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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 39.628

3 de marzo de 2011 · 64 páginas
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A OFICIAL

GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO CXXXVIII- MES V

Caracas, jueves 3 de marzo de 2011 SUMARIO Vicepresidencia de la República Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Adriana Táriba Lira, como Presidenta Encargada de la «Fundación Misión Milagro».

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia Resoluciones mediante las cuales se les concede la Jubilación Especial a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Coronel José Adelino Ornelas Ferreira, en su carácter de Presidente Encargado del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), las atribuciones y firmas de los actos y documentos que en ella se especifican.

Resolución mediante la cual se otorga la Jubilación a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se señalan, adscritos a la Policía Metropolitana de Caracas.

Resoluciones mediante las cuales se otorga la Pensión de Invalidez a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se indican, adscritos a la Policía Metropolitana de Caracas.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resolución mediante la cual se suscribe el Programa de Intercambio Cultural entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, para el período 2011-2013.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Superintendencia de las Intituciones del Sector Bancario Resolución mediante la cual se dictan las «Normas que establecen los Lineamientos y Requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casas de Cambio y Operadores Cambiarios FronterizoS».

Banco Industrial de Venezuela, C.A.

Acta.

Ministerio del Poder Popular para el Turismo Resolución mediante la cual se designa como miembros principales y suplentes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), a los ciudadanos que en ella se mencionan.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución mediante la cual se refrenda la validez del título de Arquitecto, conferido por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, (Seccional del Caribe), Cartagena, Colombia, a la ciudadana Stellis del Carrmen León de León.

Número 39.628

Resoluciones mediante las cuales se reconoce los estudios realizados, conducentes a los Títulos otorgados a los ciudadanos ylas ciudadanas que en'ellas se mencionan, conferido por las Universidades de los Países que en ellas se señalan.

Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, Coordinadoras (E), cargo adscrito a la Dirección General que en ellas se señala.

Ministerio del Poder Popular para la Salud Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones de este Ministerio, con carácter permanente, en los términos que en ella se indican.

Tribunal Supremo de Justicia Dirección Ejecutiva de la Magistratura Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Zuleyka del Valle Molner Ascanio, como Jefa de la División de Servicios Administrativos y Financieros, y Cuentadante de la Dirección Administrativa Regional del estado Falcón, en calidad de encargada, bajo la modalidad de Comisión de Servicio.

República Bolivariana de Venezuela Defensa Pública Resolución mediante la cual se remueve a la ciudadana Doris María Lovera Valero, del cargo que en ella se señala, adscrita a la Unidad Regional que en ella se indica.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.

Ministerio Público Resolución mediante la cual se cambia la adscripción de las Fiscalías que en ella se mencionan, del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, y Contra la Corrupción, a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

Resolución mediante la cual se cambia la adscripción de la Fiscalía Vigésima de este Ministerio a Nivel Nacional, con competencia plena, de la Dirección Contra la Corrupción, a la Dirección de Delitos Comunes.

Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se espeficican.

Resoluciones mediante las cuales se designa Abogado Adjunto, Fiscales Auxiliares Interinos y Fiscales Provisorios a los ciudadanos Abogados que en ellas se mencionan.

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Contraloría General de la República Resolución N° 01-00-000217, de fecha 16 de agosto de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso a la ciudadana Nilde Xiomara Silva Sáchez, titular de la cédula de identidad N° V-4.721.156, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de seis (06) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000483, de fecha 23 de diciembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana Nilde Xiomara Silva Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-4.721.156, y en consecuencia confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000217, de fecha 16 de agosto de 2010.

Resolución N° 01-00-000131, de fecha 21 de junio de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Simón Antonio Rodríguez Suárez, titular de la cédula de identidad N° V-13.268.924, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de ocho (08) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000492, de fecha 23 de diciembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano Simón Antonio Rodríguez Suárez, titular de la cédula de identidad N° V-13.268.924, y en consecuencia confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000131, de fecha 21 de junio de 2010.

Resolución N° 01-00-000208, de fecha 16 de agosto de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Omar José Centeno Véliz, titular de la cédula de identidad N° V-8.868.966, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de tres (03) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000011, de fecha 18 de enero de 2011, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano Omar José Centeno Véliz, titular de la cédula de identidad N° V-8.868.966, y en consecuencia confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000208, de fecha 16 de agosto de 2010.

Resolución N° 01-00-000099, de fecha 02 de junio de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano José Gregorio Roa García, titular de la cédula de identidad N° V-5.449.239, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de tres (03) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época.

Resolución N° 01-00-000315, de fecha 04 de octubre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano José Gregorio Roa García, titular de la cédula de identidad N° V-5.449.239, y en consecuencia confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000099, de fecha 02 de junio de 2010.

Resolución N° 01-00-000100, de fecha 02 de junio de 2010, à través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Jesús María Vivas Gafaro, titular de la cédula de identidad N° V-3.795.820, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de tres (03) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época.

Resolución N° 01-00-000293, de fecha 30 de septiembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Raúl Itriago Toro, titular de la cédula de identidad N° V-3.187.450, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de tres (03) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época.

Resolución N° 01-00-000299, de fecha 30 de septiembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Eduardo Zambrano, titular de la cédula de identidad N° V-10.684.170, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de quince (15) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000247, de fecha 25 de agosto de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Damian o del Vescovo, titular de la cédula de identidad N° V-4.867.127, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de un (01) año, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000283, de fecha 10 de septiembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Angel Ramiro Ramírez Altuve, titular de la cédula de identidad N° V-5.680.949, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de cinco (05) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000310, de fecha 30 de septiembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Alexis Enrique Ortiz Fernández, titular de la cédula de identidad N° V-10.324.841, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de cinco (05) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resolución N° 01-00-000311, de fecha 30 de septiembre de 2010, a través de la cual el ciudadano Contralor General de la República, impuso al ciudadano Gustavo David Escobar Aguirre, titular de la cédula de identidad N° V-13.182.219, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de cinco (05) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO. DGCI NÚMERO: 008 CARACAS, 02 DE MARZO DE 2011 200° y 152° De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 7.192 de fecha 26 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.355 de fecha 27 de enero de 2010, y en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 3 del artículo 119 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

RESUELVE

Primero. Designar a la ciudadana ADRIANA TÁRIBA LIRA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.614.317, como la "FUNDACIÓN MISIÓN Presidenta Encargada (E) de MILAGRO®.

Segundo. Losactos y documentos que la prenombrada funcionar la firme de conformidad con esta Resolución, deberán Indicar Inmedlatamente bajo la firma, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficlal en la que haya sido publicada, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Tareero. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese Por el Ejecutivo Nacional, ELÍAS JAUA MILANO Vicepresidente Ejecutivo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Repúbhca Bolivariana de Venezuela Despacho del Ilinsetro

N° 006-11

15 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN El Ministro dei Poder del Despacho de la Presidencia, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.715 de fecha 11 de Octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, de conformidad con las atribuciones conferidas en los articulos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica dei la Administración Pública, articulo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública: en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y con Fundamentos en el artículo 10 del Instructivo que Establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y, para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional.

RESUELVE ÚNico: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República, y: en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para: los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, se le concede la JUBILACION ESPECIAL aprobada mediante Planilla FP-026-0 N° 01, de fecha 05 de Enero de 2011, al ciudadano MUNDO FELIPE NERY, titular de la cédula de identidad N° 4.709.713, por tener sesenta y cinco (65) años de edad, y haber prestado sus servicios durante veintiún (21) años en la Administración Pública Nacional, ocupando como último puesto el de CHOFER, en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, con un monto de jubilación mensual de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SESENTA SEIS CENTIMOS (Bs. 1.899,86). El monto de la pensión de la JUBILACION ESPECIAL se otorga por ei cincuenta y cinco por ciento (55%) de su remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses, cuyo monto asciende a la cantidad de. TREs MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (8s. 3.453,93) mensuales, con imputación à la partida presupuestaria N° 4.07.01.01.02, destinada a las Jubilaciones del Personal, correspondiente al presupuesto de gasto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, la cual se hará efectiva a partir del 01 de Marzo de 2011.

Comuniquese y publíquese, FRANCISCO JÓSE AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Repúbhca Bolivanana de Vervnzuela Ministeno del Poder Popular del Despuciun de ia Presidencia Despacho del Ministro N° 011-11 15 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder del Despacho de la Presidencia, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.715 de fecha 11 de Octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N°39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgáhica del la Administración Pública, artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en el articulo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y con Fundamentos en el articulo 10 del Instructivo que Establece las Normas que Regulan la Tramjitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Naclonal.

RESUELVE ÚNico: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República, y en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal. Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, se le concede la JUBILACION ESPECIAL aprobada mediante Planilla FP-026-0 N° 03. de fecha 05 de Enero de 2011, a la ciudadana ROJAS ELIGIA MARGARITA, titular de la cédula de identidad N° 5.019,559. por tener cincuenta y siete (57) años

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de edad, y haber prestado sus servicios durante diecisiete (17) años en la Administración Pública Nacional, ocupendo como último puesto el de ASEADORA, en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de ia Presidencia, con un monto de jubilación mensual de MIL DOsCIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON VERÍTICUATROCENTIMOS (Bs. 1.280,24). El monto de la pensión de la JUBILACION ESPECIAL se mensual de los últimos doce (12) meses, cuyo monto asciende a la Cantidad de TRES MIL DOCE BOLVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTiMOs (Bs. 3.012,34) mensuales, con imputación a la partida iN° 4.07.01.01.02, destinada a las Jubilaciones del presupuestaria Personal, correspondiente al presupuesio de gasto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, la cual se hará efectiva a partir del 01 de Marzo de 2011.

Comuníquese y publiquese,

FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Kequúonca Botvoreona de Venetutlla Mimisterio del Podler Popudar del Despacho de ins Presisloscis Despacho del Muistro

N° 007-11

15 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder del Despacho de - la Presidencia, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.715 de fecha 11 de Octubre de 2010, publicado er la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, de conformidad con las atribuciones conferidas en los articulos 62 y:77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del la Administración Pública, articulo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y con Fundamentos en el articulo 10 del Instructivo que Establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipa! y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Naciona!.

RESUELVE ÚNiCO: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de ia delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República, y en concordancia cono establecido en los artículos 4 y 5 del instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administracióni Púbica Nacional, Estada!, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, se le concede la JUBILACION ESPECIAL aprobada mediante Planilla FP-026-0 N° 06, de fecha 05 deEnero de 2011, al ciudadano TROTMANT JOSE MANUEL, titular de la céduia de identidad N° 3.226.278, por tener sesenta'y dos (62) años de edad, y haber prestado sus servicios durante dieciséis (16) años en la Administración Pública Nacionai, ocupandocomo último puesto el de CHOFER, en el Ministerio del Poder Popiular del Despacho de la Presidencia, con monto de jubilación mensual de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 1.143,91). El monto de la pensión de la JUBILACION ESPECIAL se otorgapor el cuarenta por ciento (4o%)de su remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses, cuyo monto asciende a la cantidad de Dos MIL oCHocIENTós CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE CENTiMOS (Bs. 2.859,79) mensuales, con imputación a la partida presupuestaria N° 4.07.01.01.02, destinada a las Jubilaciones del Personal, correspondiente al presupuesto de gasto del Ministerio de! Poder Popular del Despacho de la Presidencia, la cual se hará efectiva a partir del 01 de Marzo de 2011.

Comuniquese y publiquese.

FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venesuela Despacho del Miniatro N° 012-11 15 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder del Despacho de a Presidencia, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.715 de fecha 11 de Octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 201p, de conformidad con las atribuciones conferidas en los articulos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgánica del la Administración Pública, articulo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en el articulo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y con Fundamentos en el articulo 10 del Instructivo que Establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional.

RESUELVE Único: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República, y en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, se le concede la JUBILACION ESPECIAL aprobada mediante Planilla FP-026-0 N° 05. de fecha 05 de Enero de 2011, al ciudadano TOVAR SIXTO ALBERTO, titular de la cédula de identidad N° 2.111.361, por tener setenta (70) años de edad. y haber prestado sus servicios durante veintitrés (23) años en la Administración Pública Nacional, ocupando como último puesto el de VIGILANTE, en el Minlsterio del Poder Popular del Despachq de la Presidencia, con un monto de jubilación mensual de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 1.747,00). El monto de la con cincuenta por ciento (57,50%) de su remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses, cuyo monto asciende a la cantidad de TRES MIL TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. 3.038,27) mensuales, con imputación a la partida presupuestaria N° 4.07.01.01.02, destinada a las Jubilaciones del Personal, correspondiente al presupuesto de gasto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, la cual se hará efectiva a partir del 01 de Marzo de 2011.

Comuníquese y publiquese, FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Repúbica Bolivariana de Venezuela Mnusterio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia Despacho del Minustro N° 010-11 15 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder del Despacho de la Presidencia, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.715 de fecha 11 de Octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010, de conformidad con las atribuciones conferidas en los articulos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del la Administración Pública, articulo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popuiar del Despacho de la Presidencia y con Fundamentos en el articulo 10 del Instructivo que

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Establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleadps que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional.

RESUELVE ÚNICo: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República, y: en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, se le concede JUBILACION ESPECIAL aprobada mediante Planilla FP-026-0 N° 02, de fecha 05 deEnero de 2011, a la ciudadana GOMEZ DE PAREDES JUANA DE DIOS, titular de la cédula de identidad N° 1.289.315, por tener sesenta y nueve (69) años de edad, y haber prestado sus servicios durante veintidós (22) años en la Administración Pública Nacional, ocupando como último puesto el de ASEADORA, en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, con un monto de jubilación mensual de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 1.667,74). El monto de la pensión de la JUBILACION ESPECIAL se otorga por el cincuenta y cinco por ciento (55%) de su remuneración promedio mensual de los últimos doce (12) meses, Cuyo monto asciende a la cantidad de TRES MIL TREINTÀ Y DOS BOLIVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.032,25) mensuales, con imputación a la partida presupuestaria N° 4.07.01.01.02. destinada a las Jubilaciones del Personal, correspondiente al presupuesto de gasto del Ministerio del Poder Popular Marzo de 2011.

Comuniquese y publiquese, FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Repúbhca Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular del Despucho de la Presidencia Despacho del Ministro N° 009-11 15 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder del Despacho de la Presidencia, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.715 de fecha 11 de Octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de Venezuela Nº 39.528 de fecha 11 de octubre de 2010. de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 62 y 77, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del la Administración Pública, articulo 5. numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y con Fundamentos en el artículo 10 del Instructivo que Establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios, y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional.

RESUELVE úNico: Por disposición del ciudadano Vicepresidente de la República Bolivaniana de Venezuela, en ejercicio de la delegación conferida por el ciudadano Presidente de la República, y en concordancia con lo establecido en los articulos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que Regulan la Tramitación de las Jubilaciones Especiales para los Funcionarios. y Empleados que Prestan Servicio en la Administración Pública Nacional, Estadal. Municipal y. para los Obreros Dependientes del Poder Público Nacional, se le concede la JUBILACION ESPECIAL aprobada mediante Planilla FP-026-0 N° 04. de fecha 05 de Enero de 2011, a la ciudadana SUAREZ DE ORDOÑEZ MARIA ELENA, titular de la cédula de identidad N° 3.715.918, por tener sesenta y dos (62) años de edad, y haber prestado sus servicios: durante veintitrés (23) años en la Administración Pública Nacional, ocupándo como último puesto el de SUPERVISORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, con un monto de jubilación mensual de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 2.159,73). El monto de la pensión de la JUBILACION ESPECIAL se remuneración promedio mensual de los últianos doce (12) meses, cuyo montoasciende a la cantidad de TRES MILSETECIENTÓS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 3.756,05) mensuales. con imputación a la partida presupuestaria N° 4.07.01.01.02. destinada a las Jubilaciones del Personal, correspondiente al presupuesto de gasto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, la cual se hará efectiva a partir del 01 de Marzo de 2011.

Comuníquese y publiquese.

FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DÉL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTIERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MENISTRO 200°, 1.52° y 12° N° 46 FECHA 02 de marzo de 2011 RESOLUCIÓN E Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 de fecha 09 de septiembre de 2008, en ejercicio de tas atribuciones que le confiere lo dispuesto en los artículos 34, 40 y 77, numerales 2, 12, 16, 18, 19, 24 y 26 dei Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Púbflica; 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Adminisbración Pública Nacianal, de los Estacios y de los Municipios y 16 de su Reglamento;

33 y 34 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacionai; en concordancia can lo previsto en ei artículo 1°º del Decreto nº 140 de fecha 17 Venezuela Nº 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, delega en el ciudadano Coronel José Adellino Ornelas Ferreira, tilular de ia céduta de identidad N° V-7.087.964, en su carácter de Presidente Encargado del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), las atribuciones y firmas de ios adios y documentos que a continuación se especifican:

a) Ordenar movimientos de personal, ingresos, reingresos, nombramientos, ascensos, tratados, redasificacianes, licencias o permisos con o sin goce de sueldo, aceptar renuncias, ordenar destituciones, efectuar remociones, retiros, reducciones de personal, otorgar pensiones de jubilación o incapacidad, comisiones de servicios, vacaciones, despidos, aprobar, suscribir y rescindir contratos de trabajo, de servicios personales y honorarios profesionales, conformación de horas extraordinarias de trabajo, postulaciones de beca a los funcionarios, empleados y obreros adscritos al Centro de Estudio Situacional de la Nación (CesnA), así como suscribir los contratos de servicios personales y honorarios profesionales al servicio de ese Centro de Estudio Siltuacional, que fueren necesarios. De igual forma, notificar a los funcionarios y personal obrero del referido Centro, en los casos antes señalados.

registros del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA).

c) Ordenar las liquidaciones de prestaciones sociales e intereses del personal del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA).

d) Suscribir tas circulares y comunicaciones emanadas de ese Despacho.

e) Suscribir la correspondencia postal, telegráfica y radiotelegráfica, en respuesta a solicitudes dirigidas por particulares al Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA).

f) Ordenar y susonibir los actos de suspensión de cargos, con o sin goce de sueldo, de los funcionarios del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) y su debida g) Ordenar y susonibir la revisión y ajustes que resulten de los montos de las jubilaciones y pensiones de lus emnpleadios adscritos al Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesa A), tomando en cuenta el nvel de remuneración que para el momento de la revisión tenga el último cargo que desempeñó el jubilado o jubilada.

h) Aprobar, ordenar y tramitar los gastos y pagos que afecten los créditos acordados al Centro de Estudio Situacional de la Nación (CEsiA), del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, presupuestaria, para la cuat debera registrar su firma autógrafa en la Contraloría General de la República.

i) Aprobar, suscribir y rescindir contratos de arrendamiento, comodato, servicios básicos y profesionales con personas naturales y jurídicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras conforme a la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto Nº 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, por el cual se dicta el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacianal, el referido funcionario me presentara una relación detallada de los documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.

página original (tal como se publicó)Página 5 de la Gaceta

Página 6

de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional;

MINISTRO

-;.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 200°, 161° Y 12° 47 0 3 MAR.2011 Fecha N° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de Septiembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de Septiembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el último aparte del Articulo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en concordancia a lo establecido en los articulos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; la Disposición Transitoria Sexta de la Ley del Estatuto de la Función Policial; 5 y 10 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios; 10 y 11 de su Regiamanto;

48 del Reglamento General de la Policla Metropolitana; 2 del Decreto de Transferancia de la Policla Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas N° 5.814 de fecha 14 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.853 del 18 de enero de 2008; y la Jubllación a los funcionarlos y funcionarias uniformados adscritos a la Policia Metropolitana de Caracas, que a continuación se mencionan:

% NRO CEDULA EDAD CARGO ANTIG.

SUELDO BABE NIETO OLIVAR CABO 82

PRIMERO 80% 1

643.722 ERASMO 31 ROORIGUEZ AGENTE 60 23 2 RAÚL 80%

3.562.974 ESPECIAL B SARGENTO DIAZ MENDEZ 80% OSWALDO 3 59 24

3.818.968 MAYOR CABO ZERPA DE MENDOZA

4.254.070 LUZ DIVINA 70% 54

SEGUNDO 18 4 SARGENTO VALERA 55 24 80% 5

4.828.524 RIGOBERTO MAYOR RICO SARGENTO 51

PRIMERO 23 80% 6

5.031.585 OMAR DE JESUS SARGENTO ORIHUELA GARCIA

5.089.047 51 25 80% 7 ANGEL NERIS MAYOR SARGENTO ROMERO 8 24 80% 54

5.148.267 VISENCIO

SEGUNDO PONCE AZUAJE SARGENTO 80%

5.309.667 WILLIANS JESUS 50 MAYOR 27 ARJONA ARCHILA SARGENTO 25

5.386.835 52 80% 10 RAMON

PRIMERO SARGENTO BARRIOS BLANCO 22

5.419.216 51 80% 11 PEDRO

SEGUNDO GALLARDO SARGENTO 29

5.571.786 CARLOS ESTEBAN 51 80% 12 MAYOR SANTANA URBINA SARGENTO JOSE ALBER 25

5.612.981 51

PRIMERO 80% 13 CABO SANCHEZ DE MOTA 54

SEGUNDO 28 80% 14

5.802.495 JOSEFA ROSARIO AGENTE ALMEIDA DE RONDON 17 VIRNELIA

87.5%

5.891.873 REGULAR 51 15 SARGENTO BERMUDEZ PETRA NICOLASA .72,5%

5.947.300 49

SEGUNDO 19 16 CEDEÑO SARGENTO 52 27 80%

6.012.948 ORLANDO JOSÉ

PRIMERO 17 VASQUEZ SARGENTO RAFAEL 25 80% 49

PRIMERO 18

6.027.077 SARGENTO HERNANDEZ

PRIMERO 50 28 80% JOSE 19

8.044.824 SARGENTO ARISTIQUETA 52 30 20

6.066.878 MAYOR 80% JHONY MARQUEZ HERRERA SARGENTO 24 80% MAYOR

6.115.711 RAFAEL ALBERTO 45 21 SARGENTO PALACIOS 29 80% 47 22

8.132.181 MAYOR WILMAN SARGENTO JIMENEZ

6.159.122 80% 47

SEGUNDO 2A 23 YAJAIRA SARGENTO VALDERRAMA CARRERA 80% 48 .28 MAYOR 24

6.181.027 ALEXIS ANTONIO OLIVEROS MENDEZ SARGENTO 48

SEGUNDO 20 75%

0.165.589 25 MARQUEZ ARRIOJA SARGENTO 80% JESUS GREGORIO 48

SEGUNDO 28 26

6.191.662 AZUAJE GONZALEZ SARGENTO 25 80% 44 27

6.193.402 JOSE MAYOR SARGENTO GAVIDIA BRITO 45

PRIMERO 80% 26

6.195.559 ORLANDO 28 SARGENTO BERNAL HERNANDEZ 25

PRIMERO 80% 45 29

6.201.975 YASMELI SARGENTO JARAMILLO

SEGUNDO 28 80% 30

6.202.662 48 JORGE FLORENCIO CABO GUILLEN DEL GAUDIO 25 80%

SEGUNDO 31

6.211.180 45 ROSA MARLENE BOLIVAR ARTEAGA SARGENTO 80% 46

PRIMERO 25 32

6.211.814 HENRY SARGENTO PEREZ LOPEZ

8.217.388 23 80% MAYOR 33 44 YUDITI1 DEL CARMEN SARGENTO CASTILLO FALCON 80% 26

PRIMERO 34 6 219 394 HECTOR 45

ROA RODRIGUEZ SARGENTO 35

6.223.071 ANGEL

PRIMERO 44 21 77,5% SARGENTO 36

6.245.152 43

SEGUNDO YASMIN 1B 70% PACHECO RAMIREZ SARGENTO 37 JOSÊ DE LOS SANTOS

6.254.339 44

PRIMERO 25 80% HIDALGO LOPEZ SARGENTO 38

6.259.906 44

SEGUNDO EUDORO 18 70% PEÑA REQUENA CABO 39

6.259.989 YAJAIRA 43 20

SEGUNDO 75% PEREZ GIL SARGENTO

6.284.528 CARLOS LUIS 40 46

PRIMERO 26 80% BLANCHARD ALCALA CABO

6.268.221 41 45 JOE ROBERT 24

SEGUNDO 80% DEPABLOS SARGENTO

6.271.680 42 IVAN 43 25 MAYOR 80% GARDILLO GARCIA SARGENTO MARLON OSCAR

6.277.423 43 42

SEGUNDO 19

72.5% CASTRO CABO 44 DOUGLAS

6.280.108 47 32

PRIMERO 80% YAJURE SARGENTO 45

8.292.307 KARIL LOURDES 43

SEGUNDO 20 75% GUFIERREZ SARGENTO 46

6.292.583 EDGAR 44

SEGUNDO 26 80% CONTRERAS RAMIREZ SARGENTO 47 JOMN 42

0.289.489

SEGUNDO 21 80% TORRES CALZADILLA SARGENTO

6.308.475 MIQUEL ANGEL 21 48 42

PRIMERO 77,5% PRISON SARGENTO

6.392.120 49 41 LUIS

SEGUNDO 21 77,5% RAMIREZ ALCALA ZULAY SARGENTO

6.313.703 50 43 MARGARITA 16 65%

SEGUNDO PEREZ BRICEÑO SARGENTO .314.734 51 ARGENIS JOSÉ 43

PRIMERO 23 80% MARTINEZ FLORES JOSE CABO

6.316.451 62

PRIMERO LUIS 18 41 70% TOVAR CABO 53

0.320.851 ANDRES EDUARDO 43

PRIMERO 22 80% SARGENTO SILVA PEREZ 54

6.323.044 MAYOR 43

2.4 80% GUILLERMO DAVID OROPEZA SARGENTO

6.324.613 MAURICIO ALCIDES 21 41

77.5%

PRIMERO ORTIZ OSUNA SARGENTO 86

6.228.641 ENRIQUE ALBERTO 40 77,5%

PRIMERO 21 BARRERA SARGENTO JOSÉ 57

6.328.836 18 41

SEGUNDO 70% CABO ROJAS APONTE SONIA MARGARITA 58

6.332.363 43 18 65%

PRIMERO CABRERA SARGENTO 50

6.339.945 VELITZA 41 67,5% 17

SEGUNDO GONZALEZ ACOSTA SARGENTO G0 DAVID MANUEL

0.343.978 42

PRIMERO 23 80% SARGEATO VELIZ ESCALONA 81

0.348.084 CELIS ALEXIS

PRIMERO 22 41 80% SILVA CABO 62

0.340.749 42 JEBÚS RAMÓN 67,6%

PRIMERO 17 AZOCAR R.

SARGENTO 63

0.355.217 ABIMELECII 50 27 MAYOR 80% ROMERO DE G SARGENTO 84

8.349.102 45 25 MAYOR 80% DAYBIS RAQUEL SARGENTO CONRRADO LARA MANUEL 52 05

6.387.039 MAYOR 27 80% SARGENTO RIVERO

6.425.B45 88 LU18 MIGUEL 82,5%

4.8 15 MAYOR MARTINEZ CUMACHE SARGENTO 67

6.427.499 JOSE EDUARDO 49

PRIMERO 72,5% 1º SARGENTO GONZALEZ

0.441.896 ARGENIS 24 68 47 PRIMERQ 80% SARGENTO MORALES MONSALVE

6.442.342 89 MARIA ALEIDA 47 25 80% MAYOR SARGENTO ROJAS 70

8.444.078 LUIS ALFONSO 45

PRIMERO 24 80% SARGENTO SIERRA CHACON

8.451 890 43 71

PRIMERO NELSON ALEXANDER 21

77.5% OVALLES SALAS OSCAR SARGENTO 72

6.494.279 ARGENIS 45

PRIMERO 22 80% RAMOS R SARGENTO GUIDO HUMBERTO 73

6.471.241 50 27 80% MAYOR SARGENTO MILANO 74 CARLOB GUILLERMO

6.480.614 49

PRIMERO 80% 25 SANDOVAL SARGENTO 75 RAMON A 49

6.481.297

SEGUNDO 20 75% SARGENTO NUÑEZ PAOHECO 78 GIOVANNI AMTONIO

6.486.778 45

SEGUNDO 21 80% JIMENEZ RAMOS RAMON SARGENTO JOSE 77 46

6.487.465 25 MAYOR 80% MARTINEZ OJEDA SARGENTO 78

6.488.239 AGU9TIN 25 44

SEGUNDO 80% SARGENTO REYES LOPEZ 79

6.488.701 45

PRIMERO JOBÉ RAMON 25 80% SARGENTO BARCELO CONTRERAS 80 47

6.489.670 JAVIER G MAYOR .24 80% SARGENTO OSE8 DE ACOBTA 27 YENNY MARGARITA 50 B2

PRIMERO

6.490.658 80% MAITA SUAREZ SARGENTO 82 27

6.491.828 48 MAYOR 80% EDDY RAFAEL DELGADO R.

SARGENTO 80% 83

6.493.131 JOSÉ LUIS 44

SEGUNDO 27 SARGENTO RODRIGUEZ BILVA 84 2A

6.495.138 80% NORWILLIAM JOSE 44 MAYOR ORTEGA SILVA SAROENTO

PRIMERO 43 85 25 80%

6.498.439 ALFONSO ENRIQUE PERAZA BOLIVAR 9ARGENTO 88 28

6.498.745 JOSE LUIS 45 MAYOR 80% CARRILLO GONZALEZ CABO 87 45

8.499.230

PRIMERO 17 67,5% CARLOS JOSÉ SARGENTO RUIZ DIAZ 88

6.499 451 48

PRIMERO 80% JESUS ANTONIO 28 GUARNIERI SARGENTO

SEGUNDO 18 89 70%

6.499.477 MILAGROS DEL V 46 MARTINEZ SARGENTO 90 28 80%

6.527.995 49

PRIMERO YAZMIRA JOSEINA SARGENTO 91 48

SEGUNDO JOSE LUIS 20 75%

6.548.890 CABO ROMERO MALAVE:

47 70% 92

6.552.432 EDGAR PRIMFRO 18

página original (tal como se publicó)Página 6 de la Gaceta

Página 7

SARGENTO PERNIA P.

. 95 JOSE DANNY 41

6.853.448 20 78% SEOUNDO BARGIENTO PEREZ ALVAREZ 42 98

6.653.609 SBBUNDO 18 70% LUIS ALBERTO MUENTES CABO 97 MILAGRO 43 SEQUNDÓ

77.5%

6.681.558 21 SARGENTO GONZALEZ JOBÉ ALBERTO 70% 88

8.092.970 42 SEQUNDO 18 URBINA SUB 89

6.693.131 COMIBARIO 67,5% JOSE MIGUEL 40 17 OUILLEN GARAY SARGBNTO 100 48

6.897,249 PILAR RAMON 24 80% RODELO E8PEJO BARGENTO 42 22 101

6.719.749

SEGUNDO 80% OMAR ENRIQUE SANGENTO UETARIZ RAMIREZ 45 102 26 80%

6.727.079 EDGAR D MAYOR SARGENTO RAMIREZ SOLORZANO

6.727.813 PRMERO 80% 193 RICARDO 24 SARGENTO ACOSTA MEDINA EMILIO R 80% 104 47 24

8.890.600

PRIMERO SARGIENTO CASTRO M.

