Gaceta Oficial N° 39.921
Página 1
SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 8.978, mediante el cual se declara la prórroga, por un plazo de noventa (90) dias contados a partir del 14 de febrero de 2012, del Estado de Emergencia declarado sobre las áreas afectadas de los municipios que en él se señalan, de los estados que en él se indican.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Armando Rafael Reyes Leal, Registrador Público del Municipio Federación y Unión, estado Falcón.
Acta.
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas ONAPRE Providencia mediante la cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012 del Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social «Hijos de Venezuela», por la cantidad que en ella se menciona.
SENIAT Providencia mediante la cual se autoriza al ciudadano Rubén Dario Colmenares Rodriguez, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa Aduanera Nobremar, C.A., en las operaciones que en ella se señalan.
Providencias mediante las cuales se revoca las autorizaciones a las firmas personales que en ellas se mencionan, para actuar como Agentes de Aduanas en las operaciones que en ellas se indican.
Ministerio del Poder Popular para el Turismo Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Juan Carlos Trevijano Velásquez, como Superintendente (E) Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP).
INATUR Providencia mediante la cual se designan como Miembros de la Comisión de Contrataciones de este Instituto, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Freddy José Vivas Marcano, Gerente de Recaudación y Fiscalización de este Instituto.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se designa a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Fundación «Dr. Alejandro Próspero Réverénd», la cual estará integrada por la ciudadana y los ciudadanos que en ella se mencionan.
Resoluciones mediante las cuales se designan como Miembros de las Comisiones Organizadoras de los Procedimientos que en ellas se indican, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan.
Auto Decisorio mediante el cual se declara Responsabilidad Administrativa a la ciudadana Brizeida Margarita Zalazar Mays, quien se desempeñó como Coordinadora de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario Barlovento, ente adscrito a este Ministerio.
CNU Resolución mediante la cual se convoca a los integrantes del Cuerpo para una Sesión Extraordinaria el día que en ella se indica, en la dirección que en ella se señala.
Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Edna Eloísa Rojas Caldera, como Directora Regional Encargada de Epidemiología, adscrita a la Dirección Estadal de Salud de Distrito Capital.
Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Providencia mediante la cual se recompone la Comisión de Contrataciones de este Instituto, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.
Número39.921 Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.
Aviso Oficial mediante el cual se declara la Extinción de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano de la Circunscripción Acuática de Maracaibo, y su consecuente desincorporación, así como la Extinción de la matrícula, debido al cambio de propietario y de Circunscripción Acuática del Buque que en ella se señala.
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jean Pierre Nairouz Mora, como Director y Presidente de la sociedad mercantil TRANSBAR, C.A.
Minísterio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat INAVI Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Anderson Adonay Tablante Fernández, en su condición de Gerente Legal de este Instituto, las atribuciones que en ella se mencionan.
Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción Providencia mediante la cual se aprueba la designación de los nuevos Miembros que integrarán la Comisión de Contrataciones de la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, S.A., en Asamblea General extraordinaria celebrada en fecha 14 de marzo de 2012.
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación Resolución mediante la cual se designa como Miembros de la Junta Directiva de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECYT, S.A., ente adscrito a este Ministerio, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan.
Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Permanente de esta Fundación, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan.
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Manuel del Valle Marcano, en su condición de Profesional 1 - Especialista de Información Il de este Instituto, las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se señalan.
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Julián Manuel Eljury M., como Director General de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización de este Ministerio, y se le delega la firma de los actos y documentos que en ella se indican.
Procuraduría General de la República Resolución mediante la cual se confiere el «Botón al Mérito» en reconocimiento a los años de servicio que en ella se indican, prestados a la Procuraduria General de la República, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan.
Tribunal Supremo de Justicia «Sentencia que, con carácter vinculante, interpreta conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los efectos de establecer cuándo debe entenderse que ha finalizado la prestación de servicios, en los casos en los cuales el patrono no acata la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo».
«Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Indole Similar del Municipio Baruta del estado Miranda, publicada en Gaceta Oficial de dicho Municipio N° 319-12/2005, Extraordinario, del 6 de diciembre de 2005. Finalmente, se fijó el inicio de los efectos del fallo de esta Sala a partir del 21 de septiembre de 2006».
página original (tal como se publicó)

Página 2
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14 de mayo de 2012 Decreto N° 8.978 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo con equidad y justicia social de la patria; por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 2° del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres,
CONSIDERANDO
Que desde el año 2010, y hasta la fecha, nuestro país ha venido sufriendo fuertes y recurrentes lluvias que hicieron necesaria la declaratoria de emergencia en los estados Aragua y Carabobo, mediante Decreto N° 8.589, de fecha 15 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.800 de la misma fecha, estando por vencer y, subsistiendo las condiciones que determinaron su declaratoria, es imprescindible prorrogarlo con el fin de continuar las acciones destinadas a la reducción de los riesgos existentes, y a la rehabilitación de las zonas afectadas,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional ha venido desempeñando las actividades necesarias para restablecer el buen vivir de las venezolanas y venezolanos en los estados afectados por las lluvias, mitigando las condiciones de riesgo y atendiendo de manera eficiente a los damnificados,
CONSIDERANDO
Que debido a la gravedad de los daños ocasionados por las lluvias que se registraron, aún existen zonas donde se mantienen los índices de riesgo, quedando expuestas ala pérdida de viviendas por ser zonas que permanecen en emergencia social, económica y ecológica, lo que hace indispensable mantener las acciones desarrolladas para atender la emergencia,
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional, responsablemente, debe tomar todas las previsiones a su alcance a los fines de evitar que se sucedan nuevos inconvenientes por efectos de las lluvias, al tiempo de dar continuidad a la atención de las circunstancias provocadas por las precipitaciones hasta el momento, impidiendo así nuevas situaciones de alto riesgo,
CONSIDERANDO
Que en la actualidad existe un conjunto de circunstancias de orden natural que afectan seriamente a la población en virtud de las constantes y fuertes precipitaciones acaecidas de manera repentina, como consecuencia de un incremento progresivo de la cota del lago de Tacarigua en los estados Aragua y Carabobo, siendo afectadas algunas vías de comunicación debido a las anegaciones,
DECRETA
Artículo 1°. Se declara la prórroga, por un plazo de noventa (90) días contado a partir del 14 de febrero de 2012, del Estado de Emergencia declarado sobre las áreas afectadas de los municipios Girardot, Zamora, Libertador, Francisco Linares Alcántara y Sucre del Estado Aragua, y Diego Ibarra, San Joaquín, Guacara, Los Guayos y Carlos Arvelo del estado Carabobo, mediante Decreto N° 8.589, de fecha 15 de noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.800 de la misma fecha, como consecuencia del incremento progresivo de la cota del Lago Tacarigua, producto de las fuertes y recurrentes lluvias acaecidas en el país.
El plazo indicado en el encabezamiento del presente artículo podrá ser prorrogado por igual período, mediante Decreto.
Se insta a las autoridades nacionales a las cuales compete la ejecución del mencionado Decreto de Estado de Emergencia al reimpulso de las actividades inherentes a su implementación, de conformidad con el contenido de dicho acto.
Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de mayo de dos mil doce. Año 202° de la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese, (L.S.)
HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendo El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO
página original (tal como se publicó)

Página 3
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 201°, 152° Y 130 085 1 4 MAYO 2012 N^$ Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto Nº 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo previsto en los artículos 12 y 15 de la Ley de Registro Público y del Notariado, DESIGNA al Ciudadano (a) ARMANDO-RAFAEL REYES LEAL, titular de la cédula de identidad N° AV-12.182.269, REGISTRADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO FEDERACIÓN YUNIÓN, ESTADO FALCÓN.
Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional, TARECK EL AISSAMI MINISTRO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 221 NOTARÍAS.
202° y 153° REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 10 de Mayo del Año 2012 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fijese y publiquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archivese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado VENUS VECCHIONACCE HERNANDEZ IPSA N.: 123521, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número:
11. TOMO -128-A SDO. Derechos pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No.
Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: VENUS VECCHIONACCE HERNANDEZ.
C.l: V-14.363.292.
Abogado Revisor: BEATRIZ ELIZABETH ROSALES VENTURA
Registrador Mercantil Segundo Encargado FDO. Abogado JOSE GREGORIO QUINTERO REBOSO ESTA PÁGINA PERTENECE A:
CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A., iCORPOSERVICA), S.A Wúmero de expediente: 221-25716 CONST
ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA DE LA EMPRESA DEL ESTADO "CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.
(CORPOSERVICA)" .Quien suscribe, Tareck El Aissami, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.354.211, actuando en mi ;carácter de Ministro del Poder Panular para Relaciones Interiores y Justicia, según se evidencia del Decreto N° 898, de fecha 9 de septiembre de 2.008, publicado en esa misma fecha en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012, por medio de este documento declaro: Que procedo a constituir una empresa del Estado, bajo la forma de sociedad anónima denominada: "CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A., (CORPOSERVICA)". De conformidad à lo establecido en el Decreto N° 8.900 de fecha 3 de abril del 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.897 de esa misma autorizó la creación de la referida empresa, la misma se regirá por la presente Acta Constitutiva, que ha sido redactada con suficiente amplitud para que simultáneamente sirva de Estatutos Sociales de la misma, de acuerde a las siguientes cláusulas:
DENOMINABION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN usULA PRiMERA: La empresa tendrá la forma de sociedad anónima,-se $ de Ominará "CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, A.", pudiendo utilizar al mismo tiempo o indistintamente las siglas de Relaciones Interiores y Justicia, bajo coordinación del Viceministerio de Prevención y Seguridad Cidadana.
LÁUSULA SEGUNDA! La empresa tendrá por Objeto Social la prestación del servicio de vigilancia, seguridad y protección de toda clase de bienes, así como también el traslado y transporte de valores; que sean contratados por los órganos entes de la Administración Pública Nacional y demás personas de carácter público o privado y en general, la realización de todo tipo de actividades que tengan relación con el objeto principal de la Sociedad sin limitación alguna, siempre y cuando sean de lícito comercio.
La empresa, en cumplimiento de su objeto social, podrá adquirir o enajenar cualquier tipo de bien mueble o inmueble que se requiera para dicho cumplimiento, así como también, realizar todo tipo de operaciones, negocios de importación que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de la marco de las políticas socialistas, dictadas por el Estado.
CLÁUSULA TERCERA: La empresa tendrá su domicilio social en el Empresarial Eurobuilding, Piso 9; Urbanización Chuao, Municipio Baruta, estado, Miranda Caracas, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro de la 4 República Bolivariana de Venezuela.
CLÁUSULA CUARTA: La duración de la empresa será de cincuenta (50) años, contados a partir de la protocolización del presente documento ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pudiendo ser prorrogado o reducida previa autorización del Presidente de la República.
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social de la Empresa es la cantidad de CIEN MIL nominativas no convertibles al portador, cuyo valor, nominal es de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Este Capital suscrito se encuentra pagado en CIEN POR CIENTO (100 %), por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, quien ejercerá su representación, según consta en el inventario de Bienes que se le anexa a la presente acta constitutiva signado con la letra "A", el cual ha,sido.
conformidad y demuestra la conformación del capital de la compañía.
CLÁUSULA SEXTA: Todas las acciones de la empresa, son nominativas y de igual valor, indivisibles, no convertibles al portador y confieren a sus titulares iguales derechos y dividendos o beneficios netos; cada acción otorga a su propietario un (1) voto en la Asamblea General de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias.
CLÁUSULA SÉPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba y establece por su inscripción en el Libro de Accionistas, en el que se anotará el nombre y apellidos o razón social, según sea el caso, nacionalidad y domicilio del titular, el número de las acciones que posea y cualquier limitación o gravamen que exista sobre ellas. Sólo se reputará como Accionista de la sociedad a quien se encuentre inscrito en dicho Libro.
página original (tal como se publicó)

Página 4
acciones son indivisibles respecto de la sociedad por lo que ésta sólo as conocerá a un (1) propietario por cada acción, en consecuencia, si una acción eara a ser por cualquier causa propiedad de varias personas, la sociedad no etarios designarán entre ellos.
prg CLÁUSULA OCTAVA: Las acciones son transferibles con autorización del Presidente de la República. La cesión en propiedad de las acciones de la sociedad, se hará mediante traspaso inscrito en el Libro de Accionista, firmado por cedente, el cesionario o sus apoderados, el Presidente y el Secretario.de:la:
Junta Directiva.
An DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CLÁUSULA NOVENA. La Asamblea General de Accionistas esel órgano los accionistas, hayan o no concurrido a la Asamblea.
CLÁUSULA DÉCIMA: La Asamblea General de Accionistas puede ser ordinaria o extraordinaria. La primera se reunirá dentro de los noventa (90) días continuos siguientes al cierre de cada ejercicio económico de la sociedad; deberán meno las dos terceras (2/3) partes del Capital Social, salvo en los casos en que . La Junta Directiva fijará el dia y la hora de reunión, previa convocatoria publicada menos con quince (15) días continuos de anticipación a su celebración, en un diario de circulación nacional. Dicha convocatoria deberá enunciar el lugar, día y hora de la reunión y cada uno de los puntos a tratar.
Las Asambleas Extraordinarias de. Accionistas se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la sociedad a juicio de la Junta Directiva, del Comisario o cuando así lo solicite un número de accionistas que representen por lo menos una quinta (1/5) parte del Capital Social, deberán constituirse con la presencia de un número de accionistas que representen por lo menos las dos terceras (2/3) partes del Capital Social, salvo en los casos en que la ley exijan una representación mayor; previa convocatoria publicada al menos con siete (7) días continuos de anticipación a su celebración. Dicha convocatoria deberá enunciar el lugar, día y hora de la reunión y cada uno de los puntos a tratar.
A las Asambleas, ordinarias o extraordinarias, pueden asistir los Accignista mediante apoderados, siempre que estén debidamente autorizados por éstasty s identifiquen como tales ante el Presidente de la Junta Directiva, para 1o ual bastará con Carta Poder suscrita por el Accionista interesado.
A falta del quórum requerido para la constitución de la Asamblea convocada, bier sea ordinaria o extraordinaria, la reunión deberá ser convocada nuevamente dentro de los cinco (5) días continuos siguientes, a través de convocatoria publicada al menos con siete (7) días continuos de anticipación a su celebración, en un diario de circulación naciónal, debiendo indicarse en dicha convocatoria, la 3-.
Accionistas, quedará constituida sea cual sea el número de accionistas que concurrieran a ella.
En las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, las decisiones se tomarán por unanimidad, mediante consenso y cuando esto no fuese posible, con el voto favorable de al menos las tres cuartas (3/4) partes de los votos presentes en la Asamblea.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Las convocatorias de las Asambleas publicadas en la prensa deberán expresar la fecha, hora, lugar y objeto de la reunión. Serán nulas las deliberaciones sobre asuntos no señalados en aquellas, a menos que se encuentre representada la totalidad del Capital Social, caso en el cual podrán deliberar sobre cualquier asunto sometido a la Asamblea, aún aquellos no expresados en la convocatoria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Cuando se encuentren reunidos el accionista o los accionistas que representen el cien por ciento (100%) del Capital Social, podrán constituirse en Asamblea sin necesidad de convocatoria prèvia, y en tal caso se acordará el respectivo orden del día.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA;EI Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, ejercerá la representación de la República Bolivariana de Venezuela en las Asambleas, las cuales serán presididas por él o la persona que éste designe en su lugar.
ÁUSULA DÉCIMA. CUARTA:. Cuando el objeto de la Asamblea sea su fusión otra Empresa; la venta o arrendamiento de la totalidad o parte de los activos la misma; el reintegro o aumento de capital, deberán estar presentes el accionista o los accionistas que representen el cien por ciento (100%) del Capital Social.
/:) CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: La reuniones de la Asamblea General de Accionistas, bien sea ordinario o extraordinaria, se celebrarán en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro sitio gue los accionistas acuerden.
sagi CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: De las reuniones de las Asambleas Generales de Agcionistas se levantará Acta contentiva de la identificación de los asistentes, con indicación del número de acciones que posean o representen y de las decisiones o uerdos que hayan tomado, la cual será firmada por todos en la misma asamblea.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: La Asamblea General de Accionistas dentro del ejercicio de sus funciones tendrá las siguientes facultades:
Reformar total o parcialmente el Acta Constitutiva Estatutaria de la a.
Saciedad, siempre y cuando no altere lo establecido en el Decreto que autoriza su creación, caso en el cual se deberá someter a la autorización del Presidente de (la:
República en Consejo de Ministros.
b.Designar y remover a los Directores Principales y sus suplentes, así como las remuneraciones y demás condiciones laborales de los mismos.
Designar y Remover al Gerente General y fijar la remuneración de éste.
Conocer y aprobar el Informe de Gestión anual que deberá presentar la d.
Junta Directiva, así como el Balance General y el Estado Financiero, con vista al orme del Comisario y Auditor Externo.
Aprobar la distribución de las utilidades de la Sociedad, una vez e.
determinados los apartados para el Fondo de Reserva Legal y para los demás Fondos Sociales de Previsión o de Garantía que se establezcan.
Nombrar y remover al Comisario y su suplente, y fijarles sus honorarios f.
profesionales.
Nombrar y remover el Auditor Interno de la Sociedad, de conformidad con lo g.
previsto a las formas de elección pautadas en las disposiciones legales correspondientes.
Nombrar y remover a los Auditores Externos independientes de la Soci h.
Financieros, así como fijarles sus honorarios profesionales.
Aprobar el reintegro, aumento o reducción del Capital Social de STHC i.
Sociedad, previo cumplimiento de las formalidades legales y de la aprobación del Presidente de la República.
Acordar la prórroga, la intervención, supresión y liquidación de la Sociedad, previo cumplimiento de las formalidades legales y de la aprobación del Presidente ;
de la República.
Resolver cualquier asunto sometido a consideración, previsto en esta Acta Constitutiva Estatutaria o en cualquier otra normativa aplicable.
TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La administración de la Sociedad estará a cargo de una Junta Directiva, la cual estará integrada por un (1) Presidente y cuatro (4) Directores Principales, con sus respetivos suplentes, quienes cubrirán las ausencias temporales o absolutas de los Directores Principales. Los miembros de
página original (tal como se publicó)

Página 5
la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General de Accionistas y durarán en sus funciones dos (2) años, debiendo continuar en el ejercicio pleno de sus atribuciones hasta tanto no sean ratificados o reemplazados.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EI Presidente de la Junta Directiva y los Directores Principales y suplentes, podrán ocupar otros cargos o posiciones dentro de sociedades vinculadas a la Empresa, si así lo acordarse la Asamblea General de Accionista.
del conocimiento de los asuntos en los cuales personalmente o a través de apoderados, se vean involucrados familiares dentro del cuarto grado (4º) de consanguinidad o segundo grado (2°) de afinidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: La Junta Directiva se reunirá cuando la convoque la Asamblea General de Accionistas, el Presidente de la Junta Directiva o a solicitud de tres (3) de sus Directores. Para la validez de las reuniones de la Junta Directiva se requerirá la presencia del Presidente y de por lo menos dos (2) de los Digectores Principales o sus respectivos suplentes, y sus decisiones se tomarán mayoría simple de sus miembros presentes. En caso que exista empate en las reuniones de la Junta Directiva serán dirigidas por su Presidente. De todas las reuniones se levantará Acta en la que se constatarán el nombre de los asistentes, los puntos tratados y las decisiones o acuerdos adoptados al respecto, la cual será firmada por todos en la misma reunión.
USULA VIGÉSIMA PRIMERA: La convocatoria a las reuniones de la Junta Directiva se realizará mediante comunicación suscrita por el Presidente, a cada unde los miembros de la Junta Directiva, mediante correo, fax o dirección de estlecida, así como los puntos a tratar, sin que ello impida que se incluyan en la agenda del día otros puntos a tratar, siempre y cuando exista el consenso por unanimidad de todos los miembros presentes. No obstante, el Presidente podrá acordar o modificar las fechas en que se celebrarán las reuniones de la Junta Diregtiva, debiendo notificar a los miembros.
A falta de quórum, la reunión quedará diferida para el tercer (3) día hábil siguiente, sip necesidad de convocatoria previa, quedando vigentes todas las estipulaciones relativas a la formación del quórum y el mínimo necesario para la adopción de cualquier decisión.
Si se encontrare presente la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, se podrá prescindir de las formalidades de las convocatorias y constituirse idamente la reunión, pudiendo tomar en ella los acuerdos que sean procedentes. En este caso, deberá acordarse el orden del día al iniciar la reunión.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: La Junta Directiva tendrá las más amplias correspondiéndole especialmente las siguientes atribuciones:
Velar por el estricto cumplimiento del objeto, atribuciones y metas de la a.
sociedad.
Establecer los planes, programas y presupuesto anual de la Sociedad y b.
someterlos a la Consideración de la Asamblea General de Accionistas.
Proponer a la Asamblea General de Accionistas las modificaciones del Acta c.
Constitutiva Estatutaria que considere conveniente.
Acordar la apertura y/o clausura de oficinas, agencias, sucursales d.
domicilios especiales, asl como nombrar corresponsales en el país.
Planificar las actividades de la Sociedad y evaluar periódicamente e.
resultado de las decisiones adoptadas.
Ejecutar y dar cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General f.
Accionistas.
g. : Aprobar la contratación del personal de trabajadores necesario para la operatividad y funcionamiento dè la Sociedad y fijar su remuneración.
h.
extrajudiciales.
Nombrar y remover al Secretarió Ejecutivo.
4.3 .
i.
Proponer a la Asamblea de Acciónistas la política sobre salarios, suel j.
demás remuneraciones de los Directivos y Gerente Géneral.
Aprobar los Manuales y Reglamentos que regulen la Estructua Organizativa y Funcional de la Sociedad.
Delegar el ejercicio de una o varias de sus atribuciones conforme al J.
Establecer un sistema de contabilidad adecuado, tomando en cuenta vòs m.
principios de contabilidad universalmente aceptados.
2,
n.
Planes Anuales de Trabajo, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, Los Estados Financieros, el Balance General Anual y, la Memoria Explicativa, así como los documentos que sean pertinentes, con treinta (30) días de antelación a la reunión ordinaria anual.
Proponer a la asamblea de Accionistas la distribución de utilidades, su o.
monto, así como la cuantía de las reservas facultativas que considere procedentes.
Autorizar la realización de los actos, contratos, convenios y demás p.
de su objeto y en especial la venta, compra, donación, permuta y arrendamiento, de los bienes muebles o inmuebles propiedad de la sociedad.
Autorizar la contratación de préstamos, créditos bancarios, librar, aceptar, enaar, avalar letras de cambio, pagarés, títulos valores y cualquier otro instrumento de lícito comercio; asl como ordenar que se realicen los cobros de Ejercer todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la Asamblea General de Accionistas, por esta Acta Constitutiva Estatutaria y demás normativa aplicable.
ADF VENE TÍTULO V DE LADIRECCIÓN CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: La direccion inmediata y la gestión diaria de los negocios de la Sociedad, así como la representación de ésta, estará a cargo un (1) Gerente General, quien durará dos (2) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido y será designado por la Asamblea General de Accionistas, teniendo entre otras, las siguientes atribuciones:
Representar a la Sociedad ante toda clase de personas naturales o a.
ir. jurídicas públicas o privadas.
Ejecutar y hacer cumplir las politicas generales de operación, comercialización y administración de la Sociedad, aprobadas por la Junta Direptiva.
Convocar las sesiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta C.
Directiva, a tales efectos ordenará al Secretariojefectuar las convocatorias para celebrar las reuniones de las mismas.
Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, así como designar las personas autorizadas para movilizarlas mancomunadamente, previa autorización de la Junta Directiva. En todo caso, el reglamento interno establecerá los mecanismos y el régimen para la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias, necesarias para la operación de la Sociedad; observando siempre el principio de la doble firma mancomunada.
Crear comités, grupos de trabajo u organismos similares que se consideren e.
necesarios, fijándoles sus atribuciones y obligaciones.
Contratar el personal de trabajadores de acuerdo con la plantilla de cargos f.
aprobados por la Junta Directiva.
Informar periódicamente a la Junta Directiva acerca de la g.
financiera de la Sociedad y de los resultados de sus operaciones.
TITULO VI * DEL SEQRETARIO EJECUTIVO CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: La Sociedad tendrá un (1) Secretario EjecutiveME designado por la Junta Directiva de la misma, quien durará dos (2) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido.
A
página original (tal como se publicó)

