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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 39.853

30 de enero de 2012 · 48 páginas
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AÑO CXXXIX MES IV Caracas, lunes 30 de enero de 2012 SUMARIO Presidencia de la República Decreto N° 8.790, mediante el cual se nombra al ciudadano Elías Jaua Milano, Ministro Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, Registradores Públicos en los estados que en ellas se indican.

Ministerio del Poder Popular de Industrias Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución Nº 032, de fecha 26 de diciembre de 2011, en los términos que en ella se señalan.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Marcel José Kosma Martínez, como Director General de la Oficina de Atención Ciudadana de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Freddy Omar Perozo Silva, en su condición de Director General (E) de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, las atribuciones y'fimas de los actos y documentos que en ella se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras INSOPESCA Providencia mediante la cual se corrige por error material la Providencia Administrativa N° 134-2011, de fecha 14 de diciembre de 2011, en los términos que en ella se mencionan.

Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, |Gerentes de las Oficinas que (en ellas se señalan.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se designa a los Miembros de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, integrada por los ciudadanos que en ella se especifican.

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Aviso Oficial mediante el cual se declara la Extinción de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano de la Circunscripción Acuática de Maracaibo, estado Zulia, y su consecuente desincorporación, así como la Extinción de la Matrícula del Buque que en él se señala.

Providencia mediante la cual se designa a los Miembros de la Comisión de Contrataciones de este Instituto, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información RNV Providencia mediante la cual se dictan «las Normas para la Aplicación, Cumplimiento y Control del Compromiso de Responsabilidad Social de Radio Nacional de Venezuela, C.A.».

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica Resolución mediante la cual se Encarga a la ciudadana Norma Elena Bello Celis, como Directora General de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, y se delega la firma de los actos y documentos que en ella se indican.

Tribunal Supremo de Justicia «Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta la normativa que define al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, de acuerdo a los principios de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de interpretación más favorable al trabajador, y considera que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, no se adecuar al concepto de parafiscalidad y por tanto no se rigen bajo las normas del derecho tributario».

Número 39.853 «Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declara Firme el Acto Administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01, de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), por el cual decidió la extinción del Contrato Minero para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del estado Bolívar, suscrito entre la referida Corporación y la Empresa Mixta Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA)».

Defensoría del Pueblo Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Mireidis Josefina Marcano Cabello, como Defensora Delegada Especial con Competencia a Nivel Nacional en Materia Ambiental.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

29 de enero de 2012 Decreto N° 8.790

HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 226 y los numerales 2 y 3 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 4º, 18, 19 y numeral 2 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECRETO

Artículo Único. Nombro al ciudadano ELIAS JAUA MILANO, titular de la cédula de identidad N° 10.096.662, Ministro Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con las competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil doce. Años 201° de la Independencia, 152° de la Federación y 12º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, (L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 201°, 152° Y 12° 38r:F 92 025 Fecha_ N° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de las atribueienes que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13 y 19 del artículo 77 del Decreto son Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con fo establecido en Pública y con lo previsto en los artículos 12 y 15 de la Ley de Registro Público y del Notaria o, DESIGNA al ciudadaNo (a) CARLOS OBERTO POCATERRA, titular de la Cédula de identidad N° V-10.408.919, REGISTRADOR PÚBLICO DEL PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO-ZULIA.

Comuríquese y Publíquese.

TARECK EL ASSAMI

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 201°, 152° Y 12° 385551! N°026 Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto Nº 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo previsto en los artículos 12 y 15 de la Ley de Registro Público y del Notariado, DESIGNA al ciudadane (a) LUIS ALBERTO BARRIOS MATA, titular de la cédula de identidad N° V-15.014.104, REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR ESTADO ANZOÁTEGUI Por el Ejecutivo Nacional, TARECK'EL AISSAMI MINTSTRO·MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 201°, 152° Y 12° 30:2 027 N°$ Fecha_ RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los artículos 5 numeral 2 y 20 numeral 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo previsto en los artículos 12 y 15 de la Ley de Registro Público y del Notariado, DESIGNA al ciudadano (a) JUAN RICARDO GUZMAN HERNANDEZ, titular de la cédule de identidad N° V-8259857, REGISTRADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DIEGO BAUTESTA URBANEJA, ESTADO ANZOÁTEGUI.

\ Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutvo Nacional, TARECKELAISS

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS DESPACHO DEL MINISTRO

Fecha 24/01/2012 N° 039 201° y 152° RESOLUCIÓN Por cuanto en la Resolución N° 032 de fecha 26 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela diciembre de 2011, mediante la cual se aprueba la Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012 del Ministerio del Poder Popular de Industrias, se incurrió en el siguiente error material:

Donde dice:

00017

Debe decir:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y POLITICAS INDUSTRIALES 00017

Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y manteniéndose el número, fecha de la Resolución y demás datos a que hubiere lugar.

Comuníquese y Publíques Por el Ejequtivo Nacio y RICARDO J6SÉ MENÉNDEZ O MINISTRO DEL PODER POPULA R DE BOSTRILA imbre de 2011 Decreto Nº 8.610 del 22 de nov

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 26/12/2011 N°: 032 201° y 152° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículo 62 y 77 numerales 2, 12, Administración Pública, y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con lo establecido en los artículos 42 y 47 del Público sobre el Sistema Presupuestario, y conforme con lo establecido en el Decreto N° 8.609 de fecha 22 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta noviembre de 2011, este Despacho Ministerial, RESUELVE Artículo 1. Aprobar la Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012 del Ministerio del Poder Popular de Industrias; la cual, estará constituida por la Unidad Administradora y las Unidades Ejecutoras Locales, cuyas denominaciones se señalan a continuación:

Organismo Códligo Denominación 68 MINISTERO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS UNIDAD ADMINESTRADORA CENTRAL 00006 OFICINA DE GESTÓN ADMINISTRATIVA UNIDADES EJECUTORAS LOCALES DIRECCION DEL DESPACHO 00001 OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 00002 PÚBLICAS 00003 OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA 00004 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 00005 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 00007 INTERINSTITUCIONALES 00008 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS 00009 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 00010 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OFICINA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 00011 00012 OFICINA DE ATENCION CIUDADANA DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PLANIFICACIÓN Y 00015 POLÍTICA INDUSTRIALES DIRECCIÓN GENERAL DE REDES PRODUCTIVAS Y PARQUES 00016 INDUSTRIALES DIRECCION GENERAL DE PROSPECTIVA Y POLITICAS 00017 INDUSTRIALES DIRECCIÓN GENERAL DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 00018 ESTRATÉGICOS INDUSTRIALES DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y 00019 EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

página original (tal como se publicó)Página 2 de la Gaceta

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DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE GESTIÓN PRODUCTIVA 00020 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS PARA LA 00021 INDUSTRIA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN DE IMPORTACIONES 00022 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE GESTIÓN Y CONTROL 00023 DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE FACTORES DE 00024 PRODUCCIÓN 00025 DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE INDUSTRIAS BÁSICA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE ENCADENAMIENTO 00026 PRODUCTIVO DE INDUSTRIAS BÁSICAS DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES 00027 PRODUCTIVAS DE INDUSTRIAS BÁSICAS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE 00028 INDUSTRIAS BÁSICAS DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE INDUSTRIAS 00029 DIRECCIÓN GENERAL DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE 00030 INDUSTRIAS INTERMEDIAS Y LIGERAS DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES 00031 PRODUCTIVAS DE INDUSTRIAS INTERMEDIAS Y LIGERAS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE 00032 INDUSTRIAS INTERMEDIAS Y LIGERAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y SOPORTE DE LA NUEVA 00034 DINÁMICA PRODUCTIVA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES 00035 PRODUCTIVAS DIRECCIÓN GENERAL DE FACTIBILIDAD Y SEGUIMIENTO 00036 PRODUCTIVO

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publía

RICARDO JOSE MENENDEZIBETOE MINISTRO DEL PODER POPOAR DE INDO TRIAS Gaceta Oficial Nº 6.058 del 26 dpgviembaode 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS DESPACHO DEL MINISTRO

N°: 041 FECHA: 24/01/2012

201° y 152°

RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículo 62 y 77 numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, numeral 2; 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, y conforme con lo establecido en el Decreto N° 8.609 de fecha 22 de noviembre de 2011. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.058 Extraordinario del 26 de noviembre de 2011, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano MARCEL JOSÉ KOSMA MARTÍNEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.202.151, como Director General de la Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio del Poder Popular de Industrias.

Artículo 2. La presente designación tiene vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, RICARDO JOSÉ MENÉNIDEZPRITO MINISTRO DEL PODER POPUDAR DE NDUSAAS 2011 Decreto N° 8.610 del 22 de noviembre Gaceta Oficial N° 6.058 del 26 de noviembre 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS DESPACHO DEL MINISTRO

FECHA: 24/1/2012 N°: 042

201° y 152°

RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 62 y 77, numerales 2, 19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Delegar en el ciudadano FREDDY OMAR PEROZO SILVA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 13.608.815, en su condición de Director General (E) de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, las atribuciones y firmas de los actos y documentos, que a continuación se indican:

1. Planificar y diseñar las políticas de selección, clasificación, remuneración, entrenamiento, crecimiento, desarrollo y retiro del personal del Ministerio.

2. Asesorar y asistir al Ministro y a todas las Dependencias del Ministerio en la fijación y aplicación de políticas en materia de personal.

3. Suscribir las comunicaciones a personas y entes públicos y privados relativas al trámite ordinario de los asuntos que sean competencia de la Dirección a su cargo.

4. Certificar copias de documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Oficina a su cargo.

5. Suscribir las correspondencias destinadas a las demás Direcciones del Ministerio y organismos adscritos y tutelados sobre asuntos cuyo trámite deba iniciar, continuar o concluir conforme a sus respectivas competencias.

6. Suscribir la correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica y telefacsímil, en respuesta a solicitudes de particulares dirigidas a la Dirección a su cargo.

7. Elaborar, controlar y. evaluar programas de administración de personal y desarrollo de recursos humanos del Ministerio y administrar el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño.

8. Promover el mejoramiento, bienestar y desarrollo del personal que presta sus servicios en el Ministerio, realizando los estudios e investigaciones que se requieran para conocer las necesidades de entrenamiento y ambiente de trabajo, proponiendo las estrategias con el objetivo de satisfacer tales necesidades.

9. Servir de enlace con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación, cuando el asunto le competa a la Dirección a su cargo y con los organismos de representación de los trabajadores.

10.Prestar todos los servicios relativos a la administración de los recursos humanos del Ministerio.

11.Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, resoluciones, providencias y demás actos administrativos en materia de administración de personal.

12. Llevar los movimientos de personal (FP-020).

13.Suscribir notificaciones a los funcionarios públicos del Ministerio concerniente a la aceptación de renuncias, reducciones de personal, jubilación y pensión, destituciones, remociones, retiros, comisiones de servicio, traslados, transferencias, ascensos, permisos y suspensiones del ejercicio del cargo con o sin goce de sueldo.

14.Ordenar compromisos contra el presupuesto vigente de la Oficina bajo su cargo, previa opinión de la Oficina de Planificación y Presupuesto de este Ministerio, sin menos cabo de lo que dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

15. Suscribir todos los actos y documentos relacionados con el Fondo Fiduciario por concepto de prestaciones de antigüedad acreditado o depositado a los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.

16.La Firma de los contratos de ingreso del personal, así como la rescisión de los mismos; previa aprobación del ciudadano Ministro.

17.La representación de los intereses del Ministerio en los procedimientos administrativos laborales.

18. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos en materia de su competencia.

Artículo 2. Los actos y documentos firmados de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma

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del funcionario delegado la fecha y numero de resolución y Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada la delegación respectiva.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de 19 de Enero de 2012.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, RICARDO JOSÉ MENENDEZ PAETO Decreto N° 8.610 del 22 de noviembre de 2011 Gaceta Oficial N° 6.058 del 26 de noviem a de 2011 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 07-2012. CARACAS, 24'DE ENERO DE 2012

AÑOS 201° Y 152°

Por cuanto el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos haya incurrido, y conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Publicaciones Oficiales, éste Despacho decide dictar lo siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Se corrige la Providencia Administrativa N° 134-2011 de fecha 14 de Diciembre de 2.011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.829 de fecha 27 de Diciembre de 2.011, por "...De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los artículos 40, 41, 51 numerales. 1, 7 y 19, 54 numerales 1 y 8 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste Despacho dicta la siguiente...", cuando debe decir: "... De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los artículos 40, 41, 51 numerales 1, 7 y 19, 54 numerales 1 y 8 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste Despacho dicta la siguiente...".

Artículo 2. Se corrige el artículo 1 de la referida Providencia Administrativa Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las condiciones bajo las por la Secretaría de la Presidencia en las autorizaciones emitidas por Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) en el marco del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura." debe decir: "...La sente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las condiciones bajas cuales se implementará el uso obligatorio del sello de seguridad a ser aplo por la Secretaría de la Presidencia en las autorizaciones emitidas par el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) en el marco del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura." Artícufo 3. Se corrige el artículo 6 literal a de la mencionada Providencia Administrativa, por haber incurrido en un error material cuando dice: "...a.- Providencias Administrativas dictadas por el Presidente conforme a los artículos 137 y 148 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, relativos a las decisiones de los Procedimientos Sancionatorio y la Resolución de Conflicto por Interferencia de Pesquería...", cuando debe conforme a los artículos 137 y 148 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, relativos a las decisiones de los Procedimientos Sancionatorio y la Resolución de Conflicto por Interferencia de Pesquería..." Artículo 4. Se corrige el artículo 7 de la referida Providencia Administrativa por haber incurrido en un error material ya que donde dice: " A efecto dar a conocer el sello de seguridad a ser utilizado por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), el cual se describe de la siguiente manera:

sello de seguridad redondo llevado impreso en la parte alta República Bolivariana de Venezueila, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en la parte central el Escudo de la República Bolivariana de Venezuela y en la parte posterior se indica Presidencia e Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, tal como se indica a continuación:", debe decir: " A efecto de dar a conocer el sello de seguridad a ser utilizado por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), el cual se describe de la siguiente manera: sello de seguridad redondo llevado impreso en la parte alta República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, en la parte central el Escudo de la República Bolivariana de Venezuela y en la parte posterior se indica Presidencia e Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, tal como se indica a continuación:

tículo 5. Reimprímase Íntegramente a continuación el texto de la Provadencia Administrativa N° 134-2011 de fecha 14 de Diciembre de 2.011, Rublicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.829 de fecha 27 de Diciembre de 2.011, con la corrección indicada, de conformidad con lo dispuesto el artículo 5° de la Ley de Publicaciones Oficiales.

Comuníquese y publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, PEDRO GUERRA CASTELLANO Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INsOPESCA)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA ADMINISTRATIVA N2 134-2011.

PRESIDENCIA. PROVIDENCIA CARACAS, 14 DE DICIEMBRE DE 2.011

AÑOS 201° Y 152° Que el Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, establece las autorizaciones a ser emitidas por el Instituto Soclalista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), Que el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), efectua actos de inspección, vigilancia y control de las actividades pesqueras, acuícolas y las que fueren conexas, Que las autorizaciones son fuentes de ingresos del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPEsCA), en consecuencia se rigen por los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad, Que a los fines de unificar y controlar el uso de las autorizaciones a ser otorgadas a nivel central del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), se implementará colocar el sello de seguridad, con el objeto de A kager mayor seguridad en las autorizaciones a emitir, 1@edimientos Administrativos; en' concordancia con los artículos 40, 41, 51 numerales 1, 7 y 19, 54 numerales 1 y 8 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste Despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE DICTAN LAS NORMAS DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL SELLO DE SEGURIDAD PARA LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA) EN NIVEL CENTRAL

Artículo 1.- La presente Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales se implementará el uso obligatorio del sello de seguridad a ser utilizado por la Secretaría de la Presidencia en las autorizaciones emitidas por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) en el marco del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.

Artículo 2.- La Oficina de la Secretaría de la Presidencia del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INsOPESCA), deberá colocar el sello de seguridad a las autorizaciones que a continuación se especifican:

a. Licencla de Pesca Industrlal: Es la otorgada a buque pesquero dedicado a la pesca industrial, ya sea: Atunera o palangrera y otras modalidades que se desarrollen a futuro; la cual no da derecho a captura.

b. Permiso Pesca Comercial: Es el otorgado para ejercer la captura de organismos permitidos por la normativa vigente, en las zonas y épocas establecidas, y en armonía con los criterios de manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos; en el cual se determina el puerto de registro donde se dectararán los desembarque obtenidos con el fin de garantizar la recolección de datos estadísticos, así como su vigilancia, control e inspección.

c. Permisos de Procesamiento, Intercambio y Comercialización: Son los otorgados para adquirir, procesar, importar y exportar productos o subproductos pesqueros y acuicolas.

d. Permiso de Acuicultura: Es el otorgado para el desarrollo y operación de proyectos de acuicultura en zonas de propiedad pública o privada.

e. Permiso Especial: Es el otorgado para ejercer actividades de pesca o acuicultura tales como: la didáctica, científica y prospectiva.

aardación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, referidos a P construcción o modificación de buques pesqueros mayores de cincuenta unidades de arqueo bruto (50 AB), en astilleros nacionales o internacionales, a la adquisición de buques pesqueros en el exterior, o al desarrollo de proyectos pesqueros o de acuicultura de inversión nacional, mixta o extranjera.

Artículo 3.- El Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), ordenará a la Oficina de la Secretaría de la Presidencia aplicar el sello de seguridad, a las autorizaciones suscritas en nivel central y aquellos documentos que considere necesario su aplicación.

Artículo 4.- La Secretaría de la Presidencia del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), es la Oficina responsable del sello de seguridad y estará a cargo de la guarda y custodia del mismo.

Artículo 5.- La Secretaría de la Presidencia del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) informará al Presidente, por escrito quincenalmente sobre los actos y documentos suscritos en nivel central, a los cuales se les haya colocado el sello de seguridad.

página original (tal como se publicó)Página 4 de la Gaceta

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Artículo 6.- Adicionalmente la Oficina de la Secretaría de la Presidencia del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA) deberá colocar el especifican:

a.- Providencias Administrativas dictadas por el Presidente conforme a los artículos 137 y 148 del Decreto Con Rango, Vaior y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, relativos a las decisiones de los Procedimientos Sancionatorio y la Resolución de Conflicto por Interferencia de Pesquería.

b.- Registro de Empresa.

c.- Autorización para construcción y adquisición de buques pesqueros asi como para la Incorporación a la Flota Pesquera Nacional.

Artículo 7.- A efecto de dar a conocer el sello de seguridad a ser utilizado por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), el cual se describe de la siguiente manera: sello de seguridad redondo llevado impreso en la parte alta República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder opular para la Agricultura y Tierras, en la parte central el Escudo de la Kegública Bolivariana de Venezuela y en la parte posterior se indica Presidencia e Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, tal como se indica a PESEontinuación:

sancionado, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema de Control de Gestión.

Artículo 9.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional, PEDRO GUERRACASTEEIANO Presidente del institutã socjalleta de la Pesca y Acuicutura(UNsoRsCA)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.

INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA).

PRESIDENCIA/INSOPESCA Nº 05 -2012. CARACAS, 24 DE ENERO DE 2.012.

201º y 152º En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 54 numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 074/2011 de fecha 23 de Junio de 2011, publicada en la Gaceta Qficlal de la República Bolivarlana de Venezuela Nº 39.702 de fecha 23 de Junio de 2011, y el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, éste Despacho dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Prlmero; Se designa al cludadano SADY ARTURO LOAIZA ESCALONA, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.591.117, Como GERENTE DE LA OFICINA DE FOMENTO DEL DESARROLLO PESQUERO Y ACTIVIDADES CONEXAS del Instituto Soclalista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), a partir del 24 de Enero de 2012.

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto N° 6:217, Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina a su cargo.

Comuníquese y publlquese, PEDA O GUERRA CASTELLANO.

Presidente del Instntuto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.

INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA).

PRESIDENCIA/INSOPESCA Nº 06 -2012. CARACAS, 24 DE ENERO DE 2.012.

201º y 152º En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 54 numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 074/2011 de fecha 23 de Junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela Nº 39.702 de fecha 23 de Junio de 2011, y el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, éste Despacho dicta la sigulente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Primero: Se designa al cludadano MARCOs GONzALEz MARTINEz, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.210.177, como Gerente de la Oficina de Asistencia, Técnica, Financlera y Comerclalización Encargado del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), a partir del 24 de Enero de 2012.

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto N° 6.217, Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se delega la competencia y firma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina a su cargo.

PEDRO GUERRA STO.

Presidente del Institutsocialista de la Pesca y Acuicultura (IN

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA

RESOLUCIÓN N° 2917 CARACAS, 3 0 ENE 2012 AÑOS 201° Y 152° De conformidad con lo establecido en los artículos 62, 77.19 y 92 del Decreto N° 6.217, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con el artículo 6 de la Resolución N° 192, de fecha 13 de octubre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.808, de fecha 15 de octubre de 2008, contentiva del Proceso de Reestructuración al servicio Público de Educación Superior impartido por los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales del país,

POR CUANTO Compete al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de Educación Universitaria, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sistema educacional de ese nivel,

POR CUANTO La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria es la máxima autoridad jerárquica de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, como órganos desconcentrados de este Ministerio, POR CUANTO El supremo compromiso, la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo y la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basados en principios humanistas, se sustentan en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE Artículo 1: Designar a los miembros de la Comisión de Modernización y TransformaCión del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, como se señala a continuación:

1. ENRY GUSTAVO GÓMEZ MAIZ, titular de la cédula de identidad N° 3.873.777, quien ejercerá las funciones de Coordinador, correspondiéndole asumir las atribuciones establecidas en el articulo 4 de la presente resolución.

2. ANTONIO PEDRO CURCU COLÓN, titular de la cédula de identidad administrativa, correspondiéndole asumir las funciones establecidas al Subdirector Administrativo en el Reglamento de Institutos y Colegios Universitarios en su artículo 25.

3. LUIS ENRIQUE PÉREZ LUNA, titular de la cédula de identidad N° correspondiéndole asumir las funciones establecidas al Subdirector Académico en el Reglamento de Institutos y Colegios Universitarios en su artículo 24.

4. Asimismo, formarán parte de esta Comisión:

4.1. Un (1) representante de los profesores y profesoras, elegido o elegida dentro del seno de la. comunidad del Instituto, el o la cual tendrá derecho a voz y voto.

4.2. Un (1) representante de la comunidad estudiantil, elegido o elegida dentro del seno de la comunidad del Instituto, el o la cual tendrá derecho a voz y voto.

Artículo 2: La Comisión de Modernización y Transformación del NSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, COMO Cuerpo Colegiado asume las funciones de gobierno, dirección, gestión y administración de ese Instituto, por lo que le corresponde:

1. Adoptar las medidas administrativas y académicas que resulten procedentes, en virtud de su competencia.

2. Proyectar las reformas técnicas y administrativas que sean convenientes para la Institución y elevar las a la consideración del Despacho del Viceministro o Viceministra de Desarrollo Académico.

3. Analizar la estructura organizativa y proyectar una nueva, acorde con los requerimientos institucionales.

4. Revisar y reformular los manuales de organización y procedimientos y el cuerpo de normas internas del Instituto Universitario, tendentes a redefinir la situación institucional y elevar los a la consideración del Despacho del Viceministro o Viceministra de Desarrollo Académico.

5. Revisar los planes, carreras, programas y horarios de estudio y, de resultar necesario, recomendar las reformas técnicas y administrativas, de acuerdo con los objetivos del Instituto Universitario, así como las exigencias y demandas del Estado pertinentes para la adaptación.

6. Realizar la reorganización académica, con fundamento en el análisis del currículo, de la carga académica disponible y de los méritos de los miembros del personal docente y de investigación y elevar los a la consideración del Despacho del Viceministro o Viceministra de Desarrollo Académico.

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7. Analizar la nómina y movimientos del personal del Instituto Universitario, los méritos de sus miembros, las disponibilidades presupuestarias y proponer a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria las recomendaciones que fueren pertinentes a los fines de las rectificaciones que se hagan menester, de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen la materia.

8. Establecer un sistema idóneo de control interno que incluya los elementos fundamentales de control, supervisión y seguimiento de la actuación del personal, evaluaciones y rotaciones periódicas y cumplimiento de las normativas y directrices.

9. Verificar y examinar la planificación, estructura de gastos y la ejecución presupuestaria institucional e implementar los correctivos que se requieran previa consulta a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria la uniformidad del registro y control de los ingresos y egresos.

10. Revisar los Convenios institucionales y su ejecución y elevar a la consideración de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria las observaciones del caso, para la posterior suscripción de la máxima autoridad jerárquica de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios, como órganos desconcentrados de este Ministerio.

11. Presentar informes a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, cada treinta (30) días o cuando así se le requiera.

12. Designar las Subcomisiones que estime necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Las funciones establecidas en la presente Resolución serán desarrolladas con base a los principios de honestidad, participación, solidaridad, eficacia, eficiencia, corresponsabilidad, ética, transparencia, publicidad y rendición de cuentas.

Las decisiones acordadas por. la Comisión de Modernización _ y TranSfoaCIón del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, se considerarán válidas con el acuerdo de por lo menos tres (3) de sus miembros.

Artículo 3: La Comisión de Modernización y Transformación del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, COMO Cuerpo Colegiado, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Presentar un Plan de Desarrollo Socio-Académico y Socio- Administrativo de la Institución, ante el Despacho de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Vincular los planes y la actividad del Instituto con los lineamientos del Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

3. Adecuar su actividad a los principios y lineamientos programáticos establecidos en la Ley Orgánica de Educación.

4. Impulsar acciones que permitan la uniformidad del currículo académico, en procura de garantizar, entre otras cosas, la movilidad de los y las estudiantes sín necesidad de requerir equivalencias.

5. Impulsar acciones que garanticen la movilidad docente.

6. Integrar la teoría y práctica desde el inicio de la formación universitaria, según los parámetros del Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

7. Presentar propuestas de transformación del sector universitario, en el marco de los proyectos de leyes especiales en materia de Educación Universitaria.

8. Ejecutar el Presupuesto del Instituto Universitario de Tecnología del estado Portuguesa en forma transparente, rendir cuenta de su ejecución y formular participativamente el presupuesto.

9. Impulsar la creación de los Consejos Estudiantiles del Poder Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Educación.

10. Impulsar mecanismos de integración de las organizaciones del Poder Popular, tales como consejos comunales, comunas, empresas de propiedad social directa, entre otros, en los procesos de toma de decisiones de la Institución.

11. Actualizar periódica y permanentemente la matrícula estudiantil.

12. Incorporar las actividades estético-lúdicas como parte integral del proceso formativo.

13. Implementar cursos de formación pedagógica emancipadora para los y las docentes universitarios.

14. Suprimir totalmente los mecanismos de ingreso discriminatorios, tales como pruebas internas, actas convenio, entre otros.

15. Vincular la programación del servicio comunitario con el Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

6 Las demás obligaciones que le sean establecidas por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Artículo 4: El Coordinador de la Comisión tiene las siguientes atribuciones:

1. Representar administrativamente al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ.

2. Supervisar las actividades de la Comisión, subcomisiones y del personal que presta servicios en el INSTITUTo UNIVERSITARiO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ 3. Someter el Plan Rector a la consideración y aprobación del Despacho del Viceministro o Viceminitra de Desarrollo Académico.

4. Gestionar los recursos financieros para el funcionamiento del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

5. Administrar y ejecutar el presupuesto de gastos del INsTiTuTo UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ, asÍ como, tramitar la adquisición de bienes y servicios para su funcionamiento, ante la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

6. Someter a la consideración de la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través de la Oficina de Recursos Humanos, la contratación del personal, justificado en el Plan Rector.

7. Expedir las copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos del Instituto, a solicitud de los interesados legítimos o de las autoridades competentes en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Decreto Nº 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

8. Presentar informes a la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, cada treinta (30) días o cuando se le requiera.

Artículo 5: Los ciudadanos designados mediante la presente Resolución, deben cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, y rendir cuentas de las mismas en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 6: A partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución N° 666, de fecha 14 de octubre de 2010, publicadà en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.530, de la misma fecha.

Dans MARLENE YADINA CCORDOV Ministra del Poder Popular para gn Universitaria

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS

AVISO OFICIAL

CARACAS, 12 de ENERO de 2012

El Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, V/A JoRGE MIGUEL SIERRAALTA ZAVARCE, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.413.785, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 73 numerales 1 y 11 del DecretQ 6.126, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos; en concordancia con los artículos 138 numeral 6 y 140 de la Ley Géneral de Marinas y Actividades Conexas y el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE:

Se ha declarado la Extinción de la Inscripción en el Registro Naval Venezolano de la Circunscripción Acuática de Maracaibo, Estado Zulia, y su consecuente desincorporación, así como la Extinción de la Matrícula, debido al cambio de propietario y de Circunscripción Acuática del siguiente Buque, en la fecha que se señala:

CAPITANÍA FECHA DE MATRÍCULA BUQUE DE PUERTO EXTINCIÓN MARACAIBO YARI AJZL-D-3263 25/11/2011

El Buque YARI, fue registrado en la Circunscripción Acuática de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, bajo el Nº 590, Tomo III, Folios 02 al 06, Protocolo fecha 25 de noviembre de 2011, VIA JORGE MIGUIERALTRCE Presidente del Institutohacional d los Espacios Aquáicos Según Resolución N° 005, de fecha 08 de diciembre de 20 ertagada del Mipßtericdel Poder Populer para Transporte Acuático y Aéreo, publicada en la Gaceta de spubliga Bolivariana de Venezuela, N° 39.819, de fecha 13 de diolbs4

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos Caracas, 10 de Enero de 2012 201° y 1520 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N2 8 1 El Directorio del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), actuando como Máxima Autoridad del Instituto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, en concordada relación con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y el artícuio 15 de su Reglamento, en la I Sesión Ordinaria año 2012 celebrada el 10 de enero del presente año, decide:

Designar los miembros de la comIsIón DE

PRIMERO:

CONTRATACIonEs del Instituto Nacional de los. Espacios Acuáticos, encargada de dirigir las actuaciones relativas a los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios; cuya actuación se regirá por las disposiciones consagradas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como todos los instrumentos devengo y sublegal que regulen la materia.

SEGunpo: La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres, (3) Miembros principales con sus respectivos suplentes, responsables del Área Económica-Financiera, el Área Técnica y el Área Jurídica, respectivamente;

así como un (1) Secretario y su respectivo suplente, con derecho a voz mas no a voto.

TERcERo: La Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, está integrada de la siguiente forma:

ÁREA MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE ECONÓMICA- Lcda. Elisa Ordoñez - Lcda. América Guerra V- 4.250.565 V- 5.973.518 FINANCIERA CN Álvaro Carias CN Máximo González TÉCNICA V- 4.279.540 V- 3.839.621 Abog. Mariela Abog. Soraya Venero JURÍDICA Olavarrieta V- 9.480.535 V- 10.805.312 Abog. Carolina Hernández SECRETARIO V- 10.337.071 cuArTo: La Comisión de Contrataciones podrá designar los asesores técnicos que considere necesarios, de acuerdo a la complejidad de la Contratación que se efectúe; los mismos, tendrán derecho a voz, mas no a voto.

quin o: La presente designación entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

REPL ARCE WAJORGE MIGUEL Preside

pada Tcnel. Manuel CA. Juan CaFerrer Direct Direcio staladl Ing. Karla Del Valle Fermín Jiménez.

Director MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN Gobiemo Bolivariano Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela

Caracas, 24 de noviembre de 2011.

201°, 152° y 120 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 002 Quien suscribe, ELENA SALCEpo, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 642.162, en mi carácter de presidenta de la Sociedad Mercantil RADIO NACIONAL DE VENEZUELA, C.A., Empresa del Estado, adscrita al

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, creada mediante Decreto Nº 6.474 de fecha 14 de octubre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.040, de fecha 17 de octubre de 2008, con domicilio en la ciudad de Caracas e inscrito su Documento Constitutivo y Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, bajo el Nº 8, Tomo 84-A, de fecha 30 de septiembre de 2009 y respectiva publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 01 de octubre de 2009, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el numeral 3 de la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía, en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas,

CONSIDERANDO Que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, CONSIDERANDO Que la Ley de Contrataciones Públicas, establece que el Compromiso de Responsabilidad Social, son todos aquellos acuerdos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con: 1) La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. 2) La creación de nuevos, empleos permanentes. 3) Formación socio productiva de integrantes de la comunidad. 4) Venta de bienes a precios solidarios o al costo. 5) Aportes en dinero especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro y 6) Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante,

CONSIDERANDO Que el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas señala que el ente contratante, Contratista, y que para ello se definirá dentro de su estructura una unidad técnica administrativa paa que se encargue del seguimiento y control de su ejecución y cumplimiento, Resuelve,

DICTAR

"LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y CONTROL DEL. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE RADIO NACIONAL DE VENEZUELA, C.A."

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBDETO.

El presente instrumento tiene por objeto establecer las Normas que definirán el Procedimiento para la Aplicación, Cumplimiento y Control del Compromiso de Responsabilidad Spcial previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en el marco de las contrataciones efectuadas por Radio Nacional de Venezuela, C.A., a través de la Comisión de Contrataciones Públicas o Unidad Contratante, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con el propósito de unificar los criterios, procedimientos y obligaciones que garanticen el Cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.

A los fines de las presentes Normas, se define lo siguiente:

Compromiso de Responsabilidad Social: Todos aquellos acuerdos que el ente contratante establezca en su oferta, para la atención de por los menos una de las demandas sociales relacionadas con:

La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.

La creación de nuevos empleos permanentes.

Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.

Venta de bienes a precios solidarios o al costo, Aportes en dinero especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro y Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante.

El Beneficiario: Toda persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir ciertas prestaciones económicas o al reconocimiento de ciertos derechos en función de un contrato suscrito, donde una de las partes contratantes designa a un beneficiario o titular de esos derechos o prestaciones a los que podrá acceder cuando concurra una serie de condiciones acordadas en la presente normativa.

Fondo de Responsabilidad Social: El conjunto de aportes en dinero mediante cheques de gerencia, transferencias bancarias o cualquier otra forma de transacción financiera, Venezuela, C.A., para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, en cumplimiento de su Compromiso de Responsabilidad Social.

Comité de Responsabilidad Social: Es el órgano intero encargado de velar por los aportes consignados por concepto del Compromiso de Responsabilidad Social del contratista, para

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lo cual ejercerá el seguimiento y control de los mismos, evaluando los proyectos u obras sociales o comunitarios, a los cuales van dirigidos los recursos del Fondo de Responsabilidad Social; estableciendo los enlaces con las comunidades o grupos sociales, a fin de detectar sus necesidades e intereses.

Aportbe; Es el cumplimiento del Compromiso de Responsabiidad Social, bajo la modalidad de dinero proveniente de las empresas contratistas, encaminados a la consecución de bienestar social de la comunidad.

Fondo de Responsabilidad Social: Es el conjunto de aportes de dinero mediante cheques de gerencia, transferencias bancarias o cualquier obra forma de transacción financiera, efectuado por las personas naturales o jurídicas que contraten con Radio Nacional de Venezuela, C.A., para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras en cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social.

Lo no definido en las presentes Normas será interpretado conforme a lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

ARTÍCULO 3.

El pliego de condiciones, la relación de las especificaciones técnicas o el instrumento del acuerdo entre las partes, deberá contener entre sus disposiciones la determinación clara y precisa del Compromiso de Responsabilidad Social.

Radio Nacional de Venezuela, C.A., una vez formalizada la contratación deberá garantizar a los fines de la administración del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, con relación a la Responsabilidad Social.

CAPÍTULO I DEL COMITÉ PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO DE

ARTÍCULO 4.

Se creará un Comibé para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, integrado por tres (03) miembros principales, tres (03) miembros suplentes y un secretario con derecho a voz mas no a voto, que serán de libre nombramiento y remoción de la Presidencia de Radio Nacional de Venezuela, C.A.

El Comitbé para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, velará por la ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, previa revisión, consideración y evaluación de los mecanismos de ejecución, producto de las solicitudes que sean presentadas ante la de Oficina de Abención al Ciudadano, por los interesados y las interesadas del entomo social de Radio Nacional de Venezuela, C.A.

Igualmente acudirán a las reuniones del Comité que trata este artículo, un (1) representante de la Oficina de Auditoría Inter a en calidad de observador quien tendrá derecho a voz, más no a voto en las decisiones del Comité.

ARTÍCULO 5.

El Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, tendrá su sede en el Despacho de la Presidencia de Radio Nacional de Venezuela, C.A., y estará sometido a la supervisión de éste, quien coordinará su funcionamiento y se encargará de que las reuniones del Comité se realicen en un lugar que resguarde la privacidad de lo que allí se trate.

ARTÍCULO 6.

Verificar que se incorpore el Compromiso de Responsabilidad Social dentro de las condiciones de la contratación, fijando los criterios y elementos que deben comprometerse a cumplir los oferentes.

Velar porque los oferentes en las modalidades de selección de contratistas una declaración jurada mediante la cual especifique el Compromiso de Responsabilidad Social asumido.

Velar porque se publique en la página web de Radio Nacional de Venezuela, C.A. el otorgamiento de la adjudicación del contrato, señalando el Compromiso de Responsabilidaid Social asumido por el adjudicatario.

Constituir y administrar el Fondo de Responsabilidad Social.

Controlar el buen uso de los aportes que conformen el Fondo de Responsabilidad Social, consignados a razón del Compromiso de Responsabilidad Social del contratista; para ello deberá ejercer el seguimiento y control de los aportes, los recursos del Fondo de Responsabilidad Social.

Velar por una justa, equitativa y estratégica distribución de los recursos provenientes del Compromiso de Responsabilidad.

Levar un registro de los Compromisos de Responsabilidad Social asumidos por los Oferentes.

Establecer el enlace entre el proveedor y la Oficina de Gestión Administrativa, para la ejecución por parte del oferente de su Compromiso de Responsabilidad Social.

de Radio Nacional de Venezuela, C.A. cualquier otra atribución que redunden en una eficaz y eficiente aplicación, cumplimiento y control del Compromiso de Responsabilidad Social.

ARTÍCULO 7.

Los trámites administralivos y de registro necesarios para el seguimiento, control y cumplimiento del Gompromiso de Responcbilidad Social será competencia de la Secretaría del Comillé.

ARTÍCULO 8.

Las decisiones del Camié se tomarán por la mayoría simple de los miembros presentes en las reuniones convocadas al efecto, privilegiando siempre al consenso.

ARTÍCULO 9.

Las reuniones del Gomilé para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán cada quince (15) días, en el día y lara que fije el Comibé. La convocatoria para estas, deberá realizarse por escrito con acuse die recibo, entregado en el Despacho de la Presidencia.

Las reuniones exraaudlinaríias se celebrarán en la oportunidad que sean fijadas por el Comité de Respansabilidad Social o a solicitud de la presidenta o presidente de Radio Nacional de Venezuela, C.A., a cuyo efecto se empleará el medio de notificación establecido para las reuniones ordinarias. En las reuniones extraordinarias se podrán decidir sobre cualquierasunto que se estimare de necesaria consideración.

ARTÍCULO 10.

El Comité para la IEjecución del Compromiso de Responsabilidad Social solo podrá deliberar válidamente con los tres (03) miembros que lo conforman, debiendo estar presente, al menos, un (01) miembro, principal. Si el quórum no se alcanzare a la hora fijada para iniciar la reunión, se podrá acordar su diferimiento para una hora determinada del término de los dos (02) días hábiles siguientes, por una sola vez, sin necesidad de convocatoria.

Para la validez de las decisiones, se requerirá el voto favorable de la mayoría simple presente.

ARTÍCULO 11.

La Comisión de Conbraltaciones de Radio Nacional de Venezuela, C.A. será la encargada de:

1. Establecer las parámetros, ponderaciones y criterios para dar cumplimiento al 2. Conocer y emilir recomendaciones acerca de la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, destinados a proyectos sociales para el desarrollo de la infraestructura, hábitat, salud, saneamiento ambiental, entre otros, y desamollo de proyectos productivos sustentables, aplicando los recursos financieros pamvenientes de los aportes en dinero u ofertas sociales, enmarcados dentro de los Campromisos de Responsabilidad Social que asumen los Contratistas.

ARTÍCULO 12.

La Oficina de Atendiomall Ciudadano de Radio Nacional de Venezuela, CA., conocerá de la Atención Social, la cualiserá responsable de:

1. Recibir las solicitudes de ayuda, evaluar y hacer efectiva la entrega del Compromiso de Responsabiidad Social.

2. Levar un registro de solicitud de los beneficiarios actualizados, así como de los proyectos obras sociales presentados por las comunidades, para da cumplimiento all Compromiso de Responsabilidad Social, con el fin de facilitario a RAD10- Comité para Ia ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, para cuando sea requeridin.

3. Levantar el inffonne respectivo, una vez agotadas las diligencias pertinentes a objeto de sustanciar la solicitud de ayuda.

ARTÉCULO 13.

A los fines de garantizar el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, su plazo de ejecución debe ser menor al plazo de la actividad u objeto del contrato principal, para así asegurar su terminación y entrega a entera satisfacción de la comunidad beneficiada, antes em la misma fecha del cierre administrativo del contrato, para ello se estipulada el compunmiso ofrecido en las cláusulas del contrato que se suscriba.

DE LOS JAPORTES Y DEL FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ARTÍCULO 14.

Con los aportes pravernientes del cumplimiento de Responsabilidad Social, se constituirá un Fondo de Respansalbilidad Social. Todos los aportes que se obtengan por este concepto a través dedeques de gerencia, transferencias bancarias o cualquier otra forma de transacción finandiea, deberán ser depositados el diia hábil siguiente a su recepción, en la cuenta corriente bancaria aperturada por el Comitbé de Responsabilidad Social para tal efecto, la cual puede en cualquier momento, ser objeto de auditoría por la Contraloría Social.

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ARTÍCULO 15.

