡Judicial en fecha doce (12) de abnl de dos mil dote (2012). en la causa número AP61-D-2011-000050. nomenclatura de dicho Trbunal.
Dejando finalmente constancia, del anuncio del voto salvado de la jueza ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ, y que el extenso de la presente decisión seria publicado el octavo (8°) dia de despacho siguiente a ese dia. en razón del voto salvado anunciado.
De igual forma, se dejó constancia de que qon la lectura del dispositivo se 1tenían por notificadas a las partes En este sentido, de conformidad con lo establecido con el articuio 87 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, esta alzada pasa a reproducir Integramente. el dispositivo proferido en la audiencia oral y pública, previa las siguientes consideraciones.
De la sentencia recurrida.
En fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). terminada 1a audiencia oral y pública referida a la causa N° APs1-D-2011-000050. el Tribunal Disciphnano Judicial dictó el dispositivo de su fallo.pubicando su texto integro en fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012). estableciendo, luego de realizar or relación sucinta de las fases del procedimiento. los hechos y argumentos de laslpartes, que "( ) la jueza denunciada finaiment dicto sentencia decretando la • perención de la instancia en fecha 31 de marzo de 2008 (alos 205 al 213 de la :pza 3) por cuanto el concubino de la parte actora no mpuisó el proceso luego de la muerte de ésta al no constar en el expediente las diligencias dinigijas a relirar y consignar el edicto de los haraderos desconocidos para la continuación de la causa." Más adelante en su decisión, el Tnbunal Disciplinario Judicial luego de citar los articulos 521 y 251 del Código de Procedimienfo Crvil. estableció que ( ) ía
jueza denunciada, luego de haberse reanudado la causa N° 20.484, no emitió el pronunciamiento decisorio conforme a lo establecido en el articulo 521 del Código de Procedimiento Civil, asto es, dentro de los sesenta (60) dias siguientes, ni tampoco dentro de los treinta (30) dias disponibles para su diferimiento justificado de conformidad con el erticulo 251 eiusdem." Que "(...) luego de reanudade le causa yno obstante las diligencias prasentades por las partes para lograr el pronunciamiento de la sentencia, en fecha 30 de julio de 2007 la jueza emitió un pronunciamiento, con casi dos (2) años de mora, mediante el cual tampoco reso vio la controversia de fondo sometida a su conocimiento ni justificó su demora en el pronunciamiento del fallo, sino que sa limitó a fijar la celebración de una audiencia conciliatoria, por les razones qua a su juicio fueron necesarias, tomando en cuenta que la causa se encontraba ye en etapa decisorio, como lo sdvirtic la propia juez denuncia de en el auto de abocamiento respectivo." Que "(...) no fue sino hasta el 31 de marzo de 2008 que se proliere la sentencia, debido a la circunstancia de la suspensión del procaso por la muerte da la parte actora, advirtiéndose un lapso de tiempo considerable en proferir et pronunciamiento decisorio, siendo que desde 2oo ya la jueza se había abocado el conocimiento da la causa y para el mes de marzo de 2005 -según lo expuesto por la Inspectorla y la propia jueza- la causa se había reanudado en etapa decisoria." Asl las cosas. explano de manera sucinta d Tnbunal Disciplinario Judicial una serie de argumentos y referencia de hechos aportados por la jueza denunciada, con el fin de justificar la demora en la realización de ia sentencia a que se hace referencia en el presente caso, estableciendo posteriormente que "(..) la asistencia a cursos acadêmicos, le presentación de exámenes o la alencón de digencias eminentemante persona los no presuponen per se un justificativo válido para difenr el pronunciamiento de la decisión de las causas, más aún cuando es entendible que un juez deba asistira determinadas actividades de Indole académica a los fines de actualizar o enriqupcer sus conocimientos o deba tender asuntos de Indole personal como cuelquier qtra persona, circunstancia ésta qua no lo axcura del cumplimiento de sus deberes rofesionales".
Contuinuó el a quo su análisis estableciendo que "(..) en cuanto a la falta de personal que asesores al juez an la tramitación y ppnunciemiento de los fallos, el elevado número de casos sometidos a su conocimiento, el requenmiento de elaboración de inventanos do causas por parte de la Sala de Casación Civil del Tnbunal Supremo de Justicia, la escasez de personal calificado para los trámites admunistralivos y de sustanciación, la necesidad de capacitación del personal, la reducción del horario destinado al despacho y la cefciencia de inmobiliario para archivar expedientes, reconoce es[e] Tribunal la diicullad con que muchas veces se enfrenta el juzgador en la Iramitación de los procesos, sin embargo. en el caso bajo examen se observa que la jueza denunciada (grdó un tiempo considerable en el pronunciamiento de le sentencia, tomando en cuenta que para le fecha en quo fjó la celebración del acto conciliatono -30 de julip do 2007- pudo, on su lugar, haber dictado et dispositivo de fondo que resolviera la controversia ($ic)-visto gue le causa ya se encontraba en etapa de sentencia y no incurnr en un mayor retraso para sentenciar la causa en cuestión, más aur cuando constaban en autos diversas solicitudes de las partes solicitando ol pronunciamiento decisono dol Inbunal a su cargo " Concluyendo fina'mente que (. ; la jueza denunciada Virginia Vâsquez incurrió on et dictó disciplinano provisto en el articulo 39 numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial at observar sin causo justifica de los plazos o términos logales para decide, normativa vigente pare el momento de ocurrencia de los hechos, subsumible actualmente en el licito disciplinario pr visto en ol articulo 32 numeral 1 del Codigo de Élica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que da lugar a la sanción de SUSPENSIÓN del cargo Asi se decio ". y establece que la sanción de suspensIÓn de la ciudadana VIRGINIA VÁSQUEZ GONZALEZ serà por un lapso de TRES (3) MESES sin goce de sueldo salario, ello en razón de no imposición de sanción disciplinana alguna con anterioridad al presente procedimiento En referencia a la imputación de haber dejado constancia de hechos que no ocurneron en la sentencia de fecha Ireinta y uno (β1) de marzo de dos mil ocho (2008). al revIsar el ilicito disciplinario mputado po la INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES a la jueza denunciada. previsto én el articulo 40, numeral 13 de la Ley de Carrera Judicial. et Tribunal Discipknaro. uego de explanar una sene de junsprudencias y textos doctrinarios. estableció que " ) se infiere que el derecho disciplinano constituye una manifestación punitiva del Estado y por tanto, debe estar fundado en los principios y valores constitucionales que garanticen el debido proceso y en consecuencia, el principio de legalidad y de favorabilidad en cuanto a la aplicación de las sanciones" Observo e' a quo. que en el caso de marras. a falta disciplinaria imputada a ia juez denunciada, consistente en hacer constar er la sentencia de fecha treinta y
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uno (31) de marzo de dos mil ocho (2008), hechos que no ocurrieron previsto en el artículo 40, numeral 13, de la Ley de Carrera Judicial, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos delatados, no se encuentra tipificada como illcito dsciplinanio en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por lo que considerò que dicha conducta dejó se ser única como un illcito disciplinario debido a la modificación legislativa y er consecuencia, al ser ésta una /condición más favorable para la jueza denunciada, proceda en consecuencia'taaplicación retroactiva de la ley más favorable. por lo que absolvió - la prenombrada ciudadana del ilicito disciplinario previsto en el articulo 40, numeral 13, de la Ley de Carrera Judicial.
Da los alegatos de la recurrente Apelado el fallo antes citado, remitida las actas a esta instancia superior, notificadas las partes y fijada la oportunidad de (a audiencia oral y pública, la delegación de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRBUNALES presentó su escrito de formalización a la apelación en los siguientes términos:
Alega la recurrente que la Inspectoria General de Tnbunales, en fecha veintidós (22) de abni de dos mil diez (2010), le imputó a la ciudadana VIRGINIA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, en su condición de Jueza Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercanbi, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, "la falta disciplinaria contenida en el ariculo 40 numeral 13 de la Ley do Camrera Judicial, vigente para : momento que ocumieron los hechos, por hecer constar en la sentencia dictada pof ella en fecha treinta y uno (31) de marzo d dos mil ocho (2oos), en el expediente judicial N° 20.484, dejar de relaciones h@chos que sucedieron, (sic) por guanto decreto, en fase de sentencia, la perención de la instancia, tomando en cuenta hechos falsos, dado qua afirmo (sic) que qn la causa no se habla dicho "vistos", siendo que para la oportunidad en que so abocó al conocimiento de la misma, esto es, el 2 de junio de 2004, señalo (sic) @expresamente que: "..la cause continuar o (sic) su curso en estado de sentencia..-.
