Gaceta Oficial N° 39.594
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GACETA
A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO CXXXVIII— MES IV
Caracas, viernes 14 de enero de 2011
SUMARIO
Ministerlo del Poder Popular de Planificación y Finanzas Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan como Administradores Especiales de las sociedades mercantiles que en ellas se indican.
SUDEBAN Resoluciones mediante las cuales se sanciona a los Bancos que en ellas se señalan con multa, por las cantidades que en ellas se mencionan.
Resolución por la cual se interviene a la sociedad mercantil General Rent A Car, C.A., y se designa como integrantes de la Junta Interventora a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se indican.
Resolución por la cual se interviene a la sociedad mercantil Grupo de Inversiones Canarias, C.A., y se designa como Interventor al ciudadano Rafael Moreno Franco.
Resolución mediante la cual se interviene a la sociedad mercantil Servicios Costa Afuera C.A.S.C.A.. y se designa como integrantes de la Junta Interventora a los ciudadanos que en ella se señalan.
Resolución por la cual se designa como responsables de las Unidades Administrativas integrantes de la estructura de la ejecución financiera del Presupuesto de Gastos Correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del año 2011, de esta Superintendencia, a los ciudadanos que en ella se indican. Superintendencia Nacional de Valores Resolución mediante la cual se interviene a la sociedad mercantil Cedel Casa de Boisa, C.A., con cese de sus operaciones propias de mercadeo de valores, y se designa al ciudadano Orangel Godoy interventor de la sociedad mercantil que en ella se señala.
Superintendencia de la Actividad Aseguradora Providencia mediante la cual se sanciona a la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, con multa por la cantidad que en ella se especifica.
Providencia mediante la cual se sanciona a la sociedad Corretaje 76, S.A., con Suspensión por una duración de tres (3) meses. Providencia mediante la cual se sanciona a la empresa C.A. de Seguros Avila, con multa por la cantidad que en ella se menciona.
FOGADE Providencia mediante la cual se designa como integrantes de la Junta Coordinadora del Proceso de Liquidación de Bancoro, C.A. Banco Universal Regional, a los ciudadanos que en ella se mencionan.
Número 39.594
Ministerlo del Poder Popular para la Agricultura y Tlerras INSOPESCA Providencia por la cual se delega en el ciudadano Roberto Luis Díaz Cuéllar, las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se especifican.
INSAI Providencia por la cual se designa al ciudadano Félix Antonio Zambrano, como Director (E) de la Oficina Socio - Biorregión Llanos Centrales, de este Instituto.
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Soclal Resolución mediante la cual se procede a la convocatoria de la Reunión Normativa Laboral para las empresas pertenecientes a la rama de la actividad económica del sector de la industria Químico- Farmacéutica (Laboratorios, Casa de Representación y establecimientos Farmacéuticos) que operan a escala nacional con el objeto de negociar y suscribir una convención colectiva de trabajo.
Ministerio del Poder Popular para Clencia, Tecnología e Industrias Intermedias Resolución mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° 001, de fecha 07 de enero de 2011.
Acta.
IPOSTEL Providencia por la cual se legaliza y autoriza la circulación de Estampillas, destinadas al franqueo de la correspondencia, así como Sobres de Primer Día de Emisión, Tarjetas Postales y Boletines Informativos alusivos al «Proyecto Antártico Venezolano», por las cantidades que en ella se especifican.
Providencia mediante la cual se reestructura la Comisión Permanente de Contrataciones de este Instituto, integrada por los ciudadanos que en ella se señalan.
Procuraduría General de la República Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana María de Lourdes Anchatuña, Gerente General Administrativo, adscrita al Despacho de la Procuradora.
Ministerlo Público Resolución por la cual se crea la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia en materia Contra las Drogas, y con sede en Barquisimeto.
Contraloría General de la República Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Basilio Domingo Jáuregui Salazar, Director Sectorial, en la Dirección de Información y Cooperación Técnica de la Dirección General Técnica de este Organismo, a partir del 17 de enero de 2011.