Para administrar los aportes del Fondo de Responsabilidad Social depositados en la cuenta corriente bancaria a nombre del Comité de Responsabilidad Social, serán necesarias las firmas conjuntas de por lo menos dos (02) integrantes del Comité de Responsabilidad Social.

ARTÍCULO 16.

La recepción de los aportes antes mencionados, deberá contar con comprobante de ingreso emitido por la Oficina de Gestión Administrativa de Radio Nacional de Venezuela, C.A., el cual debe ser entregado al Comité de Responsabilidad Socia, con copia del contrato que respalde dichos fondos, a los fines de que el Comité tenga registro, de todo lo relacionado al cumplimiento del Compromiso de Responsabilidadi Social, haciéndolo constar en Acta.

ARTÍCULO 17.

La Oficina de Atención al Cludadano recabará a través de las solicitudes de las comunidades, consejos comunales, comunas y otras asociaciones de participación popular, proyectos u obras sociales, que se llevarán a la consideración del Comité de Responsabilidad Social para su evaluación. Una vez evaluados los proyectos de obras sociales, los miembros del Comibé de Responsabilidad Social, seleccionarán mediante mayoría simple, los que más satisfagan las necesidades e intereses del entomo social del ente contratante, de acuerdo a los proyectos sociales descritos en el concepto de Compromiso de Responsabilidad Social, previstos en el artículo 2 de la presente normativa.

ARTÍCULO 18.

El Consejo Directivo de Radio Nacional de Venezuela, C.A. y la Conbraloría Social, velarán por el cumplimiento de las decisiones que tome el Comité de Responsabilidad Social, respecto al destino de los recursos que forman parte del Fondo de Responsabilidad Social.

CAPÍTULO IV CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CASOS EN EL MARCO DE LA ADJUDICACIÓN DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 19.

La Selección de la adjudicación del Compromiso de Responsabilidad Social la hará el Comibé, previa revisión de la evaluación socio-económica, tomando en cuenta los siguientes criterios:

1. Los colectivos organizados cuyas necesidades estén enmarcadas en proyectos orientados a responder las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, de igualdad, equidad y justicia social.

2. La población vulnerable que vive en condiciones desfavorables en lo social y económico y las mismas sean verificables.

CAPÍTULO V DEL PROCEDIMIENTO.

ARTÍCULO 20.

La Oficina de Atención al Ciudadano recibe la solicitud e inicia el procedimiento:

a) Evalúa la solicitud que deberá ser escrita y de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, para determinar su procedencia.

b) En caso de que sea procedente la solicitud, realizará el respectivo levantamiento de informe socio-económico, el cual contendrá diversas diligencias dirigidas a la comprobación de la situación planteada, para ello podrá efectuar visitas al interesado o interesada, solicitar y verificar documentación, realizar un registro fotográfico y ejecutar cualesquiera otras diligencias relacionadas con el caso, para finalmente elaborar la ficha resumen con la respectiva recomendación.

c) Remite el expediente contentivo de la ficha de resumen, la evaluación socioeconómica y documentos anexos, al Despacho de la Presidencia para su aprobación definitiva y este a su vez lo remitirá al comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social.

d) Las solicitudes improcedentes serán presentadas al Despacho de la Presidencia notificando los motivos.

e) Las solicitudes que no se encuentran dentro de las atribuciones de la Radio Nacional de Venezuela, C.A., se remitirán a los organismos competentes, según

ARTÍCULO 21..

E Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, evaluará cada expediente y emitirá la decisión con las resultas a través de Adtas suscritas por sus miembros, la cual será remitida a la Comisión de Contrataciones para su conocimiento y recomendaciones cuando se trate de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras según sea el caso, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

ARTÍCULO 22.

Una vez revisado el expediente por la Comisión de Contrataciones. Públicas, ésta emitirá la recomendación y lo remitirá al Despacho de Presidencia para su conocimiento y consideración; y ésta a su vez lo enviará al Comibé de Responsabilidad Social.

El Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social, remitirá el expediente a la Oficina de Gestión Administrativa para la ejecución financiera.

ARTÍCULO 23.

Se atribuye a la Oficina de Gestión Administrativa el deber de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social una vez que le sea notificado por el Comité el mecanismo de ejecución que deberá honrar el proveedor o contratista, velando que el mismo sea realizado sin intermediario.

En caso que el Compromiso de Responsabilidad Social contemple alguna acción pecuniaria, el pago será a nombre de la institución o comercio que provea el bien, servicio u obra y éste deberá emitir la correspondiente factura a nombre del proveedor o contratista, para posteriormente ser presentada por este último ante la Oficina de Gestión Administrativa como medio de prueba del cumplimiento. En ningún caso se hará a nombre de persona natural o de Radio Nacional de Venezuela, C.A.

La Oficina de Gestión Administrativa, una vez cumplido el compromiso, emitirá la Constancia de Cumplimiento de Compromiso de Responsabilidad Social que deberá ser elaborada en tres (3) ejemplares de un mismo tenor destinados: uno (1) a la Consultoría Jurídica para instruir el procedimiento de Cierre Administrativo de Contrato, uno (1) para la Comisión de Contrataciones Públicas y otro al Comité para la Ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social y remitirá el expediente a la Oficina de Atención al Ciudadano para su custodia.

CAPÍTULO VI DISPOSICIÓN FINAL.

ARTícuLo 24. Las presentes normas entrarán en vigencia desde su aprobación por el Consejo Directivo de Radio Nacional de Venezuela, C.A.

OSÉ ARMANDO CARÍAS ELENA SALCEDO PRESIDENTA VICEPRESIDENTE

JUNTA DIRECTIA AMÉRICO ORTÉZ RAVED PARAVISIINI DIRECTOR PRINCIPAL DIRECTOR PRINCIPAL

LAURAF CANCO DIRECTORA PRINCIPAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÍCTRICA DESPACHO DEL MINISTRO 201° y 182" 06 Caracas, 26/01/2012 N°

RESOLUCIÓN Artículo 4 y en el numerai 2 del Artículo 5 de la Lay del Estatuto de la Funclón Pública; ce ENCARGA a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bollvarians de Venezueia a la cludadana NORMA ELIENA BELLO CELI8, titular de la Cédula de Identidad N° 5.220.261, como Directore Genersl de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerlo del Poder Popular para la Energia Eléctrioa. De conformidad on lo dispuesto en el numeral 28 del Artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con e Articulo 1° del Reglamento de Delegación de Fima de los Ministros dei Ejecutivo Nacional se. delega en la ciudadana NORMA ELENA BELLO CELIS, la firma de los actos y documentos que s continuación se Indican:

a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Oficina de Recursos Humanos.

b) Los oficios de respuesta a funclonarios subaltemos, administrativos, judiciales o municipales de c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cuaiquler otra naturaleza en respuesta d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos, y circulares emanados de la Oficina de Recursos Humanos.

e) Conferir y revocar comisiones de, serviclo y traslado a los funclonarios adscritos af Ministerio del Poder Popular para la Energia Electrica; así como solicitar en comisión de serviclos a funolonarlos de otros organismos.

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Se asutorizs a la cludadana NORMA SLENA BELLO CELIB, el ejerciolo de ias sigulente a funciones:

1. Elaborar el pian de personal de conformidad con la Ley dai Estatuto de la Funclón Publica y directrices que emanen del órgano rector en is materia, esí como dimir, coordinar, eveluer y controlar su ejecución.

materia, y cuaiquier otna información qus in fuese soliotada.

del Estatuto de la Función Pública.

~4. Elaborar, Impiementar y hacer seguimiento a los programas de desarrollo y cspacitición del personsi atendiendo a los requerimientos de los planes Individuaies de camera de los funcionarios del Ministerio.

5. Elaborar e Impiementar los procesos de evaluación de desempeño personal, en coordinación con las demás unidades administrativos y de conformidad con las polftioes que estabiezos el órgano rector en la materia de recursos humanos.y funcionarias de carrera, segón las beses y baremos aprobados por el órgano rector en ía materia.

7. Proponer ente el órgano rector en la materia, los movimientos de personal a que hubiere lugar, a los fines de su aprobación.

8. Inetruir los expedientes, en osso de hechos, qus pudierert dar lugar a la aplicación de lne sanciones previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

B. Actuar como enlaos entre los entes adscritos a este Ministerio y el organiemo reolor.

Sindicaies a los funclonarios públicos y obreros adacrios al Ministerlo del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

11. Acaptar las renuncia al personal obrero, funcionarios públicos y contratados.con excepción de los Directores Generaies, de Linea y Coordinadores.

a su cargo.

13. Tramitar las Nóminas y demás Instrumentos de pago del personal obrero, funclonerios públicos, contratados, Jubllados y pensionados de este Miniaterio, asf oomo, ordenar el pago correspondiente al Trebajo.

14. Firmer las cuentas pare ei otorgamiento del beneficio de Jubilación Reglamentaris, asl como las 15.Aprobar las pasantías no remuneradas que sean requeridos por los estudlientes de Educación Meda y Superior.

profesionales y técnicos.

17. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gesios de personal, controlar y ejecutar presupuestariamente el mismo en todo lo concamienta a la materia de Reoursos Humanos.

18. Notificar los actos administrativos de oaniotear particular debidamente aprobados por el Cludadano Minietro y referidos a la materia de Recursos Humenos.

19. Las demás que señalen las leyes y actos normativos en materia de su competencia.

HECTOR NAVARRO DDIZ Miniatro dol Poder Popular para la nerg TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N-1471

LÀ REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Expediente N° 11-1279 El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) Instituto Autónomo domiciliado en la ciudad de Caracas adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, regido por el Decreto N° 6.072 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 205, acuden ante esta Sala Constitucional a los efectos de interponer solicitud de revisión "conjuntamente con solicitud de declaratoria de urgencia y medida cautelar innominada", de la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 1202 del 25 de noviembre del 2010, decisión ésta que según aduce la parte actora ha sido extensiva y reiterada en distintas oportunidades en sentencias que datan desde el año 2006, N° 01928 del 27 de julio de ese año caso Inversiones Mukaren C.A y, asi sucesivamente hasta llegar al presente año 2011 con los casos N° 00516 del 27 de abril de 2011, caso Schlumberger Venezuela S.A y, N° 00441 del 6 de abril de 2011 caso Banco Federal, C.A, y N° 00796, del 08 de junio de 2011 caso Conindustrial, entre otras, todas emanadas de la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. por considerar que en ellas se mantiene un criterio jurisprudencial violatorio de los principios y valores constitucionales consagrados en el preámbulo constitucional, y en los artículos 2, 19, 24, 82, 86 y 89 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 19 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 22 de noviembre de 2011, la Defensoría del Pueblo consignó escrito de adhesión en la presente causa.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I DE LOS FUNDAMENTOS DE LA REVISIÓN

declaratoria de urgencia y medida cautelar innominada", de la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 1202 del 25 de noviembre del 2010, decisión ésta que según aduce, ha sido extensiva y reiterada en distintas oportunidades en sentencias que datan del año 2006, N° 01928 del 27 de julio de ese año al caso Inversiones Mukaren C.A. y, así sucesivamente hasta llegar al presente año 2011 con los casos N° 00516 del 27 de abril de 2011, caso Schlumberger Venezuela S.A. N° 00441 del 6 de abril de 2011 caso Banco Federal, C.A, y N° 00796, del 08 de junio de 2011 caso Conindustria, entre otras, todas emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que en ellas se mantiene un criterio jurisprudencial violatorio de los principios y valores constitucionales consagrados en el preámbulo constitucional, y en los artículos 2, 19, 24, 82, 86 y 89 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Como fundamento de su pretensión señalan lo siguiente:

Que "[IJa decisión de la Sala Político-Administrativa catálogo como un tipo de tributo los aportes del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) los cuales a articulo 12 del Código Orgánico Tributario, omitiendo analizar y considerar toda la legislación en Materia de Seguridad Social dictada por la Asamblea Nacional y por el Poder Ejecutivo Nacional debidamente habilitado mediante Ley y, asi se evidencia de la lectura de la reciente sentencia N° 00796, de fecha 08 de junio de 2011, que interpreta el numeral 1 del artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y hábitat (2005), ya derogado".

Que "la Sala Político-Administrativa no valoró los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 19 (garantía de los derechos humanos), 82 (Derecho a la Vivienda), 86 (Derecho a la Seguridad Social) y 89 numerales 2 y 3 (rrenunciabilidad de los Derechos Laborales e in rubio pro- operario)".

Que [e] criterio que prevalece en la sentencia objeto de la presente solicitud, y que ha sido reiterado en las decisiones que al respecto ha emanado la Sala, observamos que se interpreta la normativa jurídica sin considerar la jerarquía e importancia de esos valores y principios, siendo uno de ellos la garantía y respeto a los Derechos Humanos, y en este caso especificamente los Derecho a la Seguridad Social y la Vivienda digna como parte esencial del desarrollo del ser humano, el cual fue plasmado en nuestro Texto Fundamental de 199. A continuación detallaremos las violaciones específicas a cada derecho".

En cuanto al antes mencionado derecho a la seguridad social, señalan que "[d]esde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 199 las garantías al derecho a la Seguridad Social fueron ampliadas considerablemente y, se pasó a ser de una mera enunciación para ser el desarrollo de un sistema y la consagración de un Derecho Fundamental ubicado en el Capitulo V del Titulo III De los Derechos Sociales y de las Familias".

Que la "Constitución establece especificamente ciertas materias como parte de la seguridad social como lo son, la salud, maternidad, educación, vivienda, entre otros, con ello podemos establecer una primera diferencia entre el Sistema de Seguridad Social y el Sistema Tributario, ya que en este segundo no existen materias especificas de atención sino que se orienta a buscar 'la elevación del nivel de vida de la población', siendo a su vez un deber de todos los Venezolanos coadyuvar con los gastos públicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 133 Constitucional".

Que "[a] lo largo de la evolución histórica de la sociedad, resultaría desacertado decir que el Sistema de Seguridad Social y el Tributario son una misma cosa. es así, que inclusive ambos surgen en momentos históricos muy diferentes siendo el tributario producto de la imposición del poder (del Cesar o rey) mientras que el de seguridad social

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es una conquista de los menos favorecidos como consecuencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial".

Que "la Seguridad Social es: .) uno de los sistemas provisionales y económicos que cubren los riesgos a que se encuentran sometidas ciertas personas, principalmente los trabajadores, a fin de mitigar al menos, o de reparar siendo factibles, los daños y caso"' (Cabanellas). De esta última definición observamos como ha evolucionado la concepción de Seguridad Social y los componentes que la conforman, entendiéndose hoy en día como parte de la gama de derechos sociales laborales (aunque no exclusivamente), por lo que se le aplicarán todos los principios que garantizan estos derechos11, en especial la irrenunciabilidad de los mismos".

Que "la Ley Orgánica de la Seguridad Social define a este sistema como un regímenes prestacionales, complementarios entre si e interdependientes, destinados a atender las contingencias objeto de la protección de dicho Sistema, el cual está integrado a su vez (sólo a los fines organizativos) por los sistemas prestacionales de Salud, Previsión contingencias amparadas por el mismo".

Que, "visto lo expuesto podemos evidenciar, como la Sala declaró la naturaleza tributaria de los aportes del ahorro habitacional, siendo una de las características intrínsecas a los tributos la prescripción de los mismos, es por.ello que como consecuencia a esa naturaleza, la Sala declara la prescripción de la obligación de enterar el dinero retenido a los trabajadores con ocasión al Ahorro Habitacional por parte del empleador.

sin ponderar el interés superior que representan y olvidando que ese aporte constituye la corresponsabilidad que tiene el trabajador y el empleador de cooperar conjuntamente con el Estado al logro de sus fines, olvidando aún mas que los recursos financieros de la seguridad social solo debén estar dirigidos a esos fines, en el presente caso a la obtención de una vivienda digna y segura para él y su grupo familiar, por lo que la prescripción de ese aporte constituye a nuestro juicio, un detrimento a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la República, que viola un interés superior, que el Estado Venezolano en el marco de la Constitución y las Leyes a procurador dejar firme, para garantizar en todo el acceso a una vivienda digna. A la sombra de la declaratoria de la prescripción, los responsables, se eximen de cumplir sus obligaciones con respecto al FAOV, en un claro detrimento del débil juridico (El Trabajador Ahorrista), que ante la imposibilidad de poder reclamar lo que se le descontó y no se enteró por este concepto, se le limita indirectamente el acceso a una vivienda digna, por cuanto producto de la distorsionada aplicación de la prescripción tributaria, se encuentra en estado de insolvencia con el provenientes del FAOV, lo que esta Honorable Sala conforme la competencia atribuida constitucionalmente está llamada a corregir".

En lo que respecta al derecho a una vivienda digna, señalan que la "Carta Magna, reconoce a la Vivienda como un Derecho inalienable, intransferible e indivisible y de satisfacción progresiva estableciendo para ello una obligación compartida entre los particulares y el Estado, ordenando la creación de un sistema que permita a las familias especialmente las de bajos recursos a acceder a créditos para la adquisición, construcción y ampliación de sus viviendas", idea que según los accionantes "(.) no se puede ver separada del Sistema de Seguridad Social, ya que precisamente el Constituyente las asocia, como parte de lo que consideramos un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, siendo asi como la Sentencia de la Sala Constitucional N° 85 del 24 de enero de 2002. caso ASODEVIPRILARA", la cual "(..) en el en el caso de los Créditos adquisición de la vivienda, por lo que la Sala Político- Administrativa debió necesariamente interpretar que el ahorro asociado al mismo, debe tener la misma constitucional expreso del artículo 82".

En tal sentido, señalan que "las nuevas Leyes creadas por el Estado para garantizar a los ciudadanos el derecho humano de tener una vivienda digna establecida en el articulo 82 constituciona, se cimientan sobre diversos principios a saber: (..)justicia social (...), progresividad (.), corresponsabilidad (.. y solidaridad, señalando que ..) [conforme a estos principios principalmente se erigió la nueva concepción del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, como una fórmula para que el Estado conjuntamente con los ciudadanos y ciudadanas pudieran acceder a una vivienda digna".

nuevo sistema, ya que el Estado dentro de los diversos niveles de asistencia habitacional, estableció uno con características muy particulares, en el cual cobra gran significación los principios de corresponsabilidad y solidaridad, este sistema lo conocemos como 'Ahorro Obligatorio para la Vivienda' en el cual las personas que tengan relación de dependencia con sus empleadores o patronos, bien sean del sector público o del sector privado, aportan una pequeña cuota, con la finalidad de fomentar el ahorro de todas las personas hacia la adquisición, construcción, liberación, mejoras, sustitución, restitución, reparación y remodelación de la vivienda única y principal; servicios básicos esenciales, urbanismo y habitabilidad, a fin de facilitarles el ejercicio de ese derecho, independiente de sus condiciones laborales. Es decir que el Estado mediante el fomento del ahorro individual de las personas bajo relación de dependencia, incluye a estos ciudadanos consecución de este derecho, a través una pequeña cuota solidarizada que entraña el ejercicio de la Responsabilidad Social".

Con respecto a la naturaleza jurídica de los aportes al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, señalan que "constitucionalmente las Cotizaciones de la Seguridad Social son un conjunto de prestaciones obligatorias que recaen en cabeza de los trabajadores y empleadores bajo la rectoría del Estado, lo cual a simple vista se asemeja mucho a la embargo, una semejanza de caracteres no es suficiente para afirmar que son iguales, ya Que "los ingresos del FAOV lo constituyen los aportes y ahorros de los obligados al mismo, algo muy diferente al concepto del pago del tributo el cual indudablemente ingresa al Tesoro Nacional y, se distribuye a través del Presupuesto de la Nación. Por la tiene una finalidad constitucional expresa de la cual no pueden ser desviadas, circunstancia tal que el tributo no se configura ya que el empleo de ios recursos financieros del Estado no se circunscribe solamente a lo social sino a todas aquellas áreas de interés para garantizar la sustentabilidad de nuestra economia".

Señalan que ello conlleva a que "[e]n Venezuela podemos encontrar que esta misma ampliación del concepto de Seguridad Social lo leva a ser algo más que un sistema social para todos los ciudadanos sean trabajadores o no, inclusive si nos encontramos en ausencia de solvencia económica, nuestra constitución expresamente ordena que todos los ciudadanos sean incluidos dentro de la Seguridad Social, en este orden de ideas. también observamos que en materia de vivienda existe esa misma vocación constitucional al imponer que el Estado debe garantizar los medios para que las familias accedan al crédito para viviendas".

Señalan que "[e]s importante precisar que el constituyente de 1999 dejo plasmado la base de la seguridad social y conforme a ella debió hacerse en todo momento las interpretaciones de las cotizaciones de la misma en atención a un interés superior, en el interpretación llegaron a un nivel tan errado, que es por ello que efectuados el presente recurso (sic) ya que el sentenciador obvió toda la especialidad del tema incluyendo los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, cuando debidamente facultado para dictar leyes, conceptudización y naturaleza del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y, por ende de los aportes que se hacen al mismo, en el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de fecha 3] de julio de 2008, Gaceta Oficial No. 5.891, Extraordinaria, vigente para la fecha en que se produjo la sentencia recurrida tal y como ya hemos mencionado".

Señalan que de dicho cuerpo normativo, específicamente de su exposición de motivos, así como de su artículo 104, se infiere que: "(..) existen los siguientes modos de financiamiento 1) los aportes fiscales, 2) los remanentes netos de capital destinados a la seguridad social,3) los aportes parafiscales y 4) las cotizaciones obligatorias, donde ubicados a los aportes al FAOV.

Señalando a su vez que en el rtículo 112 de la mencionada norma "el legislador de manera expresa reconoce el carácter de ahorro obligatorio a las cotizaciones al Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y su exclusión del Sistema Tributario, además de consagrar su base de cálculo con lo cual no queda lugar a dudas sobre el verdadero carácter de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), siendo ello así, esta Sala Constitucional debe reconocer la verdadera naturaleza del Ahorro Habitacional, ligada indivisiblemente al Derecho Humano a la vivienda digna. Visto lo "prestaciones obligatorias" las cuales tienen un fin estrictamente social y que resultaría diferente al creado por disposición constitucional y desarrollado por el Legislador para tales fines, por lo que los conceptos expresados en la exposición de motivos de la ley la cual igualmente tiene carácter normativo debe ser el criterio valido de interpretación aplicable en el país".

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Dicho estos, los representantes de la parte actora insisten en "dejar claro que la naturaleza de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio, no nace de la reforma mencionada, sino que nace de la normativa Constitucional de 1999, que establece que la seguridad social es una de las garantías que debe proporcionar el Estado y por ende la vivienda como parte integrante e indivisible de los derechos humanos de los trabajadores a una vida digna y al buen vivir, postulados éstos que cobran en este momento un especial relevancia ya que garantizar la Vivienda representa uno de las metas fundamentales, en la solicitamos muy respetuosamente a esta digna Sala sea declarado".

En lo referente al Fondo de Ahorro Obligatorio, señalan que "se origina de los aportes que efectúan los trabajadores y patrones, que se constituyen precisamente en un del Estado, permite a los trabajadores ahorrar por sobre lo que cotizan obligatoriamente, para así retirar o reclamar llegado el momento, las cantidades equivalentes a las ahorradas o cotizadas por dichos trabajadores, para ser destinadas a cualesquiera de los supuestos de soluciones habitacionales consagrados en la Ley, (...) que se efectúa como un ahorro que garantizará a los beneficiarios la disposición a futuro de sus haberes, dándoles el derecho de reclamar las prestaciones que se correspondan con las porciones aportadas o retenidas".

Por ello, señalan, "[cjonfundir el sistema de la Seguridad Social, con otro sistema distinto y por ende la Naturaleza del FAOV, sería desconocer la propiedad de los trabajadores sobre los aportes habitacional y el carácter no lucrativo del sistema que es lo sus haberes (...)".

Por otro lado, señalan que les resulta incoherente que "(...) la interpretación de la base de cálculo para los aportes se haya hecho alejada de lo que establecía dicha ley especial, en el caso que nos ocupa Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 2005 y 2008, ambas establecen una base de calcula distinta al salario normal que es el ingreso total mensual y la vigente habla de salario integral como base de cálculo para las cotizaciones del fondo, ello en principio por la potestad de establecer la base de cálculo, n disponibilidad y fluctuación de los recursos financieros necesarios para el fondo, ya que permite que dichos recursos se usen para el financiamiento justo de créditos para-todo el universo de personas que cotizan en el mismo".

cálculo distinta al salario normal que contemplaba el artículo 36 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Polltica Habitacional publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Gaceta Oficial N° 37.066 de fecha 30 de octubre de 2000, base que amplió primeramente con la promulgación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial de la República material en la'Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.204 de fecha 8 de junio de 2005 (...)".

En tal sentido, aducen que "si el legislador hubiera querido establecer el salario normal como base de cálculo para el Ahorro Habitacional, lo hubiere hecho expresamente y ello no ocurrió así, por tanto debemos considerar que su intención fue adecuado para el FAOV y su rentabilidad, no para financiar la actividad de algún ente del Estado, sino para procurar el acceso a una Vivienda digna a la mayor cantidad de constitucional".

De todo lo antes señalado, aducen que la Sala Político Administrativa omitió en sus consideraciones el contenido del artículo 24 constitucional en concordancia con el cardinal 3 del artículo 89, lo que para la parte actora ha debido representar el fundamento interpretativo de todos los planteamientos hechos. En tal sentido, señalan que ese "error omisivo en el criterio de interpretación y aplicación de la norma más favorable y que además era la vigente al momento de sentenciar fue determinante a la hora de decidir la causa, ya que la misma fue tratada como un caso más de un indefenso particular en contra de una actuación administrativa en ejercicio del Poder Tributario del Estado y no la exigencia del Estado del cumplimiento de una obligación legal al particular para garantizar los fondos de ahorro obligatorio para la vivienda de lo trabajadores como parte del derecho constitucional a la seguridad social, recordando que este constituye un derecho humano fundamental irrenunciable, indivisible e interdependiente, cuya interpretación debe hacerse de forma progresiva en observación estricta del texto constitucional", Por último señalan que es "imprescindible en este punto traer a colación el imperio de la norma constitucional, cuando el Constituyente del 199, ordenó que dichos recursos fueran dirigidos exclusivamente para tales fines, por lo que se crean todos los fondos de ahorro y previsión existentes en el Sistema de la Seguridad Social entonces, al permitir que esos recursos los cuales quedaron suspendidos en el tiempo no se destinaron al cumplimiento de su finalidad, por lo que nos preguntamos si no se podría configurar el supuesto de hecho del delito de la apropiación indebida calificada previsto en el artículo 470 del Código Penal Venezolano, por lo que también cabe cuestionar para que fueron utilizados por el empleador dichos recursos".

Dicho esto, tenemos que la pretensión de la parte actora está referida a:

1) Solicitan la "la suspensión de todas las causas en proceso en contra del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y el avocamiento a las que están en curso en la Sala Político- Administrativa y en cualquier otro tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo objeto sea el mismo que el de la sentencia en revisión".

2) Que "ORDENE a todos los sujetos obligados a DEPOSITAR los aportes al mencionado Fondo conforme al procedimiento aplicable desarrollado en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.889 ambas del 31 de julio del 2008, y demás normativas de rango sublegal emanada del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat".

3) Se "ACUERDE una experticia contable complementaria del fllo o cualquier otro mecanismo que permita determinar las sumas que deben cancelar los recurrentes de los actos administrativos anulados por la Sala Político- Administrativa, en aplicación del criterio cuya revisión se solicita, más los rendimientos que se pudieran haber generado".

postulados constitucionales de conformidad con la atribución conferida a esta máxima instancia en su articulo 335 Constitucional, en correspondencia a los fundamentos reales que sustentan la base de nuestra Seguridad Social".

5) Solicitan se declare la imprescriptibilidad de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.

II DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

Vista la fundamentación realizada por la parte actora en la presente causa, pasa esta Sala a transcribir parcialmente, la motivación realizada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia en la decisión sobre la cual se solicita revisión constitucional. En tal sentido, tenemos que la decisión en cuestión señaló:

"Del presunto vicio de incongruencia negativa.

Sobre el particular, la sociedad mercantil apelante alegó que la sentencia impugnada no conoció lo alegado en el recurso contencioso tributario, relativo a Seguridad Social.

Así, se observa que a tenor de lo previsto en el ordinal quinto del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia deberá contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia; es criterio de la Sala, respecto al dispositivo normativo citado, que la decisión no debe contener expresiones o declaratorias implícitas o sobreentendidas; por el contrario la sentencia debe ser manifestada en forma comprensible, cierta y asertiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, oscuridades o ambigúedades, para lo cual debe ser exhaustiva, es decir, pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate, para que se entienda que dirige cabalmente el thema decidendum. (Ver fallo N° 00659 del 7 de julio de 2010, caso:

Transporte Premèx, C.A.).

En este sentido, para que la sentencia sea válida y jurídicamente eficaz, debe ser autónoma, es decir, tener fuerza por sí sola; en forma clara y precisa, debe resolver todos y cada uno de los puntos sometidos a su consideración, sin necesidad de nuevas interpretaciones, ni requerir del auxilio de otro instrumento;

incurriendo así en el vicio de incongruencia, el cual se origina cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, manifestándose tal vicio cuando.el juez con su decisión modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. El primer supuesto constituye la incongruencia positiva, y el segundo la incongruencia negativa, que se verifica cuando la decisión omite el debido pronunciamiento sobre algunos de los alegatos fundamentales pretendidos por las partes en la controversia judicial.

Analizado lo anterior, observa la Sala que el fallo dictado por el tribunal de instancia declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Banco del Caribe, C.A., Banco Universal por considerar que no existió ausencia de procedimiento administrativo y concluir, tomando como base para su decisión criterios jurisprudenciales reiterados por este Máximo Tribunal, que el acto administrativo recurrido emanado de la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH), asi como el Acta de Fiscalización que lo originó, estaban vic:ados de falso supuesto de derecho, al haberse tomado como base de cálculo de los aportes calculados conforme al salario normal de los trabajadores.

Con relación a la aplicación o no del artículo 116 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, evidencia esta Máxima Instancia que el juzgador de origen indicó, en lo referente al modo de cálculo de la base imponible del aporte en referencia, lo que se reproduce a continuación:

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(..) En lo que respecta a la determinación de la base de cálculo de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), es decir, si comprende esta (al referirse la Ley del Régimen Prestacional para la Vivienda y Hábitat al 'ingreso total mensual'), el 'salario' o el 'salario normal' del trabajador, punto necesariamente a resolver, es preciso traer a colación el contenido del Parágrafo Cuarto del mismo Artículo 133, el cual dispone (...):

Otro aspecto orientados sobre la correcta interpretación de las normas sobre la contribución parafiscal del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda administrado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), parte del contenido del Artículo 203 constitucional referido a las leyes orgánicas, las cuales son definidas como aquellas -entre otras que ...sirven de marco normativo de otras leyes...

En este sentido, la ley marco de esta contribución parafiscal es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y sobre la materia de salarios, el mencionado texto orgánico cuando señala limites en las cotizaciones hace referencia al salario minimo urbano, el cual puede ser establecido en las leyes especiales de los regimenes prestacionales...

Conforme a lo anteriormente expresado, sería contrario al sistema jerárquico de las normas, que una ley que es consecuencia del marco normativo de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, como Ic es la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, tenga una base de cálculo de la contribución parafiscal que excede los parámetros de la ley que sirve de marco, contrariando a su vez el contenido del Articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En consecuencia, es evidente que de ingreso total mensual, la norma se refiere al concepto de salario normal, lo contrario sería aceptar que una ley no orgánica pueda derogar una de naturaleza orgánica por definición del texto constitucional.

Así tenemos, que esta disposición encuadra perfectamente en el aspecto debatido en el presente caso, por cuanto, los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). constituyen contribuciones parafiscales, por lo que al encontrarse insertas las contribuciones en dicha disposición, entonces, las mismas deben calcularse considerando el salario normal del trabajador en atención a la acepción de salario normal establecida en el Parágrafo Segundo del Articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo (..)'. (Resaltado de esta Alzada).

Visto el anterior pronunciamiento, esta Alzada es del criterio que el mismo comporta la respuesta del alegato esgrimido en el recurso contencioso tributario, al afirmar que el salario mínimo urbano es la base para determinar el aporte controvertido. Por ende, se desestima el vicio de incongruencia negativa denunciado por la contribuyente sobre el mencionado punto. Así se establece.

Ahora bien, corresponde a esta Alzada promunciarse en torno al fondo del asunto en controversia, conforme a lo alegado por la aportante en su escrito de apelación y a tal efecto observa:

La 'ausencia del procedimiento' legalmente establecido, respecto a la fiscalización llevada a cabo por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (B.ANAVIH).

Con relación a tal alegato, afirmó la aportante que el juzgador de instancia "(...) decidió erróneamente la aplicación de un procedimiento distinto al establecido en el Código Orgánico Tributario, aún y cuando reconoce que el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda tiene carácter tributario y por ende deberia el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) seguir el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario, al realizar una fiscalización (...)'.

Así, indica que '(.) el Tribunal (...) obvió deliberada y totalmente la aplicación del procedimiento antes esbozado [lo cual] implica que se le prohibió a [su] representada, la posibilidad de hacer uso de una etapa esencial del procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario, supuesto que indudablemente debe ser considerado como un vicio procedimental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, mumeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 240 del Código Orgánico Tributario (...)'.

Visto el argumento precedentemente expuesto, esta Máxima Instancia en sentencias Nros. 00913 del 18 de junio de 2009, caso: Vicson, C.A., 01127 del 29 de julio de 2009, caso: Estructuras Nacionales, S.A. (ENSA), y 01540 del 28 de octubre de 2009, caso: Alimentos Kellogg, S.A., señaló que el procedimiento a seguir por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), para llevar a cabo sus facultades de fiscalización y determinación de la contribución parafiscal de Ahorro Obligatorio para Vivienda, debe ser efectuado conforme a lo establecido en los artículos 177 y siguientes del vigente Código Orgánico Tributario de 2001.

Circunscribiéndonos al presente caso, observa esta Alzada que la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat emitió el 11 de junio de 2008 la Resolución N° 000259, que confirmó el resultado del Acta de Fiscalización N° 160 de fecha 28 de mayo de 2008, en la cual la actuación fiscal determinó diferencias en los aportes de la contribuyente Banco del Caribe, C.A., Banco Universal, correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Contra dicha Resolución la contribuyente ejerció el recurso contencioso tributario.

Ahora bien, observa esta Alzada que la determinación llevada a cabo por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

fue realizada desde el punto de vista sustantivo, con fundamento en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat del año 2005, las cuales no poseen un procedimiento especial para llevar a cabo dicha facultad de fiscalización y determinación. Asimismo, no se desprende del contenido de los actos administrativos identificados anteriormente que se haya aplicado el procedimiento general establecido en los artículos 177 y siguientes del vigente Código Orgánico Tributario.

Por su parte, el tribunal de origen se pronunció sobre el mencionado punto, indicando que "...) Al encontrarse sentado el criterio de que las contribuciones al netamente tributario, corresponde al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat Determinación previsto en los artículos 177 al 193 del Código Orgánico Tributario, todo ello de conformidad con el Articulo 1 del mismo Código (...).

Quien aquí decide puede colegir de lo expuesto, que en el caso bajo análisis la recurrente no puede alegar la violación de su derecho al debido proceso, cuando se demuestra que efectivamente pudo ejercer sus defensas mediante la interposición del presente Recurso Contencioso Tributario, menos aún, puede considerar que hubo violación al debido procedimiento al dictar el acto impugnado, cuando ciertamente el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) aplicó un procedimiento administrativo y le notificó el Acta de Fiscalización levantada, informándole de los recursos que podría ejercer en su contra, que si bien es cierto no es el procedimiento que instituye el Código Orgánico Tributario, dicho procedimiento tampoco vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa que asisten a la recurrente, por cuanto tuvo la oportunidad de controvertirlos y, por lo tanto, de ejercer su derecho a la defensa; tomando en Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat) no establece un procedimiento administrativo especifico para estos casos (...)'.

Ahora bien, en cuanto al debido proceso la jurisprudencia de esta Máxima e e manifestaciones más relevantes del derecho a la defensa, debiendo entenderse por consiguiente, que la ausencia de procedimiento -en principio- entraña la nulidad de los actos que se dicten bajo tales parámetros, pues en efecto, en tal supuesto el administrado se ve imposibilitado de hacer valer sus derechos e intereses en contra del actuar administrativo.

En efecto, sobre el tema en comentario esta Alzada ha destacado que los referidos postulados constitucionales (derecho a la defensa y al debido proceso) implican la posibilidad de ser oido, dado que en caso contrario, no puede hablarse de defensa alguna; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento (más aún cuando éste se halla iniciado de oficio); el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado de la causa las actuaciones que la componen; el derecho del administrado a presentar pruebas tendentes a enervar las actuaciones administrativas que se le imputan; el derecho a ser informado de los recursos y medios de defensa que le asisten y, por último, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes.

En el presente caso se observa que tanto el Acta de Fiscalización N° 160 del 28 de mayo de 2008, como el acto administrativo signado con el N° 000529 de fecha 11 de junio de 2008, emitidos por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), fueron debidamente notificados a la contribuyente en fechas 28 de mayo de 2008 y 11 de junio de 2008, respectivamente; que en las mismas se le informó a la empresa los medios que procedan contra ellas (artículo 85 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos); y que la contribuyente presentó en fecha 16 de julio de 2008, recurso contencioso tributario ante los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

De esta forma, juzga la Sala que si bien resulta cierto que el presente caso se inició con motivo de la fiscalización practicada por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), que dio como resultado la. determinación de las obligaciones de la empresa por concepto de 'diferencias en aportes a depositar' y 'rendimientos a depositar' al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), la cual debió tramitarse, en principio, bajo el procedimiento descrito en los articulos 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente (por poseer los aportes al FAOV naturaleza tributaria, como se ha declarado en causas similares), por ser éste el instrumento normativo general de la materia tributaria y frente a la ausencia de una regulación específica prevista en la normativa que establece la contribución parafiscal en referencia (Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat), tal circunstancia no puede llevar a considerar que en dicho supuesto se materializó una ausencia de procedimiento capaz de viciar de nulidad el acta y el oficio impugnados.

En este contexto, debe resaltarse una vez más que la falta de procedimiento capaz de producir la nulidad de un acto administrativo, debe ser de naturaleza absoluta, cual es aquélla en la que no se le permitió al administrado en forma alguna conocer de los hechos que se le imputan ni ser oido o poder defenderse, tal como se indicara supra, al destacar el alcance y comprensión de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, y como ha sido sostenido por esta Sala al indicar que 'sólo constituyen vicios que acarrean la nulidad absoluta del acto aquéllos que tengan relevancia y provoquen una lesión grave ai derecho evidente'. (Vid sentencias N° 1.970 del 17 de diciembre de 2003, caso: Calzados Santa Ninfa, C.A., N° 1.110 del 04 de mayo de 2006, caso: Fabio Sgalla Vecino, N° 01552 del 4 de noviembre de 2009, caso: Banco Plaza, C.A., N° 00152 del 11 de febrero de 2010, caso: Carrocerías Andinas, C.A. y N° 00537 del 9 de junio de 2010, caso: Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & CIA).

Por tales razones, considera esta Sala que en el preseñte caso si hubo un procedimiento que -aunque distinto al previsto en el Código Orgánico Tributario vigente- frente a la ausencia de una regulación especifica contenida en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, permitió a la sociedad mercantil Banco del Caribe, C.A., Banco Universal, conocer el contenido de Ios actos procedan en su contra y defenderse con los argumentos que estimó pertinentes, por lo que se confirma lo indicado por el a quo con relación al presente punto y se desecha el alegato esgrimido por la aportante, sobre la presunta ausencia de procedimiento. Asf se decide.

Base imponible para calcular los aportes al FAOV. Errónea aplicación del parágrafo cuarto del articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo Por otra parte, aduce la representación de la aportante que se aplicó erróneamente el parágrafo cuarto del articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque "(.) el sentenciador se contradice en cuanto a la aplicación de la base imponible de las contribuciones al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda [al Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (..) que sustituye a la regulación establecida en el derogado Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Polltica Habitacional (...) se cambia la base imponible para el cálculo del tributo all incluido, pues en la normativa de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat se incluye el concepto de 'ingreso total mensual' como base de cálculo de la contribución (...)'.

En lo referente a este punto, se observa que los aportes supuestamente omitidos abarcan períodos fiscales comprendidos entre los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en los cuales estuvieron vigentes diversas leyes que regulaban tal contribución parafiscal; motivo por el cual debe procederse a delimitar la base legal aplicable y, posteriormente, determinar si la base imponible para el cálculo del mencionado tributo la constituye el ingreso total mensual o el salario normal.

En tal sentido, la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Polltica Habitacional (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.066 del 30 de octubre de 2000), en su articulo 36 disponía lo siguiente:

'Artículo 36.- El aporte obligatorio de los empleados y obreros estará constituido por el uno por ciento (1%) de su remuneración, y el de los empleadores o patronos estará constituido por el dos por ciento (2%) del monto erogado por igual concepto. Los empleadores o patronos deberán retener las cantidades a los trabajadores, efectuar sus propias cotizaciones y depositar dichos recursos en la cuenta única del Fondo Mutual Habitacional a nombre de cada empleado u obrero dentro de los primeros siete (7) días hábiles de cada mes, a través de la institución financiera receptora (...).

La base de cálculo del aporte al Fondo Mutual Habitacional será el salario normal que perciba el trabajador de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo (..)'. (Destacado de la Sala).

Asimismo, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.204 el 8 de junio de 2005) y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.591 del 26 de diciembre de 2006), en su artículo 172, de similar redacción, pautaba lo siguiente:

'Articulo 172.- La cuenta de ahorro obligatorio para la vivienda de cada trabajador en el Fondo, como cuenta de ahorro individual, reflejará desde la fecha inicial de incorporación del trabajador al ahorro habitacional:

1. El aporte mensual en la cuenta de cada trabajador equivalente al tres por ciento (3%) del ingreso total mensual, desglosado por cada uno de los aportes de ahorro obligatorio realizado por el trabajador y por cada una de

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las contribuciones obligatorias del patrono al ahorro del trabajador.

