Gaceta Oficial N° 39.945
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A OFICIAL
GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MES IX AÑO CXXXIX
Caracas, viernes 15 de junio de 2012
SUMARIO
Asamblea Nacional Acuerdo en respaldo a la investidura de Alí Rodríguez Araque, como nuevo Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Presidencia de la República Decreto N° 9.033, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias.
Decreto N° 9.041, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
Decreto' N° 9.042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)..
Decreto N° 9.043, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
Decreto N° 9.045, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de la Policia de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
Decreto N° 9.046, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.
Decreto Nº 9.047, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo.
Decreto N° 9.048, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Decreto N° 9.049, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrario.
Decreto N° 9.050, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad.
Decreto N° 9.051, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado.
Decreto N° 9.052, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunitaria y privada para el desarrollo de la economía nacional.
Número39.945 Decreto N° 9.053, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Sistema Integrado de Policía Providencia mediante la cual se deja sin efecto la designación como Miembros integrantes dei Consejo Disciplinario del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Los Salias, estado Miranda, a las ciudadanas que en ella se mencionan; y se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se especifican.
Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y de Planificación y Finanzas Resolución Conjunta mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas SENIAT Providencia mediante la cual se establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de mayo de 2012.
Providencia mediante la cual se autoriza al ciudadano Alfredo José Herrera Freites, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa Capuano Transporte y Aduana, C.A., en las operaciones que en ella se indican.
Ministerio del Poder Popular para la Defensa Resolución mediante la cual se efectúan los nombramientos de los ciudadanos y la ciudadana que en ella se mencionan, de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana, para ocupar los cargos que en ella se señalan.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Coronel Victor Adrián Pérez Jáuregui, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, sin delegación de firma, Grupo Instrumental de Vuelo N° 7.
Ministerio del Poder Popular para las Comunas yProtección Social SAFONACC Orden Administrativa mediante la cual se designa al ciudadano Fernando Isaac Jiménez León, como Director, adscrito a la Dirección de Acompañamiento Comunal.
Tribunal Supremo de Justicia Acuerdo mediante el cual se dicta el Reglamento del Servicio de Alguacilazgo de los Circuitos Judiciales Penales.
Ministerio Público Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Abel Francisco Gil Montoya, Técnico de Seguridad y Resguardo I en la Fiscalia Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.
Resolución mediante la cual se crea la Sala de Flagrancia del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial del estado Vargas.
Resoluciones mediante las cuales se designa Fiscales Auxiliares Interinos y Fiscal Provisorio a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan, en las Fiscalías que en ellas se especifican.
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ASAMBLEA NACIONAL LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMo VOcerA DEL PueBlo SoBErAno ACUERDO EN RESPALDO A LA INVESTIDURA DE ALÍ RODRIGUEZ ARAQUE, COMO NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) CONSIDERANDO Que el día de ayer, lunes 11 de junio de 2012, fue juramentado en el Palacio de Nariño, sede del Poder Ejecutivo de la República de Colombia, por el Presidente de la República del Paraguay Fernando Lugo, Jefe de Estado de la Nación guaraní en funciones como' Presidente protempore de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Doctor Alí Rodríguez Araque como nuevo Secretario General del bloque regional para el período 2012-2013;
CONSIDERANDO
Que la investidura del Camarada venezolano Alí Rodríguez Araque, efectuada en presencia del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, y de los Cancilleres de los doce. países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), cumple con el mandato asumido por la organización regional durante la Reunión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en la República del Ecuador en marzo de 2011, a los fines de alterar con la República de Colombia el resto del período asignado como Secretario General al ilustre suramericano Néstor Kirchner, lamentablemente fallecido en octubre de 2010;
CONSIDERANDO
Que esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad y el compromiso de apoyar a nuestra Política Exterior Bolivariana y, en especial, la participación protagónica del insigne venezolano Alí Rodríguez Araque en sus nuevas funciones como Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en las cuales estamos seguros podrá transitar hacia la consolidación del bloque regional, tomando en cuenta las cualidades profesionales y personales del Ex canciller y experto petrolero venezolano.
ACUERDA Primero. Apoyar de manera irrestricta y solidaria la gestión que inició el día de ayer el Camarada Alí Rodríguez Araque, como nuevo Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para el período 2012-2013; así como todas las actividades de nuestro Gobierno Bolivariano que, en el marco de ese bloque regional, tiendan al éxito de los objetivos y metas planteadas por la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR.
Segundo. Felicitar de manera especial a la saliente Secretaria General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), María Emma Mejía, por sus esfuerzos, voluntad y gestiones realizadas al frente de tan importante cargo, siempre teniendo como base la necesidad de la unión y la integración efectiva de los pueblos y gobiernos de nuestra región en pro de un futuro mejor para los ciudadanos y ciudadanas de las patrias de los próceres de la independencia.
Tercero. Respaldar desde esta Tribuna Parlamentaria, todas aquellas acciones que en el marco de nuestra Política Exterior Multilateral, favorezcan el éxito de la gestión del Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UÑASUR), Alí Rodríguez Araque, especialmente las dirigidas a mejorar las condiciones para el desarrollo sustentable de la región, la superación de la pobreza, la eliminación de las profundas asimetrías que afectan a más de 130) millones de suramericanos, la defensa indeclinable de nuestros recursos naturales y la materialización definitiva de los principios de la "Idéntidad y Ciudadania Suramericana".
Cuarto. Apoyar desde la Asamblea Nacional todas aquellas acciones que fortalezcan las actividades de los Consejos de forman parte de la Unión de- Naciones Suramericanas (UNASUR), tendientes a propiciar y fortalecer el diálogo y la concertación política regional en torno a ta solución de los problemas y dificultades que afectan a la región, en especial la situación de la "Disputa de Soberania" argentina sobre las Islas Malvinas y alternativas reales y sinceras frente al tema de los Derechos Humanos. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) debe convertirse en el espacio ideal para discutir y concertar consensos frente a otros Foros Internacionales.
Quinto. Coadyuvar con las tareas de la Secretaría General de la Unión de Naciones. Suramericanas (UNASUR) conducentes a la integración y funcionamiento del Parlamento Suramericano, como máxima instancia parlamentaria regional, a los fines de apoyar la integración regional en "Nuestra América" para hacer realidad el sueño integracionista de nuestros Libertadores, en especial los ideales de nuestro "Simón Bolívar" de darle a los pueblos estabilidad politica, y la mayor suma de felicidad posible".
Sexto. Dar publicidad al presente Acuerdo Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los doce días del mes de junio de dos mil doce. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
DIOSDADO CABELLO-RONDÓN Presidente de la Asamblea Nacional ARISTÓRULO ISTÚRIE BEANCA BAKHOUT Primer Vifepresidente egunda Vicepresidenta IVÁN ERPA QUERRI TOR CLARK BOSCÁN Secretardo Subsecaetarto
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPOSICION DE MOTIVOS DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS
En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se refleja la obligación del Estado en garantizar un sistema penitenciario que asegure la transformación, la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Es por ello que los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios adecuados para el alojamiento, el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; en consecuencia, dentro del proceso revolucionario, para lograr estos objetivos, se hace necesario contar con herramientas legales inspiradas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Dentro de los deberes del Estado Venezolano, está el promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios; así como, ejercer la rectoría y gestionar un sistema público nacional penitenciario, para lo cual se creó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En función a ello, el Estado debe construir y adecuar las edificaciones indispensables para la asistencia penitenciaria en cualquiera de sus fases, al adulto privado y privada de libertad, así como la atención a los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que posibilite la transformación social del interno o interna, propiciando y creando la infraestructura penitenciaria necesaria y suficiente que garanticen las condiciones materiales para hacer viable este paso por parte de quienes transgredieron la norma.
Es por ello que se hace necesario derogar la ley que creó el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias. (FONEP), sancionada por el Congreso de la República de Venezuela. y publicada en Gaceta Oficial N° 35.737, de fecha 21 de junio de 1995, y que adscribía, dicho Fondo al Ministerio de Justicia, y sancionar una nueva ley que regule de manera íntegra a ese ente con personalidad jurídica, patrimonio propio, autónomo e independiente del Fisco Nacional, donde además se contemple las funciones que le permitan al FONEP, cumplir con el mandato contenido en el Decreto N° 8.266, de creación del Ministerio del Poder para el Servicio Penitenciario, de fecha 14 de junio 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 el 26 de julio de 2011, dadas las competencias que se le asignan y la adscripción del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias a dicho Ministerio.
Dentro de las competencias atribuidas al Ministerio por el Decreto Presidencial N° 8.266, se destacan las señaladas en el artículo 2º, numeral 12 en el que se instruye para diseñar proyectos normativos relacionados con la materia penitenciaria y todas aquellas medidas de carácter jurídico necesarias, en la articulación e integración de los actores del sistema penitenciario, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos del
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394.205 GÁCETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Viernes 15 de junio de 2012
órgano rector, contemplados en su Proyecto Estratégico y en consonancia con nuestra Carta Magna.
Los numerales 3, 4, 5, y 6, del Decreto, regulan la organización y funcionamiento del sistema penitenciario; ordenan garantizar y brindar un servicio penitenciario en forma eficiente y eficaz, que garantice a los procesados y procesadas, penados y penadas, y a las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, las condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, con el fin de mejorar sus posibilidades de transformación social; con estricto apego y observancia a los derechos humanos y para ello se debe promover la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, que cuenten con espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de los procesados y procesadas, penados y penadas y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como para la recreación, educación, artes, deporte, trabajo e instalaciones medicas y sanitarias; aplicando con carácter preferente los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas.
En el artículo 3° del citado Decreto, se adscribe al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Fondo Nacional para - Edificaciones Penitenciarias FONEP y en virtud de la determinación de adscripciones establecidas en dicho artículo, se deben realizar los trámites necesarios para la reforma de los estatutos sociales o fundacionales de los entes descentralizados a que haya lugar, así como acometer las demás reformas que sean necesarias a los fines de adecuarlos a la adscripción acordada en el referido decreto N° 8.266.
Como base o sustento legal, el FONEP, está soportado por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5890 de fecha 31 de julio de 2008, y se enfatiza que como órgano y ente para su creación debe indicar su finalidad y delimitación de sus competencias o atribuciones; se obliga a determinar su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la Administración Pública y su adscripción funcional y administrativa; y que le corresponde establecer las previsiones de las partidas y créditos presupuestarios necesarios para su funcionamiento.
Es así entonces que se establece una nueva ley, sencilla en su estructura, dividida en tres capítulos, diez artículos y dos disposiciones finales, que orienta a que el Fondo, cuente con un instrumento jurídico adecuado, eficaz, válido y vigente que le proporcione basamento legal al desarrollo, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física penitenciaria, las entidades de atención de adolescentes en el territorio nacional y las sedes administrativas, así como la dotación y mantenimiento de bienes, servicios y mobiliario necesarios; la prestación de los servicios asistenciales, educacionales y otros de carácter formativo que operen en dichos centros, y los requeridos para el desarrollo a cabalidad de los programas que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario estime pertinentes.
05 de junio de 2012 Decreto N° 9.033
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, literal a, del artículo1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros, DICTA El siguiente, DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS
CAPITULO I
DE LA CREACIÓN, OBJETO Y RECURSOS DEL FONDO
De la Creación Artículo 1°. El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, es un Instituto público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo e independiente del Tesoro Nacional, el cual podrá utilizar para su identificación las siglas (FONEP), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, se regirá por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
Del Objeto Artículo 2°. El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, tiene como objeto promover, a través del uso de sus recursos financieros y de la obtención de recursos de otra índole:
El desarrollo, construcción, rehabilitación y mantenimiento a.
de la infraestructura física penitenciaria, las entidades de atención de adolescentes en el territorio nacional y las sedes administrativas.
b. La dotación y mantenimiento de bienes, servicios y mobiliario necesarios en los centros penitenciarios del país, las entidades de atención de adolescentes en el territorio nacional y las sedes administrativas, así como para la prestación de los servicios asistenciales, educacionales y otros de carácter formativo que operen en dichos centros, y los requeridos para el desarrollo de los programas implementados.
De los Recursos Artículo 3°. El Patrimonio del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias estará constituido por:
La asignación que le aporte el Ejecutivo Nacional durante a.
el ejercicio Fiscal o en varios ejercicios fiscales sucesivos.
b.
Los aportes extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional en cualquier tiempo.
Los bienes que por cualquier título sean transferidos al c.
Fondo.
d.
Los bienes muebles e inmuebles adquiridos de manera directa para sus funciones.
Las donaciones, legados, aportes o cualquier otra e.
transferencia efectuada legalmente por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
CAPITULO II DEL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN
Del Órgano de Adscripción Artículo 4º. El Ministro o Ministra del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, como titular del órgano de adscripción del FONEP, tendrá las atribuciones siguientes:
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Designar al Presidente o Presidenta del FONEP; así como, a a.
los Directores Principales de la Junta Administradora y sus suplentes.
Dictar los lineamientos de políticas generales, a las que b.
habrá de ceñirse la gestión del FONEP.
Aprobar los Programas de acción financiera del FONEP.
c.
Aprobar el Presupuesto Anual del FONEP, y someterlo a la d.
consideración del órgano competente de la Administración Pública Nacional, en materia presupuestaria.
Conocer del concurso y del nombramiento del Auditor o e.
Auditora Interna del FONEP, quien ejercerá la titularidad del Órgano de Control Interno del FONEP.
Aprobar la Memoria Anual de la Junta Administradora del f.
FONEP, las cuentas periódicas y conocer de los informes del Auditor o Auditora Interno del FONE!.
Fijar los sueldos y demás remuneraciones del Presidente o g.
Presidenta, Directores y del Auditor o Auditora Interno del FONEP.
Aprobar la designación h.
Comisiones de las de Contrataciones del FCNEP.
Las demás que le asignen el ordenamiento jurídico.
i.
CAPITULO III DE LA ADMINISTRACION
SECCION PRIMERA
De la Junta Administradora Artículo 5°. El FONEP tendrá una Junta Administradora, integrada por un Presidente o Presidenta, que a su vez será del FONEP-y cuatro (4) Directores o Directoras Principales con sus respectivos suplentes, todos de libre nombramiento y remoción del Ministro o la Ministra del Poder Popuiar para el Servicio Penitenciario, quienes ejercerán su administración de acuerdo a las políticas públicas generales establecidas por el órgano de adscripción y por la Comisión Centra! de Planificación.
De la Oportunidad para Sesionar Artículo 6°. La Junta Administradora sesionará cuando lo requieran los intereses del, Fondo y, por lo menos, una vez a la semana con la concurrencia dei Presidente o Presidénta y dos Directores o Directoras comó mínimo; las decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes y en caso de empate, el Presidente o Presidenta tendrá el voto doble o dirimente.
De las Atribuciones de la Junta Administradora Artículo 7°. La Jurta Administradora tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elaborar ei programa de acción del Fondo, el cual deberá ser sometido a la aprobación del Ministro o Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, con treinta días hábiles de anticipación por lo menos, a la vigencia del ejercicio fiscal.
Elaborar el Presupuesto anual de gastos del FONEP, y b) someterlo a la consideración del Ejecutivo Nacional, previa autorización del Ministro de Adscripción.
Elaborar el Reglamento Interno del FONEP.
SECCIÓN SEGUNDA Del Presidente o Presidenta Requisitos para Ejercer la Presidencia Artículo 8°.Para ejercer como Presidente o Presidenta, Director o Directora del FONEP, se deben reunir los siguientes requisitos:
De nacionalidad venezolana.
a.
Profesional Universitario.
b.
Mayor de 21 años de edad.
c.
No estar sujeto a interdicción o inhabilitación política para d.
ejercer función pública.
Atribuciones del Presidente o Presidenta Artículo 9º. El Presidente o Presidenta del FONEP, tendrá las siguientes atribuciones:
Ejercer la representación legal del FONEP.
a.
Ejercer las actividades del FONEP a dedicación exclusiva.
b.
Presidir las reuniones de la Junta Administradora.
c.
Designar al personal administrativo del FONEP.
d.
Convocar mediante concurso público la elección del Auditor e.
o Auditora Interno del . FONEP, y proceder a su nombramiento, previo cumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las demás que le asignen expresamente las Leyes, el f.
Ministro o Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el Reglamento Interno.
De la Transferencia de Bienes Inmuebles Artículo 10. El Ejecutivo Nacional podrá transferir al FONEP los bienes propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 2° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, previo cumplimiento de las formalidades legales pertinentes.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. Se deroga la Ley del Fondo Nacionalpara Edificaciones Penitenciarias, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.737, de fecha 21 de junio de 1995.
SEGUnDA. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los cinco días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI
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Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L..S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para (LS.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricuitura y Tierras (L.S.).
ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (LS.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (LS.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (LS.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Minístra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (LS.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L..S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (LS.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
Decreto N° 9.041 12 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la República, basada en principios humanistas y sustentada en los principios morales y éticos Bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y el colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 5, literal a, de la Ley que autoriza al Presidente de la República para
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Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6009 Extraordinario, de fecha 17 de diciembre de 2010, en Consejo de Ministros.
DICTA El siguiente, DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGANICA DE BIENES PUBLICOS
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema de Bienes Públicos, como parte integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado.
Ámbito de aplicación Artículo 2°. Las normas contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, normas reglamentarias y aquellas qué emita la Superintendencia de Bienes Públicos, son de estricto cumplimiento por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Públicos, así como para las personas naturales o jurídicas que custodien o ejerzan algún derecho sobre un Bien Público, con las excepciones de Ley, dejando a salvo las competencias y autonomía atribuidas en la materia por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes correspondientes.
Las. disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se aplicarán sin perjuicio de las competencias de control, vigilancia y fiscalización que corresponden a la Contraloría General de La República sobre los bienes de la Nación.
Orden Público Artículo 3°. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, son de orden público y se aplicarán con preferencia a cualquier otra del mismo rango.
Órganos y entes que conforman el Sector Público Artículo 4°. Para los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se entiende por:
Sector Público: Comprende los entes u órganos que de seguidas se enumeran:
1. La República.
Los Estados.
2.
El Distrito Capital.
3.
Los Distritos Metropolitanos.
4.
Los Distritos.
5.
6.
Los Municipios.
El Territorio Insular Francisco de Miranda.
7.
Los Institutos Autónomos e Institutos Públicos.
Las personas jurídicas estatales de derecho público.
9.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales La República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
11. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación social.
12.. Las Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en este artículo, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio efectuados por una o varias de las personas referidas en el presente artículo, represente el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
14. El Banco Central de Venezuela y el SectorPúblico Financiero en General.
15. Las Universidades Públicas.
CAPITULO II DE LOS BIENES PUBLICOS
Definición Artículo 5°.- Se consideran Bienes Públicos:
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valor, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan;
Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el 2.
territorio de la República y que no tienen dueño;
Los bienes muebles e inmuebles, títulos valore, acciones, 3.
cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes;
Las mercancías que se declaren abandonadas;
4.
5.
Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva, y los que mediante sentencia firme o procedimiento de Ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de La República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
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Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos a esta Ley, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta;
Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto;
Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de 3.
forma inmediata;
Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en 4.
cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.
Clasificación Artículo 6°. Los Bienes Públicos son del dominio público o del dominio privado.
Son Bienes Públicos del dominio público:
1. Los bienes destinados al uso público, como plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros.
Los bienes que en razón de su configuración natural, 2.
construcción o adaptación especial, o bien por su importancia histórica, científica o artística sean necesarios para un servicio público o para dar satisfacción a una necesidad pública y que no puedan ser fácilmente reemplazados en esa función.
Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas 3.
marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
4. . Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
Todos aquellos bienes a los que por ley se confiera tal 5.
cualidad.
Los Bienes Públicos del dominio privado, son aquellos Bienes Públicos no incluidos en las categorías de bienes mencionadas en la enumeración anterior, los cuales, siendo de propiedad del Estado o de algún ente público, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público.
Desafectación de Bienes Públicos de dominio público Artículo 7°. Los Bienes Públicos de dominio público susceptibles de desafectación, por no estar destinados al uso público o a los servicios públicos, o no ser requeridos para tales fines, se entenderán incorporados al dominio privado de La República, una vez dictado por el Presidente de la República el respectivo Decreto, en Consejo de Ministros y previa autorización de la Asamblea Nacional.
De igual forma, se procederá en los casos de deslinde del dominio público en que los inmuebles sobrantes pasen al dominio privado.
Afectación de Bienes Públicos de dominio privado Artículo 8°. La afectación de un Bien Público de dominio privado al uso público o a los servicios públicos, en calidad de Bien Público del dominio público, sólo será posible mediante ley especial dictada por la Asamblea Nacional.
Prerrogativas de los bienes de dominio pùblico Artículo 9°. Los bienes de dominio público son imprescriptibles, inembargables e inalienables y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales.
Prerrogativas de los bienes propiedad de la República Artículo 10. Los bienes, rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la República, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a ninguna medida preventiva o ejécutiva, y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales.
Aprovechamiento Artículo 11. Los órganos y entes que conforman el Sector Público deben procurar el uso racional y social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en los lineamientos, directrices y pautas previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley atendiendo a los fines y objetivos institucionales.
Defensa Artículo 12. Los órganos y entes que conforman el Sector Público deberán adoptar las acciones necesarias para la defensa administrativa y judicial de los Bienes Públicos de su propiedad y de los que tengan a su cargo.
Prohibiciones Artículo 13. Los funcionarios y funcionarias públicos, así como toda persona que preste servicios en los órganos y entes que conforman el Sector Público, bajo cualquier régimen laboral o contractual, no podrán adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta, respecto de los Bienes Públicos propiedad del ente u órgano al que pertenecen, de !os confiados a su administración o custodia, ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención, saivc disposición expresa en contrario emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Ni el Presidente o Presidenta de !a República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministros ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional, ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Síndico o la Síndico Procurador de ios Estados, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico o la Síndico Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
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Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas ante referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce (12) meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos y/o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.
Aplicación preferente Artículo 14. Las normas contenidas en leyes especiales, que regulen los bienes a que se refiere este Título, se aplicarán en tanto no contradigan las disposiciones establecidas en la presénte Ley.
Supletoriedad de la ley Artículo 15. Se regirán por sus respectivas leyes y sólo supletoriamente por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley:
1. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas 2.
marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
Los Bienes Públicos empleados directamente para la 3.
seguridad y defensa de bienes y personas.
El espectro radioeléctrico.
4.
5. * Las tierras baldías.
6.
Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras y las que por ley le deban pertenecer.
Los Bienes Públicos empleados directamente por la 7.
Industrias Básicas Pesadas en poder del Estado, en las labores de aprovechamiento y/o transformación de los recursos naturales a su cargo.
8. Los. Bienes Públicos enmarcados en procesos de privatizaciones.
9. Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las sustancias químicas, precursoras y esenciales, susceptibles de se: desviadas a la fabricación ilícita de drogas.
10. Los haberes de los fondos públicos de prestaciones, pensiones jubilaciones.
11. Los bienes de valor artístico e histórico propiedad de la República, los estados, los municipios o los distritos, sin perjuicio de que sean incluidos en los registros de bienes establecidos en esta Ley.
TITULO II SISTEMA DE BIENES PUBLICOS CAPITULO I REGIMEN NORMATIVO
Creación Artícullo 16. Se crea el Sistema de Bienes Públicos, integrado por el conjunto de principios, normas, órganos, entes. y procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, la adquisición,uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos, dentro del Sector Público definido en el artículo 4 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en función del cumplimiento de las políticas públicas, y que tiene a la Superintendencia de Bienes Públicos como ente rector, con la estructura organizativa que determine el Reglamento respectivo.
Este sistema estará interrelacionado con los demás sistemas de la Administración Financiera del. Sector Público.
Finalidad Artículo 17. El Sistema de Bienes Públicos tiene por finalidades:
Contribuiral desarrollo de la Nación, promoviendo el 1.
saneamiento de los Bienes Públicos, a los fines de alcanzar una eficiente gestión en el uso, mantenimiento y disposición de.los mismos.
Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la 2.
adquisición, registro, administración, disposición y supervisión de los Bienes Públicos en el Sector Público, con el objeto de lograr una gestión eficiente.
Principios Artículo 18°.- Son principios del Sistema de Bienes Públicos:
La primacía de las disposiciones del presente Decreto con 1.
Rango, Valor y Fuerza de Ley y sus normas reglamentarias y complementarias, dada la especialidad de las mismas, como parte del Sistema de Bienes Públicos, sobre las que en contravención o menoscabo de estas puedan dictarse.
La supervisión permanente a cargo del ente rector, de los 2.
actos de adquisición, registro, administración y disposición respecto de los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público.
3. La transparencia en los procedimientos de adquisición, registro, adiministración y disposición de los Bienes Públicos.
La vigilancia por parte de los ciudadanos y ciudadanas 4.
dentro de las actividades de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, como principio activo de la contraloría social.
5. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, por parte de los órganos y entes que lo conforman, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Superintendencia de Bienes Públicos.
La eficiencia en la utilización de los recursos públicos que 6.
le son asignados para el logro de sus metas y objetivos, el cual propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
7. La responsabilidad patrimonial en la administración uso y disposición de los bienes propiedad de los órganos y entes que lo integran, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a sus funcionarios o funcionarias por su actuación.
Conformación Artículo 19. Los órganos y entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos, en cuanto adquieren, usan, administran,
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mantienen, registran, supervisar y disponen Bienes Públicos, son los siguientes:
1. La Superintendencia de Bienes Públicos, como ente rector;
Las máximas autoridades de los órganos y entes que 2.
conforman el Sector Público, señalados en el artículo 4 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 3.
Las Unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como responsables patrimoniales.
CAPITULO II SUPERINTENDENCIA DE BIENES PUBLICOS
Creación Artículo 20. Se crea la Superintendencia de Bienes Públicos, como instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía económica, presupuestaria, financiera, técnica y funcional, adscrita al ministerio con competencia en materia de finanzas al sólo efecto de la tutela administrativa, para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes Públicos bajo la responsabilidad y dirección de un Superintendente o una Superintendente de Bienes Públicos, quien será la máxima autoridad dentro de dicho ente. La organización interna de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida mediante Reglamento.
El Superintendente o la Superintendenta Nacional de Bienes Públicos será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y sus competencias y deberes serán establecidos en el Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Competencias Artículo 21. Son competencias de la Superintendencia de Bienes Públicos:
Participar en la formulación de las politicas para la 1.
administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. . Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3.
Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las politicas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos 4.
institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientados, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias 5.
de su competencia.
Establecer, mediante las correspondientes normas 6.
técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
Supervisar el cumplimiento de los procedimientos 7.
establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en esta Ley y sus Reglamentos.
Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de 8.
Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas: previstas en la presente Ley -y sus Reglamentos.
Definir los criterios para la racionalización de la 9.
construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, yalor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en la presente Ley, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relacionesconlas dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en esta Ley.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de Ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar, el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados, asegurados, incautados, confiscados o en situación de comiso, que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, aún antes de haberse dictado sentencia en el proceso.
16. Ordenar, previa autorización de 1a Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de mercancías legalmente abandonadas, conforme a; lo dispuesto en la Ley Orgánica de Aduanas.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa y favorable por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con esta Ley.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores .de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca la presente Ley.
23. Las demás atribuciones que le asignen esta Ley y su Reglamento.
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Deberes de la Superintendencia de Bienes Públicos Artículo 22. Son deberes de la Superintendencia de Bienes Públicos:
1. Cuantificar y calificar las necesidades y excedentes inmobiliarios del Sector Público Nacional atendiendo a las características de los inmuebles requeridos y disponibles y a su localización;
2.
Revisar el catastro de la propiedad inmobiliaria del Sector PúblicoNacional, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la necesidad de adquirir o construir otros inmuebles; y, 3.
Proponer al órgano o ente interesado, los inmuebles disponibles.
Funciones, atribuciones y deberes comunes de los órganos y entes que conforman el Sistema Nacional de Bienes Públicos Artículo 23. Son funciones,atribuciones deberes.
compartidos de la Superintendencia de Bienes Públicos y las Direcciones de Bienes Públicos:
1. Realizar el diagnóstico de los Bienes Públicos 2. Requeririnformación a los particulares que ejerzan o hayan:ejercido algún derecho sobre Bienes Públicos.
3. Recibir y atender . denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relacionadas con el manejo y administración de los Bienes Públicos, debiendo mantener la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia, protegidos por el principio de reserva.
Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos Artículo 24. El Presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será aprobado por el Ministro o Ministra con competencia en materia de finanzas.
Estará a cargo del Superintendente o Superintendente de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes.
Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, conforme a lo que establezca el Reglamento de esta Ley y cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia. de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.
Régimen funcionarial Artículo 25. Los funcionarios o funcionarias de la Superintendencia de Bienes Públicos, en su condición de funcionarias o funcionarios públicos, tendrán las atribuciones, derechos y deberes que les sean establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, su Estatuto Funcionarial Interno y el respectivo Manual Descriptivo de Clases de Cargos.
Lo no contemplado en la materia dentro de dichas normas, será regulado por la Ley del Estatuto de la Función Publica y por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadores en lo que le sea aplicable.
Del Estatuto Funcionarial Interno Artículo 26. El. Estatuto Funcionarial Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos contemplará todo lo relativo a los ingresos, concursos, clasificación y remuneración de cargos, beneficios sociales, desarrollo y capacitación, sistema de evaluación, compensaciones, ayudas, ascensos, traslados, licencias, régimen de vacaciones y egresos.
Unidades de Bienes Públicos Artículo 27. Se ordena la creación de una instancia administrativa, como unidad responsable patrimonialmente de los Bienes Públicos, en cada órgano o ente del Poder, Público Nacional, de los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoriales, las cuales, sin menoscabo de la autonomía de los Poderes Públicos distintos al Poder Público Nacional, deberán ajustar a lo previsto en esta Ley y sus Reglamentos y a las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos en la materia, lo relativo a la adquisición, uso, mantenimiento, registro y disposición de sus bienes.
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta én las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio' de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en la presente Ley y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.
Comisión de Enajenación de Bienes Públicos Artículo 28. Se crea la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, como órgano de la Superintendencia de Bienes Públicos facultado para autorizar la enajenación de los bienes públicos que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a alguno de los órganos o entes que conforman el Poder Público Nacional, en todas sus instancias, la cual estará conformada por el Superintendente o la Superintendente Nacional de Bienes Públicos, quien presidirá la misma, y cuatro (4) miembros principales y sus respectivos suplentes, de libre elección y remoción del Presidente de la República.
Actuación de los particulares ante el órgano jurisdiccional Artículo 29. Las Providencias emitidas por la Superintendencia de Bienes Públicos respecto de Bienes Públicos, que involucren intereses de particulares, serán recurribles ante el órgano jurisdiccional conforme a la normativa vigente.
Capacitación por parte del Ente rector Artículo 30. La Superintendencia de Bienes Públicos brindará capacitación permanente al personal técnico que tenga bajo su cargo la administración y custodia de Bienes Públicos.
TITULO III NORMAS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES PUBLICOS
CAPITULO I REGISTRO GENERAL DE BIENES PUBLICOS
Sistema de Información Artículo 31. La Superintendencia de Bienes Públicos diseñará y mantendrá un sistema de información actualizado sobre los Bienes Públicos, que permita mostrar permanentemente:
Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad 1.
del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artística e histórico.
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Forma, fecha y valor de adquisición;
2.
Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. ° Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
Valor de mercado actualizado del bien.
6.
Cualquier otra información que se estime conveniente para 7.
la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley establecerá los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo.
Obligación de registro Artículo 32. Las unidades administrativas que en cada ente u órgano del Sector Público administren Bienes Públicos, deberán llevar registro de los mismos, de conformidad con las normas e instructivos que al efecto dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
Veracidad de la información Artículo 33. La Superintendencia de Bienes Públicos velará por la consistencia e integridad del Registro General de Bienes Públicos, con base en la información contenida en los registros de las unidades administrativas encargadas de la gestión de los Bienes Públicos dentro de cada ente u órgano que conforma el Sector Público.
Formación del Catastro Georreferenciado Artículo 34. A los efectos de la formación del Catastro Georreferenciado a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán en los registros de las unidades administrativas que gestionen Bienes Públicos:
1. Los títulos por los cuales se enajene, modifique, grave o extinga el dominio, posesión y los demás derechos reales de los bienes inmuebles propiedad del Sector Público;
Los contratos de comodato y de arrendamiento sobre los 2.
bienes inmuebles propiedad del Sector Público;
3.
Las decisiones de ocupación y sentencias relacionadas con los bienes inmuebles propiedad del Sector Público que dicte la autoridad judicial;
Los títulos supletorios y justificativos de perpetua memoria 4.
promovidos para acreditar la propiedad, la posesión y ei dominio del Sector Público sobre bienes inmuebles;
5.
Las sentencias judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos mencionados en el numeral 1 del presente artículo;
6.
Las decisiones, sentencias o actos que incorporen o desincorporen del dominio público determinados bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
Obligación de informar Artículo 35. Los funcionarios, funcionarias y demás trabajadores al servicio de los organismos y entes sujetos a esta Ley, tendrán el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos, en el ámbito de sus competencias, la información requerida en la forma y oportunidad que esta determine.
De igual manera, la Superintendencia de Bienes Públicos deberá mantener la debida coordinación y cooperación en las materias de su competencia con los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, con el órgano del Poder Público Nacional competente en materia de Contabilidad Pública, con el órgano del Poder Ejecutivo con competencia en materia de Control Interno, con los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural, y con los órganos y entes competentes en materia de registros estadísticos y conformación de las Cuentas Nacionales, y mantendrá el intercambio necesario con dichos órganos y entes, a los fines de procurar la consistencia de los registros y cifras y el adecuado, cabal y oportuno registro y control de los Bienes Públicos y su respectivo valor contable.
Empresas de capital mixto minoritario Artículo 36. Las empresas o sociedades de cualquier tipo, en las que los integrantes del Sector Público cuenten con una participación inferior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social o patrimonial, según el caso, deberán remitir con la periodicidad y oportunidad que a tal efecto establezca el reglamento o la normativa técnica dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos, la información relativa al inventario de sus activos, a los fines del registro correspondiente en el Registro General de Bienes Públicos.
Obligación de los particulares e instituciones privadas Artículo 37. Las instituciones privadas y los particulares que por cualquier concepto usen, posean, administren o tengan bajo su custodia bienes y derechos propiedad del Sector Público, estarán obligados a proporcionar los datos y los informes que les solicite la Superintendencia de Bienes Públicos, así como remitirle, los registros o inventarios de dichos bienes.
Transferencia de bienes Artículo 38. Las máximas autoridades de los órganos emisor y receptor de Bienes Públicos sujetos a transferencia, emitirán un oficio dirigido a la Superintendencia de Bienes Públicos, contentivo de las especificaciones del bien y las razones que motivaron la transferencia.
CAPITULO II INCORPORACIÓN DE BIENES
Incorporación al patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño Artículo 39. Para la incorporación al patrimonio de la República de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren en el territorio de la República y que no tengan dueño, ei Superintendente. o la Superintendente Nacional de Bienes solicitará la posesión real de ellos al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial correspondiente, quien la otorgará en forma ordinaria.
El procedimiento contenido en el presente artículo no es aplicable para los supuestos previstos en el artículo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica.
Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas Artículo 40. Las mercancías que se declaren abandonadas serán puestas a la orden del Tesoro Nacional mediante Providencia de Adjudicación al Tesoro Nacional, emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, asegurados, incautados, aprehendidos o embargados Artículo 41. Los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de una medida firme de comiso mediante acto administrativo o sentencia definitiva, serán puestos a la orden del Tesoro Nacional, mediante Providencia de Adjudicación al Tesoro Nacional emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, asegurados, incautados, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descompósición, la Superintendencia de Bienes Públicos,
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mediante Providencia de Adjudicación al Tesoro Nacional, podrá autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte . de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos. Cuando la medida haya sido declarada sin lugar, la Superintendencia de Bienes Públicos devolverá al propietario los efectos que tenga aún en su poder, en el estado en que se hallen. Las enajenaciones que se hubieren hecho no podrán ser atacadas y el propietario sólo podrá exigir el reintegro del producto de la enajenación.
Construcción de bienes Artículo 42. Cuando se trate de construcción de bienes muebles o inmuebles por parte de un órgano u ente público, una vez efectuada la recepción definitiva del bien u obra, según lo estipulado a tal efecto en la Ley de Contrataciones Públicas, el órgano o ente contratante procederá a su incorporación y posterior inscripción y registro de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
CAPITULO III ADSCRIPCIÓN, POSESION Y CUSTODIA DE BIENES
Propiedad y adscripción de bienes Artículo 43. Los Bienes Públicos que no sean propiedad de determinado ente u órgano del Sector Público, o que no le hayan sido expresamente adscritos para su uso, goce, disfrute, se considerarán propiedad de la República y su administración estará a cargo de la Superintendencia de Bienes Públicos.
Posesión de bienes Artículo 44.Los bienes en posesión, cuya propiedad no corresponda al órgano o ente que los posee y que no le hayan sido asignados o adscritos, serán considerados en custodia o protección.
Responsables de bienes Artículo 45. El órgano o ente que tenga la propiedad, custodia, protección, adscripción o asignación de un Bien Público, nombrará un encargado o encargada, quien tendrá la responsabilidad de mantener y administrar el mismo, respondiendo patrimonialmente por cualquier daño, pérdida o deterioro sufrido por el bien custodiado, en cuanto le sea imputable.
Quedan a salvo las responsabilidades del usuario final del Bien Público de que se trate, conforme al correcto uso que haga del bien.
Facultad de la República para retener los bienes que posea Artículo 46°.- La República está facultada para retener administrativamente los bienes que posea. Asimismo, podrá recuperar por sí, la posesión indebidamente perdida sobre los bienes o derechos de su patrimonio.
CAPITULO IV ADQUISICION DE BIENES
Normativa aplicable a la adquisición de bienes inmuebles Artículo 47. La adquisición de bienes inmuebles por parte de los órganos y entes que conforman el Sector Público se hará conforme a lo dispuesto en la presente Ley, salvo lo previsto en las disposiciones legales especiales sobre la materia, bajo los criterios de racionalidad, economía y proporcionalidad del gasto.
Titularidad de los bienes Artículo 48. La propiedad de los bienes válidamente adquiridos por cualquier título, le estará conferida al órgano o ente que los haya adquirido, salvo disposición en contrario de leyes especiales que rijan sobre la materia y la administración y gestión de los mismos le estará conferida al órgano o ente adquirientes, dentro de los límites de la Ley.
Modalidades de adquisición Artículo 49. La adquisición de bienes por parte de los órganos y entes que conforman el Sector Público se hará mediante los procesos de compra, permuta, donación, dación en pago, expropiación o cualquier otra medida judicial.
Deber de información Artículo 50. Una vez que los órganos y entes que conforman el Sector Público realicen la adquisición, construcción, reconstrucción o adaptación de bienes inmuebles, remitirán a la Superintendencia de Bienes Públicos un informe acompañado de las copias certificadas de los títulos de propiedad de los mismos, o Acta de recepción final de la obra según corresponda y del respectivo expediente administrativo o judicial, a los fines de incorporar dicha documentación al Registro de Bienes Públicos.
Sin menoscabo de su autonomía constitucional, los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoriales, estarán obligados a informar a la Superintendencia de Bienes Públicos, sobre la adquisición, construcción, reconstrucción o adaptación de los bienes inmuebles de su propiedad.
Visto bueno Artículo 51. La adquisición de bienes inmuebles por parte de los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional, deberá contar, previo a la adquisición del bien, con la opinión favorable por parte de la Superintendencia de Bienes Públicos.
Obligatoriedad de avalúos.
Artículo 52. Para la adquisición de bienes inmuebles por parte de los órganos y entes que conforman el Sector Público, deberán considerarse un mínimo de dos (02) avalúos actualizados y el precio de compra no podrá ser superior al avalúo que señale el monto mayor, salvo que por acto motivado presentado por la máxima autoridad del órgano o ente interesado y oída la opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Públicos, se decida la adquisición del bien por un precio distinto.
En todo caso, la adquisición de bienes inmuebles deberá contar con la aprobación escrita de la máxima autoridad del ente u organismo adquirientes, con indicación expresa y detallada de los términos y condiciones bajo los cuales se adquiere el bien.
Revisión de avalúos Artículo 53. La Superintendencia de Bienes Públicos podrá, mediante acto motivado, rechazar cualesquiera de los avalúos presentados por el Sector Público Nacional conforme a esta Ley, tomando en consideración para la motivación de dicho acto, las variables económicas existentes a la fecha de presentación de los avalúos.
Designación de peritos Artículo 54. Sin perjuicio de las previsiones legales sobre expropiaciones forzosa, en las distintas operaciones inmobiliarias en las que intervengan los órganos y entes del Sector Público, será obligatorio designar peritos avaluadores para:
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2.
Estimar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendatarios, o pagar cuando tengan el carácter de arrendadores y;
Realizar cualesquiera justiprecios que fueren necesarios.
3.
Acreditación de peritos Artículo 55. Los avalúos que fuere necesario realizar, sobre bienes inmuebles del Sector Público deberán ser efectuados por personas de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de
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acuerdo con su profesión y conocimientos prácticos en la materia objeto del avalúo y debidamente acreditados ante la Superintendencia de Bienes Públicos. El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, regulara los requisitos y la forma para obtener tal acreditación.
Presentación de necesidades inmobiliarias Artículo 56. Los órganos y entes del Sector Público Nacional, deberán presentar anualmente para su información a la Superintendencia de Bienes Públicos, un programa que contenga sus necesidades inmobiliarias para el cumplimiento de las funciones a su cargo durante el año siguiente.
Sin menoscabo de su autonomía, los órganos y dependencias del Sector Público distintos del Sector Público Nacional, también participarán a la Superintendencia de Bienes Públicos sus necesidades inmobiliarias.
CAPITULO V ARRENDAMIENTO DE BIENES
Plazos Artículo 57. Los órganos y entes del Sector Público, salvo disposiciones especiales, pueden dar- en arrendamiento los Bienes Públicos que tengan adscritos, asignados o de los cuales sean propietarios, hasta por los plazos señalados como límite máximo en el Código Civil.
Autorización de la Procuraduría General de La República Artículo 58. En caso de arrendamiento de Bienes Públicos propiedad de la República, la Procuraduría General de la República podrá autorizar a la Superintendencia de Bienes Públicos para ejercer, en determinados actos y para ciertos efectos, la representación de la República, en defensa de los derechos inherentes a los Bienes Públicos dados en arrendamiento, de conformidad con los términos previstos en el Decreto, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Bienes que pueden ser arrendados Artículo 59. Los entes u órganos del Sector Público sólo podrán arrendar bienes muebles o inmuebles para su servicio mediante acto motivado, cuando las circunstancias así lo justifiquen.
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos Artículo 60. Corresponderá a la Superintendencia de Bienes Públicos dictar las normas y políticas para la revisión periódica de los contratos de arrendamiento que, con el carácter de arrendadores y respecto de bienes inmuebles, celebren los entes u órganos del Sector Público Nacional.
Obligatoriedad de avalúos Artículo 61. Son aplicables para el arrendamiento de Bienes Públicos, las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del presente Título, relativas a la tasación de los bienes.
Comodato de bienes Artículo 62. Los bienes propiedad de cualquiera de los órganos o entes que conforman el Sector Público podrán ser entregados en comodato, según las disposiciones del Código Civil, en los siguientes casos:
1. Que el comodatario sea un ente u órgano del Sector Público;
2. Que el bien sea destinado al desarrollo de un programa de interés público.
En ambos casos, el comodato no podrá exceder de quince (15) años, debiendo prever el respectivo contrato de comodato causales de rescisión anticipada, fundadas en el incumplimiento de las obligaciones del comodatario o en razones de interés público, sin perjuicio de la figura de la incorporación prevista en el artículo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
CAPITULO VI DE LAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Normativa Aplicable para la concesión de Bienes Públicos Artículo 63. Las concesiones sobre Bienes Públicos cuyo otorgamiento autoriza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se regirán por lo dispuesto en las leyes especiales que regulen la materia de concesiones.
Derechos que otorgan las concesiones Artículo 64. Las concesiones sobre Bienes Públicos no crean derechos reales; sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar el uso, aprovechamiento o explotación del bien, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos Artículo 65. En los casos en que los órganos o entes del Sector Público otorguen concesiones, permisos o autorizaciones sobre sus bienes inmuebles, deberá establecerse expresamente que a su término los mismos pasarán nuevamente al dominio del ente u órgano respectivo, correspondiéndole a la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, lo siguiente:
1. Velar porque se inscriban en los registros de bienes de las unidades administrativas y en el Registro General de Bienes Públicos, los documentos en que conste el derecho de reversión y vigilar que se efectúe ante el Registro Inmobiliario correspondiente, la inscripción de dicho derecho y se hagan las notas marginales necesarias;
2. Coordinar con el ente u órgano que corresponda, la imposición de gravámenes sobre los bienes inmuebles destinados o afectos a los fines de la concesión. En este caso, los interesados deberán otorgar fianza a favor del ente u órgano respectivo por una cantidad igual a la del valor del bien, a fin de garantizar el derecho de reversión.
Derecho preferente Artículo 66. Siempre que se acuerde la enajenación de Bienes Públicos, los titulares de derechos vigentes sobre ellos que resulten de concesiones otorgadas, tendrán el derecho preferente de adquirir los.
CAPITULO VII DE LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES
Normativa aplicable para la conservación y mantenimiento Artículo 67. Los Bienes Públicos serán conservados, mantenidos y protegidos de acuerdo con las normas establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento y en las normas e instrucciones que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes.
Gastos de conservación, Mantenimiento y protección Artículo. 68. Los gastos inherentes a la conservación, mantenimiento y protección de los Bienes Públicos corresponderán a sus propietarios o a los entes u órganos que los tengan en custodia, con cargo a sus partidas presupuestarias específicas.
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Mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático Artículo 69. Los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones apropiadas de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto. de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático, incluyendo normas de seguridad industrial, normas oficiales de calidad y cumplimiento de las especificaciones formuladas por el Cuerpo de Bomberos cuando se trate de la seguridad de bienes inmuebles.
Las unidades administrativas de los distintos entes u órganos del Sector Público, en su carácter de responsables por la administración de sus bienes y de los que tengan en custodia, adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de que se incluyan en el proyecto de la Ley de Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, los créditos necesarios para su mantenimiento y conservación.
Deber de utilidad Artículo 70. Los Bienes Públicos no podrán mantenerse, injustificadamente, inactivos o privados de destino útil.
Obligación de registro y control Artículo 71. Los órganos y entes del Sector Público deberán adecuar y perfeccionar sus métodos y procedimientos de control interno, respecto del mantenimiento, conservación y protección de sus bienes, de acuerdo con las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
Los funcionarios públicos que tengan competencia en la conservación, mantenimiento y protección de Bienes Públicos, deberán llevar un sistema de registro que evidencie la cronología de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales utilizados y costos de los mismos.
Facultades de Inspección Artículo 72. La Superintendencia de Bienes Públicos podrá, en cualquier momento que lo estime conveniente, realizar inspecciones en sitio con el objeto de corroborar el estado de mantenimiento, conservación y protección dado a los bienes propiedad de los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional.
CAPITULO VIII DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
Obligación de enajenar Artículo 73. Los órganos y entes del Sector Público deberán enajenar los bienes públicos de su propiedad que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus finalidades y los que hubiesen sido desincorporados por obsolescencia o deterioro, conforme a los términos establecidos en la presente Ley, en lo que les sea aplicable.