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MINISTERIQ DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS RESOLUCIÓN N° 2,927 11023N3 200° y 151° En ejeroiclo de les facultades que nne confiere el articulo 22 de la Ley Orgánica Contra le Defíncuencia Organizada, articulos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y articulo 2 numeral 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popuiar para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio
República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Ofcial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por Intorpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
Articulo 1. Designar a los CUdadanos, ANIBAL ESPEJO, RAMON GARCtA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS, Y ADRIANA TARIBA LIRA, ttuIaRES de las Cédulas de Identidad Nos. 6.976.841; 10.623.637, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, cono administradores espedales de la socledad mercantil AGROPECUARIA PUERTO MIRANDA, C.A., origina Imente registrada en fecha 20 de junio de 1995, ante el Registro Mercanti del Estado Guarico, bajo el N° S6 del Tomo 19-A y sus correspondientes activos, relacionadas o vinculadas con la identificada empresa o con el cudadano RICARDO FERNANDEz BARRUECOS, ttular de la Céilula de Idenbdad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular pare la Agricultura y Tierras.
Articulo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas necesarias pera la custodia, conservación y administración de la empresa y Sus conespondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren devtruyan, y presentar en la oportunidad que se les roquera, informes sobre todas las gesuones y actuaciones realizadas ante el Minastro del Poder Popular du Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, Incamento u orden del Minstro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 4. Las medauas para la custodia, conservación y adminstración de la einpresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y Judiciales, praclicados por los órganos y entes competentes de la Administración Pública Nacional.
Articulo S. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier daigencia o actuapón frente al Juzgado Undócimo en Funcones de Control del Tribunal de Conbol del Área Metiopoltana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Manisteno Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Artíaulo &. Los administauores especiales, cu aras de cumplir con todas las nieddas necesarias para la custodia, conservadón y adininistración de las enupresas y sus correspondientes activos, podrán requeer 1a colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Adinunestración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y l:gal de brindarsela.
ArtiCulO 7. LaS CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LaA, antes identificadas, ejercerán La administración especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionados a esta.
Articule &. Se modifica la Resolucon. N° 2.737 de fecha 31 de agosto se 2010 puocada en la Gaceta Ohcial de la Republica Bolrvanana de Venezuela Ao 39.499 de 0102 ap ogde ap 18 upay La presente Resolución tendrá vigenda a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
Ministro del Poder Popular de Planlßlgaciónoy Fianzas EL MWISTRO
RESOLUCIÓN N° Z.A2B 13 ENE 2011 200° y 151° En ejercido de las facultades que me conlere el artículo 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencla Organizada, articulos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículo 2 numeral 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se del Poder Popular para Economía y Fnanzas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolvarlana de Venezucla Nº 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Ofcial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de inarzo de 2010 y, en atanción al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, dei Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Area Metropoltana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantics y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, ttular de la Cédula de Identidad N° 9.09s.496, actuando en nombre proplo o por Interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelve:
ArticuIo 1. Designar a los OUdadanos, ELSA CAROLINA SANDOVAL DÍAZ, FLOR DE LIBERACIÓNCASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, titUlareS de las Cédulas dc Identidad Nos. 14.271.868, 10.505.918 y 8.614.317 respectivamente, como adnunistredores especiales de la sociedad nercantl VEnARRoz R.S.A., C.A, (Poriuguesa); originalmente registrada en fecha 1º de febrero de 2000, ante el Registro Mercantil Segundo de la Grcunscripción Judiolal del Estado Portuguesa, bajo el Nº 67 del Tomo 85-A y de sus correspondientes activos, relacionados o vinculados con ttular de Ia Cedula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM- MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio de4 Poder Popular para la Agricullura y Tierras.
Articulo 2. Losadministradores espedales deberán tonartodas las medidas necesanas para la custodia, consenvacón y administración de la empresa y sus n ck:struyan, y presentar en la oportunidad que se le requiera, informes sobre todas las gusuones y actuaciones realizadas anle el Ministro del Poder Popular de Planficación y Finanzas.
Articulo 3. tos administradores espedalos deberán acatar cualquier Instrucción, lineamiento u orden del Minestro del Podes Popular de Planificación y Finanzas.
Artlculo 4. Las medidas para la custodia, conservaoón y administración de la empresa y sus correspondientes actos, ro menoscaban ni lesionan, todas aquellas niedidas que se hayan derivado de procedimientos adiministrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Admerstración Pública Nacionat.