Los rendimientos generados mensualmente por las colocaciones e 2.

inversiones del Fondo, asignados al trabajador, desde la fecha Inicial de su : incorporación al ahorro habitacional (..)'. (Destacado de la Sala).

Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo en su articulo 133, parágrafos segundo y cuarto, establece lo siguiente:

'Articulo 133.- Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, asi como recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.

(.….) Parágrafo Segundo.- A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antiguedad y las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial.

(.…) Parágrafo Cuarto.- Cuando el patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél Respecto al concepto de salario normal, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en su sentencia N° 301 del 27 de febrero de 2007, caso: Adriana Vigilanza Garcia y Carlos A. Vecchio, interpretó el sentido y alcance de la proposición contenida en el articulo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuestión que resulta aplicable al presente caso. Dicha decisión señaló lo siguiente:

(...) la Sala es de la opinión que la norma que estipula los conceptos que conforman el enriquecimiento neto de los trabajadores, puede ser interpretada conforme a los postulados constitucionales, estimando que éste sólo abarca las remuneraciones otorgadas en forma regular (salario normal) a que se refiere el.parágrafo segundo del artículo 133 de ia Ley Orgánica del Trabajo, con ocasión de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, excluyendo entonces de tal base los beneficios remunerativos marginales otorgados en forma accidental, pues de lo contrario el trabajador contribuyente perderia estas percepciones -si no en su totalidad, en buena parte- sólo en el pago de impuestos.

Por tal razón, con el objeto de adecuar el régimen impositivo a la renta aplicable a las personas naturales con ocasión de los ingresos devengados a título salarial, con los presupuestos constitucionales sobre los que se funda el sistema tributario; ponderado, por una parte, el apego al principio de justicia tributaria y, por la otra, la preservación del principio de eficiencia presente en tales normas, en los términos bajo los cuales han sido definidos a lo largo de este fallo, esta Sala Constitucional modifica la reposición del articulo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (..), la cual además se adecua a la letra y espiritu del parágrafo cuarto del articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone 'cuando el patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó'. Asf se decide'.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reafirmó el citado criterio, cuando en su sentencia N° 390 del 9 de marzo de 2007, caso:

Carlos Alberto Peña, Gustavo E. Fernández M., Migderbis Morán y Marylin Pérez Terán (aclaratoria del fallo antes transcrito), expresó lo que se transcribe a continuación:

(..) Resalta la Sala, 1) que esta decisión se refiere al régimen impositivo de los asalariados, esto es, de quienes perciben un salario por la prestación de un servicio; y 2) que los bonos y otras remuneraciones no regulares ni permanentes, no son pechables al no estar incluidas en el salario normal'.

Sobre este particular, esta Máxima Instancia en reiterada jurisprudencia ha sentado su opinión al respecto, manifestando que las utilidades (entre otros conceptos no regulares ni permanentes) no forman parte del salario normal, visto que se trata de remuneraciones complementarias y aleatorias, en tanto que la empresa haya obtenido beneficios, sólo pagaderas en proporción a los meses de servicios prestados, no así en función de la jornada diaria de trabajo, debiendo excluirse por consiguiente, del cálculo del salario normal todos aquellos beneficios o prestaciones obtenidas por los trabajadores de manera esporádica, accidental o respecto de los cuales no exista seguridad o certeza en cuanto a su percepción.

(Vid sentencias N° 00290 del 15 de febrero de 2007, caso: Digas Tropiven, S.A.C.A.; N° 01540 del 3 de diclembre de 2008, caso: Cotécnica Caracas, C.A.; N° 00273 del 26 de febrero de 2009, caso: H.L. Boulton & CO, S.A.; N° 00296 del 4 de marzo de 2009, caso: C.A. La Electricidad de Caracas; N° 00761 del 3 de junio de 2009, caso: Comunicaciones Corporativas C.C.D., C.A., entre otras).

En cuanto a los conceptos referentes a: horas extras, bono nocturno, bono vacacional, bonificaciones especiales, ancla (bonificación especial), ECU (esquema complementario de utilidades), utilidades y vacaciones, ha estimado esta Alzada valederas las mismas consideraciones formuladas en torno a la gravabilidad de las utilidades, vale decir, que los mismos no están incluidos dentro de las definiciones de salario ni sueldos, por cuanto se trata de remuneraciones complementarias de carácter accidental o extraordinario dirigidas a beneficiar una situación especial de los empleados, pero que no implican un pago regular, como consecuencia de las labores ejecutadas por éstos durante la jornada ordinaria de trabajo. (Vid sentencia N° 00761 del 3 de junio de 2009, caso:

Comunicaciones Corporativas C.C.D., C.A.).

Aplicando la normativa antes transcrita asl como los citados criterios jurisprudenciales al caso bajo análisis, concluye esta Sala al igual que lo hizo en un caso similar al de autos (Vid sentencia No. 01102 de fecha 22 de julio de 2009, caso: Vehicle Security Resources de Venezuela, C.A.) que, conforme fue apreciado por el tribunal a quo, resulta improcedente la exigencia de la diferencia de aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, correspondientes a los periodos impositivos fiscalizados por la cantidad de dos millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco bollvares con dos céntimos (Bs.F. 2.734.865,02).

considerados omitidos por el acto recurrido, por cuanto se constató que el Banco Nacional de la Vivienda. y el Hábitat (BANAVIH) añadió dentro de la base imponible de los referidos aportes, entre otras, las partidas horas extras, bono nocturno, bono vacacional, bonificaciones especiales, ancla (bonificación especial), ECU (esquema complementario de utilidades), utilidades y vacaciones antes identificadas, las cuales, tal como fue expresado precedentemente, no deben incluirse por no encontrarse contenidas dentro de la base de cálculo del citado aporte patronal, que se encuentra delimitado por el salario normal a que hace alusión el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asi se declara.

Por otra parte, en cuanto a los 'rendimientos' sobre aportes omitidos por el monto de quinientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y un bollvares con sesenta y nueve céntimos (Bs.F. 542.881,69), observa esta Sala que en atención a la declaratoria de improcedencia de la diferencia de aportes exigida en el acto recurrido, los accesorios determinados a la obligación principal deben ser declarados igualmente improcedentes. En consecuencia, se declara procedente el alegato de la contribuyente aportante sobre el particular, y se revoca del fallo apelado lo señalado acerca de la pertinencia del concepto mencionado. Así se establece.

Con fundamento en lo indicado anteriormente, concluye este Máximo Tribunal que la fiscalización y determinación realizada por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la cual comenzó con el Acta de Fiscalización N° 160 de fecha 28 de mayo de 2008 y culminó con la Resolución N° 000259 del 11 de junio de 2008, está viciada de nulidad, al haber incluido diferencias correspondientes a los aportes presuntamente no depositados por la sociedad mercantil Banco del Caribe, C.A. Banco Universal desde el aRo 2002 hasta el año 2008, más los rendimientos calculados, añadiendo dentro de la base imponible de las referidas contribuciones parafiscales, partidas que, como se ha indicado, no deben incluirse por no encontrarse contenidas dentro de la base de cálculo del citado aporte, delimitado por el salario normal.

En consecuencia, esta Sala declara parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la contribuyente aportante, y confirma en los términos expuestos la sentencia N° 009/2010 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 23 de febrero de 2010, en la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado. Así se determina.

Resuelto lo anterior, esta Sala advierte que el pronunciamiento realizado por el tribunal a quo atinente a la prescripción de los ejercicios impositivos 2002 y 2003 no fue apelado por la representación judicial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), por lo que en principio quedaría firme; sin embargo, visto que tales declaratorias resultaron desfavorables a los intereses de dicho Organismo, y que de conformidad con el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat de 2008, el BANAVIH (..) gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario, procesal y de cualquier otra índole que la Ley otorgue a la República', la Sala debe conocer en consulta el mencionado punto, atendiendo a la prerrogativa prevista en el articulo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República de 2008, siempre y cuando concurran los extremos jurisprudencialmente exigidos para su procedencia, los cuales fueron plasmados por esta Sala Político-Administrativa en las sentencias Nros. 00566, 00812 y 00911 de fechas 2 de marzo de 2006, 9 de julio y el 6 de agosto de 2008, casos: Agencias Generales Conaven, S.A. Banesco Banco Universal, C.A. e Importadora Mundo del 2000, C.A., respectivamente; y en la sentencia Nro. 2.157 del 16 de noviembre de 2007, emanada de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, caso: Nestlé de Venezuela C.A.

En orden a lo anterior, de las decisiones antes señaladas se extraen los requisitos siguientes:

1.- Que se trate de sentencias definitivas o interlocutorias que causen gravamen irreparable, revisables por la vía ordinaria del recurso de apelación.

2.- Que la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.) cuando se trate de personas naturales; y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) cuando se trate de personas juridicas:

3.- Que las sentencias definitivas o interlocutorias que causen gravamen irreparable resulten contrarias a las pretensiones de la República.

Al ctrcunscribir el citado criterio jurisprudencial al caso bajo análisis, la Sala constata lo siguiente: a) se trata de una sentencia definitiva; b) la cuantía de la presente causa asciende a la cantidad de tres millones doscientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y seis bollvares con setenta y un céntimos (Bs.

3.277.746,71), equivalentes a 50.426,872 U.T., monto que excede las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) exigidas como elemento cuantitativo para la fecha en que se dictó la decisión del tribunal de instancia (23 de febrero de 2010); c) la sentencia objeto de consulta resultó parcialmente contraria a las pretensiones del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), el cual como quedó sentado en -líneas anteriores goza de las mismas prerrogativas de la República; razón por la cual a juicio de esta Alzada procede la consulta. Asi se declara.

De la prescripción de la obligación tributaria.

Al respecto, esta Sala observa que dicho medio extintivo de las obligaciones tributarias se encuentra previsto en los artículos 55 y 56 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicables en razón de su vigencia temporal a los ejercicios 'Artículo 55,- Prescriben a los cuatro (4) años los siguientes derechos y acciones:

1.-El derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios.

2.-La acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas restrictivas de la libertad.

3.-El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos'.

'Artículo 56.- En los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, el término establecido se extenderá a seis (6) años cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes:

1. El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados.

2. El sujeto pasivo o terceros no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la Administración Tributaria.

3. La Administración Tributaria no pudo conocer el hecho imponible, en los casos de verificación, fiscalización y determinación de oficio.

4. El sujeto pasivo haya extraído del pals los bienes afectos al pago de la obligación tributaria, o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior.

. 5. El contribuyente no lleve contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleve doble contabilidad'.

Asimismo, a los fines computar dicho lapso y considerando que el tributo de autos es de liquidación periódica, el articulo 60 del citado Código, de idéntica redacción, dispone lo siguiente:

..Para los tributos cuya liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo...

En este contexto normativo aprecia la Sala en el presente caso que el hecho imponible, es el aporte parafiscal debido al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) liquidable mensualmente y cuyo lapso de prescripción, en consecuencia, comienza a correr una vez concluido cada período impositivo.

En consecuencia, desde febrero de 2002 -fecha de inicio del lapso de prescripción del tributo correspondiente al mes de enero de 2002- hasta el 28 de mayo de 2008 momento en que fue levantada y notificada el Acta de Fiscalización, no se produjo alguno de los supuestos de interrupción o suspensión de la. prescripción previstos en los artículos 61 y 62 del Código Orgánico Tributario de 2001, razón por la cual la Sala concluye que transcurrió paclficamente el lapso prescriptivo de cuatro (4) años. Asf se declara.

Con base en los razonamientos esgrimidos, esta Sala encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de consulta en lo relativo al pronunciamiento efectuado por el tribunal a quo en lo atinente a la prescripción de los periodos impositivos indicados. Así se declara.

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Una vez transcrita parcialmente la fundamentación de la sentencia sobre la cual se causa.

IⅢI DE LA COMPETENCIA

revisión y al respecto observa que conforme lo establece el cardinal 10 del articulo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de "(..) revisar las constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (...)".

Asimismo, en el fallo N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: "Corpoturismo"), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

"(..) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (...)".

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el cardinal 11 del artículo 25, establece lo siguiente:

"Articulo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

...omissis...

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, asi como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales".

Ahora bien, en el caso de autos, se solicitó la revisión de la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 1202 del 25 de noviembre del 2010, así como de las demás decisiones dictadas en base al mismo precedente; en tal sentido, esta Sala se declara competente para conocer de la presente solicitud. Así se decide.

V MOTIVACIONES PARA DECIDIR Llevado a cabo el estudio individual del expediente, la Sala pasa a decidir y, en tal sentido, observa:

Como punto previo, debe esta Sala Constitucional hacer referencia al escrito de adhesión presentado en fecha 22 de noviembre de 2011 por la Defensora del Pueblo y demás representantes de dicha Institución, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 y los cardinales 1 y 3 del artículo 281 de la Constitución, en concordancia con el cardinal 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Dicho escrito tiene como finalidad destacar dos temas relevantes de la solicitud de revisión presentada por la representación del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, como lo son: la naturaleza jurídica de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), y el análisis sobre la prescripción de los mismos de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), señalan que éstos deben ser considerados como ahorros, diferenciándolos de las contribuciones parafiscales en tanto y en cuanto los recursos aportados corresponsablemente entre los trabajadores y trabajadoras y, patronos y patronas pasan a ser propiedad del trabajador y no del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

En tal sentido, señalan que "(... los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) son una categoría especial de ahorro, distinta a los tributos y pudiera serle aplicable una legislación diferente a la tributaria, dado que vienen a representar un ahorro —en sentido lato- propiedad de las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela y una obligación para el patrono, de los que puede disponer cada trabajadora o trabajador con un fin eminentemente social, tal como lo es la adquisición, construcción, liberación, sustitución, restitución, reparación y remodelación del inmueble, servicios básicos esenciales, urbanismo, habitabilidad, medios que en definitiva, permitan un hogar digno para las familias venezolanas (...)".

En cuanto a la prescripción de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), señala la representación de la Defensoría del Pueblo que la misma debe ser analizada con fundamento en los principios de solidaridad y corresponsabilidad, así como del derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social, todos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto señalan que "(..) en un Estado Social de Derecho, no puede ni debe permitirse que las obligaciones patronales prescriban, en claro detrimento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores".

Señalan que declarar prescriptibles los aportes hechos al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV). implicaría dejar "(..) en el bimbo la posibilidad real de que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a créditos para adquirir, comprar, remodelar sus viviendas". Que con ello se vulnerarían los principios de solidaridad y corresponsabilidad; se retomnaría a una concepción del Estado donde se promoverá, fomentaría e interpretaría las leyes laborales con el objeto de reportar los beneficios de los trabajadores; y en consecuencia se violaría el espíritu y propósito de la Ley de Régimen.

Prestacional de Vivienda y Hábitat; se infringiría el derecho a la vivienda y se violaría el derecho a la seguridad social.

Por lo que consideran que así como el derecho a una vivienda digna así como el derecho a la seguridad social no prescriben, tampoco debe prescribir la obligación de los patronos de realizar los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV).

En tal sentido, solicitan que sea declarada con lugar la presente solicitud de revisión constitucional planteada por la representación del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), declarándose la imprescriptibilidad de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV).

Expuesta la argumentación presentada por la representación de la Defensoría del Pueblo, en primer término considera importante esta Sala indicar que la revisión de sentencias ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la graves infracciones a sus principios o reglas, estando la Sala en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de conceder la, por tratarse de una potestad discrecional, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.

Al respecto, la sentencia N° 93/2001 del 6 de febrero, señaló que la facultad de revisión es "(...) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (...". por ello "(..) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando as lo considere", así "(..) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión '..) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales' (..)".

Así, la Sala ha señalado que "(..) la revisión no constituye una tercera instancia, ni un instrumento ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad no es la resolución de un caso concreto o la enmendadura de 'injusticias', sino el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica (...)" (Sentencia de esta Sala N° 2943/2004 del 14 de diciembre).

A su vez, resulta pertinente advertir que esta Sala, al momento de ejercer su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de actos jurisdiccionales que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala, como ya se señaló, tenga facultad para la desestimación de cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que la revisión que se pretende, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que caracteriza a la revisión.

En virtud de lo señalado, esta Sala Constitucional puede admitir o rechazar prima facie la revisión solicitada de sentencias definitivamente firmes, de acuerdo con la

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ponderación que realice de: a) velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución; y b) salvaguardar la garantía de la cosa juzgada judicial.

En tal sentido, dado el carácter discrecional de la revisión constitucional, esta Sala considera que de la pretensión expuesta por la parte actora, únicamente pasará a conocer de la pretendida imprescriptibilidad de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda como parte de los sistemas del régimen prestacional de vivienda y hábitat y seguridad social.

De acuerdo a la sentencia cuya revisión de solicita, así como de la jurisprudencia reiterada de la Sala Politico Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el tema a decidir radica en definir si los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda se encuentran regidos o no por las normas del sistema tributario y, por tanto, al instituto de la prescripción establecido en el artículo 55 del Código Orgánico Tributario.

Dicho esto, se tiene que el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda se encuentra consagrado actualmente en el artículo 28 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.889 de 31 de. julio de 2008, teniendo su origen en la figura del Ahorro Habitacional Obligatorio establecido en la derogada Ley de Política Habitacional (Gaceta Oficial N° 4.659 Extraordinario del 15 de diciembre de 1993), siendo que la norma vigente aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo dependencia y sus patronas o patronos".

En referencia a dichos aportes, la Sala Politico Administrativa, en la sentencia número 1202, de 25 de diciembre de 2010, la cual es objeto de la presente solicitud de revisión, señaló que:

"De esta forma, juzga la Sala que si bien resulta cierto que el presente caso se inició con motivo de la fiscalización practicada por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), que dio como resultado la determinación de las obligaciones de la empresa por concepto de "diferencias en aportes a depositar" y "rendimientos a depositar" al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), la cual debió tramitarse, en principio, bajo el procedimiento descrito en los artículos 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente (por poseer los aportes al FAOV naturaleza tributaria, como se ha declarado en causas similares), por ser éste el instrumento normativo general de la materia tributaria y frente a la ausencia de una regulación específica prevista en la normativa que establece la contribución parafiscal en referencia (Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat), tal circunstancia no puede llevar a considerar que en dicho supuesto se materializó una ausencia de procedimiento capaz de viciar de nulidad el acta y el oficio impugnados". Resaltado de esta Sala.

La referencia a "causas similares" obedece a un criterio reiterado de dicha Sala Politico Administrativa respecto a los aportes hechos a dicho Fondo de forma conjunta por trabajadores y empleadores, expresado en la sentencia número 1928 del 27 de julio de 2006 en los siguientes términos:

"Precisado lo anterior, se estima prudente, a objeto de verificar si los referidos aportes participan del carácter tributario, definir qué se entiende por tributo y sus características, asi como su clasificación.

En tal sentido, se observa que la doctrina ha desarrollado el concepto, de tributo como el medio o instrumento por el cual los entes públicos obtienen ingresos; es decir, es el mecanismo que hace surgir a cargo de ciertas personas, naturales o jurídicas, la obligación de pagar a la Administración Tributaria de que se trate sumas de dinero, cuando se dan los supuestos previstos en la ley. En otras palabras, es la prestación en dinero que la Administración exige en virtud de una ley, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines.

En este orden de ideas, se debe enfatizar que las características de los tributos son las siguientes:

1.- Son debidos a un ente público: por cuanto es el sujeto activo de la relación juridica-tributaria, y en definitiva es el órgano titular del crédito.

2.- Son coactivos: por que se consideran obligaciones que surgen con independencia de la voluntad del contribuyente, por ministerio de la Ley, cuando se da el supuesto de hecho previsto en ella.

3.- Se establecen con el fin de procurar los medios precisos para cubrir las necesidades financieras de los entes públicos: su finalidad no es otra que el sostenimiento de los gastos públicos.

Asimismo, la doctrina ha clasificado a los tributos en tres (3) grupos, a saber: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entendiendo por impuesto, aquel ingreso exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o supuestos de naturaleza juridica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo (obligado por Ley al pago del tributo), como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta, y cuya característica primordial que lo independiente de toda actividad del Estado respecto del contribuyente, es decir, se adeuda por el simple acaecimiento del presupuesto de hecho previsto en la norma, indistintamente del destino concreto que la ley le haya asignado.

Por otra parte, las tasas se han definido como aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos cuando concurran las siguientes circunstancias: i) que sean de solicitud o realizarse por el sector privado, en tanto impliquen intervención del ejercicio de autoridad, o porque con relación a dichos servicios esté establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. En definitiva, la tasa origina el derecho de los particulares a una contraprestación que equivale a la obtención de un servicio por parte del Estado.

En cuanto a las contribuciones especiales, se considera que son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención, por el sujeto pasivo, de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es por etto que las contribuciones especiales son comúnmente clasificadas por la doctrina en dos (2) grupos, a saber: i) contribuciones por mejoras, aquellas cuyo presupuesto de hecho contiene una mejora, un aumento de valor de determinados bienes inmuebles, como consecuencia de obras, servicios o instalaciones realizadas por los entes públicos; y i contribuciones parafiscales o también llamadas "por gastos especiales del ente público", que son aquellas en las que el gasto público se provoca de modo especial por personas o clases determinadas.

Es decir, que son exacciones recabadas por ciertos entes púbicos para asegurar su financiamiento autónomo, y tienen como caracteristicas primordiales que: a) No se incluye su producto en los presupuestos estatales; b) No son recaudadas por los organismos específicamente fiscales del Estado; c) No ingresan a las tesorería estatales, sino directamente en los entes recaudadores y administradores de los fondos.

Para ilustrar lo antes expuesto, resulta relevante hacer referencia a la clásica contribución parafiscal de seguridad social o también llamada "parafiscalidad social", que es aquella que exige a los patronos y empleados el pago de ciertos aportes con el objeto de obtener un fin social, tales como asistencia médica, de previsión de riesgos de invalidez o vejez. En este tipo de contribuciones extrafiscales lo que se busca es beneficiar indirectamente a un grupo de personas, en determinadas áreas, y su caracteristica primordial es que los importes así obtenidos entran a formar parte del caudal del ente público responsable de la consecución del fin social.

Circunscribiendo el análisis al caso concreto, esta Sala observa que el aporte exigido can carácter obligatorio a patronos y trabajadores en aplicación de la Ley que Regua el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, consiste en un importe de dinero, impuesto por una Ley, de carácter obligatorio y exigido por un ente público, cuya finalidad es de interés colectivo.

Adicional a ello, se observa que lo recaudado entra a formar parte del habitacional, en concordancia con los articulos 3, 31, 35 y 36 eiusdem antes tributaria, y más concretamente forman parte de las llamadas contribuciones parafiscales, cuya estructura permite crear determinadas participaciones dinerarias con la finalidad de lograr un objetivo que beneficie a un grupo de personas, en este caso programas habitacionales especiales para los aportantes.

De lo antes expresado, aprecia esta Sala que el aporte exigido por la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Poltica Habitacional tiene carácter contribuciones especiales. Asi se declara.

En este mismo sentido, en sentencia publicada el 18 de septiembre de 2008 bajo el número 1007, la Salla Político Administrativa señala lo siguiente:

"Asi, de Ia normativa transcrita [articulos 172 y 173 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (Gaceta Oficial N° 38.591 del 26 de diciembre de 2006), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Política Habitacional (Gaceta Oficial N° 4.659 Extraordinario del 15 de diciembre de 1993)] se advierte que la obligación legal establecida en cabeza de patronos y empleados de contribuir con el sistema habitacional obligatorio mediante el aporte de una exaccióm patrimonial, que por su tipificación encuadra dentro de la clasificación legal de los tributos, vale decir, como una contribución' debida por el particular a sn determinado ente por la percepción de un beneficio o aumento de valor de sus bienes derivado de la realización de obras públicas o la prestación de servicios o proyectos públicos, y que en el caso en particular, al igual que sucede por ejemplo con la contribución debida al Instituto de Cooperación Educativa (INCE), resulta de tipo parafiscal, habida cuenta de su afectación a una cuenta patrimonial distinta a la de un órgano que puede considerarse como fiscal', que para el supuesto de autos resulta ser el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, administrado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)".

En resumidas cuentas, la Sala Político Administrativa ha venido sosteniendo que el aporte exigido con carácter obligatorio al empleador y a las trabajadoras y trabajadores en aplicación del Decneto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.889 de 31 de julio de 2008, consiste en un importe de dinero, impuesto por una Ley, de carácter obligatorio y exigido por un ente público, cuya finalidad es que dicho ente cumpla con su objeto, definiéndolo como una contribución de carácter parafiscal cuyo régimen aplicable es el del Código Orgínico Tributario, elemento que ha llevado a determinar la prescripción del derecho a verificar, fiscalizar y determinar la obligación de realizar dichos aportes, actualmente por parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), de acuerdo a lo establecido en zelartículo 55 y 56 del Código Orgánico Tributario.

Dicho esto, tenemos que de forma general, el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Reforma Pascial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de fecha 31 de julio de 2008. Gapeta Oficial Extraordinaria No. 5.891, especificamente en su artículo 104, señala:

"(..) El Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat será financiado con los aportes fiscales, lus remanentes netos de capital destinados a la seguridad social, los aportes para fiscales y las cotizaciones obligatorias a cargo del empleador y los trabajadores y trabajadoras con relación de dependencia y demás afiliados, los cuales serán considerados ahorros de carácter obligatorio para garantizar el acceso a una vivienda a las personas de escasos recursos y a quienes tengan capacidad de amprtizar créditos con o sin garantía hipotecaria (..)".

Como se evidencia de la norma transcrita, dicho financiamiento tendrá como fuentes: 1) aportes fiscales, 2) remanentes netos de capital destinados a la seguridad social, 3) aportes parafisciles y 4) las cotizaciones obligatorias a cargo del empleador y los trabajadores y trabajadoras con relación de dependencia y demás afiliados, los cuales serán considerados ahorros de carácter obligatorio.

A su vez, en la propia exposición de motivos de dicho Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Refarma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de fecha 31 de julio de 2008, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.891, se señala que:

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concepto abstracto que deriva de la expresión griego "para", que da idea de algo paralelo, al lado o al margen de la actividad estatal, se trata de tributos establecidos a favor de entes públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para asegurar su financiación autónoma, teniendo como manifestación más importante, los destinados a la seguridad social. No obstante, el ahorro habitacional se aleja de esta definición, por cuanto, su finalidad principal no es la de financiar algún ente público o semipúblico, económico o social; su finalidad como se ha expresado supra, es eminentemente social y económico con finalidades especiales, donde el Estado interviene creando los mecanismos para que a través del ahorro individual de cada aportante, se garantice el acceso a una vivienda digna.

Someter el ahorro habitacional dentro- de los supuestos de la para fiscalidad y por ende al régimen tributario común, representaría la desnaturalización de este aporte, por cuanto, se le estaría atribuyendo características disímiles a un masa de dinero distribuidas en cuentas individuales y que son propiedad exclusiva de cada uno de los aportantes, que si bien, corresponde a una disposición reglada, el ahorrista puede destinar sus aportes en la forma y las condiciones que la Ley establezca, se aleja tanto el ahorro habitacional de la concepción tributaria, que sus titulares tiene la potestad de ceder los, transmitir los a sus herederos, y siempre salvo manifestación en contrario, los haberes regresarán en dinero en efectivo, Iíquido y libre de gravamen alguno, aun cuando a través de este ahorro, el titular haya adquirido una vivienda digna.

En tal sentido, se concibe las cotizaciones del régimen prestacional de vivienda y hábitat como un ahorro, sometido a la Ley especial que regula la materia y demás normativa aplicable (..).

El planteamiento hecho en la mencionada exposición de motivos tiene su fundamento en ciertos elementos técnicos que buscan diferenciar los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda del sistema tributario, al señalar que el ahorro habitacional se aleja de la definición clásica de parafiscalidad.

Ahora bien, el mencionado régimen de aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, se encuentra establecido en el artículo 28 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.889 de 31 de julio de 2008, el cual señala:

"Articulo 28. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda estará constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo dependencia y sus patronas o patronos. Los recursos de este Fondo serán otorgados para los siguientes fines:

1. Ejecución y financiamiento de planes, programas, proyectos, obras y acciones requeridas para la vivienda y hábitat. 2. Financiamiento para la adquisición, construcción, sustitución, restitución, mejora para la reparación o remodelación, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con la vivienda principal y el hábitat. 3. Cubrir costos de los servicios provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat".

A su vez, dicha norma señala que los recursos de dicho Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda están comprendidos por:

"Articulo 29. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda estará constituido por: 1. El ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. 2. La recuperación de capital y/o intereses atribuibles a los contratos de financiamiento otorgados con los recursos de este Fondo, así como sus garantías. 3. Los ingresos generados por la inversión financiera de los recursos de este Fondos. 4. Los ingresos generados de la titularización de los contratos de financiamiento otorgados por el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y/o el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores y las patronas o los patronos. 5. Los recursos provenientes del financiamiento de órganos o entes públicos o privados, nacionales o internacionales destinados a satisfacer los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 6. Los recursos generados por la imposición de sanciones y cualesquiera otros aportes destinados a satisfacer los objetivos del presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley".

Es importante destacar que artículo 30 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.889 de 31 de julio de 2008, señala que el ahorro obligatorio de cada trabajadora o trabajador se registrará en una cuenta individual en este Fondo.

Sefñala a su vez dicha norma en su artculo 31 que "la empleadora o el empleador deberá retener el ahorro obligatorio de cada trabajadora o trabajador, efectuar su correspondiente aporte y depositar los en la cuenta de cada uno de ellos, en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes".

Y, por último, el ya mencionado Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del número 5.889 de 31 de julio de 2008, en su artículo 32, señala la disponibilidad que tiene cada trabajador sobre dichos aportes ahorrados en los siguientes términos:

"Articulo 32. Se podrá disponer de los aportes al Fondo de Aharro Obligatorio para la Vivienda sólo en los siguientes casos: 1. Para el pago total o parcial de adquisición, construcción, ampliación, sustitución, restitución y mejora para la reparación o remodelación de vivienda principal, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios o cualquier otra actividad relacionada con el objeto el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 2. Por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda-o mantenga un saldo deudor respecto a un contrato de financiamiento otorgado con recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 3. Por fallecimiento de la trabajadora o trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario.

Los haberes de cada trabajadora o trabajador aportante en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda podrán ser objeto de cesión total o parcial en los competencia en materia de vivienda y hábitat".

Advierte esta Sala que las características esenciales de dicho Fondo de Ahorro han sido una constànte desde la publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria 4.659 de 15 de diciembre de 1993 del Decreto-Ley N° 3.270, mediante el cual se dicta la Ley de Política Habitacional, siendo establecido en su TITULO II: Del Financiamiento del Programa de Vivienda, y específicamente en su CAPITULO III: Del Ahorro Habitacional, el Ahorro Habitacional obligatorio constituido por los aportes mensualmente efectuados por los empleados y obreros y los empleadores o patronos, tanto del Sector Público como del Sector Privado, en términos análogos a los que establece el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.889 de 31 de julio de 2008.

Dicho Decreto-Ley N° 3.270, mediante el cual se dicta la Ley de Política Habitacional, señala:

"Artículo 18: Se establece el Ahorro Habitacional obligatorio constituido por los aportes que mensualmente deberán efectuar los empleados y obreros y los empleadores o patronos, tanto del Sector Público como del Sector Privado, en Instituciones Hipotecarias regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo.

Los empleadores o patronos deberán retener las cantidades a los trabajadores, empleado y obrero dentro de los primeros siete (7) días hábiles da cada mes.

Articulo 19: El aporte de los empleados y obreros será del uno por ciento (1%) de su remuneración mensual básica y el de los empleadores o patronos del dos por depositado en las cuentas establecidas en el Artículo anterior, devengarán intereses sobre saldos mensuales que deberán ser abonados al cierre de cada mes, calculados en función del rendimiento global de la cartera de préstamos hipotecarios otorgados con fondos provenientes del Ahorro Habitacional, deducidos los costos operativos y los financieros, y una utilidad razonable en beneficio de las Instituciones Hipotecarias. El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá cada tres (3) meses, los montos minimos de intereses que deberán abonarse en las cuentas a que se refiere el presente Articulo.

Articulo 22: Las cuentas de Ahorro Habitacional de los empleados y obreros en las Instituciones Hipotecarias a que se refiere el Artículo 18 de esta Ley, sólo podrán ser movilizadas en los siguientes supuestos:

a) Para cancelar total o parcialmente el precio de adquisición de la vivienda que sirve de asiento principal del empleado u obrero, o para la ampliación o refacción b) Para la amortización de préstamos hipotecarios otorgados con los recursos aportados por el Sector Público a los fines de la presente Ley, con recursos provenientes del Ahorro Habitacional, o con los recursos a que se refiere el Artículo 32 de esta Ley, en los términos, frecuencia y condiciones que se establezcan en las Normas de Operación.

c) Para atender a las necesidades de vivienda de sus hijos y de sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad, siempre que estos estén incorporados al Ahorro Habitacional y llenen los requisitos para ser beneficiarios del programa.

d) Por haber sido el trabajador beneficiario de jubilación o de pensión por incapacidad y, en todo caso, por haber alcanzado la edad de sesenta (60) años si es hombre o cincuenta y cinco (55) años si es mujer, salvo que el ahorrista a esta Ley.

e) Por fallecimiento del trabajador.

Parágrafo PRIMERO.- El Ahorro Habitacional podrá ser objeto de cesión total o parcial, entre su titular y otro ahorrista, sin intermediario alguno, para atender las necesidades de vivienda de este último o de la de sus hijos, siempre que el titular conforme a esta Ley y el adquirientes esté incorporado al Ahorro Habitacional y llene los requisitos para la adquisición de una vivienda".

De la transcripción de dicha norma se puede evidenciar que si bien es cierto que en la actualidad la concepción del estado democrático y social de derecho y de justicia ha hecho que la seguridad social se fortalezca como sistema, desde la publicación en Gaceta Oficial extraordinaria número 4.659 de 15 de diciembre de 1993 del Decreto-Ley N° 3.270, mediante el cual se dicta la Ley de Política Habitacional, se han venido estableciendo mecanismos análogos para realizar aportes a los Fondos de Ahorro en materia de vivienda, a los que existen actualmente.

Ahora bien, analizadas las características que definen a dicho Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, esta Sala considera que en el presente caso se encuentra bajo análisis un una política pública diseñada por el Ejecutivo.Nacional en la que se encuentran interrelacionados, básicamente, tres derechos humanos consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo son el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo.

En cuanto a la seguridad social, el mismo es un sistema que permite a la sociedad enfrentar los embates del desempleo y de las crisis económicas, con el fin de asistir a todas las personas sean trabajadoras o no, e independientemente de que tengan capacidad de realizar aportes, todo ello en el marco de la consecución de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, tal y como se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La concepción de la seguridad social es un angelo de tanta importancia que ya nuestro Libertador Simón Bolívar hizo referencia a ello en su histórico discurso de 1819 ante el Congreso de Angostura al mencionar que: "El sistema,de gobierno más perfecto es

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aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política". Resaltado de esta Sala.

A su vez, el derecho a la seguridad social en nuestra Constitución es producto de una evolución normativa que tiene como su principal precedente la Ley del Trabajo de 1936, y la Ley del Seguro Social Obligatorio de 1940; y en el ámbito constitucional el artículo 52 de la Constitución del año 1947, señalaba que:

"Los habitantes de la República tienen derecho a vivir protegidos contra los riesgos de carácter social que puedan afectarlo y contra la necesidad que de ellos se derive.

El Estado establecerá en forma progresiva un sistema amplio y eficiente de seguridad social y fomentará la construcción de viviendas baratas, destinadas a las clases económicas más débiles".

Podemos ver como la norma antes señalada ya obedecía a una concepción social de la seguridad social, teniendo como sujetos de máxima protección a los grupos sociales empobrecidos o cuya posibilidad de acceso a la salud y a la vivienda como elementos principales de la seguridad social representase una mayor dificultad.

Por su parte, el artículo 94 de la Constitución del año 1961, señalaba que:

"Articulo 94. En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendiente a proteger a todos los habitantes de la República contra infortunio del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cualesquiera otros derivadas de la vida familiar.

al sistema de seguridad social".

Dicha norma, dictada en la misma línea del artículo 52 de la Constitución del año 1947, destaca la concepción de la seguridad social como un sistema y su carácter progresivo.

La importancia del sistema de seguridad social se ve a su vez reflejado en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señala que: "Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derecho económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a l libre desarrollo de su personalidad".

Actualmente, el derecho a la seguridad social se encuentra consagrado en el Título III de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denominado de los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, y específicamente en su Capítulo V, referente a los derechos sociales y de la familia. Así, tenemos que la seguridad social se consagra como un derecho humano en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

"Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines.

Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial".

Como característica esencial de dicho derecho tenemos que el mismo está consagrado como un servicio público de carácter no lucrativo, atendiendo dentro de su sistema "contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social". Lo antes enunciado denota el carácter amplio de la consagración de dicho derecho, así como el carácter abierto de las materias enunciadas, ya que permite identificar cualquier otra reivindicación social no mencionada expresamente.

A su vez, tenemos que dicho derecho a la seguridad social está establecido bajo criterios de universalidad, ya que no se limita a criterios de nacionalidad; y en términos de corresponsabilidad, ya que en él coadyuvan el Estado, las empleadoras y los empleadores, aún cuando el mismo hace beneficiaria a cualquier persona, independientemente de la capacidad que esta tenga para contribuir o no a dicho sistema.

En este sentido, dicho artículo señala que el Estado tiene la obligación de conformar un sistema de seguridad social mediante el financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas, el cual estará regulado por una ley orgánica especial.

En el cumplimiento de ese mandato constitucional, el Estado crea un sistema de seguridad social que tiene como parte del mismo al sistema prestacional de vivienda y hábitat, para lo cual se diseñar distintos mecanismos a los efectos de la consecución del derecho a la vivienda, siendo uno de ellos el del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, por lo que, como señalamos anteriormente, se establece un vínculo entre ese derecho a la seguridad social y el derecho a la vivienda.

En nuestra Constitución, el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 82, el cual establece:

"Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas".

A su vez, en el ámbito internacional, el artículo 2° del Pacto Intemnacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, debidamente suscrito y Ratificado por la República, impone a los Estados Partes la obligación general de adoptar medidas adecuadas, de carácter positivo, en particular, la adopción de medidas legislativas dirigidas a garantizar a todas las personas el derecho humano de una vivienda adecuada.

Su definición es desarrollada en 1991 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), estableciendo la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, los gastos soportables, la habitabilidad, la asequibilidad, el lugar y la adecuación cultural, como aspectos indisociables a este derecho.

Cabe destacar que el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

Esta Sala Constitucional ha resaltado la importancia de dicho derecho, y los esfuerzos que se deben hacer para avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional para la consecución del mismo, al señalar en su sentencia número 85 del 24 de enero de 2002, que:

"La protección que brinda el Estado Social de Derecho, varía desde la defensa de intereses económicos de las clases o grupos que la ley considera se encuentran en una situación de desequilibrio que los perjudica, hasta la defensa de valores espirituales de esas personas o grupos, tales como la educación (que es deber social fundamental conforme al articulo 102 constitucional), o la salud (derecho social fundamental según el artículo 83 constitucional), o la protección del trabajo, la seguridad social y el derecho a la vivienda (artículos 82, 86 y 87 constitucionales), por lo que el interés social gravita sobre actividades tanto del Estado como de los particulares, porque con él se trata de evitar un desequilibrio que atente contra el orden público, la dignidad humana y la justicia social", (Resaltado de este fallo).

En este mismo sentido, en sentencia 835 de 18 de junio de 2009, esta Sala Constitucional señaló que:

"Resulta claro que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental intrínseco a la dignidad humana que atiende a la necesidad del hombre de habitar una vivienda que permita su desarrollo y crecimiento personal como condición esencial para la existencia y protección del núcleo familiar y, por ende, de la misma sociedad, por lo que es pertinente que el Estado, como manifiesta evolución natural, garantice la protección progresiva de este derecho, tal como lo prevé el Texto Fundamental en su artículo 19, al disponer que 'El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos...".

Recientemente, esta Sala puntualizó en su sentencia número 1317 del 3 de agosto de 2011, que:

"Asi las cosas, corresponde afirmar que el derecho a una vivienda cuando dispone de un amplio marco jurídico en nuestro país, debe propenderse a su efectiva concreción, evitando en lo posible que sea desplazado al evanescente mundo de las aspiraciones éticas. La garantía de tal derecho, cuyo contenido trasciende socialmente, implica un real compromiso, una política de acción social, "un enorme esfuerzo (... —por parte del Estado a través de sus órganos y entes, entiéndase incluido al Poder Judicial- en función de la complejidad social y económica de la solución de problemas habitacionales (..)" (Exposición de Motivos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas), que garantice plenamente a toda persona población".

De acuerdo a las normas antes transcritas y de los criterios jurisprudenciales sostenidos por esta Sala Constitucional, se denota la importancia que tiene en nuestro

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sistema el derecho a la vivienda, como elemento fundamental para el buen vivir de todos los sectores que conforman nuestra sociedad, y la necesidad de consolidar un sistema en el marco del estado democrático y social de derecho y de justicia que garantice los avances en ordenamiento jurídico como lo es la Constitución.

conjuntamente con el derecho a la seguridad social, de ese sistema o conjunto de sistemas que la Constitución ordena al Estado crear, y para lo cual debe diseñar e implementar un conjunto de mecanismos que coadyuven a su desarrollo, como lo sería en este caso el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.

Ahora bien, habiendo señalado que el sistema de seguridad social tiene un carácter universal, y que por ello se crean, como ya mencionados, un conjunto de políticas públicas a los efectos de lograr su cometido; el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda tiene como sujeto beneficiario del mismo a las trabajadores y trabajadores en relación de dependencia, por lo que aunado a los derechos antes mencionados se encuentra el derecho al trabajo.