Excepciones Artículo 74. Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a los bienes y productos adquiridos, fabricados u obtenidos por el Sector Público con destino a la venta, donación o al suministro.
Pérdida, deterioro u obsolescencia de bienes Artículo 75. Cuando un Bien Público sufra pérdida o deterioro que imposibilite de manera permanente su utilidad, deberá ser desincorporado del inventario de Bienes Públicos del respectivo ente u organismo, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos. Igual procedimiento habrá de seguirse en los casos de bienes que no sean susceptibles de reparación, a los cuales se les dará la condición de obsolescencia y los que resultaren inservibles por haber sido modificados o alterados para recuperar o poner en funcionamiento otros bienes.
Modalidades para la enajenación de bienes Artículo 76. La enajenación de los bienes regulados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, podrá efectuarse a través de las siguientes modalidades:
1. Venta;
2.
Permuta;
3.
Dación en pago;
Aporte del bien al capital social de sociedades mercantiles 4.
del Estado;
Donación;
5.
Mediante otros tipos de operaciones legalmente 6.
permitidas.
La enajenación de Bienes Públicos deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos que establezca la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que a tal efecto dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
De los Peritos Artículo 77. Los avalúos de Bienes Públicos realizados con propósitos de enajenación, deberán ser efectuados por peritos de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de acuerdo con su profesión y conocimientos prácticos en la materia objeto del avalúo y debidamente inscritos en el Registro de Peritos de la Superintendencia de Bienes Públicos.
Fijación del precio para los bienes propiedad del Sector Público Nacional Artículo 78. El precio que servirá de base para la enajenación de los Bienes Públicos adscritos a los órganos y entes que conforman el Sector Público Nacional, será determinado por la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, con base en los avalúos presentados y cualquier otro criterio válido a juicio de la comisión.
Venta y Permuta de bienes Artículo 79. La enajenación de Bienes Públicos bajo la modalidad de venta o permuta, se hará mediante proceso de Oferta Pública y preferentemente por lotes, pudiéndose realizar enajenaciones por unidades en razón de las características particulares de los bienes, avaladas a través de acto motivado suscrito por la máxima autoridad del respectivo ente u organismo.
Procedimiento para la enajenación de bienes bajo la modalidad de venta o permuta Artículo 80. Para los casos previstos en el artículo anterior, el Comité de Licitaciones del ente u organismo que enajenar el bien publicará un aviso en dos diarios de comprobada circulación nacional, en el cual se indiquen:
1. Las características del bien;
El precio base fijado para la enajenación del mismo;
2.
Las condiciones establecidas para su enajenación y el 3.
plazo para la recepción de las ofertas.
Una de dichas publicaciones podrá ser sustituida por una publicación en un medio digital, a tenor de lo dispuesto en la ley que regula la materia sobre mensajes de datos y firmas electrónicas.
Si no se recibieren un mínimo de dos (02) ofertas dentro del plazo que se- hubiere señalado, o las mismas no fueren válidas o satisfactorias a juicio del Comité de Licitaciones, podrá procederse a la publicación de un segundo aviso conforme a lo antes indicado.
Los bienes se adjudicarán en propiedad a quien formule, a juicio del Comité de Licitación del ente u organismo la oferta
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más ventajosa, previo cumplimiento de las condiciones establecidas-en los respectivos pliegos licitatorios.
Si en las oportunidades fijadas en el presente artículo no se recibirán ofertas en tiempo hábil o estas no fueren satisfactorias, el Comité de Licitaciones podrá autorizar la enajenación del bien por un precio distinto al ya fijado, debiéndose iniciar un nuevo proceso licitatorio.
Prohibiciones Artículo 81. No podrán participar en los procesos de enajenación de Bienes Públicos, las personas que hayan sido declaradas en estado de atraso o quiebra o condenadas por delitos contra la propiedad o contra el Patrimonio Público, ni los deudores morosas de obligaciones fiscales o con instituciones financieras públicas.
Adjudicación directa de bienes Artículo 82. Quedan exceptuadas del procedimiento de oferta pública previsto en el artícuio 75 del presente Capítulo, las siguientes operaciones:
1. Las de venta o permuta de bienes cuyo adquirientes sea otro ente u órgano del Sector Público.
Las de venta de bienes cuyos adquirientes sean los 2.
trabajadores del ente u órgano enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3.
Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien;
Las de venta o permuta de bienes de cualquier tipo 4.
cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente;
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de Bienes Públicos deberá contar con la autorización expresa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos De la autorización para la enajenación de bienes Artículo 83. La enajenación de los bienes propiedad del Sector Público Nacional regulados por esta ley, deberá contar con la autorización previa de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, sin que sea necesaria la autorización previa de la Asamblea Nacional prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando fuere el caso; ni ninguna otra autorización.
Cuando los bienes a enajenar fueren acciones u otros títulos valores, no serán necesarias las autorizaciones a que se refiere la Ley en materia de mercados de valores.
Obligación de notificación Artículo 84. Los distintos órganos y entes políticos territoriales diferentes a la República, notificarán a la Superintendencia de Bienes Públicos sobre la enajenación de sus bienes, sin menoscabo de su autonomía constitucional, con la periodicidad y en la forma que determine el Reglamento de esta Ley.
TITULO IV REGIMENES ESPECIALES
CAPITULO I DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES
Derechos en Sociedades Mercantiles Artículo 85. Compete al titular del ministerio de adscripción, el ejercicio de los derechos que corresponden a la República como partícipe directo de sociedades mercantiles, sea o no mayoritaria dicha participación.
Órgano de custodia de los Títulos.
Artículo 86. La Oficina Nacional del Tesoro custodiar los títulos o los instrumentos equivalentes representativos de la participación de la República.
Autorización requerida para enajenación de títulos representativos de capital propiedad de la República Articulo 87. La enajenación de títulos representativos de capital propiedad de la República en sociedades mercantiles, requiere de la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros.
Cuando los títulos objeto de venta se coticen en Bolsa, su enajenación se hará de conformidad con las reglas de la respectiva institución bursátil.
Los títulos que no se coticen en Bolsa, se enajenarán mediante subasta pública, a menos qué el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro con competencia en materia de finanzas, acuerde la adjudicación directa a entes del Sector Público.
CAPITULO II DE LA PROPIEDAD INCORPORAL Adquisición de los derechos de propiedad intelectual o industrial Artículo 88. La adquisición de los derechos correspondientes a la propiedad intelectual o industrial por parte de la República se regirá por lo que dispongan las leyes especiales respectivas.
Órgano Competente Artículo 89. Compete a la Superintendencia de Bienes Públicos la administración y explotación de las propiedades intelectual e industrial de La República, en todos aquellos casos en que no estén encomendadas o se encomienden específicamente por Decreto, o por cualquier otro acto jurídico, a otro ente u órgano.
Enajenación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de la República Artículo 90. Los derechos correspondientes a la propiedad intelectual o industrial de la República se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, acuerde la adjudicación directa a entes del Sector Público por razones estratégicas, de soberanía o de interés nacional, determinadas por el Presidente de la República, o en atención a los acuerdos internacionales suscritos válidamente por la República Bolivariana de Venezuela.
Utilización de propiedades incorporales de domino público Artículo 91. La utilización de propiedades incorporales que pertenezcan a La República y que por aplicación de leyes especiales hayan entrado en el dominio público y sean de uso público, no generará derecho alguno a favor del Estado.
TITULO V DE LAS RESPONSABILIDADES Y DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Funcionarios y funcionarias públicos Artículo. 92. Los funcionarios o funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones con
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ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos. Esta responsabilidad no excluir la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas.
Ministerio Público Artículo 93. Corresponderá al Ministerio Público intentar las acciones a que hubiere lugar. para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrafiva o disciplinaria en que hubieren incurrido. los funcionarios o funcionarias públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, elfo no menoscabar el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a los particulares o a otros funcionarios o funcionarias públicos, de conformidad con la Ley.
Particulares Artículo 94.Cualquier persona que fuera de los casos expresamente tipificados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, por si misma o mediante persona interpuesta use o aproveche de manera ilegal un Bien Público, responderá penal y civilmente por los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio público.
Acciones penales y civiles Artículo 95. Ningún procedimiento de los contemplados en el presente capítulo, administrativo o de cualquier otra naturaleza, impedirá el ejercicio de la acción penal y de la civil que de ella se derive.
CAPITULO II DE LAS SANCIONES
Imposición de sanciones Artículo 96. Para la imposición de las sanciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se tomarán en cuenta los siguientes hechos:
1. La naturaleza del acto u omisión.
2. La intencionalidad con la que fue cometido el hecho o la omisión.
La gravedad del perjuicio causado al patrimonio público o 3.
a las personas.
4. La ganancia o provecho ilegalmente obtenidos como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
5. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
6. La reincidencia.
Explotación, uso o aprovechamiento indebido de Bienes Públicos en beneficio propio o de terceros Artículo 97. Quien en contravención a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, explote, use o aproveche, por si o por persona interpuesta un Bien Público, será sancionado con multa de cien Unidades Tributarias (100uT) a quinientas Unidades Tributarias (500uT), más el cien por ciento (100%) del beneficio que se hubiere obtenido por la explotación, uso o aprovechamiento ilegal del bien. En estos casos, el ente u órgano que ostente la titularidad, adscripción o custodia del Bien Público, recuperará directamente la tenencia material del mismo.
Faltas graves Artículo 98. Independientemente de la responsabilidad civil, penal, disciplinaria o administrativa, serán sancionados con multa de un mil Unidades Tributarias (1.000uT) a cinco mil Unidades Tributarias (5.00ouT), los sujetos que conforman el Sistema Nacional de Bienes Públicos, en los siguientes supuestos:
1.
Quienes realicen procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la. disposición de Bienes Públicos, en contiravendión a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
2.
Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, incumplan las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento y las normas e instrucciones dictadas para ello por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia 3.
de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos,nieguen injustificadamente la participación de algún interesado.
4. Quienes incumplan el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos la información requerida de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
Quienes a requerimiento de la Superintendencia de Bienes 5.
Públicos o en cumplimiento de las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, suministren o divulguen información falsa.
Cuando no nformaren oportunamente de la comisión de 6.
hechos considerados como delitos, faltas, ilícitos o irregularidades administrativas, cometidas con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos.
Responsables Patrimoniales Artículo 99. Los responsables patrimoniales de Bienes Públicos serán sancionados con multa de quinientas Unidades Tributarias (500. D.T.) a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.), en los siguientes supuestos:
1. Cuando no advirtieren oportunamente sobre la insuficiencia de los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento, conservación y protección de los bienes a su cargo.
2.
Cuando incurrieren en acción u omisión que tenga como resultado a falta de adecuado mantenimiento y conservación del bien.
Cuando no advirtieren el carácter antieconómico del 3.
mantenimiento o reparación del bien.
Incumplimiento de obligaciones contractuales Artículo 10o. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal que corresponda, cuando se compruebe el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la persona natural o jurídica que resultare favorecida con la Buena Pro dentro de un proceso de Oferta Pública que haya tenido por objeto la enajenación de un Bien Público, el órgano o ente enajenante sustanciará el expediente respectivo, en un lapso no mayor de treinta días, y lo remitirá a la Superintendencia de Bienes Públicos, a los fines de que esta imponga las sanciones a que hubiere lugar.
Los responsables serán sancionados con multa de Un mil Unidades Tributarias (1.000 UT) y la Superintendencia de Bienes Públicos declarará la inhabilitación de estos para participar en nuevos procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, por los siguientes lapsos:
1. De cuatro a cinco años cuando incurran en prácticas de corrupción.
2. De tres a cuatro años, cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen otras prácticas frasdulentas.
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De dos a tres años cuando retiren ofertas durante su 3.
vigencia, o siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato o no constituyan las fianzas a que hubiere lugar dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones.
De dos a tres años cuando ejerzan recursos 4.
manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma.
Responsabilidad de peritos avaluadores Artículo 101. El perito avaluador contratado para realizar el avalúo de un Bien Público, que actúe con impericia, negligencia o mala fe en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de sus honorarios profesionales pactados cobrados o por cobrar al respectivo ente u órgano público, independientemente de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar por los daños y perjuicios que causare al patrimonio publico.
En caso de reincidencia, la Superintendencia de Bienes Públicos excluir al infractor por un lapso de cinco (5) años del Registro de Peritos a que se refiere el Título III, Capítulo VIII del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones como avaluador actúe con impericia, negligencia o mala fe, será responsable por los daños y perjuicios que causare al patrimonio público.
Se entiende por mala fe las siguientes circunstancias:
1. Alterar u omitir hechos esenciales del peritaje.
Obstaculizar el desarrollo del peritaje.
2.
3. Que el avalúo sea elaborado en distorsión a su precio real del mercado.
TITULO VI DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS RECURSOS
Remisión de expedientes Artículo 102. Las Unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como responsables patrimoniales, deberán formar expediente con los recaudos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas, hechos ilícitos o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, usó, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos, debiendo remitir este al órgano competente según corresponda.
Para el caso de la ocurrencia de los supuestos previstos en el Capítulo II del Título VI del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se deberá remitir expediente a la Superintendencia Nacional de Bienes, para la imposición de las multas a que haya lugar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comisión del hecho en cuestión.
Cálculo de multas Artículo 103. Cuandose trate de multa, ésta se fijará para cada caso según la mayor o menor gravedad de la infracción, la magnitud de los perjuicios causados al Tesoro Nacional y las circunstancias agravantes y atenuantes previstas en el artículo 96 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes Artículo 104. Se consideran circunstancias atenuantes a efectos de la imposición de las multas previstas en el presente Título, las siguientes:
1.
Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2.
Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3.
La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes Artículo 105. Se consideran circunstancias atenuantes a efectos de la imposición de las multas previstas en el presente Título, las siguientes:
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2.
Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3.
Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
La reincidencia.
4.
Imposición de multas Artículo 106. Las multas serán impuestas en virtud de Providencia dictada Superintendente o Superintendenta Nacional de Bienes Públicos, previo levantamiento de acta donde se harán constar específicamente todos los hechos relacionados con la infracción, acta que deberán firmar según el caso, los funcionarios intervinientes en el proceso y el infractor, dentro de un plazo no mayor a quince. (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto motivado al infractor.
El contenido del acto motivado le será notificado al multado junto con la correspondiente planilla de liquidación, a los fines legales consiguientes, en la dirección de residencia que este haya suministrado.
Negativa por parte del infractor Artícuio 107. En los casos en que el infractor exprese su negativa a firmar el acta indicada en el artículo anterior, o que se haga imposible su comparecencia dentro de los lapsos previstos para ello, se publicará cartel en un diario de circulación nacional, contentivo de los hechos que se le imputan y los recursos que le asisten al infractor dentro del proceso, a los fines de garantizarle su legítimo derecho a la defensa.
Transcurridos treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firma del acta por parte del infractor o a negativa de esta de la fecha de publicación del respectivo cartel en prensa, se entenderá que la sanción ha quedado definitivamente firme si no se hubiesen interpuesto los recursos previstos en el presente Plazo para la cancelación de las multas Artículo 108. El contraventor dispondrá de treinta (30) días continuos para la cancelación de la multa ante el Servicio de
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Liquidación de la Superintendencia de Bienes Públicos, contados a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción. La cancelación se hará en las cuentas del Tesoro Nacional, habilitadas por la Superintendencia de Bienes Públicos en el Sistema Financiero nacional.
Recurso de Reconsideración Artículo 109. El Recurso de Reconsideración sólo podrá ser dentro del lapso establecido en la Ley, ante el Superintendente o Superintendenta Nacional. de Bienes Públicos, quien lo admitirá o no dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del recurso.
Suspensión de efectos Artículo 110. La interposición de los Recursos no impedirá o suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Sustanciación del recurso Artículo 111. En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, acompañándola de la documentación que estime pertinente.
Promoción de pruebas Artículo 112. Todas las pruebas que el recurrente considere pertinentes deberán·ser promovidas en el escrito contentivo del recurso a excepción de aquellas declaradas improcedentes por la Ley.
El término para evacuar las pruebas promovidas será de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del recurso.
Evacuación de testigos Artículo 113. Cuando se haya promovido prueba de testigos, la misma se evaluará sin previa citación. El funcionario sustanciador transcribirá la deposición del testigo sobre el interrogatorio que considere, à los fines del esclarecimiento de la verdad. De dicho acto se levantará acta suscrita por el funcionario sustanciador y por el interrogado.
Promoción de Inspecciones y experticias Artículo 114. Si se promoverá inspección ocular o experticia administrativa, la primera será practicada por el sustanciador, pudiéndose hacer acompañar de otros funcionarios que a juicio de la Superintendencia de Bienes Públicos sean competentes para llevar el caso.
A requerimiento del funcionario sustanciador, en cualquier momento y dentro del lapso que se tiene para decidir, se podrán solicitar las informaciones adicionales que se consideren necesarias, la exhibición de libros o registros, así como los demás documentos relacionados con el caso y exigir la ampliación o complementación de las pruebas presentadas.
La omisión de las informaciones adicionales no suspenderá la tramitación del recurso.
Lapso para la decisión del recurso Artículo 115. Vencido el lapso para la evacuación de las pruebas, el recurso deberá ser decidido dentro de los sesenta (60) días siguientes, mediante acto motivado suscrito por el Superintendente o Superintendenta Nacional de Bienes Públicos.
Desistimiento del recurso Artículo 116. El desistimiento del recurrente pondrá fin al procedimiento, debiendo constar por escrito y en forma inequívoca. En caso de pluralidad de recurrentes, el desistimiento de un de ellos no afectará a los restantes.
No obstante el desistimiento del recurso, la Supertintendencia de Biénes Públicos podrá continuar el estudio de la materia objeto del recurso, si razones de interés general lo justifican.
Inadmisibilidad Artículo 117. La inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración deberá constar en acto motivado. Contra dicha decisión podrá interponerse Recurso Jerárquico ante el ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, dentro de los plazos y bajo las formalidades previstas por Ley.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Se derogan los artículos contenidos en el Título I de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en Gaceta- Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 3.951 Extraordinario, de fecha 07 de enero de 1987 y su Reglamento, dictado mediante Decreto N° 78 de fecha 20/03/1999, Gaceta Oficial N° 36.668 de fecha 24/03/1999; los artículos 67 y 71 de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.875 Extraordinario de fecha 21 de febrero de 2008; los artículos 10, 19 y 20 de la Ley sobre el Delito de Contrabando, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.017 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2010; la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.756, de fecha 28 de agosto de 2007; los artículos 182 y 184 de la Ley Orgánica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510, de fecha 15 de septiembre de 2010, siendo su última reimpresión por error material la publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010, así como artículos 54, 57, 61 y 62 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
.Primera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y disposición de los bienes en situación de comiso o de abandono, con ocasión a los supuestos contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.875 Extraordinario de fecha 21 de febrero de 2008. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria adecuará sus funciones a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en un plazo no mayor a seis (06) meses, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, conforme a lo que a tal efecto prevea la Superintendencia de Bienes Públicos mediante Providencia.
Segunda. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y disposición de los bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados que se hayan empleado directa o indirectamente en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510, de fecha 15 de septiembre de 2010, siendo su última reimpresión por error material la publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546, de fecha 05 de noviembre de 2010. El procedimiento previsto para la disposición y venta anticipada de alimentos, bebidas y bienes perecederos o de difícil administración previsto en el artículo 183 de dicha ley, se realizara conforme a lo dispuesto en el artículo 41° del presente
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Decreto con. Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. En cualquier caso, los tribunales competentes deberán poner los bienes a la orden del órgano rector del Sistema de Bienes Públicos, quien decidirá el destino de los mismos tomando en consideración, los planes, programas y proyectos en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas consumidoras de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los planes, programas y proyectos para la prevención y represión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas. El juez o jueza ordenará a los órganos competentes, que expidan los títulos o documentos respectivos que acrediten la propiedad del bien a favor de la República.
Tercera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los procedimientos para la guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y disposición de los bienes . asegurados o incautados, decomisados y confiscados que se hayan empleado directa o indirectamente en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012. El procedimiento previsto para la disposición y venta anticipada de alimentos, bebidas y bienes perecederos o de difícil administración previsto en el artículo 55 de dicha ley, se realizara conforme a lo dispuesto en el artículo 41° del presente Decreto con Rango, Valor. y Fuerza de Ley Orgánica. En cualquier caso, los tribunales competentes deberán poner los bienes a la orden del órgano rector del Sistema de Bienes Públicos, quien decidirá el destino de los mismos tomando en consideración, los planes, programas y proyectos en materia de prevención de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El juez o jueza ordenará a los órganos competentes, que expidan los títulos o documentos respectivos que acrediten la propiedad del bien a favor de la República.
Cuarta. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia, los plazos para la adecuación de los inventarios y registros de los bienes públicos de los distintos órganos y entes que conforman el Sector Público, a las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Titulo III del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Quinta. Las solicitudes para la enajenación de Bienes Públicos que se encuentren en trámite dentro de la Secretaria Técnica de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Publico no afectos a las Industrias Básicas, para la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, pasaran a la Superintendencia de Bienes Públicos, así como los expedientes administrativos y el archivo general de los casos tramitados ante dicha comisión.
Vigencia El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los doce días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Indiependencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
VEZFRIAS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presldencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro dei Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
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Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El-Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCION DE LA POLICIA DE INVESTIGACION
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, consagra en su artículo 55 el derecho de toda persona a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su vida.e integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, así como también garantiza su participación en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias.
Asimismo, el artículo 332 constitucional establece la obligación del Ejecutivo Nacional de organizar los órganos de seguridad ciudadana de carácter civil, como un medio para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna, así como la protección de los ciudadanos y ciudadanas en sus hogares y bienes y mantener y restablecer el orden público.
Antecedente histórico.
El Ejecutivo Nacional, a través del órgano rector en materia de seguridad ciudadana, acordó un proceso de diagnóstico jurídico, organizativo y funcional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual fue adelantado por el Consejo General de Policía, adscrito al órgano rector en materia de seguridad ciudadana, y la Dirección General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con el objetivo general de detectar y corregir debilidades y potenciar las fortalezas del Cuerpo, centrado en su naturaleza jurídica de reconocimiento constitucional como parte integrante del sistema de justicia y del sistema de seguridad ciudadana para contribuir a la rectoría, organización y optimización de la función policial de investigación penal que debe ejercer el Cuerpo.
Este diagnóstico consistió en proponer, entre otros aspectos, un programa de reformas del Cuerpo, buscando su adecuación a la función de policía judicial especializada en investigación penal y órgano de seguridad ciudadana, sustentada en principios como el respeto y la preservación de los derechos fundamentales, la garantía a las normas del debido proceso, la. lucha contra el delito, todo esto con la finalidad de cambio. de imagen institucional.
Para ello, se dividido el estudio o diagnóstico en seis (6) objetivos o sub proyectos específicos, los cuales estuvieron a cargo de un coordinador externo altamente calificado, entre ellos: 1) el análisis de la carrera policial, para generar conocimientos fundados acerca de la carrera policial en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el estado actual de los procesos - sistema de recursos humanos, que obedece a lo relacionado con el plan funcionarial; y 2) el estudio-diagnóstico del. sistema disciplinario, su procedimiento, causales, sanciones, órganos, desviaciones policiales y otros.
Finalmente, el equipo de coordinadores presentó un informe final consolidado de cada aspecto de la investigación, que servirá para definir y reglamentar el nuevo modelo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entre las conclusiones del diagnóstico estuvieron los siguientes:
1.
Diseñar un nuevo modelo organizativo, funcional y de encuadramiento administrativo del Cuerpo, entendiendo que el mismo debía ser un órgano de policía especializado, dedicado a la investigación criminal y la de apoyo al sistema de justicia, excluyéndose de las funciones de policía general, con un uso de la fuerza muy específico, limitado y estricto, esto dentro de la actividad judicial y de investigación y en algunos casos dentro de su actuación de seguridad ciudadana consagrada en los artículos 55 y 332
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de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Reformular su estatuto especial de personal para 2.
adecuarlo al nuevo modelo planteado, donde se definirá la carrera, los ascensos, evaluaciones del desempeño, permisos y licencias, el egreso y demás vinculadas al talento humano, pero dirigida a la parte operativa del Cuerpo, es decir a aquellos funcionarios que ejercen la delicada actividad de investigación penal, incluyendo a los en la investigación penal.
Reformular el sistema disciplinario en cuanto a su modelo, 3.
faltas, sanciones, procedimientos y estructura orgánica, dirigido a los funcionarios policiales debido a las particularidades de su condición funcionarial y las actividades que desempeñan.
Situación actual.
Una vez diagnosticada la situación y visto el anterior balance, resultaba necesario reglamentar el nuevo modelo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas aprovechando el marco de la vigente LEY QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DICTAR DECRETOS CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY EN LAS MATERIAS QUE SE LE DELEGAN, mediante la cual se delega en el Presidente de la República la facultad de dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en diversas materias, entre ellas en el ámbito de la seguridad ciudadana, dictando o reformado normas destinadas a la organización y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana y en el ámbito civil de la seguridad y defensa integral de la Nación, dictando o reformado normas que establezcan la organización y funcionamiento de las instituciones y los asuntos relacionados con la seguridad y defensa integral de la Nación, que desarrollen las normas relativas ál sistema de seguridad ciudadana, todo ello previsto en los numerales 6 y 7 del artículo 1 de dicha Ley Habilitante.
En tal sentido, comenzó la ardua labor de trabajar activamente sobre dos (2) instrumentos legales para desarrollar las recomendaciones y conclusiones del diagnóstico jurídico, organizativo y funcional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que culminaron en los Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley: 1) del servicio de policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y 2) del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, este último, cuyo objeto sería regir las relaciones de empleo público entre los funcionarios policiales de investigación penal y expertos y expertas legales con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Decreto N° 9.046 15 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y el colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y numeral 6 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en Consejo de Ministros, DICTA el siguiénte, DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCION DE LA POLICIA DE INVESTIGACION
Capítulo I Disposiciones generales
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto regir las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias policiales de investigación penal, así como otros expertos y expertas legales que intervienen directamente en la investigación penal, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo cual comprende:
1.
El sistema de dirección y de gestión de la Función de la Policía de Investigación y la articulación de la carrera policial en investigación penal.
2.
El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso; inducción, educación y desarrollo, planificación de la carrera, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencias, valoración y clasificación de cargos, jerarquías, escalas de remuneraciones y beneficios, permisos, licencias y régimen disciplinario.
Los derechos, garantías y deberes de los funcionarios y 3.
funcionarias policiales de investigación penal en sus relaciones de empleo público.
Finalidad Artículo 2°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene làs siguientes finalidades:
Regular el sistema de administración de personal de los 1.
funcionarios y funcionarias policiales de investigación penal para garantizar su idoneidad en la prestación del servicio de policía de investigación.
Establecer un régimen uniforme y razonable de 2.
remuneraciones y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación penal, que reconozca su compromiso institucional, formación, responsabilidades, desarrollo y desempeño profesional.
3.
Establecer la organización jerárquica y la distribución de las responsabilidades en los diversos ámbitos de decisión y ejecución de las instrucciones para el mejor cumplimiento de la Función de la Policía de Investigación.
Regular el sistema equilibrado de supervisión interna y 4.
externa del desempeño de la policía de investigación, contemplado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, . conforme a los principios de la intervención oportuna; el fomento de buenas prácticas policiales; la corrección temprana de las desviaciones y la responsabilidad administrativa individual; señalando el marco de tipificación de las infracciones, así como los procedimientos para identificar las, detectar las y controlar las con eficacia, asegurando así el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, el respeto de los derechos humanos, la dignificación y profesionalización de los funcionarios y funcionarias.
Ámbito de aplicación Artículo 3°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley es aplicable a todos los funcionarios y funcionarias policiales de investigación qué prestan servicio al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se entenderá por funcionario o funcionaria policial de investigación toda persona natural que, en virtud del nombramiento expedido por la autoridad competente de conformidad con los
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procedimientos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se desempeñe en el ejercicio de función pública remunerada permanente en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siempre que comporte el uso potencial de la fuerza física. No se permitirá la condición de funcionarios y funcionarias policiales ad honorem u honorarios.
Parágrafo único: Quedan excluidos y excluidas de la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los funcionarios públicos, funcionarias públicas, obreros, obreras y personal contratado al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que brindan funciones de apoyo administrativo a la Función Policial y no ejercen directamente la Función de la Policía de Investigación.
Orden público y servicio público esencial Artículo 4°. Las disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de estricto orden público y no podrán ser modificadas por normas de inferior jerarquía ni por contratos, convenios o acuerdos de cualquier naturaleza.
Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación brindan un servicio público esencial en un cuerpo armado. En consecuencia, son incompatibles con la Función de la Policía de Investigación el ejercicio de los derechos a la libre asociación sindical, la libertad sindical, a la negociación colectiva y de huelga, así como las demás normas jurídicas relativas al derecho colectivo del trabajo.
Principio de interpretación y aplicación de la ley Artículo 5°. En caso de plantearse dudas razonables en la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos o resoluciones, se optar por aquella alternativa que favorezca el equilibrio entre la protección de los derechos humanos de la población, los derechos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación en su relación de empleo público, la garantía del funcionamiento óptimo de los servicios de policía de investigación y las necesidades derivadas del orden público y la paz social.
Principios del sistema de administración de personal Artículo 6°. El sistema de administración de personal de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación se rige, entre otros, por los siguientes principios:
1. Promoción y protección de la dignidad profesional:
deben respetarse y garantizarse los derechos humanos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación en su relación de. empleo público con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como promover su desarrollo profesional e integral.
2.
Régimen estatutario de la Función de la Policía de Investigación: la relación de empleo público de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación se rige exclusivamente por lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, por lo que no podrá ser regulada o modificada por decisiones de inferior jerarquía, contratos, convenios o acuerdos de cualquier naturaleza.
Carácter profesional y civil de la Función Policial: la 3.
relación de empleo público de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es de naturaleza estrictamente profesional y civil.
Planificación de la Función Policial: las políticas y 4.
planes en materia de Función de la Policía de Investigación deben tener una direccionalidad y orientación común a los fines de fortalecer y mejorar el servicio de policía y el desarrollo profesional e integral de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes y ordenanzas, así como del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Equidad en las condiciones de empleo público: las 5.
políticas y planes en materia de función policial de investigación garantizarán condiciones de empleo público que fomenten compromiso, formación, responsabilidad, desarrollo y desempeño profesional.
Actos de servicio Artículo 7°. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación cumplen actos de servicio cuando desempeñan funciones de policía de investigación penal y policial dentro de la jornada de trabajo o, aun cuando fuera de ella, intervengan para prevenir delitos y faltas, efectuar detenciones en flagrancia o en otras situaciones contempladas en la ley. Los actos de servicio fuera de la jornada de trabajo generan efectos en cuanto a los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, así como sobre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Responsabilidad personal Artículo 8°. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los hechos ilícitos, delitos, faltas e.
irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones de conformidad . con la ley, reglamentos y resoluciones.
Incompatibilidades Artículo 9°. Laprestación del servicio de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación es incompatible con el desempeño de cualquier cargo o actividad que menoscabe o impida el ejercicio efectivo y eficiente de la Función de la Policía de Investigación.
En los casos de ejercicio de cargos académicos, accidentales, asistenciales y docentes, declarados por la ley como compatibles con el ejercicio de un destino público remunerado, se realizarán sin menoscabo del cumplimiento efectivo y eficiente de la Función de la Policía de Investigación, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
- De la participación protagónica en materia de gestión policial Artículo 10. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial atenderán las recomendaciones de las organizaciones comunitarias y sociales estructuradas para el mejoramiento del servicio de policía de investigación, con fundamento en los valores de la solidaridad, el humanismo y en los principios de democracia participativa, corresponsable y protagónica establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, favoreciendo el mantenimiento de la paz social y la convivencia.
Normas supletorias Artículo 11. Todo lo no previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones se regulará de conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial y sus reglamentos, así como por la Ley del Estatuto de la Función Pública y sus reglamentos en cuanto sea compatible con el servicio de policía de investigación.
Capítulo II De los derechos, garantías y deberes de los funcionarios y funcionarias policiales Derechos y garantías Artículo 12. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tienen, entre otros, los siguientes derechos y garantías:
1.
Derecho a un trato digno y respetuoso por parte de la comunidad y los demás funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
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Derecho a la igualdad y a no ser víctimas de 2.
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, género, credo, la condición social, la orientación política, o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
Derecho a la protección de sus familias, para que las 3.
relaciones familiares se funden en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes.
Derecho al tiempo libre, el descanso y la recreación.
4.
Derecho a la salud y a recibir atención médica de 5.
emergencia. Todos los centros y servicios de salud privados deben prestarles atención médica inmediata en los casos de emergencia en que peligro su vida con ocasión de los actos de servicio, cuando la ausencia de atención médica o la remisión del afectado o afectada a otro centro o servicio de salud, implique un peligro inminente a su vida o daños graves irreversibles y evitables a su salud. En estos casos no podrá negarse la atención alegando razones injustificadas, tales como: la carencia de documentos de identidad o de recursos económicos, considerándose tal conducta como omisión de auxilio conforme a lo previsto en el Código Penal, independientemente de que la consecuencia de la misma pueda configurar otro delito.
Derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 6.
.higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los funcionarios y funcionarias policiales y el Estado a través de políticas sociales y facilidades para acceso al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.
Derecho a recibir educación continua, permanente y de 7.
calidad, para su mejoramiento personal y profesional.
8.
Derechos laborales y de seguridad social, de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Derecho a la defensa y ai debido proceso, especialmente 9.
enlos procedimientosdirigidosadeterminar responsabilidades e imponer sanciones penales o disciplinarias. En estos casos tendrán derecho a recibir asesoría, asistencia y representación de la Defensa Pública especializada.
10. Los demás establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, reglamentos y resoluciones, siempre que sean compatibles con el servicio de policía de investigación.
Deberes Artículo 13. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tienen, entre otros, los siguientes deberes:
1. Cumplir y hacercumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales.
Respetar y proteger la dignidad humana y defender y 2.
promover los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna.
3.
Servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra los actos inconstitucionales e ilegales.
Ejercer el servicio de policía de investigación penal y 4.
policial con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanidad.
5.
Observar en toda actuación un trato correcto y esmerado en sus relaciones con las personas, a quienes procurarán proteger y auxiliar en las circunstancias que fuesen requeridas.
Asegurar plena protección a la salud é integridad de las 6.
personas, especialmente de quienes se encuentran bajo su custodia, adoptando las medidas inmediatas para proporcionar atención médica de emergencia.
Respetar los principios de actuación policial de 7.
investigación establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con preeminencia al respeto y garantía de los derechos humanos.
8.
Cumplir con las actividades de capacitación y mejoramiento profesional.
9.
Cumplir con los manuales de estándares del servicio de policía establecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
10. Los demás establecidos en la Constitución de la República, leyes, reglamentos y resoluciones, siempre que sean compatibles con el servicio de policía de investigación.
Capítulo III De la rectoría, dirección y gestión de la Función de la Policía de Investigación Rectoría y dirección de la Función de la Policía de Investigación Artículo 14. El Presidente o Presidenta de la República ejerce la rectoría de la Función de la Policía de Investigación, así como su dirección en el Poder Ejecutivo Nacional.
Gestión de la Función de la Policía de Investigación Artículo 15. La gestión de la Función de la Policía de Investigación corresponderá al director o directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, así como de las directrices del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Ejecución de la Función de la Policía de Investigación Artículo 16. La ejecución de la gestión de la Función Policial corresponderá a la oficina de recursos humanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, así como de las directrices del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
La organización y funcionamiento de la oficina de recursos humanos se regirá por lo previsto bajo los principios de uniformidad, planificación, eficiencia, eficacia y transparencia.
Planificación de la Función de la Policía de Investigación Artículo 17. El órgano responsable de la planificación del desarrollo de la Función de la Policía de Investigación es el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y desarrollo. Corresponde a este Ministerio asistir al Presidente o Presidenta de la República en el ejercicio de las competencias de rectoría y dirección de la Función de la Policía de Investigación, de conformidad con lo prévisto en la presente Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Atribuciones del órgano rector del servicio de policía Artículo 18.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y desarrollo, como responsable de la planificación de la Función de la Policía de Investigación, tiene las siguientes atribuciones:
Evaluar, aprobar y controlar la aplicación de las políticas 1.
en materia de Función de la Policía de Investigación.
Organizar el sistema de la Función de la Policía de 2.
Investigación y supervisar su aplicación y desarrollo.
Dictar resoluciones que establezcan las directrices y 3.
procedimientos relativos al reclutamiento, selección, ingreso, clasificación, valoración, remuneración, beneficios sociales, jornada, evaluación del desempeño, desarrollo, formación, capacitación, entrenamiento, ascensos,
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traslados, tránsferencias, licencias, permisos, viáticos, registros de personal, régimen disciplinario y egresos, así como cualesquiera otras directrices y procedimientos inherentes al sistema de la Función de la Policía de Investigación.
Hacer control, evaluación y seguimiento al cumplimiento 4.
de las resoluciones a que se refiere el numeral anterior.
Aprobar los planes de personal. del Cuerpo de 5.
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como sus modificaciones.
Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones 6.
para evaluar la ejecución de las políticas de la Función de .la. Policía de Investigación y planes de personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Requerir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 7.
y Criminalísticas la información que sea necesaria para el desempeño de sus funciones en materia de la Función de la Policía de Investigación.
Prestar asesoría técnica al Cuerpo de Investigaciones 8.
Científicas, Penales y Criminalísticas en materia de la gestión de la Función de la Policía de Investigación.
Emitir dictámenes y opiniones sobre las consultas que le 9.
formule el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en relación con la Función de la Policía de Investigación.
10. Presentar para la consideración y aprobación del Presidente o Presidenta de la República, una vez verificada la correspondiente disponibilidad presupuestaria con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, los informes técnicos sobre la escala de remuneraciones y escala de beneficios sociales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
11. Aprobar las bases y los baremos de los concursos para el ingreso y ascenso de los funcionarios o funcionarias policiales de investigación, los cuales deberán incluir los perfiles y requisitos exigidos para cada cargo.
12. Las demás establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, así como de las directrices del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de.seguridad ciudadana.
Registro Público Nacional de Funcionarios y Funcionarias Policiales de Investigación Artículo 19. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana deberá llevar y mantener actualizado el Registro Público Nacional de Funcionarios y Funcionarias Policiales de Investigación al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La organización y funcionamiento de este registro se rige de conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Este Registro Público estará integrado al Registro Público Nacional de Funcionarios y Funcionarias Policiales.
Atribuciones de la oficina de recursos humanos Artículo 20. La oficina de recursos humanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como responsable de la ejecución de la Función Policial, tiene las siguientes atribuciones:
1. Ejecutar las decisiones y órdenes del director o directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en materia de la gestión de la Función de la Policía de Investigación.
2.
Elaborar el plan de personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y presentarlo a consideración del director o directora, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, así como de las directrices del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Dirigir la ejecución del plan de personal del Cuerpo de 3.
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como coordinar, evaluar y controlar su ejecución, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones, así como de las directrices del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Remitir al Ministerio del Poder Popular con competencia en 4.
materia de seguridad ciudadana, en la forma y oportunidad que se establezca en los reglamentos y resoluciones de esta Ley, los informes relacionados con la ejecución de la Función de la Policía de Investigación y cualquier otra información que le fuere requerida.
Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos 5.
en materia de administración de personal, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
6.
Organizar y realizar los concursos y procedimientos que se requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios o funcionarias policiales de investigación, según las bases y baremos aprobados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con la Inspectoría General.
7.
Proponer, a los fines de su aprobación ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, los movimientos de personal a que hubiere lugar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penaies y Criminalísticas 8.
Actuar como enlace en materia de la Función de la Policía de Investigación entre el órgano o ente respectivo y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Las demás establecidas en el presente Decreto con Rango, 9.
Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Planes de personal Artícuio 21. El Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas presentará los planes de personal ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Capítuio IV De la carrera policial de investigación Carrera policial de investigación Artículo 22. La carrera policial de investigación es el ejercicio.
de la Función de la Policía de Investigación dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, teniendo como fundamentos: el ideario de nuestros libertadores; el desarrollo integral de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación; y el respeto a los principios, valores y derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ingreso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Artículo 23. Para ingresar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como funcionarios y funcionarias policiales de investigación, además de los requisitos contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, se requiere aprobar un concurso de admisión que contemplará pruebas de aptitudes y habilidades, así como cumplir exitosamente un período de prueba de tres meses. El sólo egreso de la institución académica nacional especializada en seguridad no asegura la incorporación del candidato o candidata postulante, si no aprueba fas evaluaciones correspondientes al protocolo del concurso de íngreso único y uniforme para el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Concurso para ingresar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Artículo 24. El concurso para ingresar al Cuerpo de InvestigacionesCientíficas,Penales y Criminalísticas establecido en el artículo anterior es independiente del mecanismo de selección que se adopte para admitir a los candidatos y candidatas a la institución académica nacional especializada en seguridad, y tendrá como objetivo determinar las habilidades, destrezas, competencias y condiciones físicas, mentales y morales requeridas para el desempeño de la
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Función de la Policía, de Investigación una vez culminado el período de estudios de un año requerido, cómo mínimo, de formación básica de los funcionarios y funcionarias policiales. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana podrá determinar los elementos variables en dicho concurso, el cual contará con un núcleo fundamental y común que evalúe el compromiso con el servicio policial y las condiciones físicas, cognitivas y emocionales del candidato o candidata que permitan realizar un pronóstico de factibilidad para el desarrollo de su carrera policial o pública, según el caso.
Los reglamentos y resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley establecerán las bases para el desarrollo de este concurso.
Período de prueba Artículo 25. El período de prueba de tres meses para el ingreso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas tendrá por objeto evaluar el desempeño preliminar del candidato o candidata a iniciar la carrera policial o pública, según el caso, a cuyo efecto estará sujeto a supervisión directa y continua por un funcionario o funcionaria del jefe o jefa directo de la unidad administrativa en la cual brinda sus servicios. El informe de esta supervisión especificará el cumplimiento de las diversas tareas asignadas al candidato o candidata en términos de prontitud, eficacia y disciplina, y deberá ser suscrito por el jefe o jefa directo de la unidad administrativa correspondiente, quien lo enviará a la Dirección del cuerpo con la recomendación correspondiente, una vez finalizado el período de prueba. Corresponde al Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas decidir, mediante acto debidamente motivado, la revocación del nombramiento del candidato o candidata. Contra dicha decisión, procederá recurso jerárquico ante el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
De la formación inicial para la carrera policial de investigación Artículo 26. El proceso de formación inicial para la carrera policial de investigación estará orientado por los principios de capacitación profesional; entrenamiento instrumental efectivo;
protección y tutela de los derechos humanos y garantías de las personas; ética de servicio y dignificación de la Función Policial, adoptando un currículo flexible y adaptable a la dinámica y evolución social y tecnológica que inciden en el desempeño de dicha función. Corresponde, conjuntamente a los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana y de educación universitaria, definir las políticas, acciones y diseño curricular que propendan al logro de los fines establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
De la formación continua y la acreditación Artículo 27. La formación continua es un principio fundamental de la capacitación para el desempeño de la Función de la Policía de Investigación. Los reglamentos y resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley establecerán las áreas, temáticas, alcance, modalidades, sistemas de entrenamiento continuo y evaluación en materia de formación continua, a los fines de lograr permanente actualización y niveles adecuados de respuesta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de sus funcionarios y funcionarias a las exigencias de la población en materia de seguridad ciudadana e investigación penal.
Del reentrenamiento Artículo 28. El reentrenamiento para el servicio es un derecho de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación y una exigencia periódica, al menos cada dos años, así como obligación específica en los casos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre asistencia voluntaria y.
asistencia obligatoria. Su finalidad es la de proporcionar condiciones que incrementen la seguridad, previsibilidad, eficacia y eficiencia en la prestación del servicio policial de investigación, en beneficio de la colectividad y de los propios funcionarios y funcionarias policiales de investigación. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desarrollará, conforme a los lineamientos del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, planes y programas de reentrenamiento que permitan la uniformidad, sinergia y confiabilidad del desempeño policial, tomando en consideración las particularidades regionales y locales correspondientes.
Del desempeño policial y sus indicadores Artículo 29. El desempeño de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación se evaluará de manera individual y en equipos de trabajo, a través de un sistema fundamentado en criterios de eficacia y eficiencia. La Inspectoría General implementará, como parte del protocolo de supervisión continua e intervención temprana, y de conformidad con los indicadores que establezcan los reglamentos y resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, un sistema que permita registrar el seguimiento de las actividades de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación y los informes de supervisión correspondientes, a fin de incorporarlo calibrar los logros y avances de cada funcionario o funcionaria policial en su carrera de una forma objetiva, imparcial e integral.
Historial personal Artículo 30. Todos los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tendrán un historial personal contentivo de la documentación relacionada con su carrera policial, que permita un conocimiento de su situación personal, familiar y socioeconómica, así como de su evaluación integral y continua.
El historial personal será de manejo confidencial, al cual sólo tiene acceso el funcionario o funcionaria policial a quien se refiere y las autoridades competentes.
La oficina de recursos humanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas debe llevar y mantener actualizado el historial personal de todos los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que presten servicio.
Copia de este historial personal deberá ser presentada anualmente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. La organización y regulaciones del historial personal se rigen de conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
De los reconocimientos institucionales Artículo 31. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas promoverá reconocimientos institucionales a los funcionarios y funcionarias policiales de investigación más destacados y destacadas en el desempeño de sus funciones, estimulando el sentido de dignidad profesional, el apego y compromiso institucional, la respuesta a las necesidades de la población y, en general, la contribución al desarrollo de buenas prácticas policiales.
Se crea la Orden Honor al Mérito del Servicio de Policía en tres clases. La resolución especial de esta Ley establecerá las condiciones y procedimientos para su imposición. Igualmente, podrán crearse listados de funcionarios y funcionarias policiales de investigación del mes y otras distinciones, incluyendo las que recompensen actos heroicos y destacados en beneficio de la colectividad, de conformidad con los reglamentos y resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
De los niveles jerárquicos y los rangos policiales Artículo 32. La carrera policial de investigación estará estructurada en tres niveles jerárquicos, a saber:
1. El primer nivel, con responsabilidades en la ejecución de actividades de Investigación básica, estará integrado, en orden ascendente, por: los y las detectives, los y las detectives agregados y los y las detectives jefes.
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El segundo nivel, con responsabilidades de dirección 2.
media, diseño de operaciones, supervisión y evaluación a nivel táctico, estará integrado, en orden ascendente, por:
los inspectores e inspectoras, los inspectores e inspectoras agregados y los inspectores e inspectoras jefes.
3. El tercer nivel, con responsabilidades de alta dirección, planificación y evaluación estratégica, estará integrado, en orden ascendente, por: los comisarios y comisarias, los comisarios y comisarias jefes y los comisarios y comisarias generales.
De las competencias y habilidades según los niveles jerárquicos y los rangos policiales Artículo 33. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, las responsabilidades requeridas para cada nivel jerárquico estarán 1. Corresponderá a los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizar por iniciativa propia tareas ordinarias de baja complejidad y, bajo dirección, supervisión, orientación y asesoría, realizar tareas de diversos tipos según indicaciones y directrices del superior jerárquico correspondiente.
2.