Articulo s. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier vigencia o actuación frente al Juzgado Undécinto en F'unciones de Control del Inbunal de Control del Árca Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Hinisterio Público y cualquier olro órgano u ente que tenga +dación diec.ta con la medida acordada.
Asticulo 6. Los udmuwstradre, espeales, en aras de cunyper con dudas los medidas n r e n r e correspondientes activos, podrán ruquere la colaboración y cooperación de los órganos y ente de Li Aimnstración Pubica, quienes estarán en la obligación constitucional y kyal de brindiselo.
ArtICU O 7. LOS CTUCRUDIU> FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIma LIRA, untes idenbicadas, eguran ta aduunsiración especial y custodia de les activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Auticulo 8. Se modifica la Resulucón, Nº 2.738 de fuchu 31 du ayosto de 2010 p bicude en la Caccta Ofiaul de la República Bolivanana de Venezuea No 39.199 de echa 31 de agente de 2010.
página original (tal como se publicó)

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La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
y FInanzas DESPACHO F1
RESOLUCIÓN N° 2.29 13 ENE. 2011 200° y 151° En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 22 de la 1 ey Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, articulos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública" y articulo 2 numeral 35 del Decrcto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se del Poder Popular para Economía y Finanzas, publicado en la Gaccta Ofical de la República Bolivanana de Venezuela No 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decreló Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercanbles y los activos donde el Ciudadano RICARDO FERNÁNDF.Z BARRUECOS, btular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por Interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
Artículo 1. DeSIgnar a los CiUdadanoS, MARIBEL ZAMBRANO, RICARDO MORENO, ZULEYMA AZUAJE, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS Y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 11.164.271; 14,282.837, 9.682.839, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sociedad mercantil FEXTUN FABRICA DE EXQUIsITECES DE ATÙN, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, cn fecha 12 de Julo de 201, bajo el Nº 61 del Tomo 13-A Sdo, y sus correspondientes activos, relacionadas o vinculadas con lu dentificada empresa o con el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Articulo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas necesanas para la custodia, conservación y administrador de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se las requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier Instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administradión Pública Nadonal.
Articulo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier diligencia o actuación frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa conla medida acordada.
necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y enles de la Administración Publica, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArtíCulo 7. LaS CIUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Artículo 8. Se modifica la Resolución, Nº 2.739 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaoeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partr de la fecha de su emisión.
Comuniquese y publíquese.
JORGÈ A. STORDANI.C-.
Finanzas DEL
RESOLUCTÓN N°_2.930 13FNE 2011 200° y 151* En ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 22 de la Ley Orgánica Contra la Dehncuencia Organizada, articulos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valar y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y articuio 2 numeral 35 del Ducreto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministeno del Poder Popular para la Planaficación y Desarrollo y el Ministerlo del Poder Popular para Economía y Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Cuntrol del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el CiUdadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, Utular de la Cédula de Identidad n° 9.095.496, actuando en nombre propio o por tipo de participación, resuelvo:
Artculo 1. Designar 8 Ios CiUdadanOs GABRIEL GIL, JUAN CARLOS VILLEGAS, NESTOR QUEVEDO, YULIMAR DUDAMEL, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, titularES de las Cédulas de 1dentidad Nos. 7.984.842; 12.030.795; 13.665.388; 15.213.036;
10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales y representantes en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, de las acclones del Cludadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, arriba Identuficado, en la sOcicdad mercanúl MOLINOs NACIONALES, C.A.
(MOnAcA), originalmente inscrla por ante el Registro Mercanti de 1a Primera Carcunsoripción del Estado Carahobo, en fecha 25 de mayo de 1956, bajo el N° 30, Tomo 16-A, posteriormente por cambio de domicilo al actual, en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Eslado Carabobo, de fecha 07 de sepliembre de 1979, bajo el N° 23, Tomo 85-8, y por refundición de su documento constitutivo estatutario en e: Registro Mercantil Tcrcero de la misma circunscripción, en fecha 07 de enero de 1988, bajo el n° 31, Tomo 12-A, y de sus correspondientes activos, relacionados o vinculados con la Identifcada empresa, o con el Ciudadaro RICARDO FERNANDEZ BARRuECos, titular de la Cédula de Identidad No 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agncultura y Tierras.