La Constitución de 1999 le da una gran importancia al derecho al trabajo, dedicado de forma específica alrededor de una docena de artículos, los cuales buscan definir desde distintos ámbitos, individual y colectivo, las características y los fundamentos esenciales de ese hecho social que se constituye en un deber y un derecho para todos los ciudadanos en condiciones de coadyuvar en términos de corresponsabilidad, solidaridad e igualdad, entre otros principios, al desarrollo de los fines esenciales del Estado y con ello de la nación, no pasando inadvertido para nuestro constituyente la importancia del hecho social trabajo al señalar en sus principios fundamentales la Constitución que "la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines". Es por ello que el derecho al trabajo, conjuntamente con la educación, está ligado a todos los aspectos del desarrollo de ésta y de cualquier sociedad, tanto desde el punto de vista productivo, como de su relación con los distintos elementos que concurren para lograr mayor suma de felicidad en la población como lo son la salud, la vivienda, el desarrollo familiar, entre otros.

Esta valoración de orden social de los derechos fundamentales guarda una estrecha vinculación con el derecho al trabajo, el cual debe considerarse de total relevancia debido a sus connotaciones socioeconómicas, pues, el mismo ha sido de especial consideración en los instrumentos jurídicos constitucionales. Su origen como tal data de principios del siglo pasado y su evolución, a partir de ese momento, ha sido rápido, dividiéndose, según el entender de la doctrina, en tres etapas de evolución histórica, las cuales se entretejen, sobreponiéndose en el mismo curso del tiempo. En una primera fase, la legislación social se presentó, fundamentalmente, como excepción respecto del derecho privado común; la segunda fase implicó la incorporación del derecho del trabajo en el sistema de derecho privado; y en la tercera, se produce en la Constitucionalización del derecho al trabajo (vid.

GHERA, Edoardo. Diritto del Lavoro. Ediciones Cacucci. Bari. 1985, pág. 15). (ver sentencia N° 1185/2004 del 17 de junio de 2011).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela discriminó por primera vez y con rango de derecho humano los elementos que conforman el derecho al trabajo, como lo son, la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores (articulo 89, numerales 1 y 2); la interpretación más favorable al trabajador (artículo 89, numeral 3); nulidad de actos inconstitucionales (artículo 89, numeral 4);

prohibición de la discriminación (artículo 89, numeral 5); prohibición del trabajo para los adolescentes (artículo 89, numeral 6); jornada de trabajo y derecho al descanso (artículo 90); derecho al salario y a las prestaciones sociales (artículos 91 y 92); derecho a la estabilidad laboral (artículo 93); derecho a la sindicalización (artculo 95); derecho a la negociación colectiva (artículo 96); y el derecho a la huelga (artículo 97).

Es evidente que nuestra máxima norma jurídica avanza en la tradición constitucional de consagrar el derecho al trabajo y con ello el derecho de los trabajadores, incorporando también a éste en el Titulo Inde la Constitución , referente a los Derechos Humanos, específicamente en el Capítulo V: De los derechos sociales y de las familias, por lo que pasa a formar parte de aquellos derechos que se encuentran relacionados al atributo social del Estado democrático y social de derecho y de justicia que establece nuestra Constitución.

La intensión de esta Sala al hacer una breve relación sobre los derechos humanos involucrados en la solución del tema a decidir, no es otra que establecer una concordancia entre derechos con el objeto de realizar una interpretación sistemática de la Constitución a los efectos de dar cumplimiento al principio de supremacía de la Constitución, según el cual la Constitución es la norma suprema y fundamento de todo el ordenamiento jurídico.

Tal como lo plantea Rodolfo Luis Vigo, "a los fines de facilitar la inteligibilidad de un cuerpo normativa, resulta imprescindible comprobar que el mismo no es una mero agregado caótico, sino una totalidad ordenada o sistémica. En el caso de la Constitución.

esa necesidad se visualiza más claramente en tanto se la pueda atribuir a una voluntad históricamente individualizable que alienta la obtención de ciertos objetivos a través de un proyecto unitario". (interpretación de la Constitución, Abeledo Perot. Buenos Aires 1993).

Por tanto, asi como la Constitución ha mencionado la obligación del Estado de crear un sistema de seguridad social y con ello un sistema de prestacional en materia de vivienda y hábitat, la interpretación de la Constitución como un sistema en los términos antes planteados, amerita que los derechos sean interpretados de forma hermenéutica, haciendo uso a su vez de los propios parámetros de interpretación y del propio valor axiológico que subyace en la Norma Suprema.

Sobre este tema, esta Sala en sentencia número 1309 de 19 de julio de 2001, señaló que la interpretación debe comprometerse con la mejor teoría politica que subyace tras el sistema que se interpreta o se integra y con la moralidad institucional que le sirve de base axiológica, puntualizando que los estándares bajo los cuales se interpreta el ordenamiento jurídico, y con ello la Constitución, a los efectos de dirimir una controversia "deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interprerativas saeologicas que privitegien los aerecnos inarvauales a uitranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado".

En este sentido, la Constitución, en el Capítulo I: Disposiciones generales del Título III: De los derechos humanos y garantías y de los deberes, señala que el Estado deberá garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos; criterios de interpretación que deben ser aplicados de manera concatenada con los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores (artículo 89, numerales 1 y 2) y la interpretación más favorable al trabajador (artículo 89, numeral 3), como ya fue señalado.

Resulta oportuno mencionar que ya esta Sala Constitucional en su sentencia 1185/2004 del 17 de junio, señaló con respecto a la interpretación que sobre los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores (artículo 89, numerales 1 y 2), que:

"En tal sentido, los términos intangibilidad y progresividad comprenden una noción indeterminada, la cual comporta la necesidad de que se abarque su puesto que la intangibilidad como principio se encuentra relacionadas con otros aspectos de los derechos, distintos al plano laboral.

(...) "..) esta Sala en un primer término observa que el sentido gramatical de las expresiones intangibilidad y progresividad comprenden dos acepciones apartes que requieren precisión. La intangibilidad puede entenderse sustantivamente como 'cualidad de intangible' o adjetivamente, en el sentido que no debe ni puede traduce dos acepciones: que avanza, favorece el avance o lo procura' o que progresa o aumenta en cantidad o perfección' (Diccionario de la Real Academia Española). Estas nociones permiten aproximar a los derechos de los trabajadores como intangibles en cuanto y en tanto no se alteren o modifiquen luego de haberse legítimamente establecidos, mientras que su progresividad se refleja únicamente e e e mejorarse tanto cualitativa como cuantitativamente.

En lo que respecta al elemento de la relación de los principios enunciados con el sistema de los derechos laborales, debe considerarse que la intangibilidad y progresividad, en el plano constitucional, se relaciana conjuntamente con el numeral 3, de la Constitución, por lo que el significado y alcance dado debe efectuarse de la manera más favorable para el trabajador. Así, esta Sala en consideración de ello, observa que, tanto el derecho al trabajo, ccmo sus elementos primordiales, entre los cuales se encuentra la garantía de que los trabajadores gocen de estabilidad, ha sido considerada como un elemento esencial de ese derecho social, por la seguridad juridica que otorga al trabajador de no rescindirle la relación laboral por la sola intención del patrono, salvo que medien las causales taxativamente previstas en el ordenamiento que regula la materia.

Aunado al análisis sistemático dentro del cual se relacionan la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, se observa que el mismo debe hacerse en consideración al sistema positivo, el cual se conforma por el plano de la legalidad y por el sistema normativo internacional al cual se ha adherido el Estado venezolano, con especial referencia a los convenios dictados por la Organización Internacional del Trabajo de la cual se forma parte desde 1919. Al respecto, Reglamento, no se establece con clara precisión la noción de la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales; sin embargo, el artculo 60 de la Ley establece en las letras 'D'. 'E'y 'F' que los principios que inspiran la legislación del trabajo, contenidos en las declaraciones constitucionales o en los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional del Trabajo y en la doctrina y jurisprudencia nacionales; los principios universalmente admitidos por el derecho del trabajo y los principios generales del derecho constituyen fuentes aplicables para la resolución de casos particulares relacionados con la materia del trabajo, disposiciones que se concatenan con la reiteración establecida en el artículo 5° del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, respecto a la aplicabilidad de los principios y normas del derecho laboral internacional.

interpretación de los derechos laborales dentro de la perspectiva y de los principios de los derechos humanos fundamentales, señalando a tal efecto, que los principios elementales que fundamentan a dicha Organización son de obligatorio cumplimiento y aplicación para los Estados miembros, asl no hayan sido señalados mediante los Convenios respectivos objeto de ratificación por sus integrantes, pues tales elementos son inherentes a los valores que la rigen y para cuyo fin se ha constituido, delimitados en la Declaración relativa a los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo o Declaración de Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán verifica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social, afirma que. (..) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional" y "cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde el punto

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de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental (Titulo II letras b y c). De esta manera, dentro de los fundamentos esenciales de los derechos laborales entendidos como derechos humanos, puede resaltarse la irregresividad y su correlativa progresividad.

Así, con base en lo anterior, se concluye que los principios de intangibilidad y progresividad nacen constitucionalmente en virtud de la necesidad de proteger las conquistas de los trabajadores, siendo ambos elementos relacionados con la naturaleza de los derechos legítimamente adquiridos, por haberse incorporado a modo definitivo dentro de la esfera jurídico-subjetiva de una persorta o grupo de personas. Este ha sido precisamente el carácter proteccionista que nuestra principios reconocidos mediante los diversos mecanismos laborales ante las materia social del trabajo, esto se traduce, cuando las garantías laborales al ser otorgadas a los trabajadores, y una vez consumada legítimamente la situación jurídica individual y subjetiva y constituido de esa manera el derecho en concreto, estos resultan intangibles frente a nuevas legislaciones o ante cualquier cambio ulterior".

A la luz de estos criterios de interpretación, analizando las características fundamentales que definen el funcionamiento del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, esta Sala observa que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda no tienen como única finalidad la de financiar algún ente público, sino a su vez la de establecer mecanismos para que, a través del ahorro individual de cada aportante, se garantice el acceso a una vivienda digna. Por lo que se encuentra una primera diferencia con la únicamente para el desarrollo del objeto del ente recaudador.

Otro elemento importante a considerar por esta Sala, es el carácter especial que le da a este sistema la distribución de la masa de dinero en cuentas individuales, cuya propiedad no es del ente público que se encarga de su administración de forma reglada, si no que es de cada uno de los trabajadores beneficiarios del sistema.

Aunado a llo, existe otro elemento de suma importancia, y es que los beneficiarios o afiliados, podrán disponer de sus ahorros en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, para el pago total o parcial de adquisición, construcción, ampliación, sustitución, refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios; por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad; por fallecimiento de la trabajadora o trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario; planteando la norma que dichos recursos ahorrados podrán incluso ser objeto de cesión-total o parcial.

Por último, debe señalarse que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda han sido previstos como un ahorro, por lo que dicha directriz expresa del legislador no puede modificarse a futuro por operar el ya mencionado principio de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Debe señalar esta Sala Constitucional que la interpretación hecha de las normas que rigen los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a la luz del derecho a la seguridad social establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si bien en ella se hizo referencia la exposición de motivos del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de fecha 31 de julio de 2008, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.891, la misma se fundamentó en que el carácter de parafiscalidad dado por la Sala Político Administrativa a dichos aportes, había desconocido que la finalidad de dicho Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda no era estrictamente la de financiar al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, sino a su vez la de establecer mecanismos para que a través del ahorro individual de cada aportante, se garantice el acceso a una vivienda digna;

así como el carácter especial que le da a este sistema la distribución de la masa de dinero en cuentas individuales, cuya propiedad no es del ente público que se encarga de su administración de forma reglada (el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat), sino que es de ese beneficiario (ceder los, transmitir los a sus herederos) bajo las condiciones establecidas en la norma; elementos estos que han sido constantes en cada una de las normas que han precedido al mencionado Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de fecha 31 de julio de 2008, en las que se había estipulado dicho Fondo, aún bajo denominaciones distintas.

Por tanto, en primer lugar debe destacar esta Sala que la interpretación hecha por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, y bajo la cual se intentó adecuar los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda al sistema tributario, específicamente encuadrando dichos aportes en la concepción de parafiscalidad: parte de una concepción que coca con principios fundamentales del Estado social que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que esta Sala Constitucional considera que debe revisar dicho criterio y establecer que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, no se adecuar al concepto de parafiscalidad y por tanto no se rigen bajo el sistema tributario. Así se declara.

A su vez, advierte esta Sala que el incumplimiento por parte de los patronos de la obligación de hacer la retención y el correspondiente aporte a cada uno de los trabajadores del Fondo de Ahorro Obligatorio, causa un gravamen de relevancia en el sistema de ahorro establecido por la ley, y con ello, que en definitiva es lo más importante, en el sistema de seguridad social cuya importancia es medular en un Estado democrático y social de derecho y de justicia.

La situación del incumplimiento podría presentar dos realidades, una de ellas, que el Decreto-Ley N° 3.270, mediante el cual se dicta la Ley de Poltica Habitacional publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.659 de 15 de diciembre de 1993, y que el patrono no lo haya aportado a la cuenta individual a que han hecho referencia las normas relacionadas con la materia; o, que no se haya hecho ni la retención ni el aporte correspondiente.

En ambos casos la afectación al sistema de seguridad social, al Estado social de derecho y de justicia y a los trabajadores, es de una gravedad medular, siendo que en el primero de los casos implicaría desconocer la propiedad de los trabajadores sobre los aportes al sistema habitacional, y podríamos estar bajo algún supuesto de hecho relacionado con el delito de apropiación indebida calificada previsto en el artículo 470 del Código Penal Venezolano, ya que cabría la duda de los destinos sufridos por esos recursos.

Puntualizando, esta Sala Constitucional considera que el incumplimiento con el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda afecta de forma directa el derecho de los trabajadores, de forma individual, en tanto y en cuanto disminuye su capacidad de ahorro y con ello la posibilidad de tener acceso a mejores créditos (ya que ello está relacionado al monto acumulado), así como de forma colectiva, ya que la falta del mencionado aporte disminuye la capacidad del ente encargado de su administración de proveer a esos beneficiarios un mayor número de espacios de vivienda y hábitat dignos.

Esta afectación tiene a su vez un gran impacto en el sistema de seguridad social ya que al ver mercado el desarrollo del sistema prestacional de vivienda y hábitat, ello implica un disminución en la calidad de vida de quienes conforman la sociedad, siendo ello así ya que como mencionados anteriormente el sistema de seguridad social se configura bajo parámetros de universalidad.

Analizada la situación desde el punto de vista de quien tiene la obligación de retener y realizar aportes de forma corresponsable con las trabajadoras y trabadores, entiéndase las patronas y patrones, surge la necesidad de delimitar la potestad de fiscalización por parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, dado que, como ya se señaló, los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, vistas sus características Tributario.

En tal sentido, nuevamente enfrenta esta Sala la necesidad de hacer uso para su interpretación de los valores inmersos en el contenido axiológico de la Constitución, y en tal sentido hace uso de los parámetros que definen el estado social de derecho, como parte de la definición hecha por el Constituyente de nuestro modelo de Estado como democrático y social, de derecho y de justicia. Al respecto, esta Sala Constitucional en su sentencia número 85, del 24 de enero de 2002, señaló que:

"A juicio de esta Sala, el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en-la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales nopueden tratarse con soluciones iguales.

El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente social.

personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Tal como decía Ridder, ".el Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente", pero, agrega la Sala, fundado en la ley y en su interpretación desde el ángulo de los conceptos que informan esta forma de Estado.

El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, en base al silencio de la ley o a ambigúedades de la misma, ya que ello conduciría a que los económicos y socialmente más fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta perennemente una crisis social.

(..) La Constitución de 199 en su artículo 2 no define que debe entenderse por Estado Social de Derecho, ni cuál es su contenido jurídico. Sin embargo, la Carta Fundamental permite ir delineando el alcance del concepto de Estado Social de Derecho desde el punto de vista normativo, en base a diferentes artículos, por lo que el mismo tiene un contenido jurídico, el cual se ve complementado por el Preámbulo de la Constitución y los conceptos de la doctrina, y permiten entender

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que es el Estado Social de Derecho, que asi deviene en un valor general del derecho constitucional venezolano.

Además del articulo 2 de la vigente Constitución, los artículos 3 (que señala los fines del Estado), 20 (que hace referencia al orden social), 21.1 y 2, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 102, 112, 113, 115, 127, 128, 132 y 307, y los relativos a los Derechos Sociales establecidos en el Capítulo V del TItulo III, se encuentran ligados a lo social, y sirven de referencia para establecer el concepto del Estado Social de Derecho y sus alcances.

Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto antes expresado de personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos, o.que se encuentran en una situación de inferioridad con otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos.

(.…) Ni la autonomía de la voluntad, ni la libertad contractual pueden lesionar los lesivas, por desproporcionada, para una de las partes del contrato en materias de interés social.

Por ejemplo, la actividad económica, está limitada por la Constitución, por razones de desarrollo humano, protección del ambiente u otros de interés social; por lo que la actividad económica tiene que encuadrarse dentro del Estado Social, así ésta no emerja del Estado (con más razón si es él quien la dinámica de alguna manera)".

Cabe señalar que los derechos consagrados en la Constitución a las trabajadoras y trabajadores, y con ello el resto de los derechos sociales, no busca convertirse "(.)en un políticos e intermediarios sociales; sino, por el contrario, que el ejercicio de los derechos sociales sea un aprendizaje solidario para proteger a los sectores menos favorecidos, sean o no asalariados". (Carmen Zuleta de Merchán, Derecho Constitucional y trabajo, Colección Doctrina Judicial N° 21, Tribunal Supremo de Justicia 2007).

En este sentido, observa con preocupación esta Sala la imposibilidad que tiene tanto el trabajador de poder reclamar lo que se le descontó y no se enteró por este concepto, con lo que se le limita indirectamente el acceso a una vivienda digna, por cuanto producto de la distorsionada aplicación de la prescripción tributaria, se encuentra en estado de insolvencia con el Fondo, requisito este indispensable para la solicitud de financiamientos con recursos provenientes del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.

Es pertinente señalar que la prescripción es una figurará que, aunque existiendo necesariamente en el ordenamiento jurídico, en realidad nunca debiera presentarse, ya que ello presupone, o bien la indolencia de quien debe cumplir con sus obligaciones de manera oportuna, o la indiferencia de las autoridades en hacer uso de sus facultades, lo cual evidenciaría una inadecuada administración; en todo caso, la prescripción no borra o desconoce la obligación, ni al derecho para pedir su cumplimiento, sino que crea una excepción a favor de aquel que tenía la obligación.

Por tanto, una interpretación conforme al principio de progresividad e irrenunciabilidad de los dèrechos de los trabajadores (artículo 89, numerales 1 y 2); y del principio de interpretación más favorable al trabajador (artículo 89, numeral 3), a la luz de la concepción del estado social de derecho y de justicia, en el que el interés superior es el del trabajador;, no puede llevarnos a otra conclusión que a declarar la imprescriptibilidad de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. A.sí se decide.

No pasa inadvertido para esta Sala que la interpretación hasta ahora hecha, podría hacerse para todo el sistema de recaudación fiscal, ya que con fundamento en el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley (artículo 133 de la Constitución), en ese ejercicio de solidaridad social que debe caracterizar este mecanismo, el Estado obtiene un conjunto de recursos que en definitiva deben ser gestionados en pro de la búsqueda de mayor felicidad y del buen vivir de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, quedará de parte del legislador establecer en qué casos las recaudaciones hechas en el marco del sistema de seguridad social tendrán o no el carácter de tributos a los efectos de que sea aplicable la normativa tributaria, ello con fundamento en el artículo 12 del Código Orgánico Tributario que señala que los tributos recaudados en el marco del sistema de seguridad social, se regirán por esta norma de carácter tributaria.

No quiere perder la oportunidad esta Sala para señalar a la luz de la presente situación, que la potestad fiscalizadora del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat es de vital importancia para garantizar el cumplimiento de una obligación de hacer por parte de las empleadoras y empleadores para con sus trabajadores y trabajadoras en el marco del sistema de seguridad social. También es de suma importancia, como corresponsables en el desarrollo nacional, que las empleadoras y empleadores tanto del sector público como del sector privado cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, ya que ello repercute en un bienestar social del que ellos mismos se verán beneficiados. En tal sentido, se exhorta a todas las partes que conforman el sistema de seguridad social a dar cumplimiento y a trabajar con mayores niveles de eficiencia y eficacia.

Dicho esto, con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala Constitucional declara .ha lugar la solicitud de revisión hecha de la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 1202 del 25 de noviembre del 2010 en los términos antes señalados.

Como consecuencia de ello se anula la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1202 del 25 de noviembre del 2010 y se ordena volver a decidir la pretensión de la parte actora tomando en consideración el criterio señalado por esta Sala Constitucional en la presente decisión.

Finalmente, sorprende a esta Sala Constitucional el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia respecto de los aportes hechos al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), ya que el mismo fue hecho sin tomar en consideración los principios fundamentales y los criterios de interpretación propios de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

V DECISIÓN Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), de la Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1202 del 25 de noviembre del 2010.

1.- Se ANULA la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1202 del 25 de noviembre del 2010.

2.- Se ORDENA reponer la causa al estado en que la Sala Político Administrativa vuelva a decidir la pretensión de la parte actora tomando en consideración el criterio señalado por esta Sala Constitucional en la presente decisión.

3.- Se ACUERDA el carácter extensivo de la presente decisión, a todas aquellas sentencias que versen sobre la misma materia y que hayan contrariado el criterio establecido por esta Sala Constitucional en cuanto a los Aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV).

4.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta la normativa que define al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, de acuerdo a los principios de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de interpretación más favorable al trabajador, y considera que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, no se adecuar al concepto de parafiscalidad y por tanto no se rigen bajo las normas del derecho tributario".

Publíquese y registrese y remítase a la Sala Polftico Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

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Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de Pou de 2011.dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

de la Sala, La Presig

ALES LAMUÑO ente El Vicepresidente, Pame FRANCISCO ANTONIO CARRRSQUERO LÓPEZ Los Magistrados,

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

GLADYS MARÍA GUTIERREZ ALVARADO

Secretario,

SÉ LEORDO REQUENA CABELLO

Exp. N ° AA50-T-2011-1279

El Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, si bien está conforme con el criterio de declarar ha lugar la solicitud de revisión en la sentencia que antecede y en consecuencia anular el fallo dictado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1202 del 25 de noviembre del 2010, presenta su voto concurrente visto el particular señalamiento que se hace en su dispositiva de "reponer la causa al estado en que la Sala Político Administrativa vuelva a decidir la pretensión de la parte actora tomado en consideración el criterio señalado por esta Sala Constitucional en la presente decisión".

Al respecto, si bien se comparten las consideraciones que se realizan en la sentencia, relativas a los derechos a la seguridad social, vivienda y trabajo, de las cuales podemos acertadamente concluir que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda no tienen naturaleza tributaria, no están sujetos al Código Orgánico Tributario y en consecuencia no pudiera aplicársele la prescripción dispuesta en ese texto normativo, no se comparte la orden de remisión o reenvío de la causa a la Sala Político Administrativa para que decida nuevamente la pretensión acogiéndose al criterio de esta Sala.

En este sentido, estima el concurrente que debió tomarse en consideración el principio de la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el cual la justicia debe administrarse de la forma más expedita posible, "sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".

Así, en el fallo del que se concurre la Sala dejó claramente establecida la naturaleza no tributaria de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, razón por la cual ha podido realizar un pronunciamiento de fondo;

ello resulta obvio para quien concurre, ya que la sentencia de la Sala Político Administrativa que se anuló, concluyó que operaba al caso de autos la prescripción prevista en el Código Orgánico Tributario.

En el caso de autos, no requiere la Sala Politico Administrativa hacer ningún pronunciamiento que amerite un estudio sobre circunstancias distintas a las señaladas por esta Sala en el fallo con el cual se concurre, es decir, su pronunciamiento consistirá simplemente en aplicar la doctrina de esta Sala y su conclusión no podrá ser otra que indicar que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda no podian prescribir por no seres aplicables las disposiciones del Código Orgánico Tributario.

. Llama particularmente la atención de quien concurre, que én un caso como el presente donde están involucradas razones de orden público relativas a derechos constitucionales como el trabajo, la seguridad social y la vivienda, la mayoría sentenciadora haya optado por un camino procesal que resulta mucho más largo y menos expedito -además de innecesario- al haber enviado la causa a la Sala Político Administrativa para que emita nuevo pronunciamiento.

De hecho, un retardo en la aplicación del criterio contenido en la sentencia con la cual se concurre, representa que los trabajadores no puedan solicitar financiamientos con recursos provenientes del Fondo de Ahorro Obligatorio de los recursos financieros necesarios para la adquisición de viviendas, circunstancia que -por demás- fue destacada por el referido fallo al indicar que "observa con preocupación esta Sala la imposibilidad que tiene tanto el trabajador de poder reclamar lo que se le descontó y no se enteró por este concepto, con lo que se le limita indirectamente el acceso a una vivienda digna, por cuanto producto de la distorsionada aplicación de la prescripción tributaria, se encuentra en estado de insolvencia con el Fondo, requisito este indispensable para la solicitud de financiamientos con recursos provenientes del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda".

Debe destacarse igualmente, otro elemento que juega en contra de una justicia expedita que tiene que ver con los retardos que se generarían como consecuencia de las inhibiciones de los Magistrados de la Sala Politico Administrativa, por cuanto al haber emitido opinión deberán apartarse de las causas y procederse a las convocatorias de ley. Asi, se someterá a los interesados a la espera adicional de que se resuelvan las inhibiciones, se efectúen las convocatorias y finalmente se pueda constituir la Sala Accidental correspondiente, que es quien podrá emitir pronunciamiento siguiendo la doctrina de esta Sala Constitucional.

Además, visto que se acordó la extensión de los efectos del fallo, ello puede suponer en consecuencia, que los justiciables deban acudir primero ante esta Sala Constitucional para lograr la referida extensión y luego acudir a la Sala Político Administrativa para que se dicte sentencia de fondo; todo ello -a criterio del concurrente- constituye un trámite que pudiera obviarse si esta Sala hubiese realizado un pronunciamiento sobre el fondo de la causa, sin tener que poner en juego el carácter expedito de la justicia.

Igualmente, entiende el concurrente que no son pocas las causas iguales a la presente que cursan ante la Sala Político Administrativa, por ello coca con politicas judiciales de economía y de eficiencia, el de encargar -o recargar- a la Sala Político Administrativa de un alto número de causas en las cuales no solo debe decir el fondo, sino que además debe seguir el a veces engorroso proceso de las inhibiciones, convocatorias y finalmente constitución de las Salas Accidentales.

Finalmente, si bien el criterio que utilizó la mayoría respondió a una de las solicitudes de la parte actora, no podía dejarse, como se hizo, sin

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resolución ni pronunciamiento alguno el fondo de la causa, asi como las distintas solicitudes formuladas por BANAVIH, respecto a la orden a los sujetos obligados a hacer el aporte al mencionado Fondo y la experticia contable para estimar los montos declarados en el fallo anulado prescritos, los cuales, conforme al criterio compartido, son imprescriptibles.

En efecto, estima quien suscribe que en la revisión solicitada sin señalar motivo de hecho y de derecho se dejó de resolver la petición formulada como

TERCERO que incluía no sólo la anulación de la decisión N° 01202 del 25 de noviembre de 2010, sino de "..las identificadas en este escrito, que contienen dicho criterio" (véase, folio 2 del escrito y su vuelto). Asi como también sin pronunciamiento o resolución quedó el petitorio QUINTO en el cual además de precisarse las sentencias que adolecen del mismo vicio que la impugnada, se solicitó se "ORDENE a todos los sujetos obligados a DEPOSITAR los aportes al mencionado Fondo conforme al procedimiento aplicable desarrollado en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.889 ambas del 31 de julio de 2008, y demás normativas de rango sublegal emanada del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat; que por ahora están determinados según las sentencias de la Sala Politico-Administrativa en ciento ochenta millones doscientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y dos con ochenta y siete céntimo de Bolivares (Bs. 180.248.152,87).."; e, igualmente, quedó sin resolución la experticia contable complementaria pedida por BANAVIH.

Queda asi expuesto el criterio de quien concurre respecto a lo expresado por la mayoría en el presente fallo. Fecha ut supra.

residenta la Sa

ALES LAMUÑO UIS El Vicepresidente, FRANCISCO ANTONIOCARRASQUERO LÓPEZ Los Magistrados, MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Concurrente

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Hfendae! JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER GLADYS MARÍA-GUTIÉRREZ ALVARADO El Secretario, →{ JO SÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Exp. 11-1279 Justicia, presenta su voto concurrente sobre la decisión tomada, por lo siguiente:

En la parte dispositiva de la sentencia suscrita por la mayoría, luego de anularse el fallo dictado por la Sala Politico-Administrativa, se ordena reponer la causa a! estado en que dicha Sala vuelva a decidir la pretensión de la parte presente decisión, siendo que dicho reenvio comporta una dilación inútil que atenta contra la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 constitucional y de lo dispuesto en el articulo 257 eiusdem.

Ello por cuanto dicha reposición evidentemente requiere la constitución de una Sala con distintos miembros a los que suscribieron el fallo anulado, siendo para quien suscribe- que planteado como fue un tema de alta trascendencia nacional por el carácter social que reviste al mismo, al examinarse lo relativo al carácter que verdaderamente tiene el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, y al establecerse en forma vinculante que los bajo las normas del derecho tributario", criterio con el cual sé está plenamente de acuerdo, debía esta Sala Constitucional resolver el asunto planteado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicando de inmediato el criterio al cual constitucionalmente da vida en la sentencia, y que respondió a una de las solicitudes de la parte actora, mas no dejar, como se hizo, sin resolución ni pronunciamiento alguno el fondo de la causa, asi como las distintas solicitudes formuladas por BANAVIH, respecto a la orden a los sujetos obligados a hacer el aporte al mencionado Fondo, y la experticia contable para estimar los montos declarados en el fallo anulado prescritos, los cuales, conforme al criterio compartido, son imprescriptibles.

En efecto, estima quien suscribe que en la revisión solicitada sin señalar motivo de hecho y de derecho se dejó de resolver la petición formulada como

TERCERO que incluía no sólo la anulación de la decisión N° 01202 del 25 de noviembre de 2010, sino de "..las identificadas en este escrito que contienen dicho criterio" (véase, folio 2 del escrito y su vuelto). Asi como también sin pronunciamiento o resolución quedó el petitorio QUINTO en el cual además de precisarse las sentencias que adolecen del mismo vicio que la impugnada, se solicitó se ªORDENE a todos los sujetos obligados a DEPOSITAR los aportes al mencionado Fondo conforme al procedimiento aplicable desarrollado en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat Gaceta Oficial rango sublegal emanada del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat; que por ahora están determinados según las sentencias de la Sala Poltico-Administrativa en ciento ochenta millones doscientos cuarenta y (Bs. 180.248.152,87).."; e, igualmente, quedó sin resolución la experticia contable complementaria pedida por BANAVIH.

También en el fallo se acordó, darle el carácter extensivo de la presente decisión sobre"...todas aquellas sentencias que versen sobre la misma materia y que hayan contrariado el criterio establecido por esta Sala Constitucional en cuanto a los Aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV)", dispositivo que no encuentra congruencia con la motiva de este fallo, pues en "PARALIZACIÓN de las causas en el estado o grado que se encuentren en los Tribunales de la República, con efecto progresivo para las que se admitan nuevamente...", formulada por la representación judicial del BANAVIH, para lo cual aportó como anexó "..Marcado con la letra "C", listado de 54 Sentencias emanadas de la Sala Polltico-Administrativa, relacionadas con el objeto de la Presente Solicitud de Revisión)".

Asi, en el criterio de quien suscribe, darle la solución efectiva e inmediata al caso, es lo que proceda, tal y como se ha hecho en otras causas donde se han anulado fallo y se ha decidido sin reenvio al estimar el mismo como una dilación inútil (vid. entre otros, sentencia N° 194 del 4 de marzo de 2011).

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En efecto, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

Artículo 35: Cuando se ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que que la Sala pondere que el reenvio pueda significar una dilación subsanarse con la solo decisión que sea dictada.

Por estos motivos, quien suscribe estima que en el asunto planteado, partiendo de una concepción. clara sobre lo que es el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y que finalidad tiene el mismo, debía darse de inmediato la aplicación de esa interpretación al caso planteado, siendo el reenvío a la Sala Político Administrativa innecesario, al contar, conforme lo señalado en los alegatos y fundamentos de la solicitud de revisión, así como en los Anexos (vid. Capitulo VI de la solicitud donde aparecen identificados ios elementos suficientes para dar la protección constitucional requerida; máxime cuando ello es lo que se corresponde con la deliberación del asunto efectuada el dia jueves 28 de noviembre de 2011.

En estos términos, queda expuesto el voto de quien suscribe.

En Caracas, a la fecha ut supra.

de laSa la,

altamuño

El Vicepresidente, Los Magistrados, A Marcos Tulio Dugarte Padrón GausduetGerel Carmen Zuleta de Merchán Arcadio Delgado Rosales Juan José Menceza Jover Secretario, gsé Lardo Requena Cabello Exp. N° 11-1279 Quien suscribe, Magistrada Gladys Maria Gutiérrez Alvarado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, presenta su voto concurrente sobre la decisión tomada por la mayoria de esta Sala, por el siguiente razonamiento:

La decisión de esta Sala Constitucional efectúa una interpretación de las normas que rigen los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda a la luz del derecho a la seguridad social establecido en el articulo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo a criterios progresistas de interpretación de los principios de intangibilidad, progresividad e irrenuncíabilidad de los derechos de los trabajadores, con fundamento en el Estado social de Derecho y de Justicia que propugna la Carta Magna; en virtud de ello revisó lo sostenido en este sentido por la Sala Politico Administrativa y estableció que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda de parafiscalidad y por tanto no se rigen bajo el sistema tributario y ostentan el carácter de imprescriptibilidad, interpretación ésta acertadamente realizada la cual comparte plenamente quien suscribe.

No obstante a ello, en la parte dispositiva de la sentencia, luego de anularse el fallo dictado por la Sala Politico Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, "..[sje ORDENA reponer la causa al estado en que la Sala Político Administrativa vuelva a decidir la pretensión de la parte actora tomando en consideración el criterio señalado por esta Sala Constitucional en la presente decisión." Sobre este particular, se considera que la Sala debió decidir sin reenvio, en protección de la tutela judicial efectiva prevista en el artícule 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de lo dispuesto en el artículo 257 eiusdem. (vid. entre otras, sentencia N° 194 del 04.03.2011).

La Sala destaca "..que la interpretación hecha por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, y bajo la cual se intentó adecuar los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda al sistema tributario, especificamente encuadrando dichos aportes en la concepcion de parafiscalidad: parte de una concepción que coca con principios fundamentales del Estado social que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que esta Sala Constitucional considera que debe revisar dicho criterio y establecer que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad.

e rigen bajo el sistema tributario. Asi se declara." Igualmente, efectuándose "...una interpretación conforme al principio de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores () y del principio de interpretación más favorable al trabajador (..) a la luz de la concepción del estado social de derecho y de justicia, en el que el interés superior es el del trabajador, (... [se] declara la imprescriptibilidad de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda." Por ellp, se considera que esta Sala Constitucional al ejercer su potestad de revisión conforme al articulo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debió aplicar de inmediato el criterio fijado de manera constitucionalizante, conforme a la solicitud formulada por Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), respecto a la arden a los sujetos obligados a hacer el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), y la experticia contable para estimar los montos declarados en el fallo anulado, los cuales, conforme al criterio que expuso de manera unánime la Sala, son imprescriptibles.

Tal potestad de conocer la causa debió ser ejercida conforme a las facultades que otorga a esta, Sala Constitucional el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que a tenor dispone:

"Artácillo 35: Cuando se ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmedistos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la solo decisión que sea dictada."

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Por estos motivos, quien suscribe estima que en el asunto planteado, partiendo de una concepción clara sobre lo que es el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y la finalidad que persigue, debía darse de inmediato la aplicación de esa interpretación al caso planteado, siendo el reenvio a la Sala Politico Administrativa innecesario, al contar, conforme lo señalado en los alegatos y fundamentos de la solicitud de revisión, asi como en los Anexos (vid.

Capítulo VI de la solicitud donde aparecen identificados los documentos aportados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) en apoyo a sus peticiones), de elementos suficientes para dar la protección constitucional requerida.

Por último, y conforme al carácter de imprescriptibilidad que fijó la Sala mediante doctrina vinculante, debió establecer los efectos “ex tunc" de la sentencia desde el 15 de diciembre de 1993, fecha en la .cual tuvo su origen el Ahorro Habitacional Obligatorio establecido en la derogada Ley de Politica Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de -la entonces República de Venezuela n.° 4.659 Extraordinario, de esa misma fecha.

Queda asi expresado el criterio de la Magistrada, quien presenta su voto concurrente.

En Caracas, a la fecha ut supra.

La Presidenta, LUISR ELLAORALES LAMUÑO Ponente El Vicepresidente,

FRANCISCO ANPONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados, MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN GauthelRFysh ar CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

GLADY8 MARIA GUTTERREZ ALVARADO VOTO CONCURRENTE

OSÉ LEQARDO REQUENA CABELLO 6414-11.

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA POLITICO - ADMINISTRATIVA Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS Exp. N° 2002-0375 Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 3 de mayo de 2002, los abogados Marianna HARI ALMEIDA, Henry TORREALBA LEDESMA y María Fernanda ZAJÍA (números 52.336, 11.568. y 32.501 del INPREABOGADO), actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA) (inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 24 de enero de 1992, bajo el N° 17, Tomo A, N° 132), interpusieron recurso de nulidad con medida cautelar innominada contra el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) (Instituto Autónomo creado por el Estatuto Orgánico para el Desarrollo de Guayana, dictado mediante Decreto Ejecutivo N° 430, de fecha 29 de diciembre de 1960, reformado por Decreto N° 676 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.574 Extraordinario de fecha 21 de junio de 1985), mediante el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

El 7 de mayo de 2002 se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministro de la Secretaría de la Presidencia solicitando la remisión del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 123 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante auto del 24 de mayo de 2002 se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.

En fecha 19 de junio de 2002 el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso, acordando la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República y Procuradora General de la República. Igualmente, ordenó librar el cartel al que se refiere el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el tercer (3º) día de despacho siguiente a que constar en en autos las notificaciones ordenadas. Asimismo, acordó notificar al ciudadano Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Finalmente, en lo que respecta a la medida cautelar innominada solicitada, dejó establecido que, en su oportunidad, ordinaria abrir el respectivo cuaderno separado.

Por escrito presentado el 25 de junio de 2002 ante el Juzgado de Sustanciación, el abogado Simón ARAQUE (INPREABOGADO bajo el N° 5.303), actuando con el carácter de apoderado de la Corporación Venezolana dei Guayána, solicitó la nulidad del auto de admisión de fecha 19 de junio de 2002 y, consecuentemente, la inadmisibilidad de la presente demanda, a la vez que apeló, del mencionado auto.

Mediante escrito presentado en fecha 10 de julio de 2002 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana ratificó los pedimentos formulados en su escrito de fecha 25 de junio de 2002.

El 16 de julio de 2002 las apoderadas de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A., presentaron escrito mediante el cual solicitaron se declarara improcedente lo exigido en fecha 25 de junio de 2002, por el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana.

Por auto dictado el 6 de agosto de 2002 el Juzgado de Sustanciación oyó en un solo efecto la apelación interpuesta.

En fecha 13 de agosto de 2002 el abogado Simón ARAQUE indicó las copias que debían acompañar el cuaderno separado abierto con motivo de la apelación interpuesta.

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Mediante escritos presentados en fechas 17 de septiembre y 1° de octubre de 202 las 'apoderadas de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) ampliaron su solicitud de medida cautelar innominada.

Por escrito de fecha 23 de octubre de 2002 el abogado Simón ARAQUE, apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), se opuso a la medida cautelar solicitada.

En diligencias del 13 de noviembre y 3 de diciembre de 2002, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la notificación de los ciudadanos Procuradora General de la República y Fiscal General de la República, respectivamente.

El 10 de diciembre de 2002 el Juzgado de Sustanciación libró cartel de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 12 de diciembre de 2002 el apoderado de la recurrente retiró el cartel de emplazamiento, el cual fue consignado el 17 de diciembre de 2002.

Mediante escrito presentado en fecha 21 de enero de 2003 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana se dio por citado, contradijo el recurso de nulidad, consignó anexos y opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, consistentes en la incompetencia de la Sala para conocer de la presente causa y de la inepta acumulación de acciones, respectivamente.

En. fecha 4 de febrero de 2003 los apoderados de ambas partes consignaron escritos de promoción de pruebas y anexos en la presente causa.

Por escritos presentados en fechas 11 y 12 de febrero de 2003, las apoderadas de la recurrente y el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana, respectivamente, formularon oposición a las pruebas promovidas.

El 19 de febrero de 2003 las abogadas Marianna HARI ALMEIDA y María Fernanda ZAJÍA, actuando como apoderadas judiciales de Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA), solicitaron que se declarase inadmisible por extemporáneo, el escrito de oposición a las pruebas presentado por el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana.

Por auto dictado en fecha 25 de febrero de 2003, el Juzgado de Sustanciación acordó abrir el cuadro de medidas y ordenó remitirlo a esta Sala a los fines de la decisión correspondiente.

En fechas.26 de febrero y 6 de marzo de 2003, el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana solicitó al Juzgado de Sustanciación pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas.

El 1-1 de marzo de 2003 el Juzgado de Sustanciación libró el oficio N° 0287, dirigido al Presidente y demás Magistrados de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, remitiendo el cuaderno de medidas.

Mediante autos de fecha 17 de junio de 2003 el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por las partes.

Por escrito presentado en fecha 25 de junio de 2003 el abogado Simón ARAQUE apeló del auto de 'admisión de pruebas de fecha 17 de junio de 2003; solicitud que fue declarada improcedente por el Juzgado de Sustanciación en fecha 1° de julio de 2003.