46 106

6.041.368 YOVANNY 25 80% MOAW- SANTANA OCHOA 108

6.848.483 27 48 80% DOUGLAS RAMON

PRIMERO AGENTE LEON LUQUE 70% 107

6.050.824 ANDRES ELOY 49 ESPECIAL A 18 SARGENTO 108

6.864.821 RAMOS BANCHEZ 45 20 76%

SEGUNDO ALIRIO ANTONIO SARGENTO HERNANDEZ MURO 45 109

6.865.057 BICHARD O8WALDO

PRIMERO 80% 28 SARGENTO DELGADO EDUARDO 47 110

6.857.235 32 80% JOSE MAYOR MARTINEZ 47 111

8.857.902 MAYOR 80% 27 DIEGO OTILIO CUEVAS ANCIANI

6.861.899 28 112 44

SEGUNDO 80% ROMEL ENRIQUE CARIAS MARTINEZ SARGENTO 46

8.885.474 20 75% 113 SEBUNDO LUIS ROBERTO SANCKEZ SANTANA 144

6.85.608

PRIMERO 23 80% GILDEGAR JOSÉ 48 SARGENTO FLORES 48 25 115 JOSE

SEGUNDO 80%

8.867.221 GONZALEZ HURTADO CABO

6.887.901

PRIMERO 20 118 JAVIER EDUARDO 45 76% SARGENTO AZUAJE ARROYO 117

6.888.880 ANGEL JESUS 80% 45

PRIMERO 27 HERNANDEZ LOPEZ 45 118 20 75%

6.889.520

SEGUNDO LETICIA COROMOTO SARGIENTO HERRERA NORIS TEREGA MAYOR 149 48 25 80%

6.890.149 SARGENTO ATENCIO T 120

0.894.237 47 MAYOR 29 DENIS E 80% CALDERA GRATEROL 121 45

6.896.333 MAYOR 80% RAFAEL ANTONIO 27 MENDEZ R.

AGENTE ESPBCIAL A

6.808.011 JOSÉ R 45 72,5% 122 19 CATAMO LISBOA CABO 45 123

6.090.352

SEGUNDO 27 80% NELSON IVAN GABO PIÑANGO RAMIREZ 124

9.002.785 ARGELIS ENRRIQUE PRMMERO 21

77.5% 44 SARGENTO NEAZOA RAFAEL 45 126

6.902.839 PRIMAERO 25 80% LANDAETA DIAZ CABO 44 128 VICTOR MANUEL

SEGUNDO 70%

6.910.078 18 8ARGENTO MORENO GARCIA WILLIAM 26 -427 44

PRIMERO 80%

6.820.207 SARGIENTO SANCHEZ 47 128

6.920.72B CARLOS MERO 25 80% BLANCO SARGENTO

PRIMERO 48 24 129

6.926.286 80% SARGENTO CIERRADA QOUGLAS ENRIQUE 130

6.932.096 24 80% 44 RODRIGUEZ 42 131 COMISARIO 23 80%

6.956.847 JESUS EDUARDO RAMOS ESPINOZA SARGENTO 44 21

77.6% 132

8.967.347 RAUL ERO BARRIOS TAPIQUEN CABO

6.996.085 44 133

PRIMERO 18 70% ANGEL DOMINGO BARGENTO PARRA JUAN EUCLIDES

7.397.015 48 FRIMERO 27 134 80% BAROENTO LOPEZ 80% 935

7.446,148 VICTOR DANIEL 42 PRMMERO 24 YUBURI M 82 136

7.491.301 25 ALI RAFAEL MAYOR 80% SARGENTO MERNANDEZ PEREZ 26 137 46 MAYOR

7.582.444 JOBÉ RAMÓN 80% MACHADO DUARTE CARLO8 ENRIQUE 47 138 22 00%

7.682.918

SEGUNDO SARGENTO LEAL DE GAMEZ 46

SEGUNDO 17

67.5% 138

7.663.381 YANET MATUSALEN MEDINA 140 51 MAYOR 25 80%

7.780.842 ANA NUVIA SUAREZ ALBORNOZ 141 43 20

7.884.695 GREDDY COMISARIO 75% SARGENTO MACHADO RODRIGUEZ

7.007.603 WILLIAM 47 1:42

PRIMERO 24 80% SARGENTO RAGA

7.909.460 48

SEGUNDO 24 143 80% ROBERT ANTONIO QUERRERO MORENO SARGENTO

7.920.133 43 SEBUNDO 20 75% 144 WUILL PREDDY CABO GERDER MEJIAS 43 23 145

7.923.826

PRIMERO 80% ALEXANDER JOSE NIEVES GONZALEZ 80% JORGE A 43

SEGUNDO 23 146

7.926.637 SARGENTO GARCIA T 147 42

7.926.827

SEGUNDO 21

77.5% EDGAR ALBERTO LUGO VELASCO 148

7.929.514 48 PRUMERO 22 80% YASMIRA ROSA LEON AGELVIS SARGENTO 149

7.952.931 44

SEGUNDO 80% JOSE LUIS 27

JORGE GIOVANNY GABO PAEZ MERNANDEZ 18

PRIMERO 86% 152 43

7.908.633 JOBÊ ANTONIO SARGENTO ROMERO 72,8%

7.971.094 FRARCISCA DEL VALLE 43 18 158

PRIMERO FUENTES 25 80% 154

7.990.338 CARLOS JOSE 48

PRIMERO VILLARROEL AQUINO 18 70% 43 155

7.980.622 WILLIAM RAFAEL

SEGUNDO SARGENTO RODRÍQUEZ V 70%

7.991.302 42

SEGUNDO MERMES A 18 158 MIRELIES O.

SARGENTO 76% MAXIMO A 20 187 42

SEGUNDO

7.992.294 SARGENTO PEREZ RAMOS 44 22

PRIMERO 80% 158

7.993.633 RAFAEL E GABO MARTIN CABTILLO 87,5% 42 17 ALFREDO

PRIMERO 159

7.994.093 AREZ MILLAN 20 75% 43 160

SEGUNDO

7.997.582 NAYDOBIS ALONDRA SARGENTO SANTA ROSA VALDIVIEZO 26 44

SEGUNDO 80% WILLIAM A 181

7.988.832 CARABALLO MARTINEZ

77.6%

PRIMERO 21

7.909.112 42 102.

RUBI JESÚS POTESAUYT LARES SARGENTO 49 183

7.909.898 77,5% 8-EGUNDO YENNY YOLANDA 21 MARQUINA SARGENTO 184 YOVANNI R 45

PRIMERO 24

8.033.321 80% MEDINA

8.083.292 166 00% LUCIO EVANGELISTA 51 28

PRIMERO COMISARIO MOLINA VEGA 156

8.079.745 JOSE OLEGARIO 47 23 JEFE 80% SARGENTO 167 49 MAYOR 80%

8.177.476 20 RENNY MARCELINO CALDERON OROPEZA SARGENTO 168

8.177.629 GAUDY ELY

PRIMERO 25 48 80% MAITAN NIGEL 169

8.283.604 ROBERTO 41

SEGUNDO 70% 18 SARGENYO VALLENILLA 170

0.304.010 50

PRIMERO 28 80% PEDRO ALBERTO RODRIGUEZ SARGENTO 171 DIMAS RAFAEL 27

8.437.730 51 80% VILLAFRANCA GRANADO

8.508.254 172 MAIBEL ZORINA 43 21 77,5% SRGUNDO FANEITE A SARGENTO

8.800.606 173 52 27 80% DOMINGO L MAYOR PALENCIA ORSLLANA SARGENTO

0.659.583 43 80% 174 JOSE GREGORIO

PRIMERO 24 MAYORA SARGENTO 47 175 JOSE DARIO SESUNDO 22 80%

8.679.492 SARGENTO GONZALEZ LEAL 178 45

0.607.166

PRIMERO 25 80% EDICTA GREGORIA CABO MULATOS PESCOSO CARLO8 JOSÉ 177

8.750.842 43 15 PRIMERQ 82,5% MOLINA DURAN WILLIAM RAFAEL 174

8.766.999 43 77,5%

SEGUNDO 21 SARGENTO SANABRIA ROMAN 179 44 21 77,6%

8.762.231

PRIMERO JOSE G.

REYES BARGENTO MAYOR 80% 180 JOSE LUIS 43 25

8.799.230 ORTIZ DAVALILLO CABO LENI DEL CARMEN 181

8.904.389 20 4p

PRIMERO 76% CABO RODRIGUEZ BRICEÑO

8.003.025 23 182 FREDDY ALIRIO 42

PRIMERO 80% ROJAS 80% 183

8.909.506 46 26 JOSE MAYOR SARGENTO VERA VARGAS 25 80% 184

8.000.936 CARLOS 44 MAYOR COLMENARES MORA COMISARIO

0.084.120 185 48 JEFE 22 0% AQNE& C.

SARGIENTO SIERRA GONZALEZ 47 80% 188 22

9.097.372 TULIO G

SEGUNDO SARGINTO ESPINOZA 187 80%

0.097.409 JOSE LUIS MAYOR 30 48 RANGEL CONTRERAS SARGENTO

9.127.704 MAYOR 188 ELDA L 48 25 80% CABO MONTILVA 189

9.127.727

PRIMERO 18 70% GLADVS MARIA 48 COMIBARIO PEREZ ROJAS

9.129.643 28 190 49 GENERAL 80% JOSE RAMON SARGENTO TARAZONA QUINTERO WWUVL FREDDY 101 40

PRIMERO 26

9.142.698 80% PEÑALOZA DUARTE 192

9.186.119 JO8E 48 INSPECTOR 80% 23 MONROY LANCHEROS 193 MARÍA ESPERANZA

9.189.889 43 COMISARIO 20 78% SARGENTO 194

9.200.079 JESUS MARIA 49

SEGUNDO 24 80% ACEVEDO ALGUICHIRE SARGENTO ADOLPO 195

9.213.622 47

PRIMERO 20 75% ORTIZ PORRAS SARGENTO 196

0.220.824 JOSE ARMANDO

SEGUNDO 47 18 70% ORTEGA LAGUADO CABO 197

9.220.963 48 JESUS EUCLIDES

PRIMERO 27 80% GARCIA 188 LUIS ALFONSO

9.244.300 43 COMISARIO 72,5% 19 NEGRIN SARGENTO 199 JOSE

0.270.047 47

SEGUNDO 23 80% MARQUEZ ZERPA SARGENTO 200

9.272.325 JOSÉ LUIS 46 24

PRIMERO 80% GUERRERO MENDEZ SARGENTO 201

9.331.914 FABIAN ALIRIO 43 28 MAYOR 80% CHACON 202

9.332.087 FRANCISCA 43 25 MAYOR 80% CONTRERAS M.

SARGENTO 203

9.332.730 42 28 YRAIDA MAYOR 80% CAMACHO MORA SARGENTO 204

9.333.781 48 BLANCA

SEGUNDO 19 72,5% SARGENTO 205 LEONARDO

9.410.483 47

PRIMERO 80% 27 PINTO ZABALA CABO 208

9.411.578 70% WILLIAN 44

PRIMERO 18 VIVAS

9.411.705 207 IVAN DARIO

SEGUNDO 42 77,8% 21

página original (tal como se publicó)Página 7 de la Gaceta

Página 8

PEPE VALDES BARGENTO 208

9.414.330

PRIMERO 43 ALEJANDRO CARLOS 80% 25 CABO CHIRAMO CHIRAMO 209

9.418.259 RAFAEL WILLAM 43 68%

PRIMERO 16 GRAFFE MEJIAS 210 43

9.432.167 COMISARIO 72,5% OLFANI 19 211 PABLO EVELIO 46 24

9.461.483

PRIMERO 80% LAREZ SOTO BARGENTO JOBÉ 212

9.481.882 27 45 MAYOR 80% ESTUPIÑAN RINCON 75%

9.462.128 213 42 JUAN COMISARIO 20 SANDOVAL SANCHEZ SARGENTO

9.483.514 214 ANA JULIA 42

PRIMERO 22 80% PEREZ RODRIGUEZ SARGENTO 215

9.488.195 EUDULIA 40 20 78%

SEGUNDO SUAREZ SARGENTO 218

9.469.608 JOSÉ

SEGUNDO 20 40 75% SARGENTO PACHECO 217

PRIMERO

9.485.824 41 20 MARIBEL JOSEFINA 75% REYES SARGENTO 218 B.488.785 44 JOSÉ GREGORIO

PRIMERO 21 77,5% VALERO SIMANCAS 219 ELVIS

9.489.903 41 COMISARIO 20 75% ARAUJO SARGENTO 220

9.574.118 WILLIAM JOSE 49 24 80%

PRIMERO PEREZ ARMANDO SARGENTO 221 47

9.591.633 NOÉ 26 80% MAYOR PALENCIA CASTAÑEDA 222

9.603.682

SEGUNDO 25 CARLOS 44 80% SARGENTO RODRIGUEZ

9.808.964 23 45 JOSÉ GREGORIO

PRIMERO 25 80% SANCHEZ VELAZCO SARGENTO 224

0.867.229 JOSÉ RAMÓN 40 62,5%

SEGUNDO 15 PIRELA SARGENTO 226

9.706.682 47 72,5% OSWALDO

SEGUNDO 19 RONDON DURAN CABO 228

9.729.411 PRIMERQ 44 JO8E 22 80% MONTAÑEZ GONZALEZ SARGENTO 227 ORLANDO JOSE 40

SEGUNDO

9.855.612 22 80% MARVAL GONZALEZ CABO 228

9.898.540 FRANCIS 41

SEGUNDO 22 80% CABO ZAPATA ALFONZO

9.955.219 229 70% RAMON HUMBERTO 42 18

PRIMERO SANCHEZ MEDINA SARGENTO 230

9.957.484 40 ANIBAL EDUARDO 20 75%

SEGUNDO YANEZ ADRIAN SARGENTO 231

9.962.417 JULIO JOSE 41 23 80%

PRIMERO GUTIERREZ FEO CABO 232

9.993.320 JUAN CARLOS 70% 43

PRIMERO 18 ROSAS LIENDO CABO 233

9.993.776 JOSÉ JESÚS 42 18

PRIMERO 70% MEDINA VALERIO SARGENTO

9.995.121 234 44 EMILIS PASTORA

SEGUNDO 22 80% SARGENTO GONZALEZ MONASTERIO 235 43

9.995.581 25 VICTOR MAYOR 80% LIENDO ORTEGA SARGENTO 236

9.996.538 HENRY 18 44 70%

SEGUNDO DELGADO SARGENTO

9.998.882 237 43 77,5%

PRIMERO 21 BENAVIDEZ CUEVAS SARGENTO 238

9.997.225 JUAN ALBERTO 43 23 MAYOR 80% SILVA SARGENTO 239

9.997.684 FROILAN 40 22 80%

SEGUNDO FLORES BELLO SARGENTO 240

9.998.803 LUIS ALBERTO 41

SEGUNDO 87,6% 17 FERRAS CORDOVA SARGENTO 241

9.999.131 FREDDY YSRRAEL.

PRIMERO 21 77,5% 41 FERNANDEZ MEJIAS CABO 242

10.000.223 ELISANDER JOSE

PRIMERO 17 41 67,5% MORA CABO

10.072.845 243 RAQUEL ROSARIO 41

PRIMERO 16 65% SARGENTO GARCIA 244

10.075.821 EDINSON JOSÉ 46

SEGUNDO 22 80% SARGENTO 245

10.112.426 SIMON CELESTINO 41 20 75%

SEGUNDO MEDINA SARGENTO 246

10.117.106 MILAGRO 40

PRIMERO 22 80% CAMACHO SUB 247

10.191.458 ARQUIMEDES 40 COMISARIO 62,5% 15 LAGUNA SARGENTO 248 10 259.114 FERNANDO JOSÉ

SEGUNDO 41 18 70% CABO AGELVIS

10.331.743 249 RAFAEL 41 21

77.5%

PRIMERO SARGENTO COLMENARES MORA 250

10.352.602 GILBERTO 40 21 77,5%

PRIMERO OCHOA SARGENTO 251

10.353.565 GERSON 43

67.5%

SEGUNDO 17 ORTEGA CABO 252

10.375.843 41

67.5%

SEGUNDO 17 MERNANDEZ

10.381.400 FRANKLIN JOSE

SEGUNDO 253 21 40 77,5% VILLANUEVA SARGENTO 254

10.476.895 EDUARDO 41

77.5%

SEGUNDO 21 BASTARDO PRATO SARGENTO 255

10.502.428 43 CARLOS RAFAEL 20 75%

SEGUNDO SARGENTO PERNIA CHACON 256

10.511.985 43

PRIMERO 24 ISMAEL ANTONIO 80% RODRIGUEZ SUNIAGA SARGENTO 257

10.512.582

SEGUNDO 41 JOSÉ ALEJANDRO 17

67.5% PAEZ HERNANDEZ SARGENTO 258

10.534.951 40 LARRY BLADIMIR 18 70%

SEGUNDO CABO ROSALES MORES 259

10.544.309 JOSE ANTONIO 40 70%

PRIMERO 1B ALMEIDA ESTEVES 260

10.575.956 43 YAMILET 18 70% DISTINGUIDO CACERES SUAREZ SARGENTO 261

10.576.194 44 OSCAR 25 MAYOR 80% SARGENTO OVALLES BARDEMAL

10.576.295 262 JOSE 22 41 80%

SEGUNDO LIENDO CABO

10.576.549 263 42 CARLOS 70%

PRIMERO 18 SARGENTO ESPAÑA PEREZ 264

10.578.891 21 EBEDIL CORNELIO 42 77,5%

PRIMERO CRUZCO SARGENTO ANTONIO JOSE 265

10.579.251

PRIMERO 25 43 80%

SARGENTO ORTEGA

SEGUNDO 75% 40 20 268

10.580.634 SARGENTO DIAZ PIAERO 23 80% ANGENIS 45

PRIMERO 267

10.581.838 UIRBANO SARGENTO PEDRO FERMIN 21 77,5% 42

PRIMERO 268

10.583.259 CORREDOR SARGENTO 43

SEGUNDO 87,5% 17 289

10.629.220 CABO DELBADO SILVA 22

PRIMERO 80% 40 270 YAMELI

10.632.602 SARGENTO 70% 42 ASDRUBAL JOSE

SEGUNDO 18 271

10.692.947 SARGENTO LUCAS IMAN ISMAEL 70%

SEGUNDO 18 41 272

10.787.546 BARRADAS LEON SARGENTO 77,5% 40 21 IPRANKLIN MAYOR

10.859.053 273 GONZALEZ CABO 85% 18 41

PRIMERO 274 RODULFO JOSE

11.005.424 SARGENTO 20 75% 41

SEGUNDO 275 PEDRO MIGUEL

11.029.301 SARGENTO NUREZ

SEGUNDO 20 75% 40 278

11.130.412 MARIA SERGILIA SARGENTO MORENO ROMAN 77,5% 40 21

SEGUNDO 277

11.160.240 FRANCISCO FIDEL SARGENTO FLORES 42

SEGUNDO 20 75% OSCAR 278

11.161.273 CABO HECTOR 41

PRIMERO 21 77,5% 279

11.182.245 SARGENTO GARCIA LAYA 70% 41 18

SEGUNDO 280

11.480.324 WUMER EMIR RAMOS MARRERO CABO 70% RICHARD 40

PRIMERO 18 281

11.635 474 CASTELLANOS SARGENTO 22 80% EMERSON 40

SEGUNDO 282

11.638.442 SARGENTO HERNANDEZ 75%

SEGUNDO _20 41 283

11.663.435 LUIS ALBERTO VERA MENDOZA CABO 70% SABINO 41

PRIMERO 18 284

11.675.666 GONZALEZ SARGENTO

PRIMERO 22 80% 40 285

11.939.994 CABO

PRIMERO 70% 1B 286 42 15 099.629

Notiflquese por órgano de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, la Jubilación mediante Olicio al funcionario o funcionaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del Reglemento de la Ley de Estatuto sobre el Régimen do Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios.

El mencionado Benelicio da jubllación comenzará a surtir efecto, en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil anoe (2011).

Comuniquese y Publiquese, Por el EjecutivoNacional TAREGKEL AISSAMI MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 200°, 152° y 12° 48 0 3 MAR.2011 N° Fecha RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de Septiembre de 2008, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela'N° 39.012 de fecha 09 de Septiembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en concordancia a lo establecido en los Artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 13 de la Ley del Seguro Social, Articulo 2. del Decreto de Transferencia de la Policia Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas N° 5.814 de fecha 14 de enero de 2008, Publicado en la Gaceta Oficial N° 38.853 del 18 de enero de 2008: y la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento Orgánico de este Ministerio, otorga la Pensión de lmvalldez, en virtud a evaluación emanada dei Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que declara la incapacidad para el trabajo a los obreros y obreras adscritos a la Policia Metropolitana de Caracas, que a continuación se mencionan:

% DEL APELLIDOS Y N° EDAD CARGO CEDULA ANTIG.

SUELDO NOMBRES FAGUNDES SAMTANA 87 22 60%

319.062 ASEADOR 1 JOSE MAUIMIO QUERALES FRIAS 23

644.162 62 ASEADOR 60% 2 ORLANDO PARCISO DELGADO BEWAMDOURT AYUD, DE SERV.

74 3 23 60%

975.070 GENERALES FRANCISCO HEBIMBERTO BELANDRIA DE 69 60%

2.889.441 CONZALEZ VOLANDA LAVANDERO 26 4 DE JESUS GUANCHEZ DESAR 68 21 60% ASEADOR 5

2.970.739 AUGUSTO BECERRA AMGULO

3.181 233 66 60% COCINERO 17 6 GRISELDA RIVERA DE MALAVE 64 COCINERO 60% 7 3 561 532 19 ELODIA JOSEFIMA BRICEÑO AYUD. DE SERV 60% 3 719 350 36 60 8 PALOMARES GENERALES PEDRO JOSE 9 MARTIMEZ 3 723.376 59 60% ASEADOR 17 MARIO VICENTE SOSA MLUNCA 10 COCINERO

3.846 074 59 31 60% MLLIAM JAMER PERIBA :3 939 572 :

62 21 11 COCINERO 60% ISOUMA

página original (tal como se publicó)Página 8 de la Gaceta

Página 9

SALAS 12

3.971.007 59 32 ALBARIL 60% PERA 13 60

3.974.633 PINTOR 19 80% YAJAIRA INOCEN CIA BLANCO QUINTERO 14

4.256.006 B1 29 ASEADOR 60% FRANCISCA RODRIGUEZ DE 15

4.362.750 58 20 80% ELECTROMECÁNICO ABRAHAN MORELBA DIAZ GONZALEZ 18 27 4,443.423 58 ASEADOR 80% JOSE ARMANDO MARTINEZ 17 24

4.513.553 58 ELECTROMECÁNICO 80% JESUS ADOLFO VASQUEZ 18

4.585.813 56 18 60% MILT 19

4.648.957 COCINERO 23 59 80% SILVA DE 20 AYUD. DE SERV.

4.704.302 24 MONTGOMERY 58 60% MARVA YSORA QJEDA SUAREZ 21 65 20

4.808.667 80% COCINERO VICENTA FONTEN DE 22 25

5.076.271 80% ANA 56 PORTERO ANTONIA MARTINEZ DE AUX. SERVICIO DE 23

5.218.695 54 18 60% MIRANDA CARMEN OFIC.

BEATRIZ GONZALEZ ASEADOR 24

5.522.971 52 18 80% RODRIGUEZ NORIS NOLINA MALDONADO 25

5.572.782 ASEADOR 17 80% MARIA 52 LUISA MONROY DE ORTIZ 28 COCINERO

5.610.468 56 19 60% JUDITH COROMOTO RODRIGUEZ DE 27 RONDON COCINERO 60%

5.893.682 55 19 MILDA ROSA RAMIREZ PRIETO 28

5.893.850 50 17 60% ASEADOR ANGELA ROSA ALFARO 29 52

8.035.804 21 60% ELECTROMECÁNICO WUILIAN ALBERTO CASTILLO DE 30 ASEADOR 17 60%

6.186.474 PARADA ANA 49 AURA CHACON ORTIZ 24 31

8.202.499 47 60% ASEADOR ANGEL NOLBERTO GUTIERRE? AYUD. DE SERV 32 43 18 60%

8.277.316 SANCHEZ GENERALES RENE PEREZ MORFE 33 ASEADOR 17

6.293.984 47 60% LUISA JOSEFINA HERNANDEZ 34

8.374.019 52 19 60% COCINERO CLARA ROSA ANDAZORA 35 COCINERO 21 00%

6.374.181 55 GREGORIA JOSEFINA GOMEZ MENDOZA 38 18 60%

6.376.559 52 ASEADOR LIDA JOSEFINA MADRID SCOTT 24 37 80%

6.427.689 58 COCINERO BERGNITA MORELBA BLANCO GARCIA 38 28 00%

6.448.846 80 ASEADOR JOSE GREGORIO SIMANCAS 27 COCIHERO 60% 39

8.904.593 MOGOLLON 48 RAMON ANTONIO CAMACHO LATONERO 21 60%

6.920.620 45 40 PINTOR JOMN ARGEL MALAVE PEÑA 41 45 21 60%

7.994.403 ASEADOR LUZ MARINA GARCIA CHACON 42 25 80%

8.097.279 55 ASEADOR EUDOCIA VIVAS CARDENAS 43 18 80%

9.205.165 53 ASEADOR GRACIELA HERNANDEZ AYUO. DE SERV. DE 44

9.298.395 20 46 60% MARIANGELICA COCINA HEVIA VELASCO MECAMICO

9.350.890 45 47 28 60% RAMON SATURNINO AUTOMOTRIZ OSTEICOCHEA 48

9.411.851 ASEADOR OROPEZA 45 18 60% YSIDRO OMAR OLIVARES CASTRO 47

10.543.973 80% 41 ASEADOR 21 RICARDO ARGENIS SANTANA AGUILERA

11.689.816 48 44 ASEADOR 20 60% MARIA DE LOURDES

Notifiquese por órgano de le Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, la Pensión de Invalidez medianta Ofieio attrebajador o trabajadora de conformidad con lo dispuesto en el articulo-T3 de la Ley Orgánica de Pracedimientos Administrativos.

El mencionado Beneficio de Pensión de Invalidez comenasará a surtir efecto, en fecha Primero (01) de Marzo del año Dos Mil Once (2011).

Comuníquesely Pubiquese, Por el Ejeculivo Nacionai TARÈKÉL AISSAMK MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA - DESPACHO DEL MINISTRO 200°, 152° y 12° 49 Fecha_ 3 MR. 2911 N°$ RESOLUCIÓN El Ministro dal Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto N° 6.398 de fecha 09 de Septiembre de 2008. publicado en Gaceta Oficial de la conformidad con lo previsto en el Articulo 83 de la Constilución de la República Bolivariana de Venszuela, an concordancia a lo estabiecido en los Artículos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Vaior y Fusrza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; la Disposición Sexta de la Ley del Estatuto de la Función Policial; 14 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios; Articulo 20 concatenado con el 10 y 11 de su Reglamento; Numeral 3 del Articuio 30 del Reglamento General de la Policia Metropolitana; y con el Articulo 45 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Policiel; 2 del Decreto de Transferencia de la Policia Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas N° 5.814 de fecha 14 de Pensión de Invalidez, en virtud a la evaluación emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que declara la incapacidad para el trabajo e los funcionarios y funcionarias uniformados adscritos a la Policia Metropolitana de Caracas, que a continuación se mencionan:

% DEL APELLIDOS Y ANTG.

EDAD CARGO SUELDO N° CEDULA NOMBRES HERNANDEZ SARGENTO 70% 85 24

2.150.756 1 ANGEL CUSTODIO MAYOR SARGENTO LOPEZ RODRIGUEZ 70% 24 60 2

3.609.759 MAYOR REINALDO RAMON HIOALGO GONZALEZ CABO SEGUNDO 70% 60 12 3

3.626.725 JOEL ALBERTO SARGENTO FLORES GERDEL 70% 25 58

3.719.332 4

PRIMERO FRANKLIN HUMBERTO AGENTE FLORES CARVAJAL 70% 18 60 5

3.725.166 ESPECIAL A JESUS RAMON CORDERO PEREZ AGENTE 29 70% 57

4.163.370 6 ESPECIAL A PEDRO SARGENTO MENDOZA BLANCO 70% 24 51

4.682.944 7

PRIMERO AMARILIS DEL CARMEN AINAGAS 70% 58 18 DISTINGUIDO

4.806 216 8 CARLOS EDUARDO ESPINOZA AGENTE 56 70% 17

4.849.765 9 ESPECIAL A ROSA HERMINIA SARGENTO GARCIA RUIZ 25 70% 54 10

4.855.871

SEGUNDO ORLANDO YGNACIO SARGENTO GUZMAN CALDERON 70% 54 24 11

5.090.615

SEGUNDO ADAN ANTONIO SARGENTO SANCHEZ GUTIERREZ .55 25 70% 12

5.091.427 BILLY STANKY

PRIMERO COLMENAREZ 52 25 13

5.092.254 70% CABO PRIMERO RAFAEL URDANETA MILLAN DE MARTINEZ SARGENTO 14

5.096.613 53 33 70% RAQUEL MAYOR AGENTE ORTEGA 54 19 70% 15

5.276.829 ESPECIAL A RAUL ANTONIO ZAMBRANO SARGENTO 24 18 70%

5.309.229 48

SEGUNDO SOLANGEL JOSEFINA SARGENTO NIEVES DIAZ 17

5.406.772 53 23 70% RUBEN DARIO

SEGUNDO GUILLEN DE BARRIOS 55 12 70% 18

5.415.938 DISTINGUIDO XIOMARA YARITZA ESCALONA CAMBERO CABO 19

5.485.332 50 23 70% ALEXIS GIOVANNI

SEGUNDO CABO ZAPATA DIAZ 20 28

5.523.370 70% 54

PRIMERO QUIROZ ROJAS SARGENTO 52 21 70%

5.584.393 24 IGOR GUY

PRIMERO RODRIGUEZ ESPARZA AGENTE 22 27 70%

5.568.026 52 REGULAR MANUEL DAVID CRESPO DE GOMEZ 23 93 12

5.572.120 70% NELLY JOSEFINA SARGENTO MAYORA LIENDO 24 26

5.576.160 70% 55 MIGUEL MAYOR MUJICA MARIBEL

5.609.357 70% 25 51 20 TERESA

SEGUNDO PEREZ CABO 28 70% 5 788 769 47 21 SEGUND JUDITH COROMOTO CABELLO CARVAJAL SARGENTO 50 25 70% 27 5 891 574 GRACIELA JOSEFINA

PRIMERO AGENTE ESCALONA VICTOR 28 70%

6.002.924 :54 10 ESPECIAL A ABRAHAM MARTINEZ MONTERO 29 20 70%

6.095.120 47 CABO SEGUNDO MIGUEL YGNACIO RODRIGUEZ FLORES SARGENTO 28 30 70% 6 098 102 51

PRIMERO ANDRES ELIAS BERMUDEZ RUMBOS

6.108.115 70% 31 46 CABO SEGUNDO 17 LAURA HILARIA 6 114.028 70% 19 32 48 CABO PRIMERO NORA ELENA AGENTE CACERES SIERRA 47 70% 33

6.115.543 24 REGULAR ENDER JOSE BOLIVAR 5 70% 34 49 DISTINGUIDO

6.122.873 FRANCISCO JAVIER LIRA LIRA SARGENTO 48 27 70%

6.142.210 35

PRIMERO JUDITH BEATRIZ PEREZ 25 47 %00 36

6.140.513 CABO PRIMERO JOSE LUIS LUGO NUÑEZ 37 6 149.597 70% 51 CABO SEGUNDO 18 SARGENTO RAMIREZ PINEDA 70% 25 6 151.765 41 38

PRIMERO RAMON ISIDRO RAMIREZ SEPULVEDA SARGENTO 70% 25 39

6.152.017 46

PRIMERO JOSE GREGORID URBINA 70% 40 48 CABO PRIMERO 19

6.155.703 CARLOS JOSE CONTRERAS CARDOZO SARGENTO 21 41 70% 47

6.156.100 JAIME ANTONIO

SEGUNDO VARGAS MORALES %02 42 6 160 442 47 CABO SEGUNDO 19 JOHMNY ROGER PINTO MORENO CABO SEGUNDO 33 70% 43 6 174 483 50 GLADYS MATILDE PEREZ GALAVIS SARGENTO 79% 44