Articulo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de la errpresa y sus correspondientes ac'tivos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, debiendo presentar en la oportunidad que se le requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificacón y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Pianificación y Finanzas.
Articulo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de l3 empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban nt lesionan, bodas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, pracucados por sos órganos y entes competentes de w Administraclón Pública Nacianal.
Articulo 5. Los administradores especiales tienen plenas Pan:ultades y poderes para realizar cualquier diligenoa o actuación frente ai Juzgado L'décimo en Funciones de C'onrul del Tribunal de Control del Area Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga retaonn directa con la medida acordada
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Articule 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboradón y cooperación de los órganos y entes de la Administración Públlca, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArticUlO 7. LaS CUdadanaS FLOR DE LISERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TAtmA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Artículo 8. Se modifica la Resolución, N° 2.740 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gacsta Ofical de la República Bollvartana de Veneruela N° 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resoluclón tendrá vigenda a partir de la fecha de su emisión.
Comuniquese y publiquese.
JORGE A. ORDMC .
RESOLUCIÓN M° 2.931 '13 ENE2011
200° y 151° En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículo 2 numeral 35 del Decreto Aº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sooledades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, ttular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre proplo o por interpuestas personas sean resuelvo:
Articulo 1. DesIgnar a los dudadanos, CAROLINA URTEAGA, J05È RODRIGUEZ, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS Y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares delas Cédulas de Identidad Nos. 22.328.760, 9.482.718, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sociedad mercantil PROTÉCNICA, CA., inscrita ante el Registro Mercanúl Segundo de la Circunscripción Judidal del Estado Portuguesa, en fecha dieciocho (18) de enero del 2007, bajo el N° 72, tomo 209-A o de sus: correspondientes activos, relacionados o vinculados con el dudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/0.001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Artículo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, debiendo presentar en la oportunidad que se le requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articule 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes acivos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administración Pública Nacional.
Artículo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier diligencia o actuado frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropoltana de Caracas y cualquier otra Instancia penal competente, ante el Ministerlo Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Artícuto 6. Los administradores especiales, en aras de cumpllr con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Admánistradión Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArticuIo 7. LaS CIUdadanas FLOR DE LEBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administrador especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Artículo 8. Se modifica la Resolución, Nº 2.741 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Ofictal de la República Bolivariana de Venezuaia No 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigenda a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
Ministro del Poder Popula de Pienficadn finanzas DESPACHO 130
RESOLUCIÓN N° 2992 13 ENE 2011 200° y 151° En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 22 de la Ley Orgánica Contra la Dellncuencia Organizada, artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículo 2 numeral 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusonan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de dicembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde ef ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, ttular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
Articulo 1. Designar a IoS CiUdadanos CAROLINA URTEAGA, VICTOR BARRIOS, SOL JIMÉNEZ, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS Y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares de las Cédulos de Identidad Nos. 22.328.760, 12.244.340, 12.026.640, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la SOCiedad ITeYCantil ALMACENES Y TRANSPORTES CEREALEROS A.T.C., C.A., y de t.. correspondientes activos, relacionados o vinculados con el cudadano RicaRdo FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cedula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N" DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio dul Poder Popuiar para la Agricullura y Tierras.
Articulo 2. Los adnunistradores especiales deberán tomar todas las mechdas necesanas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, delerioren ses'ruyin, debiendo presentar en la oportunidad que se le requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los adnunistradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, uneamiento u orden du! Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
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Articulo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administración Púbica Nacionai.
Artículo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier diligenda o actuación frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra Instandia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Artículo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administradón Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArtiCuIO 7. Las CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LERA, antes Identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las reladonadas a esta.