Posteriormente, la recurrente establece que la recurrida para absolver a la Jueza, se sustenta en el contenido del articuio 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma qãe consagra el principio de irretroactividad de la ley. según la cual ninguna disposición normativa tendráà efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena, considerando que el derecho disciplinario como manifestación punitiva del Estado, debe estar fundado en los principios y valores constitucionales que garanticen el debido proceso y en consecuencia, al principio de legalidad y de favorab lidad en cuanto a la aplicación de las sanciones.
Asimismo, establece la delegación de laf recurrente, que el Tribunal Disciplinano Judicial consideró que el hecho imputado a la juez denunciada en base al contenido del articuio 40, numeral 13, de la Ley de Carrera Judicial, y/gente para el momento que ocurrieron los hechos, dejó de ser típica debido a una modificación legislativa y en consecuencia, ciendo esa una condición más favorable a la jueza denunciada, procedía la aplicación retroactiva de la ley más favorable.
Arguye la recurrente, que el órgano disciplinario judicial de primera instancia incurso en infracción de ley, al estimar que la conducta denunciada dejó de ser típica y que por ello se eliminaba a la misma el carácter de ilícito disciplinario, por Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, lo que en crteno de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES se traduce en que, si no se encuentra el equivalente de la norma derogada en la normativa disciplinana judicial vigente, la conducta delatada deberá considerarse como ética y disciplinariamente aceptable.
La delegación de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES estimó como errálica y alejada de la correcta interpretacion de las normas disciplinarias, la conclusión del Tnbunal Disciplinario Judicial re$pecto al caso de marras. por cuanto en su entero dicha instancia judicial, no se pronunció sobre el hecho imputado, es decir, sobre la conducta asumida por la jueza investigada, quen según sus dichos, dejó constancia de hechos falsos en su sentencia y con ello dictaminó la perención de la instancia, sin manifestar de forma expresa la recurrida, si la conducta de la jueza denunciada es ética y disciplinariamente aceptable.
Arguye la recurrente, que es errado estimar que lo equivalente es el ilicito per se, cuando lo procedente en derecho según su cnterio, es que lo subsumible o encuadrable en la norma disciplinaria es la conducta desplegada por el funcionario sometido a procedimiento y no el illcito como ta . destacando que el Tnbunal Disciplinario Judicial no apreció de forma alguna la conducta imputada, ni analizó los tipos sancionatorios establecidos en la normatra disciplinaria judicial vigente, sino que, sólo se limitó a señalar que tal conducta ro se encuentra lipificada como licito disciplinario debido a la modificación legislativa Insiste la recurrente en señalar que la recurrida incurrió en infracción de ley, al aplicar erróneamente el principio de retroacividad contenido en el artículo 24 de la Constitución Nacional y llegar a la conclusión que lo propio era despenalizar tal conducta sin atenerse a los preceptos disciplinarios contenidos en la ·normativa vigente, incluyendo igualmente en @i error de considerar que la ognducta en la actualidad en virtud de la mo ificación legislativa ahorares permitida.
En criterio de la recurrente, resulta un contrasentido que la recumida estime que bajo la figura de la despenalización se puedajavalar una conducta impropia, apertada de la verdad qua como norte busca todo juez, al dejar en su sentencia constancia de un hecho falso, de manera conscien e, con el propósito de decretar la perención de la instancia, obviando el Tribunal Dsciplinario Judicial su propósito y razón de ser, que no es otro que establecer los principios éticos que gulan la idoneidad de los administradores de justicia y preservar en todo momento la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial.
Alega la delegación de la recurrente, que el tribunal Disciplinaro Judicial no se pronuncieò sobre la conducta desplegada por la ueza denunciada respecto a la constancia en autos de hechos falsos, como lo fue afirmar que la causa no se encontraba en estado de sentencia, cuando si lo estaba, hecho reconocido por la jueza denunciada en la oportunidad de la audiencia oral y pública.
Que "(...) tan cierto es que el hecho tiene dascendencia disciplinaria, que en esta misma sentencia al Tribunal Disciplinario Judicial Senciono (sic) a la Jueza denunciada, por otra imputación, con suspensión sin goce de sueldo por tres meses del cargo, al considere qua inobservó (siq) el plazo que le indice la ley para dictar sentencia, y luego estime despenalizada la falsa atestación de la jueza, cuando dijo que la causa no se encontraba en fese de sentencia".
Comenta la delegación de la recurrente. que cuando el legisiador despenaliza una conducta es porque considera que la misma se convierte en lícita y permitida, arguyendo a su vez, que si bien es cierto que el ilícito disciplinario delatado no fue idénticamente tipificado en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, ello no significa que la conducta desplegada por la jueza no pueda ser sancionada, ya que el de per de la recurrida es buscar la correspondencia en las normas vigentes, pues no s justificable que la conducta impropia de la jueza quede despenalizada dentro de ámbito disciplinario.
Alega la recurrente que "(...) en el Ambito doctrinario y jurisprudencial, es conocido y bien manejado que los ilícitos disciplinarios, configuran normas de "tipos abiertos" o en "blanco", con cierto tipo de "indplerminación" lo cual no quiere decir que escape de le precisión y delerminación necesario para garantizar el derecho a la defensa del disciplinado" Estableció como corolario de lo anterior la recurrente, que planteado el contradictorio, el llamado por ley a determinar, a cerrar el tipo, a encuadrar o órgano de Inspección y Vigilancia, al que sólo le esta dado establecer y probar ios hechos constatados y realizar una solicitud de sandón.
Posteriormente, señala una serie de ejemplos de ilicitos disciplinarios genéricos, abiertos o en blanco, arguyendo que tanto las leyes derogadas, como la normativa disciplinaria judicial vigente aún las contienen, es el caso de la fundamenta su alegato referido a que la técnica legislativa, por ahora, sigue siendo la misma, razón por la que no puede esta Junisdicción sustraerse de su deber de determinar en cada caso el alcance de la conducta imputada.
Finalmente, la delegación de la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES trae a colación una jurisprudencia de la Sala Polltico Administrativa del Trbunal Supremmo de Justicia, en base a la cual delata como inmotivada la sentencia del Tribunal Disciplinario Judicial, solicitando finalmente se declare con lugar el presente recurso de apelación respecto al licito disciplinario contenido en el numeral 13, del articulo 40, de la Ley de Carrera Judicial, solicitando se anule la recurrida en ese particular por encontrarse el mismo, viciado de nulidad absoluta y se dicte una decisión con base a los elementos probatorios contenidos en el expediente.
De los alegatos de la ciudadana VIRGINiA VÁSQUEZ GONZALEZ, en su condición de Jueza denunciada:
En la oportunidad respectiva, la jueza denunciada respecto al vicio de infracción de ley e inmotivación, advirtió que el a quo para concluir lo relativo a la absolución de la causal contenida en el numeral 13. del artículo 40, de la Ley de Carrera Judicial, vigente para la ocurrencia de los echos, hizo un análisis previo del principio de irretroactividad de la ley y sus excepciones a la luz de la interpretación que hizo del articulo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Sala Constitucionsl de Trbunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1794 de fecha 23 de agosto de 20d4, donde según lo alegado por la juez denunciada, se explica el principio de favorapilidad, el cual en su criterio es perfectamente aplicable en esta materia, dado el carácter sancionatono y punitivo que la reviste.
Arguye la juez denunciada. que no puede señalarse de imoivada uma
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de la ley, junto a los principios de legalidad y seguridad juridica, los cuales/se erigen, en su criterio, como pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y de Justicia, en el que se inscribe el Estado Ven zolano. y de la misma forma, determinó con base al mencionado pnncipio de irretroactividad de la ley. la inexistencia del tipo legal en la legislación vigente. gon lo cual la favoreció Asi. continúa arguyendo la juez denunciada, que para determinar la procedencia de la sanción de destitución prevista en la legislación parcialmente derogada por el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, el juez disciplinario debe necesariamente califica la conducta disciplinaria y establecer dónde se subsumen los hechos denunciados como ilicitos, tanto en la normativa derogada por la legislación vigente, como en ésta donde pudo haberse previsto una disposición legal equivalente, siendo que en el caso que nos ocupa, el a quo considero que el ilicito denunciado no se encontraba previsto en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, siendo tal siluación observada por dicho tribunal como más favorable a la denunciada, que por primera vez resulta sancionada en su condición de uez de la República.