Corresponderá a los detectives agregados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinarias de baja complejidad al personal con rango de detective y, bajo dirección, supervisión, orientación y asesoría, realizar tareas de diversos tipos, según indicaciones y directrices del superior jerárquico correspondiente.
3.
Corresponderá a los detectives jefes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinarias y novedosas de baja complejidad al personal con rango de detectives agregados y, bajo dirección, supervisión, orientación y asesoría, realizar tareas de diversos tipos, según indicaciones y directrices del superior jerárquico correspondiente.
Corresponderá a los inspectores del Cuerpo de 4.
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dirigir, supervisar, orientar .y asesorar en tareas ordinarias y novedosas de baja y mediana complejidad al personal con rango de detectives, detectives agregados y detectives jefes y, bajo dirección, supervisión, orientación y asesoría, realizar tareas de diversos tipos, según indicaciones y directrices del superior jerárquico correspondiente.
5.
Corresponderá a los inspectores agregados del Cuerpo de .Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinarias y novedosas de baja, mediana y elevada complejidad al personal con rango de detectives, detectives agregados, detectives jefes e inspectores y, bajo dirección, supervisión, orientación y asesoría, realizar tareas de diversos tipos, según indicaciones y directrices del superior jerárquico correspondiente.
Corresponderá a los inspectores jefes del Cuerpo de 6.
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas ordinarias y novedosas de baja, mediana, elevada y muy alta complejidad al personal con rango de detectives, detectives agregados, detectives jefes, inspectores e inspectores agregados y, bajo dirección, supervisión, orientación y asesoría, realizar tareas de diversos tipos, según indicaciones y directrices del superior jerárquico correspondiente.
Corresponderá a los comisarios del Cuerpo de 7.
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas programar, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas novedosas de baja, mediana, elevada y muy alta complejidad al personal con rango de detectives, detectives agregados, detectives jefes, inspectores, inspectores agregados e inspectores jefes, realizando otras tareas de coordinación, supervisión y organización bajo instrucciones del superior jerárquico correspondiente o conforme a directrices contenidas en manuales y protocolos de servicio.
8.
Corresponderá a los comisarios jefes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas programar, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas novedosas de baja, mediana, elevada y muy alta complejidad al personal con rango de detectives, detectives agregados, detectives jefes, inspectores, inspectores agregados, inspectores jefes y comisarios, realizando otras tareas de coordinación, supervisión y organización, de acuerdo a los manuales y protocolos de servicio bajo revisión y control por parte del superior jerárquico correspondiente.
9.
Corresponderá a los comisarios generales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, programar, dirigir, supervisar, orientar y asesorar en tareas novedosas de elevada y muy alta complejidad al personal con rango de detectives, detectives agregados, detectives jefes, inspectores, inspectores agregados, inspectores jefes, comisarios y comisarios jefes, realizando otras tareas de coordinación, supervisión y organización, de acuerdo a los manuales y protocolos de servicio bajo la revisión y control por parte del órgano Rector.
Los reglamentos y resoluciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley desarrollarán las destrezas, habilidades, exigencias de rendimiento y criterios de evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias policiales, conforme a los principios y pautas establecidos en el presente artículo, a fin de permitir el ejercicio de la Función Policial y la determinación de la responsabilidad personal por el cumplimiento de las atribuciones y funciones, conforme a estándares y principios uniformes, verificables y auditables.
De la calificación de servicio y los ascensos Artículo 34. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, para la ubicación y ascenso en la jerarquía policial de investigación, se requerirá cumplir con los siguientes requisitos básicos:
1. Los y las detectives deberán haber cursado y aprobado un mínimo de un año de formación en la institución académica nacional especializada en seguridad, además de haber aprobado el concurso y culminado en forma exitosa el período de prueba a que se refiere esta Ley, demostrando un alto sentido de pertenencia e identidad institucional.
Los y las detectives agregados deberán contar con una 2.
antigüedad de tres años como mínimo como detective y, a nivel de educación formal, con tres semestres aprobados de educación a nivel de técnico superior universitario, demostrando capacidad para organizar y supervisar grupos pequeños de funcionarios y funcionarias policiales de investigación en tareas sencillas.
Los y las detectives jefes deberán contar con una 3.
antigüedad de seis años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como detective agregado y, a nivel de educación formal, con el grado de técnico superior universitario, demostrando capacidad para organizar y supervisar en tareas sencillas, ordinarias o novedosas, a grupos pequeños y medianos de funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
Los inspectores e inspectoras deberán contar con una 4.
antigüedad de nueve años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como detective jefe y, a nivel de educación formal, con el grado de licenciatura, demostrando capacidad para dirigir y supervisar, en tareas de mediana complejidad, ordinarias o novedosas, a grupos medianos de, funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
Los inspectores e inspectoras agregados deberán contar 5.
con una antigüedad de doce años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como inspector o inspectora y, a nivel de educación formal, con un diploma de postlicenciatura o cursos equivalentes de carácter breve,
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demostrando capacidad de aplicar liderazgo situacional y gerencial en tareas de elevada complejidad.
6.
Los inspectores e inspectoras jefes deberán contar con una antigüedad de quince años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como inspector o inspectora agregado y, a nivel de educación formal, con cursos aprobados de postlicenciatura de duración media, demostrando capacidad para evaluar en forma continua al personal a su cargo, adoptar correctivos ante conductas inadecuadas y coordinar con otras entidades o instituciones fuera del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Los comisarios y comisarias deberán contar con una 7.
antigüedad de dieciocho años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como inspector o inspectora jefe y,a nivel de educación formal, con preferencia en estudios de cuarto nivel con duración mínima de tres semestres, además de cumplir con el curso básico de nivel estratégico, demostrando capacidad para administrar talento humano y recursos materiales y para promover la rendición de cuentas y la participación de las comunidades en el mejor desempeño del servicio policial de investigación.
Los comisarios y comisarias jefe deberán contar, con una 8.
antigüedad de veintiún años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como comisario o comisaria y, a nivel de educación formal, con preferencia en estudios de cuarto nivel con duración mínima de cuatro semestres y un curso medio de nivel estratégico, demostrando capacidad para procesar y utilizar información para planificar, desarrollar y supervisar planes en situaciones de desastres y, en general, definir y ejecutar los lineamientos administrativos, funcionales y operativos para la más eficiente prestación del servicio de policía. Para ascender a comisario o comisaria jefe se requerirá, además, la realización de un trabajo de investigación o la publicación de un texto que constituya una contribución a la gestión o planificación en materia del servicio de policía de investigación.
Los comisarios y comisarias generales deberán contar con 9.
una antigüedad de veinticinco años como mínimo en la carrera policial, tres de ellos como comisario o comisaria jefe y, a nivel de educación formal, con preferencia en estudios de cuarto nivel con duración mínima de cuatro semestres y un curso de gerencia y planificación a nivel estratégico con duración mínima de un semestre, demostrando capacidad para proponer, adelantar y evaluar planes estratégicos dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o en colaboración con otros cuerpos e instancias, que contribuyan a mejorar la prestación del servicio de policía de investigación.
Del ascenso administrativo y del cargo de gestión Artículo 35. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que hayan cumplido el tiempo requerido de servicio, que posean las credenciales académicas correspondientes, que cumplan con los méritos de servicio y aprueben las evaluaciones correspondientes, ascenderán administrativamente en el escalafón correspondiente, sin que ello signifique derecho a ocupar un cargo específico dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo cual dependerá .de la disponibilidad efectiva. Los procedimientos de ascenso de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, sujetos a procedimientos disciplinarios por motivos de destitución, quedarán suspendidos hasta que los mismos sean decididos.
Los reglamentos y resoluciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley establecerán los méritos de servicios requeridos para los ascensos, así como las regulaciones relativas a las evaluaciones y procedimientos para los ascensos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
Ascensos de honor por muerte en acto de servicio y por mérito extraordinario Artículo 36. En caso de que ocurriere el fallecimiento en acto de servicio de un funcionario o funcionaria policial de investigación, se acordará su ascenso de honor con efectos inmediatos sobre las remuneraciones y beneficios sociales que correspondan a sus herederos y herederas.
En caso de actos de servicios de mérito extraordinario relacionado con la investigación penal de un funcionario o funcionaria policial de investigación, se podrá acordar su ascenso, en una sola oportunidad durante su carrera policial, siempre que el candidato o candidata hubiere cumplido, por lo menos, con la antigüedad equivalente a la mitad del tiempo de servicio requerido en el rango correspondiente habiendo registrado un historial personal intachable.
Los reglamentos y resoluciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley regularán los requisitos y procedimientos para los ascensos por muerte en acto de servicio y por mérito extraordinario.
Servicio activo Artículo 37. Se considerará en servicio activo a los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que ejerzan un cargo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o se encuentren en comisión de servicio, traslado, suspensión, permiso o licencia.
Comisión de servicio Artículo 38. La comisión de servicio será la situación administrativa de carácter temporal por la cual se encomienda a un funcionario o funcionaria policial de investigación el ejercicio de un cargo diferente, de igual o superior nivel del cual es titular. Para ejercer dicha comisión de servicio, el funcionario o funcionaria policial deberá reunir los requisitos exigidos para el cargo. La comisión de servicio podrá ser realizada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o en otro cuerpo de policía. Si el cargo que se ejerce en comisión de servicio tuviere mayor remuneración o beneficios sociales, el funcionario o funcionaria policial de investigación tendrá derecho a los mismos.
Las comisiones de servicio serán de obligatoria aceptación y deberán ser ordenadas por el período estrictamente necesario, el cual no podrá exceder de un año a partir del acto de notificación de la misma.
Corresponde al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana autorizar en comisión de servicio a los funcionarios y funcionarias policiales de investigación para desempeñar cargos en órganos y entes de la Administración Pública distintos a los cuerpos de policía.
Traslados Artículo 39. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación podrán ser trasladados o trasladadas por razones de servicio. Cuando se trate de traslado de una localidad a otra, éste deberá realizarse de mutuo acuerdo, salvo los casos que por necesidades de servicio determinen los reglamentos y resoluciones de esta Ley.
Ejercicio de cargos de alto nivel Artículo 40. El funcionario o funcionaria policial de investigación que sea designado o designada para ocupar. un cargo de alto nivel tendrá el derecho a continuar en la carrera policial de investigación al separarse del mismo.
Del retiro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Artículo 41. El retiro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas procederá en los siguientes casos:
1. Renuncia escrita del funcionario o funcionaria policial de investigación debidamente aceptada.
Renuncia o pérdida de la nacionalidad.
2.
3.
Interdicción civil.
Condena penal definitivamente firme.
4.
Jubilación o discapacidad total y permanente o gran 5.
discapacidad.
Destitución.
6.
Fallecimiento.
7.
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Reducción de personal por limitaciones financieras o 8.
cambios en la organización administrativa.
En los casos establecidos en los númerales 1, 2 y 8 del presente artículo, los funcionarios y funcionarias policiales tendrán derecho a participar en un programa de inducción para fomentar condiciones personales, familiares y sociales adecuadas para su egreso de la carrera policial; especialmente para facilitar su integración al trabajo.
En el caso previsto en los numerales 2 y 4, el retiro procede de pleno derecho y se declarará mediante decisión motivada del director o directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Tramitación de la renuncia Artículo 42. La renuncia del funcionario o funcionaria policial de investigación deberá presentarse al jefe inmediato o jefa inmediata de la unidad administrativa donde preste servicios, quien deberá someterla de inmediato al conocimiento del director o directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El funcionario o funcionaria policial que renuncie, deberá permanecer en el ejercicio de su cargo hasta que efectúe formal entrega de la dotación asignada y que reciba la aceptación de la renuncia,; todo lo cual se hará dentro de los quince días siguientes a la participación que de la renuncia se haga al director o directora. La falta de respuesta se considerará como aceptación de la renuncia.
Devolución de dotación Artículo 43. El funcionario o funcionaria policial de investigación que egrese del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas estará obligado u obligada a devolver sus insignias policiales, documento de identificación que lo acredite como tal, así como su armamento y todos los implementos que le hubieren sido asignados para el desempeño de sus funciones.
Los funcionarios y funcionarias en condición de jubilación obtendrán su identificación correspondiente.
Reingreso y reincorporación Artículo 45. El funcionario o funcionaria policial de investigación que egrese del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por renuncia, podrá solicitar su reingreso, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por la ley para su ingreso. En estos casos, además de cumplir todos los requisitos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, se deberá revisar y evaluar sus antecedentes de servicio, a cuyo efecto se utilizará el sistema automatizado de registro policial que se establezca por parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
No podrá aprobarse el reingreso o reincorporación de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que hayan egresado por otras causas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
Capítulo V Remuneraciones, beneficios sociales y demás condiciones de trabajo Información sobre cargo a ocupar Artículo 46. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tienen derecho, al incorporarse a un nuevo cargo, a ser informados e informadas por su superior inmediato acerca de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le incumben.
Remuneraciones y beneficios sociales Artículo 47. Los funcionarios o funcionarias policiales de investigación tienen derecho a percibir las remuneraciones y beneficios sociales correspondientes al cargo que desempeñen, de conformidad con lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Las remuneraciones y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación deben ser suficientes que les permitan vivir con dignidad y cubrir para sí y sus familias las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Así mismo, deben reconocer su dignidad humana, responsabilidades,desempeño, compromiso, formación, desarrollo y desempeño profesional.
Vacaciones Artículo 48. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de:
1. Veinte días hábiles durante el primer quinquenio de servicios.
2. Veintitrés días hábiles durante el segundo quinquenio.
3. Veinticinco días hábiles a partir del décimo primer año de servicio.
El disfrute efectivo de las vacaciones no será acumulable. Las mismas deberán ser disfrutadas dentro del lapso de seis meses siguientes contados a partir del momento de adquirir este derecho. Excepcionalmente, el director o, directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, podrá postergar, mediante acto motivado fundado en razones de servicio, el disfrute efectivo de las vacaciones hasta por un lapso de un año contado a partir del momento en que se adquirió este derecho.
Bono vacacional Artículo 49. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tienen derecho a un bono vacacional anual de cuarenta días de sueldo, el cual deberá ser pagado al momento del disfrute efectivo de las vacaciones.
Cuando el funcionario o funcionaria policial egrese por cualquier causa antes de cumplir el año de servicio, bien durante el primer año o en los siguientes, tendrá derecho a recibir el bono vacacional proporcional al tiempo de servicio prestado.
Bonificación de fin de año Artículo 50. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tendrán derecho a disfrutar por cada año calendario de servicio activo, dentro del ejercicio fiscal correspondiente, de una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral.
Permisos y licencias Artículo 51. Losfuncionarios y funcionarias policiales de investigación tendrán derecho a los permisos y licencias que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana mediante las resoluciones especiales, los cuales podrán ser con goce de sueldo o sin él y de carácter obligatorio o potestativo. Las resoluciones especiales establecerán los requisitos, autoridad responsable de concederlos o no, duración y demás condiciones de estos permisos y licencias.
Seguridad social integral Artículo 52. Las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación se rigen por los principios de universalidad, integralidad, eficiencia, financiamiento solidario, contributivo y unitario, estando integradas al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas del sistema de seguridad social.
Salud y seguridad laborales Artículo 53. La salud y seguridad laborales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, especialmente las responsabilidades derivadas de las enfermedades profesionales
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y accidentes de trabajo en actos de servicio, así como los servicios de seguridad y salud en el trabajo, se rigen por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en cuanto sea compatible con el servicio de policía.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir los riesgos laborales derivados de la prestación del servicio de policía.
Prestaciones Sociales Artículo 54. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en . la Ley Orgánica del Trabajo, el Trabajador y la Trabajadora y sus reglamentos, en lo atinente a las prestaciones sociales y condiciones para su percepción.
Protección de la maternidad y paternidad Artículo 55. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación disfrutarán de la protección integral ala maternidad y paternidad de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y reglamentos. Las funcionarias policiales de investigación en estado de gravidez no podrán ejercer funciones que impliquen el uso potencial de la fuerza física. En caso de que sea necesario trasladar a la funcionaria policial de investigación para cumplir efectivamente con esta garantía, no podrán ser desmejoradas sus remuneraciones, beneficios sociales y demás condiciones de trabajo.
Estabilidad absoluta Artículo 56. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que ocupen cargos de carrera, gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados o retiradas del servicio por las causales contempladas y de conformidad con los procedimientos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Ascensos Artículo 57. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que ocupen cargos de carrera tendrán derecho a optar a los ascensos en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones. El ascenso en el escalafón administrativo no implica el desempeño de responsabilidades de supervisión y mando dentro de la estructura policial.
Jornada de servicios Artículo 58. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que ocupen cargos de carrera, tendrán derecho a jornada de servicios que les garantice las condiciones para su desarrollo físico, espiritual y cultural, así como el debido descanso, recreación y esparcimiento. A tal efecto, la jornada de servicios diurna no podrá exceder de ocho horas diarias, ni de cuarenta y cuatro semanales; la jornada de servicios nocturna no podrá exceder de siete horas diarias, ni de treinta y cinco semanales; y la jornada mixta no podrá exceder de siete horas y media por día, ni de cuarenta semanales.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana por motivos de interés público y social podrá, mediante resolución especial, establecer prolongaciones de las jornadas de servicios por encima de los límites establecidos en la presente Ley, a los fines de salvaguardar los derechos humanos de la población, garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios de policía de investigación y satisfacer las necesidades derivadas del orden público y la paz social.
En estos casos los horarios podrán excederse de los límites establecidos para la jomada diaria o semanal, con la condición de que la jomada diaria no exceda de once horas diarias de trabajo y que el total de horas trabajadas en un período de ocho semanas no exceda, en promedio, de cuarenta horas por semana y que el trabajador disfrute de dos días de descanso continuos y remunerados cada semana.
Viáticos y dotación Artículo 59. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana establecerá, mediante resoluciones especiales, el régimen de viáticos y de dotación de .
los funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
La máxima autoridad del órgano rector podrá asignar viáticos al funcionario o funcionaria que por índole de sus funciones tenga que viajar constantemente dentro del país.
Capítulo VI De la administración del sistema de remuneraciones y beneficios sociales Sistema de remuneraciones y beneficios sociales Artículo 60. El sistema de remuneraciones y beneficios sociales de la Función de la Policía de Investigación comprende los sueldos, asignaciones, compensaciones, primas y demás beneficios sociales de carácter no remunerativo que reciben los funcionarios y funcionarias policiales de investigación por la prestación de sus servicios.
El sistema de remuneraciones y beneficios sociales es un sistema único e integrado, dirigido a reconocer, promover y mejorar el talento humano de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
Contenido del sistema de remuneraciones y beneficios sociales Artículo 61. El sistema de remuneraciones y beneficios sociales de la Función de la Policía de Investigación debe contener:
Escala de sueldos para cada cargo y nivel jerárquico del 1.
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Asignaciones, compensaciones y primas de contenido 2.
pecuniario.
3.
Beneficios sociales de carácter no remunerativo.
Lineamientos del sistema de remuneraciones y beneficios sociales Artículo 62. El sistema de remuneraciones y beneficios sociales de la Función. de la Policía de Investigación se rige, entre otros, por los siguientes lineamientos:
1. Promoción de las buenas prácticas policiales: se reconocerá el mejoramiento en el desempeño policial, a través de remuneraciones y beneficios variables, derivados de la evaluación continua y permanente de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, tanto a nivel individual como en equipos de trabajo. A tal efecto, el sistema de remuneraciones y beneficios sociales establecerá, como mínimo, que el treinta por ciento del sueldo mensual debe ser de carácter variable, fijado sobre la base de la evaluación continua y permanente del funcionario o funcionaria policial de investigación.
Igualación laboral: se promoverá y garantizará la 2.
uniformidad de las remuneraciones y beneficios sociales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, atendiendo a los niveles políticoterritoriales en los cuales se presta sus servicios, así como a los criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y especificidad de los servicios de policía. Así mismo, las remuneraciones y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación serán fijadas tomando en consideración los ingresos percibidos por los trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional, considerando el índice de precios al consumidor en las regiones.
3.
Racionalidad de la Inversión en talento humano: la inversión presupuestaria en las remuneraciones y
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beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación debe obedecer a los criterios de racionalidad, eficiencia y severidad del gasto, así como a los demás establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. A tal efecto, el sistema de remuneraciones y beneficios sociales no podrá establecer beneficios sociales calculados sobre la base de indicadores variables, tales como salarios mínimos, unidades tributarias y otras unidades de cálculo similares.
Ética en la administración de recursos públicos 4.
dirigidos a las remuneraciones y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación: las personas responsables de administrar y custodiar el patrimonio público deberán hacerlo con docencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran se haga de la manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, y se alcancen las finalidades y objetivos establecidos en las mismas con la mayor economía, eficacia y eficiencia.
Fijación nacional del sistema de remuneraciones y beneficios sociales Artículo 63. El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, previa opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, fijará el contenido del sistema de remuneraciones y beneficios sociales de la Función de la Policía de Investigación, bajo los siguientes parámetros:
Escala de sueldos del Cuerpo de Investigaciones 1.
Científicas, Penales y Criminalísticas: en la cual se fijarán los montos iniciales, intermedio y máximo de sueldos de cada cargo o jerarquia, asi como las demás asignaciones, compensaciones y primas de contenido pecuniario.
Régimen de beneficios sociales de carácter no 2.
remunerativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Los límites establecidos por el Ejecutivo Nacional en materia de sueldos, asignaciones, compensaciones y primas de contenido pecuniario, así como los límites y parámetros relativos a los beneficios sociales de conformidad con este artículo, son imperativos y de obligatorio cumplimiento para todos los ámbitos político-territoriales en los cuales se presta el servicio de policía.
Prohibición de ingresos adicionales Artículo 64. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación no podrán percibir por su desempeño en un cuerpo de policía: remuneraciones, provechos o ventajas, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, tengan o no carácter salarial o remunerativo, distintos a los establecidos expresamente de conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey, sus reglamentos y resoluciones.En consecuencia, queda prohibido el pago o percepción de cualquier ratificación, indemnización, bonificación, asignación o reconocimiento pecuniario en infracción a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, reglamentos, resoluciones, escalas de sueldos y régimen de beneficios sociales.
Son nulas las escalas de sueldos y los regímenes de beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que sean aprobadas en violación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones y, por tanto, no generan derecho alguno.
Régimen único de viáticos Artículo 65. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y desarrollo, establecerá, mediante resolución especial publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen único de viáticos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
Son nulos cualesquiera sistemas o regímenes de viáticos de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que sean aprobados en violación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones y, por tanto, no.
generan derecho alguno.
Dotación Artículo 66. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana fijará, mediante resolución especial publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la dotación de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
Régimen único de permisos y licencias Artículo 67. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de segúridad ciudadana, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y desarrollo; establecerá, mediante resolución especial publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen único de permisos y licencias de los funcionarios y funcionarias policiales. de investigación.
La resolución especial establecerá los tipos de permisos y licencias, su carácter remunerado o no, su naturaleza obligatoria o potestativa, los requisitos para disfrutar los, la autoridad responsable de concederlos o no, su duración y demás condiciones que estime necesarias.
Son nulos cualesquiera sistemas o regímenes de permisos y licencias de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que sean aprobados en violación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones y, por tanto, no generan derecho alguno.
Información de naturaleza pública Artículo 68. La información actualizada sobre las remuneraciones y beneficios sociales correspondiente a los cargos y jerarquías policiales de investigación es de naturaleza pública, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación establezca expresamente el reglamento de la presente Ley. En los portales de internet y en las memorias y cuenta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas deberá publicar anualmente la información correspondiente a los montos de las remuneraciones y beneficios sociales que corresponden a cada uno de los cargos y jerarquías policiales.
Información a la Contraloría General de la República y al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y desarrollo Artículo 69. Las nóminas de pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas deberán ser consignadas semestralmente a la Contraloría General de la República y al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y desarrollo.
Capítulo VII Del control, supervisión y participación ciudadana en el desempeño de la función de la policía de investigación penal Principios de la rendición de cuentas de la policía Artículo 70. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el ejercicio de la Función Policial de Investigación está sometido a un proceso de rendición de cuentas que asegure la debida planificación de las actividades de investigaciones policiales, así como del órgano principal de investigación penal, bajo los principios de transparencia, periodicidad, responsabilidad
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individual, seguimiento de estándares, normas y protocolos y equilibrio entre supervisión dentro de la propia agencia policial y por parte de las organizaciones comunitarias y sociales estructuradas, en forma articulada y previsible. La rendición de cuentas, bajo ninguna circunstancia estará inspirada por lealtades individuales, ideología u orientación política, adhesión a órdenes superiores no fundamentadas o presiones coyunturales debidas a grupos de interés.
De las instancias de control interno de la policía Artículo 71. Son instancias de control interno de la policía la Inspectoría General, la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales y el Consejo Disciplinario de Policía.
Inspectoría General Artículo 72. La Inspectoría General es una unidad administrativa adscrita a la Dirección del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, que implementará las medidas y dará seguimiento a procesos a fin de asegurar la correcta actuación de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, fomentando los.
mecanismos de alerta temprana de faltas e infracciones y el desarrollo de buenas prácticas policiales.
La organización y funcionamiento de la Inspectoría General se rige por lo estabiecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Competencias de la Inspectoría General Artículo 73. La Inspectoría General tiene las siguientes competencias:
Recibir denuncias de supuestas irregularidades en que incurran funcionarios o funcionarias policiales de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, e identificar el tipo de responsabilidad a que diera lugar la acción.
Desarrollar acciones que permitan prevenir las posibles 2.
desviaciones de la ética y de las buenas prácticas policiales de investigación.
3.
Sustanciar los expedientes disciplinarios de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para esclarecer los hechos denunciados o investigados y relacionados con las actuaciones que impliquen la presunta comisión de faltas por su acción u'omisión.
4.
Proponer recomendaciones para mejorar los procesos de supervisión y el desempeño de los funcionarios y funcionarias policiales.
5.
Las demás establecidas en los reglamentos y resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales Artículo 74. La Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales es una unidad administrativa adscrita a la Dirección del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y que reporta al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana sobre situaciones complejas, estructuradas o de envergadura que impliquen violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley en materia de desempeño policial, amenazando el cabal desempeño del servicio conforme a los principios y directrices establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
La creación, organización y funcionamiento de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales se rige por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Competencias de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales Artículo. 75. La Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales tiene las siguientes competencias:
Determinar indicios sobre la comisión de hechos 1.
constitutivos de faltas graves o delitos cometidos por personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Establecer, levantar, procesar y sistematizar información 2.
que permita detectar, contener y responder a las desviaciones policiales en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Coordinar las acciones de inteligencia con las distintas 3.
unidades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de detectar los casos graves de desviación policial en los que estén involucrados o involucradas los funcionarios o funcionarias policiales de investigación, que comprometan el desempeño y credibilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, e iniciar las acciones que fueren procedentes, incluyendo, si fuere necesario, información al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia seguridad ciudadana.
Consejo Disciplinario de Policía de Investigación Artículo 76. Ei Consejo Disciplinario de Policía de Policía de Investigación es un órgano colegiado, objetivo e independiente de apoyo a la Dirección del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, encargado de conocer y decidir sobre las infracciones más graves sujetas a sanción de destitución, cometidas por los funcionarios o funcionarias policiales de investigación.
Integrantes del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación Artículo 77. El Consejo Disciplinario de Policía de Investigación estará integrado por tres personas, dos de libre nombramiento y remoción del órgano rector y una de libre nombramiento y remoción del Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, . Penales y Criminalísticas. Estas designaciones deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
El Consejo Disciplinario de Policía de Investigación se constituirá de forma temporal o permanente para conocer cada caso que le deba ser sometido y aplicará los procedimientos y las reglas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. La integración, organización y funcionamiento del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se rige por lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sus reglamentos y resoluciones.
Competencias del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación Artículo 78. El Consejo Disciplinario de Policía de Investigación tiene las siguientes competencias:
1. Decidir los procedimientos disciplinarios que se sigan a los funcionarios y funcionarias policiales de investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en los casos de faltas sujetas a la sanción de destitución.
2.
Mantener informado o informada permanentemente al Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del resultado de los procedimientos y, de manera periódica, preparar informes a. ser remitidos al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, sobre las faltas más conocidas y otros elementos de interés que posibiliten evaluar las causas y condiciones que las favorecen.
3.
Las demás establecidas en los reglamentos y resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
De las instancias de control externo de la policía de investigación Artículo 79. Las instancias de control externo de la policía de investigación, de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
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Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, son los comités ciudadanos de control policial y cualquier organización comunitaria o social debidamente estructurada que pueda contribuir a mejorar procesos, desempeño y productividad de la policía de investigación dentro del marco de las normas constitucionales y legales.
Capítulo VIII De la supervisión, responsabilidades y régimen disciplinario Principio general de supervisión continua Artículo 80. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desarrollará un sistema de supervisión continua y regular de sus funcionarios y funcionarias policiales y expertos y expertas en materia de investigación penal que permita identificar las fallas en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones e intervenir, en forma temprana, oportuna y efectiva, a -fin de corregirlas y subsanar las situaciones que incidan en el deficiente desempeño de la Función Policial de Investigación.
Principios sustantivos sobre las medidas de intervención y corrección Artículo 81. Las medidas que sean adoptadas se orientarán por los principios de ponderación, proporcionalidad, reentrenamiento y adecuación a la entidad de las deficiencias y faltas, a las perspectivas de corrección y al grado de participación y responsabilidad individual de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación.
La ponderación implica la consideración de todas las circunstancias del hecho, de modo que exista correspondencia racional entre el alcance de la medida y el objetivo a lograr. La proporcionalidad implica un equilibrio entre la magnitud de la medida y la entidad de la falta, de modo que faltas equivalentes sean tratadas con medidas equivalentes. El reentrenamiento implica que el objetivo de la medida sea un cambio positivo observable en las destrezas y habilidades del funcionario o funcionaria policial de investigación. La adecuación implica la individualización de las medidas de corrección en función del grado de amenaza daño, del pronóstico de enmienda y del nivel de involucramiento de cada uno de los funcionarios o funcionarias policiales de investigación que hayan participado en la falta correspondiente.
Principios procedimentales sobre las medidas de intervención y corrección Artículo 82. El procedimiento de identificación e intervención de las fallas y faltas en el cumplimiento de deberes y obligaciones de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación y expertos y expertas en materia de investigación penal está orientado por los principios de alerta temprana, continuidad, eficacia,celeridad, imparcialidad, proactividady garantía de los derechos humanos del funcionario o funcionaria, sin que la identificación, el seguimiento, el registro y la documentación de cada caso puedan interpretarse como parte de un procedimiento de tipo acusatorio en contra del funcionario involucrado o funcionaria involucrada.
Proceso de supervisión continua e intervención temprana Artículo 83. La Inspectoría General aplicará un protocolo de supervisión continuar intervención temprana que permita determinar, a través de los supervisores directos y supervisoras directas de los funcionarios y funcionarias policiales y expertos y expertas en materia de investigación penal, de las quejas y reclamos de las personas, de los informes de los jefes de unidades, departamentos y oficinas, de la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales o del director o directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las fallas, faltas e incumplimiento de normas, manuales, protocolos, instructivos y órdenes impartidas a los funcionarios y funcionarias policiales de investigación en sus diversos niveles de jerarquía, mediante un reporte escrito en el que conste el motivo de la observación o reclamo, el contenido y modalidades de la acción u omisión reportada y las circunstancias de tiempo, lugar y testimanios frente al comportamiento en cuestión, con indicación de cualquier otro elemento que contribuya a su mejor determinación y documentación. Los reglamentos y resoluciones de la presente Ley establecerán los contenidos, alcances, formatos y gestión del protocolo de supervisión continua e intervención temprana a que se refiere este artículo.
Asistencia voluntaria Artículo 84. La medida de asistencia voluntaria consiste en el .
sometimiento consentido del funcionario o funcionaria policial de investigación o un experto o experta en materia de investigación penal a un programa corto de supervisión intensiva y reentrenamiento en el área a que corresponda la falta detectada. Este programa podrá estar a cargo del supervisor directo o supervisora directa del funcionario o funcionaria policial o de algún otro supervisor o unidad de reentrenamiento y formación dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y tendrá una duración que no excederá de seis horas. Los reglamentos y resoluciones de la presente Ley establecerán los parámetros para el desarrollo de este programa, incluyendo cualquier restricción en la dotación o funciones del funcionario o funcionaria policial de investigación y los criterios para evaluar sus resultados.
Causales de aplicación de la asistencia voluntaria Artículo 85. Son causales de aplicación de la medida de asistencia voluntaria las siguientes:
1. Incumplimiento. del horario de trabajo que no exceda del veinte por ciento 20%) de una jornada laboral o del tiempo a, disponibilidad del servicio a que se refiera una comisión especial, hasta un máximo de dos oportunidades en un período de tres meses.
Descuido o negligencia en el uso de insignias, 2.
equipamiento o apariencia personal, siempre que no implique simulación, ocultamiento u obstaculización de la identificación personal o del equipo del funcionario o funcionaria policial de investigación.
3.
Omisión o retardo en el cumplimiento de tareas, asignaciones, órdenes o disposiciones, siempre que no comprometa la atención de una emergencia o la prestación de un servicio de policía de investigación requerido en forma inmediata e indiferible por parte del público.
Falta de atención y compromiso en la ejecución de sus 4.
funciones o en los planes, programas, cursos y actividades de formación y entrenamiento, siempre que no implique indisciplina deliberada o actitud refractaria u hostil ala organización y funcionamiento del servicio de policía de investigación.
Omisión o retardo en la presentación de informes o 5.
reportes de actos de servicio que no comprometan, de manera sustancial, la integridad y confiabilidad de la prestación del servicio policial de investigación.
6.
Cualquier violación de reglamento, instructivo, protocolo, orden de servicio o instrucción que no afecte, de manera sustancial, la integridad y confiabilidad de la prestación del servicio policial de investigación.
7.
No dar debido cumplimiento a lo previsto en el numerales 6 y 8 del artículo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio-de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
Cualquier otro supuesto derivado de las causales antes 8.
descritas, cuya exacta determinación en cuanto a la conducta o el resultado esté prevista en un reglamento, manual o instructivo policial, sin que se admita un reenvío secundario a otra pauta o disposición normativa.
Asistencia obligatoria Artículo 86. La medida de asistencia obligatoria consiste en el sometimiento obligatorio del funcionario o funcionaria policial o experto y experta en materia de investigación penal de investigación a un programa de supervisión intensiva y reentrenamiento en el área a que corresponda la falta detectada. Este programa podrá estar a cargo del supervisor
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directo o supervisora directa del funcionario o funcionaria o de algún otro supervisor o unidad de reentrenamiento y formación dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y tendrá una duración que no excederá de treinta horas. Los reglamentos y resoluciones de la presente Ley establecerán los parámetros para el desarrollo de este programa, incluyendo cualquier restricción en la dotación o desempeño del funcionario o funcionaria policial de investigación y los criterios para evaluar sus resultados.
Causales de aplicación de la asistencia obligatoria Artículo 87. Son causales de aplicación de la medida de asistencia obligatoria las siguientes:
Falta de adopción, cumplimiento o informe sobre el 1.
programa de asistencia voluntaria que se hubiere recomendado al funcionario o funcionaria policial de investigación.
Incumplimiento del horario de trabajo que exceda del 2.
veinte por ciento (20%) de una jornada laboral o del tiempo a disponibilidad del servicio a que se refiera una comisión especial, o que alcance a dos días hábiles en un período de treinta días continuos.
Omisión o retardo en el cumplimiento de tareas, 3.
asignaciones, órdenes : o disposiciones indicadas por el supervisor, supervisora, superior inmediato o superiora inmediata, que pongan en riesgo la atención de una emergencia o la prestación de un servicio de policía de investigación requerido en forma inmediata e indiferible por parte del público.
Manifestaciones de indisciplina, actitud refractaria u hostil 4.
a la organización y funcionamiento del servicio de policía de investigación.
5.
Omisión o retardo en la presentación de informes o reportes de actos de servicio, bien sean exigibles de oficio o expresamente requeridos por el supervisor, supervisora, superior inmediato o superiora inmediata, que por su relevancia, condiciones, situaciones o modalidades puedan comprometer, de manera sustancial, la integridad y confiabilidad de la prestación del servicio policía de investigación.
Daño o perjuicio material debido a negligencia, 6.
imprudencia o impericia manifiesta sobre bienes, dotación, equipos, equipamiento o infraestructura para la prestación dei servicio policial de investigación.
No dar debido cumplimiento a lo previsto en los numerales 7.
3, 5, 9 y 11 del artícuio 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
Cualquier otro supuesto derivado de las causales antes 8.
descritas, cuya exacta determinación en cuanto a la conducta o el resultado esté prevista en un regiamento, manual o instructivo policial, sin que se admita un reenvío secundario a otra pauta o disposición normativa.
Procedimiento para la aplicación de las medidas de asistencia voluntaria y asistencia obligatoria Artículo 88. La autoridad competente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, una vez revisada la documentación acopiada, después de informar y oír al funcionario o funcionaria policial de investigación o experto o experta en materia de investigación penal involucrado o involucrada sobre los alegatos que estime pertinentes, adoptará la decisión correspondiente, le notificará sobre las medidas de asistencia voluntaria u obligatoria a que hubiere lugar, de conformidad con esta Ley, sus reglamentos y resoluciones. La decisión podrá ser recurrida ante el Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Las autoridades y procedimientos serán regulados en los reglamentos y resoluciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LeyOrgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
Destitución Artículo 89. La medida de destitución comporta la separación definitiva del cargo del funcionario o funcionaria policial de investigación o experto y experta en materia de investigación penal. El Consejo Disciplinario de Policía de investigación decidirá sobre la medida de destitución.
Efectos de la destitución Artículo 90. La destitución acordada, una vez firme la decisión correspondiente, será notificada al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana a fin de efectuar el registro correspondiente a la desincorporación del listado, y credenciales funcionariales, y a los fines de dar cumplimiento al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
Si la destitución procediere por la comisión de un delito, el Director o Directora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas notificará al Ministerio Público a los fines de iniciar la averiguación penal a que hubiere lugar. En caso que el Ministerio Público hubiere iniciado de oficio una averiguación por la comisión de un delito, el Director o Directora del cuerpo de policía correspondiente procederá a suspender del ejercicio de sus funciones al funcionario o funcionaria policial o experto y experta en materia de investigación penal cuando su acusación haya sido admitida por el Tribunal respectivo.
Causales de aplicación de la destitución Artículo 91. Son causales de aplicación de la medida de destitución las siguientes:
Resistencia, contumacia, rechazo o incumplimiento de la 1.
medida de asistencia obligatoria aplicada, o haber sido sometido o sometida en tres oportunidades durante el último año a esta medida sin que haya evidencia de corrección según los informes del supervisor o supervisora correspondiente.
2.
Comisión intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho delictivo que afecte la respetabilidad de la Función Policial de Investigación.
dedesobediencia,insubordinación, 3.
Conductas obstaculización, sabotaje, daño material o indisposición frente a instrucciones de servicio o normas y pautas de conducta para el ejercicio de la Función Policial de Investigación.
Alteración, falsificación, simulación, sustitución 4.
0 forjamiento de actas y documentos que comprometan la prestación del servicio o la credibilidad y respetabilidad de la Función Policial de Investigación.
Violación reiterada de reglamentos, manuales, protocolos, 5.
instructivos, órdenes, disposiciones, reserva y, en general, comandos e instrucciones, de manera que comprometan ia prestación del servicio o la credibilidad y respetabilidad de la Función Policial de Investigación.
Utilización de la fuerza física, la coerción, los 6.
procedimientos policiales, los actos de servicio y cualquier otra intervención amparada por el ejercicio de la autoridad de policía, en interés privado o por abuso de poder, desviándose del propósito de la prestación del servicio policial de investigación.
Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días 7.
hábiles dentro de un lapso de treinta días continuos, o abandono del trabajo.
Simulación, ocultamiento u obstaculización intencionales 8.
de la identificación personal o del equipo del funcionario o funcionaria policial de investigación, que permita facilitar la perpetración de un delito o acto ilícito, eliminar o desvanecer huellas, rastros o trazas de su ejecución, evadir la responsabilidad, amenazar o intimidar a cualquier persona con ocasión de su ejecución y efectos.
9. Violación deliberada y grave de las normas previstas en los numerales 7, 10, 13, 14 y 15 del artículo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
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10. Cualquier otra falta prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública como causal de destitución.
11. Conducta desconsideradà, irrespetuosa, agresiva o de maltrato u hostigamiento hacia superiores, supervisores, subalternos, compañeros de trabajo, víctimas o personas en general.
Cualquier supuesto grave de rechazo, rebeldía, dolo, 12.
negligencia manifiesta, atentado, subversión, falsedad, extralimitación o daño respecto a normas, instrucciones o la integridad del servicio policial cuya exacta determinación conste en el reglamento correspondiente, sin que sea admisible un segundo reenvío.
Capítulo IX Del Procedimiento de Destitución Modos de proceder Artículo 92. El procedimiento disciplinario de destitución se iniciará y adelantará por la Inspectoría General de oficio o por denuncia, cuando tenga conocimiento de la comisión de una falta prevista en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de. Ley.
Diligencias necesarias Artículo 93. La Inspectoría General deberá practicar las diligencias necesarias con el fin de investigar tanto los hechos, como las circunstancias útiles para determinar o no lá responsabilidad disciplinaria del funcionario o funcionaria policial de investigación o experto o experta en materia de investigación penal presuntamente incurso en un supuesto sancionado con destitución.
Obligatoriedad de la denuncia Artículo 94. Todo funcionario o funcionaria policial de investigación o experto o experta en materia de investigación penal que tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho constitutivo de falta disciplinaria, deberá hacerlo del.
conocimiento de la Inspectoría General, suministrando toda la información y pruebas que tuviere.
La obligatoriedad de la denuncia no procede contra sí mismo, contra su cónyuge, persona con la cual mantenga unión estable de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
El o la denunciante o informante que actuar falsamente serán responsables de conformidad con la ley.
Obligación de comunicación a la autoridad penal Artículo 95. Si los hechos objeto de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos, la Inspectoría General deberá notificarlo al Ministerio Público, remitiéndole los elementos de convicción que correspondan.
Derechos del funcionario o funcionaria investigada Artículo 96. Son derechos del funcionario o funcionaria policiales de investigación y expertos y expertas en materia de investigación penal sujetos a un procedimiento disciplinario de destitución:
Ser notificado o notificada de los hechos por los cuales se 1.
le investiga.
2.
Formular sus alegatos y defensas y solicitar expresamente ser oído u oída en declaración de conformidad con el procedimiento establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Disponer de los medios de prueba que estime conducentes 3.
para ejercer su defensa e intervenir en las evaluaciones de las mismas.
Acceder a las pruebas que existan en su contra.
4.
Examinar las diligencias practicadas.
5.
6.
Impugnar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
7.
Designar apoderado u apoderada en cualquier etapa del proceso. En caso de no hacerlo se le designará uno de oficio.
Representación en ausencia Artículo 97. En caso que el funcionario o funcionaria policial de investigación o experto o experta en materia de investigación penal se encontrare en rebeldía, contumacia, renuncia o ausencia, el Consejo Disciplinario de Policía de Investigación le designará un defensor o defensora de oficio, con quien se entenderá la notificación y lo representará en todo estado y grado del procedimiento.
Prueba para sancionar Artículo 98. La sanción solo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y responsabilidad del funcionario o funcionaria policial de investigación-.
Duración máxima Artículo 99. El procedimiento disciplinario de destitución se seguirá por escrito y su plazo de instrucción no podrá exceder de dos meses, pudiendo ser prorrogado hasta por igual tiempo cuando la complejidad del caso lo amerite.
Solicitud del investigado o investigada Artículo 100. En cualquier caso, vencido el plazo de instrucción, el funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal investigado, podrá solicitar al Consejo Disciplinario de Policía de investigación que inte a la Inspectoría General a que presente la propuesta correspondiente.
Obligación de las partes Artículo 101. Los términos o plazos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley relativos al procedimiento disciplinario ordinario obligan por igual a las autoridades, funcionarios o funcionarias policiales investigados, expertos o expertas en materia de investigación penal y a la defensa.
Indagación preliminar Artículo 102. La Inspectoría General podrá iniciar la indagación preliminar en caso de indicios sobre la comisión de un hecho constitutivo de falta disciplinaria.
Notificación Artículo 103. El procedimiento de destitución se seguirá a los funcionarios o funcionarias policiales de investigación o expertos o expertas en materia de investigación penal que incurran en las faltas previstas y sancionadas en el artículo 90 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Iniciado el procedimiento, la Inspectoría General notificará al funcionario o funcionaria policial investigada, en un lapso de cinco días hábiles, imponiéndolo de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. Si durante el desarrollo de la investigación surgen elementos que permitan individualizar, como investigar a otros funcionarios, se procederá con respecto a estos en los términos señalados.
Medidas cautelares y preventivas Artículo 104. Cuando la investigación verse sobre faltas que dan lugar a la destitución, la Inspectoría General, mediante auto motivado, podrá ordenar la suspensión provisional del funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal investigado con o sin goce de sueldo durante el tiempo de la investigación, a fin de evitar la obstrucción al normal funcionamiento de la misma, o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta. Dicha medida generará un régimen de presentaciones periódicas cada tres días ante la Inspectoría General mientras dure la investigación.
En caso de que el funcionario o funcionaria policial investigado se encuentre privado preventivamente de libertad; asuma una conducta de rebeldía, renuncia, contumacia o ausencia en el procedimiento disciplinario, y en caso de presuntas amenazas o violaciones a los derechos humanos, la suspensión del ejercicio del cargo será sin goce de sueldo.
Si la investigación disciplinaria amerita la retención del arma orgánica y medios que lo identifiquen como funcionario o funcionaria del Cuerpo, la Inspectoría General podrá acordarla mediante auto motivado, por el tiempo absolutamente necesario. El auto que ordene dichas medidas, tendrá vigencia inmediata y contra él no procede recurso alguno en vía administrativa.
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Nombramiento de apoderado o defensor de oficio Artículo 105. El funcionario o funcionaria policial o experto o.
experta en materia de investigación penal investigado, dispondrá de un lapso de cinco días hábiles siguientes a la notificación, para nombrar apoderado; de no hacerlo y vencido el plazo señalado, la Inspectoría General solicitará al Consejo Disciplinario de Policía de Investigación le designará un defensor o defensora de oficio, a quien se le notificará por escrito.
El defensor o defensora designado dispondrá de un lapso de setenta y dos horas para aceptar el nombramiento, en caso de rechazar la designación deberá hacerlo mediante escrito motivado ante el Consejo Disciplinario de Policía de Investigación. Dicha excusa solo procederá por las causales de recusación previstas en las leyes, reglaméntos y resoluciones.
En todo momento el funcionario o funcionaria investigada podrá designar un apoderado en sustitución del defensor de oficio. Si el apoderado no comparece a los actos procesales se considerará abandonada la defensa y corresponderá su inmediato reemplazo con un defensor de oficio.
Imposición de los hechos y de las actas Artículo 106. Aceptada la designación por el defensor o defensora de oficio o nombrado apoderado, se iniciará un lapso de cinco días hábiles, para que el funcionario o funcionaria investigada se imponga de los hechos, debiendo la Inspectoría General, permitir el acceso y examen de las actas y diligencias que conforman el expediente.