Página 6
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Corresponde al Secretario Ejecutiv siguientes facultades:
Elaborar las convocatorias y asistir a las reuniones de la Asamblea Gen a.
de Accionistas y de la Junta Directiva; por instrucciones del Gerente Genègrande la Sociedad.
Abrir y llevar los Libros de Actas de Asambleas de Accionistas y de la Junta b.
Directiva.
Elaborar las actas de la Asamblea de Accionistas y de las reuniones dea..
c.
Junta Directiva, debiendo plasmar en ellas todo lo ocurrido en dichas reunjames el orden en que fueron adoptadas las decisiones correspondientes, haciend firmar por los asistentes y asentarlas en los libros destinados a tal efecto.
Expedir certificaciones de las Actas de Asambleas de Accionistas y d.
delas.
reuniones de la Junta Directiva, así como de cualquier otro documento que emane de esta última.
Inscribir y participar al Registro Mercantil todos aquellos actos y e.
documentos relacionados con la Sociedad y que conforme a la Ley, deben ser inscritos y participados.
Cualquier otra facultad que le asigne la Asamblea de Accionistas, la Junta f.
Directiva y el Gerente General de la Sociedad.
TÍTULO VII DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: La Sociedad contará con una Unidad de servicio de asistencia constructiva a la Junta Directiva, al Gerente General de la Saciedad y al resto de la administración, con el propósito de mejorar la conducción CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: La Unidad de Auditoría Interna de la Sociedad operaciones sujetas a su control, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad en sus actuaciones, sin participación alguna en los actos típicamente administrativos u otros de índole similar.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: La Unidad de Auditoría Interna de la Sociedad -actuará bajo la responsabilidad y dirección de un (1) Auditor Interno. Su designación se hará por el Asamblea General de Accionista y de conformidad con lo previsto a las formas de elección pautadas en las disposiciones legales correspondientes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: Corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:
Evaluar el sistema de control interno de la Sociedad, incluyendo el grado de a.
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad, a fin de proponer a la máxima autoridad jerárquica las recomendaciones tendentes a su optimización y al incremento de la eficacia de la gestión administrativa.
Evaluar los planes, proyectos y operaciones para determinar el b.
cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales, así como, de los objetivos y metas de la acción administrativa, y en general, la eficiencia, la eficacia, la economía, calidad e impacto de su gestión, así como, los mecanismos de,control formulados, implantados y utilizados por la Sociedad 13 Ejercer las potestades investigativas, sancionatorias y resarcitorias, de C.
conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las demás que establezcan la Ley Orgánica de la Contraloría General de la d.
República y del Sistema de Control Fiscal y la normativa vigente que rige la materia.
DEL COMISARIO CLÁUSULA TRIGÉSIMA: La Sociedad tendrá un (1) Comisario y un (1) sup Asamblea General de Accionistas, pudiendo ser designados o removidos CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: El Comisario tendrá a su cargo la inspecci y vigilancia sobre todas las operaciones de la Sociedad y ejercerá los deberes y funciones que le señala el Código de Comercio y demás normativa aplicable.
DEL BALANCE, LAS UTILIDADES Y RESERVAS CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico la Sociedad comenzará en la fecha de inscripción del presente documento Registro Mercantil de la Circunscripción correspondiente y culminará el 31de diciembre del mismo año. En los años subsiguientes, el ejercicio económico comenzará el 1 de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre del correspondiente año.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: Al cierre del Ejercicio Económico Anual, a Junta Directiva cortará las cuentas de la Sociedad para formar, con arreglo/a-lo 1 dispuesto en el artículo 304 del Código de Comercio, el Balance Generál, gue comprenderá un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que posea la Sociedad, así como de sus créditos y obligaciones.
Dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de dicho ejercicio, el Presidente de la Junta Directiva pondrá a disposición del Comisario dicho Balance General, con el fin de que éste elabore su informe y sea presentado ante la Asambléa General de Accionistas. Tales documentos, deberán ser elaborados con clañdad y precisión, mostrando la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera en que se encuentra la Sociedad.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: Una vez aprobado el Balance, la Asamblea de General Accionistas en su sesión ordinaria deberá deducir un cinco por ciento (5%) para el Fondo de Reserva Legal, hasta llegar a cubrir el monto que fije la Asamblea de Accionistas, el cual no podrá ser menor del diez por ciento (10%) del Capital Social.
Establecido el Fondo de Reserva Legal a que se refiere el encabezado de la presente Cláusula y previa a la distribución de dividendos, si éstos se decretasen, se creará además un Fondo de Reserva para el Desarrollo Social, el cual se stituirá mediante un apartado anual por la cantidad que fije la Asamblea neral de Accionistas. Dicho Fondo será destinado al fortalecimiento del artollo social 'en la República Botivariana de Venezuela.
ÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Las utilidades Ilquidas y recaudadas de conformidad con la ley, previa recomendación de la Junta Directiva, autorización de los órganos de control de gestión y previa aprobación de la Asamblea General e Accionistas; podrán ser destinadas al pago de dividendos, con cargo a dicha ead.
DE LA INTERVENCIÓN, SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN LAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: El Ejecutivo Nacional decretará la intervención, supresión y liquidación de lá Sociedad y designará a las personas encargadas de ejecutarlas y las reglas necesarias a dichos fines de conformidad con lo previsto Pública y demás normativa aplicable.
4 DISPOSICIONES TRANSITORIAS CLSULA TRIGESIMA SÉPTIMA: De Confomidad Con ta Clausuia VIgoma Cuarta de la presenta Acta Constitutiva Estatutaria, la Junta Directiva queda
página original (tal como se publicó)

Página 7
ALNARIRECTIVA NÉSTOR LUIS BEVEROL TORRES C.l. V-7.844.507 DIRECTORES PRINOIPALES EDYLBERTO JÖSÉ MOLINA MOLINA C.l. V-8.082.459 SUSANA COROMOTO ACOSTA C.l. V-6.801.097 AMÉRICO ALEXANDER VILLEGAS TORREALBA C.i. V-9.094.750 RANDY GREGORIO RODRIGUEZ ESPINOZA .F C.. V- 10.393.682 CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. Se designa camo Gerente General, por el período de dos (2) años al ciudadano, HERNAN JOSÉ GIL BARRIOS, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.441.188 y de este domicilio.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Comercio, se designa como Comisario de la Sociedad ciudadano MANUEL ALEJANDRO VIVAS CALDERÓN, venezolano, mayg edad, titular de la cédula de Identidad N° V- 14.401.555, de profesión Cos Público, debidamente inscrito ante el. Colegio de Contadores. Públicos bajo 78.336 y de este domicilio.
REGISTY TÍTULO VIIII DISPOSICIONES FINALES CLÁUSULA CUADRAGÉSIMAL Todo lo no previsto en este documento se regirá por las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Léy Orgánica de la Administración Pública, el Código de Comercio, Código Civil y demás normativa,que le sea,aplicable..
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. PRIMERA: Se,autoriza a la, ciudadana VEN VEcCHIONAccE, venezolana, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad N° V-14.363.292 y de este domicilio, para que proceda con todos™os actos a los fines de la debida protocolización y registro de esta Acta Constitutiva Estatutaria ante la correspondiente Oficina de Registro Mercantil, y tramite todo lo relacionado con la presentación, inscripción, registro publicación del presente documento, asi como solicitar cinco (5) copias certificadas del presente documento, una vez.cumplidos.u en la normativa aplicable.
TAECREL AISAMI Interioragpsticia Segun Decreito N° 6.398, de fecha 9 de septiegior ia Bolivartant dis Vend
CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.
(CORPOSERVICA) Inventario de apertura al 26/04/2012
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO EN UNITARIO Bs.
6.000,00
30.000,00 Escritorio Gerencial de madera con 6 5 gavetas Polt a ejecutiva de cuero 5 4.000,00 20.000,00 3.000,00 15.000,00 o ejecutivo de madera 5 2.000,00 cutiva 10 20.000,00 Silla erte 15.000,00 15.000,00 1 ^ TOTAL Bs. 100.000.0Q TARECREL AISSAMI der Ppuiar para Roslacion Inberiores y Jua eto N6 398, de fecha 9de per er8, CPC 83.051 oagesa misma-fecha en la Gacebs cial de la Repúoi Bolivariana dE Veneve ICAN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto- Número: 50 Caracas, 11 de de 2012 - 202° y 153° mayo
PROVIDENCIA
Por disposición del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo en Consejo de Ministros de fecha 08 de Mayo de 2012, autorizado para este acto por el Presidente de la República, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 242 y el Numeral 4 del Artículo 239, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012 del SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACION Y GESTION DEL FONDO DE AHORRO FAMILIAR E INVERSION SOCIAL “HIJOS DE VENEZUELA", por la cantidad de UN MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.704.800.000).
Decisión ésta, ratificada por el ciudadano Presidente de la República, en fecha 08 de Mayo de 2012. En consecuencia, se autoriza su publicación de acuerdo con la siguiente distribución:
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (Bolivares) Concepto Presupuesto 2012 L. CUENTA CORRIENTE A. Ingresos Corrientes 1.704.800.000 - Tranaferencias y donaciones corrientes 1.704.800.000 Transferencias corrientes interás recibidas del sector público 1.704.800.000 De la República (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria)
1.704.800.000 B. Gastos Corrientes
1.704,800.000 - Gastos de Consumo
11.200.000 Gastos de Personal
11.200.000 - Transferencias y donaciones corrientes
1.693.600.000 Transferencias corrientes al sector privado 1.623.600.000 Directas a personas 1.693.600.000 Otras transferencias directas a personas 1.693.600.000 C. Resultado Económico: Equilibrio 0 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CATEGORÍAS (Bolivares) Concepto Presupuesto 2012 Ingresos 1.704.800.000 Ingresos Corrientes 1.704.800.000 Categorias Presupuestarias 1.704.800.000 Proyecto 1.704.800.000 Atención a las familias venezolanas en situación de pobreza critica mediante asignaciones económicas familiares, en búsqueda de la suprema felicidad social y venezolanas.
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS (Bolivares) Partida Denominación Presupuesto 2012 4.01 Gastos de Personal 11.200.000 4.07 Transferencias y Donaciones 1.693.600.000 Total 1.704.800.000
página original (tal como se publicó)

Página 8
PRESUPUESTO DE CAJA (Bolivares) Presupuesto 2012 Concepto Said o Inicial 1.704.800.000 Ingresos 1.704.800.000 Ingresos Corrientes 1.704.800.000 Saldo Inicial + Ingresos 1.704.800.000 Egresos 1.704.800.000 Gastos Corrientes Saldo Final RESUMEN DE PROYECTOS Presupuesto 2012 Código Denominación Asignación en Bs.
Cantidad Medida
Atención a las familias venezolanas en situación de pobreza critica mediante asignaciones económicas familiares, en búsqueda de la suprema felicidad social y el buen vivir de los venezolanos y 1.704.800.000 1.860.000 Beneficiario venezolanas.
Comuniquese y Publiquese.
Por el Ejecutivo Nacional, GUSTAVO J. HERNÁNDEZ J.
Jefe de la Oficina Nacional de Premiguesto (E)
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SENIA HCO NACICHAL INTECIADO DE ADMINISTIACON ADUANEBA Y TIBUTAIA INISTHIO DEL PODBR POPULAR DE PLAR 14 MAY 2012 Caracas,
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA/DAA/URA/2012-E 0 0 5 8 9 3
En atención al escrito registrado ante la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 007613 en fecha 17/08/2011, presentado por la sociedad mercantil. ADUANERA NOBREMAR, C.A., Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) 3- 31127610-6, autorizada para actuar como Agente de Aduanas Persona Jurídica bajo el N° 1908, según Providencia Administrativa N° 0030 de fecha 21/03/2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.423 de fecha 25/04/2006, domiciliada en la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, cuyo documento constitutivo estatutario fue inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 18/03/2004, bajo el N° 70, Tomo 250-A; mediante el cual solicita Autorización para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural bajo relación de dependencia con esa empresa, del ciudadano RUBEN DARIO COLMENARES RODRIGUEZ, Cédula de Identidad N° V-14.800.487, con Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) V 14800487-7, con carácter permanente, en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello.
Del análisis efectuado a la documentación aportada, este Servicio observa que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, 133 y 134 de su Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04/03/1993, en consecuencia, quien suscribe JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.300.226, Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto N° 5.851 de fecha 01/02/2008, publicado en la Gaceta Oficial de la Reoública Bolivariana de Venezuela N° 38.863 de fecha 01/02/2008, en mi condición de máxima autoridad conforme lo establece el Artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 08/11/2001, en concordancia con el Artículo 10, numerales 6 y 11 ejusdem, DECIDE ÚNICO: AUTORIZAR al CiUdadanO RUBEN DARIO COLMENARES RODRIGUEZ, (R.I.F.) N° V-148mm487-7, para actuar como Agente de Aduanas Persona Natural, con carácter permanente, bajo relación de dependencia con la empresa ADUANERA NOBREmAR, C.A., en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito, ante la Gerencia de la Adluana Principal de Puerto Cabello, quedando inscrito en el registro correspondiente bajo el N° 409.
El referido ciudadano, queda autorizado para actuar ante la jurisdicción de la Gerencia de la Aduana Principal anteriormente indicada, teniendo como domicilio fiscal la sede de la empresa a la que él representará como persona natural bajo relación de dependencia en la calle Heres con calle Anzoátegui; Edif. Patricia, Piso 02;
oficina 06; en caso de cambio de domicilio sin notificación a la Administración Aduanera, quedará suspendida la presente autorización.
En el caso de modificar esta autorización bien sea por: a) la manifestación de cambiar de relación de Dependencia para representar a otra Persona Jurídica, la misma dejará sin efecto la vinculación anterior; o, b) la conclusión de sus labores bajo relación de Dependencia para actuar en nombre propio (Firma Personal), deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el Artículo 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas que sean de legal aplicación, su Reglamento y la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas), publicada en la Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993.
La presente autorización es de carácter intransferible, conforme a lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas.
La persona antes mencionada, queda obligada al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, sus Reglamentos, la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993 y demás normas aplicables, quedando sujeta a la vigilancia, control, fiscalización e inspección de la autoridad aduanera correspondiente. Asimismo deberá cancelar el equivalente a ciento veinte Unidades Tributarias (120 U.T.) por concepto del otorgamiento de la presente autorización, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley de Timbre IFiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.416 de fecha 22 de diciembre de :1999, previo a la publicación de la presente Providencia Administrativa.
Este Servicio podrá suspender o revocar la presente autorización en cualquier momento en que se evidenciare y comprobare que la beneficiaria ha incumplido con las obligaciones propias de su gestión, en perjuicio de los intereses de la República o del consignatario o propietario de la mercancía, oi cuando se incumplan con las condiciones bajo las cuales se concedió la presente autorización, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones.
La presente Providiencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Pulb
AVIL CABELLO RORDIOIN ONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO
PUBLICA BOIIVARIANA MSEL SENIA 1 4 MAY 2012 Caracas, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA-DAA-2012- 0 0 6 2 4 7 AUXILIAR DE LA ADOLFO GARCIA AGENTE DE ADUANAS ADMINISTRACIÓN:
NO REGISTRADO RIF:
URB.PALMAR ESTE, AV. HABANA, QTA. ANISKA, DOMICILIO:
CARABALLEDA. ESTADO VARGAS Actuando dentro del marco de revisión, rectificación y reimpulso que adelanta el Gobierno Bolivariano de Venezuela y con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos del Registro de Agentes de Aduanas de a Administración Aduanera y Tributaria en la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira, se verificó a través de su División de Tramitaciones el cumplimiento de la actualización anual de Iins agentes de aduanas previsto en el articulo 5 de la Resolución del Ministerio de Hacienda @oy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) N° 2.170 dc fecha 03/03/1993, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04/03/1993.
I LOS HECHOS El Ejecutivo, por órgamo del Ministerio de Hacienda, mediante Resolucion N° 137 de fecha 17/02/1981 publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.174 de fecha actuar como agente de aduanas por ante las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná, Los Llanos Centrales, Centro Occidental, Maracaibo, San Antonio del Táchira, Puerto Ayacucho, Guanta-Puerto La Cruz, Puerto Sucre, Carúpano, Ciudad Guayana, El Guamache, Postal de Caracas y Aérea de Maiquetía, quedando inscrita bajo el N° 84.(Folios 01 y 02)
página original (tal como se publicó)