A mayor abundamiento, la juez denunciado se refinió a la jurisprudencia extranjera que trajo a colación el a quo a los fines de sustentar de mejor manera su fallo, indicando ésta, "(...) como garante dal rpfenido debido proceso resulla obligalorio el respeto del principio de favorabifidad, aun cuando a "la lay permisiva o favorable sea posterior" Expresa la denunciada que, siendo la Consitución la norma suprema del ordenamiento juridico, cuya integridad es obligatorio para los jueces de la República, proteger y acatar, "no puede resultar contrario a derecho garantizar la aplicación de los principios que la informan (sic)" Respecto a la inmotivación de la sentencia delatada por la parte recurrente, la juez denunciada al explanar sus consideración$ observó que: "(...) fos jueces disciplinarios de la primera instancia hicieron un análisis previo de los alega los de hecho y de derecho expuestos por ambas partes en la secuela procesal.. con lo cual cumplieron con el principio de exhaustividad de la sentencia. cuya infracción se deviene en la inmotivación (sic) del fallo al igua que cuando se incurre en un falso supuesto, lo cual no se ha producido en el precente caso, ya que cumple con los requisitos exigidos en el arfículo 243 del Capigo de Procedimiento Civif.
solicitando finalmente a esta Corte Disciplinaria Judicial asi fuera declarado.
De la competencia Con anterioridad a cualquier pronunciamiento. esta Corte Disciplinaria ordinario de apelación y a tal efecto observa lo siguente:
Establece el articulo 42 del Código de Êtica del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana ai referirse a la Corte Disciplinana Jodicial y sus competencias, 1o siguiente:
Articulo 42. Corresponde a la Corte Disciplnaria Judicial, como contra decisiones ys sean interlocutorias o definitivas. y garantizar la correcta interpretación y aplicación del presente Código y el resto de la normativa que gu rde relación con la idoneidad judicial y eldesempeno del juez venezolano y jueza venezolana. (Negnllas de esta alzada).
Desprendiéndose de la norma uf supra transcrita, la competencia de este conocer de los recursos de apelación que se intentaren contra las decisiones que de él emanen, debiendo garantizar la correcta int rpretación y aplicación de las normas disciplinarias vigentes y del ordenamiento juridico patrio.
Corolario de lo anterior, visto que en el aso de marras, la apelación realizada por la ciudadana MARÍA EUGENIA MARTINEZ, antes identificada, actuando por delegación del inspector General de Tribunales, es contra la decisión disciplinaria judicial, en fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012). en la causa número AP61-D-2011-000050, nomenclatura de dicho Tribunal. la cual declaró la responsabilidad disciplinaria de la ciudadana VIRGINIA VÁsQUEZ GONZÁLEZ, antes identificada, imponiéndole la sanción de SUSPENSIÓN de1 cargo que actualmente ostenta en el Poder Judical por un lapso de TRES (3) MESES, sin goce de sueldo o salario, y la absolvió del illcito disciplinario previsto en el artículo 40, numeral 13, de la Ley de CarreraJudicial, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, esta Corte Disciplinana Judicial, siendo congruente la situación fáctica de autos con la previsión legal vigente respectiva, se deciara competente para conocer del presente recurso de apelación. Y asi se decide.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ejercido el recurso ordinario de apelación contra la decisión sobre el mérito en la prer nta causa y llegada la oportunidad respectiva, la parte recurrente formalizó su recurso con miras a enervar el segundo particular del dispositivo del órgano disciplinario judicial de primera instancia, referido a la absolución declarada a la prenombrada juez denunciada, del ilícito discipinario previsto en el articulo 40 numeral 13 de la Ley de Carrera Judicial, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, consistente en hacer constar en cualquier actuación judicial hechos que no sucedieron o dejar de relacionar los que ocimieron, durante su desempeño como jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscnpción Judicial del Estado Nueva Esparta.
En este sentido, entiende esta Corte Discipliraria Judicial que, no existiendo de parte de la juez denunciada adhesión al recurso ordinario presentado, el (hema decidendum en la presente alzada se circunscribe a la legalidad de la decisión tomada por el Tibunal Disciplinano Judicial en tomo a la causal de destitución delatada por la parte denunciante contra la juez denunciada. Y asi se establece.
Asi las cosas, respecto al vicio de infracción de ley delatado por el recurrente en su formalización, al estimar que erd el órgano disciplinario judicial e imputó la Inspectoría General de Tnbunales y que por ello se "eliminaba" a la misma el carácter de ilicito disciplinario, por no encontrar su "equivalente" en el catálogo de normas previstas en el actual Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, por considerar que tal conclusión es alejada de la correcta interpretación de la norma disciplinaria, esta Corte Disciplinaria Judicial observa que pese a que el recurso tiene como finalidad cnervar la sentencia recurrida, debe esta Corte en razón del tema en discusión, constatar cuál fue la imputación pnmigenia realizada a la juez denunciada. En este sentido se observa:
De las actas que conforman el presente expediente, especificamente del acto conciusivo presentando por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES.
el cual corre inserto del folio doscientos veintitrés al folio doscientos cuarenta y .tres (1. 223 al f. 243) ambos inclusive, se desprende que dicho órgano solicitó se declarara con lugar la denuncia presentada y se impusiera la sanción de DESTITuCIÓN a la Juez denunciada, "(...) por haber dejado constancia de numeral 13 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial" Como fundamento fáctico de lo anterior, la NSPECTORÍA GENERAL DE TRrBUNALES, luego de realizar una narración pqmenorizada de las actas que conforman el expediente judicial N° 20.484, llevado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en io Civil, Mercantr, del Transrio y Agrano de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, arguyó que la juez denunciada, e.s fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil ocho (2008). dicto sentencia en la causa antes identificada, en la cual explanó lo siguiente:
"(.) En consecuencia, no habiéndose ejecutado ningún acto de procedimiento dirigido a retirar y publicar el edicto en la prensa regional para cumplir con la citación de los herederos desconocidos de la actora MARIA DE VALLE FERNADEZ RODRIGUEZ, y no habiendo dicho "datos" en la causa, se concluye que en el presente caso se ha donsumado la perención de la instancia en la alzada" (negrillas de esta alzada) Señalando la delegación de la Inspectorla, que el argumento de la jueza denunciada, refendo a que en la causa que tramitaba, no se habia dicho "vistos* es falso, lo cual sustenta en la copia certificada que corre inserta al folio cuarenta y cuatro (44) de la pieza uno (1) del presente expediente, la cual fue emanada en fecha seis (6) de noviembre de dos mil siete (qoo7). por la abogada Corina Liberatore, en su carácter de Secretaria del Juzgaso Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercanti, del Transito y Agrario de a Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, copia certificada la cual al no haber sido objeto de tacha o impugnación alguna. sta Corte Disciplinaria Judicial le otorga pleno valor probatorio desprendiéndose de ella, el estado procesal en que se encontraba el expediente judicial al avocars• en fecha dos (02) de junio de dos mil cuatro (2004), la jueza denunciada, es decir en estado de sentencia.
No obstante lo anterior. el Trbunal Disciplinano Judicial, en la oportunidad de pronunciarse respecto al fondo del asunto sorvetido a su consideración, en referencia al revisar el ilicito disciplinario antes mencionado, imputado por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES a la jueza denunciada, estableció que "(...) se infiere que el derecho disciplinario constituye una manifestación punitiva del Estado y por tanto, debe estar fundeco en los principios y valores constitucionales que garanticen el debido proceso en consecuencia, el principio de legalidad y de favorabilidad en cuanto a la aplica ión de las sanciones".
Advierte posteriormente. que "(..) el Codigo d Ética del Juez Venezolano y la Jueze Venezolane, publicado en la Gaceta Oficia N° 39.236 del 6 de agosto de 2009 y reformado parcialmente y publicado en le Gpceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, no prevé la conducta prevista on el articulo 40 turnocal 43 de la deroga de Ley de Carrera Judicial como un ilcco disciplinario, esto es), dicha consecuencia, al sor ésta una condición más fevoable para la jueza denunciada por eliminar al hecho el carácter de ilícito disciplinario, procede en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley más fevoreble, de conformidad con los razonamientos expuestos".
En este sentido, visto el vicio de infracción de ley delatado por la recurrente, observa esta alzada que, la jurisprudencia de nues ro Máximo Tibunal ha venido estableciendo fos distintos supuestos de procedencia de la infracción de ley.
dentro de los cuales se pueden advertir los siguientes: a) La interpretación
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errónea, esto es, el eror acerca del contenido & alcance de una disposición expresa de la ley; b) la falsa aplicación, que se pro uce cuando el juez aplica una determinada norma juridica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, esto es. el error que puede provenir de la comprobación de los hechos o de un error en la calificación juridica de la hipótesis concreta, y c) la violación infracción de ley en sentido estricto, que es cuando se aplica una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación a una norma on vigor.