Articuio 8. Se modifica la Resoludón, Nº 2.742 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigenda a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
y
DESPACHO OEL MIMICTDA
RESOLUCIÓN N° 2.953 13 ENE 2811 200° y'151° En ejerddo de las facultades que me confiere el artículo 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuenda Organizada, artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y articulo 2 numeral 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificadón y Desarroilo y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, publicado en la Gaceta Ofidlal de la República Bollvariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en alendión al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undédimo en Fundlones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZBARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad IN° 9.095.496, actuando en nombre propio o por interpuestas personas sean estas naturales o juridicas y en las que lenga algún tipo de particlpaclón, resuelvo:
Articulo 1. Designar a los Ciudadanos, ANIBAL MANUEL BARRAGAN FIGUEROA, JORGE ANTONIO MOLINA CASTILLO, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.
6.990.567, 12.262.152, 10.505,918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores espedales de la sociedad mercanti cor PoraciòN AGROPECUARIA INTEGRADA CAICA, C.A., Originalnente inscrita en el Registro Mercanti Primero de la Crcunscripdón Judicial del Estado Anzoátegui, de fecha 05 de abri de 1990, bajo ef N° 50, Tonvo A-16, ahora inscrita en el Registro Mercantil de la Crcunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 29 de octubre de 1997, bajo el No · 54 del Tumo 9-A, siendo su última modificación estatutaria Inscrita ante el citado Registro Mercantil det Estado Cojedes, en fecha 24 de noviembre de 2006, bajo el Nº 63, Tomo A, Protocolo 10 y sus correspondientes activos, relacionadas o vinculadas con la denlihcada empresa o con el dudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, Utular de la Cédula de Identidad Nº 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O- 001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular pará la Agricultu: a y Tierras.
Articulo 2. Los administradores espedalesdeberán tomartodas las medidas necesarias para la custodia, conservadón y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, Informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Artieule 3. Los administradores espedales deberán acatar cualquier Instruccdión, lineamiento u orden del Minisbro del Poder Popular de Pfanificación y Finanzas.
Articalo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administradión Pública Nadional.
realizar cualquier diligenda o actuación frente al Juzgado Undécimo en Fundlones de n n e Instancla penal competente, ante el Mínisberio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Articulo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservadón y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administradión Pública, quienes estarán en la obligación constitudonal y legal de brindársela.
ArtÍcalO 7. LaS CIUCadaNaS FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TAuRumiA LERA, antes identificadas, ejercerán la administración espedal y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Articuale 8. Se modifica la Resoludión, Nº 2.743 de feche 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Ofical de la República Bollvarlana de Venezuela Nº 39.499 de La presente Resoludión tendrá vigenda a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
9Finanzas DESPACHO
RESOLUCIÓN N° 2.93A 13 ENE 2811
200º y 151°
la Delincuenda Organtzada, articulos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículo 2 numeral 35 del Decreto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, medlante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerlo República Bollvariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Ofdal de la República Bolivarlana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al ofido N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Fundlones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolrtana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, Utular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por Interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de partidlpadión, resuelvo:
Articulo 1. Designar a Ios CIudadanos, CARIOS EDUARDO RIVERA, MANUEL MONTILLA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS Y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 15.283.399; 16.383.682, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sociedad mercanti VEmARroz R.S.A., C.A, (Guárico); originalmente registrada en fecha 1° de febrero de 2000, ante el Registro Mercantß Segundo de la Crcunscripción Judiclal del Estado Portuguesa, bajo el Nº 67 del Tomo 85-A y sus correspondientes activos, relacionadas o vinculadas con la identificada empresa o con el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.095.496, en atención
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a la comunicación N° OM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tlerras.
Articulo 2 Los administradores espedales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterloren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, Informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores espedales deberán acatar cualquier Instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificaclón y Finanzas.
Artícuto 4. Las medidas para la custodla, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y Judiclales, practicados por los órganos y entes competentes de la Admínistradón Pública Nacional.
Articulo 5. Los administradores especiales tenen plenas facultades y poderes para realizar cualquier diligenca o actuado frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolltana de Caracas y cualquier otra Instanca penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medio acordada.
Artículo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservadón y administrador de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperadón de los órganos y entes de la Administración Pública, quienes estarán en la obligación consblucional y legal de brindársela.