6.195 176 47 25

PRIMERO MIGUEL ANGEL PEREZ SEGOVIA SARGENTO 47 70% 45 6 205 194 28

SEGUNDO GERARDO JOSE GONZALEZ AROCHA SARGENTO 6 222 012 46 44 20 70%

SEGUNDO HUMBERTO RAFAEL CASTRO ALVAREZ 6 227 290 47 70% 47 25 CABO PRIMERO CARLOS ENRIQUE URIBE URIHE 48 43 CABO PRIMERO 17 70% 6 239 183 CESAR ENRIQUE

página original (tal como se publicó)Página 9 de la Gaceta

Página 10

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

383.928

SARGENTO VALLS ACOSTA 22 70%

6.254.948 48 49

PRIMERO HORTENSIA GREGORIA BLANCO 26 70% 50

8.258.080 CABO PRIMERO 44 SENIBALDO SARGENTO MARCANO CASTILLO 20 46 70% 51

6.258.154

SEGUNDO ARACELIS MAGDALENA ROJAS MEZA 25 70% 52 48 CABO PRIMERO

8.259.249 ANGEL JOSE ALBORNOZ GARCIA 70% 53

8.281.824 47 .18 DISTINGUIDO MAGALY SARGENTO TORO GONZALEZ 42 22 70% 54

6.278.289

SEGUNDO ANGEL ALBERTO NAVARRO MARQUEZ 20 70%

6.297.038 45 55 CABO PRIMERO JOSE GREGORIO LEON ARRIECHI 20 70% 56

6.300.586 41 CABO PRIMERO PEDRO EMILIO SARGENTO DELGADO GARCIA 25 '70% 57 43

6.321.553 MAYOR ORLANDO JOSE COLMENARES VIRA SARGENTO 21 70% 58 41

6.338.760

PRIMERO CARLOS ALEXIS SARGENTO ESCOBAR MUJICA 20 40 70% 59

6.348.762

PRIMERO DOUGLAS JOSE VERA CHACON 41 70% 20 60 CABO PRIMERO

6.347.955 MARIA ISABEL LEON 52 24 70%

8.427.367 CABO PRIMERO 61 FRANCISCO DE ASIS ROSALES NAVAS 31 70% 48 82

8.428.108 CABO PRIMERO MILTON AMERICO SARGENTO REYES RODRIGUEZ 49 25 70% 63

6.434.212

SEGUNDO FRANKLIN ALEXIS SARGENTO AGUILAR CENTENO 48 20 70%

6.440.380 64

SEGUNDO LUIS ALBERTO SEQUERA SARGENTO 23 70% 48 65

6.442.984

PRIMERO SEBASTIAN 1L CUEVA ARVELO 70% 45 18 CABO SEGUNDO 99

6.449.938 LIZANDRO JOSE CATAMO GARCIA 25 70% 49 CABO SEGUNDO 87

6.485.269 HENRY RAFAEL GODOY 51 70% 68 20

6.471.701 CABO SEGUNDO JOSE COROMOTO FREITES CAÑAS SARGENTO 69 48 24 70%

6.481.003

SEGUNDO ZENAIDA DEL VALLE SARGENTO MARIN BARRIOS 25 70% 70 48

6.482:437

PRIMERO CARLOS AMADEO ESCOBAR ROMERO 71 CABO SEGUNDO 48 19 70%

6.485.068 JOSE ALFREDO FERNANDEZ 72 48 20 70%

6.485.927 CONTRERAS CABO PRIMERO ADOLFO ANTONIO LIENDO HIDALGO 49 70% CABO PRIMERO 19 73

6.465.984 NICOLS ROBERTO RODRIGUEZ SARGENTO 50 28 70% 74

8.487.261 MAYOR LUIS ARMANDO SUAREZ GONZALEZ 21 48 70% 75

6.487.859 ANTONIO JOSE LOPEZ VIANA SARGENTO 27 70% 78

6.488.084 46

SEGUNDO NERIO FELIPE HERNANDEZ MARCANO 45 24 70% 77 CABO SEGUNDO

6.488.132 WILLIAMS ALBERTO GOMEZ MARQUEZ SARGENTO 70% 27 78

8.493.079 45

SEGUNDO EDGAR ADRIAN SARGENTO MARTINEZ JAIME 70% 79 18

8.493.151 44

SEGUNDO MILAGROS CONCEPCION SARGENTO LOPEZ HERNANDEZ 25 70% 44 60

6.495.179 MAYOR FRANKLIN JO9E SARGENTO GARCIA LEON 45 70% 81 27

6.496.470 MAYOR HECTOR JO9E SARGENTO ALGARIN SANCHEZ 43 25 70% 82

6.496.785 MAYOR MANUEL FELIPE RIVERA ELIAS CABO SEGUNDO 25 70% 44 83

6.497.292 LUIS ALBERTO MATOS DE SEVILLA 70% 44 19 84

6.497.682 CABO PRIMERO ZULAY GUADALUPE SARGENTO LOUNGO RODAIGUEZ 24 70% 85

6.497.950 43

PRIMERO FRANCISCO ANTONIO 48 70% 88

6.499.795 CABO SEGUNDO 11 LUIS ORLANDO VALERO OSUNA 70% 87 42 17

6.507.749 CABO SEGUNDO MANUEL ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ SARGENTO 70% 88 43 18

6.509.808

SEGUNDO JOSE ELIAS SARGENTO FUENTES TORRES 25 70% 51 89

6.527.178 FRANCISCO ALBERTO

PRIMERO PALACIOS LAMON 17 70% 50 90

6.527.507 CABO PRIMERO FREDOY ALEXIS SARGENTO BLANCO LEON 70% 39 19 91

6.670.939

PRIMERO ANGEL ALEXANDER SARGENTQ GONZALEZ HERNANDEZ 70% 17 92 48

6.800.390

SEGUNDO LUIS ERNESTO SARGENTO UGUETO HERNANDEZ 70% 23 93 48

6.801.171

SEGUNDO MARCELO GERARDO JARAMILLO FLORES SARGENTO 70% 50 28

8.627.443 94 MAYOR ALEXIS GUSTAVO SARGENTO PACHECO GARCIA 70% 24 56 48

6.835.938 MAYOR LUIS GREGORIO MUJICA MEDINA 70% 45 11 96

6.842.667 DISTINGUIDO MILDRED JOSEFINA LONGA DE PEREZ SARGENTO 47 97 28 70%

8.847.721 MAYOR IRIS BERNALDA 70% 98

6.883.381 48 CABO PRIMERO 17 ERASMO DEL CARMEN SARGENTO 99

6.869.626 45 20 70%

SEGUNDO ODALIZ DEL VALLE PRIN RUIZ 25 100 48 70%

8.886.450 CABO SEGUNDO CARLOS EDUARDO PALMA APARICIO SARGENTO 101 27 70%

6.889.146 48 JOSE LUIS ADRIAN 102

6.889.910 48 25 70% CABO PRIMERO EDUARDO GUZMAN MIJARES 103

6.901.632 45 20 70% CABO PRIMERO MANUEL SALVADOR SUAREZ GAMEZ 104 48 CABO SEGUNDO 70%

6.905.321 19 GERSON ANTONIO

Jueves 3 de marzo de 2011

GONZALEZ SARGENTO 105

8.908.680 47 27 70%

PRIMERO EDUARDO EFRAIN CAMBERO RANGEL, SARGENTO 108 45

6.941 004 20 70%

SEGUNDO LUIS ARMANDO RAMIREZ ALVARADO 107

6.948.517 38 19 CA9O PRIMERO 70% PAULA AURISTIELA MENDOZA SEGOVIA 108

7.243.178 43 21 CABO PRIMERO 70% ARGENIS JESUS SARGENTO 109 . 7.275.920 52 24 70% RAUL ARTURO

PRIMERO SARGENTO ESCALONA 110

7.349.229 47 25 70% JESUS PASTOR

SEGUNDO SARGENTO SALCEDO CASTILLO 111

7.372.935 48 25 70% FELIPE ANTOMO

PRIMERO MAJANO SARGENTO 112

7.398.413 48 20 70% MARIBEL JOSEFINA

SEGUNDO 113 ROJAS MOREND SARGENTO

7.417.716 45 23 70% FREDDY MIGUEL

SEGUNDO SARGENTO 114

7.513 707 51 27 70% WILLIAN RAMOM

SEGUNDO RAMIREZ 115

7.588.674 47 20 70% OISTINGUIOO HENRY JOSE PINEDA SARGENTO 116

7.590.390 51 28 70%

PRIMERO JOSE ESTEBAM OCA VIELIMA AGENTE 117

7.664.045 51 14 70% INGRID DEL CARMEN ESPECIAL A SARGENTO YANCE 118

7.664.421 50 27 70%

PRIMERO QUIÑONEZ ALVAREZ 119

7.869.205 48 CABO PRIMERO 17 70% NEGDY MARIA RODRIGUEZ 120 7 920.474 44 CABO SEGUNDO 18 70% JESUS EDUARDO MIRELES MARIN SARGENTO 121

7.926 566 45 24 70% RAUL ANTOMID

SEGUNDO ORTIZ TORREALBA 122 43

7.929.418 17 70% CHRISTIAN ROGBUO SOUTO ALBARRAN SARGENTO 7 957.634 123 41 18 70% MANOLO

SEGUNDO GUADAMA CORONADO SARGENTO 124 7 965.007 43 18 7C% YOLANDA GUADALUPE

PRIMERO MONTILLA ROJAS 125

7.990.028 70% 28 46 CABO PRIMERO JESUS ALBERTO HERRERA CAPOTE SARGENTO 128

7.991.234 45 25 70% JOSE ANTOMIO

PRIMERO ROVAINA SANTOS 127

7.991 827 45 CABO SEGUNDO 18 70% JOHN WALTER FUENTES DE ORELLANA SARGENTO 128 7 991.893 46 24 70%

PRIMERO MARISOL FLAMES RENGIFO SARGENTO 129

7.993.013 48 21 70% JAIME ISRRAEL

SEGUNDO SARGENTO LINARES ROORIGUEZ

7.995.118 130 43 25 70% YOEL JOSE

PRIMERO OROPEZA SAYAGO SARGENTO d4 131

7.997.555 24 70% YSMERY DEL VALLE

SEGUNDO GARCIA CHACON

7.998.617 70% 132 CABO PRIMERO 43 24 DIONISIO ARGBMIS CARRILLO SARGENTO 133

8.027 885 48 26 70% PEDRO ARMANDO MAYOR ZAMBRANO PRADA SARGENTO 134

8.087.416 27 48 70%

PRIMERO JESUS EDUARDO VERA GUTIERRIEZ SARGENTO 135

8.176.952 23 46 70% JESUS ANTOMO

SEGUNDO JIMENEZ OROPEZA SARGENTD 138 8 177.540 45 25 70%

SEGUNDO SARGENTO ROSAS MILLAMI 137

8.177.554 25 46 70% ORLANDO JOSE MAYOR GARRIDO SANABRIA 138

8.588.131 45 CABO PRIMERO 18 70% VICTOR MANUEL SALON GOMEZ 139

8.757.329 45 CABO SEGUNDO 18 70% RAMIREZ ROJAS SARGENTO 140

8.782.710 42 70% 25

SEGUNDO JORGE ALBERTO SARGENTO MARTINEZ 141

6.792.695 48 70% 26 JOSE ARTURO

PRIMERO RODRIGUEZ SARGENTO 142

8.805 970 45 25 70%

PRIMERO AZAVACHE CAMICO 143

8.949 072 22 45 70% CABO PRIMERO JOSE GREGORIO PERALES MARTINEZ 144

9.099.500 48 70% CABO PRIMERO 28 ADOLFO JOSE

9.100.612 145 50 18 70% CABO SEGUNDO MARIA PASTORA GAVIDIA NAMA SARGENTO 146

9.120.852 28 48 70% JOSE GABRIEL MAYOR SARGENTO ORTEGA VERGEL 48 147

9.137.540 24 70% CIRO ALFONSO

SEGUNDO SANCHEZ CONTRERAS SARGENTO 148

9.336.255 45 26 70%

PRIMERO SIMEON ELADIO GARCIA GARCIA SARGENTO 149

9.338.713 45 26 70% JOSE RAMON MAYOR AÑEZ ALVIAREZ SARGENTO 150

9.352.048 43 20 70% JOSE GREGORID

SEGUNDO LABRADOR CORNEJO SARGENTO 151

9.353.833 21 44 70% GLADYS GISELA

SEGUNDO SARGENTO MOLINA SANTABIA 152 20

9.397.390 44 70%

SEGUNDO SARGENTO ROMERO PACHECO 45 28 153

9.410.949 70% JOSE BENIGNO

PRIMERO ARANDA NERZA 154

9.414.329 24 43 70% CABO PRIMERO XIOMARA MORILLO PINEDA SARGENTO 155 : 9.501.481 48 22 70% GARCES RAMIREZ 156

9.504.459 24 48 CABO SEGUNDO 70% DARIOJESUS SAAVEDRA SARGENTO

9.577.833 157 47 26 70% EUCLIDES DE JESUS MAYOR VRIARTE 158 40

9.855.337 CABO PRIMERO 17 70% YASMIN COROMOTO SARGENTO 159

9.916.827 42 21 70% JULIO DANIEL

PRIMERO SARGENTO MOLINA DAVID 160

9.963.223 42 24 79% FLORENCIO ANTONIO

PRIMERO SARGENTO FLORES ALVAREZ 161

9.998.257 44 25 73% DANY OSCAR

PRIMERO

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Página 11

ROURIGUEZ PEREZ 162 CABO SEGUNDO

9.998.367 42 70% 21 DAVID RAMON RODRIGUEZ CAMACHO 183

9.999.000 45 22 CABO SEGUNDO 70% OSWALDO JOSE RODRIGUEZ CAMACHO SARGENTO 164

9.999.001 25 43 70% MIGUEL ANGEL

PRIMERO MACHADO GIL 165

10.010.884 35 70% CABO SEGUNDO 17 JOSE GREGORIO GRANADO LEON 188

10.097.782 42 CABO PRIMERO 17 70% PEDRO JOSE VILLARROEL 187

10.098.780 41 18 70% CABO PRIMERO ALEJANDRO VILLEGAS PEREZ 168

10.112.252 CABO PRIMERO 40 17 70% AUNA NOEMI RAMIREZ CAMACHO 70%

10.114.021 189 11 42 CABO SEGUNDO GREGORIO ANTONIO CASTRO DIAZ 170

10.114.489 44 20 CABO PRIMERO 70% GUSTAVO ADOLFO MONASTERIO 171

10.182.012 42 70% CABO SEGUNDO 17 JHONNY ALEXANDER PINEDA CHIRINOS 172

10.250.101 19 42 70% CABO PRIMERO JAVIER RAFAEL SARGENTO ROJAS MONTILLA 173

10.395.191 42 24 70% JOSE CONRADO

PRIMERO SARGENTO CARDENAS LIENDO 174 39

10.487.990 70% 18 THAIS ANABEL

SEGUNDO SARGENTO REYES GONZALEZ 175

10.502.570 43 25

SEGUNDO JESUS AUGUSTO MANCHEGO ESCALANTE 178

10.506.478 40 20 70% CABO PRIMERO GLORIVEL ECHEVERRIA ARENCIBIA 177

10.531.380 45 25 70% DIMAS HAIDAN VIERMA SUAREZ 178 42

10.575.908 24 70%

SEGUNDO PAULO ALEXANDER MARTINEZ CHAVEZ 179 42

10.577.358 20 70% LUIS ENRIQUE PEREZ MATOS 180

10.583.563 21 41 70% CABO PRIMERO NEIL SIMON VANEGAS BRACAMONTE 181

10.828.140 43 21 70% WIUFREO ALCIDES

SEGUNDO GARCIA SALAZAR 182

10.896.012 CABO PRIMERO 43 17 70% ANGELA RAMONA MORALES SANCHEZ 183 39

10.744.333 9 70% FREDDY GONZALO DE LA CRUZ GONZALEZ 184

10.797.184 40 12 70% DISTINGUIDO MARIBLA DE LOS ANGELES CARRILLO CAMACHO 188 39 18

10.807.732 CABO SEGUNDO 70% VICTOR MANUEL CALDERON ESCOT 186

10.809.489 38 CABO PRIMERO 17 70% CARLOS ENRIQUE MATA MARTINEZ 187 41

10.929.085 70% DISTINGUIDO 11 ARISTIDES WLADIMIR PINEDA VILLASMIL 70% 188

11.055.354 39 20 CABO SEGUNDO JULIO CESAR AGENTE SIVIRA MEJIAS 189

11.059.693 12 37 70% JOSE FRANCISCO REGULAR 190

11.059.788 37 70% DISTINGUIDO 10 RICARDO JESUS ZAMBRANO SANCHEZ SARGENTO 191

11.081.271 42 20 70% PEDRO ENRIQUE

SEGUNDO BASTOS PERARANDA 192 40 21 70%

11.105.001 CABO PRIMERO LUIS FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO AGENTE 193 70%

11.158.920 41 19 WILMER JESUS ESPECIAL A BASTIDAS CAMACHO 194

11.162.884 40 18 CABO PRIMERD 70% EDGAR RAMON RODRIGUEZ RAMOS 195

11.340.000 12 39 CABO SEGUNDO 70% FRANCISCO ANTONIO FORERO 42 22 196 70%

11.493.380 CA9O SEGUNDO YECIR PEREZ ZAMBRANO 37 16 197 70%

11.555.328 CABO SEGUNDO ROMER MANUEL GUERRA VELASOUEZ 37 17 198 CABO SEGUNDO 70%

11.560.668 CARLOS ANTONIO VARGAS SANCHEZ

11.637.854 40 11 199 70% CABO SEGUNDO LISBETH DEL VALLE TRIAS USECHE 40 14 200 70%

11.844.352 CABO PRIMERO ELEAZAR CASTRO MARTINEZ 37 70% 201

11.884.414 18 VLADIMIR REINALDO ORTEGA FERNANDEZ 202 70%

11.971.968 37 CABO PRIMERO 18 NOBEL NESTOR RUIZ QUINTERO

11.993.412 35 CABO SEGUNDO 203 11 70% JULIO CESAR ORTEGA SERRANO 204

12.112.271 37 18 70% CABO PRIMERO MIGUEL ANTONIO SIEGLETT 37

12.281.289 205 17 70% CABO PRIMERO MANUEL INDALESIO GIL KORY 34 208 13 70%

12.397.427 DISTINGUIDO KELLY MARCANO BOLIVAR 13 207 35 70%

12.475.963 CABO SEGUNDO ULISES RAFAEL BRICEÑO RENGIFO 13 208 34 70%

12.781.387 CABO SEGUNDO GUZMAN BERMUDEZ 33 CABO SEGUNDO 70% 209 11

12.917.853 WILKIS MAURICIO VALES CHIRINOS CABO PRIMERO 37 17 70% 213

13.417.639 YERRIXZON JOSE BENAVIDES MARTINEZ 33 8 70% 211

13.432.639 INSPECTOR BENEDO JOSE MIJARES CORRO 33 CABO SEGUNDO 212 13 70% 13 432.740 JONATHAN DANIEL GONZALEZ TOVAR 213

13.468.743 31 70% 11 MERLYN ALEJANDRA RAMOS DE BETANCOURT AGENTE

13.477.961 214 52 17 70% ESPECIAL 8 VIVAS PULGAR 215 35

13.508.482 70% CABO SEGUNDO 12 PEDRO HENRY MANTILLA 216 33 CABO PRIMERO

13.536.882 13 70% JONNATHAN HARRY FARIAS IVARRA 33 217

13.748 882 70% 13 OMAR JESUS MEDINA GOMEZ

14.279.644 33 218 70% 9 DANIEL ANTONIO

MEJIAS LARA 35 70% 219

14.432.364 13 FERNANDO JOSE DIAZ SOLANO 70% 220 31 11

14.548.388 JEAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ 221 29 10 70%

14.584.791 CABO SEGUNDO EURICLES ANTONIO AGENTE FERNANDEZ PARRA 222

14.934.297 30 70% 5 REGULAR JESUS ALBERTO PEREZ ALBORNOZ AGENTE 70% 223

14.953.052 30 9 JOEL GUILLERMO REGULAR YRAUSQUIN COLLAZOS 224

15.805.590 28 70% 10 MICHEL WLADIMIR AGENTE GUERRA PARRA 225

15.758.014 29 70% 6 OSCAR ANTONIO REGULAR ROSAS JIMENES AGENTE 228 27 73%

15.914.592 4 ALEJANDRA DEL VALLE REGULAR BRUZUAL SALAZAR AGENTE 73% 227

17.139.885 26 8 HANCER MIGUEL REGULAR 26 228 INSPECTOR 70%

17.448.856 5 RAUL ERNESTO

Notifiquese por órgano de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, la Pensión de invalidez mediante Oficio al funcionario o funcionaria de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 11 del Reglamento de la LeydalEstatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios.

El mencionado Beneficio de Pensiór de Invalidez comenzará a surtir efecto, en fecha primero (01) de Marzo del año dos mionce (2011).

Comuniquese y Publlquese, Por el Ejecutivo Nacional TARECK EL AISSAMI MINISTRO MINISTRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 200°, 162° y 12° $N°50 0 3 MAR. 2011 Fecha RESOLUCIÓN

Decreto N° 6.398 de fecha 09 de Septiembre de 2008, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09 de Septiembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el Articulo 8:3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en concordancia con lo establecido en los Articulos 77 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; la Disposición Transitoria Sexda de la Ley del Estatuto de la Función Policial; 14 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios; 10, 11 y 20 de su Reglemento; 13 de la Ley del Seguro Social, Articulo 2 del Decreto de Transferencia de la Policia Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas N° 5.814 de fecha 14 de enero de 2008, Publicado en la Gaceta Oficial N° 36.853 del 18 de enero de 2008: y la Disposición Tranaitoria Tercera del Reglamento Orgánico de este Ministerio, otorga la Penalón de Invalidez, en virtud a la evaluación emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que declara la incapacidad para el trabajo a los funclonarlos y funcionaria a adminletrativos adscritos a la Policla Metropolitana de Caracas, que a continuación se mencionan:

% DEL APELLIDOS Y ANTIG.

CARGO N° EDAD CEDULA NOMBRES SUELDO CHURION FIGUEROA 70% 68 36

2.140.010 CONTADOR IIII 1 LUIS ALFREDO BRITO RIVAS AGISTENTE DE 30 70% 54 2

2.768.048 FLORANGEL OFICINA I RIOS LOVERA ANALISTA DE 70% 59

3.818.042 3 40 CARLOS TIBURCIO PERSONAL I GARCIA DE GIL 37 57 SECRETARIO II

3.972.141 4 ROCIO COROMOTO MENDOZA GONZALEZ 35 70% 57 ALMACENISTA :

5

3.984.367 HECTOR EDUARDO GARCIA DELGADO 28 70% 8

4.000.442 58 Il ELUAVEIG JOSE BELTRAN BOLIVAR CAMACHO 70% 34 7 57 SECRETARIO

4.114.214 HILDA EVARISTA SANCHEZ CAMPOS 34 70% 58 8

4.168.563 COORDINADOR CARMEN ALIDA LEON PESCÓ8O 24 70% 55 9

4.352.310 CONTABILISTA II JESUS HUMBERTO ASISTENTE DE PRINCIPAL 20 58 70% 10

4.357.368 GISELA ACURA DE GUILLEN ASISTENTE DE 17 70% 54 11

4.514.509 OFICINA ! CARMEN MATILDE ASISTENTE DE SANDOVAL MENDOZA 12 17 70% 54

4.564.379 OFICINA I ANA LUISA MARTINEZ DE

4.585.396 33 70% 13 BERROTERAN 56 SECRETARIO I NELLY JOSEFINA GOMEZ LUNA ASISTENTE 70% 14 34

4.849.608 58 ANALISTA IIII ROSAURO RAMON ODREMAN DE COORD. DES.

15 15

4.693.939 57 70% VILLARREAL REC. HUM. I XIOMARA COROMOTO PEREDA REYNA 54 PSICÓLOGO II 31 18

4.774.607 70% BLANCA ELENA PULIDO DE AZUAJE 17 53 29 70%

4.887.541 SECRETARIO II MARIA CLARET GOMEZ 18 70%

5.018.880 54 SECRETARIO I 24 LUISA JOSEFINA PEREZ CORDERO 19 :55 35

5.094.813 70% SECRETARIO I YMEIDA MARITZA VELASQUEZ YEPEZ 20

5.096.838 53 31 70% SECRETARIO I EMILIA ROSA

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70% 28 21 55

5.182.585 SECRETARIO I OSDELIAJOSEFINA CORDERO DE LEMUS 70% 22 21

5.220.653 53 SECRETARIO ! NAYIBE ALIGLIADORA YENDIZ DE GOMELLA 70% 23 55 18 ARCHIVISTA I 5 300.018 TALGIA JOSEFA ZARRAMERA INFANTE ASISTENTE DE 26 70% 24

5.410.108 55 OFICINA GLORIA MARINIA MARCHARE 55 70% 25 SECRETARIO 32 5 405.030 INES POSSAMAI SILVA 55 70% 26 28 SECRETARIO

5.514.350 MARIA GUILLERIMINA ASISTENTE DE CHIRINO RICO 19 70% 27 53

5.580.812 OFICINA I CRUZ MARIA LIRA DE QUINTIERO 70% 27 28 S.504.720 51 SECRETARIO LUZ AMELIA ASISTENTE DE MOLLEJA LOPEZ 53 70% 29

5.008.713 28 OFICINA I SONIA BLIZABETH MEJMAS BORGES 70% 30 52 24

5.614.803 SECRETARIO I BLANCA LOURDES ASISTENTE DE AUREU FERNANDEZ 70% 53 20 31

5.723.308 OFICINA 1 CLARITZA DEL CARMEN TEC. SUP. TRAB.

VEZGA SANTANA 70% 32$

5.801.445 54 24 SOCIAL I NUBIA MARLENE ASIST. DE PERDOMO LORETO 70% 31 33

6.017.381 49 JESUS ALBERTO REYES RODRIGUEZ 70% 23 34

6.018.071 50 SECRETARIO I CARMEN GREGORIA CARRASQUEL GOMEZ 52 SECRETARIO I 30 70% 35

8.019 828 YRMA SAUINALS MELLADO ASISTENTE DE 52 24 70% 38

6.020.052 OFICINA I CARMEN EMLIA PIRANGO QUIROZ 70% 31 51 SECRETARIO 37

6.054 200 YRAIDA 70% 47 21 38

6.114.086 SECRETARIO :

DORIS MARGARITA MENDEZ DE GONZALEZ TRABAJADOR 28 70%

6.120 711 39 48 SOCIAL 1 ZADA MARGARITA ASISTENTE DE DE DIOS GONZALEZ 70% 20

6.267 838 44 40 ANGELA DEL CARMEN OFICINA I ASISTENTE DE SANCHEZ DE CHACON 21 70%

6.332.987 42 41 OFICINA I LISBETH JOSEFINA ASISTENTE DE MACHADO DE HERRERA 70% 28 45 42

6.341.257 OFICINA I YELILE FERMIN A ANAL.ORG. Y SOSA MEZA 25 70% 49 43 6 427 226 SISTEMA ZORAIDA MARGARITA 1 ASISTENTE DE RAMOS GORRIN 70% 28 4

6.428.624 50 OFICINA I NOEMI RAMONA MLUICA DE JIMENEZ 50 24 70% 45

6.480.522 SECRETARIO I DAISY JOSEFINA OLIVARES DE GARCIA 70%

6.488 457 51 28 46 SECRETARIO II MICOLASA CARRERO OROPEZA 44 70% 47

6.499.018 18 SECRETARIO I YIMETA EMILIA MUREZ CABAACHO 21 70% 48 48

6.561.679 ALMACENISTA :

JOSE GABRIEL MEVES CELIS 70% 49

6.836 851 49 SECRETARIO I 23 DAMELYS FRANCISCA MUSTIOLA DE DIAZ 48 70% 19 50 SECRETARIO !

6.888 362 ANA MERCEDES TEJADA 51 29 70% 47

6.888 904 SECRETARIO I CRISTINA ALICIA GOMEZ APONTE 47 18 70% 52 SECRETARIO I 7 921 381 MILAGROS DEL COROMOTO CASTILLO ESPINOZA 70% 22 53 SECRETARIO !

7.950 743 45 JOSE GREGORIO REVERON 24 70% 54 9 088 364 51 TELEFONISTA HAIDE JOSEFINA POLENTINO SILVA 32 70% 55 SECRETARIO I

9.136.581 49 MERY ISABEL SALAZAR FARIAS 26 45 70% 56

9.288.279 SECRETARIO :

YSELLY MARGOT DELGADO ASISTENTE DE 24 57 44 70%

0.482.069 BELKIS JUDITH OFICINA I ASISTENTE DE NAVARRO DE MORA 70% 17 58 41

10.480 663 OFICINA I ROSA YCELA APONTE BASTIDAS 59 10 634.730 17 70% 40 SECRETARIO I ADELAIDA TERESA

Notifiquese por órgano de la Oficina de Recursos Humanos de este Ministerio, la Pensión de Invalidez mediante Oficio al funcionario o funcionaria de conformidad con lo dispuesto e el Articulo 11 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionanos o Empleados de la Adrcinistración Pública Nacional de los Estados y Municipios.

El mencionado Beneficio de Pensión de Invalidez comenzará a surtir efecto, en fecha Primero (01) de Mafzo del año Dos il Once (2011).

esenbugd A enenbjunwo? Por el Ejecutivo Nacional

TARECKÉL AISSAMI MINISTRO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO D M N° 021-A

Caracas, 16 de febrero de 2011

N°

200 y 151°

RESOLUCIÓN

Por cuanto, en fecha 3 de diciembre de 2010, en la ciudad de Beijing, República Popular China, se suscribió el Programa de Intercambio.Cultural entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y ei Gobierno de la República Popular China para el Perfodo 2011-2013, se ordena publicar el texto del mencionado Instrumento.

quese y publíquese, NicolMaduros Moros Ministro pdeopular para Relaciones Exteriores

PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EL PERÍODO 2011-2013

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, en adelante denominados las Partes, Deseosos de fortalecer y profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países, Convencidos que el diálogo permanente y las negociaciones periódicas en el área cultural son elementos fundamentales para mejorar el entendimiento mutuo, así como el desarrollo y el progreso de ambos países;

Con el propósito de garantizar la continuidad y estabilidad de los intercambios culturales bilaterales, y conforme a lo dispuesto en el Acta Final de la Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel, celebrada en la ciudad de Beijing del 21 al 24 de septiembre de 2008,

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Acuerdan firmar el siguiente Programa de Intercambio Cuitural para el período 2011-2013.

CAPÍTULO I Artículo 1 En el área de las Artes Escénicas y Musicales 1. Ambas Partes propiciarán el intercambio de especialistas en el plano artístico de la danza académica clásica, mediante programas de Residencias Artísticas, cuyos detalles se determinarán por la vía diplomática.

2. Ambas Partes propiciarán la realización conjunta de espectáculos de danza y música tradicional en ambos países.

3. Ambas Partes promoverán la participación de sus respectivos grupos artísticos en los festivales internacionales que se organizan en el otro país. La Parte china muestra el interés de invitar grupos venezolanos a tomar parte en el Festival Internacional Meet in Beijing, que se celebra en Beijing cada mayo. La Parte venezolana, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, está interesada en invitar compañías china de acrobacia a participar en el Festival Internacional de Circo, que se organiza anualmente en Caracas.

4. La Parte venezolana, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales enviará a diez(10) artistas acrobáticos.

venezolanos a China para recibir formación durante un año en esta esfera, mediante el programa de becas que ofrece el Gobierno chino. Las condiciones de envío de los estudiantes se acordarán por la vía diplomática.

Artículo 2 En el área de Cine 1. Ambas Partes propiciarán el intercambio entre sus respectivas instituciones cinematográficas.

2. Ambas Partes intercambiarán la organización de muestras cinematográficas en el otro país y delegaciones integradas por cineastas nacionales, basándose en el principio de reciprocidad.

3. Ambas Partes estimularán a sus realizadores de cine a participar con sus producciones cinematográficas en los festivales internacionales y foros de cine que se realizan en el otro país.

4. Ambas Partes estimularán la distribución y exhibición comercial en el mercado doméstico de cines producidos por el otro país.

5. Ambas Partes estimularán la coproducción decines promoviendo la realización de proyectos cinematográficos entre ambos países.

6. Ambas Partes propiciarán la exhibición no comercial de productos cinematográficos de ambos países para promover el intercambio cultural.

7. Ambas Partes propiciarán el intercambio de conocimiento en el área de las nuevas tecnologías de cine.

Artículo 3 En el área de las Artas Visuales y Museología 1. La Parte venezolana a través de la Fundación Museos Nacionales, podrá recibir a dos (2) Expertos chino en el área de conservación de papel, a fin cle dictar un taller de 15 días en la sede del Museo de Arte Conternporáneo, dirigido a conservadores, restauradores y trabajadores del área.

2. La Parte venezolana a través de la Galerfa de Arte Nacional, adscrita a la Fundación Museos Nacionales, con el fin de fomentar el intercambio entre museos de ambos países, propiciará la realización de una Exposición de Arte venezolano y Arte chino que representen la idiosincrasia, valores y costumbres de ambos pueblos.

3. La Parte china brindará la asesoría de especialistas de sus museos en el área de cataíogación de colecciones de arte chino, a los Museos Nacionales de la República Bolivariana de Venezuela.

4. Las Partes propiciarán la colaboración de especialistas y creadores chino y venezolanos, para que contribuyan con sus artículos en las publicaciones que se editen en el área de Artes de la Imagen y el Espacio.

5. Las Partes propondrán a creadores y especialistas venezolanos y chino que puedan dictar cursos y talleres de mejoramiento, que fomenten el desarrollo de prácticas creativas en núcleos de comunidades, a fin de fortalecer la actividad creadora de las mismas.

6. La Parte china tiene interés de organizar la Exposición de Arte de Fibra Contemporáneo de China en Venezuela durante la vigencia del presente programa, cuyos detalles se determinarán por la vía diplomática.

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7. La Parte venezolana invitará a especialistas chino para que participen en la V Feria de Artextil 2010, a fin de que muestren las técnicas y diseños de sus tejidos.

8. Dentro de la programación de los eventos organizados por la Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela (CENAF), las Partes intercambiarán conocimientos y experiencias de la fotografía 9. Las Partes realizarán una exposición de fotografías de autores chino y venezolanos en ambos países.

10. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recibirá a un grupo de tres(3) especialistas chino para que realicen talleres de un mínimo de 20 horas de duración, varias conferencias y conversatorios de2 horas. Cada especialista visitaríados(2) estados del país, dando así cobertura a los estados donde se desarrollan el proyecto de Centros Regionales de Fotografía.

Artículo 4 En el área de Bibliotecas 1. Las Partes continuarán el intercambio de material bibliográfico y NO bibliográfico en idioma español o inglés, con el fin de enriquecer las colecciones de las instituciones involucradas, y para contribuir al conocimiento de ambos países.

2. Las Partes intercambiarán experiencias e información en el área de preservación, conservación y digitalización, para actualizar conocimientos técnicos en las áreas mencionadas a los fines de optimizar el acceso de los usuarios al uso de las colecciones.

3. Las Partes realizarán en los espacios de las Bibliotecas Nacionales de ambos países, charlas, foros, presentaciones de libros, películas, video, teatro y exposiciones, con el propósito de promover y difundir el conocimiento de la cultura china y venezolana en ambos países.

Artículo 5 En el área de Publlcaciones 1. Las Partes estimularán el intercambio y la cooperación bilaterales en el área de Publicaciones. Por tal motivo, durante la vigencia del presente Programa, ambas Partes intercambiarán una delegación de esta esfera, compuesta por 6 personas por un período de una semana.