Página 9
En fecha 06/09/2010 la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira envió memorándum N° SNAT/INA/GAP/LGU/DT/UAA/2010--10673 recibido el 08/09/2010 en la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 007856, mediante el cual se remitió el listado de los Agentes de Aduanas autorizados para actuar ante esta Gerencia de Aduana Principal y que no habían cumplido en un lapso igual o mayor a ocho (8) ejercicios económicos con la actualización anual prevista en el artículo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, antes referida. (Folio 03) Mediante memorándum N° SNAT/INA/GRA/DAA/ 2012-I 009 de fecha 17/02/2012, emanado de la División de Auxiliares Aduaneros de la Gerencia de Regimenes Aduaneros se certificó que el mencionado Agente de Aduanas se encontraba inactivo y que no disponía de clave de acceso al Sistema SIDUNEA.(Folios 23 y 24) Este Servicio dando estricto cumplimiento al Principio del Debido Proceso, el cual es obligatorio y aplicable a todas las actuaciones administrativas, ya sean de carácter judicial o administrativo, expresado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a practicar la notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera por aviso en prensa, mediante el cual se hizo del conocimiento que el acto administrativo alli detallado le estaba siendo notificado y que surtiría efecto vencido el plazo de quince (15) días hábiles más diez (10) días siguientes a la publicación del Cartel de Notificación, tal y como lo prevén los artículos 76 y 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Visto que en fecha 03/02/2011, se publicó en el "Diario VEA" el cartel de notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera, en el que se indicó el inicio del Procedimiento Administrativo por el presunto incumplimiento en el deber de actualización previsto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de Aduanas y 151 letra g) de su Reglamento en concordancia con el artículo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas), publicada en Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993; dando como resultado que hasta el presente el Auxiliar de la Administración no se ha presentado a las oficinas de la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas de éste Servicio. (Folios 14 y 15) Una vez revisados los resultados del proceso de verificación y supervisión de los Agentes de Aduanas realizado por las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná, Los Llanos Centrales, Centro Occidental, Maracaibo, San Antonio del Táchira, Puerto Ayacucho, Guanta-Puerto La Cruz, Puerto Sucre, Carúpano, Ciudad Guayana, El Guamache, Postal de Caracas y Aérea de Maiquetía, conjuntamente con la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas y en atención a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 08 de Noviembre de 2001, en concordancia con los artículos 6 y 145 de la Ley Orgánica de Aduanas, esta Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria visto como han sido los hechos, así como los documentos que integran el respectivo expediente administrativo, todo de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, para decidir observa:
II MOTIVACIÓN El artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas establece los requisitos que deben cumplir tanto las agente de aduanas. En tal sentido el referido artículo señala:
"Articulo 36. La autorización para actuar como agente de aduanas será otorgada a solicitud de parte interesada, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
(Omissis) La Administración Aduanera evaluará anualmente a las personas autorizadas para actuar como agente de aduanas, conforme a las normas establecidas en el Reglamento, a fin de verificar que mantienen las mismas condiciones que dieron lugar a la autorización. De no mantenerse tales condiciones. la autorizaciónserá revocada. (Subrayado muestro) (Omiss...).
Del artículo antes transcrito, se evidencia la obligación que tiene la Administración Aduanera de evaluar a los agentes de aduanas verificando las condiciones que dieron origen a la autorización para operar como Auxiliar de la Administración, para lo cual serán evaluados anualmente.
Así mismo, el contenido de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta siguiente:
"Articulo 5. Los requisitos establecidos en los mumerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 1° y en el numeral 3 del articulo 2° de esta Resolución, deberán actualizarse anualmente ante el Registro que lleva la Dirección General Sectorial de Aduanas dentro de los tres ③) primeros msss siguientes al cierre de los respectivos ejercicios económicos, debiendo consignar igualmente los estados financieros y la declaración del impuesto sobre la renta del último ejercicio económico. Los restantes reguisitos deberán ser actualizados por el interesado inmediatamente después de ocurrida su modificación. " (Subrayado muestro) Del análisis efectuado a la normativa legal que rige la actuación de los Agentes de Aduanas y de la documentación inserta en el respectivo expediente administrativo sustanciado por la Gerencia de Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas, se puede constatar el incumplimiento de la normativa antes referida en el siguiente supuesto:
Falta de actualización de los requisitos para actuar como Agente de Aduanas.
En este sentido, al verificarse el incumplimiento de la normativa aduanera, se configura el supuesto de hecho previsto en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual dispone:
"Articulo 151. Son causales de revocación de la autorización, las siguientes:
(Omissis) g) Cualquier otra falta grave en el ejercicio de sus funciones, que atente contra la seguridad fiscal o los intereses del comercio." Por otra parte el artículo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas establece la sanción aplicable al supuesto de hecho expuesto supra, el cual reza:
"Articulo 38. La autorización para actuar como agente de aduanas podrá ser revocada definitivamente o suspendida hasta por un (1) año cuando a juicio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas concurran circunstancias gue lo istifiquen o cuando hava desaparecido alguna de las condiciones que debieron tomarse en cuenta para otorgar la. En todo caso deberá olrse previamente al afectado.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas Ilvará un registro de los agentes de aduanas autorizados, en la forma que indique el Reglamento." (Subrayado nuestro) En consecuencia y visto los supuestos de hecho y de derecho descritos anteriormente, esta Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración Aduanera se encuentra incurso en una de las causales de revocatoria prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
Ⅲ DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien suscribe, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 4 y 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 08 de Noviembre de 2001 y en atención al contenido del artículo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas, decide:
1) REVOCAR la autorización a la firma personal ADOLFO GARCIA AGENTE DE ADUANAS, R.I.F. N° NO REGISTRADO, registro de auxiliar N° 84, para actuar como Agente de Aduanas en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito con carácter "permanente por ante las Aduanas en las cuales se encuentra habilitado para actuar.
2) Se ordena la publicación de esta DECISIÓN, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes.
Se participa a la parte interesada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en caso de disconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Administrativo previsto en el 93 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días contados a partir de su notificación, por ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Se emite la presente Administrativa en original y dos (02) copias a un solo tenor y efecto.
VENEZLUA Atentamente, JOSÉAVID CABELLORORER ON ente racional Aduanero y Tributario Surricte reto N° 5.851 de fecha 01/02/2008, Publicado en la Gaceta Oficial N° 38.863 de fecha 01/02/2008
REPUBLICA BDISVARIANA DE VENEZUELA SENIAT
1 4 MAY 2012 Caracas, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA-DAA-2012- 0 0 6 2 4 8 AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN:
MANUEL ALEJANDRO MARCANO RIF:
NO REGISTRADO DOMICILIO:
CALLE BOLIVAR, SUR DE LA PLAZA VARGAS. LA GUAIRA Actuando dentro del marco de revisión, rectificación y reimpulso que adelanta el Gobierno Bolivariano de Venezuela y con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos del Registro de Agentes de Aduanas de la Administración Aduanera y Tributaria en la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira, se verificó a través de su División de Tramitaciones el cumplimiento de la actualización anual de los agentes de aduanas previsto en el artículo 5 de la Resolución del Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04/03/1993.
I LOS HECHOS El Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Hacienda, mediante Resolucion N° 130 de fecha 17/02/1981 publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.174 de fecha 20/02/1981, autorizó a la Firma Personal MANUEL ALEJANDRO MARCANO para actuar como agente de aduanas por ante las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná, Los Llanos Centrales, Centro Occidental, Maracaibo, San Antonio del Táchira, Puerto Ayacucho, Guanta-Puerto La Cruz, Puerto Sucre, Carúpano, Ciudad Guayana, El Guamache, Postal de Caracas y Aérea de Maiquetía, quedando inscrita bajo el N° 77.(Folios 01 y 02) En fecha 06/09/2010 la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira envió memorándum N° SNAT/INA/GAP/LGU/DT/UAA/2010-10673 recibido el 08/09/2010 en la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 007856, mediante el cual se remitió el listado de los Agentes de Aduanas autorizados para actuar ante esta Gerencia de Aduana Principal y que no habían cumplido en un lapso igual o mayor a ocho (8) ejercicios económicos con la actualización anual prevista es el artículo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, antes referida. (Folio 03) Mediante memorándum N° SNAT/INA/GRA/DAA/ 2012-1 009 de fecha 17/02/2012, emanado de la División de Auxiliares Aduaneros de la Gerencia de Regímenes Aduaneros se certificó que el mencionado Agente de Aduanas se encontraba inactivo y que no disponía de clave de acceso al Sistema SIDUNEA.(Folios 04 y 05) Este Servicio dando estricto cumplimiento al Principio del Debido Proceso, el cual es obligatorio y aplicable a todas las actuaciones administrativas, ya sean de carácter judicial o administrativo, expresado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a practicar la notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera por aviso en prensa, mediante el cual se hizo del conocimiento que el acto administrativo allí detallado le estaba siendo notificado y que surtiría efecto vencido el plazo de quince (15) días hábiles más diez (10) días siguientes a la publicación del Cartel de Notificación, tal y como lo prevén los artículos 76 y 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Visto que en fecha 03/02/2011, se publicó en el "Diario VEA" el cartel de notificación al referido Administrativo por el presunto incumplimiento en el deber de actualización previsto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de Aduanas y 151 letra g) de su Reglamento en concordancia con el artículo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas), publicada en Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993; dando como resultado que hasta el presente el Auxiliar de la Administración no se ha
página original (tal como se publicó)

Página 10
presentado a las oficinas de la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas de éste Servicio. (Folio 06) Una vez revisados los resultados del proceso de verificación y supervisión de los Agentes de Aduanas realizado por las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná, Centro Occidental, Maracaibo, San Antonio del Táchira, Puerto Ayacucho, Guanta-Puerto La Cruz, Puerto Sucre, Carúpano, Ciudad Guayana, El Guamache y Aérea de Maiquetía, conjuntamente con la Gerencia de Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de · Aduanas y en atención a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENLAT) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 08 de Noviembre de 2001, en concordancia con los articulos 6 y 145 de la Ley Orgánica de Aduanas, esta Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria visto como han sido los hechos, así como los documentos que integran el respectivo expediente administrativo, todo de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, para decidir observa:
II MOTIVACIÓN El articulo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas establece los requisitos que deben cumplir tanto las personas naturales como las jurídicas, para que se les conceda la autorización para actuar como agente de aduanas. En tal sentido el referido artículo señala:
"Articulo 36. La autorización para actuar como agente de aduanas será otorgada a solicitud de parte interesada, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
(Omissis) La Administración Aduanera evaluará anualmente a las personas autorizadas para actuar como agente de aduanas, conforme a las normas establecidas en el Reglamento, a fin de verificar que mantienen las mismas condiciones que dieron lugar a la autorización. De no mantenerse tales condiciones, la autorización será revocada. (Subrayado nuestro) (Omissis...)
Del artículo antes transcrito, se evidencia la obligación que tiene la Administración Aduanera de evaluar a los agentes de aduanas verificando las condiciones que dieron origen a la autorización para operar como Auxiliar de la Administración, para lo cual serán evaluados anualmente.
Así mismo, el contenido de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 del 04/03/1993, establece en su artículo 5 lo siguiente:
"Articulo 5. Los requisitos establecidos en los mumerales 1, 2, 4 y 9 del articulo 1° y en el numeral 3 del articulo 2° de esta Resolución, deberán actualizarse anualmente ante el Registro que lleva la Dirección General Sectorial de Aduanas dentro de los tres @3) primeros meses siguientes al cierre de los respectivos ejercicios económicos, debiendo consignar igua!mente los estados financieros y la declaración del impuesto sobre la renta del último ejercicio económico. Los restantes requisitos deberán ser actualizados por el interesado inmediatamente después de ocurrida su modificación " (Subrayado muestro) Del análisis efectuado a la normativa legal que rige la actuación de los Agentes de Aduanas y de la documentación inserta en el respectivo expediente administrativo sustanciado por la Gerencia de Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas, se puede constatar el incumplimiento de la normativa antes referida en el siguiente supuesto:
Falta de actualización de los requisitos para actuar como Agente de Aduanas.
En este sentido, al verificarse el incumplimiento de la normativa aduanera, se configura el supuesto de hecho previsto en el literal g) del artículo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual dispone:
"Articulo 151. Son causales de revocación de la autorización, las siguientes:
(Omissis) g) Cualquier otra falta grave en el ejercicio de sus funciones, que atente contra la seguridad fiscal o los intereses del comercio." Por otra parte el articulo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas establece la sanción aplicable al supuesto de hecho expuesto supra, el cual reza:
"Articulo 38. La autorización para actuar como agente de aduanas podrá ser revocada definitivamente o suspendida hasta por un (1) año cuando a juicio del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas concurran circunstancias que lo justifiquen o cuando hava desaparecido alguna de las condiciones que debieron tomarse en cuenta para otorgar la. En todo caso deberá oirse previamente al afectado.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas llevará un registro e e muestro) En consecuencia y visto los supuestos de hecho y de derecho descritos anteriormente, esta Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración Aduanera se encuentra incurso en una de las causales de revocatoria prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
III DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien suscribe, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulos 4 y 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 08 de Noviembre de 2001 y en atención al contenido del artículo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas, decide:
1) REVOCAR la autorización a la firma personal MANUEL ALEJANDRO MARCANO, R.I.F.
N° NO REGISTRADO, registro de auxiliar N° 77, para actuar como Agente de Aduanas en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito con carácter permanente por ante las Aduanas en las cuales se encuentra habilitado para actuar.
2) Se ordena la publicación de esta DECISIÓN, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes.
Se participa a la parte interesada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en caso de disconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Administrativo previsto en el 93 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días contados a partir de su notificación, por ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
cia Administrativa en original y dos (02) copias a un solo tenor y Se emite la presen efecto.
Atentamente, JOS DAVID CARELLO ROMDON dente INacional Aduanero y Tributario Superin creto N° 5.851 de fecha 01/02/2008, Pubnicado en la Gaceta Oficial N° 38.863 de fecha 01/02/2008 REPUDLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SENIAT 14 MAY 2012 Caracas, PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/INA/GRA-DAA-2012- 0 0 6 2 4 9 AUXILIAR DE LA ASESORES ADUANEROS ASADCA, C.A ADMINISTRACIÓN:
NO REGISTRADO RIF:
NO INDICADO DOMICILIO:
Actuando dentro del marco de revisión, rectificación y reimpulso que adelanta el Gobierno Bolivariano de Venezuela y con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos del Registro de Agentes de Aduanas de la Administración Aduanera y Tributaria en la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira, se verificó a través de su División de Tramitaciones el cumplimiento de la actualización anual de los agentes de aduanas previsto en el articulo 5 de la Resolución del Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas) N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 de fecha 04/03/1993.
I LOS HECHOS
El Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Hacienda - Dirección General de Aduanas, mediante Resolucion N° 267 del 31/03/1981 publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.202 de fecha 03/04/1981, autorizó a la Firma Personal ASESORES ADUANEROS ASADCA, C.A para actuar como agente de aduanas por ante las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná y Maracaibo, quedando inscrita bajo el N° 174.(Folios 01 y 02) En fecha 06/09/2010 la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira envió memorándum N° SNAT/INA/GAP/LGU/DT/UAA/2010-10673 recibido el 08/09/2010 en la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas bajo el N° 007856, mediante el cual se remitió el listado de los Agentes de Aduanas autorizados para actuar ante esta Gerencia de Aduana Principal y que no habían cumplido en un lapso igual o mayor a ocho (8) ejercicios económicos con la actualización anual prevista en el articulo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, antes referida. (Folio 04) Mediante memorándum N° SNAT/INA/GRA/DAA/ 2012-I 009 de fecha 17/02/2012, emanado de la División de Auxiliares Aduaneros de la Gerencia de Regimenes Aduaneros se certificó que el mencionado Agente de Aduanas se encontraba inactivo y que no disponía de clave de acceso al Sistema SIDUNEA.(Folios 05 y 06) Este Servicio dando estricto cumplimiento al Principio del Debido Proceso, el cual es obligatorio y aplicable a todas las actuaciones administrativas, ya sean de carácter judicial o administrativo, expresado en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a practicar la notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera por aviso en prensa, mediante el cual se hizo del conocimiento que el acto administrativo allí detallado le estaba siendo notificado y que surtiría efecto vencido el plazo de quince (15) días hábiles más diez (10) días siguientes a la publicación del Cartel de Notificación, tal y como lo prevén los artículos 76 y 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Visto que en fecha 03/02/2011, se publicó en el "Diario VEA" el cartel de notificación al referido Auxiliar de la Administración Aduanera, en el que se indicó el inicio del Procedimiento Administrativo por el presunto incumplimiento en el deber de actualización previsto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de Aduanas y 151 letra g) de su Reglamento en concordancia con el artículo 5 de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, del Ministerio de Hacienda (Hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas), publicada en Gaceta Oficial N° 35.164 de fecha 04/03/1993; dando como resultado que hasta el presente el Auxiliar de la Administración no se ha presentado a las oficinas de la Gerencia de Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas de éste Servicio. (Folio 07) Una' vez revisados los resultados del proceso de verificación y supervisión de los Agentes de Aduanas realizado por las Gerencias de las Aduanas Principales La Guaira, Puerto Cabello, Las Piedras-Paraguaná y Maracaibo, conjuntamente con la Gerencia de Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas y en atención a lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 08 de Noviembre de 2001, en concordancia con los artículos 6 y 145 de la Ley Orgánica de Aduanas, esta Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria visto como han sido los hechos, asi como los documentos que integran el respectivo expediente administrativo, todo de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, para decidir observa:
II MOTIVACIÓN El artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas establece los requisitos que deben cumplir tanto las personas naturales como las jurídicas, para que se les conceda la autorización para actuar como agente de aduanas. En tal sentido el referido articulo señala:
"Articulo 36. La autorización para actuar como agente de aduanas será otorgada a solicitud de parte interesada, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
página original (tal como se publicó)

Página 11
(Omissis) La Administración Achuanera evaluará anualmente a las personas autorizadas para actuar como agente de aduanas, conforme a las normas establecidas en el Reglamento, a fin de verificar que mantienen las mismas condiciones que dieron lugar a la autorización. De no mantenerse tales condiciones, la autorización será revocada, (Subrayado muestro) (Omissis..)) Del artículo antes transcrito, se evidencia la obligación que tiene la Administración Aduanera de evaluar a los agentes de aduanas verificando las condiciones que dieron origen a la autorización para operar como Auxiliar de la Administración, para lo cual serán evaluados anualmente.
Así mismo, el contenido de la Resolución N° 2.170 de fecha 03/03/1993, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.164 del 04/03/1993, establece en su articulo 5 lo siguiente:
"Articulo 5. Los requisitos establecidos en los mumerales 1. 2, 4 y 9 del articulo 1° y en el mumeral 3 del articulo 2° de esta Resolución, deberán actualizarse anualmente ante el Registro que lleva la Dirección General Sectorial de Aduanas dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al cierre de los respectivos ejercicios económicos, debiendo consignar igualmente los estados financieros y la declaración del impuesto sobre la renta del último ejercicio económico. Las restantes requisitos deberán ser actualizados por el interesado Del análisis efectuado a la normativa legal que rige la actuación de los Agentes de Aduanas y de la documentación inserta en el respectivo expediente administrativo sustanciado por la Gerencia de Regimenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas, se puede constatar el incumplimiento de la normativa antes referida en el siguiente supuesto:
Falta de actualización de los requisitos para actuar como Agente de Aduanas.
En este sentido, al verificarse el incumplimiento de la normativa aduanera, se configura el supuesto de hecho previsto en el literal g) del articulo 151 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual dispone:
"Articulo 151. Son causales de revocación de la autorización, las siguientes:
(Omissis) g) Cualquier otra falta grave en el ejercicio de sus funciones, que atente contra la seguridad fiscal o los intereses del comercio." Pos otra parte el artículo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas establece la sanción aplicable al supuesto de hecho expuesto supra, el cual reza:
n definitivamente o suspendida hasta por un (1) año cuando a inicio del Ministerio del Poder Popular con comperencia en materia de Finanzas concurran circunstancias gue lo justifiquen o cuando hava desaparecido alguna de las condiciones que debieron tomarse en cuenta para otorgar la. En todo caso deberá olrze previamente al afectado.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas llevar un registro e nuestro)
En consecuencia y visto los supuestos de hecho y de derecho descritos anteriormente, esta Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria concluye que el Auxiliar de la Administración Aduanera se encuentra incurso en una de las causales de revocatoria prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
III DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien suscribe, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulos 4 y 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 del 08 de Noviembre de 2001 y en atención al contenido del artículo 38 de la Ley Orgánica de Aduanas, decide:
1) REVOCAR la autorización a la firma personal ASESORES ADUANEROS AS.ADCA, C.A, R.I.F. N° NO REGISTRADO, registro de auxiliar N° 174, para actuar como Agente de Aduanas en las operaciones de Importación, Exportación y Tránsito con carácter permanente por ante las Aduanas en las cuales se encuentra habilitado para actuar.
2) Se ordena la publicación de esta DECISIÓN, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines legales consiguientes.
Se participa a la parte interesada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en caso de disconformidad con la presente decisión podrá interponer el Recurso Contencioso Administrativo previsto en el 93 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días contados a partir de su notificación, por ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Se emite la presente Providencia Administrativa en original y dos (02) copias a un solo tenor y efecto.
NARIANA
Atentamente, OSEAVICABELLORONION ente Nacional Aduanero y Tributario Superinte to N° 5.851 de fecha 01/02/2008, EMA Gaceta Oficial N° 38.863 de fecha 01/02/2008
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA NUMERO: 028 CARACAS, 14 DE MAYO DE 2012 202° y 153° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para el Turismo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 7.208 de fecha 01 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.360 de fecha 03 de febrero de 2010, el Decreto N° 8.391 de fecha 09 de agosto de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.731 de fecha 09 de agosto de 2011, y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley que Suprime y Liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y Regula las Actividades Hípicas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 y 20 ejusdem, este Despacho,
RESUELVE Artículo Primero. Se designa al ciudadano JUAN CARLOS TREVIJANO VELAsQUEZ, titular de la cedula de identidad N° 12.069.094, como Superintendente (E) Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP).
Articulo Segundo. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y Publíquese,
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO
DESPACHO DEL PRESIDENTE- DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA
CARACAS, 14 DE MAYO DE 2012 AÑOS 202° y 153°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004-12 El Presidente del Instituto Nacional de Turismo, en ejercicio de la atribución conferidas en la Resolución N° 014, de fecha 23 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.622, de fecha 23 de febrero de2011, en concordancia con el artículo 23, numeral 9 del Decreto N° 5.999 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, de fecha 15 de abril de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, conjuntamente con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre de 2010, resuelve:
Artículo 1: Se designan como miembros de la comisión de contrataciones del Instituto Nacional de Turismo, los siguientes ciudadanos y ciudadanas:
página original (tal como se publicó)

Página 12
MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL ÁREA Rounels Manzur Germán Pérez JURÍDICA C.I. N° V- 6.506.718.
C.I. N° V-18.604.855.
Olmary Guevara Manuel Rivera.
ECONÓMICA FINANCIERA C.. N° V.- 11.000.842 C.l: N° V- 10.496.536.
Antonio Morillo Freddy Vivas Marcano TÉCNICA C.I. N° V.- 10.090.692 C.i. N° V.- 17.388.325 Edith Cáceres C.. N° V.- 10.334.367 SECRETARIA Artículo 2: La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros principales y las decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría.
Artículo 3: Las faltas absolutas, temporales o accidentales de los miembros principales, serán cubiertos de forma inmediata, por sus respectivos suplentes, de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
Artículo 4: La Secretaria de la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Turismo, tiene derecho a voz más no a voto.
Artículo 5: El Instituto Nacional de Turismo podrá incorporar a la Comisión de Contrataciones, los asesores que considere necesarios, los cuales tendrán derecho a voz, pero sin voto.
Artículo 6: La Comisión de Contrataciones podrá convocar a la Dirección, Oficina, o Área solicitante, para que participe en el procedimiento respectivo y con los aportes, conocer los detalles de requerimientos y necesidades, con derecho a voz, pero sin voto.
Artículo 7: Lo previsto en la presente Resolución será resuelto por la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Turismo, por el estricto cumplimento de la Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y demás normativas aplicables.
Artículo 8: El Auditor Interno, podrá participar como observador sin derecho a voto en los procesos de contrataciones.
Artículo 9: Se deroga la Providencia Administrativa N° 012-11, de fecha 16 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.617, de fecha 16 de febrero de 2011.
Articulo 10: La Presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional.
ALEJANDRO ANTONIOFLEMING CHABR INATUR PRESIDENTE (E) Fesolución N° 014. de fecha 23/02/201 endezulela Gaceta oficial de la República Bolivariana de N° 39.622; de focha 23/02/2011
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DESPACHO DEL PRESIDENTE- DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA
CARACAS, 14 DE MAYO DE 2012 AÑOS 202° y 153° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° P/N 008-12 El Presidente del Instituto Nacional de Turismo, INATUR en ejercicio de la atribución conferidas en la Resolución N° 014, de fecha 23 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.622, de fecha 23 de febrero de2011, en concordancia con el artículo 23, numeral 9 del Decreto N° 5.999 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, de fecha 15 de abril de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008 y numeral 5 del artículo 5 y artículos 19 y 20 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, resuelve:
ARTÍCULO 1: Se designa al ciudadano FREDDY JOSÉ VIVAS MARCANO, titular de la cédula de identidad N° V- 17.388.325, GERENTE DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN del Instituto Nacional de Turismo (INATUR).
ARTícuLo 2: La Presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional.
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABERA INATUR PRESIDENTE (E) Resolución N° 014, de fecha 23/02/2011 VCIA Gaceta Oficial ie la Repúblic Bolivariana de Vene 23/02/2011 N° 39.622, de fecha
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA 1 4 MAY 2012 CARACAS, RESOLUCIÓN N° 3)75 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto N° 5.348 de fecha 11 de mayo de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.681, de la misma fecha, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula Décima del Acta Constitutiva de la Fundación "Dr. Alejandro Próspero Réverénd",
POR CUANTO El supremo compromiso, la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basados en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo,
RESUELVE Artículo 1. Designar a los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Fundación "Dr. Alejandro Próspero Réverénd", la cual estará integrada por la ciudadana y los ciudadanos que se detallan a continuación:
Miembros Suplentes Miembros Principales Luis Francisco Bonilla Molina Antonio Torres Bujan C.I.: 5.742.307 C.I.: 5.530.263
página original (tal como se publicó)