Artículo 7. Las CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los activos bancarlos de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Artículo 8. Se modifica la Resolución, N° 2.744 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resoludón tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
JORGE.
de PlanificacióryFinanzas Ministro dei Poder Populaf
13 ENE2011 200° y 151* En ejercicio de las facultades que me confiere el artícuto 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y articulo 2 numeral 35 del Decreto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificadón y Desarrollo y el Ministerio
República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atendón al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por Interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
Articulo 1. Designar a Ios CiUdadanos, FREDDY ESCALONA, JOSÈ URQUIOLA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS Y ADRIANA TARIBA LIRA, titUlareS de las Cédulas de Identidad Nos. 4.918.273; 12.206.151, 10.505.918 8.614.317, respectivamente, como administradores espedales de la sociedad mercantil HACIENDA EL GUACHE, C.A., originalmente registrada en fecha 13 de febrero de 2006, ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, bajo el Nº 38 del Tomo 7-A y sus correspondientes activos, relacionadas o vinculadas con la Identificada empresa o con el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, en atendón a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01- 2011, emanada dei Ministerio del Poder Popular para la Agricuftura y Tierras.
necesarias para la custodía, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, Informes sobre todas Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores espedales deberán acatar cualquier Instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administración Pública Naclonal.
Artículo S. Los administradores espedales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier diligencia o actuado frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropoltana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Ministerio Púbhco y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Articulo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de fos órganos y entes de la Administración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArtiCulO 7. Las CiUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administraciónespecial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Articuio 8. Se modifica la Resolución, N° 2.745 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuniquese y publíquese.
JORGE A #ORDANI C.
Ministro del Poder Popukade.Planificación Finanzas
MNINV RESOLUCIÓN N° 2.936 13 ENE 2011 200° y 151° En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y articu!o 2 numerai 35 del Decreto, N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDo FERNÁNDEZ BARRuECoS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
Articulo 1. Designar a los CiUdadanos, ELMIS CAMACHO, RENI SUAREZ HIDALGO, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA
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LERA, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 15.072.924, 18.558.518, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sOdedOd mErCANtI "PRODUCTOS Y FINANCIAMTENTOS AGRICOLA PROFzinCA, CiA., Inscrita por ante el Registro Mercantl VI de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha: i2 de noviembre de 2002, bajo el N° 13,- Tomo 309-A-VII, y de sus comrespondieates activos, relacionados o vinculados con la identificada empresa o con el ciudadano RICARDO FERNANDEZ : BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Migisterio del Poder Popular para la Agricuftura y Tierras.
Artículo 2. Los administradores especlales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administrador de la Empresa. y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterloren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, informes, sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificadón y Finanzas.
Artículo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Pianificación y Finanzas.
Articulo 4. Las medidas para la custodia, conservadón y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas. aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administradón Pública Nadona!.
Artículo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes pera realizar cualquier diligencia o actuación frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra Instancia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier obro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Artículo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para, la custodia, conservadón y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administradón Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArtÍculO 7. Las CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes Identificadas, ejercerán la administrador especial y custodia de los activos bancarlos de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
- Artículo 8. Se modifica la Resolución, N° 2.746 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
U0A JORGE A.PLORDANI.C.
Ministro del Poder Popula de'Prapincagión Finanzas
RESOLUCIÓN N° 2.A3L 13 ENE. 2011 200° y 151° En ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuenca Organizada, articulos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administracón Púbica, y artículo 2 numeral 35 del Decreto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarroilo y el Ministeno del Poder Popular para Economía y Finanzas, publicado en la Gaceta Oficiai de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Ofical de la República Bolivaniana de Venezuela Nº 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Arpa Metropolitana de Caracas, que decreto Medidas Preventivas de Aseguramiento de Blenes, sobre todas las sodedades mercantiles y los acivos donde el cludadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, Utular de la Céduta de IdentIdad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por Interpuestas personas seen estas naturales o jurídicas y en las que tenga alguna tipo de participación, resuevo:
Articule 1. Dêsignar a Ios Cudadanos, CARLOS EDUARDO RIVERO, MEGUEL ANGEL CARPIO, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILILO ROJAS Y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares de las Cédulas de Identidad Nós. 15.283.399, 12.447.518, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como. administradores espedales de la sodedad mercantil VinArirOz (R.S.A., C.A, "Planta Molva" (Portuguesa); originalmente protocolizada en fecha 1º de febrero de 2000, ante el Ragistro Mercartil Segundo de la Circunsaripdón n n tn s activos, relacionados o vinculados con la identificada empresa o con el -cludadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, Utular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerlo del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Artículo 2. Los administradores espedales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservadóni y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se altar en, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, Informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Populer de Planificadión y Finanzas.