2. Las Partes promoverán la presentación, traducción y publicación en el idioma nacional de las obras maestras de arte y cultura del otro país. La Parte china se compromete a ofrecer debido apoyo financiero a la editorial venezolana que traduzca y publique libros maestros de China.

3. Las Partes propiciarán a sus respectivas editoriales a participar en las ferias internacionales del libro que se realizan en el otro país.

Artículo 6 Los órganos ejecutores del presente Programa serán por la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura; y por la República Popular China, el Ministerio de Cultura, la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión, la Administración General de Prensa y Publicaciones y la Administración Estatal de Patrimonio Cultural.

Capítulo II Artículo 7 Intercambio entre las instituciones gubernamentales Durante la vigencia del presente Programa, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cuttura de la República Popular China, intercambiarán delegaciones gubernamentales de Cultura a los fines de evaluar la ejecución del presente Programa.

Artículo 8 Condiciones Financieras La Parte que envía cubrirá los costos de traslado internacional y la Parte receptora asumirá los costos de alojamiento, alimentación y traslado interno de la delegación.

Las condiciones financieras y otros aspectos que no aparezcan señalados en los capítulos anteriores serán acordados entre las Partes..

Artículo 9 Solución de Controversias Las dudas y controversias que pudieran surgir de la interpretación y aplicación del presente Programa, serán resueltas amigablemente mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

página original (tal como se publicó)Página 14 de la Gaceta

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Capítulo III Artículo 10 Disposiciones Generales Este Programa no excluye la realización de otras actividades en el campo de la cultura que puedan acordarse por vía diplomática.

Este Programa podr la ser modificado de común acuerdo entre las Partes, por la vía diplomática.

El Programa entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, a menos que una de las Partes comunique a la otra por escrito, y por la vía diplomática su decisión de rescindirlo. La rescisión de este Programa no afectará los proyectos y programas específicos que se encuentren en ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Firmado en Beijing a los 3 dias del mes de diciembre de dos mil diez en dos ejemplares en idiomas castellano y chino, del mismo tenor y efecto.

Bolivariana de Venezuela Popular ChIna

MINISTERIO DEL PODER PQPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

ocio de tos Insiluciores RESOLUCIÓN PECHA: 8 FEB 2011 NÚMERO 063.11

Visto que el artículo 29 de a Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010, faculta a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancarlo a regular el funcionamiento de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casas de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos.

Visto que el artículo 153 de la precitada Ley faculta a esta Superintendenca a efectuar la Inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de las instituciones del sector bancario con el objeto de proteger los intereses del público.

Visto que conforme al único aparte del artículo 6 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario la normativa prudencial emanada de este Ente Supervisor es de obligatoria observancia para todos los sujetos obligados, la aual tiene como finalidad lograr la solidez del sistema bancario nacional.

En virtud de lo anterior, este Órgano Regulador de conformidad con lo establecido en el numeral 14 del artículo 172 de la Ley de Institucianes del Sector Bancario, resuelve dictar las sigulentes:

"NORMAS QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE DEBEN CONSIGNAR LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, CASAS DE CAMBIO Y OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS

DEL OBJETO, SUJETOS OBLIGADOS Y ASPECTOS GENERALES DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Artículo 1: Las presentes normas tienen por objeto, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, regular los lineamientos a seguir y requisitos que deben consignar las instituciones bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos bajo la supervisión, inspección, regulación y control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para realizar las Asambleas de Accionistas.

Artículo 2: Las presentes normas están dirigidas a las Instituciones Bancarias, Casas las figuras de sociedades mercantiles, que en lo sucesivo se denominarán Instituciones Bancarias y no Bancarias.

Artículo 3: La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de las Instituciones Bancarias y no Bancarias y entre otros aspectos, le corresponde:

Nombrar los directores y administradores de las Instituciones Bancarlas y no a.

Bancarias; así como, determinar los mecanismos y controles para su evaluación y velar porque estén calificados para ejercer las funciones propias de sus cargos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Establecer los procedimientos necesarios para promover la participación activa de b.

los accionistas en la Asamblea.

Reconocer los derechos de todos los accionistas, tanto mayoritarios como c.

minoritarios.

d.

Evaluar las diferentes ofertas de servicios profesionales, consignadas por las sociedades auditoras, a los fines de seleccionar la terna que presentarán a esta Superintendencia.

Conocer y resolver sobre la memoria semestral de las Instituciones Bancarias y e.

no Bancarias.

CAPÍTULO II DE LA CONVOCATORIA Artículo _4: La convocatoria de las Asambleas de Accionistas la realizarán la o las persona (s) que, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, se encuentren autorizadas para ello.

Artículo 5: La convocatoria de las Asambleas de Accionistas tendrá, entre otras, las siguientes características:

Deberá contener de manera expresa, clara, precisa y detallada los puntos que a.

serán objeto de discusión durante la reunión; así como, la fecha, la hora y el lugar de la celebración de la Asamblea de Accionistas. Cabe destacar que toda deliberación sobre puntos no contenidos en la convocatoria, es nulo.

Se publicará en un diario de circulación nacional con por lo menos veinticinco b.

(25) días continuos de anticipación a la fecha de la reunión.

Se podrá notificar por medio de carta certificada dirigida a cada uno de los c.

accionistas a la dirección que éstos deben mantener registrada ante la administración de las Instituciones Bancarias y no Bancarias y/o por cualquier otro medio que permita establecer con certeza el recibo efectivo del aviso por su destinatario, todo elio de conformidad con lo previsto en el artículo 279 del Código de Comercio.

Artículo _6: Los accionistas deberán contar con la información completa, correcta y pertinente sobre los asuntos a ser tratados en la Asamblea, los cuales podrán consultar durante los veinticinco (25) días siguientes a la convocatoria, y en todo caso antes de la celebración de la Asamblea, en el domicilio social de la Institución Bancaria o no Bancaria, todo ello con el objeto de analizar y solicitar aclaratoria, de ser necesario de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley.

CAPÍTULO III DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS NO PRESENCIALES Artículo Z: Cuando las Instituciones Bancarias y no Bancarias decldan realizar reuniones de Asambleas de Accionistas orales no presenciales deberán garantizar que el medio de comunicación empleado, para llevar a cabo dicha reunión, permita a todos los accionistas intervenir, deliberar y decidir dejando una constancia probatoria del hecho. En este sentido deben cumplir; entre otros, como mínimo con lo siguiente:

Que el ciento por ciento (100%) de los acclonistas que componen el respectivo a.

órgano puedan participar. Para que se consideren válidas las Asambleas no presenciales, deberán contar con un mínimo de un cuarenta por clento (40%) de participación presencial de los accionistas dentro del domicilio soclal.

Para que las reuniones de Asambleas de Accionistas no presenciales se b.

consideren válidas, es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos:

1. Que se garantice la comunicación entre los accionistas de forma simultánea o sucesiva.

2. Se debe emplear un medio técnico para llevar a cabo la comunicación a distancia que permita probar las deliberaciones realizadas y las decisiones adoptadas, mediante mecanismos tales como grabaciones o filmaciones.

3. El manejo de estos medios probatorios no exonera a las Instituciones Bancarias y no Bancarias de elaborar, aprobar y firmar las actas de asambleas correspondientes; así corno, de efectuar la trascripción en el libro de actas respectivo.

Esta Superintendencia cuando lo considere necesarlo, en ejercicio de sus funciones de control sobre las Instituciones Bancarias y no Bancarias, podrá requerir las pruebas, para verificar la veracidad e idoneidad del medio que se emplee para surtir la comunicación entre otros accionistas.

CAPÍTULO IV DE LAS ASAMBLEAS Artículo 8: Para constituirse las Asambleas de Accionistas Ordinarias o Extraordinarias deberán tener el quórum que al efecto establece el Código de Comercio.

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Artículo 9; Las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias y no Bancarias estarán presididas por la persona autorizada para ello en sus estatutos sustituido por su suplente y asistido por el secretario de la Junta Directiva. o en su defecto su suplente, quien tendrá entre sus funciones, verificar el quórum y asentar el acta de la reunión, sin perjuicio de lo establecido en los estatutos sociales.

Artículo 1Q: Sin perjuicio del derecho que asiste a los accionistas, el orden de los aspectos a tratar estará dado por los puntos referidos en la convocatoria y no se iniciará el sigulente punto hasta tanto todos los presentes hayan expuesto sus consideraciones; así como, tomadas las decisiones respectivas de cada uno de los puntos.

Artículo 11: Las Asambleas serán constituidas por los accionistas de las Instituciones Bancarias y no Bancarias; no obstante, éstos pueden hacerse representar mediante apoderado. En el poder se especificarán los datos del poderdante o representante legal y del apoderado para la cual se le concede el mandato. Dicho poder conferido para determinada sesión se considera vigente para las demás que sean consecuencia de 1as mismas. En el caso que los mandatos se encuentren en otro idioma, éstos deberán estar traducidos al idioma castellano y debidamente apostillado.

Artículo 12: Los accionistas no podrán conferir poderes directos o en forma indirecta a personas que ocupen cargos directivos, administrativos y desempeñen labores similares en las Instituciones Bancarias y no Bancarias.

Artículo 13: En el desarrollo de las Asambleas de Accionistas se deberán considerar entre otros aspectos, los siguientes criterios:

En ningún caso el secretario o el suplente, de la Asamblea de Accionistas de las a.

Instituciones Bancarias y no Bancarias, podrá aceptar ningún poder al cual hace referencia el artículo 11 de la presente Resolución, donde no aparezca claramente definido el nombre del apoderado.

Los accionistas, presidentes, vicepresidentes y en general los empleados de las b.

Instituciones Bancarias y no Bancarias o personas Interpuestas deberán obrar con neutralidad y abstenerse de sugerir, coordinar o convenir los asuntos a ser expuestos en la Asamblea con la Junta Directiva.

Que se garanticen y reconozcan los derechos de todos los accionistas, c.

asegurándole el acceso a ellos y a sus apoderados, en el caso de hacerse representar.

d. Procurar o facilitar la intervención en la reunión de todos los accionistas.

Los accionistas o sus representantes, que asistan a la Asamblea, procuren e.

participar con el debido respeto hacia los demás asistentes. Quienes la presiden y dirigen deberán velar por el buen trato y comportamiento de todos los participantes.

f. De ser necesario, facilitar la asistencia a la Asamblea de los ejecutivos, expertos o asesores que contribuyan a proporcionar la mayor comprensión de los temas a tratar en la reunión.

CAPÍTULO V DE LOS RECAUDOS Artículo 14: Las Instituciones Bancarias y no Bancarias deberán remitir a este Organismo sendas copias, debidamente certificadas por su presidente o persona autorizada para ello por la Junta Directiva, de los informes, proposiciones o cualquier otra medida que hayan de presentar sus directores o administradores, comisarios auditores Internos y externos, a las Asambleas de Accionistas tanto Ordinarias como.

Extraordinarias e igualmente cualquier información que solicite la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario sobre su situación financiera o cualquiera de sus operaciones o actividades, que sea presentada a la Asamblea.

Artículo 15: Los recaudos de carácter general a ser consignados por duplicado, ante esta Superintendencia con ocasión de la celebración de la Asamblea de Accionistas son los siguientes:

Página del diario donde esté publicada la convocatoria para la Asamblea, en a.

original.

Proyecto del Acta de Asamblea.

b.

Informe de la Junta Directiva, debidamente autorizado por el Presidente.

c.

Informe del o los Comisario (s) debidamente autorizado (s), suscrito (s) y d.

ajustado a la normativa vigente que le aplique.

Informe de los ingresos extraordinarios, si fuese el caso.

e.

Informe Sobre Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al f.

Terrorismo.

Informe presentado por los Auditores Externos, incluyendo el reporte g.

denominado "Carta a la Gerencia y/o Memorando de Control Interno".

Informe Especial elaborado de conformidad con la normativa vigente.

h, Último informe de la gestión del Comité de Riesgo, de conformidad con la i.

normativa vigente.

Relación de las pérdidas realizadas y castigos aplicados, durante el semestre.

j.

Los Estados Financieros auditados al cierre del respectivo semestre, elaborados k.

de conformidad con la normativa vigente.

Los Estados Financieros del Fideicomiso, de ser el caso.

1.

m.

Estados financieros consolidados con sucursales.

n.

Estados financieros combinados, de ser el caso.

Copia de los documentos de compra-venta de bienes de uso por montos o.

superiores a tres mil quinientas treinta unidades tributarias (3.530 U.T), debidamente registrados, comprobantes de haberse cancelado los impuestos correspondientes, avalúos y demás evidencias donde se hace constar la venta y/o arrendamiento de los mismas.

Remisión de la Dedaración Institucional debidamente certificada por el Presidente p.

de la Institución Bancaria y no Bancaria, hasta que se adecue a la Ley vigente.

Copia simple de los poderes registrados o notariado que hayan sido otorgados y q.

cualquier otra documentación que requiera aprobación de la Asamblea (reforma de estatutos, pago de dividendos, proyectos de aumentos de capital, cambio de accionistas, entre otros).

Cualquier otro Informe o documentación que vaya a ser presentado en la r.

respectiva Asamblea.

Artículo 16; Adicionalmente, deberán enviar los recaudos establecidos en el artículo 81 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

CAPÍTULO VI DE LOS PLAZOS

Artícule 17: Los documentos solicitados en los artículos 15 y 16 de la presente Resoluclón deberán ser presentados ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con por lo menos veinte (20) días continuos de anticipación a la fecha en que haya de reunirse la respectiva Asamblea de Accionistas.

Artículo 18: En caso que exástiere alguna duda o inconformidad por parte de la Superintendencia de las Instítudíanes del Sector Bancario, con respecto a los recaudos remitidos, con ocasión de la celebración de la Asamblea de Accionistas o desacuerdo en alguno de los puntos; dicha decisión será notificada a la Institución a los fines de realizar las correcciones a que hubiere lugar.

Una vez corregidas serán consignadas nuevamente a este Organismo, con por lo menos veinte (20) días continuos de anticipación a la fecha en que se reunirá nuevamente la Asamblea, con la documentación anexa correspondiente y los aspectos modificados, según sea el caso.

Artículo 1g: Las Instituciones Bancarias y no Bancarias deberán remitir dentro de los ocho (8) días continuos siguientes a la reunión de sus Asambieas de Accionistas bien sean Ordinarias o Extraordinarias copia certificada del acta. Luego de obtener la conformidad de la misma mediante acto administrativo emanado de esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se deberá Inscribir el acta de Asamblea como lo establece el artículo 30 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos; y una vez registrada deberá enviar un ejemplar a este Ente Supervisor dentro de los diez (10) días siguientes a su protocolización.

Artículo 20: La Asamblea de Accionistas se reunirá en forma Ordinaria-dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, en el domicilio principal de las Instituciones Bancarias y no Bancarias, el día a la hora y el lugar indicado en la Convocatoria por la Junta Directiva, con el objeto de examinar y conocer sin menoscabo de lo señalado en el Código de Comercio para este tipo de Asamblea, el informe de la Junta Directiva. Dicho informe deberá contener:

La situación económica-financiera.

a.

Los pronunciamientos de los informes de riesgo crediticio, b.

Las aprobaciones de las operaciones activas y pasivas que individualmente C.

excedan el dos por ciento (2%) del patrimonio de la institución.

d.

Estados financieros comparativos de los dos (2) últimos años y distribución de las utilidades.

Participación porcentual en los sectores productivos del país a través de su e.

cartera crediticia.

f.

Informe sobre los reclamos y denuncias que presenten los usuarios y usuarias de los servicios bancarios, y forma en la cual fueron resueltas.

g.

Disposición de canales eleduónicos y de oficinas bancarias.

h.

Posición del coeficiente de adecuación patrimonial.

Informe del auditor extenne y cualquier información sobre la situación financiera de las Instituciones Bancarias y no Bancarias que sea necesaria.

Indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad.

j.

k.

Informe de auditoría intenua que incluya la opinión del auditor sobre el cumplimiento de las normas de Prevención de la Legitimación de Capitales.

Anexar las comunicaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector I.

Bancario, referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones o iniciativas sobre el funcionamiento de la institución.

m. Cualquier otro documento o informe a ser considerado en dicha Asambiea.

Artículo 21: La Asamblea de Accionistas Extraordinaria se reunirá cuando lo exijan las necesidades imprevistas y urgentes de las Instituciones Bancarias y no Bancarias y por las causales previstas en el Código de Comercio para este tipo de Asambieas,

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igualmente la podrá convocar la Junta Directiva siempre que lo exige un número de de la convocatoria.

Artículo 22: La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario podrá instruir la convocatoria y elaboración de la Asamblea a reuniones extraordinarias en los sigulentes casos:

Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la Ley o los 1.

Estatutos Sociales.

Cuando se hubiere cometido irregularidades graves en la Administración que 2.

deban ser conocidas o subsanadas por la Asamblea de Accionistas.

CAPÍTULO VII REGIMEN SANCIONATORIO Artículo 23: La infracción a las presentes normas podrá ser sancionada de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 200 la Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas administrativas e instrucciones que este Organismo pueda imponer en atención a sus competencias.

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24; Con la entrada en vigencia de las presentes normas se derogan las Circulares N° HSB-105-2566 del 21 de junio de 1989, N° SBIF-ST-DPC-2291 del 09 de mayo de 1995 y N° SBIF-GTDET-5112 del 08 de agosto de 1997.

Artículo 25: La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese-Publíquesej

Edgaf/fiemández Behrens Superintendente S DEL SECT

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA INTERVENTORA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A En la cludad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año _2011, siendo las 3 de la tarde, en el piso 18 de la sede del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. ubicada en el edificio Centro Torre Financiera, situado en la Tercera Avenida de las Delicias de Sabana de Granda, Parroquia el Recreo, Municipio Libertador, reunidos por la Junta Interventora del Banco, ei ciudadano Rodotfo Porro Aletti, titular de la cédula de identidad número 2.934.216, designado por Resolución del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Finencieras (hoy Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario), número 099.10, de fecha 22 de febrero de 2010: publicada en el ejemplar número 39.372 Bancario, en concordancia con lo señalado en la Resolución de designación antes identificada, e los fines formalizar, con efectos de Asamblea, los siguientes puntos:

PRiMErO: Designeción del Presidente del Banco Indusiriel de Venezuela C.A, 8EGUnDO: Designación de la Junta Directiva....

El Presidente de la Junta Interventora Rodolfo Porro Aletti, dio inicio a la reunión agradeciendo la presencia del Accionista meyoritario, representado por el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, ciudedano Jorge Giordani, titular de a cédula de identidad número 3.552.189, carácter que se desprende del Decreto 7.188 del 19 de enero de 2010, publicado en el ejemplar número 39.358 de la Gacata Oficial de fecha 01 de febrero de 2010, en representación de la República...

Se designó a la abogada Noris García, Consultor Jurídico del Banco, identificada con la cédula de identidad N° 5.236.409, como Secretaria de le Asamblea 8 los fines del levantamiento, certificaciones y tramitación registral del acta que la contenga....

Tomo la palabra el representante del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas quien, expresó que siguiendo instrucciones del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez, contenidas en Punto de Cuanta No. 044 de fecha 23/02/2011, propone designar como presidente del Banco Industrial de Venezueia C.A, al ciudadano Rodolfo Porro Aletti, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° .V-2.934.216i, Asimismo expreso en nombre de su representada su agradecimlento a la Junta Interventora por el trabajo desarrollado como integrantes de la Junta Interventora, evidenciado por los resultados de dicho institución a la fecha de levantamiento de la intervención sin cese de intermediación financiera que pesaba sobre dicha institución, demostrativos de una gestión acertada cuyo esfuerzo se oriente en mejorar la situación financiera del banco. En este estado interviene el Ciudadano Rodolfo Porro Aletti, quien agradece con honor la designación de la que ha sido objeto y asume en virtud de ello como Presidente del Banco Industrial de Venezueia C.A. ...

Rodolfo Porro Aletti, informa del Seguidamente el Presidente ciudadano

SEGUNDO PUNTO: Designación de la Janta Directiva, toma nuevamente la palabra el representante dei Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas quien, expresó siguiendo instrucciones del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez, contenidas en Punto de Cuenta No. 044 de fecha 23/02/2011, propongo designar como miembros de la Junta Directiva en su carácter de Directores Principales a los ciudadanos: Arelis Castillo, Luis Arias, Ana Isabel Vásquez Rodriguez . Camilo Crespo, Francisco Manzanilla y Huáscar Castillo, titulares de la cédula de identidad N° V- 13.614.754, N° V- 9.410.830, N° V- 81.988.801, N° V- 12.067.616, N° V- 3.309.843 y N° V- 3.838.625, respectivamente....

El Presidente Rodolfo Porro Aletti, expresó su asentimiento e le postulación planteada por ei representante del Ministerio del Poder Popular de Planilcación y en los artícuios 18 y 19 de la Ley del Banco Industrial de Venezuela C.A, y artículos 32 y 33 de los Estatutos Sociales del Banco Industrial de Venezuala y Inatituciones del Sector Bancario Conforme a lo anteriormente expuesto queda Planificación y Finanzas, por lo tanto designados como Directores Principalas del Banco Industrial de Vanezuela C.A., la siguientes personas: Arelis Castillo, Luis Arias, Ana Isabel Vásquez Rodriguez , Camilo Crespo, Francisco Manzanilla y Huáscar Castilio, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la cédula de identidad N° V. 13.614.754. 9.410.830, 81.988.801, 12.067.618,1 3.309.843 y 3.838.625, respectivamente, de esta forma queda resuelto el segundo punto de la Asamblea.....

En virtud de lo antes expuesto, queda constituida la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente Rodolfo Porro Aletti C.I. 2.934.216 Directores Principales ARELIS CASTILLO C.J. 13.614.754 LUIS ARIAS C.. 9.410.830 ANA ISABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ C.I. 81.988.801 CAMILO CRESPO C.I. 12.067.618 C.i. 13.309.843 FRANCISCO MANZANILLA C.l. 3.838.625 HUASCAR CASTILLO Se designó a la abogada Noris García, Consultor Jurídico del Banco, titular de la cédula identidad N° 5.236.409, para que en su carácter de Secretaria Ah Hoc de la asamblea de Junta Interventora, efectúe la debida notificación al Registrador Mercantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos Sociales, e informar de las designaciones a la Superintendencia de las 34 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, y emita las certificaciones que sean necesarias.

Finalmente agotado el objeto de la Asambiea se dio por concluida la misma, y en señal de conformidad firman.

JORGE GIORDANI Ministro del Podar Pppular de Planincaciórf y Finanzas i RODOLFO PORRO ALETTI Presidente de la Junta Interventora del Banco Industial de Venezuela C.A VoNS! NORIS MARINGARCIA Consultora Jurídica del Banco Industrial de Venezuela C.A Actuando como Secretaria ad-hoc.

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORIA JURIDICA

CARACAS, 03 DE MARZO DE 2011 NUMERO: 017

200° y 152°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 20 y 21 del Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, en concordancia con lo establecido en el articuio 20, numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

RESUELVE

Artículo 1: Se designan como miembros principales y suplentes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), à los siguientes ciudadanos y ciudadanas:

Presidente del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), el cual fue nombrado mediante Resolución N° 014 de fecha 23 de febrero de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.622 de fecha 23 de febrero de 2011 : Alejandro Antonio Fleming Cabrera, titular de la cedula de identidad N° V. 11.953.485.

C.1. N° C.I. N° Miembros Miembros Suplentes Principales V.14.585.056 Anthoni Torres V. 10.824.955 Frank Lanz Manrique V. 16.173.042 Danny Ron Ántonio Morillo V. 10.090.692 V. 11.894.919 Ramon Perez V. 4.501.414 Freddy Quiaro V.13.821.054 Crespo V. 6.922.587 Indira Emesto Ruiz Medina Artieulo 2: Se deroga la Resolución 082, de fecha 03 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010.

Articulo 3: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Comuniquese y publiquess,

ALEJANDRO FLEMING MINISTRO DEL PODER POPULAR /PARA EL TURISMO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BQLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIÓ DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 92(O CARACAS, 1$ FEB. 2011 AÑOS 2008 Y 151º De conformidad con lo establecido en el Artículo 182 de la Ley de Universidades. Artículo 14 numeral 12 del Decreto N° 6.732 de 2 de junio de 2009 sobre Organización y Funcionamiento de ta Administración Pública Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, en concordancia con el Artíqulo 2 del Reglamento de Reválida de Tltulos y de Equivalencia de Estudios,

POR CUANTO

Que Ia CIUdadana STELLIS DEL CARMEN LEÓN DE LEÓN, titular de la cédula de Identidad N° E-83.342.243. solicitó la reválida del título de ARQuITEcTo, que le confirió La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, (Seccional del Caribe), Cartagena,Colombia,

POR CUANTO Que imediante Oficio N° DARE-344-E de fecha 10 de junio de 2010, suscrito por la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, informa a la Ministra del Poder Popular| para la Educación Unlversitarla, que el estudio de reválida del título de la CiUdadana STELLIS DEL CARMEN LBÓN DE LEÓN, tItular de ln cédula de identidad N° E-83.342.243, está presentó y aprobó todos los exámenes de las asignaturas que le fueron requeridas para el otorgamiento de la validez de su título de ARQUITECTO,

RESUELVE:

ARTiCULO ÚNICQ:Refrendar la validez del TItulo de ARQUITECTO, LA conferido UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE LOZANO,(Seccionaldel TADEO Caribe), Cartagena Colombla, a la Ciudadana STELLIS DEL CARMEN LEÓN titular de la cédula de DE LEÓN, identidad N° E-83.342.243. por haber con los requisitos legales cumplido exigidos.

Eoaluríguese y Publiquese.

MARLINE YADIRA CÓRDOVA Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 95↓ CARACAS, 0 2 MAR. 2011.

AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconociniento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 dei Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Esludios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010.

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RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Puebios de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer los estudios conducentes al Título de INGENIERO AGRÓnoMo, conferido por la Universidad de Pinar del Rio, en la Ciudad de Pinar del Río, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad José Alberto Viloria Doria 14.567.103 eschbnuo MARLENE VADIRAA Ministra del Poder Popular para ladaci iversitaria

2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 952 CARACAS, 02 MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el articulo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Titulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, os de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Allanza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA):

RESUELVE ARTícuLO ÚnIcO: Reconocer los estudios conducentes al Título de ARQUrTEcTO, conferido por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, a las ciudadanas que se mencionan a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Sabrina Cristina Rodríquez Muziotti 16.114.807 10.545.690 Ginette Solo Quintana

Comungu

MARIdENE AYADIRA CONBOV Universitaria MACIOM UN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN AI° 95.3 CARACAS, 8 2 NAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Dipiomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el articulo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Titulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades:

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impuiaar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivaniana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA):

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RESUELVE Arrícuto Únmco: IRmcamorur los estudios conducentes " al Título de LICIBNCIADO EII BIBLIDTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, conferido par La Uimiversietlad de La Habana, en Ia Ciudad de La Habana, República dn Culba, a lios ciusladlanos y ciudadanas que se mencionan a Cádula de Identidad 7.354.525 Anórrio /Amomtio Gralbamal Abumrado Edidh Muy Zanlbrno Lainnd 10.958.413 Fruncisco Jocé Rmstio Silua 7.307.817 Maudes Segouia Gumrra.

3.783.791 Silumlins Amdsina Cihan Desantiago

14.825.007

Comumúqu MARLIENE YTE Mimistra diel Podiar Popullar pard versitaria RIEPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA STERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓM MP 95- CARACAS, 82 H 2031 AiOS 200° Y 152° De confunaidadi com Io previsto em eil artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiamtio de Tritullos o Dipllomas de Educación Superior entre los Paises Miembros de Ia Aliamza Bolíverisama para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de jumio die zons, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vemezuela INr 38.2re, de fecha 1 de octubre de 2009; el articulo 140 del Reglamnentio Gemerail dde Ia Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oicial de lia Repitblica Buliveriama de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de sepliemibre,de nsaa; y el arntícullo 6 ta IResolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de zoso, coutsntiva, efe Ias Disposiciones para el Reconocimiento de Titulos y Estutios Usiversibarcins cibnemidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudiadlanas, em ell marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, putslicada em Ia Gaceta Oficial die la República Bolivariana de Venezuala IA° 39.584, de fecia 30 dile diciembre de 2010, RATIFICAMDO Que sólo la umidad de les países liatimoamericanos y caribeñios, basada en los principios de conperarim, commgliemamtariedad, ayuda multa y solidaridad permitirá preservar y curesalidiarla indapemdencia, la soberanía nuestras idenidedas:

RECONOCIENIDO Que in educación es um proceso politico spcializador fundamental que debe estar en función de la taessfonmacidm dde muestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de lla comsinueccióm de lia cumigim die los pueblos del Sur;

CONSIDERAMDO Que la educación es wm diserecino Imunreamo y un deber social fundamental del Estado, es de impaomtancisa eseranágica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria:

CONUSIDERANDO La necesidad de impulsar ila integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de ia Aliamza Bolivariama. para Ios Pueblos de Nuestra América (ALBA) a sociales, pollicas ecomármicas, ouiturales y ambientales de nuestros países;

COALSIDERANDO Que la movilidiadi acadiamica dietbe estar em función del desarrollo grannacional de nuestros países y die la regido latimoamericama y caribeña;

COMSIDERANDO Que el reconocimiento die títulos die educación universitaria, para efectos de osed un amnso peosagod agpale p ered A sogmsa ap uponoesoad fundamental peras fomtaliepar el: praceso die umidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariame para lios Puetilos de Nuestra América (ALBA):

RESUELVE ARTiCULO ÚnncO: Alacomocer Ios estudios conducentes al Título de INGENIERO AGRónomo. comferictio por lia Umiversidiad Agraria de La Habana, en la Ciudad de La Habema, Republica die Cuitbe, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:

Mombre y Apellidos Cédula de Identidad Deibi José Canrasquel Satazar 16.537.767 Ronaid José Suore IWartinez 16.181.133 (asaeimucn MARLENE YADIRA CORDONA Minisara diel Poder Popuilar para la EgtsagiduCniversitaria.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DÉSPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 955 CARACAS, 8 2 NAR. 20i1 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999: y el articulo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Roconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberania y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso politico socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de ta educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de ios sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el serio de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA):

RESUELVE ARTíCULO ÚNICO: Reconocer Ios estudios conducentes al Título de INGENIERO MECÁnico. conferido por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

18.225.854 Ilich Betancourt Rangel

MARLENE YADIRA COROON Ministra del Poder Popular para a-Educacion Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 956 CARACAS, È2 KAL. 23:1 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Puebios de Nuestra América (ALBA) suscrito ei 24 de junio de 2009. publicada en la Gaceta Oficial de la República Boiivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009: el articulo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999: y el articuio 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Titulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de ios Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010,

página original (tal como se publicó)Página 20 de la Gaceta

Página 21

RATIFICANDO . Que sólo la unidad de los paises latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña:

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de n n eeoe r e es fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

. el RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer los estudios conducentes al Título de INGENIERO INDUsTriAL. conferido por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, a las ciudadanas que se mencionan a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad

16.342.336 María Alexandra López Duerto

16.685.750 Sofía Victoria Gil Alvarez

ComuniqupeAblquese.