En el caso bajo análisis. el órgano disciplinaco judicial de primera instancia -estableció. respecto a la conducta señalada como disciplinariamente sancionable.
que ella dejó de ser típica, por cuanto no estaba prevista en la normativa disciplinaria judicial vigente. de lo cual entiende esta alzada que ei a quo habiendo realizado un examen de las causales contenidas en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. determinó la inexistencia de ia previsión legal referida a la conducta señalada como disciplinariamente sancionable po: el órgano de investigación, no pudiendo subsumirse los hechos delatados en fas conductas previamente tipificadas por el legislador como disciplinariamente sancionables, lo cuál, a criterio de esta alzada, es ajustado a derecho. por cuanto al no existir una causal que permita al juez disciplinano, subsumir de forma ajustada los hechos denunciados en los distintos tipos disciplinarios concebidos por el legislador. en respeto al principio de legalidad contenido en numeral sexto (6*) del artículo cuarenta y nueve (49) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo correcto es desestimar la pretensión de la recurrente con base a la ausencia de la normativa que permita asevera) que la conducta develada disciplinariamente sancionable Y asi se establece.
:
No obstante lo anterior, la recurrente delata de la misma manera que la".
recurrida adolece del vicio de infracción de ley, al aplicar erradamente el pnncipio de retroactividad contenido en el articulo 24 de nu@stra Carta Magna. por cuanto.
en su criteno, dicha estipulación tlevaria a la deducción de que la conducta es licita.
En este sentido, entiende esta Corte Discipinana Judicial, que el principio de irretroactividad busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posterior por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido, sin embargo, dicha irretroactividad no es absoluta, ya que sólo afecta a aquellas normas que perjudiquen al imputado, acusado. denunciado o condenado. pero no a aquellas que le beneficien Por lo tanto, si una fata disciplinana es derogada por normativa que le sea más beneficiosa.
En razón de tos antes expuesto, tomando en consideración que el mencionado principio ostenta rango Constitucional. considera quien suscribe, que la disertación del contenido junsprudencial que rea izó el a quo fue correcta, eilo -. en razón de que, tal y como lo expresa la jueza denunciada. siendo la Constitucrón da norma suprema de nuestro ordenamiento juridico. la cual es de acatamiento obligatorio para los jueces de la República, no puede en ningún sentido resultar contrario a derecho que un órgano junsdiccional, cualquiera fuere su competencia.
.garantice la aplicación de los prin:pios que la conforman.
En el mismo orden de :deas, considera pertinente destacar esta alzada, que concluir que existe falta de tipicidad en determinada conducta seña'ada ccmo ilícita, no implica per se, un pronunciamiento sobre la licitud de ia misma, sino la tiene el juez disciplinario, eilo en atención a las ca sales taxabivas existentes en normaliva vigente. Y asi se establece Arguyó la recurrente de igual forma. que fa recurrida adolece del vicio de inmohvación al no explanar las razones que se tuvieron para absolver a la juez denunciada.
Al respecto, ha sido pacifica y reiterada la doctrina de nuestro Máximo Tnbunal, en lo que se refiere a este vcio, al establecer que:
"(.. ) El vicio de inmotivación se configura, cuando la sentencia recurrida no contiene maferiaimente ningún razonamiento de hecho o de derecho, que pueda sustentar el dispositivo del fallo, esto ee, falta absoluta de fundamentos.
mas no cuando la motivación ee considerada exigúa o escasa.
pues si ia expresión de las razones expuestas por el sentenciador :.
permiten el control de la legalidad, resulta cumplido el requisito de mohvación, y en todo caso, la formalizante podria formular la respectiva denuncia da infracción de ley. en el supuesto de que considere que esos motivos son erróneos d contranos a derecho (Sentencia del 2 de agosto de 2001, en el juicio de Banco Industnal De Venezuela C.A. contra Inversora Krómetro 5 C A e Inversiones Aldaca C A.) " (Negrilas de esta alzada)
En este sentido, observa quien suscribe, que el referido vicio de inmotivación, se configura con la falta absoluta de s fundamentos de hecho y de derecho en la decisión dictada y no cuando aún siendo escasos o errores los motivos, permitan conocer las razones en que ei juzgador sustentó su decisión.
entendiéndose entonces que la delación prosperarsa sólo cuando el sentenciador omita. de forma plena. la referencia a los motivos que determinaron su decisión Ba;o la antenor premisa. del análisis de las actas que conforman la recumda. se observa que en la desestimación de la pretensión de la denuncia que realizó el a quo, utilizó como fundamento de foma extensa, la ausencia de tipicidad de la conducta delatada en la normativa disciplinaria vigente y los principios constitucionales de legalidad y de irretro ctividad, resultando caro para esta alzada que la recurrida no adolece del vicio de motivación. Y asl se decide.
Continuófundamentando su recurso la IASPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, insistiendo en la procedencia del cio de infracción de ley, loda vez que, a su modo de ver, considerar que con la modificación legislativa las conductas regidas con la ética ya no revisten caracter de ilicito disciplinario, es alejado de la dogmática disciplinaria judicial, siendo que es conocido que los ilicitos disciplinarios, configuran normas de tipos a ciertos o en blanco, con cierto tipo de indeterminación, siendo que el órgano de nspección solicita una sanción especificando unos hechos que precalifica en las normas disciplinarias, pero quien en definitiva determina o cierra el tipo es la Jursdicción Disciplinaria Judicial, sobre lo cual observa este órgano jurisdiccional:
La teoria del tipo en blanco o abierto se jha visto acompañada por la discusión acerca de la preservación del principio de legalidad en el contexto de los tipos en blanco. En este sentido el principio de "nullum crimen zulia-poena sine /ege" contiene una referencia directa a la necesidad de que la descripción de la conducta y de la sanción se encuentren contenidas pn la ley, entendida ésta en su sentido formal, es decir, como la manifestación de la voluntad dei órgano legislativo.
Asi, si bien es cierto que, del estudio de la norma disciplinaria vigente se desprende claramente, que entre sus causales ciertamente existen algunas que por su amplitud e indeterminación fáctica pudiesen ser consideradas como tipos en blanco o abiertos, tal es el caso de las causales referidas a la "falta de probidad" y "abuso de autondad", entre otras, er los cuales está dado al juez disciplinario, encuadrar distintas conductas que desemboquen en la constifución de dicho tipo disciplinario. no es menos cierto. que debe existir una correspondencia entre la conducta delatada como ilícita y la definición que a los efectos los órganos jurisdiccionales con competendia disciplinaria judicial realicen respecto a estos tipos abiertos.
En consideración de lo antenor, extraña a esta alzada, que ni en la realización de la audiencia de primera instancia. dn la interposición del recurso ordinano de apelación, o en la formalización dei mismo, la recurrente manifestara, en consonancia con la función de precalificar que se atribuyó, en cuál causal de conducta delatada como disciplinanamente sancionable.
Por el contrano, alega la recurrente de forma abierta, que lo subsumible en esta jurisdicción es la conducta delatada como lícito disciplinano, lo cuál en principio, esta alzada no considera incorrecto. pues es deber del órgano jurisdiccional ante el señalamiento de una conducta en apaniencia sancionable disciplinariamente, cotejar las causales existentes en as normativas vigentes para el momento de la ocurrencia de fos hechos, cor las causales en vigor en la oportunidad del ejercicio de la acción disciplinafia judicial, siendo priontario, verificar la compatibilidad de la causal derogada con las causales existentes en la :ey vigente, con la finalidad de subsumir la conducta denunciada en la norma que le resulte semejante. de ser el caso. No obstante lo antenor, de venficarse la existencia de la mencionada compatibilidad, es deber del juez disciplinano judiciai, estabiecer la falta de tipicidad y legalidad de la conducta señalada y en disciplinana al juez o a la jueza. Y así debe establecerse En ei caso de marras, considera esta Corte Disciplinana Judicial, luego de analizada la causal contenida en el numeral 13. del articulo 40. de la L.cy de Carrera Judicial, en ccntraposición con las causas contenidas en la normativa sancionable no puede subsumirse en ninguna de Jas causales tipificadas por el legislador en ios articulos 31. 32 y 33 del Código de Ética del Juez Venezoláno y la Jueza Venezolana, por cuanto no existe compatibilidad entre la norma derogada y las vigentes. debiendo establecer esta Jurisdiccón, en respeto al principio de legalidad contenido en numeral sexto (6") del aricuo cuarenta y nueve (49) de la Constitucién de la República Bolvanana de Venezuela, la fata de tipicidad de la rretroactividad establecido en el articulo 24 e:usden, declarar la absolución de la responsabilidad disciplinana judicial de la ciudadana VIRGINIA VAQUEZ GONZÁLEZ, antes dentificada. en su condición de Juez Tituilar del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Crvil. Mercants. cel Transito y Agrano de la Circunscrpción Jud:cia! del Estado Nueva Esparta. con sede en La Asunción, respecto a la imputación realizada por la Inspectoria General de Tubunales, en relación a la antes mencionada causal de destitución Y asi se decide.