Por diligencia presentada ante el Juzgado de Sustanciación el 29 de julio de 2004, la abogada Marianna HARI ALMEIDA, actuando como representante judicial de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A..

desistió del procedimiento contencioso administrativo de nulidad.

El i0 de agosto.de 2004 el Juzgado de Sustanciación pasó el expediente a Sala a los fines de la homologación del desistimiento.

En fecha 17 de agosto de ese mismo año se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a los fines de decidir la homologación del desistimiento planteado.

Por diligencia de fecha 24 de agosto de 2004 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) se opuso al desistimiento del procedimiento presentado por la abogada Marianna HARI ALMEIDA, por considerar que Minera Las Cristinas C.A. pretende desistir del procedimiento en este juicio después de vencido el lapso probatorio; y, como quiera que el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil sólo autoriza el desistimiento del procedimiento cuando éste se proponga antes de la contestación de la demanda, salvo que el recurrente obtenga consentimiento de la parte contraria, es claro que tal solicitud -según expresó- no produce efecto jurídico alguno.

Mediante diligencia de fecha 9 de septiembre de 2004 el Magistrado caso de autos, por considerar que se encuentra incurso en la causal contenida en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

El 6 de octubre de 2004 la apoderada judicial de la recurrente ratificó el desistimiento del procedimiento presentado en fecha 29 de julio de 2004;

asimismo, expresó que no se requiere el consentimiento de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) para desistir del presente procedimiento, por cuanto el caso de autos no puede subsumirse en el supuesto al cual se refiere el articulo 265 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 17 de enero de 2005 se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, quedando integrada como sigue: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta:

Magistrada Yolanda' Jaimes Guerrero; Magistrados: Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa.

Por diligencia de fecha 29 de marzo de 2005 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) solicitó pronunciamiento sobre el desistimiento del procedimiento realizado por la representación de la recurrente.

El 28 de marzo de 2006 la apoderada de la recurrente solicitó la homologación del desistimiento formulado.

El 25 de mayo de 2006 el Magistrado Hadel Mostafá Paolini ratificó su voluntad de inhibirse en el presente asunto por considerar que se encuentra incurso en la causa contenida en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Por auto del' 6 de junio de 2006 se declaró procedente la inhibición planteada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se ordenó la convocatoria del respectivo suplente o con juez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable ratione temporis.

En esa misma fecha, por oficio N° 3173, la Presidenta de esta Sala Político-Administrativa convocó a la Conjueza María Luisa Acuña López, para constituir la Sala Accidental, quien aceptó.la convocatoria el 27 de junio de 2006.

En fechas 3 de agosto y 6 de noviembre de 2006, el abogado Simón ARAQUE solicitó la constitución de la Sala Accidental.

Por acta de fecha 29 de noviembre de 2006 se constituyó la Sala Politico-Administrativa Accidental de la siguiente manera: Presidenta:

Magistrada Evelyn Marrero. Ortíz; Vicepresidenta: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistradop: Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas;

Conjueza: María Luisa Acuña López. Se designó ponente a la Conjueza María Luisa Acuña López.

Mediante diligencias de fechas 2 de octubre de 2007 y 31 de enero de 2008 el apoderado judicial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) solicitó se dictara el pronunciamiento correspondiente a la homologación planteada. Asimismo, en fecha 24 de abril de 2008 la

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apoderada judicial de la recurrente solicitó la homologación del desistimiento formulado.

Por sentencia N° 00684 del 4 de junio de 2008 esta Sala negó la homologación del desistimiento del procedimiento, propuesto por Minera Las Cristinas, C.A., en virtud de que se requería del consentimiento de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.).

El 3 de marzo de 2009 se paso el expediente al Juzgado de Sustanciación; el siguiente día (4-03-2009), por encontrarse concluida la sustanciación, el referido Juzgado pasó el expediente a esta Sala donde se recibió el 6 del mismo mes y año.

Por auto del 10 de marzo de 2009 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas.

En fecha 17 de marzo de 2009 comenzó la relación, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se fijó el acto de informes para el décimo (10°) día de despacho, el cual fue diferido por auto del 15 de abril de 2009 para el 5 de noviembre del mismo mes y año.

Mediante escrito del 28 de octubre de 2009 el abogado Christian Michel COLSON (INPREABOGADO N° 98.556), actuando como sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, expuso que su representada "considera que en el asunto de fondo debatido en el presente proceso, se encuentran involucrados en forma directa los derechos e intereses patrimoniales de la, República, lo que hace necesaria su intervención" en el acto de informes fijado para el 5 de noviembre de 2009, porque "ejercerá la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, coadyuvando con la representación judicial de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), en las razones de derecho que sustentan la legalidad-del defensa del Estado Venezolano".

En la oportunidad fijada para que tuviese lugar el acto de informes -5 de noviembre de 2009-, comparecieron los abogados Iris RODRÍGUEZ de RODRÍGUEZ (INPREABOGADO N° 13.079), actuando como apoderada judicial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), Gustavo ÁLVAREZ ARIAS (INPREABOGADO N° 34.325) y Christian Michel COLSON en representación de la Procuraduría General de la República, La accionante no compareció al-acto.

El 13 de enero de 2010 terminó la relación y se dijo "VISTOS".

En fechas 7 de julio y 21 de septiembre de 2010, la representación judicial de la Procuraduría General de la República solicitó se dictase sentencia.

Por auto de fecha 14 de diciembre de 2010, se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de la Magistrada Trina Omaira Zurita, designada por la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, quedando conformada la Sala de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortiz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita. Igualmente se ordenó la continuación de la presente causa.

En fechas 1° de febrero y 1° de noviembre de 2011 la representación judicial de la Procuraduría General de la República solicitó se dictase sentencia.

I ANTECEDENTES Según consta en el Punto N° 001, Cuenta N° 037 del 15 de julio de 1991, presentado por el Ministro de Estado (Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana) al Presidente de la República, contentivo del asunto:

"FINALIZACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE CVG Y PLACER DOME INC. SOBRE EL PROYECTO AURÍFERO LAS CRISTINAS", en fecha 30 de noviembre de 1990 -por recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación designado por el Comité de Contratación de la Corporación Venezolara de Guayana (C.V.G.)- se "otorgó la buena pro a la empresa PLACER DOME INC." para la exploración, desarrollo y explotación de mineral. oro de alusión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

CONSEJO DE MINISTROS No. 154 DE FECHA 25 DE JULIO.DE 1991", dirigida: por el Presidente de la República de Venezuela, que quedó de Estado (Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana), como sigue: "Se solicita del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, la aprobación de la Constitución de las Empresas Mixtas 'Minera Las Cristinas, C:A. MINCA' y 'Relaves Mineros Las Cristinas, C.A.

REMINCA', para la exploración, desarrollo y explotación. del yacimiento aurífero Las Cristinas, cuyos accionistas son la Corporación Venezolana de Guayana y la Empresa Placer Dome Inc.".

En fecha 25 de julio de 1991 se celebró el "CONVENIO DE ACCIONISTAS" entre la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), representada por su Presidente el ciudadano Leopoldo SUCRE FIGARELLA (cédula de identidad- número 944.531) y la empresa PLACER DOME INC., representada por su Vice-Presidente Eliseo GONZÁLEZ-UNEN (pasaporte norteamericano número 070694687). En dicho acuerdo se dejó constancia de lo siguiente:

"(..) Por cuanto la CVG y PDI desean constituir dos (2) compañias mineras:

Una que inicialmente explorará y, si se establece que es (i) económicamente factible de acuerdo con este convenio, explotará oro en el área denominada Las Cristinas' 4, 5, 6 y 7, situada cerca del kilómetro. 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolivar.

Otra que evaluará y, si se establece que es económicamente (ii) factible de acuerdo con este convenio, procesará las colas existentes en Las Cristina 4 y 5.

Ahora, por lo tanto, en consideración a las premisas y a las condiciones y compromisos recíprocos que contiene este convenio, la CVG y PDI convienen en lo siguiente:

L. CONSTITUCIÓN DE COMPANÍAS Inmediatamente después del otorgamiento de este convenio, la CVG y siguientes compañias mineras:

A. Minera Las Cristinas, C.A. ('Minca") 1. Documento Constitutivo de Minca

Convenio.

2. Capital Social de Minca Minca-emitirá dos clases de acciones comunes: el 70% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase 'A' y serán suscritas en su totalidad por Placer Dome de Venezuela, C.A.

('Inversionista de PDI'); para lo cual PDI será solidaria de las obligaciones de su inversionista, y el 30% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase 'B' y serán suscritas en su totalidad por una subsidiaria propiedad de la CVG en un 100% ('Inversionista de la CVG'), para lo cual CVG será solidaria de las obligaciones de su inversionista. (...) I. CONTRATOS MINEROS Y PRIMER PROGRAMA DE EXPLORACIÓN A. Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación entre la CVG y Minca pura Explorar y Explotar Las Cristinas 4, 5, 6 y7 Inmediatamente después de que Minca haya sido constituida, la CVG celebrará con aquella, un Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación de Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, copia del cual se adjunta como anexo 'C' y forma parte integrante de este convenio. (...).

V. GENERAL (...)) B. Resolución de Controversias Las Accionistas, la CVG y PDI harán todo lo posible para resolver con prontitud y de buena fe cualquier controversia que se suscite con respecto a este Convenio Modificado o sus anexos. En el caso de que una controversia no pueda resolverse en forma amistosa, será resuelta en forma definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil venezolano, conducido de acuerdo con las Normas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris (las 'Normas de Arbitraje"). El procedimiento arbitral:

i) Tendrá lugar en la ciudad de Caracas o en aquel otro lugar dentro de la República de Venezuela que las partes convengan; y ii) Será conocido y decidido por tres (3) árbitros arbitradores, a menos aue las partes en la controversia convengan en designar un (1)

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solo árbitro arbitrador de acuerdo con las Normas de Arbitraje o con otro procedimiento convenido por ellas. Las partes en el arbitraje correrán con su costo, a partes iguales. No obstante, cada una de las pares será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán finales y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución.

C. Ley Aplicable Este convenio y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela.

D. Cesión Efecro Vinculante A menos que en este convenio se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme a este convenio, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito, el cual no será negado sin causas justificadas.

Este convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratante, de sus respectivos sucesores y de sus cesionarios permitidos. (...).

G. Acuerdo Total Este convenio con sus anexos constituye el acuerdo total entre las partes en lo que respecta a su objeto, y sustituye y deja sin efecto a todos los convenios y acuerdos previos entre las partes, tanto verbales como escritos, relacionados con dicho objeto. (...)".

(Subrayado del acuerdo) (resaltado de la Sala).

El 24 de enero de 1992 quedó constituida la compañía MINERA LAS CRISTINAS C.A. (inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz, bajo el N° 17, Tomo A- 132), "conforme a lo aprobado por el Presidente de la República de Venezuela en Consejo de Ministros, en Sesión de fecha 25 de julio de 1.991", cuyos accionistas son la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) y PLACER DOME DE VENEZUELA C.A.

En fecha 13 de marzo de 1992 se celebró contrato entre la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), representada por su Presidente y la empresa Minera Las Cristinas C.A., representada por su Director Principal, para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de alusión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 4 de marzo de 1992, bajo el número 66, Tomo 21, e inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolivar, bajo el N° 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992). En el mencionado contrato se establecieron -entre otras- las cláusulas siguientes:

"Novena La Empresa deberá asimismo presentar a la Corporación, en el curso de los meses de enero y julio de cada año, informes pormenorizados de ejecución de las actividades llevadas a cabo durante los respectivos semestres inmediatos anteriores, incluyendo producción de mineral, ventas en el pais y exportaciones del mismo, personal, inventario de equipos, maquinarias con sus marcas, seriales y fotocopias de facturas de compra y accesorios, y demás pormenores del trabajo realizado. Dicho informe deberá presentarse en original y diferentes a los que son objeto de este contrato, lo comunicará de inmediato a la Corporación, a todos los efectos consiguientes, sin que la empresa pueda disponer de dichos minerales en forma alguna.".

"Décima Séptima: Las obras permanentes ejecutadas por la Empresa, incluyendo instalaciones, accesorios, equipos y cualesquiera otros desarrollo y explotación, objeto de este contrato, pasarán en plena propiedad a la Corporación, libres de gravámenes y cargas, sin indemnización alguna, el extinguirse el presente contrato, cualquiera que sea la causa. En consecuencia, dichos bienes serán mantenidos y conservados por la Empresa en comprobadas condiciones de buen funcionamiento, según los adelantos y principios técnicos aplicables.

Alos efectos del cumplimiento de esta obligación la Empresa deberá informar a la Corporación de todos los bienes que adquiera con destino a la ejecución del presente contrato. La Corporación podrá utilizar a la Empresa, la realización de actos de disposición o desafectación sobre cualquiera de los bienes antes referidos, cuando considere que ellos han dejado de ser necesarios para la ejecución de los trabajos.".

"Décima Novena. La Empresa acepta expresamente que la contrato, pur un periodo de doce (12) meses y sin motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación, será causal de rescisión del contrato por parte de la Corporación".

"Vigésima Cuarta: Las partes harán sus mejores esfuerzos para facilitar el correcto desarrollo de este contrato en la forma más conveniente, evitando cualquier acto que pueda causar fracciones entre ellas o que, de cualquier otra manera, pueda ser obstáculo para llevar a cabo el correcto cumplimiento del objeto del presente contrato. En caso de que sobrevengan circunstancias imprevistas que esfuerzos pura encontrar las soluciones más convenientes. Ninguna de las paries será responsable de cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme a este contrato, cuando dicho cualquiera de las partes, sino que sea resultado de fuerza mayor, la cual consistirá en cualquier circunstancia más allá del control de cualquiera de las partes, que no haya podido ser razonablemente prevista y superada, y que pueda impedir o demorar excesivamente el cumplimiento de cualquier obligación establecida en el contrato.

Tales circunstancias incluyen, pero no está (sic) limitadas a los hechos de la naturaleza o actos administrativos o judiciales, emanados de cualquier autoridad pública legalmente competente en la materia correspondiente, y también guerras, hostilidades, sabotajes, incendios o huelgas. Cualquier causa de fuerza mayor debidamente comprobada dará lugar a la extensión de los plazos previstos en este contrato, por el mismo tiempo que dure el evento de fuerza mayor.".

"Vigésima Quinta: Si alguna de las partes dejare de insistir en una o en varias instancias en que se dé estricto cumplimiento a cualquiera de las obligaciones de este convenio o no hiciere uso de cualquiera de sus derechos conforme al mismo, ello no será considerado como una renuncia a cualquiera de dichas disposiciones o al ejercicio en el futuro de cualquiera de esos derechos, los cuales se mantendrán en plena fuerza y vigor. Si cualquiera de las disposiciones de este contrato resultare ser nula, inejecutable, o estar en conflicto con la afectadas por ello y serán válidas y ejecutadas en toda la extensión permitida por la ley, en el entendido, sin embargo, de que en el caso de que dicha nulidad o inejecutabilidad dane sustancialmente los derechos o-intereses de cualquiera de las partes, éstas renegociarán de buena fe este contrato para tratar de conservar su estabilidad.".

"Vigésima Sexta. Las partes harán todo lo posible por resolver, con prontitud y de buena fe, cualquier controversia que se suscite con respecto a este contrato o a sus anexos. En el caso de que las partes en una controversia no puedan resolver la en forma amistosa, dicha controversia será resuelta definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil Venezolano, conducido de acuerdo con las normas de arbitraje de la de Caracas o en aquel otro lugar dentro de la República de Venezuela, que las partes convengan; (II) será conocido y decidido por tres (3) árbitros arbitradores a menos que las partes en la controversia convengan en designar un (I) sólo árbitro arbitrador de acuerdo con las normas de arbitraje o con otro procedimiento convenido por ellas. Las partes en el arbitraje correrán con su costo a pares iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán finales y. si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución".

terminar este contrato después de transcurridos noventa (90) días continuos a partir de la fecha en que notifique por escrito a la otra, atribuyéndole en forma razonada, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato, siempre que dentro de dicho plazo no se hubiere subsanado el incumplimiento. Si la parte que invoque el incumplimiento considera que el mismo pueda ser subsanado antes de los mencionados noventa (90) dias, deberá indicar expresamente a la otra en el escrito de notificación, el plazo en que se deba corregir el incumplimiento, con señalamiento de las motivaciones que fundamenten ese plazo. Si el incumplimiento se susana en un lapso mayor del razonablemente señalado por la parte agraviada, o del lapso aceptado por esta a proposición de ia otra parte, siempre que no excederá el límite máximo de noventa (90) dias, la parte que hubiere incumplido pagará a la otra los correspondientes daños y perjuicios ocasionados por el retardo".

"Vigésima (ctava: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie. la aprobación previa, dada por escrito, por la otra parte".

"Trigésima: Este contrato y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela".

El 31 de julio de 1997 las partes suscribieron una reforma del "CONVENIO DE ACCIONISTAS", denominado ahora "CONVENIO DE ACCIONISTAS MODIFICADO entre CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PLACER DOME, INC. y PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.", dejando constancia de lo siguiente:

"(.) Por cuanto CVG y PDI [Placer Dome Inc.] celebraron el Convenio. (...

Por cuanto después que MINCA concluyó satisfactoriamente los programas exploratorios de Las Cristinas, el Iro. De agosto de 1996, conforme al Contrato MINCA, CVG y PDVEN [Placer Dome de Venezuela C.A.]., en su carácter de únicos accionistas de MINCA, resolvieron aprobar el inicio de la etapa de construcción y exploración del Proyecto con base al Estudio de Factibilidad.

Por cuanto PDVEN y CVG acordaron iniciar la construcción del Proyecto tan pronto como las partes hubieren modificado el Convenio, el documento constitutivo de MINCA, a fin de reflejar los acuerdos de las partes con respecto a la etapa de construcción y explotación del Proyecto.

Ahora, por lo tanto, en consideración a las premisas precedentes y a los compromisos recíprocos contenidos en este Convenio Modificado, CVG. PDI Y PDVEN en su carácter de Inversionista de PDI, convienen en lo siguiente:

(..)

ARTICULO III ASPECTOS ADICIONALES Sección 3.07. Opción de CVG: CVG tendrá la opción de adquirir la totalidad o una parte de las acciones clase D propiedad de PDVEN durante el período señalado en el literal (e) de la presente sección.

Dicha opción estará sujeta a las siguientes condiciones:

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(..) e) La opción vencer irrevocablemente a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de conclusión de la construcción del Proyecto (este periodo de seis (6) meses consiste en dos (2) meses del período de pruebas ('commisioning") más cuatro (4) meses). PDTS [Placer Dome Technical Services Ltd.] establecerá de común acuerdo con el Gerente General de MINCA el comienzo del periodo de pruebas ('commisioning") y MINCA notificará a CVG y a PDVEN que el período de seis (6) meses antes referido ha comenzado.

(...)

ARTICULO VIII RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Sección 8.01. Arbitraje: CVG y PDVEN harán todo lo posible para resolver con prontitud y de buena fe cualquier controversia que se suscite con respecto a este Convenio Modificado o sus anexos. En el caso de que una controversia no pueda resolverse en forma amistosa, será resuelta en forma definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil venezolano, conducido de acuerdo con las Normas de Arbitraje. El procedimiento arbitral:

a) Tendrá lugar en la ciudad de Caracas, Venezuela, y b) Será conocido y decidido por tres (3) árbitros de derecho. Las partes en el.arbitraje correrán con su costo, a partes iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán inapelables e inimpugnables y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución.

ARTICULO IX LEY APLICABLE Sección 9.01. Ley Aplicable: Este Convenio Modificado y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTICULO X CESIÓN, EFECTO VINCULANTE Sección 10.01. Cesión del Convenio Modificado: Salvo que en este Convenio Modificado se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme al mismo, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito. Este convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratantes, y de sus cesionarios permitidos.

(.…..

ARTICULO XIII ACUERDO TOTAL Sección 13.01. Acuerdo Total. Sustitución: Este Convenio Modificado constituye el acuerdo total de las partes en lo que respecta a su objeto y reemplazca, sustituye y deja sin efecto al Convenio y a cualquier otro acuerdo verbal o escrito entre las partes sobre dicho objeto. Los anexos I (Mapa). II (Programa de Exploración) y III (Regalía) del Convenio constituyen anexos de este Convenio Modificado, al igual que el anexo A (Documento Constitutivo de MINCA) de este documento. ..)". (Subrayado del convenio) (Resaltado y agregados de esta Sala).

De acuerdo al "Convenio de Accionistas Modificado", se aprobó la reforma del contrato para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de alusión y de veta en·el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao del Estado Miranda el 7 de abril de 1999, bajo el N° 11, Tomo 34 de los libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, y registrado el 15 del mismo y año, ante la Oficira Subalterna del Municipio Antonio Roscio, Guasipati Estado Bolivar, bajo el N° 22, Tomo I, Protocolo Primero), en los términos siguientes:

"POR CUANTO MINCA y CVG celebraron el día 4 de marzo de 1992 el Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación en Las Cristinas 4. 3, 6, y 7 (en lo sucesivo el 'CONTRATO") (...) POR CUANTO, CVG y Placer Dome de Venezuela, C.A., en su carácter de únicas accionistas de MINCA, han acordado modificar (i) la cláusula DECIMA SÉPTIMA del CONTRATO, según se evidencia en la resolución adoptada a tal efecto por la Junta Directiva de MINCA en su sesión de fecha 16 de diciembre de 1998, asi como (i) el Anexo III del CONTRATO, tal como se evidencia en el acta de la Asamblea General Extraordinaria de MINCA de fecha 1° de agosto de 1996, asi como en el Anexo 'Propuesta de Placer Dome" de igual fecha, habiendo quedado registrados tanto dicha acta como tal anexo en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz el dia 4 de septiembre de 1996, bajo el N° 1, Tomo C-Nro. 18, (...)".

Según consta en "Acta de la reunión de Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A. celebrada el 15 de julio de 1999", se acordó:

"En Caracas, el dia 15 de julio de 1999 ..) estuvo presente el Direcior Principal Sr. Jacinto Anez y los siguientes Directores Suplentes. Carl Gagnier, Eugenio Hernández-Bretón y José Antonio Pinedo. constituyendo así el quórum legal y estatutario. Seguidamente se dio lectura al siguiente orden del dia según la Convocatoria enviada a los Directores. PRIMERO: Considerar y resolver sobre la suspensión del Proyecto Las Cristinas. (..) De inmediato se puso en consideración el punto PRIMERO del orden del dia y después de moción debidamente hecha y aprobada, con los moros favorables de los Directores designados por la accionista Placer Dome de Venezuela, C.A. la Junta adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Suspender el Proyecto Las Cristinas según lo establecido, en Sección 2.02, letra f del Convenio de Accionistas Modificado celebrado el 31 de julio de 1997 entre Corporación Venezolana de Guayana, Placer Dome Inc. y Placer Dome de Venezuela. C.A.: y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañia. A continuación el Director Jacinto ARez, designado por la accionista Corporación Venezolana de Guayana (CVG), dejó constancia de su voto en contra en los siguientes términos: La CVG ratifica su posición de no estar de acuerdo con la propuesta de suspensión del Proyecto Las Cristinas, por considerar que la información suministrada por la compañía a la Junta Directiva no es suficiente a los fines de tomar tal decisión. Por ejemplo, desconocemos las implicaciones a las que estaría sometida la compañía en relación a los documentos financieros firmados y en los cuales la CVG también fue signatario en varios de ellos siendo corresponsable de las obligaciones adquiridas. ¿Cómo la relación contractual establecida en el contrato de trabajo, los Contratos de Electricidad suscritos con Edelca, Concesiones de Cobre, etc? El Director Añez sugirió integrar de PDI, Minca y CVG para evaluar los motivos de la suspensión del financiamiento y por, consiguiente la construcción del Proyecto. El Director de la CVG resaltó que la posición de la CVG obedece a un lineamiento de agotar el máximo todos los escenarios y alternativas posibles que permitan evaluar los criterios orientados a concluir las metas establecidas. ..)". (Folios 119 al 121, Pieza N° 1 del expediente judicial) (Subrayado del acta) (Resaltado de la Sala).

Posteriormente, en reunión celebrada el 8 de agosto de 2000, entre los representantes legales de la Corporación Venezolana de Guayana, Placer Dome Inc. y Placer Dome de Venezuela, C.A. y el Presidente de Minera Las Cristinas, C.A., se acordó lo siguiente:

"Antonio López Reina, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Puerto Ordaz, titular de la cédula de identidad N° 2978586, procediendo en este acto en su condición de representante legal de la Corporación Venezolana de Guayana (..); William M. Hayes de nacionalidad estadounidense, mayor de edad,, domiciliado en Santiago de Chile, titular del pasaporte Z7500869, en su condición de representante legal de Placer Dome, Inc. ('PDI'). (..) y de Placer Dome de Venezuela, C.A. ('PDV'), (..). y José Antonio Pinedo, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, titular de la cédula de identidad n° 6900667, en su condición de Presidente de Minera Las Cristinas, C.A. ('MINCA') (..), todas en conjunto denominadas las Partes", han acordado celebrar, como en efecto celebran en este acto, el presente convenio, el cual se regirá de acuerdo a las siguientes disposiciones: (..).

PRIMERO: Se prorroga la suspensión de la ejecución del Contrato 2000 la ·Prórroga'). La duración de la Prórroga podrá ser renovada por el periodo que se estime conveniente mediante acuerdo escrito entre las Paries, otorgado antes de la finalización de la Prórroga.

(...).

QUINTO: En caso de que un tercero manifieste su interés de participar en MINCA y/o en el Proyecto mediante la presentación de una carta de intención o cualquier otro documento de similar naturaleza que cumpla con las condiciones establecidas por el Banco de Inversión de acuerdo con las pautas y parámetros que le hayan sido fijados por las Partes, en tal caso, las Partes deberán emplear sus mejores esfuerzos para favorecer la incorporación de dicho tercero al Proyecto.

A tales efectos, las partes, con el concurso del Banco de Inversión, deberán celebrar un acuerdo en el que se establezcan los mecanismos para estudiar, evaluar y facilitar la participación del tercero interesado y, eventualmente, facilitar su incorporación, y para determinar un programa de trabajo para lograr tales resultados, todo ello dentro de los plazos más expeditos posibles, los cuales acordarán con la recomendación del Banco de Inversión.

Dentro del proceso. de selección de un nuevo socio, PDI y PDV mantienen el derecho de reactivar a través de MINCA las actividades de construcción del Proyecto en todo momento, en el entendido de que si su decisión de reactivar el-Proyecto ocurre después de que se haya recibido una oferta firme de algún tercero. PDI y PDV, si desean proceder a tal reactivación, deberán iguala las condiciones de dicha oferta que excedan a aquéllas existentes en el Contrato.".

(Folio 122, Pieza N° 1 del expediénte judicial).

Mediante comunicación número PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001 -recibida el 7 del mismo mes y año- la C.V.G. notificó a MINCA que había detectado incumplimientos contractuales, concediéndole el plazo de noventa (90) dias continuos para subsanar los, según lo previsto en la cláusula Vigesimoséptima del contrato minero. El mencionado oficio expresó lo siguiente:

"..) Me dirijo a Uds., en mi condición de Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y suficientemente autorizado mediante Resolución del Directorio de fecha 06-08-2001, a fin de hacer de su conocimiento, que en revisión efectuada al contrato suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana, en lo sucesivo CVG y. la empresa Minera Las Cristinas, C.A., en lo sucesivo MINCA, para la exploración y subsiguiente explotación de mineral oro, de alusión y de veta en las áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7. de fecha 01-02-1992, se han detectado los siguientes incumplimientos contractuales:

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Cláusula Novena: La empresa MINCA no cumplió con la obligación de presentar a la CVG, durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato.

• Cláusula Décima Novena: La empresa MINCA incurrió en el supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001.

Asimismo, se evidencia de las comunicaciones recibidas en esta Corporación Venezoldna de Guayana, de fechas 13-07-2001. N° WMH-C-072/2001; del 16-07-2001, N° WMH-C-469/2001 y del 25- 07-2001, N° WMH-C-073/2001, de la empresa Placer Dome, a través de su representante Sr. Williams M. Hayes, la transacción efectuada con la empresa Vanesa Ventures Lid. a través de su subsidiaria IHC Corp. de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Quinta (sic) del antes referido contrato, que la obligan a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia, dado el alcance que dicha transferencia opera sobre MINCA, circunstancia que fue confirmada por los representantes de Placer Dome en reunión de fecha 20-07-2001, realizada en la Presidencia de la CVG.

La descrita conducta ha generado fracciones entre las partes asociadas en la empresa MINCA, en contravención a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta del mencionado contrato, asi como el derecho que le asiste a la CVG de adquirir las acciones Clase D en MINCA, hasta transcurridos seis (6) meses luego de ejecutado el Proyecto objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la Sección 3.07 del Articulo III y de aprobar la incorporación de nuevos socios, de acuerdo a la Sección 10.1 del Artículo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997 y articulo 5 del Acuerdo de Prórroga de fecha 08-08-2000.

En relación a lo expuesto y, dada la actitud asumida por Placer Dome, socio de CVG en MINCA, se determina la existencia de incumplimiento contractuales y, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta del contrato al cual se contrae la presente comunicación, se le notifica que MINCA dispone del lapso de noventa (90) dias continuos, contados a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, a los fines de subsanar dichos incumplimientos o llegar a un acuerdo con la CVG, de lo contrario se procederá a la rescisión del Contrato para la Exploración y Subsiguiente Explotación de Mineral Oro, Aluvión y de Veta en las Áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, de fecha 01-02-1992.". (Resaltado del oficio) (Ver folios 125 y 126, Pieza N° 1 del expediente judicial).

En fecha 23, de agosto de 2001 la recurrente dio respuesta a la advertencia que le hizo la CVG, en los términos siguientes:

"Estando en la oportunidad legal establecida en el Contrato, mediante el presente escrito procedemos a dar respuesta a los señalamientos contenidos en la comunicación N° 471-01 mencionada:

(1) Como primer punto señalado en la comunicación objeto de este escrito se alega el incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Novena del Contrato: por cuanta sostiene que MINCA durante los últimos dos (2) años ha incumplido con su obligación de presentar a CVG los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo en las áreas del Contrato.

Al respecto señalamos, que los informes a que se refiere la Cláusula Novena del Contrato, tal y como es del conocimiento de CVG y como se evidencia del Convenio de Prórroga celebrado el 8 de agosto de 2000 no han sido presentados por cuanto el Contrato ha estado suspendido por dicho lapso.

Como es sabido, la suspensión de las actividades bajo el Contrato tiene como consecuencia la suspensión de sus efectos y obligaciones, por lo que, la obligación de presentación de informes pormenorizados, los cuales se refieren y son consecuencia directa de las actividades que se desarrollen, se encontraba al igual que su causa, suspendidos. Esto, porque no pueden producirse reportes sobre actividades que, por razón de la suspensión acordada, no ocurrieron.

(2) El segundo incumplimiento señalado en la comunicación es el supuesto contenido en la Cláusula Décima Novena del Contrato. Al respecto señala el comunicado que MINCA se encuentra desde el 15 de julio de 2001 en el supuesto contemplado en la Cláusula citada, por cuanto vencieron las prórrogas concedidas.

(.….) La prórroga: concedida venció el pasado 15 de julio de 2001, por lo que a la fecha de la emisión de la comunicación objeto de este escrito solo ha transcurrido un (1) mes a partir de dicho vencimiento. Tal como dispone la mencionada cláusula, tal supuesto solo aplica luego de transcurridos doce (12) meses continuos a partir del 15 de julio de 2001, es decir hasta el 15 de julio de 2002, será que efectivamente haya incurrido en el supuesto citado, dando derecho a la Corporación a rescindir el Contrato.

(.….) (3) Como punto adicional, la comunicación hace referencia a las cartas remitidas por Placer Dome de Venezuela, sosteniendo que las mismas contravienen la cláusula Vigésima Quinta del Contrato.

El efecto transcribimos parcialmente el contenido de la comunicación a tales efecios:

..Asimismo, se evidencia de las comunicaciones recibidas en esta Corporación Venezolana de Guayana, de fechas 13-07- 2001. N° WMH-C-072/2001; del 16-07-2001. N° WMH-C- 469/2001 y del 25-07-2001, N° WMH-C-073/2001, de la empresa Placer Dome, a través de su representante Sr.

Williams M. Hayes, la transacción efectuada con la empresa Vanesa Vantures Lid., a través de su subsidiaria IHC Corp. de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Ouinta del antes referido contrato, que la obligan a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia,...' (Subrayado mío) En cuanto a lo señalado en la comunicación parcialmente transcrita, es importante aclarar que MINCA es una sociedad independiente y con personalidad jurídica propia distinta a la de sus accionistas, y en tal sentido no puede pronunciarse sobre las comunicaciones que tengan o se intercambien sus accionistas.

Como bien lo establece la comunicación, el Contrato fue suscrito entre CVG y Minera Las Cristinas 'MINCA', por lo que su contenido y alcance solo le son aplicables a las partes contratantes y es solamente a éstas a quienes obligan, no siendo una de ellas Placer Dome de Venezuela.

Por otra parte, es de mencionar qué la cláusula transcrita que contiene el dispositivo aludido es la Cláusula Vigésima Octava y no la ya mencionada.

'VIGÉSIMA OCTAVA: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito de la otra parte'.

El supuesto contenido en la cláusula transcrita [Vigésima Octava] se refiere al escenario en que alguna de las partes, entiéndase CVG o MINCA, cediere sus derechos bajo el contrato a un tercero sin la autorización de la otra parte. A este respecto, MINCA no ha cedido y de ninguna forma hd comprometido los derechos y obligaciones adquiridos bajo el contrato, y por el contrario reconoce y ratifica su compromiso para el cumplimiento de las mismas.

(...) Del análisis de las cláusulas Novena, Décima Novena, Vigésima Quinta (Vigésima Octava como séñaláramos) y Vigésima Cuarta del Contrato, fundamentos de la comunicación objeto de este escrito, y las razones aquí expuestas sobre los señalamientos relativos a cada una de tales cláusulas, se evidencia que hasta la fecha MINCA no ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y en consecuencia salvo las aclaratorias aquí contenidas nada tiene que subsanar en relación con las mismas.

Con relación a las menciones relativas a la Sección 3.07 del Artículo III y la Sección 10.I del Articulo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997, contenidos en la comunicación a que se refiere este escrito, por cuanto MINCA no es parte contratante de tal acuerdo, mal podría incurrir en incumplimiento y estar obligada a subsanar hechos que no son de su responsabilidad y que no han sido ejecutados por ella." (Folios 127 al 130, Pieza N° 1 del expediente judicial) (subrayado del texto) (resaltado de la Sala).

II ACTO IMPUGNADO

Mediante oficio N° PRE-678-01 emitido en fecha 6 de noviembre de 2001, la Presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) comunicó a la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. (MINCA) su decisión de extinguir el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre las partes, fundamentándose en lo siguiente:

"(..) 1°) Por cuanto la C.V.G., celebró con Minera Las Cristinas, C.A. en lo adelante MINCA, un Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, en lo sucesivo el Contrato de Trabajo, el cual fue autenticado en la Notaria Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolivar, el 4 de marzo de 1.992, bajo el número 66, Tomo 21, e inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolivar, bajo el N° 71. folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992, debidamente facultada para otorgar dicho contrato según consta de asignación contenida en el Decreto 1.409, de fecha 29 de diciembre de 1990, vigente para esa época.

2°) Por cuanto MINCA, en su carácter de titular del Contrato de Trabajo, quedó obligada al exacto cumplimiento de lo previsto en la Ley de Minas, su Reglamento y demás Decretos y Resoluciones aplicables a los contratos de trabajo celebrados por la C.V.G.

durante la vigencia de los Decretos N° 1.409, de 29 de diciembre de 1990 y N° 3.281 del 9 de diciembre de 1993, y en el propio Contrato de Trabajo: y que las obligaciones contenidas en el Contrato de Trabajo son adicionales y complementarias y en ningún caso sustitutivas de las obligaciones contenidas en la Ley de Minas y su Reglamento, toda vez que el exacto cumplimiento de dicha normativa no puede ser relajado mediante acuerdos o convenios, por constituir normas de orden público, vale decir, articuladas a la tutela y conservación de intereses que trascienden la esfera jurídica particular de la relación jurídica concreta.

3°) Por cuanto, mediante el Decreto 1.384, de 26 de junio de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.000, de fecha 15 de julio de 1996, el Ejecutivo Nacional derogó el regimen de asignaciones o delegaciones a la CVG en materia minera, contenido inicialmente en el Decrêto 1.409, posteriormente sustituido por el Decreto 3.281, autorizando al Ministerio de Energía y Minas el ejercicio de atribuciones de fiscalización y control sobre los contratos de trabajo otorgados por CVG, con el compromiso de ésta de vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de los contratos, y' en caso de incumplimiento notificarlo de inmediato al Ministerio de Energía y Minas;

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4° Por cuanto, en acatamiento a lo previsto en la Cláusula Vigésima Séplima del Contrato de Trabajo, la CVG notificó a MINCA, mediante comunicación número PRE-471-01, de 6 de agosto de 2001.

incumplimientos contractuales y le concedió el plazo contractual de 90 dias continuos para subsanar los, cuyos incumplimientos son los siguientes.

Cláusula Novena: La empresa MINCA no cumplió con la obligación de presentar a la CVG, durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las-actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato'.

Cláusula Décima Novena: La empresa MINCA incurrió en el supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001'.

...la transacción efectuada con la empresa Vanesa Ventures Lid., a través de la subsidiaria IHC Copr., de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la autorización escrita para dicha transferencia, dado el alcance que dicha transferencia opera sobre MINCA...

..se determina la existencia de incumplimientos contractuales y, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta del contrato al cual se contrae la presente comunicación, se le notifica a MINCA que dispone del lapso de noventa (90) dias continuos, contados a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, a los fines de subsanar dichos incumplimientos...

5° Por cuanto, mediante comunicación número MINCA/2001-059, de enviada por CVG el 6 de agosto de 2001 (...).

6° Por cuanto la suspensión de la ejecución del proyecto, asi como la paralización prevista en la Cláusula Décima Novena, la cual se refiere expresa y exclusivamente a la paralización de los trabajos de exploración por un periodo de doce meses sin motivo debidamente justificado y aceptado por CVG, no puede ser interpretada extensivamente por MINCA pretendiendo su aplicación a la suspensión del cumplimiento de las restantes obligaciones contenidas en la Ley de Minas, su Reglamento y en el propio Contrato de Trabajo, dentro de las cuales se incluye la obligación de presentar informes pormenorizados de las actividades llevadas a cabo en el semestre anterior contenida en la Cláusula Novena del Contrato de Trabajo, sin que los mismos se encuentren limitados o de alguna manera condicionados a que haya una real actividad en la realización de trabajos de explotación o de ejecución del proyecto, ya actividades de exploración, mantenimiento, construcción, programas sociales, eic. por lo que la falta de presentación oportuna de los informes pormenorizados a que se refiere la citada Cláusula Novena representa un incumplimiento de MINCA de las obligaciones asumidas en el Contrato de Trabajo.

7°) Por cuanto la suspensión de actividades por parte de MINCA más allá de la prórroga acordada por las partes, que venció el 15 de julio de 2.001, representa un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato de Trabajo.

8°) Por cuanto el único proyecto minero por el que MINCA está facultada y obligada a desarrollar es aquel debidamente aprobado por las autoridades correspondientes, contenido en el Estudio de Factibilidad Técnico-Económico y su modificación, por lo que MINCA no podia imponerle unilateralmente a la CVG 'el plan de financiamiento adjunto' a la comunicación del 16 de julio de 2001 a la que alude en su comunicación de fecha 23 de agosto de 2001.

Además, no consta que-MINCA hubiese presentado ante CVG ni ante el Ministerio de Energia y Minas, la solicitud de modificación del referido proyecto ni de los recaudos requeridos, por lo que MINCA no podía alegar la notificación de inicio de trabajos no autorizados como justificación para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Trabajo.

9°) Pon cuanto que el plazo de 90 dias continuos transcurrió integramente sin que subsanar a los incumplimientos señalados por CVG, MINCA ha incurrido en causal de rescisión del Contrato de Trabajo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Trabajo.

10) Por cuanto de conformidad con lo previsto en la Ley de Minas y en el Decreto 1.384, del 26 de junio de 1996, CVG notificará de inmediato al Ministerio de Energía y Minas el incumplimiento de las obligaciones asumidas por MINCA en el Contrato de Trabajo, por tener atribuciones de control y fiscalización sobre los contratos otorgados por la CVG y sobre las actividades mineras en la República Bolivariana de Venezuela.

11) Por cuanto de la secuencia de los hechos señalados precedentemente, se demuestra que la CVG en el presente caso ha previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el articulo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y las Cláusulas del Contrato de Trabajo, ya identificadas; y que, asimismo. la interesada MINCA tuvo la oportunidad en el plazo de noventa (90) dias previsto en dicho contrato, para alegar sus razones y exponer sus pruebas, es decir, para ejercer el derecho a la defensa garantizado en el ordinal 1° del antes mencionado articulo 49 constitucional. y transcurrido dicho plazo sin que MINCA hubiese subsanado los apuntados incumplimientos que le fueron notificados, RESUELVE:

1" Se declara rescindido o extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre CVG y MINCA, protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distritò Roscio del Estado Bolivar, bajo el N° 71, folios vto. 34 al .4!. Prosocolo Primero Adicional. de fecha 19 de marzo de 1992, dado suficientemente probado en la parte motiva de la presente decisión.