Plazo para alegatos y defensa Artículo 107. Finalizado el plazo anterior, el funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal investigado dispondrá de un plazo de diez días hábiles, para formular sus alegatos y defensa y promover las pruebas que considere conducentes.
Práctica de las pruebas y diligencias Artículo 108. Vencido el término anterior, la Inspectoría General procederá a evacuar las pruebas promovidas y a practicar las que de oficio considere pertinentes, en un lapso que no podrá exceder de veinte días continuos.
Declaración del funcionario o funcionaria Artículo 109. Dentro del lapso establecido en el artículo anterior, se fijará un día y hora para la declaración del funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal investigado, con asistencia de su apoderado o el defensor de oficio. Antes de comenzar la declaración se le informará de sus derechos, especialmente del contenido en el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La declaración del funcionario o funcionaria policial se transcribirá en acta, la cual será firmada por los intervinientes y anexada al expediente. Se prohíben las preguntas capciosas y sugestivas.
Diligencias necesarias Artículo 1i0. La Inspectoría General. deberá practicar las diligencias necesarias con el fin de investigar tanto los hechos como las circunstancias útiles para determinar o no la responsabilidad disciplinaria del funcionario o funcionaria investigada.
Constancia por escrito Artículo 111. Las diligencias practicadas se harán constar por escrito, con indicación del día, hora y lugar en que se realizan, la descripción de su utilidad para la investigación y la identificación de las personas intervinientes. Las resultas de las diligencias se anexarán al expediente.
Terminaclón de la investigación disciplinaria Artículo 112. Obtenida la declaración del funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal investigado, practicadas las pruebas y diligencias pertinentes, concluido el lapso de instrucción o vencida su prórroga, la Inspectoría General remitirá el expediente al Consejo Disciplinario de Policía de Investigación, con su debida propuesta.
Del archivo Artículo 113. Cuando la investigación resulte insuficiente para proponer- sanción o absolución, la Inspectoría General presentará propuesta de archivo de la causa disciplinaria, sin perjuicio de la reapertura cuando emerjan nuevos elementos de, convicción.
Cesará toda medida cautelar o preventiva acordada contra el investigado, si fuere el caso.
Contenido de la proposición Artículo 114. La proposición de la Inspectoría General, además de los requisitos previstos en la ley que regula los procedimientos administrativos deberá contener:
1. Los datos del funcionario o funcionaria policial investigado o experto o experta en materia de investigación penal y de su apoderado.
2.
Una relación clara, precisa y motivada de los hechos, razones y pedimentos correspondientes.
3.
Las normas que contienen las faltas.
El ofrecimiento de los medios de prueba que se 4.
presentarán en la audiencia, con indicación de su pertinencia o necesidad.
5.
La sanción, absolución o archivo que se propone y su basamento legal.
6.
Las demás que establezcan los reglamentos y resoluciones del presente Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley.
Reposición de la causa disciplinaria Artículo 115. Una vez recibida la causa disciplinaria con su propuesta, el Consejo Disciplinario, si observar algún vicio de trámite o de resolución, ordenará la reposición a fin de subsanar el acto, acordando la práctica de las diligencias, a tal efecto devolverá el expediente a la Inspectoría General, la cual deberá cumplir con lo señalado en un lapso que no excederá treinta días hábiles.
Revisión de Propuesta Artículo 116. Cuando el Consejo Disciplinario de Policía de Investigación observar que los elementos valorados sean insuficientes para sustentar la proposición de archivo o absolución, solicitará a la Inspectoría General que prosiga con la investigación o formule la propuesta a que haya lugar, en un lapso no mayor de treinta días hábiles.
Oportunidad de fijación de la audiencia ante el Consejo Disciplinario de Policía de Investigación Artículo 117. Recibido el expediente por el Consejo Disciplinario de Policía de Investigación y dentro de los diez días hábiles siguientes se fijará el día y la hora que tendrá lugar la audiencia oral y pública, tomando en consideración el cronograma de actividades del Consejo Disciplinario.
Fijada la fecha de la audiencia oral y pública se notificará a las partes y se procederá a la citación de los testigos y expertos que por requerimiento de alguna de las partes, deban comparecer a la audiencia.
Celebración de la audiencia Artículo 118. Llegados el día y la hora para la celebración de la audiencia, el presidente o presidenta del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación verificará la presencia de las partes, expertos y testigos que deban intervenir, declarando abierta la audiencia. El secretario de audiencia en forma sucinta dará lectura de los hechos atribuidos, seguidamente se concederá la palabra al Inspector General o su representante, quien expondrá los alegatos contenidos en la propuesta, se oirá la defensa del funcionario o funcionaria policial investigado e inmediatamente se oirá al investigado, procediéndose a resolver sobre las pruebas evacuadas y las diligencias.
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Declaración del funcionario o funcionaria investigada en audiencia Artículo 119. El presidente o presidenta del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación dispondrá que se oiga la declaración del funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal investigado, deberá explicarle de manera sencilla el hecho que se le atribuye y le advertirá que podrá abstenerse de declarar total o parcialmente, sin que su silencio le perjudique. La audiencia continuará aunque éste no declare. Se permitirá que manifieste libremente cuanto tenga por conveniencia, pudiendo ser interrogado posteriormente por el funcionario de Inspectoría General, el defensor de oficio o su apoderado y quienes integran el Consejo Disciplinario, en este mismo orden.
Expertos Artículo 120. Los expertos y expertas que hayan sido notificados para comparecer responderán de manera directa las preguntas que se le formulen.
El presidente o presidenta del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación, si lo considera conveniente, podrá disponer que los expertos presencien los actos de la audiencia.
Los expertos y expertas podrán consultar notas y dictámenes sin que puedan reemplazarse las declaraciones por su lectura.
Testigos Artículo 121. Finalizada la declaración de los expertos y expertas, el presidente o presidenta del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación procederá a llamar a los testigos que hayan sido citados, uno a uno, comenzando por los que haya ofrecido la Inspectoría General y continuará con los propuestos por la defensa. El Consejo Disciplinario podrá alterar este orden cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento del hecho.
Antes de declarar, los y las testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni presenciar la audiencia.
Culminada su declaración el presidente del Consejo Disciplinario dispondrá acerca de su permanencia en la sala. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la información del testigo, pudiendo el Consejo Disciplinario valorar estas circunstancias.
Cierre de la recepción de pruebas Artículo 122. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente o presidenta del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación concederá el derecho de palabra al representante de la Inspectoría General y al defensor de oficio o apoderado del funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal para que expongan sus conclusiones. Seguidamente se otorgará la posibilidad de réplica en el mismo orden para referirse sólo a las conclusiones formuladas por la parte contraria que antes no hayan sido discutidas.
Finalmente, el presidente o presidenta del Consejo Disciplinario preguntará al funcionario o funcionaria investigada si tiene algo más que manifestar y declarará clausurado el debate.
Incorporación para la lectura Artículo 123. Durante la audiencia y previa aprobación del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación, podrán ser incorporadas a través de la lectura: reconocimientos, documentos, informes, inspecciones técnicas, experticias, declaraciones, actas de las pruebas que se ordene practicar fuera de la sala durante la audiencia, que por algún impedimento debidamente motivado no puedan evacuarse.
Cualquier otro elemento de convicción que se incorpore para su lectura a la audiencia no tendrá valor alguno, salvo que las partes y el Consejo Disciplinario, de común acuerdo, manifiesten expresamente su conformidad con la incorporación.
Nueva calificación jurídica Artículo 124. Si en el curso de la audiencia, el Consejo Disciplinario de Investigación Penal, observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al funcionario o funcionaria policial o experto o experta en materia de investigación penal sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa. A todo evento, esta advertencia deberá ser formulada por el Presidente del Consejo Disciplinario después de terminada la recepción de pruebas, si antes no lo hubiese hecho.
En este caso, se recibirá nueva declaración al funcionario o funcionaria policial investigado y se informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión de la audiencia para ofrecer más pruebas o preparar la defensa.
Ampliación de la propuesta disciplinaria Artículo 125. Durante la audiencia y hasta antes de concederle la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones, la Inspectoría General podrá ampliar la propuesta, mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifique la calificación jurídica o la falta del hecho objeto del debate.
En tal caso, quedará a criterio del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación determinar si existen tales circunstancias, de ser así se recibirá nueva declaración del de investigación penal investigado y se informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión de la audiencia para ofrecer nuevas pruebas o preparar su defensa.
Cuando este derecho o el mencionado en el artículo anterior sea ejercido, el Consejo Disciplinario suspenderá el debate por un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles, según la naturaleza de los hechos y las necesidades de la defensa. De lo realizado, se dejará constancia en el acta de desarrollo de la audiencia.
Calificación disciplinaria en audiencia Artículo 126. Si durante la declaración del funcionario o funcionaria policial investigado, experto o experta en materia de investigación penal o los testigos que depusieren en la audiencia, señalar en la participación de un funcionario no investigado, el representante de la Inspectoría General solicitará al Consejo Disciplinario de Policía de Investigación la apertura de una investigación disciplinaria contra él o los funcionarios señalados. A tal efecto, el Consejo Disciplinario deberá pronunciarse en audiencia, acordando lo conducente mediante cuaderno separado.
Incomparecencia para la audiencia Artículo 127. Si en la causa disciplinaria existiesen varios funcionarios o funcionarias policiales o expertos o expertas en materia de investigación penal investigados, y llegado el día del debate no se encontraren todos presentes, la audiencia se celebrará con los asistentes, sin que proceda el diferimiento. El Consejo Disciplinario de Policía de Investigación fijará una nueva audiencia a los inasistentes dentro de los diez días hábiles siguientes, les notificará personalmente o través de sus apoderados o defensores de oficio, con quienes se entenderá el proceso, según lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Deliberación y decisión Artículo 128. Concluida la audiencia, quienes integran el Consejo Disciplinario someterán a su consideración los hechos debatidos, a los fines de tomar una determinación, la cual plasmarán en un proyecto de decisión, debiendo presentarlo al Director o Directora General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los fines de escuchar su opinión no vinculante. Oída la opinión, el Consejo Disciplinario procederá a dictar decisión por mayoría de sus integrantes, al décimo día hábil siguiente de concluida la audiencia oral y pública.
Pronunciamiento e imposición Artículo 129. Tomada la decisión, el Consejo Disciplinario de Policía de Investigación convocará a una nueva audiencia al tercer día hábil siguiente a los fines de imponer la, notificará a las partes mediante la entrega de copia certificada del auto que contiene la decisión y dará lectura al texto integro de la misma.
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Mediante la lectura del fallo se tendrá como efectuada la notificación del acto al funcionario o funcionaria investigada o a su apoderado o defensor de oficio presente, a los fines del ejercicio de los recursos respectivos.
El Consejo Disciplinario, a través de la secretaría de ejecución, remitirá una copia certificada de su decisión a la dependencia competente en materia de recursos humanos, a los fines que la misma realice los trámites administrativos correspondientes.
Contenido de la decisión Artículo 130. La decisión del Consejo Disciplinario de Policía de Investigación contendrá:
Resumen de los hechos atribuidos.
1.
Síntesis de las pruebas recaudadas.
2.
Resumen de los alegatos del funcionario o funcionaria 3.
policial o experto o experta en materia de investigación penal y las razones por las cuales se aceptan o se niegan los señalamientos de la Inspectoría General.
4.
Los fundamentos de hecho y de derecho de la motivación.
5.
La indicación de las faltas que se consideren probadas.
La decisión que se adopte y las comunicaciones necesarias 6.
para su ejecución.
El levantamiento de las medidas cautelares y preventivas 7.
acordadas en caso de absolución, ordenándose su reincorporación a sus funciones y la entrega de los medios de identificación e instrumentos policiales retenidos, si fuere el caso.
8.
En caso de destitución se notificará al Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana.
9.
Los recursos que pueda interponer el funcionario o funcionaria de conformidad con la ley.
Recurso contencioso administrativo Artículo 131. La medida de destitución del funcionario o funcionaria policial de investigación o experto o experta en materia de investigación penal agota la vía administrativa, y contra ella es procedente el recurso contencioso administrativo conforme a lo previsto en el Título VII de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Defensa Pública Artículo 132. Se promoverá dentro del Sistema Autónomo de Defensa Pública una unidad especializada para las funcionarias y funcionarios policiales que en el cumplimiento del deber incurran en la comisión de hechos punibles, con el fin de brindar orientación y asistencia judicial.
Capítulo X De los Expertos y Expertas en materia de Investigación Penal Expertos y Expertas Artículo 133. Se entiende por expertos y expertas en materia de investigación penal, toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución de la República y en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se desempeñe en el ejercicio de función pública remunerada permanente en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siempre que comporte el desempeño y realización directa de una actividad científica y técnica de experticia legal, peritaje legal o criminalística dentro de una investigación penal o policial. Los expertos y expertas deberán poseer título de educación superior en la especialidad científica en la cual practican las experticias legales,peritajes legales o actividades criminalísticas, salvo que en el país no existan estudios de educación superior en el área o materia.
Los expertos y expertas en materia de investigación penal que prestan servicio en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no tienen la condición de funcionarios o funcionarias policiales de investigación y, en consecuencia, no tienen atribuciones para el uso potencial de la fuerza física ni podrán ser incorporados por equivalencia a la carrera policial de investigación. No se permitirá la condición de expertos y expertas en materia de investigación penal ad honorem u honorarios.
Régimen Jurídico de Función Pública Artículo 134. Los expertos y expertas en materia de investigación penal que prestan servicio al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas son funcionarios públicos y funcionarias públicas que se rigen por el Estatuto de la Función Pública y sus reglamentos, excepto en lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en materia de ingreso, jornada de servicios, régimen de remuneraciones y beneficios sociales, régimen única de permisos y licencias, régimen único de viáticos, reentrenamiento, formación continua, supervisión y régimen disciplinario.
Ingreso Artículo 135. Para ingresar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como expertos y expertas en materia de investigación penal, se deben cumplir con los siguientes requisitos: ser venezoláno o venezolana, mayor de dieciocho años de edad, no poseer antecedentes penales, ni haber sido destituido o destituida de algún órgano militar o de cualquier organismo de seguridad del Estado, así como cualquier otro que determine el reglamento o resolución respectivo.
El concurso para ingresar como experto o experta en materia de investigación penal se realizará enel Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siguiendo las políticas de selección establecidas para tal fin por el órgano rector, debiendo someterse a un período de capacitación de un mes en la institución académica nacional especializada en seguridad y de dos meses en este cuerpo de policía, cuyo resultado determinará su ingreso, sin que ello implique el ejercicio de la carrera policial.
DISPOSICION DEROGATORIA
Única. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas de rango legal y sublegal contrarias a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Ley, deberán homologarse y reclasificarse los rangos y jerarquías de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, en condición de actividad y jubilación, a lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana regulará, mediante resolución, los procedimientos a seguir para la homologación los rangos y jerarquías.
Segunda. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación que gocen de sueldos y beneficios sociales superiores a los establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley continuarán disfrutándolos después de su vigencia. La homologación y reclasificación de los rangos y jerarquías previstos en la disposición anterior no podrán desmejorar los sueldos y beneficios sociales de los funcionarios y funcionarias policiales sujetos a dichos procedimientos.
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Tercera. Los límites máximos a la jornada de trabajo establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrarán en vigencia a través de un proceso dirigido a su reducción progresiva, dentro de los cuatro años siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, mediante resoluciones especiales dictadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Là reducción de la jornada de trabajo no afectará los derechos, remuneraciones y beneficios de los funcionarios y funcionarias policiales.
Cuarta. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas deben crear los servicios de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
El sistema nacional público de salud deberá crear centros de atención especializados en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo relacionados con la prestación del servicio de policía.
Quinta. Hasta tanto entre en vigencia la ley que regula el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación y los expertos y expertas en materia de investigación penal se regirán por las siguientes normas:
1. Se mantiene el Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Son atribuciones del Instituto Autónomo de Previsión 2.
Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas: prestar servicio de previsión y asistencia médica, económica y social a todos a los funcionarios y funcionaras policiales de investigación, así como a los expertos y expertas de investigación penal, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a sus familiares inmediatos en las condiciones que establezca el Estatuto Social del Instituto dictado por el Órgano Rector; brindar protección social en caso de muerte; ayudar a resolver los problemas educacionales, culturales y de esparcimiento de los funcionarios y funcionaras policiales de investigación, los expertos y expertas de investigación penal y sus familiares.
Todo lo relacionado con el patrimonio del Instituto 3.
Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la condición de miembro, deberes y derechos, dirección y administración, asambleas y funcionamiento estará determinado en su Estatuto Social dictado por el Órgano Rector.
Todos los funcionarios públicos y funcionarias públicas, sin 4.
distinción alguna, que presten servicios en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como sus familiares inmediatos, continuarán en su condición de afiliados y afiliadas del Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siempre que dicha afiliación haya sido previa a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. En consecuencia, disfrutarán de todos los servicios, protección social, jubilaciones y pensiones que les corresponda.
Sexta. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley cesan de pleno derecho en sus funciones todos los funcionarios y funcionarias policiales de investigación, así como de funcionarios públicos y funcionarias públicas, ad honorem y honorarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Séptima. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los funcionarios públicos y funcionarias públicas que prestan servicios al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que no se encuentren dentro del ámbito de su aplicación se regirán por la Ley del Estatuto de la Función Pública y sus reglamentos.
Octava A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los obreros y obreras que prestan servicios al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que no se encuentren dentro del ámbito de su aplicación se regirán por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y sus reglamentos.
Novena. Los sueldos y beneficios sociales del personal contemplado en las disposiciones transitorias octava y novena no podrán ser desmejorados después de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
DISPOSICION FINAL
Única. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (LS.)
FRIAS (EZ
HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA
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Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) ÉDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L..S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L..S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del. Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra de! Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) ROIDOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
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Decreto N° 9.047 15 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la República, basado en principios humanistas, sustentado en los principios morales y éticos bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 236 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 1, literal c del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.
DICTA El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE LA GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Objeto Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto garantizar a los ciudadanos y ciudadanas del país el derecho a la educación y el trabajo, a través de una ocupación productiva, con la finalidad de lograr la mayor eficacia posible en el cumplimiento de la Gran Misión Saber y Trabajo.
Gran Misión Saber y Trabajo Artículo 2°. Se crea la Gran Misión Saber y Trabajo, a través de la cual el Ejecutivo Nacional implementará los mecanismos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que permitan garantizar la sustentabilidad, el bienestar y la estabilidad de los ciudadanos y ciudadanas del país, mediante el acceso a la educación y el trabajo, asegurando su incorporación en actividades productivas, con el objetivo de sentar las bases del desarrollo de un sistema de trabajo productivo liberador y la superación de la cultura rentista.
Sujetos de aplicación Artículo 3°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, regula en todo el territorio nacional las acciones dirigidas a combatir el desempleo, en especial de los jóvenes y mujeres de la patria. En ese sentido, se dirige a:
Ciudadanos y ciudadanas que se encuentren bajo a.
condición absoluta de desempleo.
Ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a participar b.
en un proceso de formación, organizado por la Gran Misión Saber y Trabajo.
Ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a participar c.
en los proyectos productivos, objeto del llamado que se realice en función del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Organizaciones socioproductivas para el fomento de un d.
modelo de injertos productivos para el tramado de transición al socialismo.
Definiciones Artículo 4. A los efectos de la presente ley, se definen los siguientes términos:
ATRABAJAR: espacios en los cuales los trabajadores y a.
trabajadoras puedan integrarse o reinsertarse en el sistema productivo, donde el Estado establecerá diversos mecanismos de incentivos, medios de producción, así como acceso al financiamiento, bienes de capital, tecnología y la colocación de su producción en el mercado. Los espacios ATRABAJAR estarán definidos por unidades espaciales delimitadas y condiciones especiales para el desarrollo de los injertos productivos.
b. Red Productiva: conjunto de unidades productivas engranadas y articuladas orgánicamente, que pueden formar parte de una o varias cadenas productivas.
Brigadas de Vanguardia Productiva: personas o c.
grupos de personas, naturales o jurídicas que sean establecidas en un espacio ATRABAJAR, en las condiciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Brigadas de Desarrollo Productivo: personas o grupos d.
de personas, naturales o jurídicas que sean establecidas en un espacio ATRABAJAR y que hayan cumplido o estén cumpliendo con los respectivos planes de formación que dicte el Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo, las cuales hayan consolidado sus capacidades para organizar y desarrollar el proceso de producción.
Objetivos de la Gran Misión Saber y Trabajo Artículo 5. Entre los objetivos de la Gran Misión Saber y Trabajo están:
a. Satisfacer las necesidades y buscar el buen vivir para el trabajo digno y liberador.
Generar nuevas relaciones sociales de producción.
b.
Fortalecer la soberanía nacional.
c.
Conducir a un nuevo modelo organizacional de consejos dei d.
trabajadores y trabajadoras que fortalezcan la democracia participativa y protagónica.
Desarrollar una nueva institucionalidad y el andamiaje legal e.
para garantizar el modelo productivo socialista, generando el debate conceptual sobre el modelo de organización del trabajo y superación de la cultura rentista a fin de potenciar el área productiva.
Orden Público Artículo 6°. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de orden público y se aplicarán con preferencia a cualquier otra del mismo rango.
CAPITULO II DE LA EJECUCIÓN DE LA GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
Autoridad Competente Artículo 7°. El Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo, será a autoridad competente responsable de la organización, coordinación, ejecución, seguimiento y supervisión de lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
La organización, dependencia, integración y financiamiento de dicho órgano estará regido mediante el Decreto dictado por el Ejecutivo Nacional.
Competencias del Ejecutivo Nacional Artículo 8º. A los fines de alcanzar los objetivos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el Ejecutivo Nacional queda facultado para los siguientes actos:
Determinar las áreas estratégicas especiales de desarrollo 1.
socioproductivo, con condiciones más favorables para
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potencial transformador de los. injertos desatarel productivos.
Dictar decretos de creación de espacios ATRABAJAR, en los 2.
cuales se ordenará la conformación del espacio productivo o su utilización, para su incorporación al proceso productivo y de prestación de servicios o la ampliación de capacidades existentes. Se priorizará la localización que permita optimizar la utilización de los recursos existentes y de las capacidades del pueblo trabajador.
3. Diseñar e implementar mecanismos de articulación de redes productivas, incluyendo el intercambio de bienes de consumo final e intermedio así como bienes de capital, que permitan facilitar la producción de bienes y servicios.
4. Asignar terrenos, bienhechurías y medios de producción, en el marco legal vigente, a trabajadores y trabajadoras organizados y que hayan sido registrados en la Gran Misión Saber y Trabajo, así como dotar de un sistema de formación y gestión para el desarrollo de actividades y relaciones productivas liberadoras.
5.
Diseñar planes de desarrollo productivo de los espacios ATRABAJAR, incluyendo la especialización de estos espacios así como la articulación entre diferentes espacios destinado a la agregación de la producción en búsqueda de economías de escala, para optimizar la eficiencia productiva.
6. Correlacionar planes de reorganización del territorio que permitan equilibrar y ordenar la ocupación poblacional donde se relacione la función presente y futuro de la Gran Misión Saber y Trabajo con las potencialidades de las localidades en cuanto a recursos, infraestructura y perfiles productivos de la fuerza de trabajo. Estos planes podrán ejecutarse en conjunto con otros entes.
7. Articular los procesos de producción y distribución al Plan de Compras del Estado, y otros mecanismos fundamentados en la solidaridad y complementariedad e intercambio, sobre la base de productos necesarios al país.
Programas Artículo 9. El Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo creará los programas especiales destinados a la formación e inserción laboral de los sujetos de aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos del mismo.
Sistema de Registro de Necesidades y Oferta de Empleo Artículo 10. Se crea el Sistema de Registro de Necesidades y Oferta de Empleo, el cual permitirá diagnosticar e identificar la cantidad y las características de los ciudadanos y ciudadanas desempleados, y que estén dispuestos a un proceso formativo y de inserción en los programas de la Gran Misión Saber y Trabajo. Dicho Registro generará una base de información dinámica de ofertas de empleo y desarrollo de fuentes potenciales de empleo.
Sistema de Formación para la Producción Artículo 11. Se crea_ el Sistema de formación para la producción, el cual estará conformado por tres ejes: educación media técnica, formación y certificación técnica, formación universitaria con valores colectivos, fundamentada en una ética socialista. La formación técnica profesional y ético-política, estará orientada en función de la oferta laboral en áreas estratégicas definidas por el Órgano Superior.
Programas especiales Artículo 12. El Ejecutivo Nacional a través del Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo, podrá implementar programas especiales dirigidos a la desarrollar los medios de producción, parques Industriales, zonas y demás asentamientos industriales o productivos, por parte de quienes se encuentren en situación de desempleo y/o que carezcan de ingreso alguno, a fin de garantizar el derecho al trabajo. Todas las acciones que se lleven a cabo por parte del Estado, se corresponderán con un Plan Nacional y en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.
Asentamientos Industriales Artículo 13. A los efectos de la creación de puestos de trabajo para quienes formen parte de la Gran Misión Saber y Trabajo, el Ejecutivo Nacional establecerá espacios y condiciones productivas para atender a aquellos ciudadanos y ciudadanas en su derecho al trabajo como modelo especial de desarrollo territorial, en los planes de la Nación.
Asimismo, se reconocerá el derecho de las personas formadas de acuerdo al Sistema de Formación para la Producción, a agruparse en asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, consejos comunales y cualquier otra forma asociativa de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Desarrollo de Asentamientos Productivos Artículo 14. Para el desarrollo de los espacios productivo tendrán derecho de preferencia y selección, quienes hayan participado o se encuentren participando en la Gran Misión Saber y Trabajo, de conformidad con sus talentos, las capacidades obtenidas, la especialización productiva y el enfoque de los sectores productivos; dentro de proyectos debidamente planificados.
Participación popular en políticas de gestión pública Artículo 15. Quienes participen en la Gran Misión Saber y Trabajo, tienen derecho a proponer y formular políticas de gestión, mediante mecanismos . autogestionarios cogestionarios, en los términos y condiciones dispuestos a los programas respectivos, basados en los principios de corresponsabilidad, complementariedad y socialismo.
CAPITULO III DEL ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS
Establecimiento de espacios ATRABAJAR Artículo 16. Con el objeto de fortalecer las bases para el desarrollo del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se establecerán ios espacios ATRABAJAR, en aquellas tierras con potencial industrial, o cualquier otra parcela de índole productivo, las cuales se encuentren ociosas, en estado de abandono o subutilizadas y sean utilizables en el marco legal o bien ampliando las capacidades de unidades productivas existentes.
Tendrán visión preferente la potenciación de los medios de producción disponibles con variables favorables de localización, servicios, e infraestructura.
Visión de los espacios ATRABAJAR Artículo 17. Los espacios ATRABAJAR se inscriben en una visión de sistema regido por los principios de complementariedad, solidaridad y economía de escala a partir de la arquitectura de redes productivas, en lugar de la acumulación capitalista. Las unidades productivas insertarán sus productos en las redes de distribución comunales y del Estado, en relaciones de intercambio justas y solidarias.
Sujeción-a planes nacionales Artículo 18. La producción de los espacios ATRABAJAR deberá estar en concordancia a los planes en materia industrial, agrícola, económica y productiva en general que emanen del Ejecutivo Nacional. A estos efectos, el Estado podrá establecer mecanismos para la adecuación de los espacios a los requerimientos establecidos en los referidos planes.
Registro Nacional de las Unidades Productivas Artículo 19. Las Unidades Productivas de los espacios ATRABAJAR, deberán inscribirse en el Registro de datos que a
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tal efecto lleve el órgano con competencia en materia de industrias.
CAPITULO IV POLITICAS DE ESTIMULO A LA PRODUCCION
Formación y capacitación Artículo 20. El Estado asegurará el acceso de las vanguardias laborales a quienes se les asigne espacios ATRABAJAR, a programas de formación teniendo los beneficiarios la obligación de participar en dichos programas.
Asistencia Técnica Artículo 21. El Estado establecerá programas integrales de asistencia técnica a los beneficiarios de espacios ATRABAJAR, que aseguren su funcionamiento así como la integración con otros espacios ATRABAJAR fomentando su desarrollo integral y el desarrollo pleno de sus capacidades productivas.
Acceso al sistema de distribución Artículo 22. El Estado deberá diseñar y construir los mecanismos mediante los cuales las Unidades Productivas beneficiarias, puedan distribuir su producción permitiendo la venta a los consumidores directos de dichos productos, y preferentemente a las redes del Estado o comunales.
Acceso a la tecnología Artículo 23. El Estado establecerá los mecanismos mediante los cuales, las Unidades Productivas beneficiarias puedan acceder a la tecnología para incorporarla en su proceso productivo. En este sentido, se procurará tener una visión de escala para unidades productivas similares, con el objeto de facilitar el acceso y reducir los costos asociados. Así mismo, facilitará la creación y socialización de conocimientos mediante el acceso a los servicios de protección intelectual, sin embargo, la tecnología creada deberá ponerse a disposición de las demás unidades productivas que se enmarquen en los espacios ATRABAJAR.
Financiamiento Artículo 24. Para la asignación de los espacios ATRABAJAR en el marco del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, podrán ofrecerse planes especiales de financiamiento bajo distintas formas de retornabilidad económica y/o social. A tales efectos se definirá un reglamento especial para atender las necesidades y capacidades del tamaño de la unidad productiva, la rama específica de actividad y los actores económicos de la misma con las formas y tiempos del compromiso de sustentabilidad y retornabilidad.
CAPITULO V DE LAS FORMAS DE DESARROLLO DE LOS ESPACIOS ATRABAJAR
Plan Específico de Desarrollo Artículo 25. Las Brigadas de Vanguardia Productiva, organizadas pór mandato del Órgano Superior de Saber y Trabajo o la instancia Estadal que para tales efectos se constituya ,deberá formular un Plan Específico de Desarrollo por cada espacio ATRABAJAR, el cual involucra el diseño, formulación e implementación de la propuesta de desarrollo del espacio ATRABAJAR, que garantice su activación y sostenibilidad productiva.
Comprende un esquema previo de acciones y proyectos específicos a implementar en dicho espacio; el cual se dirigirá a la activación productiva, y resumirá los objetivos y metas, las actividades específicas para su realización, los recursos materiales necesarios, los talentos humanos requeridos, los acondicionamientos de infraestructuras, la reparación o adquisición de maquinarias, y otras acciones imprescindibles para su efectiva motorización.
El Pian Específico de Desarrollo hará hincapié en la construcción del encadenamiento productivo con distintos espacios ATRABAJAR, a objeto de garantizar que los procesos de producción, distribución, comercialización y adquisición de materias primas sean uniformes, integrales y complementarios.
Ejecución del Plan Específico de Desarrollo Artículo 26. El Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo, definirá los perfiles productivos para la conformación de las Brigadas de Desarrollo Productivo. Las mismas recibirán formación asociada a cada proyecto e iniciarán la adecuación concreta al destino productivo diseñado, en función del Plan Específico de Desarrollo, que involucra la dotación de maquinarias, recursos y demás equipos necesarios para la activación productiva del espacio ATRABAJAR, pudiendo beneficiarse de los acuerdos internacionales suscritos por la República.
Apoyo Técnico Artículo 27. Cada Brigada de. Desarrollo Productivo contará con apoyo técnico a los efectos de organizar los elementos vertebrales del proyecto y sincronizarlos con la Gran Misión Saber y Trabajo. Dicho apoyo estará dirigido a la elaboración del plan de producción, entrega oportuna de los medios de producción asociados al plan y programación específica para su desarrollo.
Competencias Concurrentes Artículo 28. Los ministerios con competencia en el área económica productiva deberán ofrecer el marco de los planes, proyectos y programas que fortalezcan el sistema de soporte para los espacios ATRABAJAR, dentro de un nuevo metabolismo del capital y gestación de tejidos productivos en la transición al socialismo.
DISPOSICION FINAL
Única. El presente Decreto entrará en vigencia partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
FRIAS EZ
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO
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Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L..S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (1..S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (S"7) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL
Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
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REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, los recursos provenientes de la Cartera Hipotecaria Obligatoria se han constituido en uno de sus soportes financieros.
El artículo 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), señala que el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat establecerá los parámetros relacionados al cumplimiento de la cartera de crédito anual que deberán destinar los bancos e instituciones financieras, pero no especifica que debe establecer el porcentaje anual de la cartera hipotecaria obligatoria, ni la periodicidad de la aplicación y seguimiento de estos recursos.
En el artículo 66 del referido Decreto Ley, se exige para el otorgamiento de cualquier crédito la constitución de una garantía hipotecaria de primer grado sobre el inmueble, lo cual limita el acceso a los créditos de autoconstrucción, ampliación y mejoras de la vivienda principal a los sectores populares cuya vivienda se encuentra ubicada sobre terrenos de propiedad del Estado o de presunción privada.
Por otro lado, en los artículos 91, 92 y 93 de la LRPVH se establecen sanciones que en la práctica resultan inaplicables por carecer de un procedimiento expedito, además de su exorbitante cuantía.
Se requiere entonces, establecer la posibilidad de ejercer el control sobre el cumplimiento de la obligación en cualquier momento del año y cuantas veces se juzgue necesario, en lugar de una vez al año, como es actualmente.
Facilitar la potestad sancionatoria con la finalidad de optimizar la supervisión del cumplimiento de la cartera hipotecaria obligatoria, por incumplimientos mensuales en el otorgamiento de créditos mediante una metodología expedita.
Mejorar el proceso de cobro de las deudas líquidas y exigibles con la implementación de un juicio ejecutivo breve con el que se haga viable embargar los bienes de los deudores morosas y de allí proceder al cobro de las cantidades de dinero adeudadas al Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda, al Fondo de Ahorro Voluntario para Vivienda o a otros fondos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
A tal fin, se propone modificar los artículos 60, 66, 91, 92 y 93, así como incluir un nuevo capítulo relativo al juicio ejecutivo para el cobro de deudas a los fondos contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 15 de junio de 2012 Decreto N° 9.048 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano, la refundación de la nación Venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 8 y 20 del artículo 236 y el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con el numeral 3 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros, DICTA la siguiente,
REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT
Artículo 1°. La denominación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será la siguiente forma:
"DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT" Artículo 2°. Se modifica el artículo 60, el cual queda redactado en los siguientes términos:
"De la cartera hipotecaria obligatoria.
Artículo 60. Además de los préstamos hipotecarios que se otorguen con los recursos de los fondos a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los bancos e instituciones financieras se encuentran en la obligación de destinar recursos propios al otorgamiento de préstamos hipotecarios para la construcción, adquisición, ampliación o remodelación de viviendas principales.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en Materia de Vivienda y Hábitat establecerá el porcentaje anual de la cartera hipotecaria obligatoria que las instituciones del Sector Bancario deberán cumplir.
En tal sentido, el Ministerio podrá regular los mecanismos y parámetros en segmentos, tramos y periodos de forma anual, semestral, trimestral o mensual para que las Instituciones del Sector Bancario den cumplimiento a la misma, igualmente podrá direccionar la de conformidad con las líneas estratégicas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional".
Artículo 3°. Se modifica el artículo 66, el cual queda redactado en los siguientes términos:
"De la garantía de los préstamos Artículo 66. Los préstamos para adquisición de vivienda principal que se otorguen con recursos de los Fondos a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley serán garantizados con una hipoteca de primer grado sobre el inmueble objeto del préstamo a favor del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá autorizar la constitución de hipotecas de segundo grado o compartir la de primer grado en caso de que se trate de acreedores institucionales.
En las otras modalidades de préstamo, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá considerar la constitución de garantías de otro tipo, tomando en cuenta el tipo de solicitud, el monto del financiamiento y las condiciones socioeconómicas del o los solicitantes.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat definirá quiénes podrán ser los acreedores institucionales y elaborará los modelos de documento hipotecario y los remitirá al operador autorizado para su debida protocolización".
Artículo 4°. Se modifica el artículo 91, el cual queda redactado en los siguientes términos:
"De las Sanciones a los Empleadores Artículo 91. Quienes incumplan las obligaciones establecidas en el presente Decreto Ley, serán sancionados de la siguiente forma:
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La persona jurídica pública o privada que no se 1.
afilie al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en el lapso establecido en las normas sublegales establecidas por el Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat, será sancionado con una multa de cien unidades tributarias (100 UT) y la amonestación pública de la empresa.
El empleador que no afilie al trabajador o 2.
funcionario dentro del lapso establecido en la normativa con rango sublegal establecida por el Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat, será sancionado con una multa de una unidad tributaria (1 UT) por cada trabajador o funcionario hasta un máximo de veinticinco unidades tributarias (25 UT).
3.
El empleador que incumpliere con la obligación de reportar las rovedades en su nómina según lo establecido en las normas con rango sublegal establecidas por el Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat, será sancionado con una multa equivalente a de diez unidades tributarias (10 UT) por cada reporte de nómina omitido hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 UT).
El incumplimiento de la obligación de pagar los 4.
aportes a los Fondos de Ahorro para la Vivienda, será sancionado con una multa de diez unidades tributarias (10 UT) por aporte no enterado en los casos del ahorrista obligatorio y, de una unidad tributaria (1 UT) en los casos del ahorrista voluntario, además del rendimiento que se debió generar esa cuenta de ahorro habitacional.
Cuando el representante de la empresa se negare 5.
a recibir la notificación de inicio de cualquiera de los procedimientos aplicados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionado con la clausura del establecimiento por un lapso de un (1) día y la amonestación pública.
6.
El incumplimiento al deber de proporcionar los documentos necesarios para la. realización de los procedimientos de cobranza y fiscalización establecidos en el presente Decreto Ley, será sancionado con la amonestación pública y con la clausura del establecimiento hasta tanto no se consigne la documentación solicitada por el funcionario actuante. La clausura o cierre del establecimiento previsto en este numeral, no podrá exceder de tres (3) meses".
Artículo 5°. Se modifica el artículo 92, el cual queda redactado en los siguientes términos:
"Sanciones a los Operadores Financieros Artículo 92. Sin perjuicio de cualquier otra sanción aplicable, los operadores financieros, serán sancionados en los casos y términos siguientes:
1. Con multa equivalente a una unidad tributaria (1 UT) diaria por cada un bolívar (Bs.1,00) no enterado, el operador financiero que no entere inmediatamente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, los aportes destinados a los diferentes Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la recuperación de los créditos, los intereses o las primas.
2. Con multa equivalente a tres veces el monto no ejecutado del porcentaje total de la Cartera Hipotecaria Obligatoria exigida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
3. Si se evidencia incumplimiento en cualquiera de los segmentos en los cuales el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de Vivienda y Hábitat distribuye la Cartera Hipotecaria Obligatoria, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, podrá sancionar la fracción incumplida con multa equivalente a 3 veces el monto incumplido, pudiendo aplicar la multa aquí establecida o direccionar los recursos financieros a solicitudes especificas de financiamiento.
4. Si se evidencia incumplimiento mensual de la Cartera Hipotecaria Obligatoria el operador financiero, será sancionado con multa equivalente a tres mil novecientas unidades tributarias (3900 UT), por incumplimiento de la obligación.
5. Cuando una Institución del Sector Bancario ejecute la actividad de operador financiero sin estar certificado para ello será sancionado con una multa de cinco mil unidades tributarias (5000 UT).
6. Cuando hayan destinado recursos financieros del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, para fines distintos a los establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, estarán obligados a reintegrar tales recursos y deberán cancelar una multa equivalente al doble de dichos recursos.
7. El retardo en la devolución de los recursos solicitados de cualquiera de los fondos establecidos en el presente Decreto Ley, será sancionado con una multa de mil unidades tributarias (1000 UT) sin prejuicio de que se generen intereses de mora aplicando la tasa de interés moratoria máxima que permita el Banco Central de Venezuela a las instituciones financieras.
8. Cuando los operadores financieros divulguen informaciones inexactas o desactualizadas de las normas establecidas en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y demás resoluciones y normas técnicas que regulan la materia de vivienda y hábitat, serán sancionados con una multa de mil Unidades Tributarias (1000 UT).
9. En aquellos casos en donde se verifique que el operador financiero ha delegado injustificadamente el otorgamiento de créditos a los usuarios; u ofrezca al público, por cualquier medio, servicios en condiciones o términos distintos a los aprobados por la autoridad competente, será sancionado con cinco mil unidades tributarias cinco mil unidades tributarias (5.000 UT).
10. Cuando imparta instrucciones a su personal, contrarias a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normas que regulan el sector de vivienda; impidan el acceso o ejercicio de las funciones a los Inspectores de la AdministraciónPública competente, que actúen en el ejercicio de sus atribuciones; se negar en a cumplir los Órgano Superior de Vivienda y Hábitat o el Ministerio con competencia en la materia conforme a lo establecido en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley será sancionado con una multa de dos mil quinientas unidades tributarias (2500 UT):
11. Cuando incurra en incumplimiento de otras obligaciones distintas a las anteriores y establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento, Resoluciones, Normas Técnicas y/o Regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, sancionará con multa equivalente de quinientas unidades tributarias (500 UT) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 UT). Si se trata de obligaciones pecuniarias se generarán intereses de mora. En caso de reincidencia por parte de los operadores financieros, será aplicada adicionalmente a la multa impuesta, la sanción accesoria de inhabilitación de participar en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat".
Artículo 6°. Se modifica el artículo 93, el cual queda redactado en los siguientes términos:
"Sanciones Comunes Artículo 93. Todos los sujetos obligados por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán objeto de sanción en los casos siguientes:
Falta en el Suministro o falsedad de la 1) Información. La falta de suministro o falsedad de la información que les sea requerida por las autoridades competentes conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento y las Resoluciones, Normas Técnicas y/o Regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en matería de vivienda y hábitat o del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionada con multa equivalente a diez unidades tributarias (10 U.T.) en el caso de personas naturales, y de doscientas unidades tributarias (200 UT) si se trata de personas jurídicas.
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2) Desacato. Será sancionado con multa de treinta unidades tributarias (30 UT) si se trata de personas naturales, o de quinientas unidades tributarias (500 UT) si se trata de personas jurídicas quien incurra en desacato a los actos normativos y órdenes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat o del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Se considera como desacato:
La falta de pago de las multas, sin que medie a) suspensión o revocatoria de la sanción por orden administrativa o judicial.
b) La destrucción o alteración del Cartel en caso de amonestación pública.
utilización, sustracción, ocultación o c) La enajenación de bienes o documentos que queden retenidos en poder del presunto infractor, en caso que se hayan adoptado medidas cautelares.
Omitir el cumplimiento de las órdenes impartidas d) por la Administración.
La inobservancia o Incumplimiento de cualquier e) disposición legal o sublegal en materia de vivienda y hábitat. Ello sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley."
Artículo 7°. Se incluye un nuevo Capítulo en el Título IX Del Control y del Régimen Sancionatorio, que se denominará:
"Capítulo IV Del Juicio Ejecutivo para el Cobro de Deudas a los Fondos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat".
Artículo 8°. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número 105, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Objeto del Juicio Artículo 105.
administrativos actos contractuales contentivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor del Fondo de Ahorro Obligatorio para La Vivienda, Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda y Fondo de Aportes del Sector Público constituirán título ejecutivo, y su cobro judicial ocasionará embargo de bienes, siguiendo el procedimiento previsto en el presente Decreto Ley".
Artículo 9°. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número 106, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"De la Competencia Artículo 106. La solicitud de ejecución de la deuda deberá interponerse ante los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo".
Artículo 10. Se incluye un. nuevo artículo identificado con el número 107, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Inicio de la demanda y solicitud de embargo de bienes Artículo 107. El procedimiento se iniciará mediante escrito en el cual se expresará la identificación de los representantes del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, del demandado, el carácter con que se actúa, objeto de la demanda, y las razones de hecho y de derecho en que se funda. En la misma demanda el representante del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat solicitará, y el Tribunal así lo acordará, el embargo ejecutivo de bienes propiedad del deudor que no exceda del doble del monto de la ejecución, más una cantidad estimada prudencialmente por el Tribunal para responder del pago, del rendimiento de los aportes y costas del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se limitará al monto de la demanda más la estimación de los rendimientos y costas".
Artículo 11. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número·108, el cual queda-redactado de la siguiente forma:
"Garantía de los Bienes Objeto del Embargo Artículo 108. Ordenado el embargo, el Juez designará al depositario judicial."
Artículo 12. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número 109, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Tercería.
Artículo 109. Cuando un tercero pretenda ser preferido al demandante o pretenda que son suyos los bienes embargados, propondrá demanda ante el Tribunal, de la sustanciará según su naturaleza y cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en materia de tercería".
Artículo 13. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número 110, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Plazo para contestar la demanda Artículo 110. Admitida la demanda, se acordará la intimación del deudor para que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución, y en el lapso de diez (10) días hábiles de despacho contados a partir de su Intimación.
El deudor, en el lapso concedido para pagar o comprobar haber pagado, podrá hacer oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado su deuda al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda o Fondo de Aportes al Sector Público a cuyo efecto deberá consignar documento que lo compruebe"
Artículo, 14. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número 111, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Oposición al embargo Artículo 111. En caso de oposición, se abrirá de. pleno derecho una articulación probatoria que no podrá exceder de ocho (8) días hábiles de despacho, para que las partes promuevan .y evacuen las pruebas que consideren convenientes. En todo caso, ei Tribunal resolverá al día de despacho siguiente. De la decisión del Juez se oirá apelación en un solo efecto. Si el opositor prueba su propiedad sobre los bienes sujetos a embargo, el mismo quedará sin efecto. En caso de no probar su propiedad sobre los bienes se confirmará el embargo".
Artículo 15. Se incluye un nuevo artículo identificado con el número 112, el cual queda redactado de la siguiente forma:
"Remate de los Bienes Artículo 112. Vencido el lapso establecido en el encabezamiento del artículo anterior y declarada sin lugar la incidencia de oposición sin que el deudor hubiere acreditado el pago, se procederá al remate de los bienes embargados".
Artículo 16. De conformidad con el artículo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales. :rprímase en un solo texto el Decreto N° 6.072 de fecha 14 ce mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúclica Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, con las reformas aquí introducicias y en el correspondiente texto único.
Igualmente, sustitúyanse por los de la presente las firmas, fechas y demás datos a que hubiere lugar.
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Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
VEZFRIAS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendadc La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SÁDER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Foder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMÍNGUEZ
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Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.).
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el, supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano, la refundación de la nación Venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 8 y 20 del artículo 236 y el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con el numeral 3 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros.
DICTA El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT
Título I Disposiciones Generales
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto regular, el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, desarrollando las bases, mecanismos, órganos y entes necesarios para garantizar el derecho a una vivienda y hábitat dignos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley que regula lo relativo al Sistema de Seguridad Social y demás normativa aplicable.
El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat garantiza el derecho a las personas, dentro del territorio nacional, a acceder a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones que el Ejecutivo Nacional desarrolle en materia de vivienda y hábitat, dando prioridad a las familias de escasos recursos y otros sujetos de atención especial definidos en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y los que al efecto sean considerados como tales por el Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat mediante Resolución.
Vivienda y hábitat dignos Artículo 2°. Toda persona tiene derecho a acceder a una vivienda y hábitat dignos, definidos en términos de parámetros de calidad, mediante el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la satisfacción de sus necesidades, atendiendo las particularidades sociales, culturales, locales y cumpliendo requisitos mínimos de habitabilidad.
Principios rectores Artículo 3°. La naturaleza social de el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley está basada en su carácter estratégico y de servicio público no lucrativo de acuerdo a los principios constitucionales de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, progresividad, transparencia, sostenibilidad y participación, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, la consolidación de la familia, la comunidad y el logro de asentamientos humanos equitativos y sostenibles.