MARLENE YADIRA SÓRDOVA Ministra del Poder Popular para Etlucaciononiversitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN NP 957 CARACAS, 0 2 NAR. 2311 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Boligariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el articulo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas,en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidedes;

RIECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado.es de importancia estratégica impulsar lademocratización y universalización de la educación universitaria;

CONISIDERANDO La necesidad de impulsar la intlegracióm de ius sistenes eflucatíives de los Países fin de fortalecer el proceso de unión y recumucimiestn mutuo de lus realidades sociales, políticas económicas, culuralles y amtbiertalies die muestiros países, CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar em fumcióm diel diesamatio grammacional de nuestros países y de la región latimoamenicama y canitberiac;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de titulos die edlucacidm umiversitaia, parra efectos de osed un agn punsanu ccuale pa ed A spes a oasod fundamental para fortalecer el proceso die umidadi que se cumstiruye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Puetblios die Nuestra Armfrica (ALBA):

RESUELVE ARTíCULO ÚNICO: Reconocer los estudios comfiubenties al Trituio de INIGENIERO INDuSTriAL., conferido por la Universidiadi cie Iifatamzas Camnilio Cienfluegos, en la Ciudad de Matanzas, República de Ouiba, all ciuttadilamo que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cädula de Identidad Wilmer Alejandro Canillo Navas 14.409.564 MARLENE YADIRNJÓRDO Ministra del Poder Popular para ag

REPÚBLICA BOLNARIANA DE VENIEZUELA MINISTERIO DEI PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIIVERSITARIA DESPACHO IDE LA MINISTRA RESOLUCIÓN IN° 58 CARACAS,E 2 ER. 2 AÑOS 200° Y 152" De conformidad con lo previsto en ell artículo 4 sie Ia ILey Aprotbastiaria del Convenio de Reconocimiento de Tíulos o Diplonnas die Erdlucaciôm Supperior emtère ilos Países Miembros de la Alianza Bolivariana para. Ios Puetblus die Niuestra Ammérica (ALBA) e v e Bolivariana de Venezueia N° 39.276, de fecina 1 die octutbne die z009; el articulo 140 del Reglamento General de Ia Ley Onglmica die Egturapióm, publicado en Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivariama de Vemezuella N° 36.787. de fecha 15 de septiembre de 1999: y el artículo 6 la Resmlurióm IN° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de Ias Disposiciunes paraa el Recomocimiento de Títulos y Estudios Universitarios abtiemidios © realivadius em el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el mmaroo die Ins Comvemios die Cooperación en materia. educativa, publicada en la Gapeta Oñiciali die Iia Regáblica Bolivearieana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre die zomm, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latimoannenicamos y camilbeffos, basada en los principios de cooperación, commpllermemtaniediandt, ayutia mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar lla imdiepemdiemcia, ta sotberamia y nuestras identidades;

RECONIOCIEIIDO e n s n n n s n n en función de la transformación die muestirars mealidlaufies a favor die tn dignificación de la vida y de la construcción de lla unión die ilms ueblos diel Sur:;

CONSIDIERANIDO Que la educación es un derecho imumamo y um dietaer social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la dienmooratíización y universalización de la educación universitaniac;

CONSIDERAIDO La necesidad de impulsar la integración de lios sistemas ediurcativos de Ios Países Miembros de la Alianza Bolivariana para lios Puetbilus die Niuestra Armérica (ALBA) a fin de fortalecer et proceso de unión y mecumocimiemto mutua ade las realidades sociales, poliucas económicas, culturales y armtbientiales die muestinos países, CONSIDIERANDO Que la movilidad académica debe estar em fumpidm eiei diesamolio grammacional de nuestros países y de la región latinoarmericama y camibeffac;

CONSIDIRANIDO Que el reconocimiento de títulos de educacidrm umiverstaria, para efectos de oed un aesumo pemsamu occaa ed A sns sod fundamental para fortalecer el proceso die umidad que se ounstiruye en el seno de la Alianza Bolivanana para Ios Puebios die INuestra Ammemica (AliBA):

página original (tal como se publicó)Página 21 de la Gaceta

Página 22

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer los estudios Conducentes al Título de INGENIERO GEóLoGo, conferido por el la Universidad de Pinar del Río, en la Ciudad de Pinar del Río, República de Cuba, a ios ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

16.125.601 Georges Einsten Christi Morales Sanchez Wendy Karina Castro Antolinez 15.231.053 DE LA AIA Comuniquelique MARLENE YADIRA GÓRDQVA Ministra del Poder Popular para la Edudación Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 959 CARACAS, 0 2 MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades:

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de umpuisar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para Ios Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer los estudios conducentes al Título de INGENIERO EN INFORMÁTICA, conferido por La Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, en la Ciudad de Matanzas, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

14.453.216 Rafael Jesús Alvino Martínez

MARLENE YADIRA CORDQYA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 940 CARACAS, 0 2 MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artícuio 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana-para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE ARTíCULo Único: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICEnCIADA EN SOCIOLOGÍA, conferido por la Universidad Central Martha Abreu de las Villas, en la Ciudad de Santa Clara, República de Cuba, a la ciudadana que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

17.843.676 Marllely Coromoto Paz Viña

Comuniquesubliques MARLENE YAQIRA CÓRDOVN Ministra del Poder Popular para Edueain Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 90L CARACAS, 0 2 MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999: y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010,

página original (tal como se publicó)Página 22 de la Gaceta

Página 23

RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber socia! fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE ARTícULo ÚnIcO: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN ECONOMÍA, PERFIL CIENCIAS EMPRESARIALES, COnferidO por ia Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, en la Ciudad de Matanzas, República de Cuba, a los, ciudadanos y ciudadanas que se mencionan a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

14.572.882 Fernando José Miquelena Bideau

16.177.648 Desiree Johana Silva Briceño

16.033.315 Jorge Enrique Medina Henriquez

MARLENE YAQIRA CORPOV Ministra del Poder Popular para ia Educado Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 962 CARACAS,6 2 HAR. 23i AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a 'sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE ARTíCULO ÚNICO: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN ECOnOMÍA, conferido por la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, en la Ciudad de Matanzas, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Juan Carlos Alvino Rodríguez 15.618.797 Comuniquege yubiquesey MARLENE YRDIAACORDOV Ministra del Poder Popular para lamcavto universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PÁRA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 06.3 CARACAS, 02 MAR. 2311 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4.de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivarana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el articulo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeñios, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONCCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Puebios de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que ei reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer Ios estudios conducentes al Título de INGENIERO Químico, conferido por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría,

página original (tal como se publicó)Página 23 de la Gaceta

Página 24

en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Usama ErHalabi Buhsas 16.255.665 MARLENE YADIRA CÓRDOV Ministra del Poder Popular para la Educaclon universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 964 CARACAS, 0 2 MAR. 20:1 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con io previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010.

RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental dei Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, politicas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrolio grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de titulos de educación universitaria, para efectos de fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RE S U E L V E ARTícuLo ÚnIcO: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD, PERFIL DE HIGIENE Y EPIDEmioLoGÍA, conferido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara "Dr. Serafin Ruíz de Zárate Ruíz", en la Ciudad de Santa Clara, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos Gerik Castillo Canelón

14.564.535 OE LAMINS

MARLENE'ADIRA CRDOVA Ministra del Poder Popular para la Edricación bmivarsitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 965 CARACAS, 0 2 MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivaríana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Regiamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y cons oßidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivaríana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA):

RESUELVE ARTícULo ÚnIco: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD, PERFIL DE HIGIENE Y EPIDEMIOLoGÍA, conferido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

14.564.535 Edgardo Martínez Cayupare Comunígu@se ublíquese, MARLENE YADIRA CÓRDOVA Ministra del Poder Popular para a-dueacon Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 966O CARACAS, 0 2 MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito e1 24 de junio de 2009. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nr 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787. de fecha 15 de septiembre de 1999: y el artículo 6 la ResoluciónN° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de

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Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeñios, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función det desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (AL8A);

RESUELVE ARTíCULo únIco: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD, PERFIL DE HIGIENE Y EPIDEMioLoGÍA, conferido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en la Ciudad de Santiago de Cuba, República de Cuba, a la ciudadana que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

14.856.218 Jackeline José Hernández Hernández CamuniquesePybliq MARLENE YADIRA SÓRDOV Ministra del Poder Popular para la eagcacionUniversitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA 0 2 MAR. 2011 RESOLUCIÓN N° 90? CARACAS, AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787. de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso politico socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (AL8A);

RESUELVE ARTícULo ÚNIcO: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN PSICOLOGÍA, conferido por La Universidad de La Habana, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, al ciudadano que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Oliver Ernesto Fernández Yanez 13.721.392 Comuníquege y/Pujniques-s.l.

Ministra del Poder Popular para la Educaeiemaniversitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA 0 2 MAR. 2011 RESOLUCIÓN N° 948 CARACAS, AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeñios, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso

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la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE ARTíCuLo úNICO: Reconocer fos estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, conferido por el Instituto Superior Pedagógico José Martí, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, a ciudadana que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos

16.635.489 Romagleg Karelis Bastidas Valladares

MARLENE YADIRA CÓRDOVA Ministra del Poder Popular para la Educación universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO.DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 9609 CARACAS, 0 2 MAR. 2911 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artícuio 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitana;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Paises Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE ARTíCULO ÚnIcO: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD, PERFIL TRAUMATOLOGÍA, conferido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara "Sr. Serafín Ruíz de Zárate Ruíz", en la Ciudad de Santa Clara, República de Cuba, a los ciudadanos que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad José Felipe Turón Veliz 13.714.882 14.564.278 Henior José Pérez Silva Christian Olberth Dacosta Gómez 15.304.540 MARLENE YADIRCORDOV Ministra del Poder Popular para la ducaclón Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DÉSPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 97O CARACAS, 8 2 MAR. 2311 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009; el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de 1a República Bolivariana de Venezuela N° 36.787, de fecha 15 de septiembre de 1999: y el artículo 6 la Resolución- N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de ios Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010, RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA):

RESUELVE ARTíCULo ÚnIcO: Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD EN OPTOMETRÍA Y ÓPTICA, conferido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, en la Ciudad de Santiago de Cuba, República de Cuba, a la ciudadana que se menciona a continuación:

Nombre y Apellidos Cédula de Identidad Vanessa del Valle Narváez Flores 15.863.177 LAMIN MARLENE VADIRA CÓRDOVA Ministra del Poder Popular para la Educacian'Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 971 CARACAS, 0 2 NAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) suscrito el 24 de junio de 2009, publicada er la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276, de fecha 1 de octubre de 2009: el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.787. de fecha 15 de septiembre de 1999; y el artículo 6 la Resolución N° 844, de fecha 29 de diciembre de 2010, contentiva de las Disposiciones para el Reconocimiento de Títulos y Estudios Universitarios obtenidos o realizados en el extranjero por ciudadanos y ciudadanas, en el marco de los Convenios de Cooperación en materia educativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010,

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RATIFICANDO Que sólo la unidad de los países latinoamericanos y caribeños, basada en los · principios de cooperación, complementariedad, ayuda mutua y solidaridad permitirá preservar y consolidar la independencia, la soberanía y nuestras identidades;

RECONOCIENDO Que la educación es un proceso político socializador fundamental que debe estar en función de la transformación de nuestras realidades a favor de la dignificación de la vida y de la construcción de la unión de los pueblos del Sur;

CONSIDERANDO Que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental del Estado, es de importancia estratégica impulsar la democratización y universalización de la educación universitaria;

CONSIDERANDO La necesidad de impulsar la integración de los sistemas educativos de los Países Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a fin de fortalecer el proceso de unión y reconocimiento mutuo de las realidades sociales, políticas económicas, culturales y ambientales de nuestros países;

CONSIDERANDO Que la movilidad académica debe estar en función del desarrollo grannacional de nuestros países y de la región latinoamericana y caribeña;

CONSIDERANDO Que el reconocimiento de títulos de educación universitaria, para efectos de prosecución de estudios y para el ejercicio profesional constituye un paso fundamental para fortalecer el proceso de unidad que se construye en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA);

RESUELVE ARTíCuLO únIco:Reconocer los estudios conducentes al Título de LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD, PERFIL LABORATORIO CLínico, conferido por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, en la Ciudad de La Habana, República de Cuba, a la ciudadana que se menciona a continuación:

Cédula de Identidad Nombre y Apellidos Caryulis Sarahia Marín Sánchez 12.716.770 Comuníqueg Publíquese, MARLENE YADIRA CÓRDOVA Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA () 7 HAR. 2311 RESOLUCIÓN N° 6CARACAS, AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 15 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; en los artículos 5, 19.2 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002; en los artículos 33 y 34 del Decreto N° 6.732 sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 02 d• junio de 2009. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, de fecha 17 de junio de 2009; en concordancia con el artículo 90 del Decreto N° 6.076. contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, de fecha 14 de mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032, de fecha 07 de octubre de 2008, POR CUANTO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, basado en principios humanistas, se sustenta en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo,

RESUELVE Artículo 1. Se designa a la Ciudadana NIURKA ELICETH ODUBER SANTELI, titular de la cédula de identidad N° 10.580.602. como Coordinadora (E). cargo adscrito a la Dirección General de Currículo y Programas Nacionales de Formación del Despacho del Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Artículo 2. Se delega en la referida ciudadana, la firma de documentos dirigidos a otras dependencias de este Ministerio, previa instrucción del Direclor o Directora de Currículo y Programas Nacionales de Formación.

La funcionaria designada en el presente acto deberá informar mensualmente sobre los documentos suscritos por delegación, al Director o Directora de Currículo y Programas Nacionales de Formación.

Artículo 3. La funcionaria designada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas del mismo en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 4. A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución N° 359, de fecha 27 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.433, de la misma fecha.

uese y Publíquese.

MARLENADIRA CÓRDOVA Ministradef:PoderRopujar para la Educación Universitaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DE LA MINISTRA RESOLUCIÓN N° 77 CARACAS, 0? MAR. 2011 AÑOS 200° Y 152° De conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 77.26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 15 de julio de 2008. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; en los artículos 5, 19.2 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522, de fecha 06 de septiembre de 2002; en los artículos 33 y 34 del Decreto N° 6.732 sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202, de fecha 17 de junio de 2009; en concordancia con el artículo 90 del Decreto N° 6.076, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, de fecha 14 de mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.032, de fecha 07 de octubre de 2008, POR CUANTO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la República Bolivariana de y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE Artículo 1. Se designa a la ciudadana MARIBEL ELENA IZARRA LAGUNA, titular de la cédula de identidad N° 9.493.580, como Coordinadora (E), cargo adscrito a la Dirección General de Formación Docente, Postgrado, Investigación e Innovación Tecnológica, del Despacho del Viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Artículo 2. Se delega en la referida ciudadana, la firma de documentos dirigidos a otras dependencias de este Ministerio. previa instrucción del Director o Directora de Formación Docente, Postgrado, Investigación e Innovación Tecnológica.

La funcionaria designada en el presente acto deberá informar mensualmente sobre los documentos suscritos por delegación. al Director o Directora de Formación Docente, Postgrado, Investigación e Innovación Tecnológica.

Artículo 3. La funcionaria (esignada, antes de tomar posesión de su cargo, deberá prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, los deberes inherentes al cargo y rendir cuentas clel mismo en los términos y condiciones que determine la ley.

Artículo 4. A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución N° 699, de fecha 08 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 39.559, de fecha 24 de noviembre de 2010.

Comáag Publiquese, MARDENEDIRA CÓRDOVA Ministra del Roder Popolaspara la Educación Universitaria

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 0 3 1.

0 3DE MAR.

DE2011 200° y 152° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 7.436 del 24 de mayo de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.434, de fecha 28 de mayo de 2010, modificado mediante Aviso Oficial de fecha 09 de junio de 2010, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.442 de la misma fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 numerales 2° y 19° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el articulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre de 2010, y el articulo 15 de su Reglamento dictado mediante Decreto N° 6.708, de fecha 19 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181, de la misma fecha, este Despacho Ministerial;

RESUELVE Artículo 1. Se constituye la COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, con Carácter permanente, la cual conocerá de los procedimientos de contrataciones públicas relacionados con la selección de contratistas para ia adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, dando fiel cumplimiento con las atribuciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Artículo 2. La comisión de contrataciones estará conformada por tres .8 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, de las siguientes áreas:

a.- Área Jurídica: Como miembro principal, el Director o la Directora General de ia Consultoría Jurídica y como miembro suplente el Director o Directora de Contrataciones de la Consultoría Jurídica.

b.- Área Financiera: Como miembro principal el Director o Directora General de Gestión Administrativa y como miembro suplente, el Director o Directora de Adquisiciones.

c.- Área Técnica: Como miembro principal, será convocado uno de los Viceministros o Viceministras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, dependiendo del área objeto de contratación, el requerimiento o tipo de contratación y como miembro suplente, será convocado el Adjunto al Viceministro o Viceministra correspondiente.

Artículo 3. Se designa a la ciudadana Eliana Pedroza Molina titular de la cédula de identidad N° 15.724.204, como Secretaria Principal de la Comisión de Contrataciones y al ciudadano Robert Lucero Bolívar titular de la cédula de identidad N° 10.866.485 como Secretario Suplente, quienes actuarán con derecho a voz, más no a voto.

Artículo 4. Los miembros de la Comisión serán solidariamente responsables con la máxima autoridad por las recomendaciones que se presenten y sean aprobadas.

Artículo 5. Cada uno de los miembros que conforman la Comisión de Contrataciones deberá guardar debida reserva y confidencialidad de la documentación presentada ante la Comisión, así como los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión de los procedimientos de contrataciones.

Artículo 6. La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría.

Artículo 7. El miembro que disienta de una decisión, lo manifestará en el mismo acto, debiendo razonar los motivos de su disentimiento en el acta respectiva.

Artículo 8. El Auditor Interno o la Auditora Interna, podrá asistir en calidad de observador u observadora, sin derecho a voto, en los procedimientos de Contratación.

Artículo 9. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese, YGENIASADER CASTELLANOS inistra dePoder Popuiar para la Salud Decreto N7.436 dc1 24 de mayo de 2010- Aviso Oficial del 09 de junio de 2010 Gaceta Oficial N° 39.442 del 09 de junio de 2010

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Resolución N° 0070 Caracas, 14 de febrero de 2011 2000 y 151° La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCISCO RAMOS MARÍN, tItular de la cédula de Identidad N° 13.336.942, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de Director Ejecutivo, designación que consta en la Resolución N° 2008-0004 de fecha 02 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivarlana de Venezuela Nº 38.917 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 9, del artículo 15 de la Ley Orgánica de! Tribunal Supremo de Justida, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Boilvariana de Venezuela N° 37.942, de fecha 2Q de mayo de 2004.

RESUELVE

PRIMERO: Designación de la Cludadana ZULEYKA DEL VALLE MOLNER AsCAnIo, titular de la cédula de Identidad N° 15.800.959, quien ocupa el cargo de Auditora Senior (14), adscrita a la Dirección de Auditoría Administrativa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como Jefa de la División de Servicios Administrativos y Financieros y Cuentadante de la Dirección Administrativa Reglonal del Estado Falcón, en calidad de encargada, bajo la modalidad de comisión da serviclo; por el lapso de un (1) año, contado arpartinde la presente,fecha hasta ei catorce (14) de febrero de 2012, ambas fechas jsclusivè.

Dada, firmada y sella Publíguase Comunique FRASE O RAMOS MARIN Director jecutivo REPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA DEFENSAPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 0.7. DIC 2010 Caracas, N° DDPG-2010-2.2 200°, 151° y 11° La Defensora Pública GeneraI, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIóN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Naclonal de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Boilvarlana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, relmpresa por error material según Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 11, ejusdem,

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RESUELVE PRIMERQ: REMOVER a la CIUdadana DORIS MARÍA LOVERA VALERO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.972.255, del cargo de DEFENSORA PÚBLICA PROVISORIA CUADRAGÉSIMA NOVENA (49ª) CON COMPETENCIA EN MATERIA PENAL ORDINARIO, adsCrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a partir de la presente fecha.

SEGunpO: En vIrtud de la presente remoción, la cludadana DorIs MARÍA LoVERA VALERO, deberá hacer entrega del cargo ejercido al Coordinador de la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas.

IERCERQ: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela.

Despacho de la Defensora Públlca General de

MAIRA CAMACHO CARBIÓN efenabra Publica General

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA E.7. DIC 2010 Caracas, N° DDPG-2010-302 200°, 151° y 11° La DefensOra Pública Geñeral, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela Nº 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error materlal según Gaceta Oficlal de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejerciclo de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 15, ejusdem,

RESUELVE

PRIMERQ: DESIGNAR a la CIUdadana MARINELLYS PATRICIA GINESTRA SERRANO, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.317.639, quien funge como Analista Profesional III en la Unldad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, como Defensora Pública Suplente adscrita a esa misma Unldad Regional.

SEGUnDQ: La Defensora Pública Suplente aquí designada deberá atender obligatoriamente toda convocatoria efectuada por la Coordinadora de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, salvo causa justificada debidamente documentada.

TERCERQ: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública.

Comuníquese y

Dr.RA OMAYNÃ CAMACHO CARRIÓN or &phblicn-Generat

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 17 DIC 2810 N°DDPG-2010-_0303_ Caracas, 200°, 151° y 11° La DefensOra PÚblica General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACNO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgânica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 15, ejusdem, RESUELVE

PRIMERO: DESIGNAR a la Cludadana SONIA ELIZABETH FIGUEROA CHARAIMA, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.549.897, quien funge como Analista Profesional I en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, como Defensora Púbica Suplente adscrita a esa misma Unidad Regional.

SEGUnDQ: La Defensora Pública Suplente aquí designada deberá atender obligatoriamente toda convocatoria efectuada por la Coordinadora de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, salvo causa justificada debidamente documentada.

TERCERQ: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública.

Comuníquese y publi IAn AOMAIRA CAMACHO CARRIÓN defensõrA Pública General

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 7 CIC N° DDPG-2010-_301 Caracas, 200°, 151° y 11° La Defensora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 15, ejusdem, RESUELVE PRIMERQ: DESIGNAR al CIUdadanO NENRY JAVIER CARMONA CARRAsCO, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.361.050, quien funge como Analista Profesional III en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, como Defensor Público Suplente adscrito a esa misma Unidad Regional, SEGunDQ: El Defensor Público Suplente aquí designado deberá atender obligatoriamente toda convocatoria efectuada por la Coordinadora de là Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, salvo causa justificada debidamente documentada.- TERcERQ: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública.

Comuníquese y publíqueARIANA 7708NSA Púa.G.

Desegsora Púbrica General

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSA PÚBLICA 17 DIC 2019 N° DDPG-2010-030S Caracas, 200°, 151° y 11° La Defensora Pública General, Dra. RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, titular de la Cédula de Identidad N° 8.471.964, designada mediante Acuerdo de

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la Asamblea Nacional de fecha 11 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezueia N° 39.384, de la misma fecha, reimpresa por error material según Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.395, de fecha 26 de marzo de 2010, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Públlca y en ejerciclo de sus atribuciones establecidas en el Artículo 14, numerales 1 y 15, ejusdem,

RESUELVE PRIMERQ: DESIGNAR al CIudadanO CRUZ MÁRCEL CARABALLO ESPAÑOL, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.707.846, quien funge como Analista Profesional I en la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, como Defensor Público Suplente adscrito a esa misma Unidad Regional.

SEGunpQ: El Defensor Público Suplente aquf designado deberá atender obligatoriamente toda convocatoria efectuada por la Coordinadora de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Anzoátegui, salvo causa justificada debidamente documentada.

TERcero: Se ordena publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en ei Despacho de la Defensora Pública General de la Defensa Pública.

OMAIRA CAMACHO CÁRRIÓN /Pública General

MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 28 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 248 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDQ:

Que para el mejor desempeño de las obligaciones Inherentes a los Fiscales del Ministerio Público, se hace necesario ampliar, modificar o cambiar la adscripción y competencia de algunas representaciones del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que las Fiscalías Vigésima Tercera, Quincuagésima Segunda y Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Naclonal, con competencia plena, así como las Fiscalías Septuagésima Tercera y Septuagéslma Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional,- con competenda en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, adscritas a la Dirección Contra la Corrupción, conocen actualmente de un elevado número de casos que son competencia de la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos;

CONSIDERANDQ:

Que ei número de Fiscalías del Ministerio Público a Nivel Nacional, :

adscritas a la Direcclón Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financleros y Económlcos, resulta insuficiente para atender la creciente demanda de casos relacionados con la delicada materia atribuida a esa Dependencia;

RESUELVE:

Unzco: Cambiar la adscripción de las Fiscalías Vigésima Tercera, Quincuagésima Segunda y Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, así como de las Fiscalías Septuagésima Tercera y Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, de la Dirección Contra la Corrupción; a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de este Despacho.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Regístrese, Comuníguese- Publíquese:

General de la Bapúbica /

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 01 de marzo de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 258 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejerciclo de las atribuciones conferidas en el encabezamiento del artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que para el mejor desempeño de las obligaciones inherentes a los Fiscales del Ministerio Público, se hace necesario ampliar, modificar o cambiar la adscripción y competencia de algunas representaciones del Ministerio Público;

CONSIDERANDQ:

Que la Fiscalla Vigésima del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, adscrita a la Dirección Contra la Corrupción, conoce actualmente de un elevado número de casos que són competencia de la Dirección de Delitos Comunes;

CONSIDERANDQ:

Que el número de Fiscalías del Ministario Público a Nivel Nacional, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, resulta insuficiente para atender la creciente demanda de casos relacionados con la delicada materia atribuida a esa Dependencia.

RESUELVE:

UNICQ: Cambiar la adscripción de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, de la Dirección Contra la Corrupción; a la Dirección de Dalitos Comunes de este Despacho.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gacata-Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

ese Publíquese

LUISA ORTEGA DIAZ PISCALSENERAL DE LA RERUBLICA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 16 de febrero de 2011 Años 200° y 151° RESOLUCION N° 190-A LUISA ORTEGA DIAZ Flacal General de la República En ejercicio de la facultad conferida par el artículo 6 de la Ley numeraies 1 y 3 del artículo 25 elusdam y según lo dlapuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley del Estatuto de la Funclón Pública.

CONSIRERANDQ:

Que según Oficio N° 0155 de fecha 27-01-2011, suscrito por el ciudadano Francisco Ramos Marín, en su carácter de Director Ejecutivo de la

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Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, medlante el cual informa a este Organismo, que a través del Punto de Cuenta número 2011-DGRH-0132, le fue aprobada la Comisión de Servicio al cludadano Médico Psiqulatra WILFREDO DE JESUS PEREZ DELGADO.

RESUELVE:

UNICQ: Designar al ciudadano Médico Psiqulatra WILFREDO DE JESUS PEREZ DELGADO, titular de la cédula de identidad N° 6.914.597, 3EFE Atención Integral de Víctimas Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes del Area Metropolitana de Caracas, adscrita a la Dirección de Protección Integral de la Familia de este Despacho, en Comisión de Servido.

La presente designación tiene efectos administrativosdesde elt 16-02-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Stiparioridad.

Regls AUISA ORTEGA DIAZ cal gianeral de la Repúbica

REPUBLICA SOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 218 LUISA ORTEGA DIAZ Flacal General de la Rapública En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar a la ciUdadana Abogada ROSA VIRGINIA CEBALLOS AZUAJE, titular de la cédula de Identidad N° 6.973.195, SUB- DIRECTORA EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, adsCrIta a la Vice Fiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, actualmente vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011.

LYIST ORTEGA DIAZ Fiscil General de la Bastiblica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 228 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar a la ciudadana Abogada FRANCIS ISABELLA ALVAREZ, titular dela cédula de Identidad Nº 4.537.821, JEFE DE LA DIVISION DE RELACIONES LABORALES, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, actualmente vacante.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de marzo de 2011.

Re

UISA ORTEGA DIAZ scal General de la Bepública

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

BESUELVE:

UNICO: Designar a la ciudadana Licenciada PATRICIA COROMOTO ZAMBRANO BUJOSA, titular de la cédula de identidad N° 10.780.991, JEFE DE DIVISION (ENCARGADA) en la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, adscrita a la Direcclón de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones de este Despacho, quien podrá actuar en el cumplimiento de sus ciudadana se viene desempeñando como Criminalista III en la citada Dirección.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

SISA ORTEGA DIAZ Fiscal Spneralsla-laRepublica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal Generul de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICO: Designar al ciUdadano MARCOS JOSE BARRIOS SUBERO, titular de la cédula de identidad N° 14.197.542, TECNICO DE SEGURIDAD Y REsGUARDo I en la Dirección de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vice Fiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto

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en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, actualmente vacante.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de marzo de 2011.

Registreg

SAPRTEGA DIAZ Gegural de la Renública

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 235 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

BESUELVE:

UNIco: Designar al ciudadano Técnico Superior Universitario FRIEDERICK DUARTE ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 14.003.406, TECNICO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I en la DireCCión de Seguridad y Transporte, adscrita a la Vice Fiscalía, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerlo Público, actualmente vacante.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de marzo de 2011.

Regis 2 stal-general de la Republica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República

Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 201° y 152° RESOLUCION N° 228 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar ABOGADO ADJUNTO II a Ia ciUdadana KARLA DE FATIMA GONZALEZ MARQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 19.116.862, en la FISCALIA VIGESIMA CUARTA del Ministerio PúblicO de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz, cargo vacante.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 01 de marzo de 2011.

vese y Publíquese.

Regís

TI I ORTEGA DIAZ neral de la República

RBPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la Repúbllca Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° LUISA ORTEGA DIAZ Piscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuclones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICO: DesIgnar FISCAL AUXILIAR INTERINO al CiUdadano Abogado JUAN CARLOS TORRO CASTAÑO, titular de la cédula de identidad N° 15.879.512, en la FISCALIA QUINCUAGESIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, cargo creado.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nueves instrucciones de esta Superioridad.

al Feoeral de-la-Bepública

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° G LUISA ORTEGA DIAZ Fiacal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al CiUdadano Abogado ELICIN ALEXANDER CASTAÑO CANO, titular de la cédula de identidad N° 21.798.041, en la FISCALEA QUINCUAGESIMA SEXTA del MinisteriO PÚblico de la Circunscripción Judidal del Area Metropolitana de Caracas, cargo creado. El referido ciudadano se viene desempeñando como Asistente de Asuntos Legales II en la Fiscalía Septuagésima Cuarta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

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La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

sgraseksmuníquese y Publiquese.

9 LUISA ORTEGA DIAZ scat/General de la Bepública

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 226 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República -En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERENÓ a la ciudadana Abogada PETRA ONEIDA ROMERo, titular de la cédula de identidad, N° 8.493.234, en la FISCALIA VIGESIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz y competencia en materia de Violencia Contra la Mujer, cargo vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Reg

LUISA ORTEGA DIAZ iscaleneral de la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 227 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en. los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al CiUdadano Abogado JUAN CARLOS MAITAN MORENO, titular de la cédula de Identidad N° 15.155.158, en la FISCALIA VIGESIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz y competencia en materia de Violencia Contra la Mujer, cargo vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regístrese, Camuníquese y Publíquesé.

ISAORTEGA DIAZ Genral de la Repúblies

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 229 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la Rapública En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuclones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdern.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXLIAR INTERINO a la ciUdadana Abogada CARLY PATRICIA SOTILLO TRONCOSO, titular de la cédula de identidad N° 16.945.166, en la FISCALIA SEPTIMA del MInisterio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en Tucupita, cargo , vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regist

TISA ORTEGA DLAZ neral de la Repúbiica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la Repúbllca Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 2.00° y 152° LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de ia República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica dei Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 elusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a Ia ciudadana Abogada DEYSNER MAIELLA RUIZ RAMOS, titular de la cédula de identidad N° 11.983.798, en la FISCALIA DECIMA SEPTIMA del Ministerlo Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en El Vigía, cargo vacante.

página original (tal como se publicó)Página 33 de la Gaceta

Página 34

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

RegístresaCamuníquese y Publíquese

ISA ORTEGA DIAZ Gegeral de la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 231 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano Abogado FRANCISCO ALEXIS FUENMAYOR SILVA, titular de la cédula de identidad N° 15.475.866, en la FISCALIA SEXTA dei Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Higuerote, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Asistente de Asuntos ' Legales III en la Fiscalla Vigésima Tercera del Ministerlo Público de Ia citada Circunscripción Judicial, con sede en Ocumare del Tuy.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regist

UIS ORTEGA DIAZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 232 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXELIAR INTERINO al ciUdadano Abogado SIMON AQUILES MARQUEZ VILLEGAS, titular de la céduia de identidad N° 16.589.336, en la FISCALIA DECIMA PRIMERA del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná, cargo vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

quese y Publíquese- 3

Tiscabeneral de -la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 234 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciUdadano Abogado DIEGO ERNESTO MALDONADO MAREN, titular de la cédula de identidad N° 16.276.788, en la F1SCALÍA SEXTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con:

competencia plena.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regís L LUISA ORTEGA DIAZ Mlital :Seneral de la -Repóblica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscai General de la República Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 236 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciUdadano Abogado CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ FREITES, titular de la céduia de identidad N° 18.119.854, en la FISCALIA SEXAGESIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, cargo vacante.

página original (tal como se publicó)Página 34 de la Gaceta

Página 35

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regís 9 FISCA OIS FORTEGA DBAZ Fiscal General de la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal Generai de la República Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 237 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana Abogada EMELIN JOSEFINA BASTARDO TORRES, titular de la cédula de identidad N° 14.088.804, en la FISCALIA QUINCUAGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fisca! Provisorio en la Fiscalía Sexagésima Quinta del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

ORTEGA DIAZ ÚIS iGeral de lo República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 243 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estabiecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la CiUdadana Abogada MARLENE HERNANDEz, titular de la cédula de identidad N° 6.551.658, en la FISCALIA DECIMA SEPTIMA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, cargo creado. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

uniquese y Publíqueser

LUISA ORTEGA DIAZ cal General de la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 244 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facuitad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numeraies 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al CiUdadano Abogado CARLOS EDUARDO CASTRO RAMOS, titular de la cédula de identidad N° 15.714.970, en la FISCALIA VIGESIMA CUARTA del Ministerio Público a Nivel Nacional, en sustitución de la ciudadana Abogada Marlene Hernández, quien pasará a otro destino. El referido ciudadano se viene desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Fiscalía.

..7 bis La presente designación tendrásefeches adgpinistrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta_Superioridad.

LUISA ORTEGA DIAZ FiscalGeneral de la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Años 200° y 152° RESOLUCION N° 222 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PROVIsORIO a la ciudadana Abogada IVANA TRINA RODRIGUEZ CUELLAR, titular de la cédula de identidad N° 13.479.178, en la FISCALIA VIGESIMA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con competencia plena, cargo vacante.

página original (tal como se publicó)Página 35 de la Gaceta

Página 36

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

9 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal/General de la República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 24 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 225 LUISA ORTEGA DIAZ Flscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada YAMARILIS YARIMA YAGUARAMAY CARBAJAL, titular de la cédula de identidad N° 11.196.415, en la FISCALIA VIGESIMA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en Puerto La Cruz y competencia en materia de Violencia Contra la Mujer, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Centésima Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

9 ELUHISA ORTEGA DIAZ Geneal de la Repúhliea

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 238 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la Repúbilca En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ:Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada ANGELA MARIA RAUSSEO BENAVENTE, titular de la cédula de identidad N° 3.807.512, en la FISCALIA PRIMERA del Ministerio Público de Defensa Ambiental a Nivel Nacional, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superiorldad.