2°) En virtud de la presente extinción MINCA deberá devolver a la CVG las minas, las obras permanentes ejecutadas por la empresa y todos los bienes afectados a la exploración, la explotación y desarrollo de dichas minas, incluso instalaciones, accesorios, equipos y cualesquiera otros bienes, conforme lo previsto en la Cláusula Décima Séptima del Contrato de Trabajo, modificada según la Cláusula Primera del Convenio de Modificación del Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación en las Cristinas 4. 5, 6 y 7, inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Protocolo Primero, de fecha 15 de abril de 1999, que contempla la reversión, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del mencionado, ul supra, Decreto 1.384, para cuyo propósito se le concede a MINCA el plazo de siete (7) días continuos, contados a partir de la notificación de la presente decisión. (..)". (Destacado del oficio).

III FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) fundamentaron el recurso en los siguientes términos:

Como punto previo -refiriéndose a "la clasificación y naturaleza del acto de terminación anticipada del contrato"-, plantearon que la decisión tomada por CVG "no constituye un acto administrativo porque en este caso no ha sido dictada en ejercicio del ius imperium de la Administración".

Que dicha Corporación "actuó en el ámbito del contrato, como una de sus partes, invocando cláusulas que supuestamente le conceden esa facultad, por lo que la decisión unilateral de terminación del Contrato Minero contenida en el Oficio, lejos de tener la naturaleza de un acto administrativo, tiene naturaleza contractual....

FUNDAMENTOS DE HECHO.

Que en 1990 PLACER DOME INC fue invitado por el Gobierno de Venezuela, a través de la CVG a participar en la licitación internacional que adjudicaria los derechos de exploración y explotación de mineral de oro de alusión y veta en Las Cristinas. Concluido el proceso, la CVG adjudicó la buena pro de la licitación a PLACER DOME INC y comenzó el período de negociaciones de los documentos contractuales entre ambas entidades, el cual concluyó con la firma de un acuerdo de accionistas (anexando el proyecto de documento constitutivo de MINCA y el de exploración y explotación de Las Cristinas en el Consejo de Ministros, con presencia del Presidente de la República, que se celebró el 25 de julio de 1991".

Que durante el período entre la firma del convenio de accionistas (25 de julio de 1991) y la firma del contrato minero (19 de marzo de 1992), fue constituida PLACER DOME DE VENEZUELA C.A.

Que MINCA es una empresa constituida en enero de 1992, cuyos accionistas son "VANNESSA DE VENEZUELA, C.A. (en lo adelante 'VANNESSA') antes denominada PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y la CVG (.)..

7.9 Que el 25 de julio de 2001 "PLACER B-V, único accionista de VANNESSA (..), cedió la mayoría de sus acciones a IHC CORP., empresa propiedad en su totalidad de VANNESSA HOLDINGS CORPORATION (...)".

Que conforme a "lo acordado por CVG y MINCA en el Contrato Minero, la actividad de exploración de Las Cristinas se ejecutará en una primera fase y la de explotación en una segunda fase dividida en una etapa de construcción y operación".

Que habiendo obtenido "todos los permisos para la exploración del mineral de oro, MINCA inició en 1993 las operaciones de exploración en las áreas, las cuales concluyeron en junio de 1996 con la elaboración y presentación del Estudio de Factibilidad Técnico Económico".

Que el mencionado estudio "fue aprobado por la CVG en agosto de 1996" y por el Ministerio de Energía y Minas "en agosto de 1997".

Que "cumplida la fase de exploración y con miras a dar inicio a la fase de explotación, MINCA requirió obtener un financiamiento para iniciar la etapa de construcción de esta fase", por lo tanto, en sesión celebrada el 15 de julio de 1999, la Junta Directiva de MINCA "decidió suspender la ejecución

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del Contrato Minero por un periodo de doce (12) meses", y el 8 de agosto de 2000, "CVG, PLACER DOME, INC., PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. Y MINCA suscribieron un Convenio de Prórroga de la suspensión del Contrato Minero por un (1) año, el cual venció el 15 de julio de 2001".

Que el 6 de agosto de 201 el Presidente de la CVG dirigió comunicación a su representada imputándole "presuntos incuráplimientos contractuales, concretamente la violación a las Cláusulas Novena y Décima Novena del Contrato Minero; otorgándole a MINCA un plazo de noventa (90) días continuos para subsanar los de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Novena del Contrato", quien respondió a tales señalamientos en fecha 23 de agosto de 2001.

Que MINCA no ha podido continuar con la fase de explotación porque no cuenta con la aprobación del plan de reactivación por parte de la CVG que negado reiteradamente a participar en las reuniones de Junta Directiva de MINCA".

Que en fechas 7 y 15 de noviembre de 2001, MINCA dirigió comunicados a CVG exponiendo en forma detallada los fundamentos por los cuales considera improcedente la actuación de la CVG.

Que el 15 de noviembre de 2001 la CVG comunicó a MINCA que no procedía el arbitraje sino la rescisión del contrato minero, y el 16 del mismo mes y año "procedió a tomar de forma forzosa el área de Las Cristinas, los bienes y la infraestructura afectos al Contrato Minero".

Que el 8 de marzo de 2002 fue publicada la Gaceta Oficial N° 37.400 de la República Bolivariana de Venezuela, la Resolución N° 035 mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas dispuso que en virtud de que la CVG rescindir el Contrato, la República "reasume la plenitud de los derechos que ostenta sobre las concesiones de oro caducadas y extinguidas", operando la reversión de los.bienes, conforme a la Ley de Minas y el contrato extinguido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Falta de jurisdicción.

Que la decisión de CVG de declarar rescindido el contrato minero es nula, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, "por ser violatoria de los derechos constitucionales de MINCA al debido proceso y a ser juzgada por sus jueces naturales", debido a que dicho instituto no acudió al procedimiento de arbitraje previsto en la Cláusula Vigésimosexta.

Que de acuerdo con dicha cláusula, las partes acordaron "sus traer" del conocimiento de los tribunales venezolanos todas las diferencias "derivadas o en conexión" con el contrato minero.

Que "siendo la Cláusula Arbitral parte del Contrato Minero, que es ley entre las partes, no puede legítimamente la CVG desconocer unilateralmente la fuerza vinculante de dicha Cláusula, dictando un acto como el impugnado para obligar a MINCA a resolver las controversias derivadas del Contrato Minero a través de una jurisdicción distinta a la jurisdicción arbitral".

En razón de lo expuesto, solicitan a esta Sala "declare la nulidad de la Decisión de CVG contenida en el Oficio del 6 de noviembre de 2001 y en consecuencia declare que la controversia planteada por CVG debe ser debatida mediante arbitraje por ser la jurisdicción natural a la cual las partes decidieron someterse".

Falso supuesto de hecho.

En,cuanto a los informes requeridos por la CVG, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato Minero:

Que tales informes "no fueron presentados [por MINCA] por cuanto el Contrato Minero estuvo suspendido desde el 15 de julio de 1999 hasta el 15 de julio de 2001, por lo que salvo lo expresamente establecido en dichas suspensiones con relación a la ejecución de determinadas obras y actividades, el resto de los efectos obligaciones bajo el Contrato Minero se encontraban suspendidas".

ejecución de obras sociales, así como la gestión diaria de la compañía siguieron su ritmo normal de trabajo, periódicamente la Junia Directiva de MINCA con la participación y aprobación de los cinco (5) Directores, evaluaron y aprobaron las operaciones llevadas a cabo durante tales períodos".

Que MINCA subsanó dicho incumplimiento dentro del plazo de noventa (90) días otorgado por CVG en la comunicación del 6 de agosto de 2001, en virtud de lo cual, "no procede la terminación del Contrato Minero por esta causal".

En cuanto. a que MINCA incurrió en el supuesto previsto en la Cláusula . Décimonovena del Contrato, al no reanudar las actividades:

Que la Junta Directiva de MINCA, en sesión del 15 de julio de 1999, "en la cual se encontraban presentes los directores designados por la CVG", decidió suspender la ejecución del Contrato Minero por un período de doce un Convenio de Prórroga de la suspensión del Contrato Minero por un (1) año", el cual se venció el 15 de julio de 2001.

Que "sólo si MINCA hubiese dejado de realizar las actividades de explotación durante los doce (12) meses continuos siguientes a partir del 15 de julio de 2001, es decir, hasta el 15 de julio de 2002, estaría efectivamente incursa en el supuesto de la Cláusula Décima Novena, dando derecho a la CVG a rescindir el Contrato Minero".

En cuanto a que "la venta o cesión de las acciones del capital de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario CORPORATION)" contraviene lo dispuesto en la Cláusula Vigésimoctava del Contrato Minero:

Que en fecha.25 de julio de 2001, "PLACER B-V LIMITED, único accionista de. VANESSA (antes denominada PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.), cedió la mayoría de sus acciones a IHC CORP., empresa propiedad en su totalidad de VANNESSA HOLDINGS CORPORATION".

Que no existe impedimento ni en la legislación venezolana ni en el Contrato'Minero "que restrinja o prohíba la venta de las acciones del capital social de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario a un tercero".

Que "el hecho de que las actividades de CVG hayan sido definidas como de utilidad pública en las normas que rigen tal Corporación no extiende tal definición a toda persona que contrate con esa entidad y, mucho menos, le confiere ese carácter a las acciones del capital social de dichos contratantes".

Que "la empresa contratante con CVG para la explotación del Proyecto Minero es MINCA y no PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., la cual- no tiene derechos sobre dicho proyecto".

Que "distinto es el caso en conexión con cualquier venta o transferencia propuesta de acciones del capital social de MINCA, la cual estaría sometida a las disposiciones sobre derecho preferente a favor de los accionistas establecidas en el documento constitutivo estatutario de MINCA".

Que tal limitación contractual "es lógica y adecuada puesto que persigue proteger a los demás accionistas de una venta de acciones del capital social de la empresa que tiene los derechos sobre el Proyecto de acuerdo con el Contrato Minero, además de consagrar un derecho de.

protección a favor del accionista distinto al accionista que se propone vender su participación accionaria en MINCA. Este no es el caso de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. la cual, como se señaló, no tiene derechos mineros sobre el Proyecto y ha sido siempre propiedad de un solo accionista, salvo a los efectos de su constitución.".

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Que "mal puede haber fraude o sospecha de fraude en razón de la venta de acciones de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. cuando la venta por parte de PLACER B-V LIMITED de las acciones que poseía en la empresa PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. no contraviene disposición contractual o legal alguna ni requería autorización previa por parte de CVG.".

Que la venta o cesión de las acciones del capital de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario (PLACER B-V LIMITED) a un tercero (VANNESSA HOLDINGS CORPORATION) no contraviene Cláusula alguna del Contrato Minero". Así solicitan sea declarado.

Que el contrato fue celebrado entre MINCA y CVG, por lo tanto, ni Placer Dome de Venezuela C.A. ni sus "accionistas directos e indirectos son parte del mismo ni están obligados por sus normas".

Que dicha cláusula impide la cesión del contrato minero, pero no la cesión de cualquier. otro derecho o propiedad".

Finalmente, solicitan la nulidad de la resolución impugnada, por considerar demostrado que la CVG incurrió en falso supuesto al estimar que MINCA incumplió "especificas Cláusulas del Contrato Minero".

Conjuntamente, los apoderados judiciales de la accionante solicitaron medida cautelar innominada.

IV ARGUMENTOS DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) El abogado Simón ARAQUE, representante de la CVG, al objetar las denuncias de la actora, pidió a este Alto Tribunal pronunciarse previamente sobre los siguientes puntos:

1) Que la Sala no es competente para conocer esta causa, en virtud de que, a su decir, la competencia "corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo". Al respecto razonó como sigue:

Que el presente asunto está relacionado con el "cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos".

Que el numeral 14 del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia atribuye a esta Sala político-Administrativa la competencia para conocer de la "resolución" de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades, pero como su patrocinada es un instituto autónomo, y aunque "integra el sector público, no se corresponde con la identidad de la República".

haberse deducido conjuntamente pretensiones que se excluyen mutuamente y, además, tienen procedimientos incompatibles entre si", según lo previsto en el encabezamiento y en el ordinal 4° del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Este alegato lo razonó en la forma siguiente:

Que tal incompatibilidad se pone de manifiesto al solicitar la accionante "la nulidad absoluta de la decisión con apariencia de acto administrativo contenida en el Oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 200r", y como consecuencia de tal nulidad, se declare que "el procedimiento arbitral previsto en la Cláusula Vigésima Séptima (Rectuis: Sexta) del Contrato Minero-es la vía para solucionar las controversias que se deriven de la ejecución del señalado Contrato".

Que tales pretensiones deben ser tramitadas por procedimientos de efectos particulares", de acuerdo a los artículos 121 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; la segunda, "por tratarse de una pretensión mero declarativa", debe tramitarse por el "juicio ordinario", conforme a los artículos 16 y 338 del "Código de Trámites" (rectius: Código de Procedimiento Civil), 88 y 103 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Para contradecir el recurso de nulidad el apoderado judicial de la CVG alegó lo siguiente:

Quie del texto del acto administrativo recurrido quedó "demostrado que la. C.V.G. fue excesivamente cuidadosa del respeto de las garantías constitucionales de MINCA sobre el debido proceso y el derecho a la defensa, al punto que se tuvo estrictamente a lo previsto en la Cláusuia Vigésima Séptima del Contrato Minero", advirtiéndole que disponía del plazo de noventa (90) días para subsanar los incumplimientos atribuidos en la resolución impugnada.

Que MINCA "ejerció libre y soberanamente" su derecho a la defensa al respondcrle a la CVG, mediante comunicación 2001-059 del 23 de agosto de 2001.

Que la afirmación de MINCA, en relación a que se le violaron las garantias constitucionales a la defensa y al debido proceso, es contraria a lo que arrojan las actas procesales.

Que la actora alegó "equivocadamente que le conculcaron la garantía constitucional de ser juzgada por sus jueces naturales, por no recurrir la C.V.G. cil arbitraje pactado en el Contrato Minero"; no obstante, "en todo Contrato Minero por su naturaleza de interés público incontrovertible, los jueces naturales son los del contencioso administrativo", por lo tanto, "no se puede acudir al arbitraje" porque sería una violación al artículo 127 de la Constitución de 1961, en virtud de que la Cláusula Vigésimosexta del Contrato Minero contradice el referido precepto constitucional.

Que "no existe ninguna norma constitucional o legal que impidiera a la C.V.G rescindir unilateralmente el contrato", en virtud de que "contractualmente C V.G. estaba autorizada para rescindir unilateralmente el contrato, previa la garantia a MINCA del ejercicio de los derechos constitucionales del debido proceso y de la defensa, como en efecto así ocurrió".

Que la Cláusula Vigesimoséptima del Contrato Minero permite su extinción unilateralmente; eficacia juridica que fue reconocida por MINCA en su escrito de nulidad (folio 26, renglones 8 al 16), por lo tanto, "ias partes lo que hicieron fue concretar en el Contrato Minero la Cláusula implicita de todo contrato administrativo de interés público, que permite a la administración rescindir unilateralmente el contrato administrativo por incumplimiento del particular, cuya potestad irrenunciable contrasta notablemente con la Cláusula de Arbitraje indebidamente pactada, puesto que de admitir su validez equivaldría a sustraerse de la cláusula de inmunidad de jurisdicción".

Que ciertamente en el Contrato Minero se establecieron dos formas opuestas para rescindirlo, es decir, la Cláusula Vigésimosexta contentiva del arbitraje, la cual debe reputarse como no escrita, y la Cláusula Vigesimoséptima que autorizó a los contratantes para rescindir el contrato por incumplimiento de la otra parte, que es la vía idónea; por lo tanto, habiendo sido pactadas "dos hipótesis antagónicas debe prevalecer la que no colide con la Constitución".

Que la Constitución de 1999 y la Ley de Arbitraje Comercial de 1998 no habian sido promulgadas para la fecha de la celebración del Contrato Minero, por lo que, vista la jurisprudencia sustentada en tales cuerpos normativos, al "versar sobre cuestiones diferentes al asunto controvertido", “considera que nada tiene que contradecir sobre sus contenidos".

En cuanto al falso supuesto de hecho que la actora atribuyó al oficio impugnado, alegó lo siguiente:

La violación de la Cláusula Novena del Contrato se consumo porque MINCA "no cumplió con la obligación de presentar a la C.V.G. durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato", cuyos informes debian incluir producción del mineral, ventas en el país y exportación del mismo, personal, inventario de equipos, maquinarias con sus marcas, seriales y fotocopias de facturas de compra y accesorios y demás pormenores del trabajo realizado", en virtud de que "la única actividad que se podia paralizar eran los trabajos de explotación", incumplimiento que MINCA admitió.

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comunicación 2001-103 del 19 de octubre de 2001, no se ajustó a lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato, porque omitió indicar a qué semestre correspondía y se limitó a informar de las "operaciones realizadas durante el lapso de suspensión y su prórroga", lo cual destaca la indeterminación, generalidad y vaguedad de dicha comunicación.

Que la mencionada comunicación no explicó en qué áreas había cumplido "labores de conservación, mantenimiento y cuido de Las Cristinas, incluso protección ambiental"; tampoco explicó en qué consistieron esas labores.

Que la recurrente "afirmó que había remitido-a C.V.G. un cuadro explicativo de inversiones sociales ejecutadas hasta la fecha", pero no consta la recepción de tal información por parte de su representada. Asimismo, las Actas de Junta Directiva a que hace alusión la comunicación 2001-102 del 19 de octubre de 2001 "no era la vía idónea contractualmente pactada" para dar cumplimiento a la aludida Cláusula.

En cuanto al presunto incumplimiento de la Cláusula Décimonovena del Contrato Minero:

Argumentó el apoderado judicial de la demandada que MINCA "invocó el convenio de prórroga de paralización de los trabajos de explotación de las Minas Las Cristinas, el cual fue otorgado el 8 de agosto de 2000, por el Ing.

Antonio López Reyna, pero no consta en el documento contentivo de la prórroga en cuestión, que este hubiese sido autorizado por el Directorio de la C.V.G.", quien actuaba como "representante legal de la C.V.G.".

Que "frente a la omisión de un requisito esencial para la formación de la voluntad colectiva de la C.V.G. (..) el documento de prórroga debe tenerse como no otorgado".

Que además, "esa prórroga era ilegal por contrariar lo dispuesto en los articulos 24 de la Ley de Minas de 1945 y 61 de la Ley de Minas de 1999, normas de orden público, que sólo autorizan la paralización de las actividades de explotación por el período de un año".

Respecto al presunto incumplimiento de lo previsto en la Cláusula Vigésimoctava del Contrato Minero expresa el representante de la demandada que está referido a la "cesión de las acciones realizada por empresa Placer B- V Limited, propiedad de Placer Dome Inc., a la empresa IHC Corporación, propiedad de la empresa Vanesa Holdings Corporación, acciones que representaban la totalidad del capital social de la Compañia Placer Dome de Venezuela, C.A., quien a su vez era la propietaria del noventa y cinco (95%) de las acciones de Minca, sin la autorización expresa escrita de C.V.G.".

Que dicha cesión contraviene, además, el "Punto 16 de la Cuenta número I0/0I" aprobado por el Ministro de Estado (Presidente de C.V.G.) en fecha 12 de junio de 1991, presentado por la Vicepresidencia Corporativa de Minería denominado "Finalización de las Negociaciones entre C.V.G. y Placer Dome Inc. sobre. el Proyecto Aurífero Las Cristinas". Y que en el de ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones sin el previo consentimiento de la oirá parte dado por escrito, el cual no será negado sin causa justificada".

Que en el Convenio de Accionistas del 25 de julio de 1991 -aceptado por las partes- se ratificó la creación de MINCA, la cual estableció en su acta constitutiva y estatutaria, "conforme a lo aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en sesión de fecha 25 de julio de 1991", la estipulación siguiente:

"Cesión: Efecto vinculante. A menos que en este convenio se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme a este Convenio, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito, el cual no será negado sin causas injustificadas.

Este Convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratantes, de sus respectivos sucesores y de sus cesionarios permitidos".

Que este requisito de autorización expresa y escrita para la cesión de los derechos fue reproducido en similares términos en el Acuerdo de Accionistas Que las "Condiciones Generales de la oferta privada" fueron aceptadas por Place Dome Inc. con la suscripción de los referidos convenios, acuerdos y Convenio de Asociación para el desarrollo del Proyecio Las Cristinas".

Que existe una estrecha vinculación y nexo causal entre las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros del 25 de junio de 1991, el Convenio de Accionistas del 25 de julio del mismo año (modificado el 31 de julio de 1997), el Acta Constitutiva y Estatutos de MINCA de fecha 24 de enero de 1992 y el Contrato Minero celebrado el 19 de marzo del mismo año, lo cual hace inseparable la'conducta de cada una de las partes, para el cumplimiento de tales acuerdos.

Que tanto Placer Dome Inc. como su inversionista Placer Dome de Venezuela, C.A., Placer B-V Limited -filial de Placer Dome Inc.- y MINCA quedaron comprometidas a respetar los convenios, acuerdos y contratos celebrados para la ejecución del proyecto aurífero Las Cristinas. Dicho compromiso implica "no ceder sus derechos a un tercero sin la autorización escrita de C.V.G., por lo que al transferir las acciones de Placer Dome Venezuela, C.A:, al tercerò IHC Corporación, luce evidentemente la infracción de lo aprobado por el Consejo de Ministros, el Acuerdo de Accionista y su modificación", en violación de la Cláusula Vigésimoctava del Contrato Minero.

Que MINCA argumentó su demanda interpretando aisladamente el Contrato Minero, sin vincularlo con los demás convenios (Decisión del Consejo de Ministros, Convenio de Accionistas y documento constitutivo de MINCA); alegato mediante el cual pretende eludir su responsabilidad consistente en que "por efecto de la cesión de Placer B.V. Limited de todas las acciones que tenía én Placer Dome de Venezuela, .C.A., la cesionaria IHC Corporación, empresa propiedad de Vanesa Holdings Corporation, resultó la nueva propietaria del 95% del Contrato Minero".

Que aceptar la tesis de MINCA, respecto a que Placer Dome Venezuela, C.A. "no tiene derechos mineros sobre el proyecto" porque no suscribió con la C.V.G. el Contrato Minero, y que Placer B.V. Limited "estaba en libertad de vender las acciones de Placer Dome de Venezuela, a su libre albedrío", sin emplea para un fin indebido", desconociendo las "razones técnicas y económicas que fueron examinadas por el Subcomité de Evaluación y el Comité de Contratación de la CVG para otorgarle la buena pro a la empresa Placer Dome Inc.", la cual quedaría sustraída ilegalmente de las obligaciones asumidas contractualmente, en contravención a lo dispuesto en los artículos 1.160 y 1.264 del Código Civil, En razón de lo expuesto, solicita se declare con lugar las cuestiones previas opuestas y ordene el archivo del expediente o, en su defecto, declare sin lugar el recurso de nulidad del acto administrativo impugnado.

V ARGUMENTOS DE LA REPÚBLICA Los abogados Gustavo ÁLVAREZ ARIAS y Christian Michel COLSON, actuando en representación de la Procuraduría General de la República, presentaron ante esta Sala escrito de informes del 5 de noviembre impugnado, en los términos siguientes:

Que en el presente caso, al tratarse de minas, que son de utilidad pública, están involucrados los intereses patrimoniales de la República.

Que la Ley de Minas de 1945 -vigente para la fecha de suscripción del Contrato Minero- declara en su artículo 1° de utilidad pública todo lo concerniente a las minas, y la norma contenida en el artículo 8º establece la

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facultad del "Ejecutivo Federal" para el otorgamiento de concesiones para su explotación.

Que tales disposiciones se mantienen en los artículos 3 y 6 del Decreto N° 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas (publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999).

Que la Constitución vigente ratificó en el artículo 156 numeral 16, la competencia del Poder Nacional en el régimen y administración de la minas.

Asimismo, establece en el artículo 12 que los yacimientos mineros pertenecen a la República, son bienes de dominio público, y por lo tanto, inalienables e imprescriptibles.

Que el Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana en el numeral 7 del artículo 4°, estableció que corresponde a la República la titularidad del ejercicio de la actividad minera.

Que la creación de MINCA, según se desprende de su Acta Constitutiva, requirió de la aprobación previa del Presidente de la República en Consejo de Ministros (otorgada el 25 de junio de 1991).

Que Vannessa Ventures Inc. inició un procedimiento de a-bitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), "lo que constituye el desconocimiento de la jurisdicción y competencia" de este Máximo Tribunal, "dada la preexistencia del presente proceso de control de la legalidad".

Que la cláusula de inmunidad de jurisdicción para todos los contratos mineros quedó estipulada en el artículo 26 de la Ley de Minas de 1945, la cual descarta el sometimiento de los contratos mineros al arbitraje. Dicha cláusula fue igualmente prevista en el articulo 127 de la Constitución de 1961 y en el articulo 151 de la Constitución de 1999; prohibición que viene dada por la declaratoria de utilidad pública con la cual el constituyente calificó a dichos contratos.

Que está descartada la posibilidad de sustraerse de la competencia de los tribunales venezolanos para la resolución de cualquier duda o controversia que pueda suscitarse con motivo de la terminación anticipada de un contrato minero, por lo que la cláusula de arbitraje pactada en el contrato minero celebrado entre MINCA y la CVG es inconstitucional.

Que esta Sala Politico-Administrativa es la competente para conocer y decidir la presente controversia, en virtud de tratarse de la nulidad de un acto administrativo, mediante el cual la Administración decidió resolver un contrato minero.

Que la resolución del contrato minero entre la CVG y MINCA operó a consecuencia de las causales establecidas en el contrato, y no en virtud de la cláusula exorbitante inherente a la naturaleza administrativa de ese contrato.

Que "el modo de ejecutar la resolución si fue propia y exclusiva de un ente de la Administración Pública (CVG), lo que permite afirmar la plena legalidad de sus actuaciones posteriores al incumplimiento de Placer Dome Inc.".

Que la CVG tiene "competencia para resolver el contrato", tanto por ser parte de él como por ser parte de la Administración Pública.

Que el articulo 5 del Decreto 1.384 -dictado por el Presidente de la República el 26 de junio de 1996- establece que la CVG notifique al Ministerio de Energia y Minas de los incumplimientos "que den origen a la rescisión de los contratos suscritos", lo que implica que tal decisión es potestad de la CVG.

Que la CVvG actuó conforme a las garantías del debido proceso, al dictar el auto de apertura del procedimiento el 6 de agosto de 2001 mediante oficio PRE-47]-01, notificado a las partes el mismo día.

Que habiendo notificado la CVG a Placer Dome Inc. sobre los incumplimientos contractuales, de acuerdo con la Cláusula Vigesimoséptima de! Contrato, le otorgó noventa (90) dias para ejercer su defensa.

Que en la notificación, la CVG expuso detalladamente las tres (3) violaciones contractuales, a saber: 1) suspensión no autorizada del desarrollo del proyecto, 2) omisión de la presentación de los informes semestrales, y 3) venta no autorizada a Vannessa Ventures Inc., de las acciones que tenía Placer Dome Inc. en Placer Dome Venezuela, C.A.

Que las violaciones denunciadas por la recurrente a las normas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, específicamente las que se refieren a plazos y formas de notificación, en caso de ser aplicables lo serían de forma supletoria, para el caso de que el Contrato Minero no lo hubiere previsto.

Que de las comunicaciones de fechas 10 y 23 de agosto, 28 de septiembre y 28 de octubre de 2001 se evidencia que "Vanesa, MINCA y PDI ejercieron plenamente su derecho a la defensa", defendiéndose "de los argumentos y pruebas contenidos en el oficio PRG 471-01 de fecha 6 de agosto de 2001".

Que los argumentos expuestos por MINCA, Placer Dome Inc. y Vannessa Ventures Inc. fueron analizados en el acto de rescisión del contrato (oficio PRG 678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001).

Que ante el incumplimiento por parte de Placer Dome Inc. de sus obligaciones con CVG al suspender las actividades, MINCA "se limitó a considerar ese abandono como un problema que le era ajeno", sin tomar en cuenta su carácter instrumental para cumplir los fines de los convenios que vinculan a Placer Dome Inc. y CVG.

Que "en el supuesto" de que este asunto pueda ser sometido a una cláusula arbitral, la naturaleza administrativa de los convenios de 1991 y 1997 inmediata y por la propia CVG de la rescisión del contrato".

Que la Administración Pública puede ejecutar sus decisiones de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y así lo ha desarrollado e interpretado la jurisprudencia de esta Sala; por lo tanto, "no era necesario para la CVG someter a arbitraje la controversia sobre la resolución del contrato para ejecutar esa resolución, ya que correspondía a la otra parte promover el arbitraje. y aunque Vanesa -a criterio dc [esa] representación- carece de legitimación para ello, asi se hizo".

Que uno de los etectos de la ejecutoriedad de los contratos administrativos "es que la carga de demandar corresponde al afectado, en este caso PDI (o Vanesa, en caso de tener legitimación)".

Que la Cláusula Vigésimosexta del Contrato Minero establece que "los laudos arbitrales serán finales y si es necesario podrá presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución"; no obstante, la decisiones", debido al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, el cual dimana del principio de presunción de legalidad de dichos actos; por lo tanto, constituiria un contrasentido una eventual decisión arbitral que reconocicra el derecho de la CVG a resolver el contrato minero.

En razón de lo expuesto la representación de la República pide que esta Sala declare: 1) Sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por MINCA contra el oficio PRE-678-01 del 6 de noviembre de 2001, emitido por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG);

2) la nulidad de la Cláusula Vigesimoséptima del Contrato Minero (cláusula arbitral) -por ser contraria al orden público-, en atención a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución de 1961 (ahora artículo 151 de la Constitución de 1999) y en la Ley de Minas.

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VI MOTIVACIÓN Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto al recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. contra el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), mediante el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

Para emitir este pronunciamiento de fondo, la Sala deja establecido que ya decidió las cuestiones previas en la sentencia N° 832 del 14 de julio de 2004, declarando sin lugar la falta de competencia y de jurisdicción, asi como la inepta acumulación de acciones. También se pronunció este Alto Tribunal, en sendos cuadernos separados, con respecto a la oposición a la admisión de la presente demanda de nulidad (sentencia 488 del 22 de abril de 2009), y la incidencia cautelar (sentencia N° 540 del 29 de abril de 2009), declarando en estos dos últimos fallos la perención de la instancia.

Como algunos planteamientos ya resueltos han sido reiterados por las partes en esta misma causa, en la medida en que los vaya dilucidando, este Máximo Tribunal se pronunciará para precisar los, estudiando el acervo probatorio necesario para la decisión, declarando previamente que si bien todas las pruebas aportadas han sido examinadas, se relacionarán las que conduzcan a la solución del presente thema decidendum. Al respecto la Sala comienza su análisis por los puntos que corresponden a la ordenación de este proceso, especialmente los de previo pronunciamiento; resueltos ios cuales entrará directamente al fondo.

A tales efectos, la Sala pasa a estudiar las pruebas aportadas, de modo que -examinadas todas- se relacionarán las necesarias para la determinación del themu decidendum. Luego de analizadas las actas procesales, se observa:

Falta de Jurisdicción.

En cuanto al alegato de falta de jurisdicción expuesto por la representación judicial de la accionante, porque considera que la decisión de la C.V.G. de declarar rescindido el Contrato Minero es nula de conformidad con lo previsto en el articulo 19 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, "por ser violatoria de los derechos constitucionales de MINCA al debido proceso y a ser juzgada por sus jueces naturales", debido a que ese instituto no acudió al procedimiento de arbitraje previsto en su Cláusula Vigésimosexta, se observa:

En la estudiada sentencia N° 00832 de fecha 14 de julio de 2004, esta Sala resolvió la solicitud hecha por Minera Las Cristinas C.A. para la formalización del arbitraje, con relación al mencionado contrato. Dicho fallo determinó lo siguiente:

(.) En otro contexto, con respecto a los argumentos expuestos por las partes en cuanto a que el arbitraje es el único mecanismo para resolver sus conflictos, entiende esta Sala, que además de las vias contractuales previstas por las partes para resolver sus conflictos. existen en la Ley Orgánica de Procedimientos Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en la derogada - Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia y en Ley de Minas, bajo la cual se realizó el contrato y en la vigente, las vías o los medios por los cuales pueden intentarse las acciones con pretensión de nulidad contra los actos administrativos que se dictaren en relación con el contrato celebrado.

Es decir, aún cuando las cláusulas vigésima sexta y vigésima séptima del contrato hayan expresado que las vías para resolver los conflictos relativos al mismo, son la amistosa y el arbitraje como via única y exclusiva, no restringe la posibilidad de que las partes tengan acceso a la jurisdicción, bien sea a través del procedimiento ordinario o a traves de los procedimientos para la tramitación de la acción con pretensión de nulidad contra actos administrativos, contenidos en las leyes referidas a la materia, teniendo en cuenta que además, las propias partes decidieron discutir el mismo problema, a través de otros procedimientos judiciales instaurado por la actora antes de la solicitud de formalización del arbitraje.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el acceso a la jurisdicción (Art. 26 de, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). por los diversos medios consagrados en el Texto Constitucional, no puede ser impedido, en estas especiales materias, por cláusulas contractuales o convenios entre particulares o entre particulares y un ente público.

Con ello quiere significarse que, además de los medios que conforme al ordenamiento juridico pudieran escoger las partes para resolver sus conflictos, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes garantizan otros procedimientos jurisdiccionales incoados por la actora, en este caso, para hacer valer sus pretensiones incluso antes de solicitar la formalización del arbitraje.

Así, de acogerse los argumentos de la solicitante en cuanto a que el arbitraje es la única vía para resolver todos los conflictos relativos al contrato de concesión minera habría que preguntarse, por qué entonces la actora acción primariamente en sede jurisdiccional solicitando la nulidad de los actos administrativos de rescisión por incumplimiento y de caducidad de dicha concesión minera y demandó a la Corporación Venezolana de Guayana por daños derivados de la relación contractual, a través de los procedimientos legales respectivos.

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que al haber la solicitante accionado en sede jurisdiccional, ha hecho uso de uno de los medios de acceso al sistema de justicia garantizados por el arbitraje es la única via para resolver controversias, a lo que debe añadirse, que en el presente caso, la actora pretende discutir a través del arbitraje lo que actualmente se dilucida en otros procedimientos jurisdiccionales producto de acciones instauradas por ella misma. Asi se decide. (..)". (Resaltado de la Sala).

Se aprecia del fallo parcialmente transcrito que este Alto Tribunal desestimó la solicitud de arbitraje, porque la accionante ya había activado este procedimiento jurisdiccional, solicitando la nulidad de los actos administrativos de rescisión por incumplimiento y caducidad de dicha concesión minera. Verificado el pronunciamiento de esta Sala respecto de la sumisión de la actora a la jurisdicción, tanto en ésta como en otras acciones incoada por ella, se desecha el alegato de la representación judicial de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. respecto a la violación de las garantías del debido proceso y a ser juzgada por sus jueces naturales. Asi se decide.

Competencia de la Sala Político-Administrativa.

El abogado Simón ARAQUE, actuando como representante de la C.V.G., solicita que esta Sala se pronuncie sobre su competencia para conocer esta causa, en virtud de que, a su decir, el conocimiento le "corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo".

El tema de la competencia de este Alto Tribunal para conocer las acciones contra la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), con relación al contrato para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de alusión y veta, en un área denominada las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. y ese instituto autónomo, fue decidido en la ya citada sentencia del 14 de julio de 2004, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud hecha por la recurrente para la formalización del arbitraje. Al respecto dicho fallo precisó lo siguiente:

"(..) Observa la Sala, que la presente solicitud se intenta contra la Corporación Venezolana de Guayana, instituto autónomo creado mediante Decreto número 430 del 29 de diciembre de 1960, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 26.445. de fecha 30 de diciembre de 1960, reformado mediante Decreto con fuerza de Ley Número 1.531, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.553 Extraordinario, de fecha lunes 12 de noviembre de 2001.

Ahora bien, retomando lo expuesto respecto de la competencia, tenemos que el articulo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para el momento en que se presentó la solicitud de arbitraje, enumera las competencias o las materias de las cuales conoce este Supremo Tribunal, en particular y vinculado con el caso planteado ante esta Sala, establece el referido articulo, en su ordinal 15, lo siguiente:

'Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:

(...0missis) 15.- Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad' (Destacado de la Sala).

De igual forma, el articulo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en su numeral 24 expresa:

'Artículo S.- Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(...) 24. Conocer de las demandas que se propongan contra la Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su direcjón o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.);'

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procesales a un proceso sin dilaciones indebidas.

En tal sentido, y conforme a las premisas señaladas, esta Sala Politico Administrativa dei Tribunal Supremo de Justicia, en observancia a lo dispuesto en el articulo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a lo establecido en el segundo aparte del articulo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales, considera que deben armonizarse los principios arriba mencionados, así como las normas citadas con los valores, garantias y normas procesales constitucionales vigentes, tales como los derechos fundamentales del justiciable, a una justicia accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, y a un proceso sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles y al servicio de la justicia (articulos 26 y 257 del Código de Procedimiento Civil y articulo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

En este orden de ideas, esta Sala estima que la competencia para conocer de la presente solicitud se determina por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la misma, es decir, conforme a lo previsto en la derogada Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia.

Asi, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que, conforme a las normas citadas, al haberse intentado la presente solicitud de formalización de arbitraje contra un instituto autónomo el órgano jurisdiccional competente para conocer de dicha formalización, es esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de lo establecido en el ordinal 15 del articulo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, ley vigente para el momento de la presentación de la solicitud de formalización del arbitraje. Asi se declara. (..)".(Resaltado de la Sala).

El presente caso está referido a la solicitud de nulidad que interpuso la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A., contra el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), mediante el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

Por lo tanto, las consideraciones hechas en el fallo transcrito son perfectamente válidas para concluir que esta Sala es la competente para conocer este asunto, la cual se determina por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación del recurso de nulidad, en virtud de lo establecido en el ordinal 15 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem. Asi se decide.

Validez del compromiso arbitral.

Los representantes judiciales de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) y de la Procuraduría General de la República alegaron -en fechas 21. de enero de 2003 y 28 de octubre de 2009, respectivamente- que la cláusula arbitral debe tenerse como no escrita, por ser contraria a la Constitución.

La Sala observa que las partes establecieron el arbitraje como medio alternativo de resolución de controversias, según la Cláusula Vigésimosexta del contrato minero para la exploración y explotación del área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz Municipio'Caroni del Estado Bolivar en fecha 4 de marzo de 1992, bajo el N° 66, tomo 21 de los libros de Autenticaciones; registrado el 19 del mismo mes y año ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Roscio, Guasipati Estado Bolivar, bajo el N° 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional), en los términos siguientes:

"Vigésima Sexta: Las partes harán todo lo posible por resolver, con prontitud y de buena fe, cualquier controversia que se suscite con respecto a este contrato o a sus anexos. En el caso de que las partes en una controversia no puedan resolver la en forma amistosa, dicha controversia será resuelta definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil Venezolano, conducido de acuerdo con las normas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris (las normas de de Caracas o en aquel otro lugar dentro de la República de Venezuela. que las partes convengan; (II) será conocido y decidido controversia convengan en designar un (1) sólo árbitro arbitrador de acuerdo con las normas de arbitraje o con otro procedimiento convenido por ellas. Las partes en el arbitraje correrán con su costo a partes iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán finales y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución". (Resaltado de la Sala).

En este punto, la Ley de Minas (publicada en fecha 18 de enero de 1945 en la Gaceta' Oficial N° 121 extraordinario de los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela), en el artículo 26 :osnds!p "Artículo 26.- En todo titulo minero se considera implicita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras". (Resaltado de la Sala).

En similares términos, el articulo 33 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas N° 295 (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.382 extraordinario del 28 de septiembre de 1999), estableció:

"Artículo 33.- En todo titulo minero se considera implicita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes, incluido el Arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras". (Resaltado de la Sala).

En cuanto a las controversias que eventualmente puedan suscitarse en un contrato de interés público, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, dispone en su artículo 151 lo siguiente:

"Articulo 151. En los contratos de interes público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.". (Resaltado de la Sala).

Dicha disposición estaba consagrada igualmente en la Constitución derogada de 1961, vigente para la fecha de suscripción del contrato, en los términos siguientes:

"Articulo 127.- En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.". (Resaltado de la Sala).

Tal como antes se analizó, el contrato celebrado entre la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) y la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) es' una concesión minera que como tal es de interés público nacional, cuyo objeto es de utilidad pública por estar así contemplado en el artículo 1° de la Ley de Minas de 1945, como sigue:

"Articulo I°.- Todo lo concerniente a las minas, criaderos, depósitos o yacimientos minerales situados en Venezuela se declara de utilidad pública y se regirá por las disposiciones de esta Ley, determinadas sustancias". (Resaltado de la Sala).

Esa disposición se mantiene en el artículo 3° de Ley de Minas vigente:

"Articulo 3°. Se declara de utilidad pública la materia regida por esta Ley". (Resaltado de la Sala).

Igual calificación le otorgó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana (Decreto N° 676 del 21 de junio de 1985 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.574 extraordinario de la misma fecha), bajo cuya normativa suscribió el Presidente de la CVG el referido contrato. La mencionada norma dispone:

"Articulo 25.- Se declaran de utilidad pública, las obras servicios y actividades que la Corporación Venezolana de Guayana y las conforme a sus respectivos objetivos estatutarios y con miras al desarrollo de la Región de Guayana.". (Resaltado de la Sala).

Las normas transcritas evidencian el carácter de utilidad pública y de interés público del contrato minero suscrito entre MINCA y la C.V.G., típico contrato administrativo en el que se consideran incorporadas cláusulas

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exorbitantes de la Administración, aun cuando no estén expresamente establecidas en el texto de esa convención.

No hay duda en cuanto al reconocimiento de ese alto interés público del Estado venezolano -manifestado por las partes- al establecer en el contrato minero la siguiente cláusula:

"Trigésima: Este contrato y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela".