Se declaran de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios susceptibles de ser empleados en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat, con la finalidad de garantizar lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Definiciones Artículo 4º. A los efectos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, se definen los siguientes términos:
Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat: es la interrelación de sujetos para la satisfacción del derecho a la vivienda y hábitat dignos, a través de los recursos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Sujetos del Sistema: el Ejecutivo Nacional, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, los productores de vivienda y hábitat, los operadores financieros, los usuarios, los Consejos Comunales y toda persona natural o jurídica que de cualquier forma intervenga en el Sistema, los cuales se regirán por lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las políticas, estrategias, normas técnicas y regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat y los convenios y contratos que se suscriban.
Unidades Operativas de Ejecución: Son órganos finitos en el tiempo, cuya creación, modificación y supresión estará à cargo del Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, las cuales dependerán directamente en lo funcional y administrativo del Despacho del Ministro.
Productores de vivienda y hábitat. Son productores todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a la planificación, promoción, construcción, comercialización, provisión de bienes o servicios que incrementen la oferta en materia de vivienda y hábitat.
Operadores financieros: Son unidades de provisión de bienes o servicios asociados a la vivienda y hábitat. Podrá actuar como operador financiero en materia de vivienda y hábitat cualquier institución pública o privada, previa calificación y certificación por parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Calificación: Es el procesó mediante el cual el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat verifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para optar a la condición de operador financiero en materia de vivienda y hábitat.
Certificación: Es el proceso mediante el cual el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat habilita a la respectiva institución pública o privada para actuar como operador financiero en máteria de vivienda y hábitat.
Usuarios. Son usuarios todos los individuos, familias y comunidades, organizadas o no, que demandan bienes o servicios de vivienda y hábitat. Los usuarios tienen derecho a participar en todas las instancias del Sistema y a ejercer control social sobre el mismo.
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Título II Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat Capítulo I Del Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat Rectoría del Sistema Artículo 5°. El Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Tendrá potestad organizativa y un rol estratégico de establecimiento_de _políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y municipal para el desarrolio del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, de seguimiento y monitoreo de la ejecución programática, física y financiera, así como la coordinación de todas las instancias organizativas y territoriales.
Competencias Artículo 6°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, tendrá las siguientes competencias: .
1. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
2.
Dictar actos de contenido normativo en desarrollo del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Formular y evaluar la política nacional de vivienda y 3.
hábitat.
4.
Formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas y planes de ordenación y desarrollo de los asentamientos humanos, así como sus áreas de influencia local y regional 5.
Definir los lineamientos generales de desarrollo urbanístico y urbano.
6.
Estudiar, evaluar, definir y jerarquizar el sistema de centros poblados, así como sus respectivas áreas de influencia local y regional.
Establecer y dar difusión a las políticas, estrategias, 7.
lineamientos y normas técnicas para el desarrollo del intercambio de bienes y servicios dentro del sector hipotecario, en los términos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
8.
Establecer las políticas, estrategias, lineamientos y normas técnicas respecto a la administración de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, relativas a las comisiones, subsidios, costos, modelos de financiamiento, primas, tasas de interés y demás condiciones de los créditos que se otorguen.
9.
Formular y aprobar los planes, programas, proyectos y demás acciones de desarrollo en vivienda y hábitat, pudiendo intervenir en la ejecución directa de los mismos, sin perjuicio de las competencias propias de otros entes u órganos públicos.
10. Estimar las necesidades, requerimientos y recursos necesarios para garantizar la viabilidad de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones en materia de vivienda y hábitat.
11. Formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones de incentivos a la investigación, la innovación, la producción, la comercialización, difusión de nuevos materiales, componentes o tecnologías para la construcción de edificaciones de carácter habitacional, así como los de asistencia técnica y formación del recurso humano en los aspectos que conforman los procesos de producción y consumo de vivienda y el hábitat, o cualquier otro proceso o actividad relacionada con el sector.
12. Promover el desarrollo de organizaciones populares dirigidas al ahorro y crédito en materia de vivienda y hábitat.
13. Dictar los lineamientos para el desarrollo y mantenimiento de una red de información y comunicación de vivienda y hábitat.
14.Crear, regular y mantener los registros de acceso público que sean necesarios para la ejecución del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
15. Establecer los requisitos de acceso al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
16.. Promover la inversión y participación de los usuarios en la producción de viviendas y hábitat dignos.
17. Conformar las Unidades Operativas de Ejecución establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y delegarles competencias determinadas.
18. Realizar las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad oportuna de recursos para el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones en materia de vivienda y hábitat.
19. Disponer de los recursos financieros y no financieros necesarios para el ejercicio de sus competencias. y, en general, para el cumplimiento de los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, pudiendo incluso actuar como órgano contratante y establecer las reglas operativas específicas para el fideicomitente de los fideicomisos que considere conveniente, así como, realizar encargos de confianza.
20. Promover la creación de mecanismos de obtención de recursos orientados al financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, y diseñar incentivos a los usuarios para el desarrollo del mismo.
21. Regular lo concerniente al intercambio de bienes y servicios dentro del sector hipotecario en materia de vivienda y hábitat.
22.
Establecer la estructura de costos de administración de los Fondos a que se refiere la presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, así como parámetros del costo de los-bienes y servicios provistos por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y los operadores financieros.
23. Aprobar los términos y _condiciones en que se celebrará la contratación por parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, del reaseguro en materia de vivienda y hábitat.
24. Brindar asesoría técnica a los diversos órganos y entes públicos con competencia en materia de vivienda y hábitat, así como a los' usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
25. Celebrar toda clase de convenios con instituciones públicas o privadas con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda y hábitat de la población.
26. Solicitar la información necesaria de los órganos y entes públicos, así como de cualquier persona natural o jurídica, a los fines de la planificación en materia de vivienda y hábitat.
27. Regular, autorizar y suspender la actividad de intermediación financiera dei Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
28. Aprobar la participación del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en el capital accionario de empresas o sociedades titularizadoras de créditos hipotecarios.
29. Cualquier otra competencia establecida conforme al ordenamiento jurídico.
De las Unidades Operativas de Ejecución Artículo 7°. El Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat podrá, cuando así lo considere pertinente, constituir, modificar o suprimir Unidades Operativas de Ejecución, pudiendo nombrar y remover a sus miembros libremente y delegarles competencias determinadas, definiendo sus características y términos generales para su operación.
Del Consejo de Coordinación Artículo 8°. El Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat podrá constituir el Consejo de Coordinación conformado por representantes de sectores vinculados a la vivienda y hábitat, que garantice la definición de una política coherente de desarrollo urbano, de desarrollo rural y de desarrollo indígena del Estado y que permita la adecuada coordinación de los lineamientos y acciones que se realicen desde cada uno de estos sectores.
Capítulo III Del Banco Nacional cle Vivienda y Hábitat
Naturaleza y objeto Artículo 9°. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat es un ente de naturaleza financiera, con personalidad jurídica, patrimonio propio, distinto e independiente: del Fisco Nacional, autonomía
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organizativa, funcional y financiera, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Dicho instituto se regirá en sus actuaciones por los lineamientos estratégicos, políticas y planes aprobados conforme a la planificación centralizada, correspondiéndole la promoción, supervisión y financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y la administración exclusiva de los recursos de los Fondos a que se refiere del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat no le será aplicable la legislación en materia de bancos y otras instituciones financieras ni las relacionadas con el mercado de capitales, ni estará subordinado a la' Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras o la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberá suscribir con estas instituciones acuerdos de cooperación y coordinación en materia financiera, contable, tecnológica, riesgo, legitimación de capitales y cualquier otra materia que estime conveniente, así como presentar mensualmente ante el órgano rector un informe de su actividad financiera. Igualmente, deberá establecer los mecanismos de garantía que considere conveniente a los efectos de su actividad de intermediación financiera.
Prerrogativas y privilegios Artículo 10. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario, procesal y de cualquier otra índole que la ley otorgue a la República.
Patrimonio Artículo 11. El patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat estará constituido por:
1. Los aportes que el Ejecutivo Nacional haya destinado o destine al capital del banco.
2.
Las reservas de capital.
3.
Las utilidades y beneficios líquidos.
4.
Las donaciones, aportes y cualesquiera otros bienes o derechos de personas naturales o jurídicas, así como todos los bienes que adquiera por cualquier título.
El producto de las multas que imponga y que le sean 5.
inherentes en los términos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El patrimonio del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo.
6.
El. uso de los recursos que formen parte del patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a los fines del Sistema, estará sujeto a la aprobación de la mayoría absoluta de la Junta Directiva, previa opinión favorable del Comité de Riesgo, siempre y cuando dicha autorización no comprometa la solvencia patrimonial del mismo.
Los Fondos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberán estar separados patrimonialmente de los activos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Competencias Artículo 12. Son competencias del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat:
Financiar, con recursos propios o con los recursos de los 1.
Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat.
2.
Financiar la adquisición, construcción, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con la vivienda y el hábitat.
Otorgar facilidades financieras a los operadores financieros 3.
para el otorgamiento de préstamos hipotecarios a personas y familias afiliadas al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, los cuales podrán aplicarse a cualquier actividad relacionada con la vivienda y hábitat.
Evaluar y supervisar la ejecución financiera de los planes, 4.
programas, proyectos, obras y acciones requeridas para, la vivienda y hábitat.
5.
Efectuar estudios y proponer al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat las políticas, estrategias, y normas técnicas respecto a la administración de los Fondos a que se refiere el del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en especial, las propuestas de comisiones, subsidios, costos, modelos de financiamiento, primas, tasas de interés y demás condiciones de los créditos que se otorguen.
6.
Fomentar y financiar el desarrollo e instrumentación de estudios y proyectos orientados al desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
Prestar la asistencia técnica a las cooperativas de ahorro y 7.
crédito en vivienda y hábitat que les permita disminuir los riesgos, incrementar la tecnificación de los sistemas de información, de planificación y control, incrementar ia capacidad de desarrollo de servicios financieros.
Supervisar a los diversos sujetos que operen en el Sistema 8.
Nacional de Vivienda y Hábitat y aplicar las sanciones correspondientes previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo.
9.
Efectuar la inversión financiera de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley bajo los lineamientos e instrucciones que establezca el Comité de Colocaciones Financieras, atendiendo las recomendaciones del Comité de Riesgo.
10. Promover, ejecutar y supervisar las políticas, estrategias, lineamientos y normas técnicas para el desarrollo del intercambio de bienes y servicios dentro del sector hipotecario en materia de vivienda y hábitat, en los términos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
11. Efectuar los estudios y proponer al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, las políticas, estrategias, lineamientos y normas técnicas que coadyuven al financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
12. Promover el desarrollo de programas dirigidos a atender el financiamiento de soluciones de vivienda y hábitat, con la inclusión de todos los sujetos y actores del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, dando prioridad a los sujetos de atención especial.
13. Diseñar los incentivos y promover, previa aprobación del órgano rector, la participación de las instituciones del mercado financiero en el financiamiento para la vivienda y el hábitat con la inclusión de todos los sujetos y actores del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
14. Evaluar, supervisar, calificar y certificar a las instituciones públicas o privadas que actuarán como operadores financieros.
15. Supervisar, evaluar, fiscalizar y controlar la recaudación y distribución de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
16. Requerir información a cualquier institución pública o privada relacionada con el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
17. Celebrar convenios con los órganos o entes de la Administración Central o Descentralizada que contribuyan a mejorar la eficiencia en la recaudación de los recursos propios o de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
18. Celebrar toda clase de convenios con instituciones públicas o privadas, que contribuyan al logro de sus competencias.
19. Recaudar en forma directa o a través de operadores financieros, los recursos de los Fondos a que se refiere la presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
20. Actuar como operador financiero.
21. Cualquier otra función compatible con su naturaleza o que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat le delegue para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
22. Actuar como fiduciario, independientemente del origen de los recursos, siempre y cuando estos sean aplicados a acciones, programas, proyectos, planes o políticas de vivienda y hábitat.
23. Realizar actividades de intermediación financiera. El ejercicio de esta competencia requerirá la previa adecuación de los sistemas y la estructura del Banco
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Nacional de Vivienda y Hábitat, y la autorización inicial por parte del órgano rector, de conformidad cón el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
24. Participar en el capital accionario de empresas o sociedades titularizadoras de créditos hipotecarios cuyo objeto sea emitir valores hipotecarios en materia de vivienda y hábitat, previa aprobación del órgano rector.
De las autoridades del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat Artículo 13. Las autoridades del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat son: la Junta Directiva, la Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva.
De la Junta Directiva Artículo 14. La Junta Directiva será el órgano supremo de dirección y administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Estará compuesta por la presidenta o el Presidente del Banco y cuatro Directoras o Directores Principales con sus suplentes.
La presidenta o el Presidente y las cuatro Directoras o Directores Principales con sus suplentes serán de libre nombramiento y remoción por parte del Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
De las atribuciones de la Junta Directiva Artículo 15. Son atribuciones de la Junta Directiva:
Establecer las directrices de actuación del Banco, de 1.
conformidad con la política emanada del órgano rector.
2.
Dictar su reglamento interno y. los manuales de organización, así como los demás instrumentos necesarios para el cabal funcionamiento de la Institución.
Constituir los Comités de Apoyo Técnico y designar sus 3.
miembros.
Dar los lineamientos para la elaboración del plan operativo 4.
anual del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobarlo y definir las acciones para su ejecución.
5.
Conocer de la Memoria y Cuenta del Banco con sus Estados Financieros y el informe semestral de la auditoría externa a los fines de someterlo a la consideración del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
6.
Conocer y aprobar, el Informe de Gestión de los Planes Operativos.
Designar a la Vicepresidenta Ejecutiva o el Vicepresidente 7.
Ejecutivo, después de la presentación de una terna por . parte de la Presidenta o el Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, así como establecer sus atribuciones.
Otorgar atribuciones especiales a la Presidenta o el 8.
Presidente respecto a la dirección y administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Nombrar los representantes del Banco Nacional de 9.
Vivienda y Hábitat, donde se requiera su participación.
10. Designar al actuario externo de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
11. Proponer las condiciones del financiamiento en materia de aprobación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
12. Establecer las directrices de inversión financiera y administración de los recursos que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat reciba en administración.
13. Aprobar la participación del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat en el intercambio de bienes y servicios dentro del sector hipotecario en materia de vivienda y hábitat.
14. Autorizar la celebración de convenios con otros órganos o entes de la Administración Pública o particulares en materia de las competencias otorgadas al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
15. Autorizar la adquisición de bienes y la contratación de los -servicios que coadyuven al desarrollo de las competencias del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
16. Decidir los recursos administrativos de reconsideración de los actos dictados por ellas, de conformidad con este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. Estas decisiones de la Junta Directiva agotan la vía administrativa.
17. Cualquier otra atribución que no esté expresamente establecida a otro órgano o autoridad del Banco.
Presidencia Artículo 16. La Presidenta o el Presidente ejercerá la administración y la representación legal del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y presidirá la Junta Directiva. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat:
1. Administrar la gestión diaria del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
2.
Instruir la elaboración de los planes operativos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, la Memoria y Cuenta Anual y sus Estados Financieros, para su presentación a la Junta Directiva.
Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan al Banco 3.
Nacional de Vivienda y Hábitat.
4.
Cumplir, supervisar y dar cuenta del cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
5.
Instruir la administración del recurso humano adscrito al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y actuar como la máxima autoridad en esta materia.
6.
Nombrar y remover a los funcionarios del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción.
Convocar los concursos para los cargos de carrera.
7.
Iniciar de oficio o a solicitud de parte, los procedimientos 8.
administrativos sancionatorios de conformidad con la presente Ley y decidir dichos procedimientos, pudiendo designar el órgano sustanciador.
Decidir los recursos administrativos.de reconsideración de 9.
conformidad con este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. Estas decisiones de la Presidenta o Presidente agotan la vía administrativa.
10. Cualquier otra que le asigne esta Ley, o le sea delegada por la Ministra o. el Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat o la Junta Directiva.
Falta temporal Artículo 17. La falta temporal de la Presidenta o el Presidente será suplida por la Vicepresidenta Ejecutiva o el Vicepresidente Ejecutivo y en su defecto, por la Directora Principal o el Director Principal de la Junta Directiva que al efecto sea designado por la Ministra o el Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
De los comités de apoyo técnico Artículo 18. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat constituirá, con carácter permanente, un Comité de Colocaciones Financieras, un Comité de Financiamiento en Vivienda y Hábitat y un Comité de Riesgo, sin perjuicio de que la Junta Directiva constituya otros comités de apoyo técnico que considere pertinentes.
El Comité de Colocaciones Financieras se encargará de la evaluación y control de la inversión de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los que sean dispuestos a administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, así como los recursos propios.
El Comité de Financiamiento en Vivienda y Hábitat se encargará de la evaluación y calificación de las condiciones, tipos y modalidades de financiamiento requerido para la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones en vivienda y hábitat. Este Comité apoyará al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat en las gestiones para la obtención de recursos públicos.
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El Comité de Riesgo se encargará de sugerir acciones para la administración, identificación, medición y mitigación de los riesgos a que se encuentra expuesto el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
La Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat regulará el funcionamiento y las atribuciones de cada Comité de Apoyo Técnico.
Del personal Artículo 19. Las empleadas o empleados del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat tendrán el carácter de funcionarias públicas y funcionarios públicos, regidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública y demás instrumentos vigentes para la fecha de publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
El régimen aplicable a las contratadas, los contratados, las obreras y los obreros será lo establecido en el contrato respectivo y en la Legislación Laboral.
Título III Recursos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat Capítulo I Disposiciones Generales De los recursos en general Artículo 20. El Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat contará con los recursos financieros a que se refiere el presente Decreto con Ranigo Valor y Fuerza de Ley y cualquier otro que disponga el Ejecutivo Nacional. Asimismo, contará con recursos no financieros tales como la tierra, o inmuebles en general, propiedad de cualquiera de los órganos o éntes del Estado o de personas naturales o jurídicas de naturaleza privada, previo proceso de transferencia de propiedad conforme a la Ley, las tradiciones constructivas en términos de investigación, tecnología, capacitación, asistencia técnica y proyectos, entre otros, que integran el mercado de la vivienda y el hábitat, así como cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento de los objetivos de el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Fondos para la administración y distribución de los recursos financieros del Sistema Artículo 21. Los recursos financieros del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat serán depositados y administrados en los siguientes Fondos:
1.
Fondo de Aportes del Sector Público.
2.
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.
Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda.
3.
4.
Fondo de Garantías.
5.
Fondo de Contingencia.
Cualquier otro que determine el Ministerio del Poder 6.
Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Ninguno de los fondos a que se refiere ef presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley integrará el patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat regulará todo lo relacionado con los Fondos aquí establecidos.
Administración de los fondos Artículo 22. La administración de los recursos de los Fondos previstos en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley será responsabilidad del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. No obstante, tanto éste como el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat podrán constituir, en calidad de fideicomitentes, los fideicomisos de administración que consideren pertinentes, así como realizar encargos de confianza, entre otros.
Inversión de los recursos.
Artículo 23. Los recursos de los Fondos no colocados en los fines descritos en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, incluidas las reservas técnicas del Fondo de Garantía y que se encuentren disponibles temporalmente para su aplicación, deberán invertirse en instrumentos financieros emitidos o avalados por la República que garanticen solvencia, liquidez y rentabilidad y deberá privilegiarse el equilibrio y diversificación de la cartera de colocación financiera de acuerdo al riesgo. Los Comités de Colocaciones y de Riesgo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberán emitir su opinión previa a los efectos de las decisiones que, sobre la materia, deba adoptar la Junta Directiva.
Los rendimientos que se obtengan en virtud de cualquier operación realizada, con recursos de cualquiera de los Fondos a que se refiere este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, formarán parte del Fondo que les dio origen.
Inembargabilidad de los fondos Artículo 24. Los Fondos. creados de conformidad con este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley son inembargables.
Control de fideicomisos en materia de vivienda y hábitat Artículo 25. Los fiduciarios de fideicomisos constituidos con . recursos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, deberán notificar al Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y al Banco Nacional Vivienda y Hábitat, todo atraso .superior a sesenta (60) días que presente el cronograma de ejecución y desembolso propuesto por el organismo ejecutor, en cuyo caso, procederá el reintegro inmediato de los recursos no aplicados, al Fondo que corresponda. El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, podrá determinar aquellos casos, en los que deban mantenerse los fideicomisos constituidos.
Capítulo II Del Fondo de Aportes del Sector Público
Constitución, objeto del fondo y finalidad de los recursos Artículo 26. El Fondo de Aportes del Sector Público estará conformado por los recursos financieros que el Estado asigne al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y tiene por objeto el financiamiento para la vivienda y hábitat. Los recursos de este Fondo serán otorgados para los siguientes fines:
1. Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat.
Cubrir costos de preinversión y elaboración de estudios y 2.
proyectos para la vivienda y hábitat.
Ejecución de proyectos para la atención de emergencia o 3.
contingencia en vivienda y hábitat, únicamente en caso de que los recursos del Fondo de Contingencia sean insuficientes y la Ministra o el Ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat apruebe el cambio en la distribución de los recursos del plan anual.
Subsidio directo habitacional de conformidad a lo previsto 4.
en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, Incentivos en materia de vivienda y hábitat a otros órganos 5.
o entes de la Administración Pública y al sector privado.
6.
Financiamiento para los planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat, ejecutadas por el sector privado.
Financiamiento a los usuarios del Sistema para la 7.
adquisición, construcción, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con la vivienda y el hábitat Facilidades financieras a las cooperativas de ahorro y 8.
crédito en vivienda y hábitat, para el financiamiento de la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda de los asociados, así como para ei mejoramiento de su hábitat.
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Cubrir costos de los servicios provistos a este Fondo por los 9.
operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de conformidad a los parámetros que apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
10. Cualquier fin que considere conveniente el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia vivienda y hábitat, siempre que dicho fin tenga relación con el objeto del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
De los recursos Artículo 27. Los recursos del Fondo de Aportes del Sector Público provendrán de:
1. La asignación anual para vivienda y hábitat, establecida en la Ley de Presupuesto Nacional para el mantenimiento de las políticas, planes, proyectos, programas, obras y acciones de vivienda y hábitat a los que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Las asignaciones extraordinarias destinadas al sector 2.
vivienda y hábitat, incluyendo leyes de endeudamiento, convenios interinstitucionales y recursos internacionales.
Los ingresos generados por la inversión financiera de los 3.
recursos de este Fondo.
La recuperación de capital e intereses atribuibles a los 4.
contratos de financiamiento otorgados con los recursos de este Fondo, así como sus garantías.
Los recursos generados por la imposición de sanciones 5.
establecidas en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y relacionadas con este Fondo.
Los recursos provenientes del financiamiento 6.
de organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.
7.
Los recursos financieros provenientes de la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, salvo disposición contraria prevista en el respectivo instrumento de supresión y liquidación.
Otros aportes públicos y privados, destinados a satisfacer 8.
los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Capítulo III Del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda Constitución del fondo y finalidad de los recursos Artículo 28. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda estará constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo dependencia y sus patronas o patronos. Los recursos de este Fondo serán otorgados para los siguientes fines:
1. Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat.
2.
Financiamiento para la adquisición, construcción, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con la vivienda principal y el hábitat.
3.
Cubrir costos de los servicios provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de conformidad a los criterios y límites que apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
De los recursos Artículo 29. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda estará constituido por:
1. El ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo dependencia y sus patronos.
2.
La recuperación de capital y/o intereses atribuibles a los contratos de financiamiento otorgados con los recursos de este Fondo, así como sus garantías.
Los ingresos generados por la inversión financiera de los 3.
recursos de este Fondos.
Los ingresos generados de la titularización de los contratos 4.
de financiamiento otorgados por el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y/o el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores y las patronas o los patronos.
Los recursos provenientes del financiamiento de órganos o 5.
entes públicos o privados, nacionales o internacionales destinados a satisfacer los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Los recursos generados por la imposición de sanciones y 6.
cualesquiera ótros aportes destinados a satisfacer los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Del ahorro obligatorio del trabajador Artículo 30. El ahorro obligatorio de cada trabajadora o trabajador se registrará en una cuenta individual en este Fondo y reflejará desde la fecha inicial de su incorporación:
El aporte mensual en la cuenta de cada trabajadora o 1.
trabajador equivalente al tres por ciento (3%) de su salario integral, indicando por separado: los ahorros obligatorios del trabajador, equivalentes a un tercio (1/3) del aporte mensual y los aportes obligatorios de los patronos a la cuenta de cada trabajador, equivalente a dos tercios (2/3) del aporte mensual.
Los ingresos generados por la inversión financiera del 2.
aporte mensual correspondiente a cada trabajadora o trabajador.
3.
Cualquier otro ingreso neto distribuido entre las cuentas de ahorro obligatorio de cada trabajadora o trabajador.
4.
Los egresos efectuados en dicha cuenta por la trabajadora o el trabajador y los cargos autorizados según los términos establecidos en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
5.
El aporte mensual a la cuenta de ahorro obligatorio para la vivienda de cada trabajadora o trabajador a que se refiere este artículo, así como la participación del patrono y del trabajador podrán ser modificados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. En todo caso, el aporte no podrá ser menor al tres por ciento (3%) establecido en este artículo.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, como administrador del Fondo de Ahorro Obligatorio, velará por la veracidad y la oportunidad de la información respecto a las transacciones efectuadas en la cuenta de ahorro obligatorio para la vivienda de cada trabajadora o trabajador.
El porcentaje aportado por la empleadora el empleador previsto en este artículo no formará parte de la remuneración que sirva de base para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones sociales contempladas en las leyes que rigen la materia.
Recaudación de los aportes del ahorro obligatorio Artículo 31. La empleadora o el empleador deberá retener el ahorro obligatorio de cada trabajadora o trabajador, efectuar su correspondiente aporte y depositar los én la cuenta de cada uno de ellos, en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Disposición de los aportes obligatorios Artículo 32. Se podrá disponer de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda sólo en los siguientes casos:
1. Para el pago total o parcial de adquisición, construcción, ampliación, sustitución, restitución y mejora para la reparación o remodelación de vivienda principal, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con el objeto el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, 2.
pensión de vejez, invalidez o discapacidad, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda o mantenga un saldo
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394.256 GACETA ÔFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA deudor respecto a un contrato de financiamiento otorgado con recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
3. Por fallecimiento del trabajadora o trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario.
Los haberes de cada trabajadora o trabajador aportante en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda podrán ser objeto de cesión total o parcial en los términos y condiciones que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Capítulo IV Del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda Constitución y finalidad de los recursos Artículo 33. El Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda, está conformado por el ahorro voluntario de los usuarios del Dichos recursos serán Sistema de Vivienda y Hábitat.
otorgados para los siguientes fines:
1. Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la viviénda y hábitat que hayan contribuido a este Fondo.
Financiamiento para la adquisición, construcción, 2.
ampliación, sustitución, restitución, mejora parala reparación o remodelación de vivienda principal o refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios, o cualquier otra actividad relacionada con el objeto del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, a los usuarios del Sistema que hayan contribuido a este Fondo.
3.
Cubrir costos de los servicios provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de conformidad a los criterios y límites que apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Fuentes de recursos Artículo 34. El Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda se constituye por:
El ahorro voluntario del usuario, con o sin relación de 1.
dependencia. Dicho ahorro será establecido de manera potestativa por el propio usuario del Sistema.
Otros aportes que determine el Ministerio del Poder Popular 2.
con competencia en materia de vivienda y hábitat como incentivo al ahorro.
La recuperación de capital y/o intereses atribuibles a los contratos de financiamiento otorgados con los recursos de este Fondo, así como sus garantías.
Los ingresos generados por la inversión financiera de los 3.
recursos de este Fondo.
Los ingresos generados de la titularización de los contratos de financiamiento otorgados por el Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda.
Los recursos provenientes del financiamiento de órganos y 5.
entes públicos o privados, nacionales o internacionales destinados a satisfacer los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Los recursos generados por la imposición de sanciones y 6.
cualesquiera otros aportes destinados a satisfacer los objetivos de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
De los Incentivos Artículo 35. El Ejecutivo Nacional en la Ley de Presupuesto Anual, asignará una cantidad que, como incentivo, formará parte de los recursos del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda. Esta cantidad se determinará anualmente de acuerdo a un plan de incentivos que fomenten el ahorro voluntario, formulada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas públicas. Para ello tomará en cuenta, entre otras cosas, el volumen de recursos acumulados y el número de ahorristas de este Fondo, los ingresos generados por la inversión financiera de los recursos, además de otras variables Viernes 15 de junio de 2012 macroeconómicas que pudiesen incidir en su distribución, calidad o desempeño. Dicha subvención será administrada por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Los usuarios del Sistema de Vivienda y Hábitat que sean beneficiarios de estos incentivos deben mantener su contribución a este Fondo durante el disfrute de los mismos, en las condiciones y plazos que determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Del ahorro voluntario Artículo 36. El ahorro voluntario de cada usuario del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat será registrado en una cuenta individual, la cual reflejará los aportes y haberes.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, como administrador del Fondo, velará por la veracidad y la oportunidad de la información respecto a las transacciones efectuadas en la cuenta de ahorro voluntario para la vivienda.
Recaudación del ahorro voluntario Artículo 37. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, podrá efectuar convenios de recaudación con operadores financieros.
Disposición del ahorro voluntario por el usuario Artículo 38. El usuario del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat aportante al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda podrá disponer de sus ahorros en los siguientes casos:
1. Para el pago total o parcial de los créditos hipotecarios otorgados con recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley para la construcción,ampliación,sustitución, adquisición, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios de vivienda o cualquier otra actividad relacionada con el objeto de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, de 2.
pensión de vejez, invalidez o discapacidad, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda o mantenga un saldo deudor respecto a un contrato de financiamiento otorgado con recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
3.
Para la adquisición de materiales de construcción en, caso de construcción autogestionada por el usuario del Sistema de Vivienda y Hábitat en terreno de su propiedad. A tales efectos, el proyecto de construcción autogestionada y el terreno deben ser calificados como elegibles por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Los aportes y haberes de cada usuario podrán ser objeto de cesión total o parcial mediante documento auténtico, conforme a la regulación que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia de materia de vivienda y hábitat.
En caso de fallecimiento del usuario, el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario.
Gastos de administración del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda Artículo 39. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberá presentar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, para su aprobación, la estructura de costos de administración del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda.
Capítulo V Fondo de Garantía
Constitución y objeto del fondo Artículo 40. El Fondo de Garantía es aquel constituido por las primas que deberán pagar las beneficiarias o los beneficiarios de créditos otorgados con recursos previstos en el presente
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Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, así como los aportes que realice el Estado. .
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat regulará todo lo relativo a la determinación de la prima, los eventos que serán cubiertos, los términos y.
demás aspectos relacionados con el Fondo de Garantía.
Cobertura Artículo 41. El Fondo de Garantía cubrirá:
El pago del capital, los intereses adeudados, las primas del 1.
Fondo de Garantía adeudadas, los gastos de juicio, las cuotas de condominio, las tasas de servicios públicos, los impuestos municipales y la reparación de la vivienda asociados a los contratos de financiamiento cuyo nivel de morosidad conlleve a la ejecución de las hipotecas.
El pago de la porción de capital o saldo adeudado 2.
correspondiente, en caso de fallecimiento o cesantía de uno o varios usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat que hubieren suscrito contratos de financiamiento respecto de cualquier actividad relacionada con el objeto del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El pago de la porción de capital o saldo adeudado correspondiente ante el daños que con motivo de incendio y aliados, terremoto, inundación, se ocasionen en la vivienda principal que es garantía hipotecaria de los contratos de financiamiento para la adquisición, construcción, ampliación, sustitución, restitución, mejora, reparación o remodelación de vivienda principal o cualquier otra actividad- relacionada con el objeto de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. El Fondo de Garantía solo cubrirá a los usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat que hubieren suscrito dichos contratos de financiamiento.
Hasta por seis cuotas consecutivas, el pago del capital, los 4.
intereses y las primas del Fondo de Garantía adeudadas, cuando quieres hayan suscrito contratos de financiamiento para la adquisición, construcción, ampliación, sustitución, restitución, mejora reparación o remodelación de vivienda principal o cualquier otra actividad relacionada con el objeto de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, hayan perdido su empleo..
Para cada uno de los supuestos aquí expuestos el Fondo constituirá y mantendrá reservas técnicas.
Reaseguro de riesgos Artículo 42 El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá contratar con compañías reaseguradoras la cobertura prestada por el Fondo de Garantía en la forma más conveniente a sus intereses, con base a estudios actuariales que deberá realizar.
Capítulo VI Fondo de Contingencia
Objeto del fondo Artículo 43. El Fondo de Contingencia es aquel que tiene por objeto atender cualquier necesidad o asunto de urgente realización en materia de vivienda y hábitat. Todas las acciones que se realicen con los recursos de este Fondo serán ordenadas, dirigidas y coordinadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, quien mediante acto motivado tendrá la plena disposición sobre tales recursos.
Fuente de recursos Artículo 44. El Ejecutivo : Nacional asignará los recursos necesarios al Fondo de Contingencia conforme a la solicitud que formule la Ministra o el Ministro del Poder Popular con competenci en materia de vivienda y hábitat.
Uso de los recursos Artículo 45. Los términos y condiciones de la ejecución de los recursos de este Fondo serán estabiecidos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Las zonas afectadas por la catástrofe natural, deben ser evaluadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, y los expertos y asesores que éste designe a tal efecto, con el fin de determinar la pertinencia de su rehabilitación y uso, y establecer las prioridades y acciones a desarrollar.
Título IV Del Mercado Secundario de Créditos Hipotecarios Para la Vivienda Capítulo I De la generación de los valores hipotecarios Del mercado secundario de créditos hipotecarios Artículo 46. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, con el objeto de destinar nuevos recursos al otorgamiento de créditos hipotecarios a través de cada Fondo, podrá desarrollar modalidades de mercado secundario de créditos hipotecarios, en los términos que se definen en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, previa opinión favorable del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat. La emisión y comercialización de valores hipotecarios con garantía de los saldos deudores de créditos hipotecarios otorgados por los Fondos de Ahorro para la Vivienda y por el Fondo de Aportes del Sector Público, se efectuará en los términos y condiciones que se definan en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento, previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela.
De los derechos de los ahorrista y prestatarios en la cesión o venta de la cartera de créditos Artículo 47. Cuando la modalidad de desarrollo del mercado secundario de créditos hipotecarios, otorgados con recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda o del Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda, conlleve la venta o cesión de la cartera de créditos, ésta no debe generar pérdidas al Fondo que afecten el patrimonio de cada ahorrista. En ninguna modalidad que se desarrolle, el traspaso de los flujos de caja de la cartera, generará incremento de las cuotas e intereses de los créditos otorgados.
Del rendimiento de la cartera que respalda una emisión de valores hipotecarios y de la integridad financiera de cada fondo Artículo 48. Con el fin de garantizar el rendimiento de las cuentas de los ahorristas de los Fondos que emitan valores hipotecarios o titularicen parte de su cartera hipotecaria:
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, previo a la emisión, debe contar con el registro de la demanda real de los recursos.
Los recursos provenientes de estas operaciones, deberán ser colocados en un plazo máximo de dos días hábiles desde la fecha de recepción.
Con el fin de garantizar la integridad de cada Fondo, los recursos que se obtengan dé la titularización de carteras, formarán parte del Fondo que les dio origen.
Capítulo II De la Garantía de los Valores Hipotecarios
Condiciones para las emisiones de valores hipotecarios Artículo 49. La cartera hipotecaria que servirá de garantía a una emisión, debe ser auditada técnicamente, obtener certificación de auditores externos sobre la situación financiera, económica y de riesgo y, por lo menos la calificación de riesgo de una firma especializada de reconocida trayectoria nacional.
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El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, en el caso de emisión de valores hipotecarios donde la garantía de los saldos deudores de los préstamos hipotecarios no sea suficiente para cubrir los riesgos de mora de la cartera, podrá sobrecolateralizar la emisión y establecer cláusula de reemplazo de los créditos, siempre que no afecte al ahorrista habitacional.
Del fondo de liquidez para las emisiones de valores hipotecarios Artículo 50. Cuando el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat emita valores hipotecarios, debe crear un mecanismo financiero.
que se denominará Fondo de Liquidez. Este Fondo permitirá asegurar el flujo oportuno de recursos al inversionista. El monto del Fondo requerido para respaldar cada emisión, será determinado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, previo estudio actuarial y financiero. Los términos y condiciones de creación y administración de este Fondo se establecen en el Reglamento del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Título V De la Producción de Viviendas Capítulo I De los Planes Proyectos y Acciones Planes Artículo 51. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat tendrá a su cargo la planificación y programación de los planes a nivel nacional en el sector de vivienda y hábitat, atendiendo a las directrices emanadas de la planificación centralizada y el plan nacional de ordenación y desarrollo del territorio y sus desarrollos.
La elaboración de planes y programas por parte de los Estados, Municipios, Parroquias y comunidades, se sujetarán a los lineamientos que al efecto establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Acciones de vivienda y hábitat Artículo 52. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat podrá ejercer todas las acciones que sean necesarias para la satisfacción del derecho a la vivienda y hábitat de la población.
Proyecto y diseño de viviendas Artículo 53. La producción de viviendas requiere de un proyecto que responda a la problemática social, habitacional, recreacional, de servicios y mejoramiento del hábitat. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat regulará la forma de elaboración, presentación y evaluación de los proyectos, así como lo relativo al diseño y parámetros mínimos para la construcción de viviendas.
Formas de producción de los usuarios Artículo 54. La actividad de producción en materia de vivienda y hábitat por parte de los usuarios podrá efectuarse mediante la cogestión, autoconstrucción o contratación de obras y servicios.
Título VI Del consumo de Viviendas Capítulo I Normas Generales de Acceso al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat Acceso general Artículo 55. Podrán acceder a los beneficios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat todos los usuarios que efectúen los aportes a los respectivos Fondos y cumplan con los requisitos que al efecto establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Tendrán acceso a los beneficios del Sistema aquellos usuarios que hayan efectuado aportes durante un período de tiempo mínimo de doce (12) meses consecutivos ono, independientemente del monto total de los aportes efectuados.
Los sujetos de atención especial podrán ser exceptuados del cumplimiento de este y cualquier otro requisito, así como ser destinatarios de condiciones o requisitos particulares establecidos porel Ministerio delPoder Popularcon competencia en materia de vivienda y hábitat.
Los usuarios que hubieren recibido los beneficios del Sistema, tendrán la obligación de continuar efectuando aportes en los términos y condiciones que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Sujetos de atención especial Artículo 56. Serán considerados como sujetos de protección especial, los siguientes:
1. Las comunidades indígenas.
2. las damnificadas o los damnificados.
3. Las personas que tengan disminuidas sus capacidades físicas o psíquica.
Las personas mayores de sesenta años de edad.
4.
Las mujeres solas o los hombres solos, que ejerzan la 5.
jefatura de familia, con ingreso mensual de hasta un máximo de tres salarios mínimos urbanos.
6.
Las personas y las familias con ingreso promedio mensual menor a dos salarios mínimos urbanos.
7.
Cualquier otra persona o grupo que así sea declarado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Niveles de atención Artículo 57. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat podrá regular los requisitos y prioridades para el acceso de los Usuarios a los beneficios del Sistema, pudiendo considerar los siguientes parámetros:
1.Nivel de ingreso.
Personas que integran el grupo familiar según su número, 2.
filiación y condiciones socioeconómicas.
3.
Condición laboral de las o ios integrantes mayores de edad del grupo familiar y tipo de empleo según su carácter formal o informal.
Tipo de necesidad del grupo familiar en materia de 4.
vivienda y hábitat.
5. Cantidad máxima del préstamo a ser otorgado.
-6.
Precio máximo de las viviendas a ser adquiridas.
7.
Ahorros acumulados.
8.
Cualquier otro que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Subsidio directo habitacional Artículo 58. El subsidio directo habitacional constituye una ayuda directa del Estado de carácter no reembolsable, salvo la excepción prevista en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su reglamento. El subsidio directo habitacional está destinado a apoyar a los usuarios del Sistema para cualquier proceso u operación relacionada con la vivienda principal, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa dictada al efecto. El referido subsidio será otorgado por una soía vez, en una porción única o de manera progresiva.
En caso de adquisición de viviendas, el documento de compraventa deberá contener el monto del subsidio recibido.
En cualquier otro supuesto, deberá reflejarse el monto del subsidio en el documento respectivo, siempre que ello sea posible. En todo caso, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat deberá oficiar a la autoridad registral competente según la ubicación del inmueble a que se refiere dicho subsidio, para que se haga el asiento correspondiente.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat regulará lo relativo al subsidio directo habitacional.
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Reintegro del subsidio directo habitacional Artículo 59. Las beneficiarias o Los beneficiarios del subsidio directo habitacional podrán enajenar la vivienda para la cual lo hubieren recibido. No obstante, si la enajenación se produce dentro de los cinco. (5) años contados a partir de la fecha de otorgamiento del subsidio, este deberá ser reintegrado a su valor actualizado al momento de la enajenación.
Las registradoras o registradores públicos no podrán inscribir ninguna negociación sin el comprobante de cancelación del monto del subsidio actualizado emitido por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, salvo que tal negociación se realice una vez transcurrido el plazo a que se refiere este artículo.
Capítulo II Del Financiamiento de la Vivienda y Hábitat De la cartera hipotecaria obligatoria -Artículo 60. Además de los préstamos hipotecarios que se otorguen con los recursos de los fondos a que se refiere este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, los bancos e instituciones financieras se encuentran en la obligación de destinar recursos propios al otorgamiento de préstamos hipotecarios para la construcción, adquisición, ampliación o remodelación de viviendas principales.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en Materia de Vivienda y Hábitat establecerá el porcentaje anual de la cartera hipotecaria obligatoria que las instituciones del Sector Bancario deberán cumplir.
En tal sentido, el Ministerio podrá regular los mecanismos y parámetros en segmentos, tramos y periodos de forma, anual, semestral, trimestral o mensual para que las Instituciones del Sector Bancario den cumplimiento a la misma, igualmente podrá direccionar la de conformidad con las líneas estratégicas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Condiciones de los créditos hipotecarios Artículo 61. Los créditos hipotecarios para viviendas principales otorgados con ocasión de la presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, podrán ser concedidos hasta por el cien por ciento (100%) del valor del inmueble dado en garantía según el avalúo que se practique. Estos créditos no estarán sujetos a las limitaciones establecidas por la legislación que regule la materia de bancos y otras instituciones financieras.
Crédito mixto Artículo 62. Todo usuario del sistema podrá optar a un préstamo a largo plazo que incluya la adquisición de terreno y la construcción de vivienda principal en dicho terreno.
Parágrafo Primero: La porción del crédito destinada a la adquisición del terreno será garantizada con hipoteca de primer grado sobre dicho inmueble.
Parágrafo Segundo: La porción del crédito destinada a la construcción de la vivienda principa! será administrada por la institución otorgante del préstamo, constituyendo fideicomiso especial que durará por el tiempo de construcción según el proyecto que al efecto se presente. La institución otorgante del crédito será beneficiaria de los rendimientos que se generen por la administración del fideicomiso.
Culminada la construcción, cesará el fideicomiso y el monto adeudado a la fecha se reestructurará en un solo instrumento, quedando garantizado mediante ampliación de la garantía hipotecaria de primer grado a fin de incluir la vivienda construida.
De la determinación de la cuota de pago Artículo 63. Las cuotas mensuales para el pago de los préstamos hipotecarios otorgados conforme a esta Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley podrán variar entre un cinco por ciento (5%) y veinte por ciento (20%) del ingreso total mensual familiar y, en ningún caso, la sumatoria de la amortización de capital y pago de intereses podrá exceder de un veinte por ciento (20%) del ingreso total mensual familiar. El Ministerio del Poder Popuiar con competencia en materia de vivienda y hábitat podrá, mediante Resolución, variar los porcentajes establecidos en este artículo.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat solicitará al operador financiero autorizado que cada deudor hipotecario consigne anualmente los recaudos necesarios para la determinación de la cuota en función de sus ingresos.
Financiamiento Artícuio 64. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat propondrá los diferentes modelos de financiamiento para la libre escogencia por parte del solicitante del préstamo. Las registradoras o registradores públicos deberán exigir para la protocolización del contrato de préstamo el instrumento contentivo de la aprobación del modelo aprobado.
Prohibición de créditos hipotecarios simultáneos Artículo 65. No podrán otorgarse créditos hipotecarios simultáneos con los recursos de los Fondos a que se refiere esta Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley o con recursos remanentes de naturaleza similar previstos en leyes .o instrumentos anteriores, salvo en los casos que mediante Resolución establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
De la garantía de los préstamos Artículo 66. Los préstamos para adquisición de vivienda principal que se otorguen con recursos de los Fondos a que se refiere este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley serán garantizados con una hipoteca de primer grado sobre el inmueble objeto del préstamo a favor del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá autorizar la constitución de hipotecas de segundo grado o compartir la de primer grado en caso de que se trate de acreedores institucionales.
En las otras modalidades de préstamo, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá considerar la constitución de garantías de otro tipo, tomando en cuenta el tipo de solicitud, el monto del financiamiento y las condiciones socioeconómicas del o los solicitantes.
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat definirá quiénes podrán ser los acreedores institucionales y elaborará los modelos de documento hipotecario y los remitirá al operador autorizado para su debida protocolización.
Prohibición de enajenar Artículo 67. El inmueble hipotecado no podrá ser enajenado sin la autorización del acreedor hipotecario, mientras el préstamo otorgado de conformidad con el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley no haya sido pagado.
Exención Artículo 68. Quedan exentos del pago de derechos de registro y cualesquiera otros impuestos, emolumentos, aranceles, tasas o contribuciones, la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos al registro de documentos de traspaso de propiedad, de préstamos o créditos hipotecarios, documentos de condominio o cualquier otro instrumento que con ocasión de la adquisición, construcción, constitución y liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación, remodelación, servicios básicos esenciales, urbanismo y habitabilidad de vivienda principal y única, otorgados en virtud de la ejecución de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Las protocolizaciones y otorgamiento de los documentos, previstos en este artículo deben ser registrados en un plazo no
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mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha de su presentación ante el Registro correspondiente.
Capítulo III Del Arrendamiento Inmobiliario de Viviendas Arrendamiento como forma de consumo de vivienda Artículo 69. Se contempla el arrendamiento inmobiliario como una· forma de consumo de viviendas dentro del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat previsto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. En tal sentido, todas las normas relativas a dicho Sistema podrán ser aplicadas al arrendamiento inmobiliario de viviendas, en los términos que establezca el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Regulación del arrendamiento de viviendas Artículo 70. Corresponde al Ministerio del Poder Popular con -competencia en materia de vivienda y hábitat la regulación del arrendamiento inmobiliario de viviendas, especialmente en cuanto a los tipos de viviendas susceptibles de ser arrendadas total o parcialmente, así como sus características mínimas; lo relativo a las garantías que deba prestar el arrendatario y la regulación del canon de arrendamiento en atención al valor del inmueble, determinado conforme a los parámetros siguientes:
área, ubicación, estado de mantenimiento, fecha de construcción, servicios públicos disponibles y cualquier otro parámetro aplicable a tal efecto.