Página 13
Femando Javier Bello Salas Tibisay Cruz Hung Rico C..: 13.983.879 C.I.: 2.764.747 Eudoro José Godoy Valles José Alberto Ferrer Montiel C..: 14.065.055 C.l. 13.741.315 Marlon José Peña Labrador Rubén Dario González Reategui C.I.: 15.540.051 C.I.: 6.369.867 En el ejercicio de sus funciones tendrán las atribuciones que le confieren el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Fundación "Dr. Alejandro Próspero Réverénd".
Artículo 2. La ciudadana designada y los ciudadanos designados mediante la presente Resolución, deberán prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determina la Ley.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Camuníquese y Publíquese, MARE YADIRA CÓRDOVA MinistdekPedeopular para la Educación Universitaria
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 376 CARACAS, 14 MAY 2012 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en los artículos 62, numeral 19 del 77 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública;
artículo 15 del Decreto Nº 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional; artículos 10, 11 y 12 del Decreto Nº 7.038 contentivo del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios; y artículo 8 de la Resolución Nº 1.125, de fecha 1º de junio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.686, de la misma fecha, POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria es el Órgano del Ejecutivo Nacional competente en todo lo referido a la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del subsistema de educación universitaria, por tanto garante de la imparcialidad, credibilidad y transparencia de los Concursos de Ingreso del Personal Docente Ordinario de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, POR CUANTO El Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios, contempla la conformación de las Comisiones Organizadoras del Concurso y los Comités de Formación y Segumiento del Docente, ambas instancias que deberán ser constituidas por personal docente ordinario del subsistema de educación universitaria, además de cumplir con los requisitos morales, éticos y de idoneidad académica exigidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, y el Reglamento eiusdem,
POR CUANTO Corresponde al Estado a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, regular, supervisar y controlar el ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño del personal docente de las Instituciones de Educación Universitaria, resulta vital la creación de las Comisiones Organizadoras del Concurso y los Comités de Formación y Seguimiento del Docente de cada Institución Universitaria en el marco de la articulación necesaria con el Comité Nacional de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, con ocasión a la celebración del Procedimiento Especial de Concurso Público en los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios,
RESUELVE:
Artículo 1: Se designan, a partir del 24 de octubre de 2011, como miembros de la Ingreso y Ascenso del Personal Docente del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación:
NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA DE IDENTIDAD LUÍS PÉREZ LUNA (Coordinador)
3.872.850 RUBÉN SERRA (Miembro Principal)
8.440.726 YOLLY SOTO (Miembro Principal)
10.168.089 LUÍS ZURITA (Miembro Suplente)
12.359.645 ELINOSKA GALLARDO (Miembro
13.360.236 Suplente) KATERINE RODRÍGUEZ (Vocero
19.761.404 Estudiantil Principal) LUÍS VILLEGAS (Vocero Estudiantil 19.834.516 Suplente) TOMAS GUZMÁN (Vocero Principal de la 9.981.749 Comunidad) SAÚL LÁREZ (Vocero Suplente de la 14.284.793 Comunidad) Artículo 2: Se designan, a partir del 24 de octubre de 2011, como miembros del Comité de Formación y Seguimiento del Docente del Procedimiento Especial del Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación:
NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA DE IDENTIDAD HAYAH GARCÍA (Coordinador)
11.383.122 ANIBAL ORDAZ
3.874.672 CÉSAR ACUÑA
5.699.737 FREDDY MATA
3.979.589 EDGAR GARCÍA
5.083.328 ALFREDO MÁRQUEZ
5.694.392 Artículo 3: La Comisión Organizador a del Concurso y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente designadas a través de la presente Resolución deberán cumplir con las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios conforme a las lineas de trabajo impartidas por la instancia tratégica del Comité Nacional de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios.
Artículo 4: Delegar en la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la juramentación de las ciudadanas y ciudadanos designados, de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y las funciones encomendadas en virtud del presente acto.
Artículo 5: Las dudas o controversias que se susciten con ocasión de la presente Resolución, serán resueltas por la Ministra o Minístro del Poder Popufar para la Educación Universitaria.
Artículo 6. A partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución N° 1.500, de fecha 25 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.786, de fecha 26 de octubre de 2011.
omuníquese y Publíquese, MARNE YADIRA CÓRDOVA Ministradet-Bbde Popular para la Educación Universitaria
página original (tal como se publicó)

Página 14
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N°3J7+ CARACAS, 1 4 MAY 2012 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en los artículos 62, numeral 19 del 77 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículo 15 del Decreto Nº 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional;
artículos 10, 11 y 12 del Decreto Nº 7.038 contentivo del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios; y artículo 8 de la Resolución Nº 1.125, de fecha 1º de junio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.686, de la misma fecha,
POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria es el Órgano del Ejecutivo Nacional competente en todo lo referido a la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del subsistema de educación universitaria, por tanto garante de la imparcialidad, credibilidad y transparencia de los Concursos de Ingreso del Personal Docente Ordinario de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios,
POR CUANTO El Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios, contempla la conformación de las Comisiones Organizadoras del Concurso y los Comités de Formación y Seguimiento del Docente, ambas instancias que deberán ser constituidas por personal .docente ordinario del subsistema de educación universitaria, además de cumplir con los requisitos morales, éticos y de idoneidad académica exigidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, y el Reglamento eiusdem,
POR CUANTO Corresponde al Estado a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, regular, supervisar y controlar el ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño del Personal Docente de las instituciones de educación universitaria, resulta vital la creación de las Comisiones Organizadoras del Concurso y los Comités de Formación y Seguimiento del Docente de cada Institución Universitaria en el marco de la articulación necesaria con el Comité Nacional de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, con ocasión a la celebración del Procedimiento Especial de Concurso Público en los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios,
RESUELVE:
Artículo 1: Se designan, a partir del 24 dc octubre dc 2011, como miembros de la Comisión Organizador a del Procedimiento Especial de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente del Colegio Universitario de los Teques "Cecilio Acosta" a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación:
CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRE Y APELLIDO
4.366.209 JULIO MOSQUERA PADRÓN (Coordinador)
5.992.654 ELISA CAMPANELLI (Miembro Principal)
4.053.863 JUANA MARRERO (Miembro Principal)
4.057.625 GABRIELA ANGULO (Miembro Suplente)
3.984.566 GLADYS SERRANO (Miembro Suplente)
12.785.055 RAMÓN PIÑA(Vocero Estudiantil Principal)
19.606.372 BLANCA SOTO (Vocero Estudiantil Suplente)
6.526.453 JUANITA ROMERO (Vocero Principal de la Comunidad)
5.450.697 XIOMARA VALENZUELA (Vocero Suplente de la Comunidad) Artículo 2: Se designan, a partir del 24 de octubre de 2011, como miembros del Comité de Formación y Seguimiento del Docente del Procedimiento Especial del Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente del Colegio Universitario de los Teques "Cecilio Acosta", a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación:
CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRE Y APELLIDO
8.583.548 CARMEN BOLSEGUI (Coordinadora)
6.356.682 CARMEN IZAGUIRRE EDGAR RÍOS
4.147.136
10.278.056 ROSA FLORES Artículo 3: La Comisión Organizador a del.Concurso y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente designadas a través de la presente Resolución deberán cumplir con las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios conforme a las líneas de trabajo impartidas por la Instancia Estratégica del Comité Nacional de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios.
Artículo 4: Delegar en la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la juramentación de las ciudadanas y ciudadanos designados, de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y las funciones encomendadas en virtud del presente acto.
Artículo 5: Las dudas o controversias que se susciten con ocasión de la presente Resolución, serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Artículo 6. A partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución N° 2.104, de fecha 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.820, de fecha 14 de diciembre de 2011.
omunauesePublíquese,
MARLENEANADIRA CORDOVA $ Ministrawel Poder.Popular para la Educación Universitaria
página original (tal como se publicó)

Página 15
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓNN°3/78CARACAS, 1 4 MAY 2012 AÑOS 202° Y 153° De conformidad con lo previsto en los artículos 62, numeral 19 del 77 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; artículo 15 del Decreto Nº 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional;
artículos 10, 11 y 12 del Decreto Nº 7.038 contentivo del Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios; y artículo 8 de la Resolución Nº 1.125, de fecha 1º de junio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.686, de la misma fecha, POR CUANTO El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria es el Órgano del Ejecutivo Nacional competente en todo lo referido a la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del subsistema de educación universitaria, por tanto garante de la imparcialidad, credibilidad y transparencia de los Concursos de Ingreso del Personal Docente Ordinario de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios,
POR CUANTO El Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios, contempla la conformación de las Comisiones Organizadoras del Concurso y los Comités de Formación y Seguimiento del Docente, ambas instancias que deberán ser constituidas por personal docente ordinario del subsistema de educación universitaria, además de cumplir con los requisitos morales, éticos y de idoneidad académica exigidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, y el Reglamento eiusdem,
POR CUANTO Corresponde al Estado a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, regular, supervisar y controlar el ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño del Personal Docente de las instituciones de educación universitaria, resulta vital la creación de las Comisiones Organizadoras del Concurso y los Comités de Formación y Seguimiento del Docente de cada Institución Universitaria en el marco de la articulación necesaria con el Comité Nacional de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, con ocasión a la celebración del Procedimiento Especial de Concurso Público en los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios,
RESUELVE:
Artículo 1: Se designan, a partir del 24 de octubre de 2011, como miembros de la Comisión Organizador a del Procedimiento Especial de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente del Instituto Universitario de Tecnología de Caripito a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación:
NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA DE IDENTIDAD NAYDA KHALIL DURGAM
8.984.908 (Coordinadora) EULIDIS CASTILLO (Miembro
8.447.802 Principal) JOSÉ ARREAZA (Miembro Principal)
9.293.239 MARISABEL REYES (Miembro
5.874.949 Suplente) ANDREÍNA NOA (Vocero Estudiantil
19.079.077 Principal) FRANCIS MARCANO (Vocero
12.782.887 Principal de la Comunidad) DIANNY ZACARÍAS (Vocero 15.876.984 Suplente de la Comunidad) Artículo 2: Se designan, a partir del 24 de octubre de 2011, como miembros del Comité de Formación y Seguimiento del Docente del Procedimiento Especial de! Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente del Instituto Universitario de Tecnología de Caripito, a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación:
NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA DE IDENTIDAD OMAIRA PÉREZ (Coordinadora)
8.433.916 DAMELIS INFANTE
8.370.387 OSIRIS FIGUEROA
8.207.959 Artículo 3: La Comisión Organizador a del Concurso y el Comité de Formación y Seguimiento del Docente designadas a través de la presente Resolución deberán cumplir con las actividades previstas en el Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios conforme a las líneas de trabajo impartidas por la instancia Estratégica del Comité Nacional de Concurso Público de Ingreso y Ascenso del Personal Docente de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios.
Artículo 4: Delegar en la Viceministra o Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la juramentación de las ciudadanas y ciudadanos designados, de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes de la República y las funciones encomendadas en virtud del presente acto.
Artículo 5: Las dudas o controversias que se susciten con ocasión de la presente Resolución, serán resueltas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Artículo 6. A partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución N° 2.105, de fecha 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.820, de fecha 14 de diciembre de 2011.
_Comuníquese y Publíquese, ARIANA
MARLEN/YADIRA CÓRDOVA Ministra debodepular para la Educación Universitaria
página original (tal como se publicó)

Página 16
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 16 DIC 2011 Caracas, 201° y 152°
AUTO DECISORIO EXPEDIENTE N° 001-2005
Como consecuencia del Informe Definitivo de la revisión del proceso de selección de contratistas para la instalación del comedor estudiantil en el Instituto Universitario Barlovento, en lo adelante IUB, ubicado en el sector San Luis, de la ciudad de Higuerote, estado Miranda, actuación de control que fue practicada a los fines de evaluar, si los miembros integrantes de la Comisión de Modernización y Transformación del mencionado Instituto, cuyo nombramiento fue mediante la Resolución N° 1.312 de fecha 09 de febrero de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.880 de fecha 16 de febrero de 2004 (folios 416 al 417). cumplieron con las disposiciones legales en relación a los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras y la adquisición de bienes muebles en el ejercicio fiscal 2004. En ejercicio de las facultades consagradas en el articulo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
esta Coordinación de Determinación de Responsabilidad Administrativa, adscrita a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, mediante auto de inicio de fecha 02 de febrero de 2005, inserto en el expediente nomenclatura N° 001-2005 dio inicio a las actuaciones necesarias, orientadas a verificar los presuntos hechos administrativos irregulares ocurridos en el proceso de selección de contratistas para la instalacion del comedor estudiantil en el mencionado Instituto por un monto de de Doscientos Setenta Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuatro Bolivares con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs. 270.152.604.84).
Cabe agregar, que este Órgano de Control Fiscal, dejó constancia de las actuaciones e investigaciones realizadas en Informe de Resultados de fecha 03 de febrero de 2011, que riela inserto en el expediente en los folios 763 al 781, denotando que existen méritos suficientes para iniciar el Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, previsto en el Capitulo IV. Titulo II, articulo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloria Generai de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
CAPITULO I
NARRATIVA
Procedimiento de Potestad Investigativa a que hace referencia el articulo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se desprende del Informe de Resultados de fecha 03 de febrero de 2011, que la Coordinadora de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario de Barlovento estaria presuntamente incursa con sus actos.
hechos u omisiones en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
La Coordinación de Determinación de Responsabilidad adscrita a la Dirección Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
imposición de Multa y/o formulación de Reparo, si fuese el caso, mediante Auto de Apertura fechado 26 de mayo de 2011, a la ciudadana: Brizeida Margarita Salazar Mays, titular de la cédula de identidad N° V- 4.023.527. en su condición de febrero de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.880 de fecha 16 de febrero de 2004, por el hecho que a continuación se indica:
Presunta irregularidad administrativa en ocasión al proceso de selección y estudiantil del IUB por un monto de Doscientos Setenta Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuatro Bolivares con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs. 270.152.604,84). Del hecho se desprende la presunta vulneración de la Ley de Licitaciones publicada en la Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001. y las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. publicada en la Gaceta Oficial N° ocurrió el hecho.
La presunta irregularidad narrada, de ser comprobada en el procedimiento que se inició, configura supuestos generadores de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el articulo 91, numerales 1. 23 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, los cuales son del tenor siguiente:
"Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:
.(omissis).
1. La adquisición de bienes, la contratación- de obras o de servicios. con inobservancia total o parcial del procedimiento de selección de de Licitaciones o en ia normativa aplicabie (omissis).
normativa intema. los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.
(omissis)
29. cualquier otro acto, hecho u omisión contrano a una norma lecal o manuales de sistemas y procecimientos que comprenden el control interno." Asimismo, los actos hechos u omisiones detectados, de ser confirmados, hacen procedente la acción fsca' de reparo ce conformidad con lo dispuesto en el articulo la Nación.
CAPITULO II
MOTIVA
1.- DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN O PRUEBAS A continuación se presentan los elementos de convicción y pruebas obtenidos legalmente durante el ejercicio de la Potestad Investigativa e incorporados a este expediente administrativo identificado con el N° 001-2005:
1. Informe de Auditoría sin fecha de la revisión del proceso de selección de contratistas para la instalación del comedor estudiantil en el IUB, donde se determinó lo siguiente:
a) "...la Coordinadora que dirige el Instituto procedió a seleccionar de manera discrecional, la contratación de los servicios de la contratista e iniciar los trabajos de remodelación sin previamente cumplir con los procedimientos intemos establecidos por el MES y lo contemplado en la la Comisión haya efectuado los trámites ante el MES para formalizar la contratación...omissis...fue suscrita por la Coordinadcra de la Comisión del IUB..." (folio 07).
"..la fianza de fiel cumplimiento y de anticipo se emitieron a nombre del c) Instituto Universitario de Barlovento y no a favor del Ministerio de Educación Superior..." (folio 08).
"..se considera que la Dirección del Instituto autorizó el inicio de la obra d)
2. Comunicación Interna s/n de fecha 29 de noviembre de 20C4, suscrita por el Ingeniero Alfonso J. Morales Coordinador de planta fisica, contentiva de la narración de los hechos y de ciertas irregulares tales como: "... una serie de irregularidades, partidas cobradas y no ejecutadas, sobreprecios, ..omissis..la partida 3 el precio del colegio de ingenieros de Venezuela es de 57.871 Bs/m2 y este contratista cotizó a 77.000,00 Bs/M2, para un área de 261,42M2 asciende a lavamanos a Bs. 296.700,00 y colocó lavamanos de tercera calidad que ni las pretendían colocar urinarios usados en mal estado, ..omissis... duchas a Bs.
756.700 c/u cobradas 8 sin ejecutarlas...omissis... todas estas irregularidades se les hizo saber en varias reuniones al contratista y a la ciudadana Directora..." (folios11 al 14).
3. Acta de recepción de equipos del comedor IUB (folios 48 y 49). Cabe destacar fax, bajo la responsabilidad de la Cooperativa entrega via Gaeka...omissis. En lo que respecta a esta adquisición, es relevante acotar que la Unidad de Almacén desconoce en su totalidad todos los procedimientos administrativos previos y posteriores a la mencionada compra. Se supo de parte de la Directora Brizeida Salazar, que la adquisición fue via adjudicación directa...omissis. los equipos no fueron recibidos en su totalidad, queda por entregar 8 bandejas Rect. Acerc Inoxidable 52x32x10 marca VENMAMETCA modelo VENMAMETCA modelo 1072." 4. Nota de entrega de fecha 05 de noviembre de 2004, sin firma y sello, por lo cual no se evidencia quien recibió los equipos que refleja la mis ma. (folio 51).
5. Comunicación de fecha 11 de noviembre de 2004 N° Cl-209, suscrita por el Coordinador de Auditoria y dirigida a la Lic. Ana Olga Guerra, la cual indica lo siguiente: ".
...la Coordinadora estaba recibiendo los equipos para el comedor...omissis... no tenemos el acta del Consejo Directivo donde conste la aprobación para efectuar trabajos de remodelación e instalación del comedor estudiantil..omissis...el dia 10/11/2004. los estudiantes manifestaron públicamente su desacuerdo con la instalación del comedor estudiantil provisional..." (folio 53).
Presupuestos de la Cooperativa Gaeka, con sello y firma del Presidente de la 6.
Cooperativa, refleja los servicios y construcciones a realizarse con indicación expresa de código, descripción de equipos y/o materiales cantidad y precios unitarios, defemmina que se procedió con lo que determina la Ley de Licitaciones publicada en la Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13/11/2001. (folios 23 al 29).
7. Contrato para la ejecución de obra pública en el IU Barlovento, contentivo de la identificación de las partes, el costo de la obra, el lapso para la ejecución de la obra, expresa que la obra tiene una garantia de 6 meses, el anticipo del 50% de lo contratado, indica que el contrato se regirá por todo lo expresado en el mismo y por las Condiciones Generales de Contratación para la ejecución de Obras, contempla las firmas de la Coordinadora y el Presidente de la Cooperativa. Defermina el compromiso y/o responsabilidad de la Coordinadora (folio 20).
página original (tal como se publicó)