En aten:ón a Ios criterios antes trascritos, debe esla Ccrte Disciplinaria Judicia! confirmar el fallo recurrido y declarar sin lugar el recurso ordinano de apelación presentado pos la delegación de la Inspesteria Ceneral de Tribunales. Y asl se decide
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En este estado Ia jueza ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ anuncia su voto salvado.
-1Il- DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta] Corte Disciplinaria Judicial, administrando justicia, en nombre de la Repúbkca olivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRimERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la Inspectoria General de Tribunales, contra la decisión dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012).
en ta causa número AP61-D-2011-000050 nomenclatura de dicho Tnbunal, mediante la cual se declaró la responsabilidad disciplinaria de la jueza denunciada respecto a la causal prevista en el artículo 39, numeral 7, de la Ley de Carrera Judicia! al inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir, normativa vigente para el momento de a ocurrencia de los hechos, subsumible actualmente en el ilicito disciplinario pre visto en el artícuio 32, numeral 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jupza Venezolana, imponiéndole La sanción de suspensión del cargo sin goce de speido por noventa (90) dlas, y posteriormente. la absolvió del ilicito disciplinario previsto en el articulo 40.
numeral 13. de la Ley de Carrera Judicial, vigente para la fecha de ocurencià-de..
"los hechos. SEGUNDO: RATIFICA el fallo dictado por el Tribunal Discipilnario Jud:cial en fecha doce (12) de abril de dos mil dode (2012), en la causa número AP61-D-2011-000050, nomenclatura de dicho Tribupal.
Se ordena remitir el presente asunto al fribunal Disciplinario Judicial.
Librese oficio.
Publlquese, registrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Secretarda de la Corte Disciplinaria Judicial.
Caracas, a los catorce (14) dias del mes de junio de dos mil doca (2012). Año 202 de ladladependencia y 152 de la Federación.
OUVARIANE
ENZ RODRIGUEZ JUEZ VICHRESDENTE.
ADELSO A. GUERIERO OMAÑA Ponente JUEASIGEA TE
ANA DECILIA ZULUETA RODRIGUEZ Secretania,
MARIANELA GIL MARTÍNEZ
Quien su SCnIbe. ANA CECILIA ZULUETA RO$RIGUEZ, Jueza de la :Corle Discipinana Judicial, disiente de la mayoria sentenciadora en el fallo que antecede, por las razones que a continuación se exponen.
1. Observa quien dis:ente, que la mayora sentendadora estableció en el fallo que . no existiendo do parte de la Jueza denunciada adhesión al recurso ordinano presentado. el thema docidendum en la presunto alzada so circunscabe a la legalidad do la decisión tomada por el Tnbunal Disciplinano Judicial en tomo a la causal de destituc:on delatada por la parte denunciante contra la Jueza denuncia de. Y as! se establece.
Al respecto. a juicio de esta disidente, la limitación ab initio de ta actividad de esta Corte en la revisión de la legalidad de la sentencia del a quo, iníninge la parte in fine del articulo 87 del Código de Ética del Juez Venezoano y la Jueza Venezolana (en lo sucesivo. el Código de Ética). que faculta a esta Aizada a examinar de oficio el fallo apelado a objeto de constatar si se ha producido una infracción del orden público y constitucional, lo que indica que tal facultad opera aún cuando no haya sido delatada . circunstancia de tal entidad, una vez advertida la infracción por el juzgador.
En idéntico sentido. la argumentación sostenida por la mayoria quebranta la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucicnal del Tnbunai Supremo de Justicia que impone, a los jueces que conocen de los recursos de apelación, la obligación de pronunciarse sobre las transgresiones antes dichas en resguardo de la integndad constitucional, aun cuando no hayan sido denunciadias, criterio este que fue acogido por unanimidad por esta Alzada en fallo de reciente data (vid. sentencia No. 05 de fecha: 15 de mayo de 2012, Caso: Celsa Rafael la Diaz Villarroel).
Ahora bien, la lectura y análisis del fallo objeto de apelación y la revisión de los expedientes formados durante el procedimiento llevado ante la Inspectorla General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT) y el cumplido en primera instancia, permiten constatar una grave violación al Principio de Proparcionatidad, manifestación de los principios de equidad y legalidad previstos en los astículos 26 y 49, numeral 6, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al imponer la sanción de suspensión sin goce de sueldo por tres meses a l Jueza denunciada, por estimar judiciales a que están sujetos conforme e las leyes o diferir las sentengis sin causa". justificada, subsumible actualmente en el erticulo 32 numeral 1 del Cádigo de Ética del Juez Venezoleno y la Jueza Vanezolana...".
Al respecto, es oportuno observar que el Principio de Proporcionalidad impone ta obligación de aplicar la sanción consecuencia det ilícito disciplinario, atendiendo a la magnitud de la actuación lesiva y su adecuación con la sanción a imponer. Se trata asl, de una actividad sometida tanto a limites formales como sustanciales, donde el juzgador debe ponderar la lesión del bien juridico tutelado a fin de evitar una coacción desproporcionada.
Jurisprudencial y doctrinariamente se concibe el citado principio como un limite de soporte axiológico en la armonía que debe existir entre la sanción y su finalidad, es decir, es una garantia de equilibrio frente al exceso de munición que se produce proporcionalidad, permite evaluar el ajuste entre los medios empleados y los fines perseguidos y ello conlleva a que en ningún caso se produzca una afectación que vuinere el principio de equidad consagrado constitucionalmente en el artículo 26 de la República Boivaniana de Venezuela (vid. Sentencia de la Sala Constitucional No. 144 deg06 de febrero de 2007).
Ahora bien, la sentencia recurrida al examinar la conducta de la Jueza para imponer la sanción prevista en el numeral 1 del articulo 32 del Código de Ética, estableció que las razones expuestas por la Jueza denunciada no justificaban el retraso de su pronunciamiento, que pudo haber dictado su sentencia en lugar de fijar un acto conciliatonio y. agregó, que desde marzo de 2005, fecha en que la causa se encontraba reanudada hasta el 2007, oportunidad en que se fijó el acto concaliatorio, hablan transcurndo casi dos años de retardo.
Considera quien suscribe que el análisis efectuado por el Tribunal de las causas de justificación acreditadas y certificadas en autos, no contradichas por la IGT ni desvirtuadas durante el proceso, fue erróneo. toda vez que desestimó la incidencia que sobre el retardo tuvieron circunstancias acaecidas durante et per!odo citado que resultaban ajenas a la voluntad de la Jueza, y que impidferon el normal desenvolvimiento del órgano jurisdicción.
Resaltan entre tales circunstancias la asistencia obligatoria al Programa Especial de Capacitación para la Regulanzación de la Trtularidad de los Jueoes Provisorios; licencia concedida por matrimonio; desprendimiento del techa del tnbunal y su reparación: suspensión del despacho debido al vencmvento de la suplencia, hasta constitucional: remodelación de la sede del tnbunal en el año 2006; presentación de exámenes teórico prácticos y orales en la sede de la Escuela de la Magistratura ubicada en fa ciudad de Caracas para obtener la titularidad del cargo; suspensión del despacho desde el nuevo vencimiento de la suplancia hasta tanto se produjo la juramentación como fitular. (Vid folios 119 al 125 de la pieza 1 y 12 al 56 de la pieza No. 2 del expediente)
Asimismo. observa esta disidencia, que la IGT en el Acta contentiva de los Factores para la Evaluación, verificó que la amplia competenca del tribunal evaluado y el poco personal determinaban el gran volumen de causas y su acumulación en el perlodo señalado por el 8 quo. Iguaimente dejó constancia de las solicitudes de "persona! indicado para auxiliar a" efectuadas por la Jueza denunciada en rerteradas oportunidades ante 1a Rectoría de la Circunscrippión Judicial det Estado Nueva Esparta y ante la Dirección de la Oficina Administratifa Regionali.