Todo lo no previsto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, se sujetará a las disposiciones legales que regulen la materia de arrendamientos en general.
Incentivos al arrendamiento de viviendas Artículo 71. El Ejecutivo Nacional podrá establecer incentivos tributarios o de cualquier otra índole para promover el arrendamiento inmobiliario de viviendas.
Solución de conflictos en sede administrativa Artículo 72. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, a través de la dependencia creada a tal efecto, actuará como instancia mediadora o conciliadora, en los conflictos que se susciten entre arrendadores y arrendatarios de viviendas, sin perjuicio del derecho de los interesados de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes.
Procedimiento conciliatorio Artículo 73. Cualquiera de las partes de la relación arrendaticia podrá consignar su solicitud o denuncia escrita, debidamente motivada y documentada, por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y.
hábitat, quien procederá a citar a la otra parte para que comparezca a exponer sus alegatos y defensas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su citación, en audiencia que se celebrará en presencia de la solicitante o el solicitante y presidida por las funcionarias o los funcionarios designados a tal efecto.
De ser necesario, podrá prolongarse, suspenderse o fraccionarse la audiencia cuantas veces sea requerida para lograr la solución del conflicto, sin que el lapso total exceda de diez (10) días hábiles.
La inasistencia de la solicitante o el solicitante a la audiencia en general o a cualquiera de sus sesiones se considerará como desistimiento de su pedimento. La inasistencia de la otra parte será considerada como aceptación de los hechos o situaciones expresadas por el solicitante. En cualquier caso, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat dejará constancia de tales supuestos mediante acta levantada al efecto.
Culminación del procedimiento Artículo 74. Culminada la audiencia a que se refiere el artículo anterior; se suscribirá un acta entre ambas partes y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat en la cual se hagan constar los acuerdos o soluciones que las partes hubieren adoptado. En caso de haber resultado.
infructuoso el procedimiento conciliatorio, se dejará constancia de tal circunstancia mediante acta suscrita por las partes y por el Ministerio.
Agotado el procedimiento conciliatorio, las partes podrán acudir libremente ante los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones.
Título VII De las Tierras Urbanas y Urbanizables Capítulo I De las tierras urbanas Administración de las tierras Artículo 75. Corresponderá al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat la administración y disposición sobre las tierras urbanas y urbanizables propiedad de la República, o de cualquiera de los entes adscritos a los diversos Ministerios, para su empleo en vivienda y hábitat. Tales procesos estarán exentos de los procedimientos ordinarios previstos en otras leyes.
Regularización de la tenencia de la tierra Artículo 76. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat procurará la regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos populares, bajo criterios de justicia y equidad, con la participación activa y protagónica de la comunidad organizada, de acuerdo con la ley especial que rija la materia, con la finalidad de facilitar el acceso a los beneficios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. En tal sentido, tendrá la competencia correspondiente para el otorgamiento de los títulos de adjudicación de tierras públicas nacionales.
Programa de suelos urbanizables Artículo 77. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat deberá desarrollar un programa dirigido a crear una oferta de suelos urbanizables, de acuerdo con las previsiones de evolución de las ciudades y áreas metropolitanas del país, dentro de las poligonales previstas en los planes urbanos. A tal fin, mantendrá un programa de adquisición anticipada de suelos y de construcción de las infraestructuras primarias necesarias.
Transformación integral de los asentamientos urbanos populares Artículo 78. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat en coordinación con los órganos y entes públicos competentes, deberá adoptar los planes y programas necesarios para lograr la transformación integral de los asentamientos urbanos populares, que permita el mejoramiento o construcción de vías adecuadas de acceso y tránsito al sector, de redes de servicios públicos y de infraestructuras para servicios de educación, salud, recreación y organización comunal, con el propósito de lograr la integración de sus habitantes al disfrute pleno de la vida urbana, promoviendo la participación protagónica, cooperación activa, democrática, deliberante, autogestionaria, corresponsable y organizada, fortaleciendo el Poder Popular, a través de los Comités de Tierra Urbana incorporados a los Consejos Comunales.
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Transmisión de propiedad u otros derechos reales de bienes de los entes públicos Artículo 79. Con el objeto de facilitar el acceso a los beneficios del Sistema, los entes públicos, previa coordinación y aprobación por parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, podrán dictar los actos o celebrar los acuerdos que sean necesarios, de conformidad con las normas aplicables, para transmitir la propiedad u otros derechos reales sobre sus terrenos o edificaciones, en el caso de que hayan venido siendo ocupados de manera pacífica, en condición de posesión legítima.
Prohibición de invasiones u ocupaciones ilegales e intervención del Estado Artículo 80. La invasión u ocupación de terrenos. públicos o privados por parte de personas naturales o jurídicas impide el disfrute de los beneficios previstos en la presente Ley y las propietarias o los propietarios afectados podrán ejercer las acciones judiciales de protección que estabiece el ordenamiento. Los entes públicos de carácter nacional, estadal o municipal no formalizarán en ningún caso la propiedad de las viviendas o terrenos ocupados ilegalmente.
Seguirán vigentes los procedimientos de expropiación en los casos ocurridos antes de la entrada en vigencia del Decreto Presidencial N° 1.666, del 4 de febrero de 2002.
Catastro de las tierras y bienhechurías Artículo 81. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, instrumentará las acciones necesarias para levantar el catastro de las tierras y bienhechurías a que se refieren los artículos anteriores. Los estados y municipios colaborarán, en el ámbito de sus competencias, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
Título VIII De los Convenios de Pago, Fraccionamientos y Plazos Facultad de suscribir convenios Artículo 82. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá suscribir convenios de pago, conceder fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas. En este caso, se causarán intereses sobre los montos financiados, los cuales serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del convenio.
Si durante la vigencia del convenio se produce una variación de diez por ciento (10%) o más entre la tasa utilizada en el convenio y la tasa bancaria vigente, se procederá al ajuste de las cuotas restantes utilizando la nueva tasa.
En ningún caso se suscribirán convenios de pago, concederán fraccionamientos o plazos para el pago de deudas atrasadas, cuando el solicitante se encuentre en situación de quiebra. En caso de incumplimiento de las condiciones y plazos concedidos, de desaparición o insuficiencia sobrevenida de las garantías otorgadas o de quiebra del solicitante, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat dejará sin efecto las condiciones o plazos concedidos, y exigirá el pago inmediato de la totalidad de la obligación a la cual ellos se refieren.
Si la solicitante o el solicitante sustituyen la garantía o cubre la insuficiencia sobrevenida de esa garantía, se mantendrán las condiciones y plazos que se hubieren concedido.
Parágrafo Primero: La negativa del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat de suscribir convenios de pago, conceder fraccionamientos y plazos para el pago no tendrá recurso alguno.
Parágrafo Segundo: Los fraccionamientos y plazos para el pago a los que se refiere este artículo no se aplicarán en los casos de obligaciones provenientes de tributos retenidos o percibidos. No obstante, en estos casos, la Administración Tributaria podrá conceder fraccionamientos o plazos para el pago de los intereses moratorios y las sanciones pecuniarias generados con ocasión de los mismos.
Parágrafo Tercero: Se entenderá, por tasa activa bancaria vigente la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras con intereses preferenciales, calculado por el Banco Central de Venezuela para el mes calendario inmediato anterior. :
Exigencia de garantías Artículo 83. Cuando se celebren convenios particulares. para otorgamiento de fraccionamientos, plazos u otras facilidades de pago, en cualquiera de los casos señalados por este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat requerirá a la solicitante o al solicitante constituir garantías suficientes, ya sean personales o reales.
De las fianzas Artículo 84. Cuando se constituyan fianzas para garantizar el cumplimiento de convenios de pago, éstas deberán otorgarse en documento autenticado, por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de comprobada solvencia económica, y estarán vigentes hasta la extinción total de la deuda u obligación afianzada.
Las fianzas deberán ser otorgadas a satisfacción del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y deberán ser solidarias y contener la renuncia expresa de los beneficios que acuerde la ley a favor del fiador. A los fines de lo previsto en este artículo, se establecerá como domicilio especial la ciudad de Caracas.
Plazos Artículo 85. La máxima autoridad del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat establecerá el procedimiento a seguir para la suscripción de convenios de pago, el otorgamiento de fraccionamientos y plazos para el pago, pero en ningún caso éstos podrán exceder de treinta y seis (36) meses.
Falta de pago Artículo 86. La falta de pago de las obligaciones establecidas en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, las normas que la desarrollan o en contratos, dentro del plazo establecido, hace surgir, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración, la obligación de pagar. intereses moratorios desde el vencimiento del plazo establecido para el pago hasta la extinción total de la deuda, equivalentes a 1,2 veces la tasa activa bancaria aplicable, respectivamente, por cada uno de los períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes.
A los efectos indicados, la tasa será la activa promedio de los con mayor volumen de depósito, excluidas las carteras con intereses preferenciales, calculada por el Banco Central de Venezuela, para el mes calendario inmediato anterior.
Privilegios Artículo 87. Los créditos y obligaciones derivadas del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley gozan de privilegio general sobre todos los bienes del obligado, y tendrán prelación sobre los demás créditos con excepción de los garantizados con derecho real.
El privilegio es extensivo a los accesorios del crédito u obligación y a las sanciones de carácter pecuniario.
Título IX Del Control y del Régimen Sancionatorio Capítulo I Del Control Ejercicio del control Artículo 88. El control, inspección y supervisión de la aplicación de la normativa contenida en el presente Decreto con
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Rango Valor y Fuerza de Ley y la normativa complementaria dictada a efecto, será ejercido por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat con las más amplias facultades.
Dicho control se ejercerá sin perjuicio de las facultades que posean otros órganos y entes, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico.
Inspecciones y Averiguaciones Artículo 89. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda y Hábitat y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, podrán ejecutar Inspecciones y averiguaciones administrativas de oficio o a solicitud de particulares. De cada averiguación administrativa se formará un expediente. Si surgen indicios de responsabilidad penal, se remitirá copia certificada del expediente al Ministerio Público.
Parágrafo único: En las visitas de inspección se levantará acta que firmarán el o los funcionarios que participen en ella y la persona inspeccionada, a quien se entregará copia del acta.
Si ésta se negare a firmar, se dejará constancia de ello.
Capítulo II De las Sanciones
Potestad Sancionatoria Artículo 9o. Las contravenciones a este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y a sus normas complementarias serán sancionadas por la Presidenta o el Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes.
De las Sanciones a los Empleadores Artículo 91. Los incumplimientos a las obligaciones establecidas en el presente Decreto Ley serán sancionados de la siguiente forma:
1) La persona jurídica pública o privada que no se afilie al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en el lapso establecido en las normas sublegales establécidas por el Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat será sancionado con una multa de cien unidades tributarias.(100 UT) y la amonestación pública de la empresa.
2) El empleador que no afilie al trabajador o funcionario dentro del lapso establecido en la normativa con rango sublegal establecida por el Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat, será sancionado con una multa de una unidad tributaria (1 UT) por cada trabajador o funcionario hasta un máximo de veinticinco unidades tributarias (25 UT).
El empleador que incumpliere con la obligación de reportar 3) las novedades en su nómina según lo establecido en las normas con rango sublegal establecidas por el Ministerio con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat será sancionado con una multa equivalente a de diez unidades tributarias (10. UT) por cada reporte de nómina omitido hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 UT).
4) El incumpliendo de la obligación de pagar los aportes a los Fondos de Ahorro para la Vivienda será sancionado con una multa de diez unidades tributarias (10 UT) por aporte no enterado en los casos del ahorrista obligatorio y, de una unidad tributaria (1 UT) en los casos del ahorrista voluntario, además del rendimiento que se debió generar esa cuenta de ahorro habitacional.
5) Cuando el representante de la empresa se negare a recibir la notificación de inicio de cualquiera de los procedimientos aplicados por ei Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionado con la clausura del establecimiento por un lapso de un (1) día y la amonestación pública.
6).
El incumplimiento al deber de proporcionar los documentos necesarios para la realización de los procedimientos de cobranza y fiscalización establecidos en el presente Decreto Ley serán sancionados con la clausura del establecimiento hasta tanto no se consigne la documentación solicitada por el funcionario actuante y la amonestación pública. La clausura o cierre del establecimiento previsto en este numeral, no podrá exceder de tres (3) meses.
Sanciones a los Operadores Financieros Artículo 92. Sin perjuicio de cualquier otra sanción aplicable, los operadores financieros serán sancionados en los casos y términos siguientes:
1) Con multa equivalente a una. unidad tributaria (1 UT) diaria por cada un bolívar (Bs.1,00) no enterado, el operador financiero que no entere inmediatamente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, los aportes destinados a los diferentes Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la recuperación de los créditos, los intereses o las primas.
2) Con. multa equivalente a tres veces el monto no ejecutado del porcentaje total de la Cartera Hipotecaria Obligatoria exigida por él Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Si se evidencia incumplimiento en cualquiera de, los (ξ segmentos en los cuales el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de Vivienda y Hábitat distribuye la Cartera Hipotecaria Obligatoria, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, podrá sancionar la fracción incumplida con multa equivalente a 3 veces el monto incumplido, pudiendo aplicar la multa aquí establecida o direccionar los recursos financieros a solicitudes específicas de financiamiento.
Si se evidencia incumplimiento mensual de la Cartera 4) Hipotecaria Obligatoria el operador financiero, será sancionado con multa equivalente a tres mil novecientas unidades tributarias (3900 UT), por incumplimiento de la obligación.
Cuando una Institución del Sector Bancario ejecute la 5) actividad de operador financiero sin estar certificado para ello será sancionado con una multa de cinco mil unidades tributarias (5000 UT).
6) Cuando hayan destinado recursos financieros del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, para fines distintos a los establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, estarán obligados a reintegrar tales recursos y deberán cancelar una multa equivalente al doble de dichos recursos.
El retardo en la devolución de los recursos solicitados de 7) cualquiera de los fondos establecidos en el presente Decreto Ley, será sancionado con una multa de mil unidades tributarias (1000 UT) sin prejuicio de que se generen intereses de mora aplicando la tasa de interés moratoria máxima que permita el Banco Central de Venezuela a las instituciones financieras.
Cuando los operadores financieros divulguen (8 informaciones inexactas o desactualizadas de las normas establecidas en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y demás resoluciones y normas técnicas que regulan la materia de vivienda y hábitat, serán sancionados con una multa de mil Unidades Tributarias (1000 UT).
En aquellos casos en donde se verifique que el operador 9) financiero ha delegado injustificadamente el otorgamiento de créditos a los usuarios; u ofrezca al público, por cualquier medio, servicios en condiciones o términos distintos a los aprobados por la autoridad competente, será sancionado con cinco mil unidades tributarias cinco mil unidades tributarias (5.000 UT).
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Cuando imparta instrucciones a su personal, contrarias a 10) este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normas que regulan el sector de vivienda; impidan el acceso o ejercicio .de las funciones a los Inspectores de la Administración Pública competente, que actúen en el ejercicio de sus atribuciones; se negar en a cumplir los planes, proyectos, programas o acciones aprobados por el Órgano Superior de Vivienda y Hábitat o el Ministerio con competencia en la materia conforme a lo establecido en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley será sancionado con una multa de dos mil quinientas unidades tributarias (2500 UT).
Cuando incurra en incumplimiento de otras obligaciones 11) distintas a las anteriores y establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento, Resoluciones,Normas Técnicas y/o Regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, sancionará con multa equivalente de quinientas unidades tributarias (500 UT) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 UT). Si se trata de obligaciones pecuniarias se generarán intereses de mora. En caso de reincidencia por parte de los operadores financieros, será aplicada adicionalmente a la multa impuesta, la sanción accesoria de inhabilitación de participar en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
Sanciones Comunes Artículo 93. Todos los sujetos obligados por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán objeto de sanción en los casos siguientes:
1) Falta en el Suministro o falsedad de la Información. La falta de suministro o falsedad de la información que les sea requerida por las autoridades competentes conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento y las Resoluciones, Normas Técnicas y/o Regulaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat o del Banco Nacional de Vivia:da y Hábitat, será sancionada con multa equivalente a diez :nidades tributarias (10 UT) en el caso de personas naturales, y de doscientas unidades tributarias (200 UT) si se trata de personas jurídicas.
2) Desacato. Será sancionado con multa de treinta unidades tributarias (30 UT) si se trata de personas naturales, 0 de quinientas unidades tributarias (500 UT) si se trata de personas jurídicas quien incurra en desacato a los actos normativos y órdenes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat o del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Se considera como desacato:
La falta de pago de las multas, sin que medie (e suspensión o revocatoria de la sanción por orden administrativa o judicial.
b) La destrucción o alteración del Cartel en caso de amonestación pública.
La utilización, sustracción, ocultación o enajenación (5 de bienes o documentos que queden retenidos en poder del presunto infractor, en caso que se hayan adoptado medidas cautelares.
Omitir el cumplimiento de las órdenes impartidas por d) la Administración.
e) La inobservancia o incumplimiento de cualquier disposición legal o sublegal en materia de vivienda y hábitat. Ello sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en el presente Decreto con Rango Vaior y Fuerza de Ley.
Suspensión temporal certificación de operadores financieros Artículo 94. Los operadores financieros serán sancionados con suspensión de la certificación, hasta por seis meses, en caso de haber incurrido en cualquier supuesto de desacato.
La suspensión se hará efectiva desde el momento mismo de su notificación. No obstante, el. operador financiero suspendido deberá continuar, hasta su culminación, la tramitación de todos los asuntos pendientes referentes al presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, sin que pueda tramitar nuevos asuntos hasta tanto cese la suspensión.
Revocatoria de certificación de operadores financieros Artículo 95. Sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar de conformidad con lo previsto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, se impondrá sanción de revocatoria de la certificación a los operadores financieros que incurran por segunda vez en cualquiera de las infracciones por las que hubieren sido sancionados anteriormente.
La revocatoria se hará efectiva desde el momento mismo de su notificación. No obstante, el operador financiero deberá continuar, hasta su culminación, la tramitación de todos los asuntos pendientes referentes al presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Amonestación Pública Artículo 96. La amonestación moral y pública procederá como sanción accesoria y acarreará la fijación de un Cartel contentivo de la palabra "Infractor" que será fijado en un lugar visible desde el exterior del.sitio dónde tiene su sede el sujeto pasivo de la sanción principal, en el momento de notificarle de la misma. Dicho acto de amonestación podrá ser publicado a costa del infractor, de conformidad con los parámetros que establezca el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, en dos de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, dejándose constancia de la afectación que su conducta haya producido en la prestación del servicio público de vivienda y hábitat y llevará la indicación de la norma infringida y los datos de la sanción principal.
Concurrencia Artículo 97. Cuando un mismo hecho implique diferentes infracciones, se aplicará la sanción correspondiente a la de mayor gravedad.
Responsabilidad Artículo 98. Las autoras o autores, coautoras o coautores, cómplices y encubridoras o encubridores de infracciones y faltas son responsables de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, si1 menoscabo de las responsabilidades administrativas, civiles / penales a que diere lugar su actuación.
Las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado y las entidades sin personalidad jurídica, son responsables por infracciones o faltas según lo dispuesto en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, independientemente de la responsabilidad que puedan tener sus representantes, directoras o directores, gerentes o gerentes, administradoras o administradores o mandatarias o mandatarios por su actuación personal en la infracción o falta.
Del destino de los recursos de las multas Artículo 99. Los recursos generados por las multas, que de conformidad con el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley se impongan a los sujetos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, pasarán a formar parte del Fondo a que resulte afectado. En caso de no existir relación alguna entre la multa impuesta y cualquiera de los Fondos a que se refiere este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, el producto de la multa formará parte del patrimonio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
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Capítulo III Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Potestad sancionatoria Arfículo 100. Las infracciones al presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley y a sus normas complementarias serán sancionadas por la Presidenta o el Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, conforme al procedimiento descrito en este título. Ello sin peru:cio de las potestades que se ejerzan de conformidad con otras leyes o normas aplicables.
Auto de apertura Artículo 101. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará mediante auto de apertura, el cual deberá especificar los cargos previos, los hechos investigados, las medidas cautelares que se consideren necesarias, las posibles sanciones aplicables en caso de que se compruebe la comisión de la infracción. En el mismo auto, se ordenará la notificación de la presunta infractora o el presunto infractor para que presente sus alegatos y defensas por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
Notificación Artículo 102. Las notificaciones se realizarán conforme a la Ley que regule la materia de procedimientos administrativos.
Pruebas Artículo 103. Si el procedimiento no se da por concluido en virtud de la admisión de los hechos por parte de la presunta infractora o el presunto infractor, se abrirá al día hábil siguiente a la consignación del escrito de alegatos y defensas, un lapso probatorio de cinco (05) días hábiles para la promoción y evacuación de pruebas.
La Administración impulsará de oficio el procedimiento y podrá acordar, en cualquier momento, la práctica de las pruebas que estime necesarias.
Decisión Artículo 104. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso probatorio, la Presidenta o el Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat dictará su decisión. El lapso de decisión podrá ser prorrogado una vez y hasta por el mismo tiempo.
Contra las decisiones de al Presidenta o el Presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat podrá interponerse el recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión, o acudir directamente a la vía jurisdiccional dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes.
Ejercido el Recurso de Reconsideración, el Presidente deberá decidir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la interposición del mismo. Si se recurre por esta vía, el recurrente deberá esperar antes de optar a la vía jurisdiccional, la resolución del asunto o el vencimiento del lapso para decidir.
Asimismo, el recurrente podrá intentar recurso jerárquico ante la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión que resuelva el recurso de reconsideración o al haberse vencido el lapso para decidir dicho recurso. La decisión de la Junta Directiva deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Dicha decisión agota la vía administrativa.
Notificada la decisión de la Junta Directiva el particular dispondrá de noventa (90) días hábiles siguientes, para interponer el recurso de nulidad que considere en la vía jurisdiccional.
Capitulo IV Del Juicio Ejecutivo para el Cobro de Deudas a los Fondos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat Objeto del Juicio Artículo 105. Los actos administrativos y contractuales contentivos y de obligaciones líquidas y exigibles a favor del Fondo de Ahorro Obligatorio para La Vivienda, Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda y Fondo de Aportes del Sector Público constituirán título ejecutivo, y su cobro judicial aparejará embargo de bienes, siguiendo el procedimiento previsto en el presente Decreto Ley.
De la Competencia Artículo 106. La solicitud de ejecución de la deuda deberá interponerse ante los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.
Inicio de la demanda y solicitud de embargo de bienes Artículo 107. El procedimiento se iniciará mediante escrito en el cual se expresará la identificación de los representantes del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, del demandado, el carácter con que se actúa, objeto de la demanda, y las razones de hecho y de derecho en que se funda. En la misma demanda el representante de Banco Nacional de Vivienda y Hábitat solicitará, y el Tribunal así lo acordará, el embargo ejecutivo de bienes propiedad del deudor que no exceda del doble del monto de la ejecución, más una cantidad suficiente estimada prudencialmente por el Tribunal para responder del pago, del rendimiento de los aportes y costas del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se limitará al monto de la demanda más la estimación de los rendimientos y costas.
Garantía de los Bienes Objeto del Embargo Artículo 108. Ordenado el embargo, el Juez designará al depositario judicial.
Tercería Artículo 109. Cuando un tercero pretenda ser preferido al demandante o pretenda que son suyos los bienes embargados, propondrá demanda ante el Tribunal, de la cual se pasará copia a las partes, y la controversia se sustanciará según su naturaleza y cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en materia de tercería.
Plazo para contestar la demanda Artículo 110. Admitida la demanda, se acordará la intimación del deudor para que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución, y en el lapso de diez (10) días hábiles de despacho contado a partir de su intimación.
El deudor, en el lapso concedido para pagar o comprobar haber pagado, podrá hacer oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado su deuda al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda o Fondo de Aportes al Sector Público a cuyo efecto deberá consignar documento que lo compruebe.
Oposición al embargo Artículo 111. En caso de oposición, se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria que no podrá exceder de ocho (8) días hábiles de despacho, para que las partes promuevan y evacuen las pruebas que consideren convenientes. En todo caso, el Tribunal resolverá al día de despacho siguiente. De la decisión del Juez se oirá apelación en un solo efecto. Si el opositor prueba su propiedad sobre los bienes sujetos a embargo, el mismo quedará sin efecto. En caso de no probar su propiedad sobre los bienes se confirmará el embargo.
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Remate de los Bienes Artículo 112.Vencido el lapso establecido en el encabezamiento del artículo anterior y declarada sin lugar la incidencia de oposición sin que el deudor hubiere acreditado el pago, se procederá al remate de los bienes embargados.
Disposiciones Transitorias
Primera. El Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), creado por Ley el 1º de septiembre de 1975, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.790 de fecha 09 de septiembre de 1975, deberá ser suprimido y liquidado para el 31 de julio de 2008; conforme al instrumento que al efecto se dicte.
Segunda. El. Instituto Nacional de Ia Vivienda (INAVI), creado por el Decreto N° 908 de fecha 23 de mayo de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.746, Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 1975, deberá ser reestructurado, conforme al instrumento que al efecto dicte el Ejecutivo Nacional.
Tercera. El proceso de supresión y liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), así como el proceso de reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), deberán, efectuarse con recursos propios de los respectivos entes. En caso de resultar insuficientes tales recursos, El Ejecutivo Nacional a través del ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, deberá garantizar y aportar los recursos necesarios para la adecuada culminación de los respectivos procesos.
Cuarta. El Ejecutivo Nacional podrá otorgar jubilaciones y pensiones especiales a las trabajadoras y los trabajadores de los entes que se refieren las disposiciones primera y segunda, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes, sin menoscabo de los derechos económicos y sociales adquiridos, de conformidad a la normativa vigente.
Quinta. Para el cumplimiento de la disposición transitoria primera, la Junta Liquidadora deberá traspasar los recursos financieros, fideicomisos y fondos disponibles para la ejecución y desarrollo de los programas, proyectos y obras de vivienda y hábitat, al Fondo de Aportes del Sector Público administrado por el Banco. Nacional de Vivienda y Hábitat, salvo que el Ejecutivo Nacional disponga un destino distinto para tales recursos. El instrumento que regula la liquidación y supresión del ente, establecerá todo lo concerniente al uso y destino de los bienes y el patrimonio, del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), Igualmente, el Ejecutivo Nacional designará una Unidad Operativa de Ejecución (UOE) con la finalidad de culminar los proyectos y las obras iniciadas, o que se encuentren con acta de inicio, a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).
Sexta. Para el cumplimiento de la disposición transitoria segunda el Ejecutivo Nacional designará una Junta de Reestructuración, conformada por cinco personas, incluyendo un representante de los sindicatos, las trabajadoras y los trabajadores, quienes ejercerán sus funciones conforme a lo previsto en los instrumentos que al respecto dicte el Ejecutivo Nacional. Mientras dure el proceso de reestructuración del ente, la Junta a que se refiere la presente disposición asumirá todas las competencias atribuidas por ley a la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Vivienda.
Séptima: Toda contratación que realicen los entes durante el proceso e liquidación y supresión o reestructuración, según corresponda serán coordinadas, supervisadas y controladas por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat.
Octava. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat continuará ejerciendo las competencias del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo respecto de aquellos asuntos que hubieren quedado pendientes, hasta su definitiva culminación.
Será obligación de los registradores inmobiliarios, mercantiles y de cualquier otra índole, actualizar los respectivos registros en aquellos casos en los que figure como titular de bienes el extinto Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, ahora Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Novena. Hasta tanto entre en funcionamiento la Tesorería de Seguridad Social, los recursos financieros provenientes del aporte del sector público previstos en la Ley de Presupuesto, serán transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat por intermedio de la Tesorería Nacional.
Décima. Al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat le serán transferidos los registros contables de las cuentas individuales que conforman el Fondo Mutual Habitacional y las hipotecas, previstos en la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Reguia el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.066 de fecha 30 de Octubre de 2000, al igual que todas las anteriores referidas a esta materia. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat establecerá la metodología y el plazo de estas transferencias.
Décima Primera. El traspaso de las carteras activas, pasivas, fideicomisos y otras operaciones realizadas por las instituciones financieras con los recursos indicados en el Decreto N° 366 con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, se efectuará mediante Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La Resolución señalada deberá contener la identificación de los intermediariocs financieros que intervengan en la operación de traspaso con indicación de las Oficinas Subalternas de Registro Público donde se encuentren protocolizados los documentos de hipoteca correspondientes.
Será obligación de los registradores subalternos la inserción de las respectivas notas marginales en los documentos de hipoteca contenidos en la Resolución de traspaso de cartera hipotecaria a la que hace mención este artículo.
Décima Segunda. Todos los fideicomisos constituidos por los órganos y entes públicos, con fondos públicos nacionales del sector vivienda y hábitat, con anterioridad a la creación del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, deberán ser transferidos al Fondo de Aportes del Sector Público, en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Décima Tercera. Los beneficiarios de los créditos otorgados con anterioridad al 09 de mayo de 2005, continuarán amparados por el Fondo de Garantía, en los términos y condiciones previstos en la normativa que les sea aplicable, hasta tanto la Ministra o el Ministro con competencia en materia de vivienda y hábitat dicte las normas de funcionamiento de dicho Fondo de Garantía.
Décima Cuarta. Los beneficiarios de los créditos otorgados con anterioridad al 09 de mayo de 2005, seguirán siendo amparados por los recursos del Fondo de Garantía previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, hasta la cancelación definitiva de éstos créditos.
Los activos del Fondo de Rescate serán transferidos a las reservas del Fondo de Garantía.
Décima Quinta. Los beneficiarios de los créditos otorgados con anterioridad al 09 de mayo de 2005, continuarán amparados por los recursos cel Fondo de Garantía Hipotecaria previstos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hasta la cancelación definitiva de éstos créditos.
Los recursos provenientes del Fondo de Garantía Hipotecaria, pasarán a incrementar las reservas técnicas del Fondo de Garantía previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
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Los activos del Fondo de Garantía serán mantenidos hasta tanto un estudio técnico efectuado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, determine su transferencia a las reservas del Fondo de Garantía.
Décima Sexta. Los regímenes especiales de vivienda del sector público preexistentes a la entrada en vigencia de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley deberán convertirse en regímenes complementarios de carácter voluntario en los cuales los ahorristas deberán cotizar también en el régimen obligatorio para acceder al crédito respectivo.
Décima Séptima. La cartera de créditos, en todos los niveles, otorgada con dinero provenientes de aportes fiscales o parafiscales o ahorros de trabajadores, bajo la tutela del Estado, como el Fondo de Ahorro Habitacional y el Fondo Mutual Habitacional, correspondientes a la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.066, de fecha 30 de octubre de 2000 y las anteriores referidas a esta materia, así como los rendimientos producto de colocaciones, inversiones, remanentes de capital o cualquier otro manejo financiero de estos dinero, que no hayan sido transferidos para la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, pasarán a ser administrados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, quien establecerá las pautas a tal efecto.
En el caso de que los créditos hipotecarios hayan sido otorgados con recursos propios de las instituciones financieras, calificados como recursos de otras fuentes y que así pueda ser demostrado, por aquellas entidades financieras de conformidad con la ley, se aplicará lo establecido en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
Décima Octava. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Infraestructura transferirá al El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda y Hábitat, todos los planes de ordenamiento urbanístico y equipamientos urbano, elaborados o en proceso de elaboración. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda y Hábitat, asumirá la supervisión de los proyectos en elaboración, hasta tanto los mismos sean culminados.
Décima Novena. Los recursos financieros resultantes del proceso de supresión y liquidación de la Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS), originalmente transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, deberán ser transferidos al Fondo de Aporte del Sector Público.
Los recursos no financieros resultantes del proceso de supresión y.
liquidación de la Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS), originalmente transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y que este no hubiere incorporado a su patrimonio, serán transferidos a ia República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, el cual podrá decidir sobre el destino de los mismos.
Disposición derogatoria
Única. Se deroga el Decreto Nº 5.750 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.867 extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2007, así como cualquier otra normativa que colidan con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Disposición final
Única. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
FRIAS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular dei Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
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Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refréndado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.)' ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra dei Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.).
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR AGRARIO
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno Bolivariano dedicado a la reconstrucción y bienestar del sector agrícola, ha brindando el impulso necesario para que los productores y productoras, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras de nuestra Nación, encuentren el financiamiento necesario tanto en la banca pública y privada, a los fines de procurar la seguridad y soberanía alimentaria.
La suprema felicidad social, tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, con un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno, donde lo relevante es el desarrollo progresivo de la propiedad social sobre los medios de producción, la implementación de sistemas de intercambios justos, equitativos y solidarios contrarios al capitalismo, avanzar hacia la superación de las diferencias y de la discriminación.
El actual marco jurídico está conformado por un conjunto de Leyes cuyos contenidos a través de sus diversas disposiciones regulan el financiamiento del sector agrario, vale decir, condiciones, oportunidades, requisitos y demás elementos relacionados con la prestación de los servicios financieros y las actividades conexas que intervienen en toda la cadena productiva. En tal sentido, el Gobierno Bolivariano considera necesario atender integralmente a los productores y productoras del sector agrario, que permanecen afectados por las contingencias naturales acaecidas desde el año 2007, hasta la vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que los afecta al enfrentar eventualidades ajenas a su voluntad que ha traído como consecuencia la pérdida de la capacidad de pago de los recursos otorgados por parte de la banca pública o privada, lo cual coadyuvará a garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, para orientar la vocación de justicia social, así como su incorporación al desarrollo nacional, fomentando la actividad agraria, mediante normas que regularán la reestructuración y condonación total o parcial de financiamientos concedidos para la producción de rubros estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria.
Es un hecho público y notorio la cantidad de productores y productoras que se han visto perturbados por las lluvias que afectaron todo el territorio nacional, especialmente a los estados Zulia, Falcón y Miranda, en el último trimestre del año 2010 y primer trimestre del año 2011. Varios estados han sufrido inundaciones y por ende pérdidas causadas principalmente en los sub-sectores pecuario y vegetal, lo que podría traer consecuencias irreversibles para el sector de forma inmediata, lo cual atenta con la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Si bien es cierto que el Gobierno Bolivariano ha implementado Planes de Emergencia, con los cuales prevén la recuperación de los cultivos que se han visto afectados, no es menos cierto que nuestros productores y productoras, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras necesitan apoyo frente a los créditos
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solicitados para el sector agrario, cumpliendo con las obligaciones contraídas con instituciones bancarias mediante la reestructuración y condonación de deudas, como instrumentos de carácter temporal de alivio de la situación financiera.
El Gobierno Bolivariano, debe compensar los efectos negativos que puedan ocurrir sobre cualquier actividad que requiera protección, como lo es la actividad agraria.
Ahora bien, el Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en los estados Falcón, Miranda y Vargas, a través del Decreto No 7.859, de fecha 30 de noviembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.563, de la misma fecha, e igualmente el Decreto N° 7.896, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.567 de fecha 6 de diciembre de 2010, para los estados Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva Esparta, con subsecuentes prorrogas de noventa días (90), no es menos cierto que está nueva Ley de Atención al Sector Agrario, tiende a la protección de los pequeños y medianos campesinos a lo largo de toda la extensión del territorio Nacional que estén en circunstancias de vulnerabilidad por los efectos climatoiógicos.
Expuesto esto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrario, busca darle continuidad en el tiempo a los beneficios de reestructuración y condonación de dudas por las causas de contingencias en las emergencias que se puedan sus citar, para consolidar el sector agrario e impulsar el desarrollo sostenible de la producción nacional, cumpliendo el objetivo estratégico de la soberanía y seguridad agroalimentaria de la Nación.
En ese sentido, se incorporan los principios básicos que deben regir el sector agrario nacional, centrados en la práctica y aplicación de la justicia social, solidaridad, corresponsabilidad, complementariedad, cooperación, transparencia, eficiencia, eficacia, y la protección al ambiente, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna para la colectividad, dado que además del acceso oportuno al financiamiento, se asegura que las personas que reciban financiamiento reciban el apoyo y acompañamiento integral necesario, para mejorar las condiciones de la producción y del entorno.
Toda vez que, este beneficio otorgado a favor de la producción agrícola y el desarrollo rural integral, redunda en una mejora en la calidad de vida del pueblo venezolano, al ampliar el acceso a alimentos en cantidad suficiente y de alta calidad a precios justos. A los fines, de velar por los principios consagrados en nuestra carta magna, en especial protección a lo consagrado en los artículos siguientes:
Artículo 305. "..La producción de alimentos es. de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola." Artículo 306. "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional.
Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica."
Artículo 308. "El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno."
Sin duda alguna, esta herramienta legal presentada por nuestro Gobierno Bolivariano, responde a las políticas agrarias nacionales, siendo de urgente aplicación para así lograr la reactivación de numerosas unidades productivas y apoyar a los pequeños y medianos productores y productoras de nuestra Nación.
Decreto N° 9.049 15 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 5 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.009 Extraordinario, de fecha 17 de diciembre de 2010, en Consejo de Ministros, DICTA el siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR AGRARIO
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las normas que regularán los beneficios, facilidades de pago, reestructuración o condonación total o parcial de financiamientos agrícolas, a ser concedidos a los deudores y deudoras de créditos otorgados para la producción de rubros estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria, los cuales han sido afectados por los factores climáticos adversos sucedidos desde el año 2007, a fin de contribuir a la recuperación, ampliación y diversificación de la producción agrícola, pecuaria y pesquera nacional, e impulsar el desarrollo endógeno del país.
Ámbito de Aplicación Artículo 2°. Serán beneficiarios y beneficiarias, a los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales y jurídicas que hubieren recibido créditos agrarios para el financiamiento de la siembra, adquisición de insumos, maquinarias, equipos, semovientes, construcción y mejoramiento de infraestructura, reactivación de centros de acopio y capital de trabajo, con ocasión de la producción de los siguientes rubros estratégicos:
Cereales: arroz, maíz y sorgo.
a.
Frutales tropicales: cambur, plátano, cítricos y melón b.
Hortalizas: tomate, cebolla y pimentón.
C.
Raíces y tubérculos: yuca, papa y batata.
d.
Granos y leguminosas: caraotas, fríjol y quinchoncho.
e.
Textiles y oleaginosas: palma aceitera, soya, girasol y f.
algodón.
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Cultivos tropicales: café, cacao y caña de azúcar.
g.
h.
Pecuario: ganadería doble. propósito (bovino y bufalino), ganado porcino, ovino y caprino, pollos de engorde, huevos de consumo, conejos, miel y huevos de codorniz.
Pesca y Acuicultura.
i.
produzcan bienes o servicios con aprovechamiento sobre la propiedad de un tercero, podrán de acuerdo a lo previsto en este artículo optar a la reestructuración o condonación de deuda agraria dispuestas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, siempre que cuenten con la autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI) a que se refiere la Disposición Final Décima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Beneficios y Facilidades
Artículo 3°. Se otorgará a los beneficiarios y beneficiarias de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos, los siguientes beneficios y facilidades:
1. Por parte de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, la reestructuración o condonación de deuda de créditos otorgados al sector agrario para el financiamiento de los rubros estratégicos mencionados en el artículo 2º del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a. Vencidos a la fecha de publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
b. Que, aún encontrándose vigentes a la fecha de publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el beneficiario o beneficiaria demuestre que enfrentó contingencias o eventualidades ajenas a su voluntad, las cuales hubieren provocado la pérdida de capacidad de pago para satisfacer las deudas contraídas con la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada.
2. Se entenderá que el obligado carece de capacidad de pago cuando para la satisfacción de la deuda que mantuviere con la respectiva Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, deba efectuar la disposición o gravamen de bienes de su propiedad indispensables para el desarrollo de la actividad agrícola financiada, o bienes necesarios para su subsistencia, o la de su familia.
Parágrafo Único: Solo serán beneficiarios y beneficiarias de la condonación, los productores y productoras, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, que resultaron afectados por las contingencias naturales acaecidas en el último trimestre del año 2010 y primer trimestre del año 2011, y cuya solicitud original de crédito, no supere las 10.000 Unidades Tributaria (10.000 UT), en cada una de las instituciones financieras que posean créditos agrarios.
Definiciones Artículo 4°. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entiende por:
1. Reestructuración: Aquél procedimiento mediante el cual, el acreedor o acreedora de un crédito agrario y su correspondiente deudor, convienen en la modificación de las condiciones del crédito o préstamo originalmente pactadas, acordando nuevos términos para el pago de las obligaciones, con las cuales el deudor se coloque en condiciones más favorables, que le permitan el pago de dicha deuda, con la finalidad de que pueda reactivar su actividad productiva.
2. Condonación: La renuncia voluntaria por parte de la Banca Universal así como la Banca Comercial en proceso de transformación tanto Pública como Privada, a los derechos de crédito que poseen en contra de un deudor o deudora, liberando. a éste último, total o parcialmente de la obligación contraída, la cual procederá por la gravedad del daño que a consecuencia de las contingencias o eventualidades ajenas .a la voluntad del deudor o deudora, hubieren provocado la pérdida total de los bienes, insumos o equipos que le impidan de tal manera reactivar su capacidad productiva.
3. Desvío del Crédito: La utilización total de los fondos obtenidos .para un fin distinto al que fue otorgado, o aún habiendo utilizado parcialmente los recursos para la adquisición de los bienes y servicios descritos en la solicitud de crédito, si se adquiere menor cantidad a la declarada, o se utilicen éstos bienes o servicios en circunstancias distintas a las señaladas en la aprobación del crédito.
Reestructuración de créditos vigentes Artículo 5°. Cuando la reestructuración versare sobre créditos que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, previa evaluación de las solicitudes de reestructuración o condonación de deuda, autorizará a la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, a la tramitación de la correspondiente solicitud, estableciendo, de ser el caso, condiciones especiales de financiamiento de deuda.
Términos y condiciones de refinanciamiento Artículo 6°. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras y de planificación y finanzas, mediante Resolución Conjunta, establecerán los términos y condiciones especiales que aplicarán la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, para la reestructuración o condonación de deudas conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Tales términos y condiciones estarán relacionados con los plazos, períodos de gracia, periodicidad de pagos, procedimientos y requisitos para.
la reestructuración o condonación de deuda, garantías y pago de otros compromisos generados por los créditos agrarios.
En todo caso, el plazo máximo para el pago del crédito reestructurado no podrá ser superior a los doce (12) años, contado a partir de la fecha de otorgamiento del beneficio de reestructuración, conforme a las normas contempladas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Tasa de interés Artículo 7°. La tasa de interés aplicable a los créditos objeto de beneficios y facilidades conforme a este Decreto con Rango, Valor. y Fuerza de Ley, será la fijada por el Banco. Central de Venezuela. En el caso que sea necesario, la tasa de interés mínima aplicada a estas solicitudes será del nueve por ciento (9%), siempre que el análisis financiero realizado con la tasa regular, resulte negativo para el solicitante.
Trámite para la solicitud de reestructuración Artículo 8°. El Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, y planificación y finanzas, establecerá el procedimiento y los requisitos para la presentación y notificación de respuesta de la solicitud de reestructuración o condonación de deuda conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
En todo caso, dentro del lapso de veintiún (21) días hábiles bancarios siguientes a aquél en el cual se efectúe la solicitud, la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, deberá efectuar las evaluaciones técnicas necesarias para certificar las condiciones de la unidad productiva del solicitante, y notificar a éste su decisión conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
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La falta de notificación de la decisión. dentro del lapso fijado en el presente artículo, equivale a la aceptación de la solicitud a los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Cuando la reestructuración versare sobre créditos que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, remitirán previamente la solicitud al Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, a los fines de que éste, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles bancarios, autorice o niegue el trámite de la solicitud.
Los criterios de evaluación de las unidades productivas objeto de reestructuración o condonación de deuda, serán establecidos por el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria.
Negativa de la solicitud Artículo 9°. Si alguna Entidad de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, negare la solicitud de reestructuración o condonación de la deuda, por no cumplir con las condiciones y requisitos establecidos conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, así como cualquier otra Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, y planificación y finanzas, que se dictaren al efecto, notificará tal circunstancia con su respectiva motivación, al solicitante y al Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles bancarios siguientes a aquel en el cual se efectúe la solicitud, debiendo en la misma oportunidad remitir el correspondiente expediente con todos sus recaudos al Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria.
Decisión de Casos Negados Artículo 10. El Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, evaluará la negativa de solicitud de reestructuración o condonación de deuda efectuada por la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación,tanto Pública como Privada, a tal efecto dispondrá de treinta (c0) días hábiles bancarios, contados a partir de la fecha de recepción del expediente con todos sus recaudos para emitir la ccorrespondiente decisión y notificar de la misma al solicitante, mediante la institución bancaria, y a la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, acreedora.
Si el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria decide la procedencia de la reestructuración o condonación de deuda, la Entidad de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, acreedora, estará obligada a la reestructuración del crédito según los términos expuestos en dicha decisión.
El acto que dicte el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, conforme a lo dispuesto en el presente artículo, agota la vía administrativa.
Cobros en curso Artículo 11. El cobro judicial o. extrajudicial de los créditos agrarios objeto de reestructuración o condonación de deuda, así como los juicios en curso, con ocasión de ellos, se suspenderá a partir de la fecha de la solicitud de reestructuración o condonación de deuda, lo cual deberá acreditar el interesado o interesada ante el Tribunal que conozca de la acción respectiva.
La suspensión cesará, a partir del momento en que la negativa a la solicitud de reestructuración o condonación haya quedado definitivamente firme en sede administrativa.
En caso de aprobación de la solicitud de reestructuración o condonación de deuda, la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, deberá desistir del cobro judicial en curso, renunciando las partes a ejercer cualquier acción derivada del desistimiento de esa causa.
Sólo a los efectos de interrumpir la prescripción, la Entidad de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, podrá intentar acciones judiciales dirigidas al cobro de créditos agrarias.
Obligación de informar Artículo 12. Las Entidades de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, remitirán semanalmente a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, la información sobre las solicitudes recibidas.
Asimismo, las Entidades la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, remitirán al cierre de cada mes, al Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, la información correspondiente a los créditos negado o reestructurados. El Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, tendrá las más amplias facultades para la revisión de los expedientes de los créditos reestructurados o negado por la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada.
Apoyo y asistencia técnica por parte del Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia Artículo 13. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, podrá brindar apoyo y asistencia técnica directamente, o a través de sus entes adscritos, para procurar mejoras en las condiciones productivas de la unidad agrícola que resultare beneficiada con reestructuración o condonación de deuda conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Administración de riesgos Artículo 14. La Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (SUDEBAN), mantendrá el régimen flexible de constitución de provisiones para cobertura de riesgo de la cartera de crédito agrario que presente problemas de pago y aquellas en cóndiciones de reestructuración o condonación. Los nuevos desembolsos realizados a los productores o productoras, agrarios: con motivo del otorgamiento del beneficio de la reestructuración, se considerarán como dinero fresco, por lo cual, no estarán sujetos a nuevos requerimientos de provisión para la cobertura de riesgo, mientras el crédito no haya alcanzado el perfil de vencido.
Sanciones Artículo 15. Las Entidades de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de transformación, tanto Pública como Privada, que no cumplan con las condiciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, así como en los actos dictados en su ejecución, serán sancionadas conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
Desvío del Crédito Artículo 16. El Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, al evaluar las solicitudes, deberá verificar que no hubo desvío del crédito, en caso de que se demuestre un desvío total del crédito, las personas solicitantes no podrán obtener ninguno de los beneficios a que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y si el desvío del crédito es parcial, la reestructuración o la condonación de la deuda será sólo por la cantidad que el deudor demuestre haber utilizado para el cumplimiento del plan agrícola que le fue aprobado en su oportunidad.