Respecto del compromiso arbitral in commento, en la tantas veces mencionada sentencia del 14 de julio de 2004, la Sala emitió pronunciamiento sobre el pacto escogido vía contractual, determinando que en este tipo de contratos que versan sobre bienes def dominio público propiedad de la Nación, la Constitución y las leyes respectivas establecen limitaciones o restricciones a los fines de que el Estado pueda ejercer un control adecuado, el cual garantice la preservación de los intereses generales involucrados (ver artículos 129, 150, 151, 187 numeral 9, 236 numeral 14, 247, 156 numerales 12 y 16 y 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo, declaró que "en el establecimiento o la determinación de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje en esta especial clase de contratos, debe emplearse un criterio riguroso".

En razón de las precedentes consideraciones, habiendo decidido esta Sala Político-Administrativa que -en el presente caso- la actuación de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), contenida en el oficio N° PRE-691-01 que declaró la extinción- del contrato minero, no debe ser sometida a arbitraje, por ser materia o cosa ya juzgada. Por lo tanto, en este punto se desestima la denuncia de los representantes judiciales de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) y de la Procuraduría General de la República. Asi se decide.

Naturaleza jurídica del oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.).

Otro punto de previo pronunciamiento lo plantearon los apoderados judiciales de la accionante al expresar que la decisión tomada por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) "no constituye un acto administrativo porque en este caso no ha sido dictada en ejercicio del ius imperium: de la Administración".

Que dicha Corporación "actuó en el ámbito del contrato, como una de sus partes, invocando cláusulas que supuestamente le conceden esa facultad, por lo que la decisión unilateral de terminación del Contrato Minero contenida en el Oficio, lejos de tener la naturaleza de un acto administrativo, tiene naturaleza contractual...".

Al respecto, esta Sala en la referida sentencia del 14 de julio de 2004, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud hecha por Minera Las Cristinas C.A. para la formalización del arbitraje, con relación al contrato para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de alusión y veta, en un área denominada las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la recurrente y la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), expresó lo siguiente:

".) En el expediente consta copia certificada del contrato suscrito entre Corporación Venezolana de Guayana y la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A., (MINCA), el 4 de marzo de 1992, Municipio Autónomo Roscio del Estado Bollvar, en fecha 16 de mayo de 2002.

La Ley de Minas bajo cuya vigencia se celebró el contrato es la Ley de Minas publicada en G.O. N° 121 Extraordinaria de fecha 18 de enero de 1945. Dicha ley dispone en su articulo primero lo siguiente:

Articulo 1°.- Todo lo concerniente a las minas, criaderos., declara de utilidad pública y se regirá por las disposiciones de esta Ley, salvo lo que fuere objeto de leyes especiales, relativas a determinadas sustancias." (Destacado de la Sala) El articulo. 12 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:

Articulo 12.- Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea, su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público." (Destacado de la Sala)

De las anteriores disposiciones resulta claro: que la actividad minera es de utilidad pública, que las minas o yacimientos minerales pertenecen a la República y que son bienes del dominio público.

Asimismo, dicha Ley de Minas de 1945, dispone en su articulo 13, lo siguiente:

'Articulo 13.- El Derecho a explotar los minerales a los que se refiere esta Ley, no puede adquirirse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, en las formas previstas por la misma." (Destacado de la Sala) Las concesiones de servicios u obras públicas se diferencian de las concesiones sobre bienes de dominio público.

En las primeras la Administración encomienda a otra persona la explotación de un determinado servicio público u obra pública mediante una remuneración pactada. Estas se rigen por el Decreto N° 318 con rango y fuerza de Ley sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen.de Concesiones, publicado en la Gaceta derogó el Decrèto con rango y fuerza de Ley N° 138 sobre Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos Nacionales, publicado en Gaceta Oficial N° 4.719 Extraordinaria del 26 de Abril de 1994.

En el articulo 2° de. dicho texto normativo, se define a la concesión como ... contratos celebrados por la autoridad pública competente por medio de los cuales una persona jurídica llamada concesionario asume la obligación de construir, operar y mantener una obra o bien destinados al servicio, al uso público, o a la promoción del desarrollo, o la de gestionar, mejorar u organizar un servicio público, incluyendo la'ejecución de las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento o la prestación de la obra o del servicio, por su cuenta y riesgo y bajo la supervisión y el control"de la autoridad concedente, a cambio del derecho de explotar la obra o el servicio y de percibir el producto de las tarifas, precios, peajes, alquileres, valorización de inmuebles, subsidios, ganancias compartidas con algún ente público u otra fórmula establecida en los contrcios correspondientes, durante un tiempo determinado suficiente para recuperar la inversión, los gastos de explotación incurridos y obtener :una tasa de retorno razonable-sobre la inversión'. (Cursivas de la Sala) En las segundas, se concede a un particular la explotación de un bien o recurso determinado y especificado del dominio público, propiedad de la Nación, cuya característica esencial y propia es su inalienabilidad y la exclusión del comercio. (V. Arts. 539, 540 y 534 del Código Civil) En el caso bajo estudio se trata de un contrato de concesión minera, cuyos bienes objeto de explotación son las minas denominadas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7.

La Ley de Minas de 1945 no contiene una definición de lo que debe entenderse por contrato de concesión minera, pero el artículo 24 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas vigente (Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario de fecha 28 de septiembre de 1999) si la contiene en los términos siguientes:

'Articulo 24.- La concesión minera es el acto del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se otorgan derechos e imponen.

obligaciones a los particulares para el aprovechamiento de recursos minerales existentes en el territorio nacional.

La concesión minera confiere a su titular el derecho exclusivo a la exploración y explotación de las sustancias minerales otorgadas que se encuentren dentro del ámbito espacial concedido.

De todo lo anterior se colige, que al tratarse de un contrato celebrado entre MINCA y la CVG sobre la explotación de un recurso propiedad del Estado Venezolano como lo son las minas, el presente contrato de concesión debe regirse por la Constitución, la referida Ley de Minas, las leyes especiales y demás Decretos referidos a esta materia.

(.…) Asi, el contrato de concesión minera se ubica conforme a la doctrina de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal entre los contratos de interés público nacional, vale decir, aquellos contratos celebrados por la República, a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo Nacional cuyo objeto sea determinante o esencial para la realización de los fines y cometidos del Estado venezolano en procura de dar satisfacción a los intereses individuales y coincidentes de la comunidad nacional y no tan solo de un sector particular de la misma, como ocurre en los casos de contratos de interés público estadal o municipal, en donde el objeto de tales actos jurídicos sería determinante o esencial para los habitantes de la entidad estadal o municipal contratante, que impliquen la asunción de obligaciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de varios ejercicios fiscales posteriores a aquél en que se haya causado el objeto del contrato, en vista de las implicaciones que la adopción de tales compromisos puede implicar para la vida económica y social de la Nación'. (V. sentencia de la Sala Constitucional N° 2.241 del 24 de septiembre de 2002 y 953 del 29 de abril de 2003.) · La importancia de la explotación de las minas en la vida económica nacional se evidencia de la lectura del propio Texto Constitucional, cuando expresamente dispone lo siguiente:

'Articulo 311.- La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta debe equilibrarse en el marco. plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.

El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un ,marco plurianual para la formulación endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las caracteristicas de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.

El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.

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Los principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables." (Destacado de la Sala).

'Articulo 113. (..) Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza. pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público." (Destacado de la Sala).

Ahora bien, en cuanto a las controversias que eventualmente puedan suscitarse en un contrato de este tipo, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, dispone en su artículo 151 lo siguiente:

'Articulo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de 'acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes. sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras." (Cursivas de la Sala) Dicho principio estaba consagrado igualmente en la Constitución derogada de 1961, en los términos siguientes:

'Articulo 127.- En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras." (Cursivas de la Sala) Igualmente la Ley de Minas de 1945, repite la norma constitucional pero referida a la concesión minera, de la siguiente forma:

'Articulo 26.- En todo título minero se considera implicita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.' (Cursivas de la Sala) No obstarie, la Ley de Minas vigente de 1999, establece en su articulo 33 lo siguiente:

'Articulo 33.- En todo titulo minero se considera implicita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigabemente por ambas partes, competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras." (Cursivas de la Sala) Ahora bien, como ya se indicó, en este tipo de contratos que versan sobre bienes del dominio público propiedad de la Nación, la restricciones a los fines de que el Estado pueda ejercer un control adecuado, el cual garantice la preservación de los intereses generales involucrados. (V. Arts. 129, 150, 151, 187 numeral 9, 236 numeral 14, 247, 156 numerales 12 y 16 y 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). ..)". (Sentencia N° 00832 del 14 de julio de 2004) (Destacado de la Sala).

El fallo parcialmente transcrito precisó el aspecto sobre la naturaleza jurídica del contrato para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de alusión y veta, en el área denominada las Cristinas 4, 5, 6 y 7, convención celebrada entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Minera Las Cristinas C.A. (MINCA). En efecto, la citada sentencia calificó a dicho contrato como concesión de bienes del dominio público, inalienables y excluidos del comercio, es decir, una concesión minera, que como tal es de utilidad pública y de interés público nacional, debido a la importancia que tiene la explotación de las minas en la vida económica de la República. Por ello estableció dicho fallo que el presente contrato de concesión minera debe regirse por la Constitución, la Ley de Minas, las leyes especiales y demás decretos referidos a,esta materia.

Por las razones expuestas, este Máximo Tribunal concluye que el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001 es un típico acto administrativo dictado por el instituto autónomo Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), en ejercicio del ius imperium de la Administración; y como tal, ese acto administrativo está premunido del poder exorbitante de la Administración, consistente en la potestad imperativa de poner fin unilateralmente a sus contrataciones administrativas. En consecuencia, se desestima el alegato de los apoderados judiciales de la accionante, con respecto de que la decisión tomada por dicha Corporación no constituye un acto administrativo. Así se decide.

Falso supuesto de hecho.

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) denunciaron que la Administración incurrió en falso supuesto de hecho al rescindir el contrato suscrito con la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) para la exploración y explotación del área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 4 de marzo.de 1992, bajo el número 66, Tomo 21, e inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolivar, bajo el N° 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha- 19 de marzo de 1992), por el presunto incumplimiento de las cláusulas Novena, Décimonovena y Vigésimoctava en que habría incurrido su mandante.

Pasa la Sala a verificar el cumplimiento de las mencionadas cláusulas contractuales del contrato minero, consignado en los folios 75 al 90 de la Pieza N° 1 del expediente judicial.

Al.efecto observa:

Mediante comunicación número PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001 -recibida el 7 del mismo mes y año- la CVG notificó a MINCA que había detectado incumplimientos contractuales, concediéndole el plazo de noventa (90) días continuos para subsanar los, según lo previsto en la cláusula Vigesimoséptima del contrato minero.

El mencionado oficio, en cuanto al incumplimiento de la cláusula Novena expresó lo siguiente: "La empresa MINCA no cumplió con la obligación de presentar a la CVG, durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato".

En fecha 23 de agosto de 2001 la recurrente dio respuesta a la advertencia que le hizo la CVG, en los términos siguientes:

"Estando en la oportunidad legal establecida en el Contrato, mediante el presente escrito procedemos a dar respuesta a los señalamientos contenidos en la comunicación N° 471-01 mencionada:

(1) Como primer punto señalado en la comunicación objeto de este Novena del Contrato; por cuanto sostiene que MINCA durante los últimos dos (2) años ha incumplido con su obligación de presentar a CVG los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo en las áreas del Contrato.

Al respecio señalamos, que los informes a que se refiere la Cláusula Novena del Contrato, tal y como es del conocimiento de CVG y como se evidencia del Convenio de Prórroga celebrado el 8 de agosto de 2000 no han sido presentados por cuanto el Contrato ha estado suspendido, por dicho lapso.

Como es sabido, la suspensión de las actividades bajo el Contrato tiene como consecuencia la suspensión de sus efectos y obligaciones, por lo que, la obligación de presentación de informes · pormenorizados, los cuales se refieren y son consecuencia directa de las actividades que se desarrollen, se encontraba al igual que su causa, suspendidos. Esto, porque no pueden producirse reportes sobre actividades que, por razón de la suspensión acordada, no ocurrieron." (Folio 127 de la pieza N° 1 del expediente judicial).

Se observa que en las actas de suspensión del "Proyecto Las Cristinas" acordadas en reunión de Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A., celebrada el 15 de julio de 1999, prorrogada a partir del 15 de julio de 2000, no se precisó cuál fue el alcance de tales suspensiones, pero de su contenido se puede inferir que se circunscribió al "financiamiento" y "construcción" del proyecto, por las siguientes razones.

En efecto, en el acta de la reunión celebrada el 15 de julio de 1999 quedó constancia de la opinión desfavorable del representante de la Corporación, quien expresó: "La CVG ratifica su posición de no estar de acuerdo con la propuesta de suspensión del Proyecto Las Cristinas, por considerar que la información suministrada por la compañía a la Junta Directiva no es suficiente a los fines de tomar tal decisión (...). El Director Añez sugirió integrar un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de PDI, Minca y CVG para evaluar los motivos de la suspensión del financiamiento y por consiguiente la construcción del' Proyecto". (Folio 119, Pieza N° 1).

Asimismo, en el acta emitida el 8 de agosto de 2000 se dejó constancia de los siguientes acuerdos:

"PRIMERO: (...) Queda entendido que las partes fijarán de mutuo acuerdo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de firma de este convenio, un cronograma de actividades conjuntamente con el Banco de Inversión escogido por las Partes (...).

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SEGUNDO. MINCA se obliga a mantener durante la Prórroga y iniciados por MINCA (...

TERCERO. MINCA se obliga a mantener durante la Prórroga y PDI se compromete a financiar a MINCA el costo del mantenimiento de la propiedad y de las instalaciones del Proyecto (...". (Folio 121, Pieza N° 1).

Por su parte, la cláusula Novena del contrato establece que la empresa Minera Las Cristinas, C.A. debía presentar a la Corporación "en el curso de los meses de enero y julio de cada año, informes pormenorizados de ejecución de las actividades llevadas a cabo durante los respectivos semestres inmediatos anteriores, incluyendo producción de mineral, ventas en el país y exportaciones del mismo, personal, inventario de equipos, maquinarias con sus marcas, seriales y fotocopias de facturas de compra y accesorios, y demás pormenores del trabajo realizado".

El texto de la mencionada cláusula estipula que los informes pormenorizados debían incluir lo relativo a la producción de mineral, ventas y exportaciones, lo cúal debía ser considerado como parte de las actividades ejecutadas en cada semestre, en caso de que se hubieren ejecutado.

Asi lo asumió la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. en el escrito del recurso de reconsideración interpuesto el 15 de noviembre de 2001 (folios 166 a 1 169 de la Pieza N° 1 del expediente judicial), afirmando lo siguiente:

"...) Tal y como expusiéramos en nuestra comunicación de fecha 23 de agosto de 2001, el Contrato de Trabajo estuvo suspendido desde el 15 de julio de 1999 hasta el 15 de julio de 2001, por lo que salvo lo expresamente establecido en dichas suspensiones con relación a la ejecución de determinadas obras y actividades, el resto de los efectos y obligaciones se encontraban suspendidos.

Ahora bien, pese a tal suspensión y por cuanto el mantenimiento y la ejecución de obras sociales, asi como la gestión diaria de la compañia siguieron su ritmo normal trabajo, periódicamente la Junta Directiva de Minca con la participación y aprobación de los cinco (5) Directores, evaluaron y aprobaron las operaciones llevadas a cabo durante tales periodos, ello se evidencia en las Actas de Junta Directiva de fecha 15/07/1999, 3/11/1999, 3/12/1999, 16/12/1999, 3/03/2000 y 22/03/2000. Dichas Actas de Junta Directivas (sic) adicionalmente fueron remitidas a la CVG.

No obstante lo anterior, y en atención a lo expuesto en la Comunicación de CVG N° PRE-471-01 fecha 6 de agosto de 2001, Minca procedió a presentar los informes pormenorizados correspondientes a los períodos aludidos, tal y como se evidencia de comunicaciones enviadas y recibidas por CVG en fecha 19 y 20 de (Destacado de la Sala).

De la transcripción anterior -alegatos que fueron ratificados en el escrito contentivo del recurso de nulidad- se evidencia que la recurrente conocía plenamente su obligación de presentar los informes pormenorizados establecidos en la cláusula Novena del contrato.

Por lo tanto, no comparte esta Sala la posición asumida por la representación judicial de la empresa Minera Las Cristinas, C.A., porque interpretó erróneamente que la suspensión del proyecto la relevaba de informar a la Corporación sobre las demás actividades, las cuales, en todo caso, debieron estar dirigidas al mantenimiento y conservación de las maquinarias, equipos y accesorios, preparación de inventarios y rotación de personal, ejecución de obras sociales, entre ctros "pormenores", de los cuales -según la cláusula Novena del contrato- debía informarle a dicha Corporación.

Pues, tal como se evidencia de la transcripción anterior, tanto en el recurso de reconsideración. como en el de nulidad, la recurrente admitió que conocía plenamente su obligación de presentar los informes pormenorizados mantenimiento y la ejecución de obras sociales, así como la gestión diaria de la compcnia siguieron su ritmo normal trabajo". Así se establece.

Ahora bien, habiendo otorgado la C.V.G. el plazo de noventa (90) días que establece la cláusula Vigesimoséptima del mencionado convenio -según consta en oficio N° PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001-, esta Sala pasa a verificar el cumplimiento de tal requerimiento, que a decir de la recurrente, fue subsanado según remisión que hizo a la Corporación de los informes pormenorizados. mediante comunicaciones de fechas 19 y 20 de octubre de 2001, cuyo valor probatorio se estudia a continuación:

Al efecto. consta en legajo marcado "S" que la recurrente anexó al recurso de nulidad las siguientes copias simples:

1) Copia simple de la comunicación identificada MINCA/2001-103 de fecha 19 de octubre·de 2001 -se aprecia sello húmedo de recibido por la CVG el 25 de mismo mes y año-, la cual expresó lo siguiente:

"(..) para dar cumplimiento a la Cláusula Novena de dicho contrato desarrollarán en Las Cristinas, procedemos a informar que las operaciones realizadas durante el lapso de suspensión y su prórroga mantenimiento y cuido de Las Cristinas incluyendo protección ambiental Asimismo, (.) se continuó con los planes de inversión social en lus comunidades adyacentes, (Ver cuadro explicativo de inversiones sociales ejecutadas hasta la fecha). y con los compromisos de cuido y mantenimiento de la propiedad.

En actas de Jun:a Directiva celebradas en fecha 15/07/1999, 3/11/1999. 3/12/1999, 16/12/1999, 3/03/2000 y 22/03/2000, se presentaron a la Directiva las distintas actividades a ser ejecutadas durante el periodo antes citado. En cada una de esas actas la Directiva aprobó e hizo seguimiento de las actividades ya ejecutadas, aquelias que se mantenían en curso, los programas futuros y los respectivos presupuestos.

Forma parte del Convenio de Prórroga el plan de actividades y el presupuesto a ser ejecutado en el período comprendido entre el 15 de julio de 2000 al !5 de julio de 2001.

Por último, udjuntamos para su información materia contentivo del personal actual de Minca e Inventario. (..)". (Folio 216, Pieza N° 1).

2) Copia simple de documento identificado "NÓMINA POR DEPARTAMENTO" -no consta su recepción por parte de la CVG-. Los datos NOMBRES", "C.I.", "F/INGRESO" y "CARGO". De la información mostrada se puede observar que consiste en un listado que contiene información general del personal de la empresa (datos personales, cargo, fecha de ingreso, departamento al cual están asignados); dicha nómina está conformada por cuarenta (40) trabajadores con fechas de ingreso entre el 01-08-2001 y el 18- 09-2001, faltando inforraación relevante como sería la rotación" de los trabajadores, el salario, la condición del contrato de trabajo y el trimestre al que corresponde la información. (Folios 217 y 218, Pieza N° 1).

3) Copia simple de las comunicaciones identificadas MINCA/2001-107 y 108 de fecha 19 de octubre de 2001 -se aprecia sello de recibido por la C.V.G. el 19 y 20 del mismo mes y año-. Tal información dice corresponder a los periodos de actividades efectuadas desde el 1-07-2000 hasta el 31-12- 2000 y del 1-01-2001 al 30-06-2001, -redactadas en términos similares-, expresando lo siguiente:

"(..) Sirva la presente a los fines de informar sobre las actividades llevadas a cabo durante el semestre comprendido desde (...).

De conformidad con lo-acordado en el convenio de prórroga suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Minera Las Cristinas, C.A. Vanesa de Venezuela, C.A. (antes denominada Placer Dome de Venezuela, C.A.) y Placer Dome Inc. en fecha 8 de agosto de 2000, la suspensión del contrato minero sobre las áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 fue prorrogada por el período de un (1) año contado a partir del vencimiento de la suspensión inicialmente acordada por la 2000. A la fecha durante todo el semestre mencionado en el párrafo anterior, sólo fueron ejecutadas las actividades necesarias para el mantenimiento, conservación y resguardo de Las Cristinas.

Con respecto a los programas sociales, anexo informe pormenorizado de las actividades llevadas a cabo para el período en referencia. De igual modo, se unexan informes correspondientes a los programas de pequeña minería. Por último, le anexo relación del personal del semestre referido. ...". (Folios 219 y 220, Pieza N° 1).

4) Copia simple de la comunicación identificada MINCA/2001-106 de fecha 19 de octubre de 2001 -se puede leer sello de recibido por la C.V.G. sin que se pueda identificar la fecha-, la cual presuntamente corresponde al período de actividades efectuadas desde el 1-01-2000 hasta el 30-06-2000, cuyo texto es el siguiente:

"(.) Como fuere acordado, en la Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C' A. de fecha 15 de julio de 1999, la ejecución del contrato minero sobre las áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 fue suspendido por el lapso de doce (12) meses contados a partir del 15 de julio de 1999. A la fecha y durante todo el semestre en referencia, solo fueron efectuadas las actividades necesarias para el mantenimiento, conservación y resguardo de Las Cristinas.

Con respecto a los programas sociales, anexo informe pormenorizado de las actividades llevadas a cabo para el periodo en referencia. De igual modo, se anexan informes correspondientes a los programas de pequeña mineria. Por último, le anexo relación del personal del semestre referido. ...).". (Folio 221, Pieza N° 1).

5) Copia simple de la comunicación identificada MINCA/2001-088 del 17 de octubre de 2001 -con sello de recibido por la C.V.G. sin constancia de fecha-, redactada en los términos siguientes:

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(..) Por medio de la presente y cumpliendo con la Cláusula Octava del contrato suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) el 22 de febrero de 1992, para la explotación de oro de alusión y veta en la zona denominada Las Cristina 4, 5, 6 y 7, le informamos que el Plan de Actividades para el período comprendido desde el 1° de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2002 se basa en la reactivación de las actividades de construcción del Proyecto Las Cristinas, según se describe y explica en las Actas de Junta Directiva de fecha 30 de agosto de 2001 y 27 de septiembre de 2001 y en carta de fecha 18 de septiembre de 2001, enviada a usted por el señor Luis Ignacio Rojas (Anexamos copias de las mismas). Asimismo, en la Junta de fecha 27 de septiembre de 2001, se aprobó el presupuesto para este período.

(..". (Folio 222, Pieza N° 1).

6) Copia simple de la relación de "Inventario de Maquinarias existente en Campamento Las Cristinas", la cual no precisa a qué trimestre está referida dicha existencia, pues, sólo muestra la fecha de preparación del reporte (24-10-2001). No consta su recepción por la C.V.G. (Folios 223 al 225, Pieza N° 1).

7) Copia simple del primer folio de las actas de "Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A.", celebradas el 15 de julio, 3 de noviembre, 3 y 16 de diciembre de 1999, 3 y 22 de marzo 2000. De las seis (6) actas consignadas, solamente la del 16 de diciembre de 1999 y la del'22 de marzo de 2000 constan de una (1) página, las demás están incompletas. (Folios 226 al 231, Pieza N° 1).

Respecto de las anteriores copias simples, se observa que las apoderadas judiciales de la accionante, mediante escrito de pruebas de fecha 4 de febrero de 2003, promovieron las siguientes:

"(.) el mérito favorable que se desprende de los autos a favor de [su representada, y muy especialmente de los documentos que fueron acompañados con el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo que ha dado origen al presente proceso, marcados con las letras (...) 'S' (...), los cuales se indican a continuación:

(..) (xvii) Copia de comunicaciones de fechas 19 y 20 de octubre de 2001, de donde se evidencia que MINCA, no obstante la suspensión del CONTRATO MINERO, procedió a presentar a CVG dentro del término de los noventa (90) días otorgado por ese organismo en el oficio de fecha 6 de agosto de 2001, los informes pormenorizados a que se refiere la Cláusula Novena del CONTRATO MINERO. Estas pruebas documentales demuestran, en el supuesto negado de que MINCA hubiere estado obligada a presentar los informes previstos en , la Cláusula Novena del CONTRATO MINERO, que [su representada] subsanó el supuesto incumplimiento imputado por CVG. en razón de lo cual no procede la terminación del CONTRATO MINERO por esta causal. (..". (Folios 3 al 12, Pieza N° 2) (Interpolado de la Sala).

Obsérvese que del contenido de las transcripciones parciales de las comunicaciones de fecha 19 y 20 de julio de 2001 a que hace referencia la accionante en el lapso probatorio, la cuales dice haber suministrado a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), no se evidencia con exactitud cuáles son los "pormenores" de las actividades dirigidas al mantenimiento y conservación de las maquinarias, equipos y accesorios, preparación de inventarios, rotación de personal y ejecución de obras sociales.

Respecto de las estudiadas copias simples (numeradas del 1 al 7), es de observar que el -artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, establece:

"Los instrumentos.públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedigna si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco dias siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no .por la otra parte. (...)".

De conformidad con la norma transcrita, las copias fotográficas, fotostáticas o reproducidas por cualquier medio mecánico se reputarán como fidedigna siempre y cuando: a) se trate de copias de documentos públicos o privados reconocidos (no simplemente privados); b) sean producidas con la demanda, su contestación o en el lapso de promoción de pruebas, o que cuenten con la aceptación expresa de la contraparte, si son producidas en un momento distinto a los anteriores; c) no sean impugnadas por la contraparte en los lapsos señalados en la norma; y d) sean legibies. Por interpretación en contrario, si no son de este género, esto es, si se trae a juicio una copia foicstáticg de un documento privado simple, ésta carece de valor probatorio, incluso cuando no sea impugnada expresamente. (Ver sentencia de esta Sala N° 00379 del 27 de marzo de 2008).

Al analizar el presente caso, la Sala encuentra que las copias simples acompañadas por la actora al libelo no constituyen instrumentos públicos, ni privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, por lo que no se trata del tipo de documentos a los que el legislador ha querido dar valor probatorio cuando hubiesen sido consignados en fotocopias; en consecuencia, carecen de mérito probatorio. Así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala concluye que la empresa Minera Las Cristinas C.A., distintamente a como lo pretende con las copias precedentemente examinadas, no subsanó la omisión reclamada por la - Corporación Venezolana de Guayana (CV.G.), respecto de la cláusula Novena del contrato minero. Asi se decide.

El segundo incumplimiento detectado por la Corporación que se refiere a la cláusula Décimonovena, fue notificado a la accionante mediante el mencionado oficio PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001, en los términos re e Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001".

En respuesta a dicha notificación, la empresa Minera Las Cristinas, C.A., mediante comunicación de fecha 23 de agosto de 2001, alegó lo siguiente:

(..) (2) El segundo incumplimiento señalado en la comunicación es el supuesto contenido en la Cláusula Décima Novena del Contrato. Al de julio de 2001 en el supuesto contemplado en lq Cláusula citada, por cuanto vencieron las prórrogas concedidas.

(.….)) La prórroga concedida venció el pasado 15 de julio de 2001. por lo que a la fecha de la emisión de la comunicación objeto de este escrito como dispone la mencionada cláusula, tal supuesto solo aplica luego de transcurridos doce (12) meses continuos a partir del 15 de julio de 2001, es decir hasta el 15 de julio de 2002, será que efectivamente , haya incurrido en el supuesto citado, dando derecho a la Corporación a rescindir el Contrato.".

Tal como antes se expresó, la suspensión del "Proyecto Las Cristinas" fue acordada en reunión de Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A., celebrada el 15 de julio de 1999 -la cual no contó con el voto favorable del Director Principal, ciudadano Francisco Añez, quien actuó en representación de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)-.

En la referida acta (15-07-1999) quedó constancia de la opinión desfavorable del representante de la Corporación, quien expresó: "La CVG ratifica su posición de no estar de acuerdo con la propuesta de suspensión del Proyecto Las Cristinas, por considerar que la información suministrada por la compañia a la Junta Directiva no es suficiente a los fines de tomar tal decisión (.). El Director Añez sugirió integrar un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de PDI, Minca y CVG para evaluar.

los motivos de la suspensión del financiamiento y por consiguiente la construcción del Proyecto".

Posteriormente, la Junta Directiva de MINCA con vino en la prórroga de la suspensión por un (1) año contado a partir del 15 de julio de 2000, con la asistencia del ciudadano Antonio López Reina (cédula de identidad número 2.978.586), actuando como "representante legal" de la Corporación.

A tales efectos pasa esta Sala a transcribir la cláusula Décimonovena del contrato, redactada en los términos siguientes:

paralización de los trabajos de explotación objeto del presente contrato, por un perlodo de doce (12) meses y sin motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación, será causal de rescisión del contrato por parte de la Corporación". (Destacado de la Sala).

La cláusula transcrita prevé la rescisión del contrato cuando se paralicen los trabajos de explotación, "por un periodo de doce (12) meses y sin motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación".

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Se evidencia que no podía ser otra la estipulación, en virtud de que la materia involucrada en la mencionada convención -como antes se analizó- es de eminente utilidad pública, pues al referirse a la explotación de recursos propiedad del Estado Venezolano (bienes de dominio público) se rige por las disposiciones de la Ley de Minas, que declara tales bienes como de utilidad pública. Tal sumisión quedó. expresamente aceptada por las partes, según consta en la cláusula Trigésima del contrato minero, la cual establece:

"Trigésima: Este. contrato y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela [actualmente República Bolivariana de Venezuela)". (Resaltado e interpolado . de esta Sala).

Con relación al período de suspensión permitido, el articulo 24 de la Ley de Minas de J945 contempla:

"Articulo 24.- En virtud del título minero el concesionario está :obligado a poner la concesión en explotación en los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación del título en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela:

a) cinco años para las concesiones de veta o manto, y b) tres años para las concesiones de alusión.

Empezada la explotación no podrá suspenderse por más de dos años consecutivos, si se tratare de veta o de manto, y de un año si de alusión, salvo caso de fuerza mayor comprobada. Fuera de este caso el Ministro de Fomento podrá conceder, por una sola vez, una prórroga, para reanudar la explotación, por lapsos iguales o menores de los aquí indicados. ..." Adicionalmente, la vigente Ley de Minas, en el artículo 61 dispone:

"Articulo 61.- Las parcelas objeto de los derechos mineros deben ponerse en explotación en un lapso máximo de siete (7) años contados Gaceta Oficial de la República de Venezuela. La explotación de la concesión no podrá ser paralizada sino por causa justificada y por un lapso no mayor de un (1) año, excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor que deberán ser comunicados al Ministerio de Energía y Minas, que decidirá al respecto. Sin embargo, durante el lapso de paralización, el titular del derecho continuará aquellas actividades y trabajos necesarios para la preservación de los mismos." Ahora bien, las apoderadas judiciales de la accionante expusieron en el exploración del mineral de oro, MINCA inició en 1993 las operaciones de exploración en las áreas, las cuales concluyeron en junio de 1996 con la elaboración y presentación del Estudio de Factibilidad Técnico Económico". Que el mencionado estudio "fue aprobado por la CVG en agosto de 1996" y por el Ministerio de Energía y Minas (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería) "en agosto de 1997".

También alegaron las representantes de la empresa Minera Las Cristinas, C.A. que "cumplida la fase de exploración y con miras a dar inicio a la fase de explotación, MINCA requirió obtener un financiamiento para iniciar là etapa de construcción de esta fase"; por lo tanto, en sesión celebrada el 15 de julio de 1999, la Junta Directiva de la mencionada sociedad mercantil "decidió suspender la ejecución del Contrato Minero por un período de doce (12) meses"; posteriormente, el 8 de agosto de 2000, los representantes legales de C.V.G., PLACER DOME, INC. y PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y el Presidente de MINCA "suscribieron un Convenio de Prórroga de la suspensión del Contrato Minero por un (1) año, el cual venció el 15 de julio de 2001".

Por su parte, el oficio PRE-678-01, suscrito por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) el 6 de noviembre de 2001, expresó:

"(..) 2°) Por cuanto MINCA, en su carácter de titular del Contrato de Trabajo, quedó obligada al exacto cumplimiento de lo previsto en la Ley de Minas, su Reglamento y demás Decre los y Resoluciones aplicables a los contratos de trabajo celebrados por la C.V.G.

durante la vigencia de los Decretos N° 1.409, de 29 de diciembre de 1990 y N° 3.281 del 9 de diciembre de 1993, y en el propio Contrato de Trabajo; y que las obligaciones contenidas en el Contrato de Trabajo son adicionales y complementarias y en ningún caso sustitutivas de las obligaciones contenidas en la Ley de Minas y su Reglamento, toda vez que el exacto cumplimiento de dicha normativa no puede ser relajado mediante acuerdos o convenios, por constituir normas de, orden público, vale decir, articuladas a la tutela y conservación de intereses que trascienden la esfera jurídica particular de la relación juridica concreta.

(…) 4°) Por cuanto, en acatamiento a lo previsto en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Trabajo, la CVG notificó a MINCA, mediante comunicación número PRE-471-01, de 6 de agosto de 2001, e e e e incumplimientos contractuales y le concedió el plazo contractual de 90 dias continuos para subsanar los, cuyos incumplimientos son los siguientes:

(….) 'Cláusula Décima Novena: La empresa MINCA incurrió en el :supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001'.

(..)) 5°) Por cuanto, mediante comunicación número MINCA/2001-059, de enviada por CVG el 6 de agosto de 2001 (...).

7°) Por cuanto la suspensión de actividades por parte de MINCA más allá de la prórroga acordada por las partes, que venció el 15 de julio de 2.001, representa un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contratò de Trabajo. (...".

Adicionalmente, la Administración otorgó a la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. el plazo de noventa (90) días que dispone la Cláusula vigésimo séptima, que a continuación se transcribe:

"Vigésima Séptima: Cualquiera de las partes tendrá derecho de terminar este contrato después de transcurridos noventa (90) días continuos a partir de la fecha en que notifique por escrito a la otra, atribuyéndole en forma razonada, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato, siempre que dentro de dicho plazo no se hubiere subsanado el incumplimiento. Si la parte subsanado antes de los mencionados noventa (90) días, deberá indicar expresamente a la otra en el escrito de notificación, el plazo en que se deba corregir el incumplimiento, con señalamiento de las motivaciones que fundamenten. ese plazo. Si el incumplimiento se susana en un lapso mayor del razonablemente señalado por la parte agraviada, o del lapso aceptado por esta a proposición de la otra parte, siempre que no excederá el límite máximo de noventa (90) correspondientes daños y perjuicios ocasionados por el retardo".

De lo expuesto se concluye que -al referirse el presente contrato a la exploración, desarrollo y explotación de oro de alusión y de veta-, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la entonces vigente Ley de Minas de 1945, la paralización del proyecto no debía exceder el lapso inicialmente acordado y su prórroga, es decir, dos (2) años consecutivos.

No obstante, la representación judicial de la accionante alegó que "sólo si MINCA hubiese dejado de realizar las actividades de explotación durante los doce (12) meses continuos siguientes a partir del 15 de julio de 2001, es decir, hasta el 15 de julio de 2002, estaría efectivamente incursa en el supuesto de la Cláusula Décima Novena, dando derecho a la CVG a rescindir el Contrato Minero"?.

Como se ve, la denuncia de dicha representación parte de un error al pretender que el lapso de un (1) año -otorgado contractualmente- se extendiera hasta el 15 de-julio de 2002, comenzando a partir del vencimiento del período de prórroga de la paralización acordada, es decir, desde el 15 de julio de 2001.

Tal error conceptual se evidencia al computar los lapsos contractuales, porque habiéndose agotado el 15 de julio de 2001 el lapso de paralización del contrato -incluida su prórroga-, debe entenderse que el 16 de julio de 2001 debieron iniciarse las actividades de explotación en su primera fase (construcción), esto de conformidad con la previsión de la entonces vigente Ley de Minas. Por lo tanto, transcurrido el lapso contractual de noventa (90) días sin que la empresa Minera Las Cristinas, C.A. subsanar a dicho incumplimiento, la cláusula Vigesimoséptima del contrato concede a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) el derecho de dar por terminada dicha convención.

Por las razones expuestas, este Máximo Tribunal estima que la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. incumplió la cláusula Décimonovena del contrato minero suscrito por las partes. Así se decide.

A la luz del estudio tanto del contrato minero como de la legislación aplicable al mismo, la Sala observa que el incumplimiento de las dos cláusulas contractuales comentadas (Novena y Décimonovena), por parte de MINCA en su relación jurídica con la República Bolivariana de Venezuela, constituye (ese incumplimiento) causa suficiente y eficiente para declarar la extinción de dicho contrato.

En efecto, bastaría una cualquiera de las dos violaciones estudiadas, bien la que atenta contra la legislación venezolana, o bien la que viola el contrato administrativo, para que se declarase su nulidad.

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Respecto del concepto de contrato, los códigos civiles modelos han acogido la definición del sabio griego Aristóteles (S. V. aC.), quien precisó que el contrato es ley entre las partes". Nuestro Código Civil recoge esta definición en su artículo 1.159.

Además de esa "ley entre las partes" que es el contrato, tanto la Constitución como las leyes de la materia -todas ya estudiadasa llevan a la Sala a la convicción de que el referido contrato se ha extinguido.

En consecuencia, este Alto Tribunal desestima la denuncia de falso supuesto de hecho en que habría incurrido la Administración al emitir el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), que declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente. Así se decide.

Adicionalmente, observa la Sala que la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) -mediante oficio PRE-471-01 de fecha 7 de agosto de 2001- advirtió también el incumplimiento de la cláusula Vigésimoctava del contrato, la cual prevé lo siguiente:

"Vigésima Octava: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros, el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito, por la otra parte".

En ese sentido la Corporación fundamentó el mencionado incumplimiento, en los términos siguientes:

"(..) Asimismo, se evidencia de las comunicaciones recibidas en esta Corporación Venezoldna de Guayana, de fechas 13-07-2001. N° WMH-C-072/2001 del 16-07-2001, N° WMH-C-469/2001 y del 25- 07-2001, N° WMH-C-073/2001, de la empresa Placer Dome, a través de su representante Sr. Williams M. Haves, la transacción efectuada con la empresa Vanessa Vantures Lid, a través de su subsidiaria IHC Corp. de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Quinta (sic) del antes referido contrato, que la obligan a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia, dado el alcance que dicha transferencia opera sobre MINCA, circunstancia que fue confirmada por los representantes de Placer Dome en reunión de fecha 20-07-2001, realizada en la Presidencia de la CVG.

La descrita conducta ha generado fracciones entre las partes asociadas en la empresa MINCA, en contravención a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta del mencionado contrato, asi como el derecho que le asiste a la CVG de adquirir las acciones Clase D en MINCA, hasta transcurridos seis (6) meses luego de ejecutado el Provecto objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la Sección 3.07 del Articulo III y de aprobar la incorporación de nuevos socios, de acuerdo a la Sección I0.I del Articulo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997 y articulo 5 del Acuerdo de Prórroga de fecha 08-08-2000. (...)". (Resaltado del oficio) (Subrayado de esta Sala).

En respuesta a dicha exportación la recurrente alegó:

"(...) (3) Como punto adicional, la comunicación hace referencia a las cartas remitidas por Placer Dome de Venezuela, sosteniendo que las mismas contravienen la cláusula Vigésima Quinta del Contrato.

(...) En cuanto a lo señalado en la comunicación parcialmente independiente y con personalidad juridica propia distinta a la de sus accionistas, y en tal sentido no puede pronunciarse sobre las comunicaciones que tengan o se intercambien sus accionistas.

Como bien lo establece la comunicación, el Contrato fue suscrito contenido y alcance solo le son aplicables a las partes contratantes y es solamente a éstas a quienes obligan, no siendo una de ellas Placer Dome de Venezuela.

(...) El supuesto contenido en la cláusula transcrita [Vigésima Octava] se refiere al escenario en que alguna de las partes, en tiendas CVG o MINCA, cediere sus derechos bajo el contrato a un tercero sin la autorización de la otra parte. A este respecto, MINCA no ha cedido y de ninguna forma ha comprometido los derechos y obligaciones adquiridas bajo el contrato, y por el contrario reconoce y ratifica su compromiso para el cumplimiento de las mismas.

(...) Del análisis de las cláusulas Novena, Décima Novena, Vigésima Quintc (Vigésima Octava como señaláramos) y Vigésima Cuarta del Contrato, fundamentos de la comunicación objeto de este escrito, y las razones aquí expuestas sobre los señalamientos relativos a-cada una de tales cláusulas, se evidencia que hasta la fecha MINCA no ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y en consecuencia salvo las aclaratorias aquí contenidas nada tiene que subsanar en relación con las mismas.

Con relación a las menciones relativas a la Sección 3.07 del Artículo III y la Sección 10.1 del Artículo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997, contenidos en la comunicación a que se refiere este escrito, por cuanto MINCA no es parte contratante de tal acuerdo, mal podr la incurrir en incumplimiento y estar obligada a e n d ere n n o n sido ejecutados por ella.". (Resaltado de esta Sala).

A tales efectos, este Alto Tribunal pasa a efectuar algunas precisiones históricas, en orden cronológico, del contrato minero:

1) 30 de noviembre de 1990: El Estado venezolano otorgó la buena pro a la compañía canadiense PLACER DOME INC. para la ejecución del proyecto de exploración y explotación de mineral de oro de veta y de alusión en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

2) 26 de abril de 1991: Consta en documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy denominados Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda), bajo el N° 70, Tomo 54-A-Sgdo. de fecha 26 de abril de 1991, que la compañía PLACER DOME B-V LIMITED (filial de PLACER DOME INC.) constituyó la sociedad de comercio PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., la, cual actuará como "inversionista" de PLACER DOME INC., conforme lo estipuló posteriormente el "Convenio de Accionistas".