Estas circunstancias, que reitero, no fueron contradichas ni en el proceso de investigación a cargo de la IGT, ni en el proceso do primera instancia, desvirtúan el supuesto normativo previsto para la imposición de la sanción, toda vez que su apreciación debió comportar la exclusión de responsabilidad, at enervar la condición para la aplicación del supuesto, que es precisamente la falta de justificación del retardo.
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Al respecto, debe traerse a colación el criterio del (Máximo Tribunal de la República según el cual, el Juez está obligado a dictar oportun mente su pronunciamiento pero. en ciertas circunstancias, cuando los hechos son cômplejos y presentan dificultades para su determinación, o cuando se presenta un congestionamiento de casos en,al tribunal, el órgano disciplinano tene una potestad ciscrecional que lo autoriza para analizar, valorar y tomar en cuenta dichos aspectos al momento de sentenciar (Vid. sentencia de la Sala Político-Administrativa del Trpunal Supremo de Justicia No. 1226 del 1° de diciembre de 2010).
En atención a los planteamientos expuestos, cansiddra quien suscribe, que el retardo imputado a la Jueza fue apreciado incorrectamerte por el Tnbunal Disciplinano Judicial, al no valorar adecuadamente los elemen os probatorios cursantes en el expediente para determinar si, en el caso bajo análisis, concurrian circunstancias que lo justificaban, actuación que infringió el Principio de Proporcionalidad.
Como colofón, estimo que la mayoria sentenciadora, al revisar y valorar las actas que integran el expediente, debió advertir la infracción y hacer uso de su facultad para anular de oficio el folio objeto de apelación ante la evidente violación del Principio de Proporcionalidad, que obliga al juzgador a ponderar la gravedad de la falta y las causales de justificación cursantes en autos y, ante la existencia de tales causales para justificar la dación imputada a la Jueza, deb ó absolver la de responsabilidad disciplinana.
2. Por otra parte, observa quien suscribe, que la mayora sentenciadora hizo suyo el criterio explanado por el a quo. en los siguientes témninos:
estableció, respecto a la conducta señalada como disciplinariamente sancionable, disciplinana judicial vigente, de lo cuel entiende esta Alzada que el a quo habiendo realizado un examen de las causales contenidas an el Codigo de Élica del Juez Venezoleno y la Jueza Venezolana, determinó la existencie de la previsión legal referida a la conducta señalada como disciplingriarpente sencionable por el órgano de investigación, no pudiendo subsumirse los hechos delegados en las conductas previamente tipicades por el legislador como disciplinariamente sancionables, lo cuél (sid. a cnterio de esta alzede, os ajustado a erecho, por cuanto al no existir une causal que permita al Juez disciplinario, subsumir de forma ajustada fos hechos denunciados en los distintos tipos disciplinarios dpncebidos por ei legislador, en respeto al principio de lagalided contenido en el numeral sexto (6") (sic) cel articulo 49 de la Constitución de la Repúbirca Bolivanan de Venezuela, lo correcto es desestimar la pretensión de la recurrente con bas a la ausencia de la nomaliva gue permite eseverer que la conducta develada disceplinanamente (sic) sancionable Y asl se establece" (Subrayado propio).
El criterio transcrito, del cual se aparta quien disienta, revela un analisis que excluye comparación literal entre tipos derogados y vigentes lo que, a la postre, pudiera dar lugar a conclusiones absurdas, contrarias al delos que informa la norma.
El Código de Ética establece los principios que debe a guiar la conducta de los jueces. a los fines de preservar la confianza del colectivo er la integridad del Poder Judicial. lo que se traduce en la necesidad de orientar el juzgamiento de esa conducta dentro del marco ético y moral socialmente aceptado, orientación que trasciende el simple método comparativo de tipos normativos sancionatorios.
El mismo Código, en su formulación, establece mecanismos de las que dispone ei juzgador disciplinario a los fines de la evaluación y sanción de tales conductas. designando para los diversos casos tanto tipos normativos cerrados, como conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido será dexmitado por el operador juridico conforme a la finalidad normativa, por lo que resulta fundamental la comprensión holística de los principios que se preservar en (a norma y el desvalor que su infracción comporta, a los fines de individualizar, analizar y sancionar la conducta denunciada.
Correspondia entonces a esta Alzada, individualizaria conducta imputada a la Jueza por la IGT, analizar la y, una vez establecido su contenido antjurídico, de ser el caso. sancionar la conforme a las previsiones normativas y no, apartarse de su análisis para buscar la correspondencia de ésta con los ipos contenidos en las normas derogadas de la Ley de Canrera Judicial y las vigentes del Código de Ética.
En efecto, al analizar la conducta denunciada por la Inspectoría General de Tribunales, la cual consistió en *...heber dejado constancia de hechos que no sucedieron falsamente que no se habia dicho vistos' en la causa, sind o qua para le oportunidad en que la juzgadora sa abocó al conocimiento de la causa, ol die 2 de junio de 2004, ye la causa se encontraba en estado de dictar sentencia..." (Subrayad propio), surge la necesidad, con vista a todas las actuaciones cursantes en autos, de individualizar y determinar en el análisis si la conducta atribuida, y su manifestación, efectivamente constituyen un ilicito disciplinario.
Quien disiente estima, que las características de l³ conducta atribuida a la Jueza, tienen una significación distinta a la calificación que de la misma realizó la IGT, por las razones que a continuación se explanan.
aer un hecho al proceso, que En primer lérmino, asienta esta disidencia que, obviamente implica su inexistencia dentro del mismo y afirmar su ocurrencia, supone una actividad intelectiva y volitiva del juzgador para alcanzar un fin determinado. En idéntico sentido, desconocer la existencia de un hacho presente en el proceso con una finalidad preconcebida, revela la misma actividad del juzgador. Estas conductas resultan antiéticas, al evidenciar un engaño a los intervinientes para obtener un fin predispuesto. Obviamente, resultan deleznables gara el Juez cuya misión es el resguardo de los principios éticos y morales que deben informar su actuación. En consecuencia, advertida la concreción de éstas, aun cuando el catálogo de tipos normativos sancionatorios no describiera literalmerte tales conductas, el Juzgador liene la obligación de adecuarla en un concepto juríflico indeterminado. a los efectos de imponer la sanción correspondiente.
En segundo término, afirmar que el solicitó atribuido a la Jueza se concretó cuando en el dispositivo de su sentencia expresó ...no habrergase dicho vistos" en la causa...
evidencia el establecimiento de una sinonimia errónea de los términos "hecho y etapa procesal", toda vez que esta última, "vistos", comporta la designación de una fase del proceso, cuya ocurrencia no depende de la actividad volitiva e intelectiva del Juez, sino que es indefectiblemente producto del curso natural del ter procesal.
Quen disiente estima, una vez revisadas las actas procesales y el /ter cumplido en el proceso que dio lugar a la denuncia, que desde el momento en que la Jueza se abocó a la causa, estableció que la misma se encontraba e estado de sentencia y, tanto las actuaciones cumplidas como su fundamentación, se adecuar a la fase procesal identificada como "vistos". es decir, fase en la que se relacionan las actuaciones para dictar sentencia.
Para quien se aparta del fallo dictado por la mayoría sentenciadora, la locución "no habiéndose dicho vistos", sólo puede ser interpregada como un error matenal al constatar que la misma no guarda relación con el fu@damento legal del fallo proferido; que su omisión no es determinante para la validez o no del contenido del acto-en la cual se encuentra inserta; que su existencia o venficación puede apreciarse con el contenido del acto en que se reseña, pudiendo incluso corregirse o eliminarse sin que resulte afectada la validez o supervivencia de la serencia; que excluye de su ámbito de aplicación cualquier declaración conceptual o contenido juridico y su mención o no. en ningún caso, altera el proceso de formación de la decisión.
Atriburre a tal locución una significación distinta, desbordaría la interpretación lógica de todas las fases procesales cumplidas en la causa y pudiera dar lugar, inclusive, al ejercicio de una potestad sancionatoria al margen del espintu y propósito de la norma ética.
Por último, esta disidencia sostiene que la mayoriasentenciadora debió optar por el análisis de la conducta denunciada por la IGT y la desplegada por la Jueza. para concluir que esta última constituía un error materia y, en consecuencia, declarar la nulidad del fallo apelado y exonerar de responsabilidad disciplinana a la Jueza Virginia Teresita Vásquez González.