Obligación de coordinación de la Banca Pública o Privada con la Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (SUDEBAN) Artículo 17. Las Entidades de la Banca Universal así como la Banca Comercial que se encuentre en proceso de
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transformación, tanto Pública como Privada, actuarán coordinadamente y bajo los lineamientos de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a los efectos del cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
DISPOSICIÓNES FINALES
Primera: Se deroga el Decreto Nº 8.684 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola de fecha 8 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la Répública Bolivariana de Venezuela N° 39.928 de fecha 23 de mayo de 2012, así como cualquier disposición que colide con este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley.
Segunda: el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrario, tendrá una vigencia de un (01) año, contado a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L..S.)
EZ FRIAS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turísmo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras .(L..) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado.
El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.)', ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Poputar para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA
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Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (LS.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
Decreto N° 9.050 15 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, - la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y el colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los numerales 1 y 3 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 34 del Decreto. con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, en Consejo de Ministros.
DICTA
el siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA LA DETERMINACION DEL JUSTIPRECIO DE BIENES INMUEBLES EN LOS CASOS DE EXPROPIACIONES DE EMERGENCIA CON FINES DE POBLAMIENTO Y HABITABILIDAD
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar el justiprecio de los inmuebles a ser adquiridos por el Estado venezolano, a los fines del poblamiento y habitabilidad, en los casos de expropiación de emergencia, previstos en la ley que regula la materia de emergencia para terrenos y vivienda.
Determinación de la base de cálculo para el justiprecio Artículo 2°. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el justiprecio del inmueble se .determinará utilizando como base de cálculo, el último valor de compra de dicho inmueble, indicado en el respectivo documento de propiedad debidamente protocolizado.
En el supuesto que el documento protocolizado de compraventa del inmueble, tenga data inferior a un (1) año para el momento del inicio del procedimiento de expropiación de emergencia, se considerará como base de cálculo, la penúltima transacción registrada.
En caso que el documento de propiedad no exprese el valor del inmueble, por tratarse de donación, herencia, cesión de derechos, sentencia judicial, u otra causa, se tomará como valor referencial y fecha para el cálculo del justiprecio, lo expresado en el último documento.
Determinación del justiprecio del inmueble Artículo 3°. Establecida la base de cálculo según el artículo 2°, se actualizará el valor con base en:
La variación del índice nacional de precios al consumidor (e (INPC), de acuerdo con lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
b) La tasa de interés pasiva nominal de los depósitos a plazo superiores a noventa (90) días capitalizable mensual, de acuerdo con lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
La tasa de interés activa nominal promedio ponderada, de (5 acuerdo con lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El promedio aritmético simple de los valores obtenidos en los literales a), b) y c), será el justiprecio del inmueble.
En ningún caso, podrán considerarse para el cálculo del justiprecio del inmueble, cualquier influencia o impacto entorno inmediato, ni las expectativas de rentabilidad derivadas de los usos establecidos por la ordenación territorial o urbanística.
En el procedimiento para determinar el justiprecio establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se asegurará al propietario del inmueble objeto de adquisición por parte del Estado, el pago en términos justos de las cantidades de dinero invertidos en dicho inmueble.
Para determinar el justiprecio del inmueble, no se podrá considerar el precio de mercado o el valor de mercado.
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Notificación del Justiprecio Artículo 4º. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la notificación de la fijación del justiprecio a los propietarios o sus representantes legales, corresponderá al órgano o ente ocupante del inmueble considerado.
Accesibilidad a la información Artículo 5°. Para el cumplimiento de los fines previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los servidores públicos y los particulares están obligados a colaborar con la autoridad administrativa ejecutante de la medida de ocupación de urgencia o de ocupación temporal, y a tal efecto, deben atender sus convocatorias y requerimientos de cualquier información, documento u otro instrumento necesario relacionado con el inmueble.
Disposición Transitoria
Única. En los casos donde se haya dado inicio el procedimiento para el cálculo del valor del inmueble o justiprecio, de acuerdo con la normativa jurídica vigente, deberán culminarse conforme a lo allí establecido.
Disposición Final
Única. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.)
FRIAS EZ
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILAÑO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SÁDER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transportè Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
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Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para .el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.).
NANCY PEREZ SIERRA
Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 15 de junio de 2012 Decreto N° 9.051 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el numeral 2, literal b del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros, DICTA El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE ACCESO E INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS ENTRE LOS ORGANOS Y ENTES DEL ESTADO
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el fin de garantizar la implementación de un estándar de interoperabilidad.
Ámbito de Aplicación Artículo2°. Están sometidos a la aplicación de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley:
Los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y 1.
Municipal.
Los institutos públicos nacionales, estadales, distritales y 2.
municipales.
3.
El Banco Central de Venezuela.
Las Universidades públicas nacionales autónomas y 4.
experimentales, así como cualquier otra institución del sector universitario de naturaleza pública.
Las demás personas de derecho público nacionales, 5.
estadales, distritales y municipales.
6.
Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan por ciento (50%), las que se constituyan con la participación de aquéllas, o que a través de otro mecanismo jurídico, tenga el control de sus decisiones.
Las fundaciones y asociaciones civiles y demás-instituciones 7.
creadas con fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio, por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores, representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
8.
Los demás entes de carácter público.
Fines Artículo3°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene los siguientes fines:
Establecer un estándar de interoperabilidad entre los 1.
órganos y entes del -Estado.
Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo y 2.
adopción de planes y proyectos que garanticen el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado.
Promover el desarrollo de sistemas de información 3.
interoperables adecuados para los procesos del Estado y la 'satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
Promover el desarrollo de una Plataforma Nacional de 4.
Servicios de Información Interoperables que provea un
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acceso uniforme de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado.
5.
Promover el desarrollo de un modelo nacional para el intercambio, publicación e interpretación de los datos, información y documentos, que apoye el establecimiento de políticas, lineamientos y estrategias públicas.
6. Garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad en los sistemas de información utilizados por los órganos y entes del Estado.
Coadyuvar en la gobernabilidad del Estado con el 7.
fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos enmarcados en los objetivos estratégicos de la nación.
Contribuir con la mejora del funcionamiento interno de los 8.
órganos y entes del Estado, impulsando una mayor eficiencia y eficacia en las actividades que soportan los servicios que éstos prestan.
Coadyuvar en la ordenación, coordinación, cooperación, 9.
armonización y racionalización de la acción pública de los órganos y entes del Estado.
10. Coadyuvar en la simplificación de los trámites que realizan los ciudadanos ante los órganos y entes del Estado.
Definiciones Artículo4°. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se entiende por:
1. Dato: Hecho, concepto, instrucción o caracteres, que se expresa por sí mismo, representado de una manera apropiada para que sea comunicado, transmitido o .procesado por seres humanos o por medios automáticos, y al cual se le asigna o se les.puede asignar un significado.
2. Dato complementario: Dato adicional requerido por un órgano o ente para complementar un proceso o trámite que conforme a la ley tiene atribuido.
3.
Dato de autoría: Dato emanado de un órgano o ente del Estado, en su condición de autoridad competente para emitirlo o registrarlo, que resulta del cumplimiento de los procesos. administrativos que realiza con ocasión al ejercicio de sus atribuciones o como resultado de la tramitación de las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan las personas ante ellos.
Documento: Documento digitalizado que contiene un 4.
dato o información acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.
Estándares Abiertos:Especificacionestécnicas, 5.
publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en software libre.
6.
Información: Significado que el ser humano le asigna al dato o al conjunto organizado de datos procesados, utilizando las convenciones conocidas y generalmente aceptadas.
7.
Interoperabilidad: Capacidad de los órganos y entes del Estado de intercambiar por medios electrónicos datos, información y documentos de acceso público.
Plataforma Nacional de Servicios de Información 8.
Interoperables: Conjunto de componentes tecnológicos, sistemas y servicios, que permite a los órganos y entes del Estado, intercambiar datos, información y documentos haciendo uso dei estándar de interoperabilidad.
Registro Nacional de Servicios de información 9.
interoperables: Conjunto de servicios de información interoperables organizados y accesibles para los órganos y entes del Estado.
10. Seguridad de la Información: Condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medidas de protección, que garanticen un estado de inviolabilidad de influencias o de actos hostiles específicos que puedan propiciar el acceso a la data de personas no autorizadas, o que afecten la operatividad de las funciones de un sistema de computación, bajo los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
11. Servicio de información interoperable: Servicio que reúne, procesa, reusa y dispone datos, información y documentos, en función de la demanda de los órganos y entes del Estado, en forma adecuada, confiable, oportuna y de fácil acceso.
12. Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito; modificarlo y redistribuirlo con sus modificaciones, en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas en el programa original.
Principios Artículo 5°. La interoperabilidad se fundamenta en los principios de coordinación, cooperación, responsabilidad, eficiencia, legalidad, privacidad, adecuación tecnológica, conservación, reutilización, integridad, continuidad y seguridad.
Preeminencia del Estándar de Interoperabilidad Artículo 6°. Es obligación de los órganos y entes del Estado garantizar la implementación del estándar de interoperabilidad establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de .Ley y demás normativa aplicable, y tiene carácter preferente sobre cualquier otra iniciativa desarrollada e implementada por cualesquiera de los órganos y entes del Estado.
TITULO II DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Derecho a la Participación Ciudadana Artícuio 7°. Los órganos y entes sometidos a la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tienen la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar y colaborar en la promoción y uso de los servicios de información interoperables.
Garantía de estar informados Artículo 8°. Las Oficinas de Atención al Ciudadano de los órganos y entes del Estado, deberán suministrar y ofrecer a los ciudadanos, de forma oportuna, adecuada y efectiva;
información sobre los servicios desarrollados por el Estado para.
la eficaz y eficiente prestación de sus servicios.
Derecho a presentar peticiones Artículo 9°. Los ciudadanos, en forma individual o colectiva, directamente, por medios de sus representantes o a través de la comunidad organizada; podrán presentar física electrónicamente ante las Oficinas de Atención al Ciudadano de los órganos y entes del Estado; peticiones, sugerencias, reclamos, quejas o denuncias en la prestación de servicios públicos o por la irregularidad de la actuación de los servidores públicos en los términos de ésta y otras leyes aplicables.
IFormulación de Propuestas Artículo1o. Los ciudadanos tienen el derecho de formular propuestas para el desarrollo de servicios de información interoperables, y para el mejoramiento de las normas que regulan el intercambio de datos, información y documentos, mediante los sistemas de información interoperables previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normativa aplicable.
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Registro Artículo 11. Las Oficinas de Atención al Ciudadano, de los órganos y entes del Estado, deberán llevar un registro denuncias que presenten los ciudadanos en los términos señalados en el artículo anterior, conforme a la normativa técnica que al efecto se dicte.
Tramitación de Peticiones Artículo12. Las Oficinas de Atención al Ciudadano de los órganos y entes del Estado, tramitarán las peticiones, ciudadanos conforme a las normas que rigen la materia.
Obligación de Informar al Operador de la Interoperabilidad Artículo 13. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, las máximas autoridades de los órganos y entes del Estado, deberán remitirá operador de la interoperabilidad, información relacionada con las propuestas que presenten los ciudadanos sobre el desarrollo de servicios de información interoperables.y las normas técnicas que regulan el intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado.
TITULO III DE LA ORGANIZACION PUBLICA PARA LA INTEROPERABILIDAD Capítulo I DEL COMITE NACIONAL DE LA INTEROPERABILIDAD Comité Nacional de la Interoperabilidad Artículo 14. Se crea el Comité Nacional de la Interoperabilidad, dependiente administrativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva, encargado de establecer y coordinar la aplicación de los principios y políticas para el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los distintos órganos y entes del Estado.
Conformación Artículo 15. El Comité Nacional de la Interoperabilidad estará conformado por un representante y su respectivo suplente de:
La Vicepresidencia Ejecutiva de la República, quien lo 1.
preside.
El Consejo Federal de Gobierno.
3. · El Ministerio del Poder Popular con competencia en planificación.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en tecnologías de información.
La Procuraduría General de la República.
5.
La Asamblea Nacional.
6.
El Tribunal Supremo de Justicia.
7.
El Consejo Nacional Electoral.
8.
El Consejo Moral Republicano.
9.
10. El Banco Central de Venezuela, y;
11. El Operador de la Interoperabilidad.
Atribuciones Artículo 16. ElComité Nacional de la Interoperabilidadtendrá las siguientes atribuciones:
Ordenar, incluso de oficio, a los órganos y entes del Estado, 1.
la implementación de los sistemas de información
interoperables necesarios para la gestión de los servicios del Estado, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de. Ley y demás normativa aplicable.
Garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, 2.
normas, y procedimientos requeridos para garantizar el intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el objeto de garantizar un estándar de interoperabilidad.
3.
Resolver los conflictos que surjan en relación al acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos o al uso inadecuado de éstos por parte de los órganos y entes del Estado, de conformidad con lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normativa aplicable.
4.
Aprobar sus normas de funcionamiento.
5. Las que le señalen las leyes y demás normativas aplicables.
Funcionamiento Artículo 17. El Comité Naciona! de la Interoperabilidad, mediante las normas de funcionamiento, fijará su organización y funcionamiento, con el objeto de garantizar el cabal ejercicio de sus atribuciones.
Capítulo II DEL OPERADOR DE LA INTEROPERABILIDAD
Operador de la Interoperabilidad Artículo 18. El operador de la interoperabilidad es el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en tecnologías de información, encargado del desarrollo, operación, mantenimiento y administración de la Plataforma Nacional de Servicios de Información Interoperables, con el fin de estandarizar, formalizar, integrar, reutilizar y compartir, por medios electrónicos, entre los órganos y entes del Estado, los datos, información y documentos que éstos poseen conforme a sus atribuciones, de acuerdo al principio de unidad orgánica y demás principios aplicables a la interoperabilidad.
Atribuciones Artículo 19. Son atribuciones del operador de la interoperabilidad las siguientes:
Desarrollar y actualizar el estándar de interoperabilidad.
1.
Desarrollar, operar, administrar, mantener y actualizar la 2.
Plataforma Nacional de Servicios de Información Interoperables que integre los servicios de información interoperables de los órganos y entes del Estado.
Dictar las normas técnicas y procedimientos que garanticen 3.
el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, con el fin de establecer el estándar de interoperabilidad, de conformidad con la presente ley.
Promover la reutilización de los datos, información y 4.
documentos entre los órganos y entes del Estado.
Desarrollar, mantener, administrar y operar el Registro 5.
Nacional de Servicios de Información Interoperables.
Proponer ante el Comité Nacional de la Interoperabilidad el 6.
desarrollo de sistemas y servicios de información interoperables, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normativa aplicable.
Garantizar de manera efectiva y eficaz la entrega de datos, 7.
información y documentos entre los órganos y entes del Estado, de acuerdo al Registro Nacional de Servicios de Interoperabilidad.
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8.
Presentar ante la autoridad competente, los conflictos que surjan sobre la negativa al acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos o por el uso inadecuado de éstos en los órganos y entes del Estado, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Promover, en el componente laboral de los órganos y entes 9.
del Estado, el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en el área de interoperabilidad.
10. Garantizar la efectiva instalación, operación, prestación y mantenimiento de los servicios de información interoperables en coordinación con los órganos y entes del Estado.
11. Las demás que le asigne la ley.
TITULO IV DEL ACCESO E INTERCAMBIO ELECTROOICO DE DATOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS Capítulo I DE LA INTEROPERABILIDAD Interés Público Artículo 20. El Estado venezolano reconoce el carácter de interés público de la interoperabilidad como una herramienta que garantiza el desarrollo de servicios públicos integrados, complementarios y transparentes, así como, la simplificación de los trámites administrativos que sus órganos y entes ejecutan en atención a los requerimientos de los ciudadanos, en pro de la satisfacción de sus necesidades y mejora de las relaciones de éstos con el Estado.
Finalidad de la Interoperabilidad Artículo 21. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la interoperabilidad tiene como fin apoyar la función y gestión pública que desarrollan los órganos y entes del Estado, garantizando la cooperación y colaboración requerida para proporcionar servicios y procesos públicos integrados, complementarios y transparentes, sobre la base del principio de unidad orgánica.
Acceso e Intercambio de Datos, Información y Documentos Artículo 22. Los órganos y entes del Estado están obligados a permitir entre sí, el acceso, intercambio y reutilización, por medios electrónicos, de los datos de autoría, información y documentos de acceso público que posean, en los términos y condiciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normativa aplicable.
Solicitud de Acceso e Intercambio de Datos, Información y Documentos Artículo 23. Los órganos y entes del Estado deberán solicitar, ante el operador de la interoperabilidad, el acceso e intercambio por medios electrónicos, de los datos, información y documentos de acceso público necesarios para la ejecución de los procesos que conforme a la ley tienen atribuidos, en los términos y condiciones establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normativa aplicable.
Elementos de los Sistemas Informáticos Artículo 24. Los órganos y entes del Estado deberán incorporar en sus sistemas informáticos todos los elementos técnicos requeridos por el operador de la interoperabilidad para realizar el proceso de intercambio electrónico de datos, información y documentos.
Formación Obligatoria Artículo 25. Los órganos y entes del Estado están obligados a formar al personal designado para lograr intercambiar electrónicamente datos, información y documentos, conforme a las políticas y lineamientos que se dicten al efecto.
Normas Técnicas Artículo 26. Las normas técnicas que dicte el operador de la interoperabilidad son de obligatorio cumplimiento, y comprenden las providencias administrativas de carácter general, instructivos o circulares enviadas a los órganos y entes del Estado, con el fin de garantizar que sus sistemas y servicios sean interoperables.
Contenido de las Normas Técnicas Artículo 27. Las normas técnicas que dicte el operador de la interoperabilidad contendrán las directrices e instrucciones. de carácter técnico, procedimental, así como todas aquellas que sean necesarias para garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad entre los sistemas de información utilizados por los órganos y entes del Estado.
Normas Técnicas de Seguridad Artículo 28. Las normas técnicas en materia de seguridad de la información para el intercambio electrónico de datos, información y documentos comprenden todas aquellas directrices e instrucciones relacionadas con los elementos técnicos, humanos, materiales, organizativos y de gestión basadas en riesgos tecnológicos.
La autoridad competente en la materia de seguridad de información electrónica será la encargada de dictar las normas técnicas en la materia, en coordinación con el operador de la .
interoperabilidad.
Capítulo II DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION INTEROPERABLES Servicios de Información Interoperables Artículo 29. Los órganos y entes del Estado tienen la obligación de implementar servicios de información interoperables, a fin de permitir el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos, a cualquier órgano o ente del Estado que lo requiera como dato complementario; en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normativa aplicable.
Plataforma Nacional de Servicios de Información Interoperables Artículo 30. Todos los servicios de información interoperables implementados por los órganos y entes del Estado se soportarán sobre la plataforma tecnológica gestionada por el operador de la interoperabilidad.
A los efectos de lo establecido en el presente artículo, los órganos y entes del Estado están obligados a garantizar la disponibilidad de sus sistemas y servicios de información interoperables al operador de la interoperabilidad.
El Operador de la interoperabilidad deberá garantizar la disponibilidad de todos los servicios de información interoperabies a todos los órganos y entes del Estado, para. lo cual dispondrá de los mecanismos tecnológicos que se lo permitan.
Servicios Conocidos Artículo 31. Los servicios de información interoperables deben ser conocidos por los órganos y entes del Estado, promoviendo la racionalización, complementariedad, integración y articulación interinstitucional.
Los órganos y entes del Estado deberán inscribir los servicios de información interoperables ante el Registro Nacional de Servicios de Información, para que sean conocidos por los órganos y
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entes sometidos a la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Disponibilidad y Acceso de los Servicios Artículo 32. Los servicios de información interoperables deberán estar disponibles y de fácil acceso por los órganos y entes del Estado, tomando en cuenta las restricciones, requisitos y obligaciones relativas a las políticas de privacidad, confidencialidad, seguridad y libertad de información.
Integración de los Servicios Artículo 33. Los servicios de información interoperables deberán ser integrados con otros servicios, promoviendo la creación de nuevos servicios y el reuso de datos, información y documentos de acceso público.
Seguridad de los Servicios Artículo 34. Los servicios de información interoperables deberánser seguros,garantizando la privacidad, confidencialidad integridad de los datos, información y documentos que se intercambien entre los órganos y entes del Estado.
Estándares Abiertos y Software Libre Artículo 35. Los sistemas de información interoperables y servicios de información deberán ser desarrollados bajo estándares abiertos y software libre.
Implementación de Servicios de Información Interoperables Artícullo 36. Cuando para el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos o entes del Estado, nose encuentre implementado un servicio de información interoperable; cualquier órgano, ente o persona podrá solicitar ante el operador de la interoperabilidad, que dicho servicio sea implementado, a fin de garantizar la ejecución del proceso o trámite administrativo correspondiente.
Tramitación de la Solicitud Artículo 37. Recibida la solicitud de implementación de un seivicio de información interoperable, el operador de la interoperabilidad notificará su contenido al órgano o ente requerido, y se le instruirá para implementar dicho servicio conforme a la normativa aplicable. El operador de la interoperabilidad notificará igualmente al Comité Nacional de la Interoperabilidad del contenido de la solicitud.
Plan de Implementación Artículo 38. El órgano o ente al cual se le haya solicitado la implementación de un servicio de información interoperable no podrá negarse a ello, y deberá presentar ante el operador de la interoperabilidad un plan para su implementación.
La normativa técnica correspondiente establecerá las condiciones y términos para la tramitación e implementación de los servicios de información interoperables.
Facultad de Proponer la Implementación de Servicios de Información Interoperables Artículo 39. El operador de la interoperabilidad podrá proponer Nacional de la Interopelabilidad la ante el Comité implementación de los servicios de información interoperables que estime procedente a fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y optimizar los procesos del Estado.
A los efectos señalados en el presente artículo, el operador de la interoperabilidad presentará al Comité Nacional de la Interoperabilidad la propuesta de plan de implementación de servicios de información interoperables, a fin de garantizar el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado y la gestión de los servicios electrónicos de éstos.
Resolución de Conflictos Artícule 40. Cualquier conflicto que surja en torno a la implementación de un servicio de información interoperable será resuelto por el Comité Nacional de la Interoperabilidad.
Capítulo III DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE SERVICIOS DE INFORMACION INTEROPERABLES Objeto de la Plataforma Artículo 41. La plataforma nacional de servicios de información interoperables . concentrará y coordinará los esfuerzos necesarios para garantizar el estándar de interoperabilidad en el Estado venezolano, permitiendo la cooperación, participación, interconexión e integración de los órganos y entes del Estado sobre una plataforma común.
La plataforma nacional de servicios de información interoperables abarca toda la capacidad tecnológica necesaria para que los servicios de información interoperables puedan ser ofrecidos por el operador de la interoperabilidad a todos los órganos y entes del Estado que lo requieran, sin que esto menoscabe los recursos tecnológicos que los órganos y entes del Estado necesiten para poner a la disposición de otros órganos y entes los datos de su autoría.
Conformación Artículo 42. La plataforma nacional de servicios de información interoperables estará conformada por:
1. Una plataforma de consulta de datos, que contribuirá con la reutilización de datos de autoría, información, documentos y funcionalidades de los órganos y entes del Estado de manera eficiente.
Una plataforma de mediación de servicios de información 2.
interoperables la cual contribuirá con la mediación y la orquestación de servicios.
Un Registro Nacional de Servicios de Información 3.
interoperables, que proveerá un único punto de acceso a dichos servicios provistos por los órganos y entes del Estado, fomentando paulatinamente su conocimiento, reutilización, integración e interoperabilidad.
Capítulo IV DE LOS DATOS, INFORMACIÓN. Y DOCUMENTOS
Obligación de Compartir los Datos, Información y Documentos Artículo 43. Los órganos y entes del Estado están obligados a compartir los datos de autoría, y sólo podrán excusarse de compartir los datos, información y documentos que manejan cuando la ley expresamente así lo limite, a fin de garantizar la protección al honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de los ciudadanos y ciudadanas.
La obligación de compartir datos de autoría, información y documentos de acceso público no será exigible cuando la solicitud de éstos sea impertinente, inadecuada o excesiva en relación al ámbito y fines del proceso que se desea ejecutar.
Certificación Electrónica Artículo 44. Los órganos y entes del Estado deberán hacer uso de la certificación electrónica, a fin de garantizar la integridad y autenticidad de los datos, información y documentos que se intercambien electrónicamente, ya sea que su original se encuentre en medio impreso o electrónico; conforme a las normas técnicas de seguridad de la información que dicte la autoridad competente en la materia.
Características de los Datos, Información y Documentos Artículo 45. Los datos de autoría, información y documentos que los órganos y' entes del Estado se intercambien
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electrónicamente deberán ser exactos, ciertos, íntegro y actuales.
Los órganos y entes del Estado deberán mantener actualizados electrónicamente los datos de autoría, información y documentos que puedan ser complementarios para otros órganos y entes del Estado.
Prohibición de exigir Documentos Físicos Artículo 46. Los órganos y entes del Estado no podrán exigir para trámite alguno; la consignación en formato físico, de documentos que contengan datos de autoría o información que se intercambie electrónicamente.
Uso de los Datos, Información y Documentos Artículo 47. Los datos, información y documentos que los órganos y entes del Estado se intercambien electrónicamente, no podrán emplearse para fines distintos a los solicitados.
No se entenderá incompatible el uso de los datos, información o documentos compartidos electrónicamente, cuando éstos sean empleados para completar procesos de los órganos o entes del Estado propios de sus competencias.
Obligación de Registrar Datos, Información y Documentos Artículo 48. Los órganos y entes del Estado están en la obligación de registrar ante el operador de la interoperabilidad, los datos, información y documentos sobre los cuales tienen autoría conforme a su competencia. Asimismo, deberán registrar cuáles son los datos, información y documentos que requieren para completar los procesos o trámites administrativos que conforme a la ley tienen atribuidos.
Sustanciación Electrónica de Expedientes Administrativos
Artículo 49. Los órganos y entes del Estado podrán sustanciar sus actuaciones administrativas, total o parcialmente, por medios electrónicos. Serán aplicables a los expedientes administrativos electrónicos, todas las normas sobre procedimiento administrativo, en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio empleado.
Los funcionarios públicos están obligados a aceptar de los ciudadanos, la consignación de documentos en físico para su incorporación en un expediente electrónico. En tales casós, se procederá a la digitalización de los documentos para su incorporación al expediente electrónico, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
El expediente administrativo electrónico que resulte de la sustanciación electrónica tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente físico.
Firma Electrónica en las Actuaciones Administrativas Artículo 50. Los funcionarios públicos podrán sustituir por firmas electrónicas, el uso de las firmas autógrafa que requieran las actuaciones administrativas, cuando la sustanciación de las actuaciones administrativas se realice total o parcialmente por medios electrónicos.
Digitalización de los Archivos Públicos Artículo 51. Los órganos y entes del Estado deberán proceder a la digitalización de sus archivos. Los mensajes de datos que resulten de la digitalización deberán cumplir con la normativa aplicable a la materia, y serán firmados electrónicamente por el funcionario autorizado para realizar las citadas digitalizaciones con el fin de certificar dichas copias electrónicamente.
La digitalización de los archivos de los órganos y entes del Estado a que se refiere el presente artículo, no afectará ni modificará el documento reproducido, ni implicará un reconocimiento expreso o tácito de que su contenido es válido, sólo dará fe de que el contenido digital es copia fiel y exacta del original.
Obligación de Conformar un Repositorio Digital Artículo 52. A los fines de lo establecido en los artículos precedentes, los órganos y entes del Estado tienen la obligación de conformar un repositorio digital, en el cual se puedan recuperar los documentos electrónicos por ellos emitidos u obtenidos en los procesos de digitalización. Los documentos contenidos en los repositorios digitales deberán estar identificados por un código unívoco que permita su recuperación. La normativa técnica respectiva establecerá los términos y condiciones para ello.
Presentación de Datos, Información o Documentos Escritos Artículo 53. Cuando los datos de autoría, información o documentos emanados de los órganos y entes del Estado se encuentren contenidos en un mensaje de dato, sea porque estos han sido digitalizados o han sido tramitados en formato electrónico, y la ley exija que deben constar por escrito; tal requisito quedará satisfecho, cuando el mensaje de dato correspondiente se presente en formato impreso y contenga el código unívoco que lo identifique y permita su recuperación en el repositorio digital institucional correspondiente.
Valor de: los Documentos Impresos Artículo 54. Los funcionarios públicos están en la obligación de recibir y tramitar los documentos que se le presenten en los términos y condiciones señalados en el artículo anterior. El funcionario público validará la autenticidad e integridad del documento a que se refiere este artículo a través de la consulta que realice en el repositorio correspondiente y constate que el mismo es copia fiel y exacta del original.
Valor de los Datos, Información y Documentos Intercambiados Artículo 55. Los datos, información o documentos intercambiados por medios electrónicos entre los órganos y entes del Estado, se tendrán como válidos y surtirán todos sus efectos legales.
Solicitud de Datos, Información y Documentos Artículo56. Elórgano o ente que requiera acceder e intercambiar un dato, información o documento electrónicamente, para complementar un proceso o trámite administrativo, presentará su solicitud ante el operador de la interoperabilidad, indicando el órgano o ente a quien se lo solicita y para qué proceso o trámite lo requiere, así como cualquier otra información que estime necesaria.
El operador de la interoperabilidad notificará al órgano o ente a quien se le solicita el dato, información o documento para que permita su acceso e intercambio electrónico dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. El órgano o ente a quien se le solicita el acceso e intercambio electrónico del dato, información o documento podrá denegar su acceso. La falta de respuesta por parte del órgano o ente se entenderá como una negativa de permitir el acceso e intercambio del dato, información o documento.
Denegación a los Datos, Información y Documentos Artículo 57. La denegación de acceso a los datos, información y documentos que presente un órgano o ente del Estado, deberá estar justificada en alguna disposición legal y sólo se limitará a lo expresamente establecido en la ley.
Si el dato, información o documento delegado se encuentra en algún documento que contenga datos o información no confidencial, el órgano o ente del Estado deberá separarlo y permitir el acceso e intercambio electrónico de aquellos que no tengan carácter confidencial.
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Notificación de la Denegación Artículo 58. La denegación de acceso a los datos, información y documentos deberá ser notificada por el órgano o ente requerido ante el operador de la interoperabilidad, dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, acompañada de un informe en el cual se expongan los fundamentos que la sustente.
Una vez recibido el informe, el operador de la interoperabilidad pondrá en conocimiento del mismo al órgano o ente que haya solicitado acceder al dato, información o documento, para que este manifieste si ratifica o no su solicitud.
Decisión Artículo 59. Ratificada la solicitud de acceso e intercambio electrónico del dato, información o documento, el operador de la interoperabilidad convocará a los órganos o entes involucrados a fin de conciliar sus diferencias.
Agotada la fase conciliatoria sin llegar a un acuerdo, el operador de la interoperabilidad remitirá las actuaciones al Comité Nacional de la Interoperabilidad, para que éste, dentro de un lapso de treinta días hábiles, se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud de acceso e intercambio electrónico del dato, información o documento requerido.
El Comité Nacional de la Interoperabilidad podrá en su decisión establecer todas las medidas necesarias para el adecuado y seguro intercambio electrónico del dato, información y documento, de ser el caso.
Tramitación de oficio Artículo 60. El operador de la interoperabilidad, cuando lo estime conveniente, podrá someter a la consideración del Comité Nacional de la Interoperabilidad, la denegación del acceso a los datos, información y documentos presentada por un órgano o ente del Estado, aun en aquellos casos en los cuales el solicitante no haya ratificado su solicitud.
Conflictos por el Uso Inadecuado de los Datos Artículo 61. Los conflictos que surjan por el uso inadecuado de los datos, información o documentos intercambiados electrónicamente entre los órganos o entes del Estado serán tramitados por el procedimiento establecido precedentemente.
TITULO V REGIMEN SANCIONATORIO
Responsabilidad de los Funcionarios Públicos o Funcionarlas Públicas Artículo 62. Los funcionarios y empleados al servicio de los órganos y entes del Estado, incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas al presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, en el ejercicio de sus funciones.
Infracciones Leves Artículo 63. Independientemente de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, los funcionarios y empleados al servicio de los órganos y entes del Estado, serán sancionados de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con multa de veinticinco a cincuenta Unidades Tributarias por las siguientes infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones:
1. Suministrar al operador de la interoperabilidad o al Comité Nacional de la Interoperabilidad, información inexacta o incompleta sobre aspectos que se le haya solicitado.
Demorar injustificada en la entrega de la información 2.
requerida por el operador de la interoperabilidad o el Comité Nacional de la Interoperabilidad.
3. Alterar o modificar un servicio de información interoperable, sin la autorización previa del operador de la interoperabilidad.
Eliminar o deteriorar un servicio de información 4.
interoperable, que afecte su calidad.
5.
Interrumpir, total o parcialmente, sin causa justificada, un servicio de información interoperable.
6. Exigir la consignación, en formato físico, de documentos que contengan datos de autoría, información o documentos que se intercambie electrónicamente.
No registrar ante el operador de la interoperabilidad, los 7.
datos, información y documentos sobre los cuales tienen autoría conforme a su competencia.
Infracciones Graves Artículo 64. Independientemente de la responsabilidad a que se refiere el artículo 61, los funcionarios y empleados al servicio de los órganos y entes del Estado, serán sancionados de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con multa de cincuenta a cien Unidades Tributarias por las siguientes infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones:
1. Alterar el dato, la información o documento proporcionado por los servicios de información interoperables.
2.
Emplear para fines distintos a los solicitados, los datos, información o documentos obtenidos a través de los servicios de información interoperables.
3.
Negar y obstruir la prestación de un servicio de información interoperable.
4.
Incumplir las normas técnicas establecidas por el operador de la interoperabilidad.
5.
Negar al operador de la interoperabilidad la información requerida sobre aspectos que éste le haya solicitado.
Incumplir las normas técnicas en materia de seguridad de 6.
la información.
7. Afectar la disponibilidad e integridad de un servicio de información interoperable.
Celebrar, por sí o por intermedio de terceros, acuerdos que 8.
tengan por objeto, el intercambio electrónico de datos, información o documentos con otros órganos o entes del Estado, sin la autorización previa del operador de la interoperabilidad.
Intercambiar electrónicamente los datos, información y 9.
documentos sin hacer uso de la certificación electrónica conforme a la ley.
Inhabilitación Artículo 65. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, la Contraloría General de la República, de manera exclusiva y excluyente, podrá inhabilitar al funcionario público que se niegue, obstruya o retraso, de manera injustificada, la prestación de un servicio de información interoperable, cuando.
haya sido ordenada por la autoridad competente, conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
TITULO VI DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS Capítulo I DISPOSICIONES FINALES Operador de la Interoperabilidad Primera. El Presidente de la República, a través de Decreto, establecerá el ente que ejercerá las funciones del operador de la interoperabilidad.
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Incorporación de Capacidades o Infraestructura Segunda. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se podrán incorporar a la plataforma nacional de servicios de interoperabilidad cualquier otra capacidad o infraestructura tecnológica requerida para garantizar la optimización de los procesos y trámites que realizan los órganos y entes del Estado.
Inspección y Fiscalización Tercera. Las Unidades de Auditoría Interna de los órganos y entes del Estado serán competentes para inspeccionar y fiscalizar los sistemas de información en los órganos y entes del Estado, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás normas técnicas aplicables.
Vigencia Cuarta. El presente Decreto entrará en vigencia vencido el plazo de dos años contado a partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Capítulo II DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Acuerdo Preexistentes Primera. Los acuerdos de acceso e intercambio de datos, información o documentos por medios electrónicos que los.
órganos y entes del Estado hayan suscrito, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto con' Rango, Valor y Fuerza de Ley, seguirán surtiendo sus efectos legales hasta tanto el operador de la interoperabilidad lo determine y se haga efectivo el acceso e intercambio de datos, información y documentos por intermedio de él.
Adecuación de Sistemas Segunda. Los órganos y entes del Estado deberán adecuar sus sistemas de información de forma progresiva a las normas y procedimientos establecidos por el operador de la interoperabilidad garantizando el establecimiento de un estándar de interoperabilidad nacional.
Autoridad competente en materia de seguridad de la información Tercera. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tendrá la competencia para dictar las normas técnicas en materia de seguridad de la información, hasta que se promulgue la ley que regule la materia.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L..S.)
FRIAS VEZ
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular dei Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder. Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS-RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro def Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (..S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO
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Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (LS.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (LS.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ - Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popuiar para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Iguaidad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro de! Pc:ier Pepular Para la Energís Eiéctrica (L..S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
Decreto N° 9.052 15 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la República, basado en principios humanistas, sustentado en los principios morales y éticos bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en. ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 236 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 1, literal c del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que. se delegan, en Consejo de Ministros.
DICTA El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY QUE PROMUEVE Y REGULA LAS NUEVAS FORMAS ASOCIATIVAS CONJUNTAS ENTRE EL ESTADO, LA INICIATIVA COMUNITARIA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA NACIONAL
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Objeto Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto normalizar, nuevas formas asociativas de transición al socialismo. A tal efecto las personas naturales o jurídicas, conscientes de las relaciones productivas basadas en una distribución justa de riqueza y defensa de la soberanía económica, manifiestan su voluntad de asociarse con el estado a través de un esfuerzo conjunto para consolidar un desarrollo armónico de la economía nacional.
Nuevas Formas Asociativas Artículo 2°. El Estado conjuntamente con la iniciativa comunitaria y privada, promoverá la creación de nuevas formas asociativas, estableciendo un mínimo de 40% de participación accionaria del Estado, para generar un alto valor agregado nacional, garantizando la seguridad jurídica, de estas, la solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad, en el crecimiento económico, mediante una planificación estratégica democrática participativa.
Definiciones Artículo 3°. A los efectos de la presente ley, se definen los siguientes términos:
ALIANZAS ESTRATÉGICAS: es el aCuerdo que se desprende entre una empresa privada o comunitaria y el Estado Nacional a efectos de compartir procesos productivos, bien sea en una misma actividad o en encadenamientos asociados. En estas alianzas las empresas involucradas conservan su identidad jurídica por separado y establecen la asociación para los fines descritos.
2.
EMPRESA CONJUNTAS: es Una empresa mixta cuyo capital accionario por parte del Estado Nacional sea un mínimo de 40%. En el caso que el Estado no represente la mayoría accionaria contará con la potestad del derecho al veto en decisiones de carácter estratégico. Estas empresas conjuntas pueden o bien ser nuevas o producto de incorporación por vía accionaria.
CONGLOMERADoS: es un conjunto de empresas 3.
públicas y/o privadas que se asocian para un fin
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determinado planificando esquemas conjuntos para adquisición de materias primas, marcas colectivas, producción, distribución y comercialización. Contarán con una empresa del Estado o conjunta para agrupar los procesos de escala, tanto de importación directa, como de coordinación de actividades, de distribución, logística y comercialización.
Reconocimiento conjunto Artículo 4°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se enmarca en el reconocimiento conjunto de procesos transitorios que involucran nuevas formas de relación con el ambiente laboral, reconocimiento de las redes productivas, la economía comunal, la formación en las escuelas en las fábricas, la complementación de los injertos y los punto y círculo, con el encadenamiento productivo, para impulsar la producción nacional con el propósito de garantizar la satisfacción de la demanda interna de bienes y servicios, así como promover una nueva base de exportación.
De los Principios Artículo 5°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se enmarca en los siguientes principios:
FORMAS DE PROPIEDAD: En el marco del proceso de 1.
transición al socialismo, se impuisan nuevas formas asociativas que permitan sembrar injertos de transformación del metabolismo del capital. El Estado promoverá las formas de propiedad privada no monopólica, social, directa, indirecta o combinaciones que originen formas de propiedad mixta.
RELACION PRODUCTO- SATISFACCIÓN DE NECESIDADES:
2.
La definición de los productos priorizados no está enmarcada en la lógica del mercado. Es el criterio social lo que define las demandas, dentro del contexto estratégico de los planes de desarrollo de la nación, siendo prioritarias las necesidades más esenciales: alimentación, salud, vivienda, vestido, educación, ciencia y tecnología, cultura.
SUSTITUCIONDE IMPORTACIONES / IMPULSO DE 3.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: Consolidar nuestra soberanía productiva, al impulsar la sustitución de importaciones y promover las exportaciones no tradicionales, con el objeto de fortalecer la producción de bienes y servicios cuya importación ha requerido la utilización de una enorme cantidad de divisas, debilitando nuestra economía.
CULTURA DEL TRABAJO: Atender el cambio del modelo 4.
rentístico capitalista, mediante el fomento de la cultura del trabajo comoestrategia central para la transición y construcción del socialismo.
REDES COMERCIALES: Los proyectos financiados deben 5.
estar al servicio de la creación de un nuevo tipo de comercio, un comercio social, justo, eliminando la intermediación y la especulación.
CARACTER ECOLOGICO DE LAS UNIDADES DE 6.
PRODucCION:Estimular la inserción del aspecto ecológico, en función de tender a la creación de unidades de producción con bajo consumo energético, bajas emisiones contaminantes al ambiente, adecuado manejo de desechos sólidos, en consonancia con el entorno sociocultural.
INNOVACION: Promover la innovación en procesos 7.
productivos, cuyos resultados tengan impacto a corto plazo en la eficiencia y/o reducción de costos de producción.
RELACIONES DE PRODUCCION: En el marCO de la 8.
transición del socialismo, estas formas asociativas debenapuntar hacianuevas relaciones de producción, que contemplen la participación real de los trabajadores en los procesos de dirección de las fábricas a través de los consejos de trabajadores, el punto y círculo y relación con los comunidades o comunas del entorno, articulando dinámicas económicas.
Sujetos de aplicación Artículo 6°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, regula en todo el territorio nacional la conformación, el reconocimiento, funcionamiento y la gestión diaria de las nuevas formas asociativas con el Estado, en ese sentido, se dirige a:
ALIANZAS ESTRATÉGICAS a.
EMPRESAS CONJUNTAS b.
CONGLOMERADOS C.
Prerrogativas de las nuevas formas Asociativas Artículo 7°. Las formas asociativas objeto del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contarán con políticas, programas y planes específicos para promover:
Acceso a la redes de distribución y comercialización del 1.
Estado.
Asistencia técnica permanente.
2.
Acceso a los planes de compras directas del Estado.
3.
Acceso a Infraestructura, maquinarias y equipos que se 4.
encuentran a disposición del Estado.
Potenciar el escalamiento Productivo.
5.
Acceso a la Formación y Capacitación.
6.
7. Acceso a la Tecnología.
Organización de las Alianzas Estratégicas Artículo 8°. En las alianzas estratégicas suscritas entre privados, comunitarias y el Estado, se procederá a designar directivos de la alianza, planificar los procesos conjuntos, hacer avalúo de la empresa, participar en la comercialización de los productos y generación de dividendos, revisar los procesos productivos así como estructuras de costos.
Las empresas participantes mantienen su identidad por separado, estableciendo los elementos comunes a la alianza estratégica.
Estímulos Artículo 9°. Las empresas conjuntas que presentan una participación accionaria del Estado de un mínimo de 40%, podrán:
Acceder a créditos y fondos especiales de impulso 1.
productivo, así como a tasas y condiciones preferenciales en la aplicación de la ley de crédito a la manufactura.
Excluirse del cumplimiento de trámites asociados a la Ley 2.
en materia de contrataciones públicas.
Acceder a los planes de compras directas del Estado.
3.
Acceder a la simplificación de trámites administrativos, 4.
extendiéndose los alcances de que puedan ser objeto de las empresas Estales.
Posibilidad de exoneración del pago de impuestos, previa 5.
autorización del Presidente de la República.
Posibilidad de acceder a fondos especiales previa 6.
autorización del presidente de la República
Visión de los Conglomerados Artículo 10. Los conglomerados están orientados a la participación e integración de unidades socioproductivas de un sector productivo y ramos conexos, que buscan como fin asegurar la demanda conjunta de bienes y servicios para la producción, fomentando la colaboración y ayuda mutua así como el intercambio de saberes, garantizando de forma efectiva el abastecimiento de productos de alto consumo y sensibilidad
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social. En el caso de los conglomerados pueden ser unidades distantes especialmente pero interconectadas en red.
Los conglomerados contarán con una empresa Estatal o conjunta a efectos de:
1.
Acceder a las compras conjuntas, generando economía de escala.
Acceder a las redes de comercialización y distribución del 2.
Estado.
3. Acceder a los planes de compras directas del estado.
Acceso a la tecnológica Artículo 11. Las alianzas estratégicas, empresas conjuntas y los conglomerados, podrán desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica con el acompañamiento del ministerio con competencia en la materia.
Acceso a la formación Artículo 12. Estas nuevas. formas de unidades productivas deberán desarrollar espacios para la formación de los trabajadores y trabajadoras dentro del marco de la escuela en la Fábrica.
Orden Público Artículo 13. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor. y Fuerza de Ley son de orden público y se aplicarán con preferencia a cualquier otra del mismo rango.
DISPOSICION FINAL
Única. El presente Decreto entrará en vigencia partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L..S.)
EZ FRIAS
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra, del Poder Popular para el Comercio (L.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.).
EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA
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Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ.
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado- La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
Decreto N° 9.053 15 de junio de 2012
HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 9 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, y en conformidad con el artí-ulo 147 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en Consejo de Ministros.
DICTA El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ESPECIAL DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
Artículo 1°. El presente. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto crear el "Programa Fondo Nacional de Prestaciones Sociales" mediante el cual se establecen las condiciones para la recepción y administración de los depósitos correspondientes a la garantía de las prestaciones sociales de las trabajadoras y los trabajadores en las instituciones financieras del sector bancario que integran la Banca Pública.
El Prcgrama "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales" se desarrollará bajo los lineamientos que determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en planificación y finanzas, y se ejecutará a través de las instituciones financieras adscritas al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de banca pública, garantizando que las operaciones financieras que se realicen en el marco de este Programa, se hagan mediante los instrumentos o mecanismos más idóneos que aseguren liquidez, confiabilidad y el máximo retorno de los recursos para único beneficio de las trabajadoras y los trabajadores.
Artículo 2°. El Programa "Fondo. Nacional de Prestaciones Sociales" se regirá por principios de honestidad, participación, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.
Artículo 3°. Las obligaciones y compromisos del Programa "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales", así como los recursos que maneje y administre, están plenamente garantizados por la República.
Artículo 4°. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de orden público, y se aplicarán e interpretarán con preferencia a cualquier otra disposición legal en virtud de su especialidad.
Artículo 5°. La patrona o el patrono, a libre elección de la trabajadora o trabajador, conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, podrá depositar la garantía de las prestaciones sociales de éstas y de éstos en las cuentas correspondientes al Programa "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales" que, para tales fines, abrirán las instituciones financieras del sector bancario que integran la Banca Pública, a través de sus oficinas en todo el país.
Artículo 6°. Las instituciones financieras del sector bancario que integran la Banca Pública mantendrán cuentas individuales a nombre de cada trabajadora o trabajador, en las cuales se reflejen:
Los depósitos por concepto de la garantía de prestaciones a) sociales;
porlos intereses Los incrementos generados b) 0 rendimientos obtenidos;
Los egresos efectuados en dicha cuenta por la trabajadora c) o trabajador por concepto de anticipos.