Página 17
8. Comunicación N° Cl-184 de fecha 29 de octubre de 2004 suscrita por el Coordinador de Auditoria y dirigida al Auditor Interno del MES donde informa que en fecha 31/05/2004 la ciudadana Brizeida Salazar le dirige una solicitud al Director de OPSU donde le solicita sus buenos oficios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto Comedor Universitario, la misma es soportada con tres (03) presupuestos de distintas Empresas. Es resultante el hecho que 9. Acto Motivado para proceder a contratar bajo la modalidad de adjudicación de Barlovento. Dicho acto motivado, según el informe de audi:oria no se ajusta a lo exigido por en el Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones (folio 712).
10.Valuación s/n y s/f por el monto de Bs. 67.538.151,21 equivalente a BsF.
(folio 19).
11.Solicitud de pago de fecha 06/09/2004 por el monto de Bs. 67.538.151,21 soportado por la valuación N° 1. suscrito por la Coordinadora. (folio 17).
12.Valuación N° 2 s/n y s/f por el monto de Bs. 40.459.062,02 equivalente a Bs F.
40.459,06 debidamente firmada por el Ingeniero Residente y el Ingeniero Inspector asi como por la Coordinadora (folio 16).
José Escalona Trompiz titular de la cédula de identidad N° 3.485.009, quien ejerce las funciones de Subdirector Académico y el Lic. Luis Manuel funciones de Subdirector Administrativo". Dicha solicitud la efectuó en base a lo que consagra el artículo 3 ordinal 1 de la Gaceta Oficial N° 37.880 de fecha 16 de febrero de 2004 (folio 485).
Gaeka (folios 82,83).
15.Cabe señalar, que en el folio 760 cursa documento del Registro Nacional de Contratistas (RNC) en linea, el cual indica que la Empresa esta suspendida del Registro Nacional de Contratistas de acuerdo al articulo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas. Además señala que la fecha de inscripción en el RNC es el 07 de septiembre de 2004 y la fecha de vencimiento es el 30 de junio de Hernández. titular de la cédula de identidad N° 2.780.567. de donde se pone de relieve las respuestas en algunas preguntas como la número 9 que expresa lo siguiente: "Porque yo no iba a avalar ninguna irregularidad, yo estuve como observador, para saber que era lo que estaban trayendo y quienes estaban presente" (sic). (folio 386). Respuesta a la pregunta 12: "No estuvo ajustada a la Ley de Licitaciones" (folio 387). La repuesta a la pregunta 14: "Desde mi punto de vista, eso es una irregularidad" (folio 387).
respuestas a-las preguntas números 5, 8,10 indican lo siguiente: 5. *..procedi a denunciar los hechos irregulares ante la Fiscalia y la Contraloria General de la República...omissis..la cual acompaña de las denuncias interpuesta sobre por parte de la Dra. Brizeida Salazar Coordinadora de la Comisión del Instituto al contrario agudizaron las situaciones irregulares", 8. "Esta actividad estaba manejando la Coordinadora sin informar y ni participar a la Administración en alguno, para poder realizar la comparación entre lo que se habia contratado y 2.- DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO Las actuaciones más relevantes que conforman los actos del presente procedimiento administrativo son:
Auto de Apertura de fecha 26 de mayo de 2011, del expediente N° 001-2005 inserto en los folios 783 al 799.
Oficio de notificación DIREAUDI N° 008-487-2011 fechado 15 de junio de 2011 dirigido a la Contralorla General de la República, remitiendo el auto de apertura (folio 800).
Oficio de notificación del auto de apertura s/n, fechado 29 de junio de 2011 notificación personal (folio 804) Tres Actas de fechas 30/06/2011. 28/07/2011 y 31/08/2011. respectivamente, (folios 801 al 803) Cartel de notificación por prensa, publicado en la prensa ULTIMAS NOTICIAS.
en fecha 05/10/2011 (folio 837) Auto de fecha 28/10/2011, donde se da por notificada la presunta responsable de conformidad al artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
(folio.838).
Auto de fecha 18/11/2011. donde se fija el acto oral y público (folio 840).
Auto donde se fija nuevamente el dia para celebrar el acto oral y público, en virtud que se decretó el 02/12/2011. como dia no laborable en la administración pública (folio 841).
• Acta del acto oral y público (folios 842 y 843).
3.- DE LOS ALEGATOS DE LOS RESPONSABLES La ciudadana Brizeida Margarita Salazar Mays. plenamente identificada en autos, no consignó escrito contentivo de alegatos, que a su juicio desvirtuar en los elementos de prueba o convicción que puedan dar lugar a la declaratoria de responsabilidad selección y contratación con la Cooperativa Gaeka para la instalación del comedor estudiantil del IUB, por un monto de Doscientos Setenta Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuatro Bolívares con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs.
noviembre de 2001, y las Condiciones Generajes de Contratación para la Ejecución de Obras, publicada en la Gaceta Oficial N° 34.797 de fecha- 12 de septiembre de 1999, ambas vigentes para la fecha que ocurrió el hecho.
Dentro de la misma idea, se señala que la prenombrada y/o su representante legal no comparecieron al Acto oral y público fijado para el jueves 08 de diciembre de 2011, a las 10:00a.m en la Oficina de Auditoria Interna del MPPEU, ubicado en la avenida Universidad, esquina El Chorro, piso 4, torre Ministerial.
Con respecto a los señalamientos antes indicados, se destaca que el auto de apertura señaló que "con la notificación la interesada quedará a derecho para todos responsabilidades, de conformidad al articulo 86 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal." En el entendido, que de conformidad al articulo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual hace mención que al resultar impracticable la notificación personal, se procederá a realizar la misma mediante cartel en un diario de mayor circulación, y que la misma se entenderá notificada quince (15) dias después notificada conforme a la Ley, y aún asi no consignó prueba alguna.
4.- DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO Al respecto, esta Oficina ratifica el contenido del auto de apertura de fecha 26 de mayo de 2011, contentivo de suficientes elementos de convicción que hacen atribuible a la citada ciudadana responsabilidad administrativa, imposición de multa y formulación de reparo si fuese el caso.
En el presente caso, es necesario y pertinente referirse a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa en los cuales la responsable Brizeida Margarita hecho u omisión, en los numerales 1, 23 y 29 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:
(omissis).
1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con contratistas que corresponda, en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable.
..(omissis).
23. quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a normativa, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.
.(omissis).
29. cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las polticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno."(cursiva propia).
En el mismo orden de ideas, es importante para este Organo de Control Interno, la cual se encuentra el o los sujetos de derecho, los cuales deben sufrir las consecuencias derivadas de sus acciones, o por haber incurrido en ocasión del ejercicio propio de sus funciones que implique la infracción de una norma legal o sublegal, sin que sea excusable su conducta. El fundamento de dicha responsabilidad se halla consagrado en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que:
"Artículo 141. La administración Pública está al servicio de los honestidad,participación, celeridad, eficiencia, eficacia, ejercicio de la función pública, con sometiendo pleno a la Ley y al derecho." Por tanto, la responsabilidad administrativa es aquella que se deriva del incumplimiento o desviación de las normas aplicables, de los objetivos y del alejamiento inexcusable de los principios y procedimientos de buena administración en lo relativo a los valores, ética y/o cumplimientos de las funciones asignadas, así procedimiento de determinación de responsabilidades se fundamenta en los elementos esenciales, a los fines de su determinación, que hayan llevado a cabo el o los funcionarios en el lugar y tiempo determinado unido a la contravención o infracción que le es imputable.
Expuestas las situaciones, esta Oficina de Auditoria Interna, estima pertinente hacer referencia al supuesto de procedencia de reparo establecido en el articulo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuyo tenor es el siguiente.
"Articulo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exâmenes de cuentas o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado un daño al patnmonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del articulo 9 de
página original (tal como se publicó)

Página 18
esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interna, asl como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos." ...(omissis)...(cursiva propia).
Así pues, se desprende de las actas procesales que la presunta responsable, vulneró la norma legal y sublegal, en el hecho, que al seleccionar la contratista para la construcción del comedor estudiantil del IUB, no lo ejecutó conforme a lo que establece la norma que rige la materia, no obstante, no se evidencia que su actuar haya generado daño al patrimonio del IUB, en cuanto que el comedor si se realizó y se canceló por el monto acordado en el contrato realizado en su oportunidad. Por consiguiente la ciudadana Brizeida Margarita Salazar Mays no causó daño al patrimonio público.
CAPITULO IIII DISPOSITIVA Con mérito en los razonamiento precedentemente expuestos, este Órgano de Control Fiscal ejerciendo las facultades que comprenden las potestades sancionatorias previstas en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y cumplido todos los principios constitucionales comq es el derecho a la defensa, del cual gozo la responsable en el presente procedimiento, decide en los siguientes términos:
PRIMERO: Declara Responsabilidad Administrativa a la ciudadana BRIZEIDA MARGARITA SALAZAR MAYS, titular de la cédula de identidad N° V- 4.023.527, quien se desempeñó como Coordinadora de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario Barlovento, ente adscrito a este Ministerio, según Resolución N° 1.312 de fecha 09 de febrero de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.880 de fecha 16 de febrero de 2004. Por haberse comprobado la existencia de suficientes elementos de convicción, que hacen subsumir su conducta en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en el artículo 91, numerales 1, 23 y 29, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, toda vez que no fueron desvirtuados por la responsable en el desarrollo del presente Procedimiento.
SEGuNDO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, se impone multa a la responsable BRIZEIDA MARGARITA SALAZAR MAYS, titular de la cédula de identidad N° V- 4.023.527. por la cantidad de Doscientas (200) Unidades Tributarias, calculadas al valor de veinticuatro mil setecientos Bolivares (Bs.
24.700), monto vigente para la fecha que ocurrieron los hechos, de conformidad con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 37.876 de fecha 10/02/2004, y reimpresa por error en el N° 37.877 de fecha 11/02/2004. La referida multa asciende a la cantidad de Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil Bolivares con Cero Céntimos (Bs.
4.940.000), equivalentes según la reconversión monetaria a Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Bolivares con Cero Céntimos (Bs F. 4.940.00).
Para la aplicación de la multa, se consideró como agravante su condición de Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
TERCERO: Notifiquese la presente decisión a la ciudadana BRIZEIDA MARGARITA SALAZAR MAYS identificada en autos, por ser declarada responsable administrativamente y habérsele impuesto multa.
CUARTO: Contra el presente decisorio la responsable podrá interponer el Recurso de Reconsideración por ante este Organo de Control Interno, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del dia siguiente de la notificación del presente decisorio. De igual forma podrá interponer el Recurso de Nulidad por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el lapso de seis (06) meses contados a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad al articulo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
QUINTO: Remitase en copia certificada la presente decisión una vez firme en sede administrativa, a la Contraloria General de la República dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso establecido para el ejercicio del Recurso de Reconsideración o dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la fecha de la decisión de la interposición del Recurso indicado, de conformidad al artículo 111 del Reglamento de la precitada Ley.
Servicios Financieros del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas a los fines de que expida la planilla de liquidación, de conformidad a' articulo 110 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
SÉPTIMO: La presente decisión de conformidad al articulo 103 de la citada Ley, constará en el expediente signado bajo la nomenclatura N° 001-2005.
OCTAVO: Publiquese la presente decisión una vez firme en sede administrativa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad al articulo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Cúmplase, Lic. VERONICA VALECILLOS Directora (E) de Auditaría-Interna Designada mediante Resolución N° 2347 de fecha 13/06/2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 38 704 de fecha 13/06/2007.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SECRETARIADO PERMANENTE N° 026, Caracas, 14 de mayo de 2012 RESOLUCIÓN De conformidad con lo previsto en el artículo 20 parágrafo primero y Artículo 23 de la Ley de Universidades y en el Artículo 7 del Reglamento Interno del CNU, se convoca a los integrantes del Cuerpo para una Sesión Extraordinaria el día miércoles 16 de mayo de 2012, hora 10:00 a.m., sede Universidad Nacional Experimental de las Artes, Salón Espacios Cálidos, "Centro de Estudios y Creación Artística", mezanina, avenida México con avenida Norte Sur 25, sector El Conde, Caracas.
PUNTO ÚNICO A TRATAR:
1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, SALDOS INICIALES DE CAJA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.
COMUNÍQUESEY PUBLÍQUESE MARLENE YADIRA CÓRDOIA Presidenta del Consejo Nacional de danversidades
WEGAS S.
VE Pmanente
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 065 NÚMERO DE 1 4 MAYO 2012 DE 2012 202° y 153º
RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 de fecha 24 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficial del 09 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2, y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 5 numeral 2 y artículos 17, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el artículo 48 del Reglamento Orgánico de este Ministerio, artículo 161 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público artículos 51 y 52 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con los artículos 6, 7 y 23 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el Decreto Presidencial N° 6201 de fecha 01 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.976 de fecha 18 de julio de 2008, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Designar a la ciudadana EDNA ELOISA ROJAS CALDERA, titular de la cédula de identidad N° V- 3.845.590, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA DE EPIDEMIOLOGÍA, adscrito a la Dirección Estadal de Salud de Distrito Capital, a partir del 01 de marzo de 2012.
Artículo 2. Se autoriza a la ciudadana EDNA ELOISA RO CALDERA, antes identificada, en su carácter de DIRECT REGIONAL ENCARGADA DE EPIDEMIOLOGÍA, para que actúe Cuentadante.
Artículo 3. La ciudadana EDNA ELOISA ROJAS CALDERA, antes identificada, en su carácter de DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA
página original (tal como se publicó)

Página 19
DE EPIDEMIOLOGÍA, deberá presentar a la ciudadana Ministra del Poder Popular para la Salud, informe mensual detallado de todas aquellas actuaciones llevadas a cabo en la ejecución financiera del presupuesto.
Artículo 4. La ciudadana EDNA ELOISA ROJAS CALDERA, antes identificada, en su carácter de DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA DE EPIDEMIOLOGÍA, deberá prestar caución suficiente para el ejercicio de sus funciones ante la Auditoria Interna de la respectiva unidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 ce la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 52 de su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 5. La ciudadana EDNA ELOISA ROJAS CALDERA, antes identificada, en su carácter de DIRECTORA REGIONAL ENCARGADA DE EPIDEMIOLOGÍA, deberá presentar declaración jurada de patrimonio y anexar fotocopia del comprobante emitido por la Contraloría General de la República, y posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
DELA
EUGENIA SADER CASTEILANOS Ministra del Pader Popular para la Salud Pecreto N° 7.496 del 24 de mayo de 2010 Gaceta Oficial N° 39,434 del 28ede mayo de 2010 Aviso Oficial del 09 aejunio de 2010 Gaceta Oficial N° 39.442 del 09 de junio de 2010
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 293 CARACAS, 20 DE MARZO DE 2012 AÑOS 201° y 153° En conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Decreto N° 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, artículo 15 de su Reglamento y, III Sesión Ordinaria Año 2012 del Consejo Directivo de fecha 20 de marzo de 2012, decide:
PRIMERO: Recomponer la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, para llevar los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, sus actuaciones se regirán por las disposiciones consagradas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como en todos los instrumentos de rango legal y sublegal que regulen la materia.
SEGunDo: En consecuencia, la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, queda conformada por Tres (3) Miembros Principales con sus respectivos Suplentes, responsables del Area Económica-Financiera, el Área Técnica y el Área Jurídica, respectivamente; así como un (1) Secretario (a), con derecho a voz mas no a voto.
TERcERO: La Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, queda integrada de la siguiente forma:
Área Miembro Principal Miembro Suplente ECONÓMICA Lcda. América Guerra Lcda. Elisa Ordoñez FINANCIERA C.I V-5.973.518 C.I. V-4.250.565 TECNICA CN Alvaro Carias Felipe Hinojosa E.
C.I. V-4.279.540 C.I. V-2.521.572 JURIDICA Abg. Soraya Venero Abg. Mariela Olavarrieta C.I. V-9.480.535 C.I. V-10.805.312 SECRETARIA Abg. Carolina Hernández C.I. 10.337.071 CUArTo: La Comisión de Contrataciones podrá designar los asesores técnicos que considere necesarios, de acuerdo a la complejidad de la contratación; quienes tendrán derecho a voz, mas no a voto.
QuinTo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, fecha en que quedará revocada la Providencia Administrativa Nº 281 de fecha 10 de enero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.853 de fecha 30 de enero de 2012.
Comuníquese Rublíquese, VA. JORGE MIGUEL SIERRAALTA ZAVARO Presidente del INEA Tcnel. Manueleada CA. Juan CauFerrer Direetpr Directo Ing. Karla Del Valle Fegmín Jiménez Director
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° .313
Caracas, 30 de Abril de 2012 202° Y 153°
De conformidad con el artículo 78, numeral 11 del Decreto N° 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se designa a partir del 17 de abril de 2012, a la ciudadana CARMEN DEL VALLE GIARDINELLA ORTIZ, titular de la cédula de identidad N° V- 14.198.489, COMO REGISTRADORA NAVAL PRINCIPAL, Código RAC N° 049, adSCrita a la CAPITANÍA DE PUERTO DE AMAzonAs. En consecuencia, se autoriza a la ciudadana antes identificada para que de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico vigente, realice las funciones inherentes a su cargo.
Comuníquese y publíquese.
VA. JORGE MIGUEL ERRAALZAVARE
Publicada en la Gaceta Oficial e la Repúblicaavtira venezuela N° 39.819 de fecha 13 de diciembre de 2071
página original (tal como se publicó)

Página 20
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nes· 31 4
Caracas, 04 de Mayo de 2012 202° Y 153°
De conformidad con el artículo 78, numeral 11 del Decreto N° 6.126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°.5.890 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se designa a partir del 03 de mayo de 2012, al ciudadano EDGAR JOSE ARELLANO GóMEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.015.577, COmO JEFE DE DIVISIÓN DE TESORERÍA, CÓdiCO RAC N° 24, adSCrito a la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANzAS. En consecuencia, se autoriza al ciudadano antes identificado para que de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico vigente, realice las funciones inherentes a su cargo.
Comuníquese y publíquese.
VA. JORGE MIGUELIERRA Presidente Según Resolución N° A65 fecha 08 de diciembre 2011 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.819 de fecha 13 de diciembre de 2011
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CARACAS, 26 DE MARZO DE 2012 AÑOS 201° y 153°
AVISO OFICIAL De conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 11 del Decreto 6.126, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con los artículos 138 numerales 1 y 6; y 140 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas y el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hace del conocimiento público que:
Se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano de la Circunscripción Acuática de Maracaibo, y su consecuente desincorporación, así como la Extinción de la Matrícula, debido al cambio de propietario y de Circunscripción Acuática del siguiente Buque, en la fecha que se señala:
CAPITANÍA FECHA DE MATRÍCULA BUQUE EXTINCIÓN DE PUERTO AJZL-D-1.238 23/02/2012 SAVANAAH MARACAIBO El Buque SAVANAAH, fue registrado en la Circunscripción Acuática de Puerto Cabello, Estado Carabobo, bajo el No 24, Tomo 03, Folios 113 al 117, Protocolo Único, Primer Trimestre del año 2012, bajo la Matrícula ADKN-D-10.124_en fecha 23 de febrero de 2012.
Comuníquese y Publíquese.
VA. JORGE MIGUEHERRAAT Predente Publicado en la Gaceta Oficial de lRepublica Boegée g egezea N° 39 819 de fecha 13 de diciembre N
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE DESPACHO DEL MINISTRO/CONSULTORIA JURÍDICA NÚMERO: 061 CARACAS, 10 DE MAYO DE 2012.
202° y 153° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas en las artículos 62 y 77, numerales 2, 14 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Primera y Cláusula Décima Segunda de los Estatutos de la Sociedad Mercantil TRANSBAR, C.A. y de conformidad con los Decretos números 8.569 y 8.560 de fechas 01 y 02 de noviembre de 2011, publicados en la Gaceta Oficial N° 39.791 de fecha 02 de noviembre de 2011; este Despacho, RESUELVE Artículo 1. Designar al ciudadano JEAN PIERRE NAIRoUZ MORA, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.755.782, como DIRECTOR y PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil TRANSBAR, C.A., en sustitución de la ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN LEAL ARTEAGA, titular de la cédula de identidad N° V- 4.153.224.
Artículo 2. Procédase a realizar la convocatoria respectiva y el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas a los efectos de que la misma sea presentada ante la oficina del Registro Mercantil Correspondiente y posterior publicación en la Gaceta Oficial.
Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación icial de la República Bolivariana de Venezuela.
AN DE JESUS GARCÃA POUSSAINTT m Ministare
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABITAT
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INAVI 202° y 153° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA ORDINARIA N° 005/001 Caracas, 18 de abril de 2012 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA:
La Junta de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), en virtud de lo previsto en la Disposición Transitoria Sexta del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat N° 6.072 de fecha 14 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; designada mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat N° 088 de fecha 27 de junio de 2011; publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.704 de fecha 29 de junio de 2011; presidida por el ciudadano Nelson Alexander Rodríguez González, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Titular de la Cédula de Identidad N° V-6.499.755,
página original (tal como se publicó)