En los términos que anteceden queda expresado el criterio de la Jueza disidente.
El Juez,
MENEZROORIGUEZ
ADELSUERRERO OMAÑA La Juezasiger
ANA CECILIA QUEUETA RODRIGUEZ
La Secretaria
MARIANELA GIL MARTÍNEZ A La Secretana de la Corte Disciplinania Judicai. ciudadana Mananela Gil Martinez, hace constar que la decisión que antecede se publicó el día de hoy 27 de junio de 2012, siendo las 1:50 p.m., quedan o registrada bajo el N° 11.
Gebretana,
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Lunes 9 de julio de 2012
394.757
GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 902 LUISA ORTEGA DÍAZ Fscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atnbuciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 25 eiusdem.
CONSIDERANDQ:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva 'ggsandsau CONSIDERANDQ:
Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio Público, se han sncrementado notablemente;
CONSIDERANDO:
Que para el mejor desempeño de las obligaciones inherentes a los Fiscales del Ministerio Público, se hace necesario ampliar, modificar o cambiar la competencia, de algunas representaciones del Ministerio Público;
CONSIDERANDO:
Que las Fiscalias Sexagésima Tercera y Septuagésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, tienen competencia en materia de Salud y Seguridad Laboral;
CONSIDERANDQ:
Que es necesario fortalecer la actuación de la Dirección de Delitos Comunes, al contar con un mayor número de Despachos Fiscales, facultados para atender los múltiples tpos penales conocidos por las representaciones del Ministerio Público, adscritas a esa Dependencia, lo cual incidirá en la capacidad de respuesta ofrecida a la colectividad.
RESUELVE:
ÚnIco: Ampliar la competencia en materia de Salud y Seguridad Laboral, de las Fiscalias Sexagésima Tercera y Septuagésima Octava del Ministerio Público a Nvel Nacional, con sede en el Área Metropolitana de Caracas, adscntas a la Dirección de Delitos Comunes; a competencia plena, conservando la que ya tienen asignada.
La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su pubicacón en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela.
LUISA ORTEGA DI cal Géneral de tar República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 81 1 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Púbico y, en uso de las atnbuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: DesIgnar al CrUdadanO NOEL LEONARDO VILLEGAS PARRA, titular de la cédula de Identidad N° 19.531.425, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del articulo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
Registrese, Comiuaiquese y Rubliquese
WUISAORTEGA DIAZ el General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 812 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al CiUdadanO ALFREDO JOSÉ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.584.256, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDo III en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, cargo vacante y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
Registrese; omuníquese y Publiquese 9 LUISA ORTEGA DIAZ cal General de-ta República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 815 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejerago de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministeno Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ai CudadanO EDIXON GREGORIO RODRIGUEZ CASTRO, titular de la cédula de idenbdad No 17.828.907, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judical del estado Lara, con sede en Barquisimeto, cargo creado y, de libre nombramiento y rernocrón, de conformidad con lo previsto en el único aparte del articulo 3 del Estatuto de Personal del Ministero Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partr del 02 de juio de 2012.
Registrese, Comuniquese y Publiquese
LUISA ORTEGA DÍAZ scal General de la Bepubofica
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 816 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad confenda por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciUdadanO LUIS ADRIAN TOVAR ARANGUREN, titular de la Cédula de identidad N° 18.405.918, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
VARIAM Registrese Conunta ePubliquese
ISA ORTEGA DIAZ Gegeral de la -República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 820 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al CiUdadanO ENMANUEL JESÚS ROJAS REALES, titular de la cedula de identidad N° 14.922.371, TÉCNICO DE SEGURzDAD Y RESGUARDO I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
Registrese; Coppaniquese Publíquese.
SA ORTEGA DIAZ General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de 1a Fiscal General de la República Caracas, :3 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 821 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de a facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al Ciudadano ÁNGEL ENRIQUE MAVAREZ NAVA, titular de la cédula de identidad N° 14.581.823, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Crcunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del articulo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
Cotriuese y Rubliquese.
3 LUISA ORTEGA DÍAZ al General de 1a República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas,; 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 822 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: DesIgnar al CiUdadanO ALEXIS ANTONIO MONASTERIOS NOVOA, titular de la cédula de identidad N° 17.301.541, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la Dirección de Segundad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
Registugse, qomuiquese y Publiquese
iscal General-de ta República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de 1a República Caracas, 13 de junlo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 823 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al Ciudadano VICTOR JAVIER DUQUE ARAQUE, titular de la cédula de Identidad N° 18.207.712, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y REsGuARDoI en la Dirección de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vicefiscalía, cargo creado y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
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El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 02 de julio de 2012.
Registrese, Coiíniquese y Publiquese.
3 ISA ORTEGA DÍA Fa General de la Repúblicar
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 03 de julio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 913 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Designar ABOGADO ADJUNTO V a la ciudadana Abogada RUGERY MARVELIA ORTEGA ÁVILA, titular de la cédula de identidad N° 17.197.810, en la FiscaliaPrimera del Ministerio Público de la Crcunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay. La referida ciudadana se viene desempeñando como Abogado Adjunto III en la citada Fiscalia y asimismo, continuará desempeñando funciones como Fiscal Auxiliar (Encargada).
El presente nombramiento, tiene efectos administrativos desde el 01 de julio de 2012.
Registresecamuniquese y Publiquese
LUISA ORTEGA DÍAZ iscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 22 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 848 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
ÚNICO: DesIgnar FISCAL AUXILIAR ENTERINO a la Cudadana Abogada ANGGELA CATHERINNA MARTÍNEZ CORONADO, titular de la cédula de Identidad N° 15.024,727, en la FISCALÍA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judidial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra la Corrupoión, en sustitución de la ciudadana Abogada Marlanella Briceño Barajas, quien pasará a otro destino. La referida ciudadana se viene desempeñando como Abogado Adjunto II en la Fiscalla Vigésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena.
La presente designado tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nueyas instrucciones de esta Superjoridad.
6 UISA ORTEGA DIAZ Piscol Cêneral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 22 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 849 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada CAROLINA DEL VALLE LUNA GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad N° 13.772.025, en la FISCALfA QUINTA del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripoión Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competencia en Penal Ordinario Victima Niños, Niñas y Adolescentes, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Secretana II en la Fiscalía Segunda del Ministerlo Público de la citada Circunsaripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
al General de-la-República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 855 LUISA ORTEGA DÍAZ Flscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.
BESUELVE:
ÚNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la CiUdadana Abogada MARÍA JOSÉ BRICEÑO DÍAZ, opular de la cédula de identidad N° 17.568.128, en la FISCALÍA QUINTA del Ministerlo Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valenda y competencia plena, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nueyas instrucciones de-ecta Superioridad, se Publiquese ORTEGA DIAZ UIS scal neral de la-Repóblica
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 856 LUISA ORTEGA DÍAZ Flscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los numerales 1 y 3 del artculo 25 eiusdem,
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RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXCLIAR INTERINO al dudadano Abogado ÁNGEL RAÚL RAFFO URBANO, titular de la cédula de identidad N9 13.924.142, en la FISCALfA oCTAVA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Anaco y competenda plena, cargo vacante.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas instrucdones de esta-Supedoridad.
Registrese nailqguese y Pubíquese.
EGengral de la República.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de Junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 857 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estabiecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICQ: Designar FISCAL PROVISORIO al ciUdadano AbOgado JOSÉ GREGORIO JORGE GUÍA, titular de la cédula de identidad N° 6.547.647, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la Crcunscripción Judicial del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho y competenda plena, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Cagvuniquese y Publiquese.
al General de la Repúbica
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de Ia Fiscai General de la República Caracas, 25 de Junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 859 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejerdico de la facultad conferida por el artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso, de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la dudadana AbOgada WELDYS COROHOTO VALERO RODRIGUEZ, stular de la cédula de Identidad N° 15.821.756, en la FISCALÍA DÉCIMA QUINTA del MinIsterio Público de la Cirounscripción Judidal del estado Miranda, con sede en Los Teques, y competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, en sustitución de la ciudadana Abogada Yaneth Espinoza Luna, quien pasará a otro destino. La referida ciudadana se viene desempeñando como Abogado Adjunto A en la citada Fiscalía.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
ayPubilguesge.
beral deta Repúbliea-
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de junlo de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Flacal General de la República En ejercido de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atríbudones establecidas en los numerales 1 y 3 d'el artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVIsORIO al dudadanO Abogado HENRRY OMAR RICO HERNÁNDEZ, Utular de la cédula de identidad N° 15.863.759, en la FISCALfA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judiclal del estado Barinas, con sede en Sabaneta y competencia plena, cargo vacante. El referido cudadano se viene desempeñando como Fiscal Aundliar Interino en la Fiscalla Primera del Ministerio Públlco de la citada Crcunscripción Judiclal, La presente designación tendc gfeetes administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Registres
SA RTEGA DÍAZ Gepefal de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de junio de 2012 Años 202° y 153° . RESOLUCIÓN N° 861 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercido de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem,
RESUELVE:
ÚNICQ: Designar FISCAL PROVISORIO al dudadano Abogado PABLO ANTONIO PIMENTEL PÉREZ, titular de la cédula de Identidad N°
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10.0S0.229, en la FISCALÍA QUINTA del Ministerio Público de la Circunscripaión Judicial del estado Barinas, con sede en Santa Bárbara de Barinas y competenda plena, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxillar Interino en la Fiscalia Segunda def Ministerio Público de la referida Crcunscrlpción Judicial.