3) 25 de julio de 1991: Consta en copia certificada del "ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS No. 154 DE FECHA 25 DE JULIO DE 199I", dirigida por el Presidente de la República de Venezuela, que fue "APROBADO" el punto N° 3 de la agenda del día, presentado por el Ministro de Estado (Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana), como sigue: "Se solicita del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, la aprobación de la Constitución de la Empresas Mixtas 'Minera Las Cristinas, C.A. MINCA'y 'Relaves Mineros Las Cristinas, C.A.

REMINCA', para la exploración, desarrollo y explotación del yacimiento aurífero Las Cristinas, cuyos accionistas son la Corporación Venezolana de Guayana y la Empresa Placer Dome Inc.".

4) 25 de julio de 1991: Se celebró el "CONVENIO DE ACCIONISTAS" (modificado el 31 de julio de 1997) entre la compañía canadiense PLACER DOME INC. y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), en el cual se acordó constituir la empresa MINERA LAS CRISTINAS C.A., cuyo modelo de acta constitutiva y estatutos sociales se adjuntó como "anexo A", integrando el mencionado acuerdo.

5) 24 de enero de 1992: Las partes que suscribieron el citado "CONVENIO DE ACCIONISTAS" [PLACER DOME INC. y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.)] constituyeron la empresa mixta denominada MINERA LAS CRISTINAS C.A. (inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz en fecha 24 de enero de 1992, bajo el N° 17, Tomo A-132), la Presidente de la República de Venezuela en Consejo de Ministros, en Sesión de fecha 25 de julio de 1.991",.

6) 1° de febrero de 1992: Se celebró un contrato entre la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) y la empresa MINERA LAS CRISTINAS C.A., para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de alusión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, convención que posteriormente fue autenticada en la Notaria Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 13 de marzo de 1992, bajo el número 66, Tomo 21, luego de lo cual se inscribió en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolívar, bajo el N° 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992.

7) 31 de julio de 1997: Se modificó el "CONVENIO DE ACCIONISTAS" del 25 de julio de 1991, suscrito en esta oportunidad por PLACER DOME INC. (PDI), PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.

(PDVEN) y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.).

Dicho acuerdo expresa lo siguiente: "Este Convenio Modificado constituye el acuerdo total de las partes en lo que respecta a su objeto y reemplaza, sustituye y deja sin efecto al Convenio y a cualquier otro acuerdo verbal o escrito entre las partes sobre dicho objeto. Los anexos I (Mapa), II (Programa de Exploración) y III (Regalía) del Convenio constituyen anexos de este Convenio Modificado, al igual' que el anexo A (Documento Constitutivo de MINCA) de este documento. (...)".

página original (tal como se publicó)Página 43 de la Gaceta

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Las anteriores precisiones cronológicas permiten concluir que las partes (PDI, PDVEN y C.V.G.) suscribieron un "acuerdo total" respecto del objeto del "Convenio de Accionistas", y que el cometido de constituir la sociedad de comercio MINERA LAS CRISTINAS C.A. era el de ejecutar el proyecto de exploración, desarrollo y explotación de mineral de oro de alusión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolivar. Dicho acuerdo dejó constancia de lo siguiente:

"() Por cuando la CVG y PDI [PLACER DOME INC.) desean constituir dos (2) compañias mineras.

(ii) Una que inicialmente explorard y, si se establece que es económicamente factible de acuerdo con este convenio, explotard oro en el área denominada 'Las Cristinas' 4, 5, 6 y 7, situada cerca del kilómetro 88 del Municipio Sifontes, Estado Bollvar.

(iv) Otru que evaluará y, si se establece que es económicamente factible de acuerdo con este convenio, procesar las colas existentes en Las Crisrina 4 y 5.

condiciones y compromisos reciprocos que contiene este convenio. la CVG y PDI convienen en lo siguiente:

1. CONSTITUCIÓN DE COMPANIAS Inmediatamente después del otorgamiento de este convenio, la CVG y PDI realizarán todos los actos necesarios para constituir las siguientes compañías mineras:

A. Minera Las Cristinas, C.A. ('Minca") I Dosumento Consritutivo de Mincga Minca se regirá por el documento constitutivo/estatutos sociales que Convenio.

2. Capital Social de Minca Minca emitirá dos clases de acciones comunes: el 70% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase A' y seran suscritas en su totalidad por Placer Dome de Venezuela, C.A.

('Inversionista de PDI'); para lo cual PDI serd solidaria de las obligaciones de su inversionista, y el 30% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase 'B' y serán suscritas en su totalidad por una subsidiaria propiedad de la CVG en un 100% ('Inversionista de la CVG"). para lo cual CVG serd solidaria de las obligaciones de su inversionista. ()". (Subrayado del convenio) (Resaltado de la Sala).

De la transcripción anterior se evidencia que quedó expresamente aprobado por los suscribientes, por ser "parte integrante" del Convenio de Accionistas, la constitución de la sociedad mercantil MINCA, la cual se encargará de explorar y explotar "oro en el área denominada 'Las Cristinas' 4. 5. 6 y 7, situada cerca del kilómetro 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolivar". y que el setenta por ciento (70%) de las acciones que integrasen el capital social sería suscrito por la empresa PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., como "inversionista" de PLACER DOME INC (compañia canadiense que obtuvo la buena pro para recibir la concesión minera).

El fundamento de tales acuerdos tiene su origen en la facultad de que disponia el entonces denominado Ministerio de Energia y Minas para asignar a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) "el ejercicio del derecho a la exploración, desarrollo y explotación de minerales de oro y diamante de alusión y veta en todo el territorio que comprende la Región Guayana" (ver articulo 2° del Decreto Presidencial N° 1.409, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.627 de fecha 3 de enero de 1991).

El mencionado cuerpo normativo también dispuso en los artículos 5° y 6° lo siguiente:

"Articulo 5". A los fines del ejercicio del derecho previsto en el articulo 2" de este Decreto, lo Corporación Venezolana de Guayana podrá constituir las empresas que considere conveniente o contratar con personas naturales o juridicas en los términos y condiciones que la Corporación determine".

"Articulo 8"- Las empresas que se constituyan conforme al articulo anterior, asi como las personas con quienes contrate la Corporación Venezolana de Guayana deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Minas, Ley de Impuesto sobre la Renta y impuestos, tasas y contribuciones correspondientes, asl como con las disposiciones establecidas en las leyes y demás normas en materia ambiental", De lo anteriormente razonado se observa que la obligación de constitu.

la empresa MINERA LAS CRISTINAS C.A., además de ser una cláusula contractual imperativa e insoslayable, constituye un requisito esencial VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) para el otorgamiento de 1a concesión minera para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de alusión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolivar ("anexo A" del "CONVENIO DE ACCIONISTAS"); conditio sine qua non que la empresa aceptaron y que forma parte del "acuerdo total" contenido en el "Convenio de Accionistas" y su modificación. Por lo que se infiere que las inversionistas extranjeras estaban vedadas de ceder sus acciones. Así se establece.

Quid iuris acerca de la cesión de acciones.

Aun cuando la Sala se pronunció respecto de la invalidez del contrato de cesión del paquete accionario de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. -dados los altos intereses públicos involucrados en el manejo y funcionamiento de la empresa MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA), formada y registrada luego que el Presidente de la República autorizara y ordenara al Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) para que la constituyese, asumiendo como único socio de la República a la citada empresa cedente- este Alto Tribunal considera de gran importancia estudiar la naturaleza jurídica de esa contratación de transferencia de propiedad de titulos valores nominativas y su trascendencia en la relación contractual entre la República y su única socia corporativa, escogida intuitu personal como consecuencia de una licitación en la que dicha socia (PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.) obtuvo la buena pro.

Este Alto Tribunal procede a tal análisis exhaustivo en resguardo de la paridad judicial en especial, y en general de la transparencia de la actuación de los poderes públicos, en virtud de que la génesis de la empresa MINCA surge de una sucesión de actos administrativos, que empezaron por el Decreto Presidencial y terminaron con la declaratoria de rescisión dictada por el Presidente de la C.V.G., en uso de sus competencias legales.

Al respecto se observa:

Para precisar esta cuestión jurídica que este Alto Tribunal considera de gran interés nacional, la Sala pasa a estudiar los alegatos y documentos cursantes en autos.

Las apoderadas judiciales de la recurrente alegan:

Que en fecha 25 de julio de 2001, "PLACER B-V LIMITED, único accionista de VANESSA (antes denominada PLACER DOME DE VENEZUELA. C.A.), cedió la mayoría de sus acciones a IHC CORP., empresa propiedad en su totalidad de VANNESSA HOLDINGS CORPORATION".

Que no existe impedimento ni en la legislación venezolana ni en el Contrato Minero "que restrinja o prohíba la venta de las acciones del capital social de PLACER DOME DE VENEZUELA. C.A. por parte de su propietario a un tercero".

transferencia propuesta de acciones del capital social de MINCA, la cual estaria sometida a las disposiciones sobre derecho preferente a favor de los accionistas establecidas en el documento constitutivo estatutario de MINCA".

persigue proteger a los demás accionistas de una venta de acciones del capital social de la empresa que tiene los derechos sobre el Proyecto de acuerdo con el Contrato Minero, además de consagrar un derecho de protección a favor del accionista distinto al accionista que se propone vender su participación accionaria en MINCA. Este no es el caso de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. la cual, como se señaló, no tiene derechos mineros sobre el Proyecto y ha sido siempre propiedad de un solo accionista, salvo a los efectos de su constitución.".

De tales argumentos la Sala concluye que la representante judicial de la recurrente no abriga dudas respecto de la limitación que tiene su representada capital social de MINCA, la cual estaria sometida a las disposiciones sobre derecho preferente a favor de los accionistas establecidas en el documento constitutivo estatutario de MINCA". También se evidencia que la recurrente intereses de los accionistas de MINCA. (Resaltado de la Sala).

A juicio de este Máximo Tribunal resulta pertinente observar lo siguiente:

La accionante anexó al escrito del recurso contencioso administrativo de nulidad copia simple del Libro de Accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., que está constituido por anotaciones suscritas por los socios con alguna representación de la directiva de la compañía, las cuales hacen plena prueba entre ellos y contra ellos, anotaciones estas precedidas -conditio sine qua non de validez- por la inscripción, foliatura, sello y firma autorizada del Registro Mercantil, en este caso, por el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Puerto Ordaz, en fecha 3 de octubre de 1997.

Visto que la representación de la parte demandada no planteó la impugnación de dichas copias parciales del referido libro, conforme a lo dispuesto en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala no desestima -ab initio- las referidas copias simples, tanto por la determinación anterior (forman parte de un documento público), cuanto porque como se verá más adelante, serán adminiculadas con la copia certificada del acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., celebrada el 17 de agosto de 2001, también cursante en autos. Observa este Alto Tribunal que si las referidas fotocopias fuesen facsímiles de un documento privado, aún asi deberían ser estudiadas, porque en ese caso tendrían valor indiciario, y como tal deberían ser concatenadas con otras probanzas que permitiesen establecer la verdad de los hechos controvertidos (ver, entre otras, sentencias de esta Sala N° 1296 del 26 de julio de 2007 y N° 123 del 4 de febrero de 2010).

Según consta en las copias producidas por la actora, en el referido libro existen los siguientes asientos referidos a la titularidad de las acciones:

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1) 24 de enero de 1992: La sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. suscribió y pagó 263.715 acciones nominativas clase "A" y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) suscribió y pagó 126.375 acciones nominativas clase "B", las cuales forman el capital social inicial de la empresa mixta MINCA, cuyo documento constitutivo estatutario quedó inscrito ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz, bajo el N° 17. Tomo 132-A.

VENEZUELA, C.A. suscribió y pagó acciones clase "A", en un porcentaje accionario de setenta por ciento (70%), mientras que la República, a través de la C.V.G., suscribió y pagó acciones clase "B", en un porcentaje accionario de treinta por ciento (30%).

2) 15 de octubre de 1997: El capital social de la empresa mixta MINCA fue aumentado por suscripción y pago de 1.478.575 acciones nominativas clase "C", 408.701 acciones nominativas clase "D" y 224.974 acciones nominativas clase "E", todas a nombre de la sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.

Observación de la Sala: Véase que PLACER DOME DE VENEZUELA. C.A. suscribió y pagó aciones clase "C", "D" y "E", quedando el paquete accionario de la República -que antes era del 30%de capital.

En los folios 4, 5 y 6 titulado "TRASPASOS" del mencionado Libro de Accionistas, consta el asiento siguiente:

7 de abril de 1999: "Yo., Carl Gerard Gagnier. (.) actuando en mi carácter de Director Principal de Placer Dome de Venezuela, C.A. ...

suficientemente autorizado para este acto según consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistãs de su representada de asiento denominada la 'Accionista"). por este medio declaro: En nombre de mi representada cedo y traspaso en garantía a PDS Bank (Cayman) Limited, una institución bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Caimán, quien actua en nombre propio y en beneficio de las Acreedoras (en lo sucesivo denominada el 'Agente de Garantiías"), Doscientas Noventa y Cinco Mil Setecientas Quince (295.715) acciones nominativas clase 'A° con un valor nominal de Cien Bolivares (Bs. 100.00) cada una. Un Millón Cuatrocientas Setenta y Ocho Mil Quinientas Setenta y Cinco (1.478.575) acciones nominativas clase 'C' con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1.00) cada una, Cuatrocientas Ocho Mil Setecientas Una (408.701) acciones nominativas clase 'D' con un valor nominal de Un Bolivar (Bs. 1,00) cada una y Doscientas Veinticuatro Mil Novecientas Serenta y Cuatro (224.974) acciones nominativas clase 'E' con un valor nominal de Un Bolivar (Bs. 1.00) cada una, que son propiedad de mi representada en el capital social de Minera Las Cristinas, C.A.:.) (en lo sucesivo denominada de 'Deudora"), y pertenecen a mi representada según se evidencia en los asientos insertos en el folio cuatro (4) del Libro de Accionistas de la Deudora. (Resaltado de la Sala).

Este traspaso en garantía es otorgado para garantizar a la Acreedora Inicial, las Acreedoras y al Agente de Garantías el pago de las Obligaciones Garantizadas (tal como este término se encuentra definido en el Contrato de Prenda celebrado por mi representada, la Acreedora Inicial y el Agente de Garantías, en reprèsentación de las Acreedoras, en esta fecha). En virtud de este traspaso en garantia y de conformidad con las disposiciones del artículo 536 del Código de Comercio, se constituye en este acto una prenda sobre las Acciones. (Resaltado de la Sala).

Todos y cada uno de los derechos y obligaciones contenidos en el Acreedora Inicial, el Agente de Garantias en representación de las Acreedoras y la Accionista, quedan incorporados a este traspaso en garantía. Yo James Gardiner, (.) actuando en mi carácter de Director Gerente de PDG Bank (Cayman) Limited, antes identificada, debidamente autorizado para este acto (..) por este medio declaro: Que mi representada acepta el anterior traspaso en garantía y la prenda creada por este medio a favor de la Acreedora Inicial y para el beneficio de las Acreedoras, de conformidad con los términos de este asiento y del contrato de prenda de acciones arriba mencionado. (.). Para todos los fines de esta prenda, sus derivados y consecuencias, se escoge como domicilio especial la ciudad de Caracas y las partes expresamente acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de sus tribunales.". (Folios 110 al 114 de la pieza 1 del expediente judicial) (resaltado de la Sala).

Presidente de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.- en seguridad del que el documento demostrativo del contrato de prenda- no consta en esa anotación, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1.839 del Código Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del articulo 543 del Código de Comercio.

En el folio 7 del referido libro -con el título "ACCIONISTA"- consta lo siguiente:

25 de julio de 201: "Por medio del presente asiento se hace constar que: 1) Consta del documento denominado Release, Satisfaction and Assigment' de fecha 18 de julio de 2001, que Placer Dome Inc. pagó los acciones constituida en los folios 4, 5 y 6 de Traspasos de este Libro de Accionistas y, por lo tanto. Placer Dome Inc. se convirtió en el acreedor prendario de tales obligaciones. 2) Consta de documento denominado "Transaction Agreement (Placer)' de fecha 25 de julio de 2001 que Placer Dome Inc. ha cedido y traspasado a Vanessa Holdings Corporation todos los derechos que le corresponden en los créditos ya identificados en el numeral 1) de este asiento, por lo que Vanessa Holdings Corporation se ha convertido en el acreedor prendario de las 'Obligaciones Garantizadas' bajo la prenda ya referida en este asiento y, 3) Consta de documento denominado Collateral Assigment Agreement' de fecha 25 de julio de 2001, que Vanessa Holdings Corporation ha cedido en garantía a Placer B-V Limited los créditos Accionistas, para garantizar su cumplimiento de las obligaciones que Vanessa Holdings Corporation asumió en el documento denominado Transaction Agreement (PBV) de fecha 25 de julio de 2001." (sic) (folio 115 del expediente judicial) (Resaltado de la Sala).

Observación de la Sala: En la nota anteriormente reseñada del Libro de Accionistas de MINCA consta que se citan tres documentos redactados en "Transaction Agreement (Placer)", y 3) "Collateral Assigment Agreement", legal es el castellano", Tampoco se evidencia cuáles instrumentos se hayan incorporado a los libros o a la documentación societaria de MINCA. Por tales mencionada empresa mixta, y por ende, también de la C.V.G., adicionalmente a que ésta (C.V.G.) objetó esos traspasos de acciones, como se verá más adelante.

Además, según se analizará posteriormente, la compañía "Vannessa de Venezuela, C.A." se presentó en la Asamblea Extraordinaria de MINCA el 17 de agosto de 2001, como propietaria de la totalidad del paquete accionario de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., sin que conste en el Libro de Accionistas de MINCA la suscripción y pago de las acciones que aquélla -tercero en la relación contractual- se adjudica.

Es importante recordar que la accionante afirmó en el capitulo de los fundamentos de hecho del recurso contencioso administrativo de nulidad, que la empresa "Placer B-V Limited", es el "único accionista" de la sociedad judicial).

Presume la Sala que tal sustitución -"Vannssa de Venezuela, C.A." por PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.- tuvo su origen en las sucesivas cesiones de la garantía mercantil prendaria sobre las acciones propiedad de esta última, asentadas en el Libro de Accionistas de MINCA, sin que conste en autos la aprobación de la C.V.G., como accionista de la mencionada empresa mixta, en tales operaciones. Tal limitación está prevista en el Articulo X del "Convenio de Accionistas Modificado", el cual dispone:

"ARTICULO X CESIÓN. EFECTO VINCULANTE Seccidn 10 01. Cezión del Convenio Modificado: Salvo que en este Convento Modificado se disponga lo contrario, ninguna de las partes mismo, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito. Este convenio serd vinculante y redundard en beneficio de cada una de las partes contratantes, y de sus cesionarios permitidos." (Subrayado del Convenio) (Resaltado de la Sala).

Asi como no consta la aprobación de la C.V.G. para que MINCA se pudiera obligar, tampoco se evidencia en autos la prueba de la obligación principal de la deuda, ni. el incumplimiento de tal obligación que supuestamente MINCA había contraído con "PDS Bank (Cayman) Limited" -presunto crédito que habría sido pagado por Placer Dome Inc., convirtiéndose así en acreedor prendario de tales obligaciones, quien luego cedió y traspaso a la empresa "Vanesa Holgings Corporation", y esta, finalmente (según el Libro de Accionistas de MINCA) a la compañía "Placer B-V Limited"-.

Se evidencia pues, a la luz del derecho patrio, que estas pruebas son absolutamente necesarias para demostrar las afirmaciones hechas en el referido libro de MINCA. Con tales pruebas el acreedor prendario podría solicitar judicialmente la venta de la prenda según lo prevé el artículo 1.844 del Código Civil, en concordancia con el articulo 542 del Código de Comercio, que dispone: "Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para vender las acciones obtenidas en garantía, prenda que -se reitera- no ha Esto último consta con io que la Sala concluyó al principio del análisis de la cesión: que en efecto no consta en el Libro de Accionistas de MINCA la

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Venezuela, C.A.", para pretender derechos en la concesión minera.

Resumiendo, la participación de los accionistas en el capital de MINERA LAS CRISTINAS, C.A. se muestra en el siguiente cuadro:

LIBRO DE ACCIONISTAS DE MINERA LAS CRISTINAS C.A.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA (folios 102 al 109 pieza 1 del expediente judicial) CANTIDAD DE ACCIONES PLACER DESCRIPCIÓN DOME CORPORACIÓN DE DE LAS VENEZUELA, VENEZOLANA FECHA C.A.

ACCIONES DE GUAYAÑA MONTO EN Ba.

24/01/1992:

CLASE "A"

295.715

29.571.500.00 Constitución de MINCA CLASE "B"

126.73$

12.673.500.00 CLASE "C"

1.478.575

1.478.575.00 15/10/1997:

Aumento de CLASE "D"

408.701

408.701,00 capital CLASE "E"

224.974

224.974,00

2.407.965 TOTAL APORTES

126.735

44.357.250.00 PORCENTAJE 95% 5%

Se verifica pues, que con el aumento de capital se emitieron acciones mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. incrementando su porcentaje al noventa y cinco por ciento (95%), pasando la República de un porcentaje inicial del treinta por ciento (30%) al posterior del cinco por ciento (5%).

Asimismo, constan en las copias del referido Libro de Accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A. las siguientes operaciones de traspaso de acciones:

1°) La sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA,.C.A.

(única socia de la República en MINCA) dio en garantía prendaria todas sus accionès a la institución financiera "PDG Bank (Cayman) Limited".

2ª) ".. Consta del documento denominado Release, Satisfaction and Assigment' de fecha 18 de julio de 2001, que Placer Dome Inc. pagó los préstamos recibidos por MINCA, no constando en autos el uso de ese dinero], y por lo que, ".. bajo la prenda de acciones constituida en los folios 4, 5 y 6 de Traspasos [del] Libro de Accionistas y, por lo tanto, Placer Dome Inc.

[tercero ajeno al contrato de sociedad suscrito entre la C.V.G. y PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.] se convirtió en el acreedor prendario de 3") "..Consta de documento denominado Transaction Agreement (Placer)' de fecha 25 de julio de 2001 que Placer Dome Inc. ha cedido y traspasado a Vanessa Holdings Corporation todos los derechos que le corresponden en los créditos ya identificados..". (Resaltado de la Sala).

4) ". Consta de documento denominado Collateral Assigment Agreement' de fecha 25 de julio de 2001, que Vanessa Holdings Corporation ha cedido en garantía a Placer B-V Limited los créditos garantizados con la garantia prendaria constituida en este Libro de Accionistas, para garantizar su cumplimiento de las obligaciones que Vanessa Holdings Corporation asumió en el documento denominado Transaction Agreement (PBV) de fecha 25 de julio de 2001." (Resaltado de la Sala).

copia certificada del acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., celebrada el 17 de agosto de 2001 (agregada en fecha 22 del mismo mes y año al expediente N° 7400 llevado por la oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz, bajo el N° 19, Tomo A-50), redactada"en los términos siguientes:

"En Caracas, las 9:00 a.m del día 17 de agosto de 2001, siendo la hora y el dia previamente fijados por el accionista para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de MINERA LAS CRISTINAS. C.A. se encontraban presentes en las oficinas de la Compañia, la accionista VANNESSA DE VENEZUELA, C.A., propietaria de doscientas noventa y cinco mil setecientas quince (295.715) acciones nominativas clase 'A' con un valor nominal de cien bolivares (Bs. 100,00) cada una, un millón cuatrocientas setenta y ocho mil quinientas setenta y cinco (1.478.575) acciones nominativas clase °C' con un valor nominal de cien bolivares (Bs.

e novecientas setenta y cuatro (224.974) acciones nominativas clase 'E con un valor nominal de cien bolivares (Bs. 100.00) cada una, representadas en este acto por su Presidente el Sr. Erich Rauguth, canadiense, titular de la cédula de identidad No. 82065166: y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, propietaria de nominativas clase B' con un valor nominal de cien bollvares (Bs.

100.00) cada una, representadas en este acto por el Ing. Armando John Madero, según carta-poder de la cual se ha tomado debida nota estando asi representada y presente la totalidad de las acciones interviene el representante de la Corporación Venezolana de Guayana, quien expuso lo siguiente: (.) PRIMERO: ghietames la representación asumida por el ciudadano Sr. Erich Rauguth, titular representante de la compañia Vanesa de Venezuela, C.A., en razón a que la titularidad de las acciones corresponden legal y contractualmente a Placer Dome de Venezuela, C.A., quien no las puede ceder o traspasar sin el previo consentimiento, expreso y por escrito, de mi representada, según lo dispuesto en la Cldusula V, literal D, del Convenio de Accionistas de fecha 25 de julio de 1991 y Accionistas modificado del 31 de julio de 1997; asi como en la Corporación Venezolana de Guayana y la empresa Minera Las mineral de oro, de alusión y de veta en las áreas Las Cristina 4, 5, 6 y 7, de fecha 01 de febrero de 1992, y al no existir tal autorización expresa, mi representada no puede convalidar la pretendida convalidamos, la ilegitima cesión que hizo Placer Dome Inc. sobre las acciones de Placer Dome de Venezuela, C.A. a favor de IHC Corp.

subsidiaria cle Vannessa Ventures Lid, quien resulta ser un tercero en notificada con el contenido de la comunicación de fecha 13 de jullo de Corporación Venezolana de Guayana, por el Sr. William Hayes, Presidente de la empresa Placer Dome Inc.: TERCERQ: Obietames la pretendida representación de la empresa Vanesa de.Kenezuela, Corporación Venezolana de Guayana no reconocer la legitimidad de la Junta Directiva que se elegirá en esta Asamblea, por ser contrario d los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela. En vista de la exposición anterior, exhorto a la Asamblea, a suspender esta reunión dadas las irregularidades solicito la expedición de copia certificada de la presente Acia. En consideración a la anterior exposición, el Sr. Erich Rauguth, en representación de la accionista Vannessa de Venezuela, C.A., Venezolana de Guayana, por cuanto: (a) la cesión y traspaso de las Vanesa de Vengzuela, C.A.) es una operación válida y legitima, que no requeria consentimiento previo de persona alguna. El Convenio de Accionissas de fecha 25 de julio de 1991 fue sustituido por el Convenio de Accionistar de fecha 31 de julio de 1997 y. por lo tanto, ha perdido eficacia. Tanto dicho Convenio de Accionistas de fecha 31 de julio de 1997 como el Contrato de Exploración y subsiguiente Explotación de Oro en las áreas Cristinas 4, 5, 6 y 7 de fecha 01 de febrero de 1992 no son aplicables a la venta de acciones de capital de Placer Dome de Venezuela, C.A. ya que el consentimiento previo que alli se exige lan solo es necesario para ceder o traspasar los referidos Venezolana de Guayana mediante la señalada comunicación de fecha 13 de julio de 2001: (c) Vanesa de Venezuela, C.A. tiene la Accionistas de Minera Las Cristinas., C.A.. Por lo tanto, Vannessa de Venezuela, C.A. proceder a deliberar y decidir únicamente acerca de los puntos de Orden del Dia en lar oficinas de Minera Las Cristinas, C.A. (.) Acto seguido la Asamblea procedió a nombrar a los Sres.

Manfred Peschke, alemán,..Erich Rauguth, canadiense, . Luis Ignacio Rojas, venezolano...como Directores Principales de la Compañia y a los Sres. Alonzo Dimas Mago, venezolano, ..René Gay Pola, venezolano, ..y Mariana Almelda, venezolana,..como Directores Suplentes de la Compañia. (..) Acto seguido, la Asamblea procedió a designar al Sr. Erich Rauguth, antes identificado, como Presidente de la Compañia. (...) Acto seguido, la Asambiea procedió. a designar a Mariana Almeida, antes identificada, como Representante Judicial de la Compañía. En este estado interviene de nuevo el representante de la Corporación Venezolanu de Guayana y [expuso] dejo constancia que voré en contra de las resoluciones adoptadas por la Asamblea, por las razones yo señaladas. ..).". (Subrayados del acta y de la Sala) (Agregadq de la Sala) (Folios 124 al 133, Pieza N° 4).

Concluye la Sala conforme a la transcripción anterior (referida-a contrataciones mercantiles), que la empresa "Vannessa de Venezuela, C.A."

CRISTINAS C.A., en virtud de los derechos mercantiles (títulos valores) que adquirió por la cesión de acciones que formulará la sociedad de comercio PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., mediante las obligaciones garantizadas con el contrato de prenda.

Como se ve, los nombramientos hechos en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 17 de agosto de 2001 de la empresa mixta MINCA, designando como integrantes en su Junta Directiva a los representantes de la compañia "Vannessa de Venezuela, C.A.", evidencia que la incorporación de ese tercero como accionista de dicha empresa mixta implica necesariamente que la indicada nueva accionista ha sustituido integramente a la socia inicial (la empresa PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.) de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) en el manejo del negocio minero que ésta le dio en concesión mediante un acto administrativo en el que se decidió constituir la empresa mixta MINERA LAS CRISTINAS C.A.

Significa, por tanto, la citada cesión de acciones que la nueva accionista de MINCA ("Vannessa de Venezuela, C.A.") pasó a tomar decisiones en el destino del contrato minero que la República dio en concesión al cedente accionario. Al subrogarse "Vannessa de Venezuela, C.A." en la misma posición contractual de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., pasó a intervenir en los intereses públicos propios del contrato minero dado en concesión, a través de contrataciones mercantiles concertadas a espaldas de la República, rechazadas expresamente por su representante, cuando tales operaciones mercantiles fueron reseñadas en el Acta de Asamblea de MINCA.

Esta sustitución de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. por "Vannessa de Venezuela, C.A.", mediante las operaciones mercantiles indicadas, constituye una evidente maquinación on el ámbito del derecho mercantil, indicativa de que -en virtud del contrato de cesión- la concesión minera ha sido transferida indirectamente a una persona jurídica ajena al contrato minero y a los actos administrativos que le dieron nacimiento.

Para la Sala es indudable que la relación jurídica entre PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA es intuitu personal, no sólo porque la Constitución y las leyes así lo imponen, sino también porque consta en el contrato y sus adenda (llamados "Convenio de Accionistas" y "Convenio de Accionistas Modificado").

Este Alto Tribunal considera que independientemente del uso que la directiva de MINCA hubiese dado al dinero recibido en préstamo, no consta que la C.V.G. haya autorizado ceder en garantia prendaria las acciones que en efecto cedió PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. La Sala observa que además, se produjeron varias cesiones, sin que en ninguna de ellas apareciese el consentimiento de la República, a través de C.V.G., asi como tampoco autorizó la República los nombramientos de la Junta Directiva, ples al contrario, los rechazó expresamente.

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Como el tema in commento es -además de una cuestión atinente al derecho administrativo- también un acto de comercio, la Sala pasa a estudiar dicho acto (la cesión) a la luz del derecho mercantil.

La cesión de acciones está regulada en el Código de Comercio, especificamente en el articulo 296, referido a las acciones nominativas, tipo accionario que compone el capital de la empresa mixta MINCA. Dicho articulo dispone:

hace por declaración de los mismos libros, firmada por el cedente y por el cesionario e por sus apoderados".

cesión de dichas acciones nominativas, trasiado de propiedad que debe constar en los libros de la compañía cuyas acciones son cedidas.

ese contrato de cesión sino a la empresa cuyas acciones son cedidas, pues en efecto, la cesión, para que pueda valer ante la compañía y los terceros, debe constar en los libros de la sociedad cuyas acciones son cedidas.

Consecuencia lógica de la cesión es la subrogación del cesionario en los derechos del cedente, con lo cual el primero pasa a ocupar el lugar del segundo en la compañía cuyas acciones le fueren cedidas. Como ha quedado dicho, en virtud de la cesión in commento, "Vannessa de Venezuela, C.A." pasó a ser socia de la República Bolivariana de Venezuela en la concesión minera, lo cual estaba expresamente prohibido tanto en el contrato como en la legislación nacional, cuestión ya analizada.

Es evidente que la posición de "Vannessa de Venezuela, C.A." como accionista en MINERA LAS CRISTINAS, C.A. implica una relación jurídica contractual entre aquel tercero y la República, creando por vía mercantil derechos y obligaciones entre ambas. Por lo tanto, la verificación de la eventual legitimidad de la cesión de acciones que le hiciera la sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. a la compañía "Vannessa de Venezuela, C.A.". implicaría necesariamente -como ha quedado establecido- que ésta, como cesionaria de acciones de la empresa concesionaria del contrato minero bajo estudio, interviniese e influyese en el control de la ejecución del proyecto para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de alusión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7. Se reitera pues, que tal injerencia significarla también que de interés y de utilidad públicos- al subrogarse inconsultamente en los derechos de la concesionaria que ganó la buena pro, participase en los beneficios económicos que dichas actividades generasen, todo lo cual está prohibido expresamente en el contrato de concesión, prohibición que aunque no estuviese prevista en el contrato in commento, está igualmente consagrada en las normas constitucionales y legales ya estudiadas. En consecuencia, la cesión de acciones estudiada es absolutamente ilícita, y no obliga a MINCA ni a la República a través de C.V.G., en las obligaciones contraídas, porque son de causa ilícita, conforme a las disposiciones tanto del contrato de concesión como del "Convenio de Accionistas Modificado", los cuales establecen:

Contrato de Concesión:

"Vigésimo,Octava: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito por la otra parte".

Convenio de Acciónistas Modificado:

"Sección 3.07. Opción de CVG: CVG tendrá la opción de adquirir la totalidad o una parte de las aciones clase D propiedad de PDVEN durante el periodo señalado en el literal (e) de la presente sección.

Dicha opción estar sujeta a las siguientes condiciones.

(.…) e) La opción vencer irrevocablemente a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de conclusión de la construcción del Proyecto (este periodo de seis (6) meses consiste en dos (2) meses del perlodo de pruebas ('commizioning") mds cuatro (4) meses). PDTS [Placer Dome Technical Services Lid.) establecer de común acuerdo con el periodo de seis (6) meses antes referido ha comenzado..

..". (Resaltado y agregado de la Sala).

En suma, como se trata de bienes públicos de la República Bolivariana de Venezuela (de utilidad y de interés públicos, cuyo manejo aun por terceros, es cuestión de orden público), dado que tales bienes decidió el Estado que fuesen manejados por una empress mixta en la que participa como única socia licitación, ello significa que sólo esa empresa extranjera y no otra es reconocida por la República como su contratista. Si bien el contrato minero debía ejecutarse a través de una contratación mercantil (contrato de sociedad), tal forma societaria no autorizó la autonomía de la voluntad de la socia mercantil del Estado para ceder sus aciones. Por el contrario, consta en la contratación mercantil que la socia concesionaria estaba limitada en su libertad de contratar con terceros, limitación que aceptó PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y que es, además, propia de esas contrataciones que nacen en el derecho administrativo y pasan al derecho mercantil sólo como una formalidad de funcionamiento societario. Porque lo principal es la actividad administrativa originaria, principio y fin de tales contratos mineros, que por la misma razón son contratos administrativos, de los cuales -como se ha dicho- se derivan contratos mercantiles que no deben violar jamás la contratación originaria administrativa, so pena de nulidad.

Por todo lo expuesto, considera la Sala que ninguna maquinación juridico-mercantil podría ser autorizada válidamente por la República, ni convalidada en el mbito administrativo. Ello implicaría cambiar ilicitamente el acto administrativo original y los sucesivos hasta la constitución de la empresa mixta MINCA.

Esta determinación es tan cierta que si algún funcionario hubiese haber incurrido en responsabilidad-administrativa y eventualmente en otras mercantiles, evidentemente ilícitas, por las cuales la contratista intuitu :

obligaciones a un tercero, tal convalidación implicaría que se perpetrase, en nombre del Estado, la prohibida concertación en contra-de los altos intereses de la República.

Se reitera, pues, que tal cesión es violatoria-de la Constitución y las violar normas de orden público, la estudiada cesión es nula de toda nulidad, entendiéndose que esta nulidad se declara porque es -entre otras- la razón principal del acto administrativo impugnado, pues en virtud de ella (la cesión de acciones), el Estado venezolano -a traves del Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA- rescindir el contrato de concesión minera otorgado a la cedente. Así se estabiece.

Concluido el precedente estudio sobre la cesión de las acciones, la Sala pasa a decidir el punto fundamental del petitorio, del cual la cuestión jurídica de la validez o invalidez de la cesión es accesoria, pero determinante, porque es la razón fundamental de la C.V.G. para dictar el acto administrativo rescisorio, cuya nulidad se ha pedido.

Examinados y decididos todos los alegatos planteados en el thema decidemdun de esta acción de nulidad, al pronunciarse al fondo, la Sala debe declarar que el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), es un acto administrativo que la Administración Minera emitió conforme a derecho. Asi se declara.

Como consecuencia de la declaración anterior, la Sala concluye que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra ese acto administrativo, se debe declarar sin lugar, como en efecto asi se determina. Por lo consiguiente, queda fime el referido acto administrativo.

Asií también se establece.

Dada la singular importancia de la presente cuestión para los intereses públicos de la República Bolivariana de Venezuela, en el área industrial minera, visto que este asunto comenzó hace más de 20 años (30-11-1990), cuando la República otorgó la buena pro a Placer Dome Inc. para iniciar el proyecto aurífero; y visto así mismo que esta cuestión ha tenido, a lo largo de muchos años, gran repercusión en fos medios de comunicación social, la Sala ordena la publicación de este fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venczuela,e cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:

"Sentencia de la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declara FIRME el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.). pOr el cual decidió la extinción del Contrato Minero para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión-y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5. 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bollvar.

CRISTINAS, C.A. (MINCA)".

VII DECISIÓN En atención a la motivación precedente, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por la empresa MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA). En consecuencia, queda FIRME el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), el cual declaró extinguido el Contrató para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el'área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7; suscrito entre la reférida Corporación y la recurrente.

Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:

"Sentencia de la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declara FIRME el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.). pOr el cual decidió la extinción del Contrato Minero para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinax 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolivar, suscrito entre la referida Corporación y la empresa mixta MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA)".

;

Publíquese, registrese y comuníquese. Notifiquese a la Presidencia de la República Bolivariana de Veñezuela, al Ministerio del Poder Popular para las

página original (tal como se publicó)Página 47 de la Gaceta

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXIX MES IV Número 39.853 ] Caracas, lunes 30 de enero de 2012 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria Industrias Básicas y Mineria, a la Procuraduria General de la República, a la Contraloria General de la República, al Ministerio Público y a las partes.

Archivese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Politico- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, los (.0) dias del mes dediciym- del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Presidenta, La Vicepresidenta, YOLANDA JAIMES GUERRERO Los Magistrados, LEVIS IGNACIO ZERPA EMIRO GARCIA ROSAS Aomis Ponente TRINA OMAIRA ZURITA La Secretaria,

SOFIA YAMILE GUZMÁN EN FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA Y VEINTE MINUTOS, SE PUBLICÓ Y REGISTRÓ LA ANTERIOR ENTENCIA BAJO EL N° 01690

ETARIA,

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 27 DE ENERO DE 2012 2010 Y 1520 RESOLUCIÓN N° DdP-2012-012 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefensOra del PuebIO de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivarlana de Venezuela, en fecha 13 de diclembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diclembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolvariana de Venezuela, así conto en ejercicio de la atribución de realizar nombramientos conferida por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 37.995, de fecha 5 de agosto de 2004, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Puebio, contenido en la Resolución N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolvariana de Venezuela N° 38.838 del dia 26 de diciembre de 2007.

RESUELVE:

Designar a la Ciudadana MIREEIDIS JOSEFINA MARCANO CABELLO, titular de la cédula de Identidad N° 10.997.813, como Defensora Delegada

DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales necesario:

que hayan de publicarse.

Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

Especlal con Competencia a Nivel Nacional en Materia Ambiental, a partir del día 1º de febrero de 2012.

quese y Publíquese, RbELAR RAMREZ P4GEZ SORA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 27 DE ENERO DE 2012 2010 Y 1520 RESOLUCIÓN N° DdP-2012-011 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefensOra del PuebIO de la República Bolvariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bollvarlana de Venezuela, en fecha 13 de diciembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diclembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolvariana de Venezuela, asf como en ejerciclo de la atribución de realizar nombramientos conferida Puebio, publicada en la Gaceta Oficial de la Rapública Bolvarlana de Venezuela N° 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Personal de la Defensoría del Puebio, contenido en la Resolución N° DP-2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

RESUELVE:

Designar a la Cludadana YELENA ALEJANDRA CARPIO CUESTA, titular de la cédula de Identidad N° V-11.736.303, como DIrectora de Doctrina Jurídica, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos, a partir del día 1º de febrero de 2012.

Comuníquese y Publíquese, P PEEOSOR DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARZANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CARACAS, 27 DE ENERO DE 2012 2010 Y 1520 RESOLUCIÓN N° DdP-2012-010 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefensOra del PuebIO de la República Bolvarlana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivarlana de Venezuela, en fecha 13 de diclembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolvarlana de Venezuela N° 38.836, de fecha 20 de diciembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bollvarlana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bollvarlana de Venezuela N° 37.995, de fecha 05 de agosto de 2004, en concordancia con el artículo 11 del Estatuto de Persgnal de la Defensoría del Pueblo, contenido en la Resolución N° DP- 2007-210, de fecha 17 de diciembre de 2007.

RESUELVE:

Designar a la cludadana MARTHA VERÓNICA SALAS ARIAS, titular de la cédula de Identidad Nº V- 14.163.415, como Directora de Recursos Humanos, adscrita al Despacho, a partir del día 1° de febrero de 2012, cargo que venía desempeñando en calldad de encargada, desde el día 16 de marzo de 2011.

Comuniquese y Publíquese, GABRINE MAR RAMIREZ PÈREZ EFESOR DEL PURBLO

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