Regístregomuniquese y Publiquese.

3 V UISA ORTEGA DIAZ al Gheral de Ja-República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 239 LUISA ORTEGA DIAZ Flscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada SUSSAN FERREIRA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.292.010, en la FISCALIA CUARTA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con competencia plena, en sustitución de la ciudadana Abogada Angela María Rausseo Benavente, quien pasará a otro destino.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

9 LUISA ORTEGA DIAZ cal General de la Bepública

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 2S de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 240 LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la Repúbllca En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerlo Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana Abogada CRISTINA MIJARES, titular de la cédula de identidad N° 6.991.723, en la FISCALIA VIGESIMA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en el Sistema de Protección del Niño, Niña, Adolescente y la Familia (Penal Ordinario), cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Carúpano.

página original (tal como se publicó)Página 36 de la Gaceta

Página 37

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Gomaríquese y Pubiquese Regist

9 UISA ORTEGA DIAZ Fical general de la Repúbtica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República

Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 242

LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de ia Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PRoVIsoRIO a la ciudadana Abogada EMILY DEL VALLE HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.076.808, en la FISCALIA SEGUNDA del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial dei estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regístreseugmanquese y Publíquase.

9 UISAORTEGA DIAZ Géyeral de la Repúbtica

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fisca! General de la República

Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 241

LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem,

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PROVIsoRIO a Ia ciudadana Abogada LORENA AFONSO DIAS, titular de la cédula de identidad N° 11.566.287, en la FISCALIA DECIMA PRIMERA del Ministerio Público de la CircunsCripción Judicial del estado Vargas, con sede en Catia La Mar y competencia en materia Contra las Drogas, cargo vacante.

La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

RIO Registreše, Comitníquese y Publiquese.

LUISA ORTEGA DIAZ Fiscseneral de ta República

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República

Caracas, 25 de febrero de 2011 Años 200° y 152° RESOLUCION N° 245

LUISA ORTEGA DIAZ Fiscal General de la República En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UNICQ: Designar FISCAL PRoVISoRIO a Ia ciudadana Abogada MARTHA COROMOTO PEREZ NUÑEZ, tituiar de la cédula de identidad N° 8.867.612, en la FISCALIA SEGUNDA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar y competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentaies, cargo vacante.

^15 La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 01-03-2011 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regístrese_ Camuníquese (Publiguese

LUISA ORTEGA DIAZ General de la República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 16 AGO. 2010 0'00217 Caracas, CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la Repúbillca CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de lá Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que:

página original (tal como se publicó)Página 37 de la Gaceta

Página 38

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsabie (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 15 de julio de 2008, suscrito por el.ciudadano ÁNGEL J. COLMENÁREZ BARRADAS, en su carácter de Contralor Municipal del Municipio Iribarren del Estado Lara, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa de la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 4.721.156, en su condición de Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Arte, por los hechos siguientes:

PRIMERo: Por haber suscrito contrato de servicio, para la presentación de carteleras artísticas de la feria navideña del 2005, por la cantidad de Doscientos Cincuenta Millones Ochocientos Mil Bolívares (Bs. 250.800.000,00) actuales Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos Bolivares Fuertes Con Cero Céntimos (Bs.F.

250.800,00). sin garantías suficientes, visto que la garantía presènada por el contratista no fue emitida por empresa aseguradora además de la presentación de la garantía en fecha posterior a la firma de dicho documento, contrariando lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato de servicio. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artícuio 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

SEGUNDo: Por haber suscrito contrato de servicios con MDC Cooperativa Mercadistica 6574 RL, para la venta e instalación del Sistema Administrativo IMCA, por un monto de Ciento Cincuenta Millones de Bolivares (8s. 150.000.000,00) actuales Ciento Cincuenta Mil Bolívares Guertes Con Cero Céntimos (Bs.F 150.000,00), sin que existiera disponibilidad presupuestaria para ello. Conducta ésta generadora de respon'bilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

TERcERO: Por haber intervenido en la ordenación de pago de las órdenes Nos. 0165, 0190, 0237, 0256. 0937. 0959, 1017, 1062, 1076,1114 y 1148, por un monto de Ciento Treinta y Nueve Millones Veintisiete Mil Bolívares (Bs. 139.027.000,00) actuales Ciento Treinta y Nueve Mil Veintisiete Bolivares Fuertes con Cero Céntimos (Bs.F.

139.027.00), las cuales fueron causadas y pagadas sin la debida suscripción de los contratos necesarios para respaldar las transacciones efectuadas por el Instituto ni en el respectivo expediente se pudo comprobar la existencia de los contratos requeridos. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 9 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CuARTO: Por haber intervenido en la ordenación de pago de las ordenes Nos.0177, 0173, 0181. 0172, 0178, 0185, 0281, 0170.

0283,0192, 0193, 1023, 1114, 1060 y 1138, sin haber efectuado las respectivas retenciones del Impuesto Sobre la Renta (l.S.L.R) y del Impuesto al Vplor Agregado (I.V.A): igualmente efectuó pagos mediante las órdenes Nos. 0177, 0172, 0178, 0185, 0281, 0170, 0283, 0192, 0193, 1023, 1114, 1060 y 1138, sin retener el Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y dei Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO

Que la decisión de fecha 11 de agosto de 2008, por la cual se declaró la responsabilidad administrativa de la ciudadana NiLDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 4.721.156, quedó firme en via administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para.

ello por la Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009 para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en ei articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la vigente Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, imponer a la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.721.156, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de SEIS (06) AÑoS, contado a partir de la fecha de ejecución de la presente Resolución.

Notifíquese a la interesada Infórmese ai Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Instituto Municipal de Cultura y Arte del Municipio Iribarren del Estado Lara, a la Contraloría del mencionado Municipio, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

Cúmplase y publiquese, .Contralor General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL CONTRALOR

Caracas, 2 2 BtC. 2010

2.2 N° 01-00- 0 0 0 4 8 3

Mediante escrito consignado . ante este Organismo Contralor, en fecha 15 de octubre de 2010, la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.721.156, asistida por el abogado WILMER ALBERTO PÉREZ GARCÍA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 54.787, interpuso en tiempo hábil, recurso de reconsideración contra la Resolución N° 01-00- 000217 del 16 de agosto de 2010, a través de la cual quien suscribe, actuando en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, impuso a la prenombrada ciudadana, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de seis (6)

página original (tal como se publicó)Página 38 de la Gaceta

Página 39

añcs, contado a partir de la fecha de ejecución de la referida Resoluc'ón, en virtud de haber sido declarada responsable en lo administrativo, en su condición de Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), por los hechos especificados en el Auto Decisorio de fecha 15 de julio de 2008, dictado por el Contralor del Municipio Iribarren del Estado Lara, subsumiendo su conducta en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en los numerales 3, 7, 9, 12, y 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

FUNDAMENTOS DEL ESCRITO

En su escrito, la recurrente luego de hacer una breve referencia al principio de legalidad, del derecho al debido proceso, de los principios de presunción de inocencia y de la prohibición de declarar contra sí mismo; denuncia la vulneración de los mismo.

En tal sentido, señala que tanto el Director de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal de Iribarren, en la Audiencia Oral y Pública celebrada en fecha 08 de julio de 2008, como el Contralor del aludido Municipio, en la Resolución dictada el 15 del mismo mes y año, y el Contralor General de la República, en la Resolución impugnada, vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, así como la garantía de inocencia y la prohibición de ! declarar en contra de si mismo, que asisten a la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ.

En relación a la vulneración de la garantía de inocencia y la prohibición de declarar contra si mismo, señala que en la Audiencia Oral y Pública, el Director de Determinación de Responsabilidades Administrativa de la Contraloría Municipal de Iribarren, se excedió en el límite de sus competencias al convertir dicho Acto en un interrogatorio de la parte -sin juramentación-, al interpelar a su representante judicial, logrando con ello una confesión extrajudicial, provocando que su apoderado se excederá de los límites del mandato.

Indica que el procedimiento administrativo sancionatorio fue evacuado violando el principio de inccencia, pues, a su juicio, de la lectura del Auto Decisorio del 15 de julio de 2008, se infiere claramente que le correspondía a la impugnante, demostrar su inocencia, lo que contradice lo establecido en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Que, conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 49 del Texto' Fundamental, ninguna persona está obligada a declarar en su contra, por lo que toda forma de confesión, la cual por esencia y definición, implique una declaración contra si mismo por parte de quien la realice, debe ser excluida del procedimiento administrativo so pena de nulidad absoluta de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 eiusdem.

Por otra parte, luego de hacer una serie de consideracionesrelacionadasconel de principio proporcionalidad, aduce que la Resolución impugnada vulneró el referido principio toda vez que quien suscribe, al momento de imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no guardó las reglas tendientes a garantizar el mismo, pues, en su criterio, al momento de imponerle la referida sanción, el Organismo Contralor no consideró la inexistencia de circunstancias agravantes, como lo establece el segundo aparte del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los numerales 1,3, 4 y 7 de su respectivo Reglamento, pues, considera que en las ni hubo trascendencia "...de consecuencias económicas, sociales o de cualquier otra naturaleza derivada de la conducta que se [le] imputa...".

Igualmente, indica que la Contraloría General de la República, al momento de aplicar la referida sanción no consideró que el supuesto daño fue reparado en su totalidad como se evidencia del "Finiquito de Deuda", expedido por la Gerencia General del Servicio Municipal de Administración Tributaria, de fecha 06 de mayo de 2010, cuya copia consigna como anexo marcado con la letra D.

En conexión con lo anterior, alega que en aplicación del principio de dosimetría penal, el funcionario que aplica una sanción debe valorar las circunstancias atenuantes o agravantes que se presenten en cada caso, lo que, en su juicio, no ocurrió en el presente caso.

En este contexto, solicita se tome en consideración que actualmente cuenta con cincuenta y tres (53) años de edad y de ser inhabilitada por seis (6) años, se estaría limitando su vida útil laboral, la cual, según el artículo 27 de la Ley de Seguro Social es de cincuenta y cinco (55) años, con lo que se le causaría un grave perjuicio a ella y a su grupo familiar. A tal efecto, en anexo de identidad y copia de la Constancia de Grupo Familiar expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia Agua Viva del Municipio Palavecino del Estado Lara".

Finalmente, solicita, con base en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se reconozca la nulidad absoluta de la Audiencia Oral y Pública de fecha 08 de julio de 2008, así como del Auto Decisorio del 15 de julio de 2008 y, consecuencialmente, de la Resolución objeto del presente recurso de reconsideración.

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Concluye, señalando que en el supuesto negado de que sea desestimado tal pedimento, requiere le sea aplicado el principio de proporcionalidad conforme en lo previsto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

ANÁLISIS DEL ASUNTO

Visto el contexto de los planteamientos formulados por la recurrente, se pasa a decidir previas las consideraciones siguientes:

El Contralor del Municipio Iribarren del Estado Lara, mediante Auto Decisorio de fecha 15 de julio de 2008, declaró la responsabilidad administrativa de la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, en Su condición de Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), por los hechos siguientes:.

Pimero: Por haber suscrito contrato de servicio para la presentación de carteleras artísticas de la Ferla Navideña del 2005, por la cantidad de Doscientos Cincuenta Millones Ochocientos Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs.

250.800.000,00), equivalentes en la actualidad a Bs.F.

250.800,00, sin garantías suficientes, visto que la garantía presentada por el contratista no fue emitida por empresa aseguradora, además de la presentación de la garantía en fecha posterior a la firma de dicho documento, contrariendo lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato de servicio.

Segundo: Por haber suscrito contrato de servicios con MDC Cooperativa Mercadística 6574 RL, para la venta e instalación del Sistema Administrativo IMCA, por un monto de Ciento Cincuenta Millones de Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 150.000.000,00), equivalentes en la actualidad Bs.F. 150.000,00, sin que existiera disponibilidad presupuestaria para ello.

Tercero: Por haber intervenido en la ordenación de pago de las órdenes Nros. 0165, 0190, 0237, 0256, 0937, 0959, 1017, 1062, 1076, 1114 y 1148, por un monto de Ciento Treinta y Nueve Millones Veintisiete Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 139.027:000,00), equivalentes en la actualidad a Bs.F. 139.027,00, las cuales fueron causadas y pagadas sin la debida suscripción de los contratos necesarios para respaldar las transacciones efectuadas por el Instituto ni en el respectivo expediente se pudo comprobar la existencia de los contratos requeridos.

Cuarto: Por haber intervenido en la ordenación de pago de las órdenes Nros. 0177, 0173, 0181, 0172, 0178, 0185, 0281, 0170, 0283, 0192, 0193, 1023, 1114, 1060 y 1138, sin haber efectuado las respectivas retenciones del Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.) y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); igualmente, efectuó pagos mediante las órdenes Nros. 0177, 0172, 0178, 0185, 0281, 0170, 0283, 0192, 0193, 1023, 1114, 1060, y 1138, sin retener el Impuesto sobre Actividades Económicas de la Industria y Comercio.

Conductas estas generadoras de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en los numerales 3, 12, 7, 9 y 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, se le impuso sanción de multa por la cantidad equivalente a Doscientas Cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.).

Contra el referido acto, la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEz, no interpuso recurso de reconsideración, quedando en consecuencia firme en vía administrativa, la responsabilidad administrativa de la prenombrada ciudadana y, :

por ende, la sanción de multa que le fuera impuesta.

Seguidamente, a los efectos del ejercicio de la competencia prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor del Municipio Iribarren del Estado Lara, mediante Oficio N° CMI-0701-2008 de fecha 15 de septiembre de 2008, recibido en este Organismo Contralor el 24 del mismo mes y año, remitió copia certificada del expediente administrativo DCP-149-2006 (nomenclatura de la Contraloría del referido Municipio), correspondiente al Procedimiento de Determinación de Responsabilidades realizado por dicha Contraloría, contra la Ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ.

Así, en ejercicio de la competencia atribuida por el citado artículo 105, esta Autoridad Administrativa, previo análisis de la gravedad del ilícito cometido, y tomando en consideración las circunstancias previstas en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica que regula las funciones del Máximo Organismo Contralor, quien suscribe, mediante Resolución N° 01-00- 000217 de fecha 16 de agosto de 2010, resolvió imponer a la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, la Sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de seis (6) años, contado a partir de la ejecución de la misma.

Sentado lo anterior se observa, en relación con la defensa presentada por la recurrente, que la misma está constituida por dos tipos de argumentaciones, a saber: i) las dirigidas a obtener la revisión por parte de esta Autoridad de la declaratoria de responsabilidad administrativa que le fuera atribuida; y ii) las destinadas a desvirtuar la sanción de inhabilitación impuesta por este Despacho.

Con relación al primer tipo de alegatos, quien suscribe estima oportuno destacar que, la recurrente pretende que opere en esta sede una revisión del Auto Decisorio de fecha 15 de julio de 2008, dictado por el Contralor del Municipio Iribarren del Estado Lara, que declaró su responsabilidad administrativa; lo que, a todas luces, es jurídicamente improcedente, pues esta fase recursiva no se encuentra prevista legalmente, máxime cuando se trata de un acto que adquirió firmeza en sede administrativa, luego de que transcurriera de manera pacifica el lapsopara la interposición del respectivo recurso de reconsideración, tal como quedó sentado en líneas anteriores.

Sobre la firmeza de los actos administrativos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1107 de fecha 19 de junio de 2001, señaló:

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"...la firmeza de los actos administrativos en sede administrativa (...) se vincula con el acto administrativo definitivo no sujeto a revisión ordinaria en sede administrativa (...) ya sea porque el acto causó estado al agotarse la vía administrativa (...)o porque adquirió firmeza al no ser impugnado..".

(Negritas nuestras).

Ciertamente, pese a que en su escrito recursivo la Ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, denuncia la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y a la detensa, asi como la garantia de inocencia y la prohibición de declarar en contra de si mismo que le asisten, tales acusaciones están dirigidas a cuestionar la legalidad de un acto administrativo distinto a la Resolución N° 01-00-000217 de fecha 16 de agosto de 2010, mediante la cual esta Autoridad resolvió imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de seis (6) años.

En este contexto, no puede este Despacho proceder a analizar en esta etapa, las consideraciones y argumentaciones de la prenombrada ciudadana vinculadas con la supuesta nulidad absoluta del Auto Decisorio del 15 de julio de 2008, que declaró su responsabilidad administrativa. Así se declara.

Por otra parte, en lo que respecta al resto de los alegatos de la recurrente, relativos a que la Resolución impugnada vulneró el principio de proporcionalidad, toda vez que quien suscribe, según sus dichos, al momento de imponerle la sanción de inhabilitación, no tomo en cuenta la inexistencia de circunstancias agravantes, así como el hecho de que el supuesto daño fue reparado en su totalidad, se estima necesario señalar que esta Autoridad, al analizar la documentación remitida por la Contraloría Municipal de Iribarren, Estado Lara, de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, realizó una ponderación de la gravedad del ilícito por el cual se declaró la responsabilidad administrativa de la impugnante; a la luz de las circunstancia previstas en el artículo 112 del Reglamento de la Ley que regula las funciones y competencias dei Máximo Organismo Contralor, lo que implicó el ejercicio de un proceso intelectivo, previo análisis, evaluación y apreciación de la magnitud de la conducta llevada a cabo por la recurrente, en su condición de de Presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), al: i) haber suscrito contrato de servicios sin garantía suficiente, además de la presentación de la garantía en fecha posterior a la firma de dicho documento; ii) haber suscrito contrato de servicios sin que existiera disponibilidad presupuestaria para ello; ii) haber intervenido en la ordenación de pago de órdenes, las cuales fueron causadas y pagadas sin la debida suscripción de los contratos necesarios para respaldar las transacciones efectuadas por el Instituto ni en el respectivo expediente se pudo comprobar la existencia de los contratos requeridos; y, iv) haber intervenido en la ordenación de pago de órdenes sin haber efectuado las respectivas retenciones del Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.) y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); igualmente, por haber efectuado pagos de órdenes sin retener el Impuesto sobre Actividades Económicas de la Industria y Comercio, tal como se precisó en la decisión que declaró su responsabilidad administrativa.

En este orden se observa, que la sanción que nos atañe se aplicó por seis (6) años, es decir, por un lapso inferior al término de quince (15) años que fija la norma, lo que obviamente derivó de su graduación, a la luz de las condiciones particulares del caso y de las circunstancias atenuantes y agravantes del mismo.

De ahí que en la oportunidad que se le aplicó a la recurrente la sanción objeto de impugnación, sencillamente se le impuso una sanción proporcional a la gravedad de la irregularidad por ella cometida, luego de considerar todas las circunstancias del caso, razón por la cuai se desestima el alegato bajo análisis. Así se declara.

Asimismo, se debe aclarar que, contrario a lo alegado por la recurrente, la cancelación de la multa impuesta no constituye una reparación de daño, máxime, cuando en casos como el de marras, no se determina la ocurrencia de un daão al patrimonio público y, en consecuencia, no se declara ta responsabilidad civil del administrado, sino que, conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dicha sanción pecuniaria es una consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, la cual es aplicada por el mismo órgano que declara dicha responsabilidad, razón por la cual se desestima el alegato de que este Organismo Contralor, al momento de imponerle a la impugnante la sanción de inhabilitación, no consideró el hecho de que había reparado en su totalidad el daño ocasionado. Así se declara.

Finalmente, en relación con la solicitud de la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, de que se tOme en consideración que actualmente cuenta con cincuenta y tres (53) años de edad y de ser inhabilitada por seis (6) años, se estaría limitando su vida útil laboral, con lo que se le causaría un grave perjuicio a ella y a su grupo familiar, este Despacho, estima imperativo destacar que para la procedencia de las medidas interdictivas previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sólo se requieren como únicos y exclusivos presupuestos la verificación de dos extremos, a saber: a) la declaratoria de responsabilidad administrativa y b) que ésta haya quedado firme en sede administrativa.

Así, para la aplicación de las sanciones interdictivas de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo,

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destitución e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, quien suscribe, debe atender a los presupuestos antes .referidos y, para su graduación esta Autoridad está obligada, como se mencionó en líneas anteriores, a efectuar un proceso intelectivo, en el que efectúa un análisis, evaluación y apreciación de la entidad y/o gravedad del hecho irregular cometido, a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 112 del Reglamento de fa Ley que regula las funciones y competencias del Máximo Organismo Contralor, por lo que quedan al margen circunstancias personales como lo son las repercusiones que la medida adoptada por este Despacho tendrán en la esfera patrimonial, personal, política y social del declarado responsable, razón por la cual se debe desestimar el presente alegato. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana NILDE XIOMARA SILVA SÁNCHEZ, asistida pOr el abogado WILMER ALBERTO PÉREZ GARCÍA, antes identificados y, en consecuencia, SE CoNFIRMA el acto administrativo contenido en la Resolución N° 01-00-000217 de fecha 16 de agosto de 2010, mediante el cual, quien suscribe, acordó, imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de seis (6) años, contado a partir de la fecha de ejecución de la presente Resolución.

Notifíquese a la interesada la presente decisión.

Comuníquese a los mismos entes indicados en el acto impugnado.

Publíquesex. - CLODOSBALBO RUSSIÁN UZCÁTEGUI

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N°01-00-π 00131 Caracas. 2 1 JUN. 2010

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO

Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su artículo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO

Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General.de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO

Que en auto decisorio de fecha 04 de octubre de 2006, suscrito por el ciudadano REINALDO MARTÍNEZ, en su carácter de Director de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría Metropolitana de Caracas, designado según Resolución N° 008-2005 de fecha 20 de enero de 2005, en ejercicio de las atribuciones que le fueron delegadas por el Contralor Metropolitano a través de Resolución N° 0024-2005 de fecha 26 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Distrito Metropolitano de Caracas, en la misma fecha, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano SIMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.268.924, en su condición de Sub Inspector adscrito a la Comisaría "Antonio José de Sucre", de la Policía Metropolitana de Caracas, por el hecho siguiente:

Por incurrir en una conducta negligente, en las funciones de resguardo y protección del arma de reglamento asignada, marca Smith & Wesson, calibre 357, MCDELO 65-6, serial de 1a cacha CCM9746-9746, en razón de haberla extraviado estando de vacaciones, circunstancia en la cual debió prever su depósito al Parque de Armamento, causando con su acción y descuido al deber de preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, un daño patrimonial a la Policía Metropolitana de Caracas. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO

Que la decisión de fecha 20 de octubre de 2006, por la cual se declaró la responsabilidad administrativa ciudadano SiMóN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.268.924, quedó firme en vía administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

CONSIDERANDO

Que el prenombrado ciudadano en fecha 09 de febrero de 2007, reintegro la cantidad de Un Millón Setecientos Mil Quinientos Bolívares (Bs. 1.700.500.00), actuales Un Mil Setecientos con Cincuenta Bolivares (Bs. F 1.700,50) correspondiente al total del reparo formulado, por concepto del valor del arma de referencia, según se evidencia de la documentación probatoria cursante a los folios 67, 68 y 69 del expediente administrativo distinguido con el N° DAAPE-2005-045, nomenclatura de la Contraloria Metropolitana de Caracas.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema

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Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley. el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilicito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, imponer del ciudadano. SIMóN ANTONIO RODRÍGUEz SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 13.268.924, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de OCHO (8) AÑoS, contado a partir de la fecha de ejecución de la presente Resolución.

Notifíquese al interesado Infórmese al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, a la Policía Metropolitana de Caracas, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

VAHme y publiquese, OSBALBO RUSSIÁN UZCÁTEGUI ntralor General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL CONTRALOR

2 3 DIC 2010 Caracas,

N° 01-00-

0.00492

Mediante escrito consignado por ante este Organismo Contralor el 19 de agosto de 2010, por el ciudadano SIMóN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. 13.268.924, asistido por la ciudadana YANETH GARCÍA RUIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.71.817, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nro. 01-00-000131 de fecha 21 de junio de 2010, mediante la cual, quien suscribe, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acordó imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de ocho (08) años, contado a partir de la fecha de ejecución de la aludida Resolución, en virtud de haber sido declarado responsable en lo administrativo y civil, en su condición de Sub Inspector (PM) adscrito, para la fecha de a ocurrencia de los hechos, a la Comisaría "Antonio José de Sucre", de la Policía Metropolitana de Caracas, según se desprende de la decisión de fecha 04 de octubre de 2006, emanada de la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de: la Contraloría Metropolitana de Caracas, por incurrir en una conducta negligente, en las funciones de resguardo y protección del arma del reglamento asignada, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En su escrito recursivo, el impugnante, alega, fundamentalmente lo siguiente:

Prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al no permitirle la defensa de sus derechos, violándose de esa manera los principios constitucionales fundamentales, al debido proceso y a la defensa consagrados en los numerales 1 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A los fines de justificar su argumento aduce, que la Resolución impugnada proviene del expediente administrativo b25 llevado por el ente Contralor Municipal cuyo auto decisorio arrojó 262 4 la obligación de reparar el daño causado al patrimonio de la Policía Metropolitana de Caracas de acuerdo al contenido de los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, que los fundamentos de la referida Resolución devienen de otro acto administrativo que fue decidido en su oportunidad por un ente contralor distinto.

Asimismo, sostiene que no fuèron escuchados sus alegatos ni pretensiones los cuales habrían servido para su defensa, por el contrario- le fue emitida otra Resolución sancionatoria sobre un mismo hecho por otro ente distinto y sin un procedimiento administrativo legalmente establecido.

Agrega que, no se puede aplicar una Ley Orgánica por encima de la norma constitucional, pues ello afecta la seguridad y certeza jurídica en el procedimiento.

Por otra parte, denuncia que el acto impugnado está viciado de falso supuesto de derecho, pues las normas indicadas en dicho acto no concuerdan con los hechos ocurridos.

En ese sentido señala que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, debía sancionarse con la multa prevista en el artículo 94, sin embargo fue sancionado con un Reparo, el cual es una sanción distinta a

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la contemplada en el referido artículo, en consecuencia considera que no procede la inhabilitación.

En otro orden de argumentación, expresa, que el Contralor General de la República al dictar la Resolución recurrida vulneró el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual, establece que aún en los casos cuando opere la discrecionalidad, se debe respetar la concordancia entre el supuesto de hecho que dio lugar al acto administrativo y la finalidad de la norma, con el propósito de alcanzar un verdadero equilibrio en el cumplimiento de la Administración Pública. En apoyo a este alegato cita Sentencia Nº 2005-4238, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16 de junio de 2005.

Finalmente, sobre la base de las consideraciones expuestas, solicita se declare la nulidad absoluta del acto impugnado y, en consecuencia, se revoque la sanción de inhabilitación impuesta.

ANÁLISIS DEL ASUNTO

Vistos los planteamientos y requerimientos formulados por el impugnante, así como examinado el expediente administrativo_del caso, guien suscribe, pasa a decidir previas las consideraciones siguientes:

Mediante decisión de fecha 04 de octubre de 2006, emanada de la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de. la Contraloría Metropolitana de Caracas se declaró la responsabilidad administrativa del CiudadanO SIMÓNANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ,en SU condición de Sub Inspector (PM) adscrito, a la Comisaría "Antonio José de Sucre", de la Policía Metropolitana de Caracas, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, por incurrir en una conducta negligente, en las funciones de resguardo y protección del arma de reglamento asignada, marca Smith & Wesson, calibre 357, MODELO 65-6, serial de la cancha CCM9746-9746, en razón de haberla extraviado estando de vacaciones , circunstancia en la cual debió prever su depósito al Parque de Armamento, causando con su acción y descuido al deber de preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, un daño patrimonial a la Policía Metropolitana de Caracas, conducta que se subsumió en el supuesto generador de responsabilidad administrativa establecido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Asimismo, se le formuló reparo por una cantidad de dinero igual al precio actual del arma extraviada.

La referida decisión, adquirió firmeza en sede administrativa, luego de que transcurriera de manera pacífica el lapso legalmente previsto para la interposición del recurso de reconsideración, en consecuencia, se confirmó en todas sus partes la declaratoria de responsabilidad administrativa de fecha 04 de octubre de 2006, así como et reparo formulado.

En fecha 09 de febrero de 2007, el prenombrado ciudadano, reintegro la cantidad de Un Millón Setecientos Mil Quinientos Bolívares (Bs. 1.700.500,00), actuales Un Mil Setecientos con Cincuenta Bolívares (Bs. F 1.700,50) correspondiente al total del reparo formulado, por concepto del valor del arma de referencia, según se evidencia de la documentación probatoria cursante a los folios 67, 68 y 69 del expediente administrativo distinguido con el N° DAAPE-2005-045, nomenclatura de la Contraloría Metropolitana de Caracas.

Posteriormente, quien suscribe, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante Resolución Nro. 01-00-000131 de fecha 21 de junio de 2010, resolvió imponer al ciudadano SIMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ, la SanCIÓn de sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de ocho (08) años, contado a partir de la fecha de ejecución de la aludida Resolución.

Precisado lo anterior, este Despacho pasa a pronunciarse respecto a las denuncias formuladas por el impugnante, lo que hace en los términos siguientes:

En cuanto a la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, por cuanto sostiene que no fueron escuchados sus alegatos ni pretensiones, y por el contrario fue emitida otra Resolución sancionatoria sobre un mismo hecho por otro ente distinto y sin un procedimiento administrativo para ejercer su defensa, en este sentido resulta necesario señalar que la sanción de inhabilitación, reviste carácter accesorio a la declaratoria de responsabilidad administrativa, y su aplicación se verifica ex lege, como consecuencia jurídica de un procedimiento o iter previo, que corresponde a las actuaciones efectuadas en el marco aer procedimiento de determinación de responsabilidades.

En este sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en sentencia 1266 del 06 de agosto de 2008. (Caso:

Nidia Gutiérrez de Atencio vs Contraloría General de la República), señaló:

"...Respecto del alegato de la lesión al principio del .

debido proceso la Sala declara que las sanciones impuestas por Contralor General de la República son consecuencia, al igual que la multa, de la declaratoria

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de la responsabilidad administrativa por lo cual no se amerita un nuevo procedimiento. El procedimiento se estima consumado para establecer la responsabilidad administrativa. Así se declara".

De ahí que se concluya que las sanciones previstas en el aludido artículo 105, no ameritan la tramitación de otro procedimiento distinto al de determinación de responsabilidades, por consiguiente carece de asidero jurídico el argumento esgrimido en cuanto a la vulneración del derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, en lo referente al derecho a la defensa, el cual consiste en: el derecho a ser oído, el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que el administrado presente los alegatos que considere, conveniente para su defensa; así como el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios legítimos, se puede observar de los autos que cursan en el expediente, Que el CiudadanO SIMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, en el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa que se llevó a cabo, al tener acceso al expediente, intervenir activamente en el referido procedimiento, se le notificó de los actos dictados por este Organismo Contralor, dándosele oportunidad de defenderse de ellos, pudo ejercer los recursos que le fueron anunciados, por lo que mal podría argumentar el prenombrado ciudadano que se le vulneró su derecho constitucional a la defensa.

En este contexto, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la referida Sala Constitucional mediante sentencia N° 1270 del 12 de agosto de 2008 (Expediente 04-0143), la cual es del tenor siguiente:

"la potestad sancionatoria es ejercida luego de efectuar un procedimiento administrativo previsto en el Capítulo IV del Título III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbllca y Sistema Nacional de Control Fiscal, en el que se garantizan todos los derechos al administrado (derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso al expediente, derecho de petición, derecho a presentar pruebas, entre otros), que de comprobarse los supuestos de hecho, finalizará en la declaratoria de la responsabilidad administrativa con la imposición de multas (sanción principal) o la Imposición de las sanciones que refiere el artículo 105 eiusdem (sanciones accesorias), ya que se trata de una potestad discrecional (ver sentencias de esta Sala N° 1260/11.06.2002 y 1394/07.08.2001).

De este modo existe un procedimiento administrativo previo que asegura las respectivas garantías de los imputados en el procedimiento, el cual puede concluir con la existencia o no de la comento, en caso de cuya existencia se declarará la responsabilidad administrativa y se impone la multa de conformidad con la gravedad de la misma y el monto de los perjuicios causados de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 eiusdem, que da lugar a otras sanciones (artículo 105 impugnado) sobre las cuales no hará falta abrir otro procedimiento administrativo, ya que tanto la sanción de multa como las consecuentes -tal es el caso de la "inhabilitación" para el ejercicio de cargos públicos- provienen del ilicito administrativo demostrado en el procedimiento de declaración de responsabilidad, en el que el administrado contó con todas las garantías pertinentes....

(Destacado nuestro).

En consecuencia, de lo señalado anteriormente, quien suscribe considera que no se le vuineró los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa que asisten al referido ciudadano, por los que se desestiman los argumentos planteados en este sentido. Así se declara.

En lo que atañe al supuesto vicio de falso supuesto de derecho contenido en la Resolución impugnada, al aplicársele una sanción distinta a la contemplada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, pues debió imponérsele la multa prevista en el artículo 94, y no sancionarlo con un reparo y la inhabilitación.