La presente designado tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superloridad.
RegísteeberApmuniquese y Publíquese.
LUISA ORTEGA DIAZ Asoau/General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de Junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 863 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de 1a Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO A a la dudadana AbOgada PATRICIA ANDREÍNA RIVAS COLMENARES, Utular de la cédula de Identidad N° 17.291.867, en 1a Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Clrcunscripdión Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas y competencia piena, cargo creado.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012.
Registrisapimuniquese Publiquete.
BE VENEUE ORTEGA DIAZ SISA Geffera de-te República 0
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de Junio de 2012 Años 202° y 152° RESOLUCIÓN N° 866 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Mínisterlo Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PRovIsORIO al dudadano Abogado GERMÁN ALEXIS LÓPEZ RAMÍREZ, ttular de la Cédula de Identidad N° 10.170.886, en Ia FISCALÍA VIGÉSIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judidial del estado Táchira, con sede en San Antonio del Táchira y competencia plena, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxillar Interino en la Fiscalia Quinta del Ministerio Público de la citada Crcunscripcdón Judical.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 , nasta nuevas instrucciones de esta Superloridad.
RRequese y Publiquese.
Regist
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 862 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiacal General de la República En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: DesIgnar FISCAL AUXCLIAR INTERINO a la dudadana Abogada LESLYE MAiRENA DÍAZ ROZAS, titular de la cédula de Identidad N° 17.738.030, en la FISCALfA DÉCIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripdión Judicial del estado Carabobo, con sede en Valenda y competenda en materia Contra las Drogas, cargo vacante.
La presente designado tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas Instrucciones de esta Supererdad.
Regig
GLUISA ORTEGA DÍAZ Scalsieneral de tFRepoorica
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 868 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercido de la facultad conferida por el artícuio 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los numerales 1 y 3 del artícuio 25 elusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL PROVISORIO al CiudadanO Abogado EFRAÍN ANTONIO ARAUJO CONTRERAS, ttular de la cédula de Identidad N° 13.804.446,en la FISCALIA PRIMERA del Ministerio Púbiico del Primer Circuito de la Clrcunscripdón Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná y competenda plena, cargo vacante. El referido ciudadano se vene desempeñando como Fscal Audliar Interino en la Ascalía Teroera del Ministerio Público del Segundo Circulto de la citada Circunscripdón Judical.
La presente designado tendrá efectos administrativos a partir del 02-07-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Registy
UIS ORTEGA DIAZ cai mera de ia Aepúbica
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXIX MES IX Número 39.960 Caracas, lunes 9 de julio de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIALN DEO LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendran una numeración especial.
ArtíCulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en Ia GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyOs ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
202° y 153° Caracas, 0 2 JUL 2012 RESOLUCIÓN N° 01-00- 0'00 1 4 0 ADELINA GONZÁLEZ Contralora General de la República (E) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 y la Disposición Final Quinta de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de !a.
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional dej Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013, Extraordinario del 23 de! diciembre de 2010, designo a los abogados y abogadas CARMEN MARÍA MAGDALENA SCOTT OVALLES, INÉS DEL VALLE MARCANO VELÁSQUEZ, DARIELA DEL CARMEN BASTIDAS! SERRANO, MARÍA ESTHER CARRILLO, LINDA CAROLINA AGUIRRE ANDRADE, CARLOS LUIS MENDOZA GUYÓN, ELI ERNESTO TORRES CASTRO, YOLEIDA COROMOTO ÁLVAREZI GONZÁLEZ, RICARDO ISAAC MÁRQUEZ SÁNCHEZ, ELIANY DEL GARCÍA QUIROZ y ERIDANIS COROMOTO LIENDO COA, titulares de las cédulas de identidad números 2.973.708, 8.432.888, 9.154.946, 7.296.672, 10.449.621, 11.741.565, 11.311.385, 11.716.162, 17.534.606, 15.836.672, 14.559.902, 13.285.642 y 19.123.092, respectivamente e inscritos en el 1NPREABOGADO bajo los números 21.935, 24.744, 40.450, 31.337, 56.641, 101.960, 124.423, 63.400, 144.262, 156.522, 131.740, 110.650 y 152.272, consecutivamente,_para que en representación de !aj Contraloria General de la Republica, Intervengan conjunta o separadamente, en todos los juicios o causas de cualquier naturaleza, que cursen o cursaren en los Tribunales de la República, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, en sus respectivas Salas, y las Cortes Primera y Segunda de lo:
Contencioso Administrativo, contra los actos de efectos.
particulares o generales que emanen del Contralor o Contralora.
General de la República, sus delegatarios y demás funcionarios:
que actúen en representación de la Contraloria General de laj República, o que estén relacionados con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, su Reglamento, Estatuto de Personal, Reglamento Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloria General de la República; Ley Contra la Corrupción; Código Orgánico Tributañto; CódigoOrgánico Procesal Penal; Ley Orgánica Procesal del Trabajo; entre otras;
de manera especial en los recursos extraordinarios de revisión;
en los procedimientos de verificación patrimonial, imposición de multa, intervención de los órganos de control fiscal, interno y externo, revocatoria de la designación de titulares en los órganos de control fiscal interno y externo, causas fiscales relacionadas con reparos formulados por la Contraloría Generai de la República, en materia de gasto público, ingresos fiscales, tributarios, aduaneros y contribuciones parafiscales; acciones de amparo constitucional; confiscaciones; recursos de interpretación de normas o de colisión de leyes en los que sea notificada la Contralonía General de la República; y, en general, en juicios donde esté involucrado el patrimonio público y la materia de control fiscal.
En ejercicio de esta representación, los mencionados abogados y abogadas quedan expresamente facultados, para interponer todo tipo de acciones y recursos administrativos ante los diversos organismos públicos y privados, cualquier tipo de recursos, acciones y solicitudes jurisdiccionales, tanto ordinarias como extraordinarias, de manera especial las de revisión de sentencias definitivamente firmes; ejercer y sostener ante tos organos jurisdiccionales, en cualquier instancia, los derechos e Intereses de la Contraloría General de la República, de la Hacienda Pública Nacional y del patrimonio público, en generai; darse por citados o notificados en mi nombre y representación; intervenir en cualquier case de juicio en los que tenga interés la Contraloria General de la República; representar en cualquier clase de juicio a los funcionarios designados por el Contralor o Contralora General de la República en las unidades de auditoría interna de los organismo y entidades públicas; formular denuncias;
presentar todo tipo de solicitud en cualquier estado y grado del proceso; apelar, formalizar y contestar apelaciones; oponerse a la admisión de recursos, acciones, demandas, medidas cautelares, dedaratorias de sobreseimiento en causas penales u otros actos, cuando sea procedente; intervenir y/o coadyuvar en los procedimientos de incautación, embargos ejecutivos y secuestros en los cuales sea llamada a intervenir la Contralonia General de la Repúbica; manifestar la opinión de la Contraloria General de la República en matera de interpretación de normas;
solicitar medidas cautelares; promover, evacuar y oponerse a cualquier medio de prueba; asistir, representar y ejercer las defensas en las audiencias públicas y de juicio que se produzcan en cualquier causa en las que sea parte o tenga interés;
presentarinformes o condusionesescritas; formular observaciones a informes; solicitar aclaratorias de sentencias.
Se deroga la Resolución N° 01-00-000136 de fecha 23 de junio de 20ii, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana nezugNº 39.702 dei mismo mes y año.
ADNA GONZÁLEZ Conualora Suneral de la República (E)
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