Artículo zo. Lo depositado por concepto de garantía de prestaciones sociales a nombre de cada trabajadora o trabajador devengará íntegramente los intereses o rendimientos producidos, deducidos los gastos operativos en que incurra la institución bancaria respectiva del sistema financiero público por el mantenimiento de la cuenta de que se trate. Bajo ninguna circunstancia la institución bancaria pública podrá
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obtener provechos, beneficios o ganancias a su favor que signifiquen lucro, ya que los mismos serán pagados directamente a favor de la trabajadora o trabajador, conforme a la Ley.
Artículo 8°.Las trabajadoras y los trabajadores podrán efectuar retiros de las cuentas a su nombre por concepto de anticipo de hasta el setenta y cinco por ciento de lo depositado como garantía de sus prestaciones sociales, para satisfacer obligaciones derivadas de:
La construcción, adquisición, mejora o reparación de a) vivienda para ella, él y sus familias;
b) La liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre la vivienda de su propiedad;
La inversión en educación para la trabajadora, el c) trabajador y sus familias; y los gastos por atención médica y hospitalaria para la trabajadora, el trabajador y sus familias.
Artículo 9o. Con garantía de lo depositado por prestaciones sociales, las trabajadoras y los trabajadores. podrán solicitar préstamos de la institución financiera depositaria, para los fines previstos en el artículo que antecede.
Artículo 10. Las instituciones financieras del sector bancario que integran la' Banca Pública pagarán anualmente acad a trabajadora o trabajador los intereses o rendimientos producidos por las cantidades depositadas a su nombre como garantía de sus prestaciones sociales, saivo que la trabajadora o el trabajador decida capitalizarlas mediante manifestación expresa.
Artículo 11. El Ministerio del Poder Popular con competencia en planificación y finanzas, oída las opiniones del Banco Central competencia en banca pública, podrá dictar las condiciones mediante las cuales las instituciones financieras del sector bancario privado, que así lo requieran, puedan adherirse al Programa "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales".
Artículo 12. El Ministro del Poder Popular con competencia en planificación y finanzas podrá dictar, mediante resolución, las medidas necesarias para garantizar la ejecución del Programa "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales", en las condiciones más favorables para las trabajadoras, los trabajadores y sus familias.
Artículo 13°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
Dado en Caracas, a los quince días del mes de junio de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la. Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase, (L.S.) hu FRIAS EZ
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La-Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (LS.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio (LS.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado . La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Soclal (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre (L.S.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (L.S.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
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Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (LS.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (L.S.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (LS.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (LS.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.) PEDRO CALZADILLA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (LS.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (LS.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud (L.S.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (L.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE POLICÍA 202°y 153° .0028 Caracas, 15 de junio de 2.012 N° PROVIDENCIA El Viceministro del Sistema Integrado de Policia, designado según Decreto N° 7225 de fecha 05 de Febrero de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.364 de fecha 09 de Febrero de 2010, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Resolución N° 136 de fecha 03 de Mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.415 de la misma fecha, referente a las Normas sobre la Integración, Organización y Funcionamiento de los Consejos Disciplinarios del Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y demás Cuerpos de Policia estadales y municipales:
CONSIDERANDO Que mediante providencia N° 0017 de fecha 26 de marzo de 2012, publicada en Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.892 de fecha 27 de marzo de 2012, se constituyó el Consejo Disciplinario del Instituto Autónomjo de la Policia del Municipio Los Salias estado Miranda, como funcionarios de mayor jerarquia, a los ciudadanos: Fidelina Ramirez, titular de la cédula de identidad N° V-6.904.971. (titular). y la ciudadana Carmen Rosa Mavares Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° V-6.266.472. (suplente): como integrantes de la lista nacional a los ciudadanos:
Francisco José Escalona Martinez, titular de la cédula de identidad N° V-6.458.591 (titular). y el ciudadano Mary Carmen Moreno Álamo, titular de la cédula de identidad N° V-12.730.375 (suplente): y de la lista regional, a los ciudadanos: Alexandra Pérez, titular de la cédula de identidad N° V-11.198.743, (titular). y Gerardo Domingo González Rojas, titular de la cédula de identidad N° V-11.036.931 (suplente).
CONSIDERANDO Que el Consejo Disciplinario de los cuerpos de policía, estará integrado por el funcionario de mayor jerarquía, o el que le siguiere en jerarquia, de mayor antigüedad, en condición de actividad, postulado por el Director o Directora del Cuerpo de Policia correspondiente.
CONSIDERANDO Que la Comisionada Agregada Fidelina Ramírez, titular de la cédula de Identidad N° V-6.904.971, (titular), se encuentra de reposo domiciliario desde el mes de agosto de 2011. según constancia médica de fecha 28 de julio de 2011;
CONSIDERANDO Que la Supervisora Jefa Carmen Rosa Mavares Gutiérrez, titular de la cédula de del Municipio Los Salias estado miranda, según Resolución N° 004-2012 de fecha 2 de .febrero de 2012:
DECIDE
Disciplinario del Instituto Autónomo de la Policia del Municipio Los Salias estado Miranda, a las ciudadanas: Fidelina Ramirez, titular de la cédula de identidad N° V-6.904.971 y Carmen Rosa Mavares Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° V-6.266.472;
Autónomo de la Policia del Municipio Los Salias estado Miranda, como funcionario de mayor jerarquía a conformar el Consejo Disciplinario a los ciudadanos: Oficial Jefe Eduardo Antonio Oropeza Rivera, titular de la cédula de identidad N° V-12.748.707 (titular) y Joel Domínguez Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-11.817.956 (suplente). Asimismo, se ratifica la designación de los demás miembros del Consejo Disciplinario respectivo.
En consecuencia, el Consejo Disciplinario del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Los Salias estado Miranda, queda conformado de la siguiente manera:
SUPLENTES TTULARES cJ NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS Instituto Autónomo de la Policia del Municipio Los Salias 1 JOEL DOMINGUEZ RODRÍGUEZ 11.817.956 12.748.707 1
12.730.375 FRANCISCO JOSE ESCALONA MARTINEZ
6.450.591 2 MARY CARMEN MORENO ALAMO 3 GERARDO DOMINGO GONZALEZ ROJAS
11.038 931
11.198.743 ALEXANDRA PEREZ
TERCERO: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publ-cación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y publiquese, EDGAR AERTO BARRNTOS HERNÁNDEZ Viceminis dSistamantegrado de Policia
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MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Y DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 22 RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA N° _ MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS N° 202°, 153° y 13° FECHA! 5 JUN. 2012 RESOLUCIÓN CONJUNTA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 136, 152, 156, numerales 2, 7, y 33;
326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 77, numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y en cumplimiento de lo estabiecido en los artículos 1, 5 y 6 numeral 4; artículo 7 numerales 5 y 10 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012; artículo 3, numerales 1, 10, 15 y 19 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644 de la misma fecha, mediante el. cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; y lo previsto en elartículo 2 numerales 1; 25, 26, 31 y 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010; mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, para conformar el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, CONSIDERANDO Que el Estado Venezolano. debe fortalecer las políticas públicas y adoptar los medios legales, el problema multidimensional del Terrorismo y su Financiamiento y otros delitos de delincuencia organizada, asimismo debe dar cumplimiento a las directrices impartidas en los estándares internacionales emitidos en materia de Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, CONSIDERANDO Que, el delito del Terrorismo y su Financiamiento no podrá justificarse en ninguna circunstancia, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra similar,
CONSIDERANDO Que los órganos y entes pertenecientes a la Administración Pública tienen el deber de actuar inmersos en el Principio de Cooperación, con la finalidad de dictar instrumentos normativos conforme a las políticas del Ejecutivo Nacional para ejercer el control y supervisión de todo lo relacionado con el terrorismo y su financiamiento y otros delitos de delincuencia organizada, así como adoptar las nuevas tendencias, recomendaciones, estándares y mejores prácticas internacionales, en concordancia con la realidad del Sistema Financiero Venezolano, que permita mayor efectividad de los mecanismos de prevención, control y detección contra los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, CONSIDERANDO Que corresponde al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas fortalecer y actualizar a través de una constante revisión y mejoramiento sus políticas, procedimientos y controles internos, a los fines de afrontar los diversos riesgos a que puede estar sometido el Sistema Financiero Venezolano como consecuencia de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, CONSIDERANDO Que es campetencia del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, como Órgano Rector diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control para garantizar la aplicabilidad efectiva del marco jurídico sobre la materia de prevención y control de legitimación de capitales y contra el financiamiento al terrorismo, a los fines de adecuar las a los estándares nacionales e internacionales,
CONSIDERANDO Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió- en sus Resoluciones S/RES/1267 (1999) y S/RES/1373 (2001) que todos los Estados bloquearan sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las. personas y entidades asociadas con ellos,
CONSIDERANDO Que tanto la Resolución S/RES/1267 del 15 de octubre de 1999, y la Resolución S/RES/1373 del 28 de septiembre de 2001, establecen sendos regimenes de sanciones financieras para el bloqueo preventivo, sin demora, de fondos u otros bienes vinculados con el terrorismo y su financiamiento, CONSIDERANDO Que tanto la Resolución S/RES/1267 del 15 de octubre de 1999, así como la Resolución S/RES/1373 del 28 de septiembre de 2001, prevén el establecimiento de procedimientos para la designación de personas o entidades, el bloqueo preventivo de fondos u otros activos, la exclusión de personas naturales o juridicas y el desbloqueo de fondos u otros activos, RESUELYEN Artículo 1: La presente Resolución Conjunta tiene por objeto establecer y regular las normas y procedimientos administrativos, que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del fechas 15 de octubre de 1999 y 28 de septiembre de 2001, respectivamente, a fin de recursos o fondos de origen lícito o ilícito, para la comisión de actos terroristas y su financiamiento cumpliendo con las directrices Impartidas en las Recomendaciones o estándares Internacionales emitidas en materia de Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, suscritas y ratificadas por la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2: La presente Resolución Conjunta se aplicará en todo el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela y quedan obligadas a su cumplimiento las personas naturales y jurídicas que estén sujetas a su cumplimiento.
Artículo 3: S on competentes para hacer cumplir la presente Resolución Conjunta dentro del ámbito de sus atribuciones legales y en el marco de sus respectivas competencias la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y los órganos y entes de control de conformidad con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Artículo 4: La presente Resolución será de obligatorio cumplimiento para los sujetos obligados definidos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, los cuales no solo deberán cumplir las normas y aplicar las políticas, procedimientos y mecanismos interós de prevención y control de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que se establezcan en la misma, sino que además deberán demostrar que las han implementado, cuando les sea requerido por sus órganos y entes de control y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Artículo 5: Para el procedimiento establecido en la Resolución S/RES/1267del 15 de octubre de 1999, el órgano con competencia será la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), y para el procedimiento previsto en la Resolución S/RES/1373 del 28 de septiembre de 2001, será la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Artículo 6: Los órganos y entes de control de conformidad con la Ley, deberán intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, así como cooperar entre sí, adoptando las medidas necesarias a fin de prevenir, controlar y detectar los intentos de cometer actos terroristas o su financiamiento, inclusive mediante la provisión de alerta temprana utilizando las herramientas de comunicación necesarias.
Artículo 7: La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, será la responsable de distribuir la lista emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo aprobado en la Resolución S/RES/1267 del 15 de octubre de 1999, la cual contiene a las personas naturales o jurídicas designadas como terroristas o que pudieran financiar actividades terroristas; a los órganos y entes de control definidos en ia Ley Orgánica Contra la Delincuencia vez que presente actualizaciones.
Articulo. 8: La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Superintendencia Nacional de Valores, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, mediante Resolución, Providencia, Circular u otro instrumento de carácter administrativo, deberán remitir a sus Sujetos Obligados, la lista de personas naturales o jurídicas designadas, según lo dispuesto en la Resolución S/RES/1267, de fecha 15 de octubre de 1999 elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; o indicar la dirección electrónica donde podrán obtener la información de manera actualizada.
Los órganos y entes de control anteriormente indicados deberán remitir la citada información cada vez que la lista presente modificaciones.
Artículo 9: Los Sujetos Obligados supervisados por los órganos y entes de control descritos en el artículo anterior, deberán efectuar la revisión de la lista elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Resolución S/RES/1267, conforme a sus normas, políticas y procedimientos aprobados y de ser el persona indicada en tal lista, se encuentra vinculada con su institución.
Artículo 10: Si de la revisión efectuada por el Sujeto Obligado, se determina alguna coincidencia fonética,o de escritura con los nombres y apellidos, así como también con los números de identificación (cédula o pasaporte o algún otro dato de interés), de algún cliente o usuario, el Sujeto Obligado deberá proceder de manera inmediata a realizar el análisis y revisión del caso a fin de determinar si-la Información corresponde o no con algún cliente o usuario, entendiendo que el procedimiento efectuado deberá realizarse en pocas horas.
Si el análisis y revisión arroja coincidencia, éste deberá proceder inmediatamente a bloquear preventivamente los fondos de las personas indicadas en la lista y vinculadas con la institución, debiendo notificar con la misma inmediatez a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), a fin de que ésta proceda a efectuar la revisión intensiva del caso y ratifique dicha medida.
El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto obligado, de conformidad con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Artículo 11: La notificación a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) no requiere la realización de un Reporte de Actividades Sospechosas (RAS), visto que la actuación del Sujeto Obligado deberá realizarse con la inmediatez que se requiere en estos casos; sin embargo, la notificación debe indicar toda la información necesaria que le permita a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) su revisión y solventar los problemas de homonimia o igualdad, en caso de presentarse.
La información a ser remitida deberá contener como mínimo: apellidos y nombres, número de cédula de identidad o pasaporte, dirección, número de teléfono, profesión u oficio, detalle de los instrumentos mediante los cuales está vinculado con la institución, entre otros.
Artículo 12: La no realización de un Reporte de Actividades Sospechosas (RAS), no exime la responsabilidad de los Sujetos Obligados establecida en el artículo 13 de la Ley Orgánica Contra ta Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en caso de su incumplimiento se aplicará la sanción allí establecida.
Artículo 13: El bloqueo preventivo de los fondos no :e:rá responsabilidad penal, civil o administrativa contra el Sujeto Obligado, sus empieados o empleadas, para quien lo
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realiza y para los funcionarios de gobierno; siempre y cuando se actué conforme a ios procedimientos y normativa legai de acuerdo con la legislación aplicable en las medidas
Artículo 14: La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) podrá solicitar la colaboración de los órganos de investigación criminal y de inteligencia del Estado a los fines que éstos consulten la información necesaria para solventar los problemas de homonimia o igualdad.
Artículo 15: Los Sujetos Obligados y empleados o empleadas de estos no podrán informar a los clientes o usuarios, ni a terceros que los fondos han sido bloqueados preventivamente y que se ha notificado el hecho a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UniF), así como tampoco que se han examinado sus operaciones.
El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto obligado, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Artículo 16: Un vez que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) concluya con la revisión y obtenga elementos suficientes que presuman alguna relación con los sujetos indicados en la lista emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los remitirá de manera inmediata a fa Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, al Ministerio del Poder Popular con competencia en Relaciones Exteriores y al Ministerio Público.
Artículo 17: La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo con sus atribuciones recibirá por parte de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ( UNIF) y Órganos de Inteligencia del Estado· Venezolano la información necesaria para la identificación y designación de personas naturales y/o jurídicas mediante lista de las personas que cometan, o intenten cometer actos terroristas o participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas naturales y/o jurídicas que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas naturales y/o jurídicas asociadas con ellas.
Artículo 18: La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo mediante acto administrativo remitirá a los órganos y entes de control la lista indicada en el artículo anterior. Debiendo enviarla al Ministerio del Poder Popular con competencia en Relaciones Exteriores, a los fines que éste, informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La remisión de la" citada lista deberá realizarse cada vez que se produzcan modificaciones Artículo 19: Los Sujetos Obligados dispuestos en la Ley Orgánica Contra . la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, deberán proceder a efectuar un bloqueo preventivo de los fondos u otros activos de manera inmediata en ios casos en que la Oficina Naciona! Contra la Delincuendia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, designe mediante lista a las personas naturales o jurídicas que cometan, o intenten cometer actos terroristas o participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas naturales y jurídicas que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajó sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas naturales y jurídicas asociadas con ellas.
Artículo 20: La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), al recibir la notificación de los Sujetos Obligados, indicados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionada con el bloqueo preventivo de los fondos u otros activos, de conformidad con la designación efectuada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; deberá analizar en su conjunto la información y de ser el caso ratificará la medida de bloqueo preventivo al Sujeto Obligado, debiendo notificar de manera inmediata al Órgano Rector y al Ministerio Público.
Artículo 21: En caso que se determine o si surgieren elementos de convicción bien sea por un reclamo que realice el afectado, referente a que efectivamente ni él, ni su grupo cercano se encuentran involucrados en grupos o actos terroristas y su financiamiento de cualquier índole o naturaleza, el Ministerio Público podrá elevar una propuesta para su exclusión, directamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en Relaciones Exteriores, a objeto de que este canalice ante el Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas o ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo esta información, cuando ésta sea la autoridad que haya identificado y designado a personas naturales y/o jurídicas.
Artículo 22: Las excepciones al bloqueo preventivo de fondos u otros activos serán tramitadas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de acuerdo con los incluyendo el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, Impuestos, primas de seguro, gastos de agua y electricidad o exclusivamente para pagar honorarios profesionales razonables y el reemboiso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos, o tasas o cargos por servicio de mantenimiento de fondos bloqueados u otros activos financieros o recursos económicos tras la notificación por el Estado de que se trate, al Comité establecido en la Resolución S/RES/1267, del 15 de octubre de 1999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la intención de autorizar cuando corresponda el acceso a esos fondos, activos o recursos necesarios para sufragar gastos extraordinarios (siempre que el Estado haya notificado al Comité esa determinación y lo apruebe); pagos de contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a la fecha en que los fondos u otros activos hayan sido bloqueados preventivamente, intereses u otros beneficios correspondientes a esos fondos.
Artículo 23: En caso de que la República Bolivariana de Venezuela reciba una solicitud de bloqueo preventivo por parte de otro Estado, se aplicarán los procedimientos estab'ecidos en la legislación nacional.
Artículo 24: La aplicación de estos procedimientos serán supervisados por los órganos y entes de control de conformidad con sus planificaciones de visitas de inspección debidamente aprobadas en sus Planes Operativos Anuales.
Artículo 25: Cualquier duda en la interpretación de este instrumento normativo, será resuelta por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, por órgano de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento a! Terrorismo y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a través de sus órganos competentes.
Articulo 26: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Cemuníquese y Publíquese.
Por el Ejecu ivo Nacional,
JORGE GIORDANI PODER POPULAR PARA MINISTRO DEL PODER POPULA NTERIORES Y JUSTICIA DE PLANIFICACION Y FINANZA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA N° SNAT/2012 0034 15 JUN 2012 Caracas, AÑOS 202° Y 153°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de jAdministración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en uso de las facultades previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08/11/2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 Códigoi Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela:N° 37.305 de fecha 17/10/2001.
Dicta lo siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECÉ LA TASA APLICABLE PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012 Artículo Único. La tasa de interés activa promedio ponderado de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras con intereses preferenciales, fijada por el Banco Centrai de Venezuela para el mes de Mayo de 2012, es de 18,63%.
En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios causados durante el mes de Mayo de 2012, se aplicará dicha tasa incrementada en.uno punto dos (1.2) veces.
de 2012. Años 202° de. la días del mes de Dado en Caracas a los deración y 13° de la Revolución Independencia, 153
Comuniquese y
JOSÉPAVID CABELLO RONDÓN Superis endeate del Servicio Nacional Administración Aduanera y Tributaria Decreto N° 5.851 del 01-02-2008 Gaceta Oficial N° 38 863 del 01-02-2008
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SENIAT SM ON AYU Caricas, 1 5 JUN 2017
PROVIDENCIA ADMENISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2012-E 668900
En atención al escrito registrado ante la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 065173 en fecha 09/06/2811, con alcance N° 0es161 de fecha 31/08/2011, presentado por la sociedad mercantil CAPUANO TRANSPORTE Y ADUANA, C.A., Registro de Información FisCal (R.I.F.) N° 3-3e704252-4, autorizada para actuar como Agente de Aduanas Persona Jurídica bajo el N° 1.803, mediante Resolución Nº 844 de fecha 20/11/2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.398 de fecha 06/03/2002, domiciliada en la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, cuyo documento constitutivo estatutario fue inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Tomo 194-A; mediante el cual solicita Autorización para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural bajo relación de dependencia con esa empresa, del CiudadanO ALFREBO JOSE HIERRERA FREITES, CéduIa de Identidad N° 17.824.846, ∞on Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) N° V-17824846o, con carácter permanente, en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello.
Del análisis efectuado a la documentación aportadaj este Servicio observa que la mencionada ciudadana ha cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 36 dei Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma-Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, 133 y 134 de su Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en la
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Planificación y Finanzas) N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta Oficial Aduanera y Tributaria - SEnAT, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto No 5.851 de fecha 01/02/2008, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbica autoridad conforme lo establece el Artículo 7 de la Ley: del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08/11/2001, en concordancia con el Artículo 10, numerales 6 y 11 ejusdem, DECIDE ÚMECO: AUTORIZAR al CludadanO ALPREBO 3OSE MERRERA FREITES, CédUla de ° V-17824eas-, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa CAPuauno TRANsPORVE Y ABuAMIA, C.A., en las operaciones: de Importación, Exportación y.
Tránsito, ante la Cerencia de Adiana Priaciaal de Puerto Cabelle, quedando .Inscrito en el registro correspondiente bajo el Nº 399.
El referido ciudadano, queda autorizado para actuar arte la jurisdicción de la Gerencia de Aduana Principal anteriormente indicada, teniendo como domicilio fiscal la sede de dependencia en la Av. Juan José Flores, diagonal Clínica Caribe, Urb. Rancho Grapde, Puerto Cabello, Estado Carabebo; en caso de cambio de domicilio sin autorización.
En el caso de modificar esta autorización bien sea por: a) la manifestación de cambiar de relación de Dependencia para representar a otra Persona Jurídica, la misma dejará sin efecto la vinculación anterior; o, b) la conclusión de sus labores bajo relación de Dependencia para actuar en nombre propio (Firma Personal), deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el Artículo 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas que sean de legal aplicación, su Regiamento y la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993.
La presente autorización es de carácter intransferible, conforme a lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas.
La persona antes mencionada, queda obligado al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos, la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993 y demás normas aplicables, quedando sujeta a la vigilancia, control, fiscalización e inspección de la autoridad aduanera correspondiente. Asimismo deberá cancelar el equivalente a ciento veinte Unidades Tributarias (120 U.T.) por concepto del otorgamiento de la presente autorización, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley de Timbre Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.416 de fecha 22 de diciembre de 1999, previo a la publicación de la presente Providencia Administrativa.
Este Servicio podrá suspender o revocar la presente autorización en cualquier momento en que se evidenciare y comprobare que la beneficiaria ha incumplido con las obligaciones propias. de su gestión, en perjuicio de los intereses de la República o del consignatario o propietario de la mercancía, o cuando se incumplan con las aplicación de otras sanciones.
La presente Provid eeinistrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la e la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese,
TRIBUTARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALADEFENSA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 0 9 NOV 2011 201° y 152° RESOLUCIÓN N°- 020313 Por disposición del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en artículo 77 numeral 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011, RESUELVE ÚNICO: Efectuar los siguientes nombramientos:
COMANDANCIA GENERAL DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR Dirección Loaística División de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico General de Brigada VICENTE DE JESÚS MINNITI ESTRADA, C.I. NO 7.094.328, Jefe, e/r del General de Brigada NÉSTOR MANUEL HENRIQUEZ PÉREZ, C.I. N° 8.902.767.
Dirección de Adquisiciones General de Brigada ANA SUSAÑA UZTARIZ ESCALONA, C.I. Nº. 9.163.757, Jefe, e/r del General de Brigada VINICIO EUSEBIO MICOTTI LANZ, C.I. N° 7.227.862 INSPECTORIA GENERAL - General de Brigada DOMINGO ALBERTO RUÍz MARTTIN, C.I. No 7.205.791, Sub-Inspector, e/r del General de Brigada MANUEL. ANTONIO SILVA LUGO, C.I. Nº 8.728.429.
COMANDO AÉREO DE OPERACIONES Grupo Aéreo de Vuelo Instrumental No 7 - COrOnel VICTOR ADRIAN PÉREZ JAUREGUI, C.I. N°6.236.281, Comandante, e/r del Mayor JOSÉ DANIEL MACHILLANDA DÍAZ, C.I. N° 7.227.029.
Grupo Aéreo de Transporte Nº g - COrONel FRANCISCO ESTEBAN YANES RODRÍGUEZ,C.I. N° 7.101.984, Comandante, e/r del Coronel OSWALDO RAFAEL AGUILERA VALDEZ, C.I. N° 7.236.975.
Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº 10 - Teniente COrOnel SIDNEY RAMÓN LÁZARO PARTIDAS, C.I. Nº 10.701.668, Comandante, e/r dei Coronel OSWALDO ENRIQUE OROPEZA DIAZ, C.I. N° 7.239.726.
Grupo Aéreo de Caza Nº 11 - TenIente CorOnel SANTIAGO ALEJANDRO INFANTE ITRIAGO, C.I. N° 10.496.032, Comandante, e/r del Coronel VÍCTOR AUGUSTOPALACIOS GARCÍA, C.I. N° 9.904.278.
Grupo Aéreo de Caza Nº 12 - CorOnel LUÍS MIGUEL MAGALLANES ANDRADES, C.I. N° 6.965.855, Comandante, e/r del Coronel DARIO ARMANDO PEREZ REYES, C.I. Nº 8.848.253.
Grupo Aéreo de Caza N° 13 - Coronel 30SÉ RAFAEL SILVA APONTE, C.I. Nº 8.753.486, Comandante, e/r del Coronel HÉCTOR JOSÉ PÉREZ SALAZAR, C.I. Nº 7.104.355.
Grupo Aéreo de Qperaciones Especiales Nº 15 - CorOnel JQSÉ FRANCISCO AMADOR LÓPEZ, C.I. N° 8.740.759, Comandante, e/r del CorOnel DIORIS JOSÉ VILLAVICENCIO DOTTIN, C.I. No 8.236.463.
Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº 17 - CorOnel ALEJANDRO J0SÉ GUEVARA HERNÁNDEZ, C.I. N° 6.464.422, Comandante, e/r del Coronel CÉSAR ALFREDO MEJIAS CAMACARO, C.I. N° 7.261.005.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, RARLOSOSE MNA FIGUEROA General en Jefe Miniatro del Poder Popular /para la Defensa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DESPACHO DEL MINISTRO Caracas, 17 FEB 2017 201° y 1520 021593 RESOLUCIÓN N° El Ministro del Poder Popular para la Defensa, GENERAL EN JEFE HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA, designado mediante Decreto Nº 8.765 de fecha 6 de enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.839 de fecha 10 de enero de 2012, en ejercicio de las atríbuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artícuio 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la
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República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.020 de fecha 21 de marzo de la Administración Financiera de Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, RESUELVE ÚNICO: Designar a partir del 06 de enero de 2012, al Coronel vicToR ADRIAN PÉREZ JÁUREGUI, C.I. Nº 6.236.281, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, GRuPo INSTRUMENTAL DE VUELO N° 7, CódigO N° 04271.
Comuníquese y publíques .Por el Ejecutivo Naciona
DE JESÚS RANGEL SILVA General en Jefe inistro del Poder Popular para la Defensa
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para Las Comunas y Protección Social SAFONACC Orden Administrativa N° 128 de fecha 01 de Febrero de 2012 Años 202° y 153° El Presidente del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, designado mediante Decreto N° 5.954 de fecha 24 marzo de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.894 de fecha 24 de marzo de 2008, de conformidad con el numeral 7 del artículo 16 del Reglamento Orgánico del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.878 de fecha 26 de febrero de 2008 y, en ejercicio de la.atribución que le confiere el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el numeral 6 del artículo 20 ejusdem; designa al ciudadano FERNANDO ISAAC JIMENEZ LEÓN, titular de la cédula de identidad N° V-15.700.820, como Director adscrito a ia Dirección. de Acompañamiento Comunal, del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), a partir del 01 de Febrero del 2012, quedando facultado para desempeñar las atribuciones y actividades inherentes a su cargo.
Comuníquese y Publíquese, PEDRO,LUÍS MALAVER RU Presidente del-Servicio Autónomo Fonde dertos Consejos Comunales Decreto Presidencial N° 5.954. pubicado an la Gacela Oficial República Boivariana
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA
CONSIDERANDO
De conformidad con lo previsto en el articulo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dicta el siguiente:
ACUERDA Dictar el siguiente, REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALGUACILAZGO DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES PENALES Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regirán el funcionamiento del Servicio de Alguacilazgo de los Circuitos Judiciales Penales del país, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes aplicables.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento es aplicable a todos los Circuitos Judiciales Penales que integran la competencia penal ordinaria y especial en los términos previstos en el Código Orgánico- Procesal Penal, en las leyes y demás normas penales especiales.
Capítulo II De los Alguaciles
Artículo 3. Perfil del Alguacil.
Los alguaciles deberán ser venezolanos, mayores de edad, ser ciudadanos de reconocida solvencia moral, llenar los requisitos del cargo de acuerdo al perfil establecido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, tener y acreditar buena conducta, aprobar las evaluaciones establecidas para el proceso de selección de personal; no haber sido destituido de algún otro organismo o ente público y cualquier otro requisito exigido por la ley o las normas que regulen la materia.
Artículo 4. Selección del Alguacil.
Quien postule deberá asegurar la idoneidad ética y laboral de los ciudadanos que proponga pára desempeñar las funciones de alguacilazgo en los Circuitos Judiciales Penales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de este Reglamento.
Capítulo III Del servicio de Alguacilazgo Articulo 5. Funciones del Servicio de Alguacilazgo.
El Servicio de Alguacilazgo tendrá como atribuciones las siguientes:
1.- La recepción de la correspondencia, escritos y diligencias que .se presenten en el Circuito Judicial Penal ante la Unidad u Oficina correspondiente.
2.- El transporte y la distribución interna y externa de los documentos 3.- La custodia y mantenimiento del orden dentro de las salas de audiencia y los despachos jurisdiccionales.
4.- La práctica de las citaciones, notificaciones y la ejecución de las órdenes emanadas de los tribunales 5.- Recibir al imputado, libre de apremio, en la sala de audiencia o despacho jurisdiccional, en los términos previstos en este Reglamento.
6.- Realizar las labores correspondientes para la verificación en el cumplimiento de la medida cautelar sustitutiva referida a la presentación periódica del imputado en el Circuito Judicial Penal.
7.- Las previstas en leyes especiales penales y demás textos normativos.
Articulo 6: Prohibiciones para los alguaciles.
1.- Queda prohibido a los alguaciles comunicarse de cualquier forma con las partes del proceso, so pena de destitución.
2.- Desempeñar sus funciones, dentro o fuera del recinto judicial, sin portar en un lugar visible la credencial que los identifique como funcionarios del Poder Judicial.
3.- Cualquier otra que atente contra el adecuado funcionamiento y la seguridad de las instalaciones de los Palacios de Justicia.
COMPETENCIA ASIGNADA AL ALGUACILAZGO POR EL ARTÍCULO 538 DEL COPP.
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Articulo 7. Servicio de Alguacilazgo.
El Servicio de Alguacilazgo prestará apoyo en las siguientes Oficinas:
1.- La Unidad de Recepción y Distribución de documentos 2.- La Unidad de Actos de Comunicación 3.- La Unidad de Correo Interno Artículo 8. Creación de Unidades u Oficinas adicionales.
Queda prohibida la creación de nuevas unidades u oficinas al Servicio de Alguacilazgo, distintas a las establecidas en este Reglamento.
Artículo 9. Cantidad de alguaciles.
El número de los funcionarios requerido para cubrir el Servicio de Alguacilazgo en cada Circuito Judicial Penal, se determinará con base a las estadísticas judiciales, que a tal efecto analice la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Artículo 10. La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD).
La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) se encarga de recibir y distribuir, de forma automatizada o manual, según sea el caso, cualquier documento que esté dirigido al Circuito Judicial Penal.
Los tipos de documentos que se recibirán, entre otros, serán referentes a:
1.- Asuntos nuevos.
2.- Escritos, solicitudes, recursos y otras actuaciones que guarden relación con asuntos que correspondan al Circuito Judicial.
3.- Correspondencia dirigida a la sede judicial.
Los Funcionarios que desempeñen estas funciones, deberán ingresar de forma clara y precisa todos los datos requeridos en el registro, manual o automatizado, mediante el cual se haga la recepción y distribución de los documentos descritos en los numerales anteriores.
Artículo 11. La Unidad de Actos de Comunicación (UAC).
La Unidad de Actos de Comunicación (UAC) se encarga de practicar las citaciones, notificaciones, enviar oficios, expedientes, comisiones u otro tipo de comunicación a organismos externos al Poder Judicial, debiendo dejar debida constancia del resultado de sus actuaciones en el sistema automatizado o de manera manual, de ser el caso; así como en el respectivo expediente.
Artículo 12. La Unidad de Correo Interno (UCI).
La Unidad de Correo Interno (UCI) se encarga de transportar todos los documentos, expedientes y correspondencias o comunicaciones dentro de la sede judicial. Los alguaciles que conformen esta Unidad deberán realizar por lo menos dos veces al día un recorrido por cada una de las oficinas administrativas y despachos judiciales para el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas. Asimismo, retirarán y entregarán en el Archivo de la Sede los asuntos que sean solicitados o devueltos por los Jueces y Secretarios a esta Unidad.
Artículo 13. Distribución de los Alguaciles.
Corresponderá a la Presidencia del Circuito Judicial Penal fijar las guardias y realizar la rotación de los alguaciles en cada una de las Oficinas que integran el Servicio de Alguacilazgo, de manera transparente, oportuna e imparcial. Los Jueces Coordinadores de las competencias especiales, que corresponda informarán a la Presidencia del Circuito sobre sus respectivos roles de guardia del Servicio de Alguacilazgo, a los efectos de su implementación
Artículo 14. Atribuciones del Jefe del Servicio de Alguacilazgo.
El Servicio de Alguacilazgo, integrado por las Unidades previstas en el articulo 6 del presente Reglamento, será coordinado por un Jefe de Alguacilazgo, designado por la Presidencia del Circuito, quien será su superior directo. Tendrá como atribuciones las siguientes:
1.- Velar por el buen funcionamiento de las Unidades que integran el Servicio de Alguacilazgo, en atención a los principios de transparencia, oportunidad, gratuidad, imparcialidad y equidad que rigen la prestación del servicio de administración de justicia previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes que regulan la materia.
2.- Ejecutar las rotaciones y cronograma de guardias indicados por la Presidencia del Circuito Judicial Penal.
3.- Elaborar y remitir a la Presidencia del Circuito Judicial Penal propuestas dirigidas al óptimo funcionamiento del Servicio de Alguacilazgo 4.- Informar oportunamente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal sobre cualquier irregularidad o novedad relacionada con el funcionamiento de las Unidades que integran el Servicio de Alguacilazgo.
Capítulo IV Del Traslado y custodia de los Procesados Artículo 15. Traslado y custodia de imputados.
El traslado y custodia de los imputados con medida de privación judicial preventiva de libertad o medida cautelar sustitutiva, para las celebraciones de audiencias será realizado por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en cumplimiento de las atribuciones señaladas en la respectiva ley orgánica.
Igualmente, le corresponderá a la Guardia Nacional Bolivariana el apoyo necesario para la comparecencia del imputado o imputada para la práctica del reconocimiento solicitado por el Ministerio Público como parte de la actividad probatoria.
Articulo 16. Custodia del imputado en los calabozo.
Queda expresamente prohibida la presencia, permanencia y cualquier tipo de comunicación de los alguaciles, así como de cualquier persona, en los calabozo de los Circuitos Judiciales Penales. De igual manera, se prohíbe la intervención del alguacilazgo en las labores de traslado de los imputados.
Artículo 17. Seguridad de la sede judicial.
La preservación del orden externo de la sede corresponderá a los.
funcionarios de seguridad que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura designe, pudiendo.contar con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, en los casos que así lo amerite.
Capitulo.V Disposiciones Finales Artículo 18. Ejecución.
Corresponde a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a las Presidencias de los Circuitos Judiciales Penales la ejecución y debido cumplimiento del presente Reglamento.
Articulo 19. Vigencia.
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Ia República Bolivariana de Venezuela. Queda derogada cualquier normativa atinente a la materia regulada en este Reglamento que colida o contradiga sus disposiciones.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Presidenta,
MALES LAMUÑO
El Primer Vicepresidente, Segunda Vicepresidenta,
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ TMARÍAMADRIZ SOTILLO
EVELYN MARRERO ORTZ
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teuceeeek bisluas YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO Los Magistrados, Flamel.
FRANCISCO CARRASOUERO LÓP NDAJAIMES GUERRERO
M MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ ISBELIAPEREZELÁSQUEZ
LUIS EDUARDO FRÁNCESCHI GUTIÉRREZ
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ LFREDO OBERTO VÉLEZ CARLO Jum JUANRAFABL PERDOMO ALBUENA CORDERO
BLANCAROSAMÁRMOL DELEÓN EMIRO GARCIA ROSAS
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORRE
CTOR CORONADO FLORES LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
·MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ELVIGIAPORRAS DEROA
LIVARLANA RCADIO DELGADO ROSALES CARMEN ZULETADEMERCHÁN Hende NAIA GUTIERREZ ALVARADO JUANOSE MENDOZAJOVER Mn'ts OSCAR JESUS LEON UZCÁTEGUP TRINA OMAIRA ZURITA H.Mieticchuo MÓNICA G. MISTICCHIO TORTORELLA HALEROSAONTERUEDA
prsecretario ()
ONADO REQUENA CABELLO
En dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), siendo las once y v minutos de la mañana (11:20. a.m.), fue aprobado el acuerdo que ante No aparece suscrito por los Magistrados doctores Omar Alfredo Díaz, Carlos Oberto Vélez, Emiro García Rosas y Fernando Ramón Torrealba, ni por las Magistradas doctoras Yolanda Jaimes Guerre Carmen Elvigia Porras de Roa, quienes no asistieron a la sesión por Rosa Mármol de León, votó en contra del presente tario (E), En catorce (14) de junio de dos mil doce (2012), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), fue publicado el acuerdo que antecede.
Secretaria,
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 01 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 756 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar al ciudadano ABEL FRANCESCO GIL MONTOYA, titular de la Cédula de identidad N° 18.638.398, TÉCNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDo I en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, cargo vacante y, de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.
El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 04 de junio de 2012.
Regístrege, Conéamvese x Publiquese.
LUISAORTEGA DÍAZ scal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 12 de junio de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 798 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
CONSIDERANDQ:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde al Ministerio Público garantizar la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
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CONSIDERANDO:
Que constituye un objetivo del Ministerio Público, fortalecer los procesos que contribuyan al logro de una justicia efectiva, accesible y de carácter social, con el fin de alcanzar una sociedad más justa y humanitaria.
CONSIDERANDO:
Que la dirección y responsabilidad del Ministerio Público fue asignada por el constituyente al o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus abribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o. funcionarias que determine la ley.
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le corresponde al o la Fiscal General de la República organizar y distribuir las competencias del Ministerio Público entre sus fiscales.
CONSIDERANDQ: - Que el derecho a la libertad personal es de rango constitucional por encontrarse consagrado en el artículo 44 de nuestra Carta Magna, según el cual el mismo sólo podrá ser afectado mediante una orden judicial, a menos que la persona sea capturada in fraganti en la comisión de un hecho punible.
CONSIDERANDQ:
Que las referidas capturas in fraganti se han incrementado notablemente en la realidad sociopenal de Venezuela.
CONSIDERANDQ:
Que tal incremento afecta significativamente el normal desenvolvimiento de los despachos fiscales que deben atender las guardias necesarias para cumplir, dentro del lapso legal correspondiente, con la presentación ante los jueces de control de los ciudadanos aprehendidos en flagrancia.
CONSIDERANDQ:
Que tal situación dificuita a los fiscales principales para realizar . oportunamente los actos procesales propios de los procesos penales ordinarios.
CONSIDERANDO:
Que para lograr mayor eficacia en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas los Fiscales Principales, lo cual redundará en darle celeridad a las causas asignadas a cada Despacho Fiscal, se estima necesario eximirlos de la guardia y posterior presentación de las personas aprehendidas.
RESUELVE:
PRIMERO: Se crea la Sala de Flagrancia del Ministerio Público enla Circunscripción Judicial del estado Vargas, para conocer de los procedimientos flagrantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 248 y 373 del Código Orgánico Procesal SEGunDQ: La Sala de Flagrancia estará adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas.
JERcERQ: El funcionario responsabie de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial antes señalada, será el Fiscal Aupiliar Coordinador.
CUARTQ: Para la ejecución de las competencias que deba efectuar la Sala de Flagrancia de la referida Circunscripción Judicial, el o la Fiscal General de la República designará los funcionarios que se requieran para tales fines.
QuInTO: Los Fiscales Auxiliares de la Sala de Flagrancia estarán dedicados exclusivamente a intervenir en las audiencias de presentación de aprehendidos en delitos flagrantes cualquiera sea la pena, ante el Juez de Control dentro de tas 48 horas siguientes al momento en que el o los aprehendidos fueren puestos a su disposición, debiendo solicitar, según sea el . 1.- La aplicación del procedimiento ordinario o abreviado.
2.- La imposición de una medida de coerción personal o la libertad del 3.- Realizar la precalificación jurídica de los hechos explanados en las actas policiales.
4.- Ordenar aquellas diligencias que resulten urgentes, útiles, necesarias y pertinentes vinculadas con los procedimientos que hayan sido presentados, esto último con la finalidad de coadyuvar con la investigación y hacerse los criterios apropiados gon respecto a los hechos.
5.- Presentar ante el Tribunal de Control de guardia todos los procedimientos flagrantes, salvo, violencia de género, penal ordinario víctimas niños, niñas y adolescentes y responsabilidad penal del adolescente.
6.- Revisar, instruir y supervisar todas las actuaciones propias de los procedimientos flagrantes, tales como la verificación de las actas policiales, así como la instrucción de realizar las diligencias urgentes y necesarias que sean requeridas conforme a cada caso en concreto.
SEXTQ: Una vez efectuada la presentación ante el juez respectivo de la o las personas aprehendidas, deberá el Fiscal Auniiar adscrito a la Sala de debida distribución entre los distintos Despachos Fiscales.
SíPMO: Los Fiscales Auoiliares de la Sala de Flagrancia estarán adscritos a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, ante quien deberán reportar la ejecución de todas las actuaciones propias al desempeño del cargo.
ocr Avo: El rol de guardia será establecido por el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, quien deberá participar la a la Sala de Plagrancia, a la Dirección de Fiscalias Superiores, así como a las demás dependencias adscritas al Despacho de la Fiscal General de la República.
NOvEnO: La Sala de Hagrancia, podrá asimismo conocer de las aprehensiones que se produzcan como resultado de una orden judicial librada de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal.
DÉctMO: La Dirección de Fiscalías Superiores y el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas quedan encargados de la ejecución de la presente Resolución.
DÉCIMO PRIMERQ: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
LUISA ORTEGA DÍAZ Estal General de la República _> esi
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 29 de mayo de 2012 Años 202° y 153° RESOLUCIÓN N° 705 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la Repúbilica En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.
página original (tal como se publicó)

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RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR ENTERENO al ciudadano Abogado RECHARD GREGORIO DAAL COLINA, titular de la céduIa de identidad N° 17.103.278, en la FISCALÍA SEXAGESIMA SEGUNDA del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Eperto Crimínalista en la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, adscrita a la Dirección de Asesoría Técnico-Cientilica e Investigaciones.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-06-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
omuníquese y Publiquese.
LoE LOISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 12 de junio de 2012 Años 202º y 153° RESOLUCIÓN N° 796 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las abribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:
ÚNICO: Designar FISCAL AUXELIAR INTERINO a la ciUdadana Abogada OSCATLY DEL VALLE NUIÑIEZ MONTOYA, titular de la cédula de identidad Nº 15.490.181, en la FISCALÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Crcunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua y competencia en maleria de Proceso, cargo creado. La referida ciudadana se viene desempeñando como Secretaria III en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la citada Cirounscripción Judicial, con sede en Maracay.
ILa presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 15-06-2012 y hasta nuevas instrucciones de-esta-Superioridad.
Regístrese, Corpialiquese y Publiquese
E iscal General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Catracas, 13 de junio de 2012 Años 202° y 153° LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los.
numerales 1 y 3 dei artículo 25 eiusdem.
BESUELVE:
ÚNECO:DesIgIaS FISCAL AUXILIAR INTERENO ala Ciudadana Abogada DORE A ESTHIER BENAEM CRESPO, titular de la cédula de identidad N° 12.342.274, en la FISCALÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en _Cagua y competencia en materia de Proceso, cargo creado. La referida ciudadana se viene: desempeñando como Abogado Adjunto III en la Unidad de Atención a la Víctima, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 15-06-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.
Regist
SA ORTEGA DÍAZ cal Gesteral de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de junio de 2012 Años 202º y 153º RESOLUCIÓN N° 818 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República En ejércicio de la facultad conferida par el artículo: 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atríbuciones establecidas en los numerales 1 y 3 def artículo 25 eiusdem.
ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al CiUdadano Abogado JUAN ERNESTO BRECEÑO SEGNINE, titular de la cédula de identidad N° 16.464.097, en la FISCALÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de fa Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua y competencia en materia de Proceso, cargo creado. El referido. ciudadano se viene desempeñando como Abogado Adjunto II en la Dirección de Inspección y Disciplina, adscrita a la Vicefiscalia.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 15-06-2012 y hasta nuevas instrucciones de esta-Superioridad.
ISA ORTEGA DÍAZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 12 de junio de 2012.
Años 202ª y 153° RESOLUCIÓN N° 795 LUISA ORTEGA DÍAZ Fiscal General de la República.
En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
ÚNICO: Designar FISCAL. PROVIsORIO al ciudadano Abogado ALFREDO RAFAEL RESTREPO AQUINO, titular de la cédula de identidad N° 13.779.443, en la FISCALÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua y competencia en materia de Proceso, cargo creado. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con sede en Maracay.
La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 15-06-2012 y hasta nuevas instrucciones de-esta-Superioridad.
Registrese, Coramiquese y Publíquese.
LUISA ORTEGA DÍAZ al General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 94
A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial
LEY de Simpladen de d ADMINISTRATIVOS
LEY del Régimen Prastadonal deVIVIENDA y HÁBITAT
SACETA CFICIAL
SU-A CFICAL
Otros:
LEY Orgiria de ls FUERZA ARMADA NACIONAL Balhvardana LEY de selfoma pacialdala ay der SEGURO SOCIAL
CICTA CRCAL
Touo Band
LEY ORGÁNICA EdeEDUCACIÓN
Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero Ley Orgánica de Telecomunicaciones Compendio (Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrolle del Sistema Microfinanciero, Ley especial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Hidrocarburos
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Viernes 15 de junio de 2012
GACETA ÓFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA
394.297
A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN
GACETA OFICIAL DE LA REPÓBLICA BOLIVARLANA DE VENEZUELA
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXIX MES IX Número 39.945 Caracas, viernes 15 de junio de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 96 Págs. costo equivalente a 38,85 % valor Unidad Tributaria
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFIClAL tendrán una numeración especial.
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de Ios Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.
Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
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