Página 21
designado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat N° 070 de fecha 23 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.680 de fecha 24 de mayo de 2011; en atención a lo dispuesto en el artículo 6, numerales 1, 2, y 4 del Decreto N° 6.218 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), de fecha 15 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 52 de la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, así como el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas;
CONSIDERANDO Que es obligación del Estado venezolano garantizar el derecho a la vivienda consagrado en la Consticución de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las políticas, programas y proyectos que desarrolle en esa materia, conforme a principios constitucionales de justicia social, igualdad y equidad, dando prioridad a las familias de escasos recursos y de atención especial.
CONSIDERANDO Que los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Administración Pública podrán delegar las atribuciones que le están otorgadas por ley en los órganos o funcionarias o funcionarios inmediatamente inferiores bajo su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarias o funcionarios adscritas a los mismos, de conformidad con las formalidades que determine la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos.
CONSIDERANDO Que en el marco de la Gran Misión Vivienda Veneguela, es necesario reforzar la celeridad y funcionalidad en los trámites administrativos, en virtud de la alta demanda de documentos a protocolizarse, con respecto a las transferencias o donaciones de bienes inmuebles hechas por los diferentes órganos o entes públicos y privados al Instituto Nacional :de la Vivienda (INAVI), así como los documentos de compra venta, comodatos, arrendamiento y contratos de adhesión.
ACUERDA LA SIGUIENTE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA:
ARTÍCULO 1: Delegar en el ciudadano ANDERSON ADONAY TABLANTE FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V-15.859.101 en su condición de Gerente Legal del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), las siguientes:
atribuciones que se mencionan a continuación:
a) Recibir en nombre del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), Transferencias o Donaciones de Bienes Inmuebles por parte de los diferentes órganos o entes públicos y privados.
b) Suscribir contratos de compra-venta, comodatos y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, así como contratos de adhesión.
ARTícuLo 2: El prenombrado funcionario, deberá presentar mensualmente una relación pormenorizada de los actos y documentos que hubiere firmado en razón de la presente delegación.
ARTícULo 3: La Gerencia Legal del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), queda encargada de realizar todos los trámites correspondientes para la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de la presente Providencia Administrativa.
Comuníquese y Publíquese.
Por la Junta de Reestructuración del Instituto Nacional de la ienda (INAVI);
VIENGAP ARQ. NELSOINALEANDER RODRIGUEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA DE RESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO MACIONALYDE LA IVIENDA (INAVI)
GUATIRE 14 de marzo de 2012 201° Y 153 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001 / 2012 EMPRESA MIXTA PARA LA PRODUCCION DE INSUMOS PARA LÁ CONSTRUCIÓN El Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat creado según Decreto Presidencial N° 7.513 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010. en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 77, numerales 13 y 14 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 15 de julio de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, y en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los artículos 1° y 5° del Decreto N° 5.655 de fecha 23 de octubre de 2007 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.812 de fecha 16 de noviembre de 2007, y la Cláusula Vigésima Segunda del Documento Constitutivo de la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, S.A.
Sociedad Mercantil registrada ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el N° 64, Tomo Bolivariana de Venezuela N° 38.831 de fecha 13 de diciembre de 2007, este Despacho Ministerial.
RESUELVE La Asamblea de accionistas de la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, S.A., en Asamblea General Extraordinaria, celebrada en fecha catorce (14) de marzo de 2012, acordó aprobar la designación de los nuevos miembros que integrarán la Comisión de Contrataciones; por tal motivo y en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y el artículo 15 de su Reglamento, decide:
Contrataciones de la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, S.A., encargada de dirigir las actuaciones relativas a los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios; cuya actuación se regirá por las disposiciones consagradas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como tedos los instrumentos ole rango legal que regulen la materia.
Segundo: La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (03) Miembros económico-financiera; igualmente se designa una (01) Secretaria y su respectiva Suplente, la cual tendrá derecho a voz más no a voto.
Tercero: La Comisión de Contrataciones de la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, S.A., estará conformada de la siguiente manera:
ÁREA PRINCIPALES SUPLENTES Julio Cesar Martínez Gago Juan Alberto Valdés Flores LEGAL C.I. N° V- 4.007.634 C.I. N° V- 11.938.061 Oscar Eduardo González María Gabriela Zambrano Gil TÉCNICA Gutiérrez C.. N° V.-13.350.368 C.I. N° V- 18.762.388 ECONÓMICA Jesús Alberto López Rodríguez Carlos Augusto Racca Ríos.
FINANCIERA C.I. N° V- 13.127.791 C.. N° V- 10.488.560 Briceida Sagrario Rodríguez Dayana del Valle Mata Oyarbes SECRETARIA Singer C.I. N° V- 16.342.323 C.I. N° V- 9.487.135 Cuarto: La Comisión de Contrataciones podrá designar los asesores que considere necesarios, los cuales tendrán derecho a voz más no a voto.
página original (tal como se publicó)

Página 22
Quinto: La Secretaria de la Comisión de Contrataciones del Instituto, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1. Coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones; elaborar las actas correspondientes y entregar oportunamente a cada uno de los miembros de la Comisión de Contrataciones la agenda respectiva.
2. Convocar a las reuniones a los miembros de la Comisión de Contrataciones.
3. Formación de los expedientes de los procesos de contratación, levantamiento del acta que corresponda conforme a cada acto y ejercer el control del archivo.
4. El manejo de la correspondencia cuya tramitación corresponda a la Comisión de Contrataciones.
5. Certificar las copias de los documentos inherentes a los procesos de contratación llevados a cabo por la Comisión de Contrataciones.
6. Suscribir oficios y/o comunicaciones, en nombre de la Comisión de Contrataciones, dirigidos a las instancias administrativas o judiciales, públicas o privadas, Nacionales, Estadales o Municipales, relacionadas con los asuntos inherentes a los procesos de contratación llevados a cabo por la Comisión.
Sexto: Se deroga la Providencia Administrativa N° 002, de fecha dos (02) de junio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693 de fecha 10 de junio de 2011.
Séptimo: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Karla Del Valle fermín J.
Puimer Director Principal Presidenta
Jyan JosaNúnez.
Tercer Diector Principal MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO N° 035 FECHA: 11/05/2012 202° y 153° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 8.611 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058 Extraordinario de fecha 26 de noviembre de 2011, en concordancia con el Decreto N° 8.901 de fecha 03 de abril de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.897 de la misma fecha; de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 77, numerales 2, 12, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; y en los artículos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002;
y en atención a los artículos 14 y 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y Cláusula Vigésima Segunda del Acta Constitutiva Estatutaria de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECYT, S.A., este Despacho, RESUELVE Único. Designar como miembros de la Junta Directiva de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECYT, S.A., ente adscrito a este Ministerio, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:
V.- 10.170.468 GUY VERNÁEZ PRESIDENTE (E) MIGUELANGEL LIENDO DIRECTOR DIRECTOR V.- 14.789.149 SUPLENTE PRINCIPAL V.- 14.585.056 NORBERTO REBOLLEDO DIRECTOR DEBORAH MENDOZA DIRECTORA V.- 6.809.829 SUPLENTE V.- 14.674.235 PRINCIPAL LUZMILA ABREU ALBERTO QUINTERO DIRECTORA DIRECTOR V.- 6.002.829 SUPLENTE V.- 11.468.002 PRINCIPAL.
JOSÉ BIOMORGI ARTURO GIL DIRECTOR DIRECTOR V.- 12.568.907 V.- 11.684.094 SUPLENTE PRINCIPAL
aón en la Gaceta La presente Resolución entrará en vigencia a partir de Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
JORGE ARREAZA MONTSRA Ministro del Poder Pepular para Ciencia, Tecnología e Innovaón Decreto N° 8.811 de fecha 22 de noviembre 2011 Gaceta Oficial N° 6.058 Extraordinario de fecha 26 de noveñbrg,der2811 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALACULTURA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS "RÓMULO GALLEGOS" Caracas, 07 de Mayo de 2012 201° y 153° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 001-2012 ROBERTO HERNÁNDEZ MONTOYA, venezolano, mayor de edad y de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-632.931, en su carácter de Presidente de la FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS “RÓMULO GALLEGOS" cOmo consta en Resolución N° 042 de fecha 29 de agosto de 2008, Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.028, de fecha 1° de octubre de 2008; en ejercicio de la atribución contenida en la cláusula décima sexta de los Estatutos de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuya creación fue autorizada mediante Decreto 740 de fecha 31 de julio de 1985, publicada en la Gaceta Oficial N° 33.287 del 16 de Agosto de 1985 y protocolizados sus Libertador del Distrito Federal hoy Distrito Capital, quedando registrado bajo el N° 24, Tomo 36, Protocolo Primero, posteriormente fueron reformados sus Estatutos Sociales en fecha 24 de Enero de 1991, ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, hoy Distrito Capital, quedando registrado bajo el N° 47, Tomo 11, Protocolo 1 y reformada su denominación y objeto en Decreto N° 6.103 (se reimprime por error material del ente emisor) publicado en Gaceta N° 38.939 de fecha 27 de mayo de 2008, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en concordancia con lo tipificado en el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de las Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 6 de septiembre de 2010.
DICTA
ARTÍCULO 1°: Se constituye la Comisión de Contrataciones permanente, con el objeto de regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
ARTÍCULO 2°: La Comisión de Contrataciones para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, estará integrada por ciudadanos de calificada competencia profesional y reconocida honestidad, con carácter de miembros principales y suplentes, que representaran las áreas juridica, técnica y económica financiera, los cuales se mencionan a continuación:
MIEMBROS Por el Área Económica-Financiera:
MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE C.I.
C.I.
Nombre Nombre EMILIA ROMERO FRANCISCO SOSA V- 14.548.247 V-3.956.808 Por el Área Técnica:
MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE Nombre C.I.
Nombre C.I.
Bestalia Ibarra V- 3.121.565.
V-6.298.319.
Pedro Sanz Por el Área Jurídica:
MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO PRINCIPAL C.I.
Nombre C.I.
Nombre V- 15.758.881.
V- 11.918.395 Francisco Della Morte Juan CarlosYoris
ARTÍCULO 3°: La Comisión de Contrataciones tendrá los deberes y atribuciones que le confiere la Ley de Contrataciones Públicas.
ARTÍCULO 4°: La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoria de los miembros y sus decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría.
ARTíCULO 5°: Se designa como Secretario de la Comisión de Contrataciones para la Ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a la ciudadana:DOLLY ROCIO CASTELLANOS, titular de la cédula de identidad N° E-84.404.868, quién tendrá derecho a voz, pero no a voto, asi como las siguientes atribuciones:
Convocar para las reuniones a los miembros de contrataciones.
1.
Elaborar el Acta correspondiente a cada reunión que se celebre y entregar 2.
oportunamente la agenda respectiva a todos las miembros de la Comisión de Contrataciones.
Aperturar los expedientes de los procedimientos de contrataciones, hasta la 3.
finalización del proceso que corresponda y llevar el control de su archivo.
Certificar las copias de las actas y documentos contentivos de las decisiones de la 4.
Comisión de Contrataciones.
y notificaciones y demás Elaborar y suscribir las comunicaciones 5.
correspondencias relacionadas con los procedimientos de contrataciones y con aquellos asuntos inherentes a la Comisión de Contrataciones Públicas.
Cualquier otra atribución que le asigne la Comisión de Contrataciones.
6.
página original (tal como se publicó)

Página 23
Así mismo se designa a la ciudadana: Mayela Machado titular de la C.I. N° V- 7.948.002., como suplente de la secretaria.
ARTÍCULO 6°: El Auditor Interno, podrá asistir en calidad de observador, con derecho a voz, pero no a voto, tanto en las reuniones de la Comisión de Contrataciones, como a los actos públicos que se celebren durante los procedimientos de contratación. Las faltas temporales de este funcionario, podrán ser suplidas por el representante de este o esta designe a tal efecto, previa notificación a la Comisión de Contrataciones.
ARTÍCULO 7°: La presente providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivasina o Venezuela.
Comuniquese y Publiquese, N CELARG ROBERTO HERNÁNDEZ MONTOYA Presidente Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos"
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODÉR POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DESPACHO DEL DIRECTOR Caracas, 07 de Febrero de 2012 201° y 152° PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°12.
HUMBERTO JOSÉ GONZÁLEZ SILVA, tular de la Cédula de Identidad N° 5.221.710, Director del INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, segÚn se evidencia en el Decreto Presidencial N° 7.659 de fecha 01 de septiembre de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.505 de fecha 08 de septiembre de 2010 y de acuerdo a lo previsto en República de Venezuela N° 31.298 de fecha 16 de agosto de 1977, estando suficientemente facultado para dictar el presente acto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, literal "b" de la _ey respectiva y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 34 y 37 del Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho:
CONSIDERANDO Que le compete al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas formular y ejecutar la política del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas dentro de los planes de desarrollo económico, social y cultural de la Nación.
CONSIDERANDO Que le corresponde al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas elaborar y aplicar las normas y procedimientos técnicos relativos al funcionamiento de los distintos tipos de bibliotecas que integran el Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas y velar por su cumplimiento.
CONSIDERANDO Que es competencia del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas establecer un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, mediante acuerdos con Instituciones del sector público y del sector privado.
CONSIDERANDO Que el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas debe evaluar periódicamente la calidad de los servicios del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas existentes en el país, corregir sus deficiencias y contribuir a su modernización.
RESUELVE
PRIMERO: Delegar en el ciudadano MANUEL DEL VALLE MARCANO, titular de la Cédula de Identidad N° 5.991.412, en su condición de Profesional I- Especialista de Información I del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, las atribuciones y firma de los actos y documentos relacionados con la planificación, coordinación, dirección y control del funcionamiento técnico-normativo de la Red de Bibliotecas Públicas en los Estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro. Bolivar, Amazonas, Guárico, Portuguesa y Carabobo, y en particular las que a continuación se especifican:
1.- Planificar, asesorar, coordinar y dirigir el desarrollo de la Red de Bibliotecas Públicas.
2. Controlar la programación operativa y el funcionamiento técnico-normativo de las bibliotecas públicas y servicios bibliotecarios estadales.
3. Apoyar en la formulación, seguimiento y control de la aplicación de políticas, normas y procedimientos técnicos para asegurar la uniformidad del funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas en los Estados antes indicados.
4. Mantener actualizada y consolidada la información básica sobre infraestructura, indicadores normativos y estadisticos para evaluar el nivel de desarrollo y funcionamiento de los servicios en las Rades de Bibliotecas Públicas en los Estados mencionados.
funcionamiento de las redes de bibliotecas públicas.
6. Promover la relación entre la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Públicas Centrales de os Estados, para el desarrollo de las colecciones estadales y fomentar el cumplimiento de la Ley de Depósito Legal.
7. Promover el desarrollo de estrategias de integración y vinculación con las comunidades en las que están inmersas las bibliotecas públicas, a fin de fomentar el desarrollo cultural, educativo, informacional y social de dichas comunidades.
8. Participar activamente en la aplicación de estrategias de divulgación permanente de los servicios y colecciones de la Red de Bibliotecas Públicas en los referidos Estados.
9. Coordinar el desarrollo de nuevas modalidades de servicios, bibliotecarios públicos a fin de asegurar el acceso a la información y el conocimiento en las bibliotecas estadales.
SEGunDO: Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Providencia Administrativa, deberán indicar de forma inmediata, bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y la fecha y número de la Gaceta Oficial de la Repúolica Bolivariana de Venezuela en la cual haya sido publicada la delegación respectiva.
TERCERO: Queda a salvo lo establecido en el articulo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Lay Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos cuya firma no puede ser delegada.
CUARTA: El referido funcionario deberà rendir cuentas al Director del Instituto Autónomo B blioteca Nacional y prevista en la presente Providencia Administrativa.
QUINTO: La presente Providencia entrará en vigencia partir del 07 de Febrero de 2012.
Comuniquese y Publlquese.
HUMBERTO JOSÉ GONZÁLEZ SILVA Director del Instituto Autónomo Biblioleca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELECTRICA DESPACHO DEL MINISTRO
Caracas, 14-05-2012 Nº 014 202° y 153° RESOLUCIÓN Por disposición del ciudadano Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; se DESIGNA a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano JULIAN MANUEL ELjURY M., titular de la Cédala de Identidad Nº V-7.565.409 como Director General de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del Artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1º del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega al Ciudadano JULIAN MANUEL ELJURY M., la firma de los actos y documentos que a continuación de indican:
a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
b) Los oficios de respuesta a funcionarios. subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y Distrito Capital relacionados con asuntos competencia Oficina de Planificación, Presupuesto y de la Organización.
Los oficios dirigidos a órganos y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, relacionados con las competencias atribuidas a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
Las solicitudes y órdenes de pago dirigidas a la Oficina Nacional del d) Tesoro, hasta por un monto de VEinTiCinco MIL Unidades Tributarias (25.000 tu).
La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier e) otra naturaleza en respuesta a solicitudes dirigidas a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
La certificación de las copias de los documentos, oficios, memoranda y circulares emanados de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
Se autoriza al ciudadano JULIAN MANUEL ELJURY M., ya identificado, el ejercicio de las siguientes funciones:
1.
Dictar los lineamientos y participar en la formulación de las políticas, planes institucionales y operativos del Ministerio, asegurar su articulación con los planes de desarrollo nacional, de acuerdo con los lineamientos del órgano rector en la materia.
Asistir y asesorar al Ministro o Ministra, a las dependencias del Ministerio 2.
y a los demás órganos y entes adscritos, en materia de planificación, presupuesto, estadísticas, organización y sistemas y control de gestión.
Preparar el Proyecto de Presupuesto de Gastos del Ministerio en coordinación con los Despachos de Viceministros, las Oficinas de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, de sus demás órganos y entes adscritos para cada ejercicio fiscal y presentarlo a la consideración del Ministro o Ministra.
Efectuar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución física de los 4.
planes operativos, del presupuesto ordinario y extraordinario de las dependencias del Ministerio y sus demás órganos y entes adscritos, así como aquellos que sean desarrollados en forma conjunta o complementaria con otras organismos de la Administración Pública.
Apoyar en materia de ejecución presupuestaria a las dependencias del Ministerio, sus órganos y entes adscritos ejecutores de planes y proyectos, y tomar las previsiones necesarias para dar cumplimiento al os objetivos establecidos.
Suministrar información permanente a la Oficina Estratégica de 6.
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas sobre los resultados de la
página original (tal como se publicó)

Página 24
gestión del Ministerio, sus demás órganos y entes adscritos, así como cualquier otra información que sea necesaria para dicha Oficina con la finalidad de brindar soporte a las decisiones de la Junta Ministerial.
Servir de enlace entre el Ministerio y los órganos rectores de los sistemas 7.
nacionales de Planificación, Presupuesto, estadística, organización y sistemas, con el fin de obtener lineamientos técnicos en las materias consideradas, para ser aplicados en la formulación de los planes, proyectos y presupuestos relativos a las áreas antes mencionadas que prevea desarrollar el Ministerio.
8.
Revisar permanentemente la estructura organizativa y los procesos del Ministerio, así como realizar los ajustes pertinentes con la finalidad de fortalecerlos oportunamente, de conformidad con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación.
9.
Apoyar en el diseño, análisis e instrumentación de los sistemas administrativos y metodologías de trabajo de las unidades administrativas del Ministerio que lo requieran.
10. Establecer y mejorar continuamente los componentes de la organización necesarios para el establecimiento de un sistema gerencial eficiente, dentro del Ministerio, como son los objetivos, funciones, recursos, planes, normas, procedimientos, metodologías, estándares y servicios.
11. Coordinar la elaboración de los diferentes manuales de organización, organigramas, normas y procedimientos técnicos, formularios y flujogramas de los diferentes procesos que conforman a las unidades administrativas del Ministerio y mantenerlos debidamente actualizados.
Elaborar e implementar el plan de simplificación de trámites 12.
administrativos del Ministerio.
13. Diseñar conjuntamente con la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas los indicadores de gestión y las estrategias de seguimiento sobre las actividades del Ministerio, a fin de medir el logro de los objetivos de la gestión, así como para verificar su correspondencia con los planes de desarrollo nacional.
14. Diseñar, implementar y coordinar el sistema de control de gestión y evaluación de la gestión institucional de acuerdo con la normativa legal vigente.
15. Planificar y coordinar la producción de información estadística generada por la gestión del ministerio en correspondencia con las pautas establecidas por el Instituto Nacional de Estadística.
16. Elaborar el segmento del mensaje presidencial relativo al Sector Eléctrico, la Memoria y Cuenta del Ministerio, conjuntamente con las demás dependencias administrativas del Ministerio.
17. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia.
Comuníquese y publíquese, HCTOR NAVARRO Ministro del\Ppder Popular para la la Eléctrica
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DE LA PROCURADORA RESOLUCIÓN Nº /2012.
Caracas, 14 de bravo de 2012.
Añô 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Procuradora General de la República, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008), publicado en Gaceta Oficial Extraordinario No. 5.892 de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil ocho (2008), en concordancia con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 44 numera 1 eiusdem.
CONSIDERANDO Que es política de la Procuraduría General de la República, en el marco de los incentivos a su personal, honrar y reconocer lo años de servicio prestados en esta Institución en defensa de la patria; así como la eficiencia y puntualidad en el cumplimiento de sus labores en este Glorioso Órgano Asesor Superior de la Administración Pública Nacional.
CONSIDERANDO Que la Resolución Nº 062/2010, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010), publicada en la Gaceta Oficial N° 39.537 de fecha 25 de octubre de dos mil diez (2010); instituto el conferimiento de "Botones al Merito", valorando los años de servicio efectivamente prestados a ésta Procuraduría General de la República.
CONSIDERANDO Que el conferimiento de tales distinciones se ha de materializar previo acuerdo y claro juicio del Consejo del Botón al Merito, de conformidad al acto administrativo resolutorio supra citado.
RESUELVE
PRIMERO: Conferir el "Botón al Mérito" en reconocimiento a los veinte (20) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la República a las ciudadanas y ciudadanos JUANA RIOS RODRIGUEZ, FRANCISCO RAMON VARGAS CERRADA, MARVELIS JOSEFINA VELASQUEZ ESPINOZA, CAROLINA PENTALIA CANELO GUTIERREZ y ZULEYNA ANA CECILIA ZEHR DE PEREZ; titulares de las cédulas de identidad números V-5.005.347, V-6.439.723, V-10.354.901, V-6.350.487, V-6.278.623, respectivamente.
SEGunDO: Conferir el "Botón al Mérito" en reconocimiento a los quince (15) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la Répública a las ciudadanas y Ciudadanos CLARA ELENA BOGGIO DE RUSSIAN, ALVINA CALDERON TORRES, JUAN JOSE KEY MADRIZ, MARISABEL RON CHACIN, JUDITH MERCEDES RANGEL VILLAHERMOSA, BERNARDA SUBDELIA VAZQUEZ OROZCO, RAMONA DEL CARMEN CHACON ARIAS, AIXA CONSUELO AULAR RIVERA, CARMEN COROMOTO LOZADA RAMIREZ, MAGALY BEATRIZ PULIDO, SAIRA TERESA IBARRA MEJIAS, DORIS BENITA GARCIA BELMONTE, SONIA MARGARITA PEROZA RIVERO, ROLANDO JOSE PEREZ ROJAS, JOSHER MILAGRO RODRIGUEZ, MARISEL COROMOTO OLIVARES BORGES, EDINSON MARTIN SCOTTI ROMERO, MAYORI VIOLETA OLIVAR ORTEGA, MARIA DEL VALLE RAMIREZ MORILLO y MAESVY CAROLINA RUIZ OBELMEJIAS; titulares de las cédulas de identidad números V-2.845.774, V-4.302.674, V-4.821.622, V-5.006.279, V-5.011.704, V-5.132.111, V-5.344.015, V-5.664.805, V-6.135.148, V-7.684.526, V-8.040.698, V-10.114.007, V-10.507.741, V-10.760.204, V-11.125.434, V-11.199.148, V-11.406.124, V-11.680.005, V-11.931.005, V-12.292.768 y V-12.763.694 respectivamente.
TERCERO: Conferir el "Botón al Mérito" en reconocimiento a los diez (10) años de servicio prestados a la Procuraduría General de la República a las ciudadanas y ciudadanos GERMAN JUVENAL VEGAS SEQUERA, GERTRUDIS RIERA DE SUÁREZ, LORENZO FAJARDO ALFONZO, ANA DARIA GONZALEZ DE MONCADA, AMALIA BARRAZA IBARRA, RAIZA EVELYN FRANCO DE CARRASCOSA, APOLINAR LORENZO RIVERO BRANDT, NELVA ALTAGRACIA ROMERO DE CARVALLO, CARLOS ALFONSO CASTILLO SOLANO, LUIS EDUARDO JOSE ORTEGA ANDRADE, JOHNY ENRIQUE ESPEJO MARINO, JULIO CESAR BARROSO PEREZ, JUANA ABSTINENCIA CENTENO, CIRILO ANTONIO LUGO, YOLANDA MARGARITA GONZALERLILORES/ABIRAD VOSEEINA VILELA IBARRA, CARRERO, LOLIMAR ROXANA CORDERO LEON, SOLANGEL DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, JOSE RAFAEL FERNANDEZ CAMACHO, AXA MARGARITA ZEIDEN LOPEZ, GISELA CAROLINA DE LAS MERCEDES RAMIREZ DE RODRIGUEZ, MARVY CARMEN SANCHEZ MATOS, GISELA VASQUEZ VASQUEZ y JOSE SIMON CABEZAS DELGADO, ANA MARIA PEREZ PACHECO, LUCIJULL JOSEFINA MARTINEZ GALLARDO, JENRRY ASDRUBAL PANTALEON FERNANDEZ, MARIA OBDULIA MONTILLA ARAUJO, YONI MANUEL VERA MEJIAS, MANUEL JOSE ESCAURIZA SANCHEZ, DANIEL ALBERTO RICO GARCIA, FABIANA ESTHER URBINA DEL PINO, JEAN FRANCO CARABALLO MIRANDA, FELIX ANTONIO MAGALLANES BELLO, ISMAR CRISTINA CORREA MELO, DAGNE KARINA DUBS PORTILLO, MANUEL ALEJANDRO REIMY PEÑA, CARLOS ISRAEL INAGAS FLORES, ROSANNA ELFRIDES DE CORDOVA ESPINOZA, MONICA ALEJANDRA REVERON VILLALBA, ESTEBAN HORACIO LOPEZ MARTINEZ, HAYZUR YANESIS PENAGOS CEPEDA, MAIKER ELEAZAR POLANCO PEROZO, JUAN CARLOS MOSQUEDA TENEPE, MAIRYN KATIUSKA PIÑERO PAREDES y ANDY ALBERTO TEJIDOR PULIDO;
titulares de las cédulas de identidad números V-2.135.544, V-2.883.686, V-3.548.555, V-3.561.649, V-3.925.356, V-4.225.532, V-4.434.119, V-4.596.378, V-5.433.755, V-5.594.376, V-5.605.199, V-5.611.085, V-6.062.446, V-6.118.013, 6.121.782, , V-6.360.065, V-6.511.832, V-6.514.186, V-6.749.902, 8.418.180, V-8,422.154, V-8.789.123, V-9.230.103, V-9.647.027, V-10.504.528, V-10.522.017, V-10.539.077, V-10.547.306, V-11.113.216, V-11.991.809, V-11.196.184, V-12.234.827, V-12.421.147, V-11.199.471, V-12.508.500, V-12.685.152, V-12.910.368, V-13.307.724, V-12.957.388, V-13.612.001, V-13.938.676, V-14.127.867, V- 14.194.638, V-14.384.591, V-14.678.511, V-14705106, V-15.403.447, V-15.801.630, respectivamente.
Comuníquese y publíquese, CULÍA FLORES Procuradora General de la República
página original (tal como se publicó)