Al respecto resulta imperativo señalar, que ha sido criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (vid. sentencias Nros. 930 y 241 del 29 de julio de 2004 y 9 de febrero de 2006, respectivamente), que éste vicio tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo (falso supuesto de hecho), o cuando la Administración se apoya en una norma que no resulta aplicable al caso concreto (falso supuesto de derecho), todo lo cual afecta la causa del acto administrativo y acarrea su nulidad.

De ahí que, se requiere examinar si la configuración del acto administrativo recurrido se adecuar a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, de tal forma que sean congruentes con el supuesto de hecho previsto en la norma legal.

En el presente caso tal y como hemos señalado el ciudadano Contralor General de la República, a través de la Resolución N° 01-00-131 de fecha 21 de junio de 2010, impuso al CiudadanO SIMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por un período de ocho (8) años, por haber sido.

declarado responsable en lo administrativo, de conformidad con el artículo 105 de la vigente L.ey Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual dispone lo siguiente:

"Articulo 105: La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado.

Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autorid'ad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los

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recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.(...)" (Destacado nuestro).

La lectura de la disposición parcialmente transcrita revela que con motivo de la decisión de responsabilidad administrativa, la Contraloría General de la República tiene injerencia en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, pues, la declaratoria de responsabilidad administrativa trae como consecuencia la aplicación, entre otras, de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. De ahí que la declaratoria de responsabilidad administrativa, como supuesto de hecho para la procedencia de tal sanción, es el resultado de un procedimiento administrativo previo, preparatorio y necesario para que el Contralor General de la República pueda aplicar la misma.

Resulta claro entonces que la actuación realizada por el Contralor General de la República, en el proceso de ejecución de la decisión que declara la responsabilidad administrativa, deriva de un mandato legal expreso que surge como consecuencia de.

un acto administrativo, esto es la declaratoria de responsabilidad.

administrativa.

De lo expuesto mal puede afirmarse que el acto recurrido adolece del vicio de falso supuesto de derecho al inhabilitarlo 10 para el ejercicio de funciones públicas por un período de ocho (8) años, pues a tal decisión se arribó una vez que se dio por demostrada la circunstancia que configura el supuesto descrito' en la aludida norma que daba lugar a su imposición. Así se declara.

En lo que atañe a la supuesta violación al principio de .

proporcionalidad, previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cabe señalar, que en modo alguno se ha violentado el citado principio, toda vez que quien suscribe, realizó dentro de la órbita discrecional conferida legalmente, una ponderación de la entidad y la gravedad de las irregularidades por las cuales se declaró la responsabilidad administrativa del recurrente, lo que obviamente, implicó el ejercicio de un poder de análisis, evaluación y apreciación del mérito de las circunstancias (de hecho y de derecho,) indicadas en los antecedentes del caso, y la magnitud de la conducta asumida en las funciones de resguardo y protección del arma del reglamento asignada, en su condición de Sub Inspector (PM) adscrito, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, a la Comisaría "Antonio José de Sucre", de la Policía Metropolitana de Caracas.

De ahí que, la sanción aplicada resulta proporcional a la gravedad de la falta atribuida al recurrente, y adecuada al supuesto de la citada norma (principio de legalidad), en consecuencia se desestima la denunciada infracción del principio de proporcionalidad. Así se declara.

DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por el CiUdadanO, SIMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ antes identificado, y, en consecuencia, SE CONFIRMA el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00- 000131 de fecha 21 de junio de 2010, mediante el cual quien suscribe resolvió imponer al nombrado ciudadano la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el período de ocho (08) años, contado a partir de la fecha de ejecución de la citada Resolución.

Notifíquese al interesado la presente decisión.

Infórmese a todos los entes y organismos señalados en el acto impugnado a los fines legales consiguientes.

.Publíquese.

CLODOSBALIBO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Cantralereneral de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- T00208 Caracas, 16 AG0. 2010

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su artículo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 14 de noviembre de 2006, suscrito por la ciudadana ROSELIA DEL VALLE VELÁSQUEZ, en su

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carácter de Auditor Interno de la Compañía Anónima Electricidad de Oriente (ELEORIENTE), en uso de las atribuciones conferidas en Resolución N° C6-014 de fecha 23 de abril de 1996 y según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ELEORIENTE de fecha 20 de diciembre de 1996, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la deciaratcria de responsabilidad administrativa del ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.868.966, en su condición de Lector Cobrador de la Oficina Comercial San Francisco, Estado Bolívar, durante el período 2002-2004, por los hechos siguientes:

"(...) inobservó el procedimiento interno para llevar a cabo el cobro a domicilio, incumplió con sus funciones cobrando facturas y no ingresando el dinero correspondiente a la cobranza al patrimonio de la empresa Eleoriente, confirmando en minuta reunión de fecha 22/10/2004 (..) donde señala que el trabajador Omar Centeno es el responsable del sello seco N° 7 para la realización del cobro a domicilio, y en el sistema alpha (históricos de consumo) se encuentran las facturas pendientes aún cuando fueron oportunamente canceladas al lector cobrados, este no realizó a través del comprobante SUS 23 la relación de las facturas cobradas y la entrega del dinero, pues al realizar los cobros de facturas por concepto de consumo de energía eléctrica de la Oficina Comercial San Francisco sin el debido procedimiento del Comprobante SUS 23 que es el que establece la transferencia de la cobranza realizada por el lector cobrados al jefe de oficina, obvió lo establecido en el manual de Instrucciones para oficinas comerciales, obvió el manual de descripción de cargos en lo relacionado al Capítulo II, en cuanto al Cobro a Domicilio Capítulo IV-5 (..), ascendiendo el faltante de facturas cobradas y no ingresadas a la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, MIL OCHOCIENTOSOCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs.. 7.282.884,55)" o su equivalente a siete mil doscientos ochenta y dos bolívares fuertes con ochenta y ocho céntimos (Bs. F. 7.282,88); (...) "su conducta debió ser diligente, similar a la de un buen Pater Famili, cuidadoso en el uso y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no una conducta irregular, negligente como es el hecho en cuestión; que existen facturas canceladas y no ingresadas, debiendo ingresar de manera inmediata toda factura cancelada en los cobros a domicilio realizados en las zonas foráneas de El Cristo y la Paragua, todo lo contrario este hecho se produjo contraviniendo lo legalmente establecido en los procedimientos internos, lo que sin duda denotó un descuido, no siendo diligente en la realización de su labor como lector cobrados (...)", además, "(...) obvió el Manual de Descripción de Cargo y el Manual de Instrucciones para Oficinas Comerciales en lo relacionado al Capitulo III, Desarrollo de actividades de Facturación y en cuanto al Cobro a Domicilio Capltulo IV- 5, al incumplir sus deberes y funciones como Lector Cobrador y a tal efecto se hace factible precisar que le correspondía realizar su trabajo de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la empresa".

Los hechos antes descritos son generadores de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el articulo 91 numerales 2 y 29 de la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que el 29 de diciembre de 2006, se declaró SiN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ciudadana ZULAY VILLASANA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 43.581, en su condición de representante legal del ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.868.966, contra la decisión de responsabilidad administrativa aludida.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos:

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, imponer al ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.868.966, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TREs (03) AÑos, contado a partir de la fecha de la ejecución de la presente Resolución.

Notifíquese al interesado.

Infórmese a la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) y a su Unidad de Auditoria Interna, al Consejo Naciorial Electoral (CNE) y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.

CRmplasy publiquese, CLODPSBACDO'RUSSIÁN YZCATEGUI Contralor General de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA RERÚBLICA

DESPACHO DEL CONTRALOR

Caracas, 1 8 ENE 2011 N° 01-00- 8 8 0 8 1 1

Mediante escrito consignado ante este Organismo Contralor en fecha 19 de octubre de 2010, la Abogada en ejercicio Brígida Contreras Chacón, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de (dentidad Nro. 3.710.586 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 17.175, actuando en su carácter de Apoderada especiai del ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.868.966, interpuso, en tiempo hábi, recurso de reconsideración contra la Resolución N° 01-00-000208 de fecha 16 de agosto de 2010, dictada por quien suscribe, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, a través de la cual se le Impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TREs (3) años, contado a partir de la ejecución de la misma, en virtud de.

haber sido declarado responsable en lo administrativo en su condición de Lector Cobrador de la Oficina Comercial San Francisco, Estado Bolívar, durante el período 2002-2004, mediante Auto Decisorio de fecha 14 de noviembre de 2006,

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emanado de la Auditoría Interna-Coordinación de Averiguaciones Administrativas de la Electricidad de Oriente C.A, toda vez que incurrió en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en los numerales 2 y 29 del artículo 91, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En su escrito, la representante legal del cjudadano OMAR JOSÉ cENTENO VELIZ luego de realizar una síntesis de los hechos que dieron origen a la declaratoria de responsabilidad administrativa dictada por la Auditoría Interna-Coordinación de Averiguaciones Administrativas de la Electricidad de Oriente C.A., señala que, "De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el Artículo 1960 del Código Civil Venezolano, (...) El Artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, (.) se concluye, que el acto administrativo de efectos particulares objeto del presente Recurso de Reconsideración (...) y las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias (...) que imponen a [su] representado la sanción de Inhabilitación para e ejercicio de funciones públicas por un período de TREs (03;

años, contado a partir de la ejecución de la misma, están prescritos.".

En ese sentido expresa, que "...de la revisión de las actas del expediente contentivas de las decisiones pronunciadas tanto por la Auditoria Interna-Coordinación de Averiguaciones Administrativas de la C.A. Electricidad de Oriente (Eleoriente) como del Informe de Auditoría No. 30010-006-2006 del año.

2006, se evidencia que los supuestos hechos irregulares que dieron origen a (...) [la] responsabilidad administrativa, responsabilidad Civil, multa, reparo e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el plazo de tres (03) años,(...) datan de más de cinco (5) años, (...) lo cual hace procedente declarar con lugar la prescripción...".

Con fundamento en lo anterior solicita la nulidad del acto administrativo recurrido a tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos Por otra parte, esgrime que, "...a empresa 'C.A Electricidad de Oriente (Eleoriente)' (...), en virtud de las Recomendaciones elevadas en el Informe presentado por la Auditoria Interna de la Coordinación de Averiguaciones Administrativas, (...), en fecha: 19 de Noviembre de 2004, ejerció Calificación- de Despido (...) en contra de [su] representado (...) por ante la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar (...), procedimiento que fue declarado el Desistimiento por parte de la empresa, (.) por la no comparecencia de la [misma] para la celebración del Acto Conciliatorio. ".

Como consecuencia de lo anterior arguye, que "... [suj representado (...) sigue en el mismo cargo que tenia para la:

siendo, Lector Cobrador, no puede o no debe ser sancionado por un acto administrativo que decidió un caso precedentemente decidido con carácter definitivo como fue la calificación de despido solicitada...", por tanto, solicita la nulidad de la Resolución impugnada conforme a lo previsto en el numeral 2° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En otro orden de ideas aduce que "...La sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TREs (03) años, (...) viola el Derecho Constitucional al Trabajo...", puesto que "...Con el procedimiento de Calificación de Despido incoado ante la Inspectoría del Ministerio, declarado desistido por parte de la empresa, y la permanencia en el mismo cargo, en el mismo sitio, y con las mismas atribuciones y obligaciones se evidencia que la empresa valoró las condiciones, morales de su representado, por lo que de ser procedente la sanción de inhabilitación (.), se le está cercenando el derecho al trabajo...".

Seguidamente, alega que, "De conformidad a las disposiciones contenidas en el Articulos 105, 112 y 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el Artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativos (..) la sanción de, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años (...) es desproporcionada.." .(sic)

Por otra parte denuncia a todo evento "...la irretroactividad, de la sanción impuesta (...) a [su] representado en virtud de que los actos u omisiones ocurrieron durante la vigencia de la anterior Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, lo que viola de manera flagrante el principio de la legalidad de la falta u omisión que no está plenamente probada a [su] representada".

Finalmente solicita, se reconsidere la sanción de Inhabilitación impuesta a su representado.

ANÁLISIS DEL ASUNTO Vistos los planteamientos y requerimientos formulados por la representante legal del ciudadano OMAR JOsÉ CENTENO VELIz, quien suscribe, pasa a decidir previas las consideraciones siguientes:

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La ciudadana Roselia del Valle Velásquez, en su carácter de Auditor Interno de la Compañía Anónima Electricidad de Oriente C.A., mediante Auto Decisorio de fecha 14 de noviembre de 2006, y en uso de las atribuciones conferidas en Resolución No C6-014 de fecha 23 de abril de 1996 y según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ELEORIENTE de fecha 20 de diciembre de 1996, declaró la responsabilidad administrativa del prenombrado ciudadano, en su condición de Lector Cobrador de la Oficina Comercial San Francisco, Estado Bolívar, durante el período 2002-2004, por los hechos irregulares descritos en el Considerando Tercero del acto recurrido, los cuales se resumen a continuación:

"..inobservó el procedimiento interno para llevar a cabo el cobro a domicilio, incumplió con sus funciones cobrando facturas y no ingresando el dinero correspondiente a la cobranza al patrimonio de la empresa Eleoriente, confirmando en minuta reunión de fecha 22/10/2004 (...) donde señala que el trabajador Omar Centeno es el responsable del sello seco N° 7 para la realización del cobro a domicilio, y en el sistema alpha (históricos de consumo) se encuentran las facturas pendientes aún cuando fueron oportunamente canceladas al lector cobrados, este no realizó a través del comprobante SUS 23 la relación de las facturas cobradas y la entrega del dinero, pues al realizar los cobros de facturas por concepto de consumo de energía eléctrica de la Oficina Comercial San Francisco sin el debido procedimiento del Comprobante SUS 23 que es el que establece la transferencia de la cobranza realizada por el lector cobrados al jefe de oficina, obvió lo establecido en el manual de instrucciones para oficinas comerciales, obvió el manual de descripción de cargos en lo relacionado al Capítulo III, en cuanto al cobro a Domicilio, Capítulo IV-5 (...), ascendiendo el faltante de facturas cobradas y no ingresadas a la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOs (Bs. 7.282.884,55)" o su equivalente a siete mil doscientos ochenta y dos bolivares fuertes con ochenta y ocho céntimos (Bs.F. 7.282,88); (..) "su conducta debió ser diligente, similar a la de un buen Pater Famili, cuidadoso en el uso y salvaguarda de los bienes bajo su custodia y no una conducta irregular, negligente como es el hecho en cuestión..."

La conducta antes' señalada se subsumió en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, presente en los numerales 2 y 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como consecuencia de lo anterior, se le impuso sanción de multa por la cantidad de Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 4.940.000,000), equivalente a Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 4.940,00).

Asimismo, en virtud del daño causado al patrimonio de ELEORIENTE C.A., se le formuló Reparo Resarcitorio por la cantidad de Tres Millones Setenta Mil Novecientos Setenta y Nueve Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 3.070.979,50), equivalente a Tres Mil Setenta Bolívares Fuertes con Noventa y Siete Céntimos (Bs.F3.070,97).

Contra la citada decisión, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar mediante decisión de fecha 29 de diciembre de 2006, dictado por la Auditoría Interna-Coordinación de Averiguaciones Administrativas de la Compañía Anónima Electricidad de Oriente.

Seguidamente, quien suscribe, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, en atención a la entidad o gravedad del ilícito o la irregularidad administrativa cometida, mediante Resolución Nro.

01-00-000208 de fecha 16 de agosto de 2010, resolvió imponer al Ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, la sanCión de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de TRES (03) años, contado a partir de la ejecución de la aludida Resolución.

Precisado lo anterior y atendiendo a los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración objeto del presente análisis, cabe destacar, en cuanto a la alegada prescripción de las acciones sancionatorias derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, en el caso concreto, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que ante la ausencia de un lapso expreso para que el Contralor General de la República imponga las sanciones accesorias a las que alude el artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, debe aplicarse de forma análoga un lapso general de prescripción; así, es menester resaltar que la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la cual el transcurso de un tiempo contado a partir de la comisión de la falta sin que se iniciara la correspondiente averiguación, imposibilita al Estado para sancionar, en ese caso, la conducta prevista como infracción al ordenamiento.la Ley Por tanto, quien suscribe estima procedente en estos casos, dada la especialidad de la materia, aplicar el lapso general de prescripción previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, contando el término alí previsto a partir de la fecha de la declaratoría de responsabilidad; dicha norma es del tenor siguiente:

resarcitorias derivadas de la presente Ley, prescribirán el término de cinco (5) años, salvo que en Leyes especiales se establezcan plazos diferentes.

Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la multa o la formulación del reparo; sin embargo cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo ostentado para la época de ocurrencia de la irregularidad. Si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que ésta hubiere cesado o haya sido allanada. Si durante el lapso de prescripción el infractor llegare a gozar de inmunidad, se continuarán los procedimientos que pudieran dar lugar a las acciones administrativas, sancionatorias o resarcitorias que correspondan.

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En casos de reparos tributarios, la prescripción se regirá por lo establecido en el Código Orgánico Tributario."

En atención a lo antes expuesto, no operó la prescripción de la acción disciplinaria en el presente caso, ya que el 14 de noviembre de 2006 fue dictado por la ciudadana Roselia del Valle Velásquez, en su carácter de Auditor Interno de la Compañía Anónima Electricidad de Oriente C.A, el auto mediante el cual se declaró responsable administrativamente al ciudadano OMAR 3OSÉ cENTENO VELIZ, y la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, fue impuesta el 16 de agosto de 2010, esto es, a tres (3) años y nueve (9) meses después de declarada la responsabilidad del recurrente, con lo cual queda evidenciado que no transcurrió el lapso previsto en la citada norma. Así se declara.

En lo que atañe a que la resolución objeto de impugnación vulnera el principio de non bis in idem o cosa juzgada, al afirmar que su representado fue juzgado precedentemente por los mismos hechos que dieron origen a la declaratoria de responsabilidad administrativa, toda vez que la inspectoría del trabajo de Ciudad Bolívar, declaró desistido el procedimiento de calificación de despido ejercido por ELEORIENTE C.A., en fecha 19 de noviembre de 2004.

1343.2 Es preciso destacar, que el aforismo latino nonbis in idem, conforme al cual no es factible la aplicación de doble . sanción por una misma infracción, es una garantía consagrada en el numeral 7 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así, el referido principio, implica la prohibición de la imposición sucesiva o simultánea de más de una sanción administrativa por el mismo hecho; sin embargo, en materia administrativa, se permite la aplicación de varias sanciones, una principal y otras, según el caso, consecuencias de la primera y del hecho ilícito cometido.

Tal criterio, quedó recogido en la sentencia N° 1.270 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia de fecha 12 de agosto de 2008, con ocasión del recurso de nulidad por inconstitucional ejercido contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al señalar:

"En materia administrativa se permite que se apliquen varias sanciones (una principal y otra y otras, según el caso, consecuentes de la primera y del hecho ilícito cometido) atendiendo a la responsabilidad y la entidad de la infracción, siendo que puede existir y se permite la multiplicidad de sanciones de distinta naturaleza como lo son el artículo 94 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, por lo que es válida la acumulación de sanciones pecuniarias e interdictivas, ambas de distinta naturaleza, que en su conjunto hacen una sola sanción, en el caso bajo análisis, la primera recae sobre el patrimonio y existe otra consecuente -"inhabilitación" para el ejercicio de cargos públicos- que restringe o impide el ejercicio de ciertas actividades...

(s!sso) Por lo tanto, no se afecta el principio non bis in idem, ya que no se trata de juzgar al administrado bajo supuestos y hechos distintos, ni imputable dos sanciones administrativas principales por un mismo hecho o conducta, sino que se trata de la implementación -discrecional mas no arbitraria- de la o las sanciones previstas en ley, por vía de consecuencia".

De modo tal que, en el presente caso debe concluirse que quien suscribe, al sancionar al ciudadano OMAR 30sÉ CENTENo VELIz, con la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años, actuó conforme - a una expresa potestad otorgada por el referido artículo 105, sin que mediara otro procedimiento, por tanto, no se ve afectado el principio non bis in idem, ya que no se trata de juzgar al recurrente en más de una oportunidad por una misma conducta, sino de establecer una pena accesoria como consecuencia de una sanción impuesta por un solo hecho, cuestión plenamente avalada constitucionalmente y legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, resultando forzoso para esta Autoridad desestimar el alegato formulado por la representante legal del recurrente en ese sentido. Así se declara.

Con relación a que la sanción de inhabilitación impuesta, vulnera el derecho constitucional al trabajo del recurrente, puesto que ELEORIENTE C. A., valoró las condiciones morales de su representado al dejarlo ejerciendo el mismo cargo, y con las mismas atribuciones y obligaciones, resulta necesario señalar que, la Sala Político Administrativa ha sostenido en reiteradas decisiones, que el aludido derecho no es absoluto, sino que por el contrario, se encuentra sometido a ciertas limitaciones legales autorizadas por el propio legislador. Asimismo, ha sostenido que la estabilidad laboral se encuentra condicionada a su desempeño, pues en aras de la protección constitucional al trabajo, la Administración no puede dejar de sancionar a quienes incurran en hechos ilícitos.

En el caso que nos ocupa, el ciudadano OMAR JOsÉ CENTENo vELIz, fue declarado responsable en lo administrativo por haber incurrido en hechos irregulares, establecidos en la ley como generadores de responsabilidad administrativa, lo cual genera una consecuencia jurídica, que en este caso fue la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años.

· De modo que, la Resolución impugnada encuentra su fundamento en los principios de legalidad y competencia que regulan el ejercicio del Poder Público, cuyo cumplimiento es de carácter inexcusable.

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Lo anteriormente expuesto, conlleva a concluir que, en el caso que nos atañe, no se vulneró el derecho al trabajo denunciado por la representación del recurrente. Asíse declara.

En lo atinente a que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TRES (03) años es desproporcionada, este Órgano Contralor estima oportuno indicar que, la sanción de inhabilitación objeto del presente recurso, se impuso atendiendo al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como al contenido del artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, puesto que esta Autoridad, consideró la gravedad de las irregularidades por las cuales se declaró la responsabilidad administrativa del prenombrado ciudadano, lo que, obviamente, implicó el ejercicio de una facultad de análisis, evaluación y apreciación del mérito de todas las circunstancias (de hecho y de derecho, positivas y negativas) del caso y de la magnitud de la conducta asumida por el impugnante a la luz de las atribuciones derivadas del cargo por él desempeñado, que se describieron ut supra.

En virtud de lo anterior, quien suscribe consideró que la sanción procedente y efectiva era la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TRES (3) años.

En este sentido, importa aclarar, por una parte, que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, está prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y, por la otra, que dicha sanción es aplicada en atención de la entidad o gravedad del ilícito o la irregularidad administrativa que dio lugar a la declaratoria de la responsabilidad administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 del reglamento de la aludida Ley, que en el presente caso, la constituyó la conducta descrita ut supra, por lo cual, con fundamento en los razonamientos .precedentemente detallados, se aprecia de forma clara que no existe violación al principio de proporcionalidad invocado por el recurrente, sino que se impuso conforme a derecho. Así se declara.

Finalmente, la apoderada del recurrente, denuncia que el acto recurrido viola el principio de irretroactividad de la Ley, en' virtud de que los actos u omisiones en los que incurrió su representado sucedieron durante la vigencia de la anterior Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Ante tal argumento, resulta imperioso destacar en primer término, que el principio de irretroactividad de las leyes que establece ilícitos y sanciones, es intrínseco a toda actividad de índole sancionatoria que, de conformidad con el ámbito de competencia establecido en la Ley, corresponde a determinados órganos del Poder Público, e implica la sujeción de dicha actividad a normas jurídicas preexistentes, aplicables al caso, dicho principio está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado, permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano o en aquellos:

casos en la modificación de la pena sea la menor.

Aplicando estos razonamientos al presente caso, es evidente el error en que incurre la representación legal del recurrente, al afirmar que el acto recurrido aplico retroactivamente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En efecto, la referida Ley, fue publicada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 De fecha 17 de diciembre de.

2001, vigente a partir del 1 de enero de 2002, por otra parte, los hechos que dieron origen a la declaratoria de responsabilidad administrativa dictada por la Auditoría Interna-Coordinación de:

Averiguaciones Administrativas de la Electricidad de Oriente C.A., mediante Auto Decisorio de fecha 14 de noviembre de 2006, atribuida al Ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, ocurrieron en el período 2002-2004, años en los cuales ya se.

encontraba vigente la referida ley rige las funciones de este máximo Organismo Contralor, con lo cual se colige claramente que la aplicación de la sanción de inhabilitación impuesta al prenombrado ciudadano se hizo en respeto al principio de irrectoatividad de la leyes, al aplicar la Ley vigente para el momento en que se suscitaron los hechos. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por el Ciudadano OMAR JOSÉ CENTENO VELIZ, antes identificado y, en consecuencia se CoNFIRMA el acto administrativo contenido.

en la Resolución Nro. 01-00-000208 de fecha 16 de agosto de 2010, dictada por quien suscribe, a través de la cual se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TRES (3) años, contado a partir de la ejecución de la misma.

Notifíquese al interesado la presente Decisión.

Comuníquese a los mismos entes indicados en el acto impugnado.

Publíquese ..

CLODSBABO RUSSIÁN UZCÁTEGUI …Contralor General de la Rep&blica

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 000099 Caracas, 02 JUN.2010

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su artículo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el artículo 122 de la derogada Ley Orgánica de Contraloría General de la República, establecía:

"Una vez firme la decisión de responsabilidad en vía administrativa y sin perjuicio del recurso jurisdiccional que pueda interponerse contra esa decisión, la Contraloria remitirá el auto correspondiente y demás documentos al organismo donde ocurrieron los hechos irregulares o en el cual esté prestando servicios el funcionario, para que la máxima autoridad jerárquica, en el término de treinta (30) días continuos, le imponga sin oãó procedimiento, la sanción de destitución.

El Contralor Genecal de la República o la máxima autoridad del respectivo organismo de acuerdo a la gravedad de la falta y al monto de los perjuicios causados, podrá imponer, además, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo no mayor de tres (3)años (...)".

CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 05 de febrero de 2009, suscrito Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones que le fueron delegadas por quien suscribe a través de Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, constar los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad _administrativa del.

ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-5.449.239, en su condición de Concejal, Vicepresidente durante el año 1999 y Presidente (e) de la Cámara Municipal del Municipio Independencia del Estado Táchira, para el 05 de enero de 1999, por el hecho siguiente:

ÚNIco: Por haberse concertado con el Alcalde del Municipio Independencia del Estado Táchira, toda vez que se desprendió de la titularidad del terreno ubicado en la localidad de Peribeca, parroquia Román Cardenes del Municipio Independencia del Estado Táchira, para que el último destinatario del mismo (un tercero, llámese: Oscar Iván Torres Torres) lo ofreciera en venta a través de comunicación dirigida a la Alcaldía y se procediera a la construcción de una cancha deportiva en la localidad de Peribeca y ésta Alcaldía sin verificar la viabilidad y conveniencia del terreno ofrecido en venta y sin realizar un estudio de suelo demostrativo de las propiedades del mismo, procedió a realizar la negociación, a favor del Concejo del Municipio Independencia presentado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Estado Táchira, visado además por la cónyuge del ciudadano José Gregorio Roa Garcia. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que el 17 de abril de 2009, se declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-5.449.239, contra la decisión de responsabilidad administrativa aludida.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos irregulares, en concordancia con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de. la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, imponer al ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-5.449.239, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) áños, contados a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Notifiquese al interesado.

Comuníquese a la Alcaldia del Municipio Independencia del Estado Táchira, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

Cúmpiese y publíquese, .AOIMA.

LOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Conffalor General de la República

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESPACHO DEL CONTRALOR Caracas, 04, $.219 N°01-00- g00315 Mediante escrito consignado ante este Organismo Contralor en fecha 19 de julio de 2010, el ciudadano J0SÉ GREGoRIO ROA GARCÍA, venezolano, mayOr de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 5.449.239, actuando en nombre tiempo hábil, de propio, interpuso, recurso reconsideración contra la Resolución Nro. 01-00-000099 de fecha 02 de junio de 2010, dictada por quien suscribe, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República derogada, aplicable ratione temporis, a través de la cual se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años, contado a partir de la fecha de notificación de la misma, en virtud de haber sido declarado responsable en lo administrativo en su condición de Concejal, Vicepresidente durante el año 1999 y Presidente (E) de la Cámara Municipal del Municipio Independencia del Estado Táchira para el 05 de enero de 1999, por Auto Decisorio de fecha 05 de febrero de 2009, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Órgano Contralor, toda vez que incurrió en el supuesto generador de responsabilidad administrativa establecido en el artículo 113, numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, aplicable ratione temporis, el cual mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En Su escrito, el ciudadano JÓSÉ GREGORIO ROA GARCÍA,considera que sanciónaplicada la es desproporcionada, puesto que debieron tomarse en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso.

Esgrime que, si bien esta Autoridad aplicó la norma vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares, a su sanción en su límite máximo, para lo cual debió indicar, expresamente, las razones y fundamentos que lo llevaron a tomar tal decisión, considerando a su vez el principio contenido en artículo 37 del Código Penal Venezolano.

Como consecuencia de lo anterior, considera que, al no imponérsele la sanción en su término medio, se vulnera la garantía del debido proceso que le asiste, establecida en artículo 49 Constitucional.

Por otra parte, solicita la aplicación por analogía, del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.169 de fecha 29 de marzo de 2001.

Por último, requiere sea revocado el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000099 de fecha 02 de junio de 2010, objeto del presente recurso.

ANÁLISIS DEL ASUNTO

Vistos los planteamientos y requerimientos formulados por el impugnante, quien suscribe, pasa a decidir previas las consideraciones siguientes:

La Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, en uso de las atribuciones delegadas por quien suscribe a través de la Resolución Nro. 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en la Gaceta- Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.364 del 24 del mismo mes y año, mediante Auto Decisorio de fecha 05 de febrero de 2009, deciaró la responsabilidad administrativa del CiudadanO JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA, en su condición de de Concejal, Vicepresidente durante el año 1999 y de la Cámara Municipal del Municipio Presidente (E) Independencia del Estado Táchira para el 05 de enero de 1999, por haberse concertado con el Alcalde del mencionado Municipio, toda vez que se desprendió de la titularidad de un terreno ubicado en la localidad de Peribeca, Parroquia Román Cardenes de dicho Municipio, para que el último destinatario del mismo, lo ofreciera en venta a través de comunicación dirigida a la Alcaldía y se procediera a la construcción de una cancha deportiva, sin verificar la viabilidad y conveniencia del aludido terreno y, sin realizar un estudio de suelo demostrativo de sus propiedades, efectuando la negociación a favor del Concejo Municipal, cuyo documento además, fue visado por la cónyuge del referido ciudadano.

Dicha conducta se subsumió en el supuesto generador de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 1.13 de la Ley Orgánica de la.

Contraloría General de la República de 1995, aplicable ratione temporis, actualmente previsto en el numeral 20 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

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GACETA OFICLAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

383.972

Como consecuencia de lo anterior, se le impuso una sanción de multa por la cantidad de un millón cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos bolívares (Bs. 1.487.400,00), equivalente a Bsf. 1.487,40.

Contra la citada decisión, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar, quedando firme en sede administrativa mediante Decisión de fecha 17 de abril de 2009.

A.

Seguidamente, quien suscribe, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 122 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, en atención a la gravedad de la irregularidad cometida, mediante Resolución Nro. 01-00-000099 de fecha 02 de junio de 201Ò, resolvió imponer al ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARciA, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de tres (3) años, contado a partir de la fecha de su notificación.

Precisado lo anterior y atendiendo a los argumentos expuestos pOr el Ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA en su recurso, se observa que denuncia la violación al debido proceso coîsagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, por cuanto la sanción de multa impuesta, a su juicio, vulnera el principio de proporcionalidad Al respecto, importa destacar lo que ha establecido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas decisiones verbigracia, sentencia Nro. 02785 de fecha 07 de diciembre de 2006, recaída en el caso: Alan José Alvarado Hernández Vs. la Contraloría General de la República, al exponer que:

"...el debido proceso -dentro del cual se encuentra contenido el derecho a la defensa- es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, pues el debido proceso significa que las partes en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditar los.

Igualmente, la Sala en sentencia N° 00514 de fecha 20 de mayo de 2004, observó que el debido proceso comprende un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el proceso, entre los que se encuentran:

el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, al acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a obtener un proceso sin dilaciones indebidas, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia, y que se desprenden de la interpretación hermenéutica del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Del mismo modo se ha pronunciado la Sala sobre los aspectos esenciales que el Juzgador debe constatar Jueves 3 de marzo de 2011 previamente, para declarar la violación del derecho consagrado en el artículo antes mencionado, tales como el que la Administración hubiese resuelto un asunto sin cumplir con el procedimiento legalmente establecido o impedido de manera absoluta a los particulares, cuyos derechos e Intereses pudieran resultar afectados por un acto administrativo, su participación en la formación de aquél..".(Destacado de quien suscribe).

Del fallo parcialmente transcrito se desprenden claramente los supuestos para que se produzca la vulneración de la referida garantía, dentro de los cuales no se encuentra el principio de proporcionalidad como erradamente pretende el impugnante que le sea analizado.