Página 25
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N° 376 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ El 25 de julio de 2011. ics abogados. Fernando Villasmil y Gustavo Cardozo.
inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 6 854 y 61 758.
respectivamente actuando con el carácter de apoderados judiciales del cudadano EDGAR MANUEL AMARO. titular de la Cédula de identidad N° V-11 428.486.
Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
agosto de 2010. por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró la prescripción: todo con ocasión de la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el solicitante contra la sociedad mercanti Servicios de Operación Logistica C.A. (SOLCA), inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. el 17 de noviembre de 1994, bajo el N° 30. Tomo 38-A, publicada en el periódico "Diario del Tribunales".
El 2 de agosto de 2011 se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designÓ ponente al Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el presente expediente. pasa esta Sala a decidir la solicitud de revisión, previas las siguientes consideraciones.
| DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN La representación judicial del solicitante alegó que interpusieron ". el Recurso Extraordinario de Control de Legalidad de la Sentencia [objeto de revisión] por ante la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, por no ser admisible el recurso de Casación, en razón de las graves violaciones a normas de orden público y a doctrina judicial reiterada de esa misma Sala Pero, con fecha 15 de febrero de 2011 la Sala de Casación Social, declaró INADMISIBLE el Recurso con el argumento de que la decisión recurrida no vulnera normas de orden público. En Sala Social eladio su deber juridico de tutelar los irrenunciables derechos de nuestro representado para lo cual le hubiese basado con aplicarle el mismo tratamiento (Destacado del solicitante) Sostiene que la Sala de Casación Social" incurre en errores juridicos graves e inexcusables y en violación de la doctrina judicial reiterada de esa misma Sala, que ha negado la tutela judicial efectiva de su derecho constitucional como trabajador, de disfrutar de las prestaciones sociales que compensen su antiguedad en el serucio y lo amparen en caso de cesantia (Art. 92 de la Constitución de la República) Denunció que la sentencia objeto de revisión viola flagrantemente el (sic) artículo (sic) 92 y 93 de la Constitución de la República, en concordancia con e! articulo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, al negar a nuestro representado la tutela del derecho a sus prestaciones sociales. con fundamento en la presunta prescnpción de la acción para reclamarlas, pues, según sostiene el fallo, el lapso de prescripción de la presente acción comenzó a discurrir el 27 de junio de 2007. fecha cuando la empresa fue notificada de la Providencia Administrativa que ordenaba el reenganche y pago de salarios caidos a nuestro representado EDGAR AMARO y manifestó su cLa!qu:er acción para reclamar por derechos denvados de esa relación laboral prescnp.e s! 2- de juno de 2008. > para e! 2? ce mayo de 2009. cuando se interpuso Destacado del solicitante) prescnpeien Según el legislador la prescripción se Inicia. DEsDE LA Que TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: perO el sentenciador afirma que la prescripción en el presente caso, comenzó a partir de la manifestación de la empresa SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA C.A. de no aCatar la Orden de de una orden de la autoridad competente del trabajo, permite al patrono remiso favorecerse con el inicio del lapso de prescripción. Más grave aún, mientras la empresa era sometida a un procedimiento de sanción por desacato a la orden de (Destacado del solicitante).
Que ". el desacato a una orden de reenganche no pone fin a la relación de trabajo. Por el contrario, la orden de reenganche emanada del Inspector del Trabajo implica la nulidad del acto de despido, el cual no produce efecto juridico alguno, por sentencia del 3 de febrero del 2009 estableció que una providencia administrativa sobre el reenganche y pago de salarios caídos consagra para el trabajador el virtud de la inamovilidad de que disfruta; y por ello mientras no pueda materializarse expresamente renuncie a su ejecución, lo cual puede ocurra de dos formas, la primera cuando se agotan todos los mecanismos necesarios tendentes a su ejecución, o en su defecto cuando el trabajador, sin agotar tales recursos, decide reenganche y puede considerarse terminada la relación de trabajo...
Que " la sentencia que desestimó el Control de Legalidad ejercido contra la decisión del referido Tribunal Superior significa un trato desigual para nuestro mandante respecto del criterio reiterado de la Sala [de Casación] Social acerca del inicio de la prescripción cuando esta (sic) pendiente, en tramitación o en ejecución un procedimiento de reenganche, pues (..) en numerosos fallos esa misma Sala ha laborales, mientras no se agoten los mecanismos necesarios para lograr la ejecución prestaciones sociales, momento al (sic) partir del cual se entiende que ha renunciado al reenganche y puede considerarse terminada la relación de trabajo, supuesto en el cual, la prescripción comenzará a correr a partir de la presentación de la demanda.
cuales mencionó las sentencias Nos. 2439 del 7 de diciembre de 2007, 017 del 3 de febrero de 2009. 1027 del 24 de septiembre de 2010 y 1355 del 23 de noviembre de 2010.
Que- el Articulo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajc señala como uno de los motivos que hacen procedente el Recurso de Control de Legalidad cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social. ] Sorprende entonces que la misma Sala [de Casación] Social se niegue a examinar un caso evidente de violación de su doctrina judicial (sic) reiterada, vulnerando a nuestro mandante su derecho a la tutela judicial efectiva, pue, tenia la legitima expectativa de obtener una solución similar a l.:
ofrecida por la Sala [de Casación] Social en los precedentes jurisprudenciales antes referidos. Por ell es innegable que nuestro representado fue v:cima de un tratamiento desigual, pues no se dio cumplimiento al prncipio de lógica jurídica.
según el CUal 'DONDE HAY LA MISMA RAZÓN, DEBE APLICARSE LA MISMA Finalmente, solicitó que se declare CON LUGAR este Recurso, se anule la sentencia y se ordene una nueva decisión que restituya a nuestro representado l.
tutela judicial efectiva de sus derechos laborales I1 DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN La sentencia objeto de revisión fue dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 30 de noviembre d- 2010. bajo las siguientes consideraciones:
Ahora bien, tras el recorndo antenormente referido, procede quen Juzga a emitir pronunciamiento respecto de la defensa de prescripción y los alegatos procedimiento de multa por el incumplimiento de la providencia Administrativa.
adecua. a los supuestos previstos en. el articulo 64 de la Ley Orgánica del tal, ante la Inspectoria del trabajo. lo que es capaz de interrumpir la siempre y
página original (tal como se publicó)

Página 26
considerando quien sentencia. que un procedimiento de multa. pueda generar el mismo efecto. que el reclamo en sede administrativa. como acto interruptivo el incumplimiento de un acto administrativo, mas no es parte integral dei terminado dicho procedimiento. no es la imposición de 'a multa s:no la obligada establecer que el acto administrativo que ordena el reenganche y pago de generaría una incertidumbre a las partes y se estaria generando una causal incumplimiento por parte del patrono de una providencia adm:nistrativa que se encuentra definitivamente firme. Asi se establece En consecuencia tomando en consideración que la accionada manifiesta su de 2008 sin embargo la misma es interpuesta en fecna 27 de mayo de 2009 lo que indica que habia transcurrido con creces el lapso a que se contrae el algún otro acto capaz de interrumpir o suspender la prescripción. es forzoso establece DE LA COMPETENCIA El cardinal 10 del articulo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de "revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas juridicas dictadas por los Tribunales de la República. en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva" Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el articulo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en sus numerales 10 y 11, en los siguientes términos "Articulo 25 Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (omissis 10 Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los constitucionales 11 Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en principios juridicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de derechos constitucionales omissis) Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 30 de noviembre de 2010. por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes Citadas. esta Sala se declara competente para conocerla. Asi se declara IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
el 30 de noviembre de 2010. con ocasión del juicio por cobro de prestaciones sociales. seguido por el ciudadano Edgar Manuel Amaro -hoy solicitante- contra la sociedad mercantil Servicios de Operación Logistica C.A (SOLCA)
A tal efecto, se observa.
En sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso Corpofurismo). esta Sala extraordinaria y excepcional. a saber los fallos definitivamente firmes de amparo constitucional las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas juridicas. las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado. realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional, y las sentencias definitivamente firmes que hayan incurrido según el criterio de la Sala. en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional revisar la sentencias dictadas por las demás Salas integrantes del Tribunal Supremo contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos *o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República (artículo 25, cardinal 11 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) y. ii cuando estas sentencias se hayan dictado con ocasión de: a) error inexcusable. b) dolo, c) cohecho o d) prevaricación y, el último supuesto 1egal (articulo 25, cardinal 12 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
que se limitó a reproducir lo establecido en el articulo 336, cardinal 10, el cual ha sido entre otras.
En efecto, la referida sentencia N° 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: Alcido Pedro Ferreira y otros). señala lo siguiente:
"En consonancia con lo antes expuesto, esta Sala advierte que en su función de intérprete suprema de la Constitución, concebida y dirigida a controlar la recta aplicación de los derechos y principios constitucionales y en aras de constitucional establecida en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la violación de derechos constitucionales y no sólo a la vulneración de principios juridicos fundamentales.
Ello, en virtud de que admitir la simple violación de principios jurídicos y dejar derechos constitucionales, contrariando incluso las interpretaciones de esta Sala, constituiria un absurdo juridico y un vuelo regresivo en la evolución jurisprudencial de esta Sala, debido a que las mismas carecen de recurso constitucional, como acción destinada a la tutela de derechos y garantías constitucionales, es de imposible interposición contra una sentencia emanada de cualquier otra Sala del Tribunal Supremo de Justicia (ex articulo 6.6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales)" (Negritas originales del fallo).
En este sentido, es pertinente destacar que esta Sala ha insistido que la revisión constitucional es una potestad extraordinaria que no es amplia ni ilimitada, sino que se encuentra restringida, no sólo por cuanto se refiere de una manera taxativa a un determinado tipo de sentencias definitivamente firmes, sino que, igualmente, con base en la unión, integración y coherencia que debe existir en las normas constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer la garantia de la cosa juzgada en su articulo 49 constitucional, limita la potestad extraordinaria de revisión, que busca evitar la existencia de criterios dispersos sobre las interpretaciones de normas y principios constitucionales que distorsionen el sistema juridico (creando Constitucional y. en fin, la supremacia y efectividad de las normas y principios constitucionales, cometido que tiene asignado este Alto Órgano Jurisdiccional como "máximo y último intérprete de la Constitución".
Asimismo, esta Sala ha venido manifestando, de forma insistente, que la potestad de admitir o no admitir la solicitud de revisión es discrecional, e incluso, que según su criterio, constate que en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales.
Ahora bien, de una revisión de las sentencias de la Sala de Casación Social sobre el tema, se han observado distintas posiciones, no existiendo una doctrina pacifica y reiterada En efecto. en algunas decisiones se afirma que el lapso de sociales debe computarse desde el momento en el cual se renuncia -expresa o tácitamente- al derecho al reenganche reconocido mediante providencia administrativa -a través de la interposición de una demanda ante los tribunales laborales competentes- (vid. sentencias Nos. 2439 del 7 de diciembre de 2007 y 017 del 3 de febrero de 2009). mientras que en otras se afirma que el lapso de prescripción corre desde el momento en el cual el patrono manifiesta su negativa de cumplimiento de la providencia administrativa que ordene el reenganche y pago de salarios caidos (vid. sentencias Nos. 1038 del 22 de mayo de 2007 y 1355 del 23 de noviembre de 2010).
Asi las cosas, ante la presencia de sentencias con posiciones contradictorias y no existiendo una norma que expresamente regule el supuesto de hecho observado en el caso de marras, esta Sala debe resolverlo con base en los principios reguladores del derecho laboral en nuestro ordenamiento juridico y de la propia Constitución como norma superior
página original (tal como se publicó)

Página 27
Venezuela, establece lo siguiente:
La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5. Se prohibe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, 6. Se prohibe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su económica o social" (Destacado nuestro).
prescripción de las acciones en materia laboral, contenida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, en los siguientes términos:
prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios" (Destacado nuestro).
Con base en las normas transcritas y la jurisprudencia de la Sala de Casación articulo 61. la Ley Orgánica del Trabajo; pues, si bien se establece expresamente terminación de la prestación de los servicios.
Es indudable que en el caso sub lite y con base en variadas interpretaciones sobre el inicio del cómputo de la prescripción laboral, prevista en el artículo 61 de la Tribunal, se pone de manifiesto y objetividad una verdadera duda sobre el alcance de operario.
En la aplicación de este principio, el Sentenciador no está corrigiendo ni integrando esta norma, sólo que el intérprete judicial derivado determina el sentido, norma, en este caso, la del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, de cuyo efecto propia legislación, igualmente frente a los del patrono.
Si en el Derecho Privado se admite y acepta el principio del favor pro reo donde el deudor es la parte más favorecida; en el contrato de trabajo se presenta una situación contraria, ya que el trabajador acreedor es el más desprotegido frente entonces, deviene como el supuesto fundamental del Derecho del Trabajo, y los principios protectores de sus derechos. Dentro de los cuales está el principio in rubio pro operario, es decir, en caso de duda se favorece al trabajador. previsto en el precitado artículo 89, numeral 3 de nuestro texto constitucional.
La Constitución Bolivariana siendo ahora norma fundante de este principio, al igual que otros, que conforman el bloque protectorio del Derecho del Trabajo y de su legislación, ratifica la naturaleza y el carácter de esta disciplina reguladora dei contrato de trabajo y del hecho social trabajo. Una tradición laboral de la legislación que en la actual realidad social, jurídica, cultural y económica del pais, se reafirma tratándose de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que el intérprete judicial no puede obviar al decidir los casos sometidos a su consideración.
De esa estirpe participa el principio in rubio pro operario como guía o directriz que informa e inspira al sentenciador al momento de interpretar la norma misión, a saber: informadora, normativa e interpretadora. Como dijo Carnelutti: "Los principios generales del Derecho no son algo que existe fuera, sino dentro del mismo .dérecho escrito, ya que derivan de las normas establecidas. Se encuentran dentro del derecho escrito como el alcohol dentro del vino: Son el espíritu o la esencia de la Ley" (Carnelutti. Sistema de Diritto Processuale Civile... p. 120).
Es incontrovertible que este aserto del afamado autor se intensifica en el Derecho del Trabajo y su legislación, bajo la regida de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Quiere dejar asentado, esta Sala que de la conducta rebelde del patrono cuando no acató la providencia administrativa de reenganche del trabajador accionante, no puede derivarse un acto lícito, como pudiera ser la declaratoria con lugar de la prescripción laboral alegada sin cumplimiento de las condiciones para tal fin procesal en contra del trabajador. Pues tal posición conduciría al Juzgador a una o contratos. No es posible que quien se coloque al margen de la legalidad pueda a legislación del trabajo de raigambre proteccionista de los derechos de los desacató la providencia administrativa de reenganche a favor de' trabajador derecho, como se dijo, ampara el acto lícito, no el ilícito, sino para regular las consecuencias que tal conducta apareja (Ex eo non debe quis fructum consequi se esforzó por combatir". Bonifacio. Reglas VII).
Esta Sala Constitucional determina que bajo las regulaciones y fundamentos expuestos en el caso sub lite con la aplicación del referido principio, se logra la uniformidad de los criterios encontrados que en- diversas sentencias ha expuesto la Sala de Casación Social, como se señaló supra. Así se decide.
Consiguientemente, en el caso sub lite y de sus autos se desprende en cuanto a la aplicación del mencionado principio, que existe una verdadera duda que asalia al Casación Social de este Tribunal Supremo, según se indicó supra, y de otra parte, para su aplicación. En consecuencia, queda uniformado la doctrina en esta materia relativa al inicio de la prescripción cuando se desconoce el reenganche al trabajador y el pago de salarios caídos, acordado por la Inspectoría del Trabajo, y opta por intentar la demanda para el cobro de sus prestaciones sociales, a partir de cuya interposición comienza el cómputo de la prescripción laboral, según este fallo.
Es por ello que, en atención al principio in rubio pro operario, consagrado en el numeral 3 del artículo 89 de nuestra Carta Magna, debe aplicarse la interpretación más favorable al trabajador; razón por la cual, en el presente caso, debe entenderse sociales. Así se establece.
revisión; anula la sentencia dictada, el 30 de noviembre de 2010. por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y ordena que otro Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial resuelva la apelación interpuesta, conforme al criterio establecido en el presente fallo. Así se decide.
Finalmente, vista la naturaleza de la interpretación que se ha efectuado en el presente fallo, se fija el carácter vinculante de éste con base en el ariculo 335 del Texto Constitucional, y se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo. de Justicia. Asi también se decide.
V DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
página original (tal como se publicó)

Página 28
PRIMERO: HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta los abogados Fernando Villasmil y Gustavo Cardozo, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano EDGAR MANUEL AMARO, contra la sentencia dictada, el 30 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con ocasión de la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el solicitante contra la sociedad mercantil Servicios de Operación Logistica C.A. (SOLCA).
SEGUNDO: Se ANULA la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión.
TERCERO: Se ordena que otro Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial resuelva la apelación interpuesta, conforme al criterio establecido en el presente fallo.
CUARTO: Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en el Portal de la Página Web de este Máximo Tribunal, con la siguiente indicación: "Sentencia que, con carácter vinculante, interpreta conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el articulo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los efectos de establecer cuándo debe entenderse que ha finalizado la prestación de servicios, Inspectorla del Trabajo".
Publiquese y regístrese. Archívese el expediente.
Cúmplase lo ordenado.
Remitase copia de esta decisión al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dias del mes dede dos mil doce. Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
LUISAESAMORLAMUÑO El Vicepresidente, Ponente Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
.GLADYS MARIA GUTIÉRREZ ALVARADO ecretario,
LEONOO REQUENA CABELLO
N°420 LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL MagistradO-POnente. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ El 31 de enero de 2006, los abogados José Vicente Melo López, Emilio Berrizbeitia Aristigueta, José Domingo Paoli y Marianella Morales Rojas, titulares de las cédulas de identidad números 4.349.358, 5.099.366, 6.975.212 y 6.515.820, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 13.861, 15.793. 37.416 y 52.235, en el orden que se mencionan, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la asociación civil CONSEJO EMPRESARIAL VENEZOLANO DE AUDITORÍA (CEVA). inscrita en la Oficina de Registro Subalterno del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda el 19 de mayo de 1994, bajo el n° 23, tomo 32, Protocolo Primero; interpusieron, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de nulidad, por inconstitucionalidad, contra el articulo 4 y el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Indole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Oficial de dicho municipio n° 319-12/2005, extraordinario, del 6 de diciembre de 2005.
El 1° de febrero de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López.
El 26 de abril de 2006, el abogado Alberto Blanco-Uribe Quintero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 20.554. actuando en representación de la sociedad mercantil Sodinsa, S.A., presentó escrito ante la Secretaría de esta Sala, a fin de intervenir en el presente proceso como tercera adhesiva, con el propósito de coadyuvar a que se declare con lugar la acción de nulidad.
El 21 de junio de 2006, el abogado Alberto Blanco-Uribe Quintero, antes identificado, actuando en representación de la sociedad mercantil BC&A Ingenieros Consultores, C.A.. presentó escrito ante la Secretaría de esta Sala, a fin de intervenir en el presente proceso como tercera adhesiva, con el propósito de coadyuvar a que se declare con lugar la acción de nulidad.
El 21 de septiembre de 2006, se admitió la demanda, se acordó medida cautelar de suspensión de los efectos de la disposición impugnada y se desestimó la intervención de las sociedades mercantiles Sodinsa, S.A. y BC&A Irgenieros Consultores, C.A.
El 21 de febrero de 2007. las empresas Sodinsa, S.A. y BC&A Ingenieros Consultores, C.A.. presentaron escrito en el cual ratificaron su interés en intervenir en la presente causa.
Practicadas las notificaciones legales correspondientes, el 27 de marzo de 2008, el abogado Mario Bariona, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el número 22.618, actuando como apoderado judicial de la recurrente, solicitó la continuación de la causa.
El 3 de abril de 2008, el abogado Alberto Blanco-Uribe Quintero solicitó que se fijara audiencia en la presente causa.
El 25 de marzo de 2009, la abogada Gabriela Ducharne, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 83.474, actuando en su condición de abogada de la recurrente, solicitó que se fijara el acto de informes.
El 2 de junio de 2009, el abogado Alberto Blanco-Uribe Quintero ratificó su solicitud de audiencia.
El 21 de julio de 2009, el abogado Alberto Blanco-Uribe Quintero, denunció el desacato de la medida cautelar dictada por esta Sala en el presente expediente.
El 21 de julio de 2009, se fijó el acto de informes para el 4 de agosto del mismo año.
- El 4 de agosto de 2009, se difirió el acto de informes y por auto del 24 de septiembre de 2009, se fijó la audiencia del 29 del mismo mes y año para que se celebrara el acto oral.
página original (tal como se publicó)

Página 29
expediente a la Sala y se designó ponente al Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 13 de enero de 2010, se dijo "VISTOS".
El 18 de marzo de 2010 el abogado Alberto Blanco-Uribe Quintero, ratificó su denuncia de desacato de la medida cautelar dictada por esta Sala en la presente causa En sesión del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569, del 8 del mismo mes y año. la Asamblea Nacional designó a los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado. El 9 de diciembre de 2010, se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López.
Vicepresidente y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales. Juan José Mendoza Jover y Gladys Maria Gutiérrez Alvarado.
El 1° de marzo de 2011, el abogado Raif El Argie, inscrito en e Instituto de Previsión social del Abogado bajo el número 78.304, actuando en su carácter de Inscrita en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo el número 138.285.
actuando como apoderada judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda solicitó que se decidiera la causa.
Efectuado el estudio del caso, pasa esta Sala a pronunciarse en los términos siguientes:
| ALEGATOS DE LA RECURRENTE Los apoderados judiciales de la accionante fundamentaron su pretensión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:
Que el articulo 1 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o Indole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda establece el régimen aplicable al impuesto sobre el ejercicio de actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar; que se realicen en o desde la jurisdicción del referido municipio.
Que el articulo 4 de la ordenanza cuestionada, al precisar el hecho imponible Que la figura del impuesto municipal previsto en el numeral 12 del articulo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no supone un legalidad tributaria previsto en el articulo 317 de la Constitución y desarrollado por el articulo 3 del Código Orgánico Tributario, según el cual, no podrá exigirse el pago de impuestos, tasas o contribuciones especiales, sin la sanción y publicación previa de la correspondiente ordenanza, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, atendiendo a los principios de generalidad.
igualdad, proporcionalidad, razonabilidad. progresividad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y prohibición de establecimiento de tributos pagaderos en servicios personales.
Que el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida no califica a ningún titulo como de educación superior, ya que dicha materia es regulada por ley especial Que el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la ordenanza impugnada, en el caso de los servicios profesionales, no define, de manera clara e individualizada, al sujeto pasivo del tributo, sino que remite a una clasificación que, presuntamente, se encuentra contenida en Ley Orgánica de Educación. No obstante, para la definición de los elementos esenciales de la obligación tributaria, no es definición y fijación de los elementos integradores del tributo, por lo que dicha norma resulta inconstitucional al contravenir la garantía de la legalidad tributaria prevista en el artículo 317 del Texto Fundamental.
le corresponde al Poder Nacional la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales. Por su parte, el artículo 105 eiusdem establece que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación, por lo que únicamente el Poder Nacional es quien puede dictar normas con el objeto de regular esta materia.
ejercida por profesionales liberales, mediante el establecimiento de un gravamen municipal y la obligación administrativa del obtener una licencia para poder ejercer sus actividades profesionales de naturaleza civil, violenta lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al invadir la reserva . legal para regular la actividad de prestación de servicios profesionales y los requisitos necesarios para su ejercicio.
jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, de obtener una licencia para profesión. Adicionalmente, el artculo 6 de la aludida ordenanza establece una serie se otorgue.
Que las condiciones para el ejercicio de la actividad económica autorizada por la licencia, no están previamente establecidas en la Ordenanza, por lo que queda a la regulación del Municipio, via reglamentaria o a discreción de la Administración Tributaria local, el establecimiento de los términos y condiciones para el ejercicio de la actividad, lo cual, en el caso de los profesionales liberales resulta en una violación del articulo 105 de la Constitución, pues sólo la ley nacional puede establecer limites y condiciones para el ejercicio de las profesiones.
que ejerza la actividad en la jurisdicción del Municipio sin obtener previamente la Licencia de Actividades Económicas, será sancionado con multa de cincuenta (50) a doscientas (200) unidades tributarias.
profesiones liberales, tales como: Ley de Abogados, Ley del Ejercicio de la Profesión de Economista, Ley de Ejercicio de la Farmacia, Ley de Ejercicio de la Medicina Veterinaria, Ley de Ejercicio de la Odontologia y Ley de Ejercicio de la Psicología;
establecen de forma expresa la no sujeción de esas actividades al impuesto de patente de industria y comercio (hoy de actividades económicas). Tal exclusión atiende a la no comerciabilidad del libre ejercicio de las profesiones civiles, el cual se encuentra previsto en el articulo 105 de la Constitución.
Que el legislador ha dado un tratamiento diferente a las profesiones liberales, las formas societarias que sea, los servicios profesionales quedan excluidos de la exigidas del pago del impuesto a que alude el numeral 2 del articulo 179 de la Constitución Que esta Sala Constitucional, en sentencia del 12 de diciembre de 2002, caso municipal contemplado en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que el Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda, al incluir el ejercicio de las profesiones liberales dentro de los sujetos pasivos del impuesto a las actividades económicas, incurrió en una ostensible arbitrariedad que resulta contraria
página original (tal como se publicó)

Página 30
al principio de interdicción a la arbitrariedad, reconocido en los artículos 2, 3 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
11 DE LOS TERCEROS INTERESADOS Las sociedades mercantiles Sodinsa, S.A., y BC&A Ingenieros Consultores, C.A., proponen su intervención en la presente causa, argumentando lo siguiente:
Que al igual que la accionante, se decidan a actividades eminentemente civiles, como son la prestación de servicios profesionales que se están viendo afectados por la ordenanza impugnada.
Que la normativa atacada, incurre en una premisa falsa al suponer que las intervinientes realizan actividades de carácter económico o industrial.
Que tal suposición no sólo es falsa, sino arbitraria pues extiende los impuestos liberal.
Que el gravar a las profesiones liberales con impuestos propios de los comercios y de las industrias, desnaturaliza el sentido y significación de los impuestos municipales.
Que igualmente se está afectando el principio de legalidad tributaria, por IⅢ MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN De manera preliminar se observa que, esta causa fue remitida por el Juzgado de Sustanciación para que se provea sobre el merito del asunto planteado. Sin embargo se advierte, que se encuentra pendiente un pronunciamiento incidental sobre la intervención de las sociedades mercantiles Sodinsa, S.A., y BC&A Ingenieros Consultores, C.A. Siendo ello asi, esta Sala, en aplicación de los principios de celeridad, economía procesal y antiformalismo, pasa previamente a decidir la referida intervención y, luego, a conocer del fondo de la demanda.
1307 del 28 de junio de 2006, nuestro Texto Constitucional reconoce la teoría del control plenario de la actuación del Poder Público, el cual, se ejerce a través de los diversos mecanismos adjetivos que otorga el ordenamiento jurídico para verificar la constitucionalidad de los actos u omisiones del Estado. Entre éstos, se encuentra el decisión N° 3067, dictada por esta Sala el 14 de octubre de 2005, es una garantía del carácter normativo de la Norma Normarum, que según lo dispuesto en el segundo aparte del articulo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de just cia de 2004, vigente para el momento en que se planteó la intervención (hoy recogido en el artículo 32, de la Ley que rige actualmente las funciones de este máximo tribunal), es una acción popular, que como tal, puede ser interpuesta por cualquier-persona.
La popularidad del control constitucional, llevada a la intervención de los terceros, determina que, de igual modo, cualquier persona pueda intervenir en los juicios de control constitucional. Ello, sin menoscabo de los principios de tempestividad y preclusión de los actos procesales según los cuales, los intervinientes que concurran fuera del lapso a que se refiere el articulo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, antes regulado en el artículo 21.12 de la derogada Ley Oraánica del Tribunal Supremo de Justicia, deben aceptar la causa en el estado en que se encuentra.
En el marco de lo anteriormente expuesto, las sociedades mercantiles Sodinsa, S.A. y BC&A Ingenieros Consultores, C.A.. no sólo se encuentra legitimadas, como cualquier persona, para intervenir como terceras interesadas en la presente acción popular de inconstitucionalidad, pues como se desarrollo supra, la legislación venezolana no exige un interés procesal legítimo o calificado -a nadie-, sino que además, las mismas plantearon su intervención dentro del lapso establecido para que concurran los terceros interesados, con lo cual, resulta patente la legitimidad y la tempestividad de la intervención y, de allí que, se admite la participación de las referidas empresas en el presente expediente y así se declara.
Determinado lo anterior, las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente:
"Artículo 4°: Toda persona, natural o juridica que pretenda desarrollar habitualmente actividades económicas de industria, comercio, servicios o de indole similar en o desde el Municipio Baruta, deberá obtener previamente la autorización por parte de la Administración Tributaria Municipal denominada Licencia de Actividades Económicas, la cual será expedida mediante un documento que deberá ser exhibido en un sitio visible del establecimiento.
PARÁGRAFO ÚNICO: El Reglamento de la presente Ordenanza determinará las personas naturales o juridicas que estarán exceptuadas de cumplir con el deber a que se refiere el encabezado de este Artículo".
Por su parte, el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza municipal establece que:
"Actividades de Servicios Profesionales: Actividades constituidas en esencia por la prestación de servicios por personas naturales en áreas para las cuales se encuentran acreditadas por un titulo de educación superior. Se Orgánica de Educación".
Sobre el particular, la parte actora denunció la violación del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 317 de la Constitución, por indefinición del sujeto pasivo de la obligación tributaria, ello por interpretación del cardinal 2 del artículo 179 eiusdem, el cual, a su decir no es extensible a los servicios profesionales prestados, por no considerarse como actividad económica.
República Bolivariana de Venezuela, pues se exige a los profesionales licencia para ejercer actividad de naturaleza civil, violando con ello la reserva legal del Poder requisitos necesarios para su ejercicio.
Al respecto, debe señalarse que esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos similares al de autos en sentencias números 781 de 6 de abril de 2006 (caso: Humberto Bauder) y 1034 del 26 de octubre de 2010 (caso:
Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano De Auditoría (Ceva), mediante las .cuales anularon varios artículos de unas ordenanzas que regulaban el ejercicio de actividades profesionales en el ámbito municipal, por considerar que se violaba el principio de reserva legal del Poder Nacional.
Dichos fallos, en su parte motiva, señalan lo siguiente:
para señalar la inconstitucionalidad de las normas transcritas -la extensión de sus argumentos así lo demuestra-; sin embargo, y al margen de que esta Sala entre a considerar individualmente cada una de ellas, a dos se pueden reducir los alegatos fundamentales de su impugnación. El primero, según el cual, con fundamento en el articulo 105 constitucional, es exclusivo del Poder Público liberales; y el segundo, que pregona que la norma contenida en el articulo 179 numeral 2 de la Constitución sólo se refiere a actividades industriales y comerciales, lo que excluye de la potestad tributaria de los municipios a las profesiones liberales dado su carácter esencialmente civil.
Tal esquema plantea un orden lógico para abordar la temática, orden que pasa, necesariamente, por aceptar que la posible inconstitucionalidad de los articulos impugnados depende de que esta Sala acepte o rechace la potestad cuestión.
Acerca de este punto, la Sala, en sentencia n° 3241/2002, ha tenido oportunidad de pronunciarse señalando expresamente (..) que cuando el articulo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para fechar solo a aquellas derivadas del (...)". por lo que los Municipios pueden (..) gravar únicamente aquellos servicios cuya prestación implique el desarrollo de una activicad económica de naturaleza mercantil por parte de la persona natural o juridica que brinde tales asistencias, quedando excluidas del hecho generador del impuesto municipal contemplado en el numeral 2 del articulo 179 del Texto como las desempeñadas con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingenieria, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduria, la economia, entre otras, por constituir un supuesto de no sujeción al referido tributo (..).
constitucionalidad de la Ordenanza alegando que la máxima jurisprudencial citada se produjo dentro de un contexto distinto al hoy discutido. En aquella refieren, mientras que en esta se trata de una Ordenanza dictada con ocasión a la interpretación del articulo 179.2 constitucional hecha por el legislador municipal; sin embargo, se trata de un argumento que riñe con lo que ha sido poderes que reserva al Poder Público nacional todo lo concerniente a la regulación de las profesiones liberales.
En efecto, en el precedente citado se indicó que lo que es hoy el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios y otras actividades de indole similar siempre ha estado vinculado de forma directa con el desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil. Ese sustrato histórico permite afirmar que sólo las actividades realizadas con fines de lucro -y no de honorarios- que tienen su causa en el desempeño de una interposición en el tráfico económico, han sido objeto del antiguo impuesto de patente sobre industria y comercio, sin que se tuviera conocimiento, destacó en esa oportunidad la Sala, que actividades de naturaleza civil hayan sido
página original (tal como se publicó)

Página 31
gravadas en Venezuela por esta vía tributaria con fundamento en alguna Constitución o en la Ley.
actividades son en Venezuela consideradas de naturaleza mercantil al enumerar, en su articulo 2, todas las actuaciones económicas que según el legislador nacional son actos objetivos de comercio, y al señalar, en su comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil.
aludida, que todos los demás actos o negocios juridicos cuyo objeto sea valorable económicamente que no puedan ser subsumidos en ninguno de los dispositivos legales referidos, bien porque no sean actos objetivos de comercio, bien porque no sean realizados por comerciantes o bien porque excepciones contenidas en el artículo 3, son de naturaleza esencialmente civil y. por tanto, se encuentran regulados por las disposiciones del Código Civil, como es el caso de las profesiones liberales.
Orgánica del Poder Público Municipal trae una definición de aquello que debe entenderse por actividad económica de servicio en el mismo sentido que lo hace la Ordenanza impugnada, pero se trata de un argumento que dilucidarlo a fondo implicaría excederse del objeto de esta causa, pues amerita analizar la constitucionalidad del precepto de esa Ley nacional. En todo caso, lo importante a retener aqui es que la concepción histórica del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios y actividades de indole similar obliga s entender que el término servicio se refiere a servicios doctrinariamente el beneficio económico que se obtiene de cada una de ellas se denominan de forma diferente si se trata de una u otra. Al de las primeras denomina honorarios.
Por otro lado, la constitucionalidad del precepto riñe también con la distribución de competencia a que alude nuestra carta Magna en su articulo deben cumplir para ejercer cualquier profesión, que por sus caracteristicas son indispensables para la buena marcha de la sociedad. En definitiva, el los requisitos para ejercerlas.
Al ser ello así, no le cabe duda a esta Sala de que el Municipio Chacao del articulo 179.2 de la Constitución se refiere a cualquier tipo de servicios y no a los conexos a actividades industriales y comerciales se excedió del ámbito de 136 de la Constitución, pues invadió la esfera competencial del Poder Público Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda. Asimismo, declara la nulidad del Grupo XXll del clasificador de Actividades de esa Ordenanza.
Ordenanza se refieren a actividades de servicio está haciendo alusión a los servicios conexos a las actividades industriales y comerciales, por lo que no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales. Al ser ello así, esta vicio delatado).
De la decisión parcialmente transcrita se evidencia que, ésta Sala ha excluido de las potestades regulatorias y tributarias de los municipios a las denominadas profesiones liberales, ello atendiendo a que su desarrollo tiene una naturaleza eminentemente civil y no comercial.
Ciertamente, el ejercicio profesional tiene carácter civil pues desde el punto de vista patrimonial, su desempeño ni genera salario (que es la retribución propia de una relación de trabajo), ni beneficios económicos derivados de la realización de una actividad industrial o comercial, sino que encuentra su retribución lucrativo en la prestación de un servicio profesional brindado con motivo de la celebración de un contrato de mandato, de servicios o de obras, que es, precisamente, desde el punto de vista sustancial, su rasgo civil principal, pues en la relación profesional se privilegia el vinculo particular en obsequio de las necesidades de las partes y no del mercado como ocurre en materia comercial.
Efectivamente, en los vínculos contractuales de cariz civil, como los derivados del ejercicio de prot rsiones liberales, tiene especial interés la consideración personal de la cual se espera el desarrollo de una actividad concreta (esencialmente intelectual), que genera honorarios, mientras que en materia mercantil se atiende de actividad de intermediación, intercambio y producción de bienes y servicios con fines negociables.
Según lo expuesto y congruente con la doctrina anteriormente expuesta, se estima que, en el caso de autos, igualmente resulta necesario interpretar que el vocablo "servicios" contenido en el artículo 4 de la ordenanza impugnada, se cual, no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales, no siendo en consecuencia, legítima su aplicación a aquellos profesionales que desarrollan su actividad en el municipio. En virtud de lo anterior, esta Sala Constitucional considera que la interpretación conforme a la Constitución del artículo 4 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda, es la que entiende que el término "servicios", tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales.
Asimismo, se observa que el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda, es igualmente artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al someter a los profesionales que decidan ejercer su actividad en ese Municipio a las potestades que de forma exclusiva recaen sobre la actividad industrial y comercial.
En atención a las consideraciones anteriores, la Sala estima que la pretensión anulatoria propuesta contra el referido Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda, debe declararse con lugar, y así se decide.
Resuelto lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala, dado los múltiples actos Baruta del Estado Miranda en aplicación de la norma anulada en el presente fallo, por razones de seguridad juridica, para evitar un descontrol presupuestario en esa esta Sala en la medida cautelar, fija el inicio de los efectos del presente fallo a partir del 21 de septiembre de 2006, oportunidad en la que se decretó la medida de suspensión de la norma anulada. Así se decide.
Como consecuencia del pronunciamiento anterior y dado el carácter accesorio de las medidas cautelares, se revoca la medida cautelar dictada por esta Sala el 21 de septiembre de 2006. Asi finalmente se decide.
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en de la Ley, declara:
1.- PARCIALMENTE CON LUGAR del recurso de nulidad incoado por la asOCiaCIÓn CIVil CONSEJO EMPRESARIAL VENEZOLANO DE AUDITORÍA (CEVA). contra el articulo 4 y el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Oficial de dicho municipio n° 319-12/2005, extraordinario, del 6 de diciembre de 2005.
página original (tal como se publicó)

Página 32
DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 187207DF1 Número 39.921 MES VIII AÑO CXXXIX Caracas, lunes 14 de mayo de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente , a 13,25 % valor Unidad Tributaria
REPÚBLICA Artículo 12. La GACETAOFICIAL DE LA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
2.- Se ANULA el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda.
3.- Se INTREPRETA que cuando el articulo 4 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Indole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda utiliza el vocablo "servicios", se refiere a los servicios conexos a actividades industriales y comerciales, por lo que no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales.
4.- Se REVOCA la medida cautelar dictada por esta Sala el 21 de septiembre de 2006.
5.- Se ORDENA la publicación del texto Íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República, en la Gaceta Oficial del Baruta del Estado Miranda, así en la Gaceta Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario: "Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda publicada en la Gaceta Oficial de dicho municipio nº 319-12/2005, extraordinario, del 6 de diciembre de 2005.
6) FIJA el inicio de los efectos del presente fallo a partir del 21 de septiembre de 2006.
Publiquese, regístrese y comuníquese. Archívese ei expediente. Enviese copia de la presente decisión a la Alcaldía del municipio Saruta del Estado Miranda, asi como a la Sindicatura y al Concejo Municipa: del referido ente político te:ritoria!.
Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Trobunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dias del mes dedos mil d: : Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Presdenta.
RALESAAMUÑO LUIGA B El Vicepresidente, FRANCISCO ANTONIO CARRASOERO LÓPEZ Ponente Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN TBOM CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSE MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO Secretario,
JÉ LEONABRO REQUENA CABELLO
página original (tal como se publicó)