No obstante, de la revisión que se realice a las actas que conforman el expediente, se observa que, en todo momento, este Organismo Contralor, respetó el debido proceso que asistía al ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA en el presente caso. Así, el nombrado ciudadano fue notificado de la apertura;

de la investigación llevada a cabo por este Ente Administrativo, tal y como consta del Oficio Nro. 07-02-1225 de fecha 08 de mayo de 2003, (folios 801 al 803), el cual informó a su vez el lapso legal para que el investigado ejerciera su derecho a la defensa e interpusiera los elementos probatorios que estimara necesarios en resguardo de sus intereses.

De igual forma, se le notificó del Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo de fecha 23 de octubre de 2008, (folios 937 al 959), garantizándole en todo momento el derecho a la defensa y a ser oído, lo cual se materializó a través de la audiencia oral y pública celebrada en fecha 27 de diciembre de 2008; asimismo, fue notificado de la decisión que declaró su:

responsabilidad administrativa e informado del recurso de que disponía contra la misma.

En efecto, interpuso recurso de reconsideración contra la referida decisión en fecha 27 de febrero de 2009 (folio 1215), el cual fue declarado sin lugar por el Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, notificado e informado igualmente del recurso de que disponía contra la misma, así se desprende del Oficio Nro. 08-01-603 de fecha 17 de abril de 2009 (folios 1243 al 1244).

Finalmente, con respecto a la Resolución impugnada, se observa que la misma fue debidamente notificada mediante Oficio Nro. 08-01-892 de fecha 15 de junio de 2010 (folio 1265), :

advirtiendo a su vez, sobre los recursos de que disponía contra ella.

En consecuencia, quien suscribe considera ajustado a derecho el presente procedimiento administrativo, puesto que en todo momento le fue garantizado al recurrente el derecho a la defensa que le asiste constitucional y legalmente, en razón de lo

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cual se desestima el argumento expuesto al respecto. Así se declara.

Ahora bien, en relación con la violación del principio de proporcionalidad invocado por el impugnante, este Órgano Contralor estima que, la sanción de inhabilitación objeto del presente recurso, se impuso atendiendo al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como al contenido del artículo 122 de ta Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, puesto que esta Autoridad, consideró la gravedad de las irregularidades por las cuales se declaró la responsabilidad administrativa del prenombrado ciudadano, lo que, obviamente, implicó el ejercicio de un poder de análisis, evaluación y apreciación del mérito de todas las circunstancias (de hecho y de derecho, positivas y negativas) del caso y de la magnitud de la conducta asumida por el impugnante en la utilización de maniobras y artificios en razón de su condición de Concejal y Vice-Presidente de la Cámara Municipal del Municipio Independencia del Estado Táchira para el 05 de enero de 1999, tendentes a producir un resultado determinado.

Dichas maniobras y artificios, tal como quedó sentado precedentemente, así como en las actas que conforman el expediente del presente caso, consistieron en el desprendimiento de la titularidad de un terreno ubicado en la localidad de Parroquia Román Cardenes del Municiplo Peribeca, Independencia del Estado Táchira, para que el último destinatario del mismo (un tercero, llámese: Oscar Iván Torres Torres), lo ofreciera en venta a través de comunicación dirigida a la alcaldía y se procediera a la construcción de una cancha deportiva en esa localidad, sin verificar la viabilidad y conveniencia del mismo y sin realizar un estudio de suelo demostrativo desus propiedades, procediéndose a la negociación a favor del Concejo Municipal, presentado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Estado Táchira, cuyo documento además fue visado por la cónyuge del recurrente.

En virtud de lo anterior, quien suscribe consideró que la sanción procedente y efectiva era la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años.

En este orden de ideas importa aclarar, por una parte, que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, está prevista tanto en el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares, como en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y, por la otra, que dicha sanción es aplicada en atención a la gravedad de la irregularidad cometida, que en el presente caso, la constituyó la conducta descrita ut supra, por lo cual, con fundamento en los razonamientos precedentemente detallados, se aprecia de forma clara que no existe violación al principio de proporcionalidad invocado por el recurrente, sino que se impuso conforme a derecho. Así se declara.

Por último el impugnante solicita la aplicación, por analogía del contenido del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de fecha 29 de marzo de 2001, en el sentido de que, a los fines de reconsiderar la sanción que nos ocupa, sean valoradas las circunstancias atenuantes y agravantes en dicha norma establecidas. Al respecto el aludido artículo dispone lo siguiente:

"Se consideran circunstancias agravantes a los fines de la imposición de las multas establecidas en la Ley, las siguientes:

La reincidencia y la reiteración.

a) b) La condición de funcionario público.

c) La gravedad del perjuicio fiscal.

d) La gravedad de la infracción.

La resistencia o reticencia del infractor para e) esclarecer los hechos.

Se consideran circunstancias atenuantes, las siguientes.

1. No haber incurrido el contraventor en falta que amerite la imposición de multas, durante los tres (3) años anteriores a aquel en que se cometió la infracción 2. No haber tenido el infractor la Intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo.

3. El estado mental d'el infractor que no excluya totalmente su responsabilidad 4. Las demás atenuantes que resultaren.Ae los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, juicio de los juzgadores..." (Destacado de quien,suscribe).

Tal como se desprende de la norma antes transcrita, las circunstancias atenuantes y agravantes en ella señaladas, sólo eran aplicables a las sanciones pecuniarias establecidas en la ley.

En el presente caso, nos encontramos en presencia de una sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, impuesta conforme al artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, aplicable en razón del tiempo, actualmente artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. Es de resaltar que el mencionado artículo 122.

establecía de manera taxativa los supuestos de hecho que debían ser considerados por quien suscribe para la aplicación de dicha sanción a saber: 1) La gravedad de la falta, 2) el monto de los perjuicios causados.

Siendo entonces, que la sanción de inhabilitación que nos atañe obedece a los factores precedentemente descritos, vale:

decir, a las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de Responsabilidad Administrativa del funcionario, resulta imperativo desestimar la petición efectuada por el recurrente en cuanto a la aplicación del contenido del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de fecha 29 de marzo de 2001. Así se declara.

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DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por el Ciudadano JOSÉ GREGORIO ROA GARCÍA, antes identificado y, en consecuencia se coNFIRMA el acto administrativo contenido en la Resolución Nro 01-00-000099 de fecha 02 de junio de 2010, mediante el cual quien suscribe, resolvió imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años, contados a partir de la fecha de su notificación.

Notifíquese al interesado la presente Decisión.

Comuníquese a los mismos entes indicados en el acto impugnado.

Publiquese CLODOSBALDO RUSSIÁN UÉCÁTEGUI Contiralor. general de la República

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 000100 Caracas, 02 JUN. 2010

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su artículo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el articulo 122 de la derogada Ley Orgánica de Contraloría General de la República, establecía:

"Una vez firme la decisión de responsabilidad en vía administrativa y.

sin perjuicio del recurso jurisdiccional que pueda interponerse contra esa decisión, la Contraloría remitirá el auto correspondiente y demás documentos al organismo donde ocurrieron los hechos irregulares o en el cual esté prestando servicios el funcionario, para que la máxima autoridad jerárquica, en el término de treinta (30) días continuos, le imponga sin otro procedimiento, la sanción de destitución.

El Contralor General de la República o la máxima autoridad del . respectivo organismo de acuerdo a la gravedad de la falta y al monto de los perjuicios causados, podrá imponer, además, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período no mayor de tres (3) años (...)".

CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que:

"(.) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ;$ ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 05 de febrero de 2009, suscrito por el ciudadano ALEXANDER PÉREZ ABREU, en su carácter de Director Sectorial de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Organismo Contralor, en uso de las atribuciones que le fueron delegadas por quien suscribe a través de Resolución N° 01-00-035 de fecha 17 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.364 de fecha 24 de enero de 2006, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano JESÚS MARÍA VIVAS GAFARO, titular de la cédula de identidad N° V-3.795.820, en su condición de Alcalde del Municipio Independencia del Estado Táchira, durante el año 1999. por los hechos siguientes:

PRIMERO: Por haber aceptado la oferta de venta que mediante comunicación de fecha 16 de enero de 1999, realizara el ciudadano Oscar Iván Torres, sobre un lote de terreno ubicado en la localidad de Peribeca del Municipio Independencia del Estado Táchira, sin verificar previamente la viabilidad y conveniencia del terreno ofrecido en venta y sin realizar un estudio de suelo demostrativo de las propiedades del mismo para posteriormente proceder a ejecutar la construcción de la cancha deportiva; suscribió con el ciudadano Oscar Iván Torres documento de compra-venta y ordenó el pago por este concepto, aún cuando el terreno adquirido perteneció hasta el día 05 de enero de 1999 al ciudadano José Gregorio Roa García (Concejal de la Alcaldía del Municipio Independencia) fecha además en la que éste último trasladó la propiedad a otra persona y en la que justamente se aprobó en sesión de cámara la solicitud para comprar un terreno en donde se construiría la cancha deportiva en Peribeca. Cabe destacar que el ciudadano Oscar Iván Torres, sólo tenia un día como propietario del terreno cuando lo ofertó a la Alcaldía y el documento de compra-venta a favor del Concejo del Municipio Independencia presentado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Estado Táchira, fue visado por la cónyuge del ciudadano José Gregorio Roa Garcia, conductas éstas que configuraron un concierto para que el Concejo del Municipio Independencia del Estado Táchira, representado por el ciudadano Jesús María Vivas Gafaro, adquiera el terreno que unos días antes habia pertenecido al ciudadano José Gregorio Roa García. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 20 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

SEGuNDO: Actuación negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al permitir la construcción de la cancha deportiva en la localidad de Peribeca del Municipio Independencia del Estado Táchira, sin que previamente fuera elaborado el presupuesto de obra representativo de los trabajos que eran necesarios acometer y, al no solicitar previo a la compra del terreno un estudio de suelo y su factibilidad para evitar el colapso de la obra posterior a su ejecución. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

TERCERO: Actuación imprudente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público, al solicitar al Secretario General

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de Gobierno a través de comunicación de fecha 13 de octubre de 1999, la revisión y aprobación de siete presupuestos, por un monto de treinta y un millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos catorce bolivares con setenta y un céntimos (Bs. 31.635.414,71), equivalentes a treinta y un mil seiscientos treinta y cinco bolívares fuertes con cuarenta y un céntimos (Bs. F. 31.635,41). con recursos provenientes de la Ley de Asignaciones Especiales. entre los cuales se mencionó la construcción de la cancha deportiva en la localidad de Peribeca, parroquia Román Cárdenas del Municipio Independencia del Estado Táchira, cuyo presupuesto ascendió a la cantidad de catorce millones de bolívares (Bs. 14.000.000,00) equivalentes a catorce mil bolivares fuertes (Bs. F. 14.000,00), denotándose la solicitud de recursos para una obra ya iniciada y parcialmente pagada, toda vez que-desde el mes de marzo del año 1999 se había comenzado a trabajar en su edificación con recursos provenientes de los gastos de inversión de ese ejercicio fiscal (según ejecución presupuestaria). Cabe destacar que mediante orden de pago N° 34434 sin fecha visible, la Alcaldía en cuestión recibió los recursos por parte de la Gobernación del Estado Táchira, por un monto de treinta y un millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos catorce bolivares con setenta y un céntimos (Bs. 31.635.414,71), equivalentes a treinta y un mil seiscientos treinta y cinco bolivares fuertes con cuarenta y un céntimos (Bs. F. 31.635,41), depositados en la cuenta corriente de la Alcaldia N° 036-1-00001-9 del Banco Sofitasa, de cuyo monto el Alcalde de la entidad, para la fecha, debía destinar la cantidad de catorce millones de bolivares (Bs. 14.000.000,00), equivalentes a catorce mil bolivares fuertes (Bs. F. 14.000,00). para la construcción de la cancha deportiva, la cual como se indicó con anterioridad, había sido ejecutada con recursos provenientes de los gastos de inversión del ejercicio fiscal 1999. No obstante, mediante Oficio N° 62-2000 de fecha 02 de mayo de 2000, el Alcalde del referido Municipio, procedió a la rendición de cuentas de los recursos asignados por el Gobierno Regional y entre los cuales incluyó la obra en referencia. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 113 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CUARTO: Por haber ordenado pagos durante el año 1999, por servicios no contratados (mano de obra) vinculados a la construcción de la cancha deportiva en la localidad de Peribeca, parroquia Román Cárdenas del Municipio Independencia del Estado Táchira, cuyo monto ascendió a la cantidad de cuatro millones quinientos veintinueve mil bolívares (Bs. 4.529.000,00), equivalentes a cuatro mil quinientos veintinueve bolívares fuertes (Bs. F. 4.529,00). Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 numeral 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que el 23 de abril de 2009, se declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano JESÚSMARÍA VIVAS GAFARO. titular de la cédula de identidad N° V-3.795.820, contra la decisión de responsabilidad administrativa aludida.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos irregulares, en concordancia con el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, imponer ai ciudadano JESÚS MARÍA VIVAS GAFARO, titular de la cédula de identidad N° \-3.795.820, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (3) años, contados a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Notifíquese al interesado.

Comuniquese a la Alcaldía del Municipio Independencia del Estado Táchira, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

LOUSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N°01-00- 0 002 9 3 Caracas, 30 SET. 2010

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional dé Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el articulo 122 de la derogada Ley Orgánica de Contraloría General de la República, establecia:

"Una vez firma la decisión de responsabilidad en via administrativa y sin perjuicio del recurso jurisdiccional que pueda interponerse contra esa decisión, la Contraloria remitirá el auto correspondiente y demás documentos al organismo donde ocurrieron los hechos irregulares o en el cual esta prestando servicios el funcionario, para que la máxima autoridad jerárquica, en el término de treinta (30) dias continuos, le imponga sin otro procedimiento, la sanción de destitución.

El Contralor General de la República o la máxima autoridad del de los perjuicios causados, podrá imponer. además, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período no mayor de tres (3) años...

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CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

"(..) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejefcicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de 'veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que mediante auto decisorio de fecha 16 de febrero de 2005, suscrito por la ciudadana LUISA GIOCONDA YASELLI PARES, en su carácter de Auditor Interno del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, según Resolución No. 308 de fecha 22 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.053 de fecha 28 de octubre de 2004, declaró la responsabilidad administrativa, del ciudadano RAÚL ITRjAGO TORO, titular de la cédula de identidad N° V-3.187.450, en su condición de Encargado de Negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, por los hechos siguientes:

PRIMERO: Por haber procedido a la apertura de las cuentas destinadas a remuneraciones de personal (partida presupuestaria 401) y gastos de funcionamiento (partida presupuestaria 402) correspondientes al ejercicio presupuestario 1999, con recursos provenientes de ingresos percibidos por la unidad por concepto de los alquileres de las Embajadas de Turquía, Panamá y Agregaduria Militar, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1998 por la suma de veinticuatro mil dólares (U.S.$. 24.000.oo) y cuatro mil dólares (U:S.$. 4.000,oo), ambos ingresos correspondientes al ejercicio presupuestario _1998, no obstante posteriormentefueron reintegrados al Tesoro 'Nacional al recibir los recursos del Nivel Central en febrero de 1999. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 articulo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 22 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

MIL PESOS MEXICANOS ($ 2.000,oo) al encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana deVenezuela en México en fecha 10 de febrero de 1999, a los fines de sufragar gastos sociales, según consta recibo de la misma techa, y al respecto no existe evidencia del reintegro del mismo. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, supuesto generador de responsabilidad administrativa que mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en el numeral 22 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 16 de febrero de 2005, por la cual se declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano RAÚL ITRIAGO TORO. titular de la cédula de identidad N° V-3.187.450, quedó firme en via administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Con:rol Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilicad administrativa, se conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos irregulares, en concordancia con el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y del artículo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano RAÚL ÍTRIAGO TORO, titular de la cédula de identidad N° V-3.187.450. la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de TRES (03) AÑOs, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Notifiquese al interesado.

Comuniquese al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a su Unidad de Auditoria Interna, al Consejo Nacional Electora y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Vice Ministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo.

CúmplaRARPalquese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 00029 9 Caracas, 30 SFT.201

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

"(..) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 17 de agosto de 2009, suscrito por la ciudadana VILMA GUTIÉRREZ MELÉNDEZ, en su carácter de Auditor Interno (I) de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), según Decisión N° SD-7.971/2009 de fecha

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29 de mayo de 2009, emanada del Directorio de dicha Corporación.

constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano EDUARDO ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-10.684.170, en su condición de Analista III, adscrito a la División de Administración de Personal de la Oficina de Recursos Humanos de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), para el ejercicio fiscal 2003, por el hecho siguiente:

Por haber empleado fondos públicos por la cantidad de Bs.4.456.000,00 (actuales Bs.F. 4.456,00) destinados para saldar obligaciones derivadas de la relación de trabajo que tenía CORPOZULIA con sus trabajadores, en un fin distinto al cual estaban destinados, al manipular el medio magnético contentivo de los listados que indican los montos a cancelar al personal de CORPOZULIA, por concepto de retroactivo de cesta ticket enero 2002 a junio 2003, bono único retroactivo al 01 de julio de 2003 y cesta ticket efectivo mes de julio de 2003, toda vez que cambió el número de cuenta 0134-0427- 53-4275021577 de Banesco Banco Universal C.A., cuyo titular es el trabajador Gustavo Cárdenas, logrando desviar el depósito de los montos por Bs. 2.663.940 (actuales Bs.F. 2.663,94), Bs. 1.600.000,00 (actuales Bs.F 1.600,00) y Bs. 192.060,00 (actuales Bs.F 192,06), respectivamente, a su cuenta personal. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, subsumible dentro del tipo previsto en los numerales 21 y 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 17 de agosto de 2009, por la cual se declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano EDUARDO ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-10.684.170, quedó firme en via administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009.

para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria- de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el articulo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano EDUARDO ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V-10.684.170, la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un perlodo de QUINcE (15) AÑOs, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Notifiquese al interesado Infórmese a la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA). a su Unidad de Auditor la Interna, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.

Cúmplase y publiquese, RUSSIÁN UZCATEGUI eneral de la Répública

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 800247 Caracas, 2'5 AGO. 2010 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su artículo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

7.

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 16 de marzo de 2006, suscrito por la ciudadana ISABEL RAMOS MILANO, en su carácter de Directora (E) de Auditoria Interna de la Universidad de Carabobo, según consta en la Resolución de fecha 04 de agosto de 2003, emanada del Consejo Universitario y en uso de la atribución prevista en el artículo 26, literal F del Reglamento del Sistema de Control Interno de la referida Universidad, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa de la empresa RED ASESORES, C.A., representada por el ciudadano DAMIAN O DEL. VESCOvO, titular de la cédula de identidad N° V-4.867.127, en su condición de Presidente, por el hecho siguiente:

ÚNICO: Por haber otorgado Carla Aval N°00153481 de fecha 19 de agosto de 2002, en su condición de Administradora Técnica del Plan Administrado de Salud de la Universidad de Carabobo, por un monto de Bs. 5.500.000,00 actuales Bs.F. 5.000.00, a favor del Centro Policlínico Valencia C.A., para realizar una intervención quirúrgica consistente en la colocación de banda gástrica (Gastroplastía) por laparoscopia, como tratamiento para la obedecidad, evento que estaba expresamente prohibido en el punto 2 de la Cláusula Séptima de las Condiciones Generales que rigieron el Plan Administrado HCM de la Universidad de Carabobo para el año 2002, época en que se realizó la operación en cuestión. La situación antes plasmada, constituye un supuesto generador de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el numeral 23 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 16 de marzo de 2006, por la cual se declaró la responsabilidad acministrativa de la empresa RED ASESORES, C.A. representada por el ciudadano DAMIAN O DEL

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VE8cOvO, titular de la cédula de identidad N° V-4.867.127, quedó firme en vía administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscai, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del illcito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento, imponer al ciudadano DAMIAN O DEL VESCOVO, titular de la cédula de identidad N° V-4.867.127, en su carácter de de Presidente de la empresa RED ASESORES, C.A., la sanción de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de UN (01) AÑO, contado a partir de la notificación de la presente resolución.

Notifíquese al interesado.

Infórmese a la Universidad de Carabobo, su Dirección de Auditor la Interna, al Registro Nacional de Contratistas y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planifcación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.

ry publquese.

CLHOSBAYDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI :ntralor General de la Repúbllca

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 91-00r80283 Caracas, 10 SET. 2010

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República

CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contralorla General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad dei ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que mediante auto decisorio de fecha 25 de mayo de 2007, suscrito por el ciudadano HERNAN ROSAS, en su carácter de Auditor Interno de la Compañía Autónoma de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano ANGEL RAMIRO RAMÍREZ ALTUVE, cédula de identidad N° V-5.680.949, en su condición de Inspector de las obras mantenimiento de pico y poda del circuito de distribución "Río Frio" y, mantenimiento de pica y poda del circuito de distribución "El Milagro", ambas del año 2005, localizadas en el estado Táchira, por los hechos siguientes:

PRIMERo: Por haber conformado con su firma el Acta de Terminación de fecha 12 de agosto de 2005, conjuntamente con representantes de la Cooperativa "Inge-Arq-Tur 847 R.L.", referida a la terminación total de los trabajos "Mantenimiento de Pica y Poda Circuito de Distribución Río Frio". perteneciente a los Municipios Torbes y Fernández Feo del estado Táchira, reflejando que en su carácter de Inspector de la Obra, procedió a realizar la inspección general de la misma y encontrándose total y satisfactoriamente terminados a juicio de los representantes de la Empresa aceptaron la terminación de los trabajos; para luego detectarse a través de la evaluación de auditoria respectiva que verdaderamente no habían sido concluidos en su totalidad. Obedeciendo dicha designación al hecho de que en virtud de to dispuesto en el Manual Descriptivo de Cargos del área operativa de la empresa, el cargo de Jefe de Línea Foráneo, comprende dentro de una de sus funciones, la siguiente:

"Inspeccionar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas por contratistas, con el fin de constatar el trabajo realizado, comparándolo con lo estipulado en el contrato inicial, para informar al supervisor inmediato".

Esta situación generó el pago del monto de la contratación, esto es, NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs.

9.044.206,09) o su equivalente a Bs. F. 9.044,21. cuando en realidad lo efectivamente ejecutado ascendía a la cantidad de SEiS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA BOLIVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.

6.787.990,36) 6 Bs. F. 6.787,99, arrojando una diferencia entre lo pagado y no ejeCutado de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE BOLIVARES (Bs.

2.256.215,73) equivalente a Bs. F. 2.256,21, pago en exceso que fue resarcido por la Cooperativa.

SEGuNDo: Por haber conformado con su firma el Memorándum N° 21319-8000.s/n de fecha 04 de diciembre de 2005, donde el Jefe del Distrito Técnico La Pedrera, en su condición de supervisor inmediato del Tco. Ángel Ramiro Ramírez Altuve y como inspector debidamente designado para la inspección. y verificación de los trabajos de "Mantenimiento de Pica y Poda de los Circuitos de Distribución El Milagro", contratada con la Cooperativa "Humbol 32165 R.L." le requiere información respecto de la inspección realizada por el mencionado ciudadano al Circuito de Distribución El Milagro, expresando que ya fue ejecutada en su totalidad según el diagnóstico, dando el visto bueno al Memorándum ya citado; para luego detectarse a través de la evaluación de auditoria respectiva que verdaderamente no hablan sido concluidos en su totalidad. Más aún, se observa que a través de la Minuta de Reunión S/N de fecha 22 de febrero de 2006, el ciudadano en cuestión realiza un replanteo de la obra ya culminada con el representante de la cooperativa Humbol 32165 R.L., de donde se desprende que efectivamente informó la culminación total de los trabajos sin estar realmente ejecutados en su totalidad, comprometiéndose la Cooperativa a resarcir todas las diferencias pertinentes. Obedeciendo dicha actuación al hecho de que en virtud de lo dispuesto en el Manual Descriptivo de Cargos del área operativa

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de la empresa, el cargo de Jefe de Linea Foráneo, comprende dentro de una de sus funciones, la sigulente: "Inspeccionar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas por contratistas, con 'el fin de constatar el trabajo realizado, comparándolo con lo estipulado en el contrato inicial, para informar al $supervisor inmediato".

Esta situación generó el pago de la totalidad del monto de la contratación, esto es, TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 13.676.484,18) equivalente a Bs.

F. 13.676,48, cuando en realidad lo efectivamente ejecutado ascendla a la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 5.190.255,17) 6 B&. F. 5.190,25, arrojando una diferencia entre lo pagado y no ejecutado deOCHO MILLONESCUATROCIENTOSOCHENTAYSEISMIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON UN CÉNTIMO (Bs.

8.486.229,01) equivalente a Bs. F. 8.486,23, pago en exceso que no llegó a producirse en virtud de la auditora que fue practicada.

Las situaciones antes expuestas, son generadoras de responsabilidad administrativa de conformidad con lo establecido en el articulo 91 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 25 de mayo de 2007, por la qual se declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano ANGEL RAMIRO RAMIREZALTUVE, cédula de identidad N° 5.680.949, quedó respecto a él firme en via administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, imponer al ciudadano ANGEL RAMIRO RAMÍREZ ALTUVE, cédula de identidad N° V-5.680.949, la sanción de INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS, por un perlodo de CINCO (5) AÑOS, contado a partir de la fecha de ejecución de la presente Resolución.

Notifiquese al interesado.

Infórmese a la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), a su Unidad de Auditoria Interna, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 0°00310 Caracas, 30 SET. 2010 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Que en fecha 1° de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1° de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilicito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (...) e imponer.

atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 21 de mayo de 2009, suscrito por el ciudadano FRAMNY RAFAEL PARANA ORSINI, en SU carácter de Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Cojedes, según Resolución N° 017-C de fecha 30 de marzo de 2006, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano ALEXIS ENRIQUE ORTÍZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.324.841. en su condición de Procurador General del Estado Cojedes, por los hechos siguientes:

PRIMERO: Por haber afectado, especificamente de forma indebida los ingresos percibidos, según Punto de Cuenta de fecha 15 de febrero de 2006, por concepto de cánones de arrendamiento de cuatro (4) locales comerciales. propiedad del Estado Cojedes, correspondiente a los meses de Octubre y Diciembre del año 2005 y el mes de marzo del año 2006.

por la Cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 2.846.000,00), equivalente a DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA SEIS BOLIVARES FUERTES (BS. F.

2.646,00), con el fin de atender:el pago por concepto de adquisición de equipos de computación, sin enterar los al tesoro del Estado Cojedes.

Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad cort lo establecido en el numeral 11 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

SEGuNDO: Por haber actuado de manera omisiva, retardada, negligente e imprudente en la preservación y salvaguarda de los ingresos percibidos por concepto de cánones de arrendamiento de cuatro (4) locales comerciales, propiedad del Estado Cojedes, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2006, por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 882.000,00), cada Un0;

eQUiVaIenteS a OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. 882,00): asi como de un (1) local distinguido con la letra "B", que forma parte del inmueble, ubicado en la Troncal oos, Sector Los Colorados I, en San Carlos, Estado Cojedes, correspondientes a los meses de agosto hasta diciembre de 2006, por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), equivalente a CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 50,00). cada unO; por cuanto no procedió a enterar dichos ingresos al Tesoro del Estado Cojedes, sino que por el contrario, algunos fueron retenidos y otros depositados indebidamente. en la cuenta N° 01330504851600002781 del Banco Federal. cuyo titular es la Procuraduria General del Estado Cojedes, con lo cual se incumplió io establecido en los articulos 33 y 34 (numerales 5 y 7) y 41 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición Extraordinaria N° 67 de fecha 21 de enero de 1999. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el

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numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistera Nacional de Control Fiscal.

TERCERO: Por haber suscrito a favor de Super Autos Carabobo C.A., la Orden de Compra sin número de fecha 13 de diciembre de 2006 y la Orden de Pago N° 445-A de fecha 06 de octubre de 2006, mediante las cuales se adquiere un vehículo, Marca CHEVROLET, Modelo Trail Blazer 4x2 T/A C/STAR; Clase Camioneta; Tipo Sport Wagon; Año 2007; Placa PAN-61M; Serial Carrocería 8ZNDS13S87V324541; Serial Motor 87V324541: Color Gris Camberland, por la cantidad de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 86.867.000,00), equivalentes a OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES FUERTES (BS. F.

86.867,00), con inobservancia total al Procedimiento de Licitación Selectiva, previsto en el articulo 72, numeral 1 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 21 de mayo de 2009, por la cual se declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano ALExiS ENRIQUE ORTIZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.324.841, quedó firme en vía administrativa en virtud de no haber interpuesto el Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 112 de su Reglamento. imponer al ciudadano del ciudadano ALEXIS ENRIQUE ORTÍZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.324.841, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de Cinco (5) Años, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Notifiquese al interesado.

Comuniquese a la Procuraduria General del Estado Cojedes, a la Contraloría del Estado Cojedes, al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

AQIAAI.

RUSSIAN UZCÁTEGUI Geral de la Ropública

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 01-00- 000311 30 SET.2010 Caracas.

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República CONSIDERANDO Que en fecha 1º de enero de 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República :

Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, la cual en su articulo 127 deroga la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del 13 de diciembre de 1995.

CONSIDERANDO Que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistama Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 2002, establece que:

"(...) Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilicito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un periodo no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable (..) e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años (...)".

CONSIDERANDO Que en auto decisorio de fecha 21 de mayo de 2009, suscrito por el Ciudadano FRAMNY RAFAEL PARANA ORSINI, en Su carácter de Director de Determinación de Responsabitidades de la Contraloria del Estado Cojedes, según Resolución N° 017-C de fecha 30 de marzo de 2006, emanada del Despacho de la Contraloria del Estado Cojedes, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano GUSTAVO DAVID ESCOBAR AGUIRRE, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 13.182.219, en su condición de Director de Administración y Finanzas de la Procuraduria General del Estado Cojedes, por los hechos siguientes:

PRIMERO: Por haber actuado de manera omisiva, retardada, negligente e imprudente en la preservación y salvaguarda de los ingresos percibidos por concepto de cánones de arrendamiento de cuatro (4) locales comerciales. propiedad del Estado Cojedes, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2006, por la cantidad de OCHOCIENTOs OCHENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 882.000,00). cada uno;

equivalentes a OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 882,00); así como de un (1) local distinguido con la letra "B". que forma parte del inmueble, ubicado en la Troncal 005, Sector Los Colorados I. en San Carlos, Estado Cojedes, correspondientes a los meses de agosto hasta diciembre de 2006, por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), equivalente a CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 50,00), cada unO; por cuanto no procedió a enterar dichos ingresos al Tesoro del Estado Cojedes. sino que por el contrario, algunos fueron retenidos y otros depositados indebidamente, en la cuenta N° 01330504851600002781 del Banco Federal, cuyo titular es la Procuraduría General del Estado Cojedes, con lo cual se incumplió lo establecido en los artículos 33 y 34 (numerales 5 y 7) y 41 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición Extraordinaria N° 67 de fecha 21 de enero de 1999. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

SEGUNDO: Por haber suscrito a favor de Super Autos Carabobo C.A., la Orden de Compra sin número de fecha 13 de diciembre de 2006 y la Orden de Pago N° 445-A de fecha 06 de octubre de 2006, mediante las cuales se adquiere un vehículo, Marca CHEVROLET, Modelo Trail Blazer 4x2 T/A C/STAR; Clase Camioneta; Tipo Sport Wagon; Año 2Q07; Placa PAN-61M: Serial Carrocería 8ZNDS13S87V324541; Serial Motor 87V324541: Color Gris Camberland, por la cantidad de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 86.867.000,00), equivalentes a OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES FUERTES (Bs. F.

86.867,00), con inobservancia total al Procedimiento de Licitación Selectiva, previsto en el artículo 72, numeral 1 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001. Conducta ésta generadora de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que la decisión de fecha 21 de mayo de 2009, por la cual se DAVID ESCOBAR AGUIRRE, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 13.182.219, quedó firme en via administrativa en virtud de no haber interpuesto ei Recurso de Reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

CONSIDERANDO Que de conformidad, con el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema

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Nacional de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará en consideración la entidad o gravedad del ilicito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

RESUELVE De conformidad con to estabiecido en el articulo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el articulo 112 de su Reglamento, imponeral ciúdadano GUSTAVO DAVID ESCOBAR AGUIRRE, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 13.182.219, la sanción de inhabilitación para_el ejercicio de funciones públicas por un periodo de CINco (6) AÑOS, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Notifiquese al interesado.

Comuniquese a la Procuraduría General del Estado Cojedes, a la Contraloría del Estado Cojedes. al Consejo Nacional Electoral y a la Dirección General de Coordinación y Seguimiento adscrita al Despacho del Viceministro de Planificación Social e Institucional del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXVIII-— MES V Número 39.628 Caracas, jueves 3 de marzo de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas- Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta-Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve / http://imprenta.gotdns.org Esta Gaceta contiene 64 Págs. costo equivalente a 26,05 % valor Unidad Tributaria

DE VENEZUELA.

Articulo I2. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos Ios días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Ártículo I3. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

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