Artículo 3. Los administradores especleles deberán acatar cualquier Instrucción, Iineamlento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificadón y Finanzas.
Artículo 4, Las medidas para la custodia, conservadón y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administración Pública Nacional.
Artículo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier diligencia o actuación frente al Juzgado Undédmo en Funclones de Control del Tribunal de Controi del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Ministerio Público y cuaiquler otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Articulo 6. Los administradores espedales, en aras de cumplir con todas las medidas correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Adninistración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
Artículo 7. Las CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes Identifcadas, ejercerán la administración espedal y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las reladonadas a esta.
Artículo 8. Se modifica la Resoluclón, Nº 2.747 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gacela Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuniquese y publíquese.
JORČE . ORDANI.C
RESOLUCIÓN N° 2.928_ 3 3 ENE 2011 200° y 151° En ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 22 de la Ley Orgánica Contra la [delincuencia Organizada, articulos 62 y 77, numerales 19 y' 27 del Decreto con Rango. Valoi y Fuerza de Ley O:gánica de la Administración Pública, y articulo 2 numeral 35 del Decieto N° 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para ta Planficación y Desarrcilo y el Ministerio dei Poder Popular para Economía y Finanzas pub' cado en la Caceta Oficral de la Repúbica Bolivariana de venezuela N° 39.358 de fecha 01 de Icbrcro de 2010 y reimpreso en ta Gaceta Orcial de 1a Repuelica Bolivarana de Venezuela N° 39.377 de
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fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficlo N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y !os activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resueivo:
Articulo 1. Designar a los CiUdadanos, FREDDY ESCALONA, JOSÉ URQUIOLA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, titulareS de las Cédulas de Identidad Nos. 4.918.273, 12.206.151, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sociedad mercantil GANADERIA JENGIBRAL Y ZAPATICO, C.A., InsCrita en el RegIsto MercantI Segundo de la Crcunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 24 de septiembre de 1984, con posterior reforma de sus estatutos sociales, los cuales fueron protocolizados en fecha 21 de marzo de 1985, bajo el N° 112, follos 227 vuelto al 234 frente y de sus correspondientes activos, relacionados o vinculados con la identificada empresa o con el ciUdadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cedula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Artículo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se le requiera, Informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articulo 4, Las medidas para la custodla, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los organos y entes competentes de la Administración Pública Nacional.
Articulo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cuaiquier diligencia o actuación frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Articulo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Adninistración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArticuIO 7. LaS CiUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de lus activos bancanos de la prenombrada einpresa y las relacionadas a esta.
Artículo 8. Se modifica la Resolución, Nº 2.748 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publiquese.
JOREA. #ORDANIC] i yfFinanzas
RESOLUCIÓN N° 2.939 1 3 ENE. 2011 200° y 151° Ens ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 22 de la Ley Orgánca Contra la Delncuencia Organi:ada, artícuios 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Volor y Fuerza de Ley O gánica de la Admen:gtracón Púbica, y articulo 2 numeral 35 del Deo-cto Pº 7 :87 se fecha 19 de ener: 3e 2010. medante el cual se fusionan el Ministerto del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para Eoonomía y Frnanzas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, dal Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participado, resuelvo:
Artículo 1. Designar a Ios Oudadanos, GABRIEL GIL, KARLA ALDANA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, titulAreS de las Cédulas de Identidad Nos. 7.984.842, 1S.885.510, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sociedad mercanbi DEMASECA, C.A., originalmente registrada en fecha 13 de agosto de 1993, ante el 1a Cédula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O- 001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Artículo 2. Los administradores especiales deberán tomar. todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes actos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en ta oportunidad que se les requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Articuio 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Artículo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activas, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes compebenies de la Administración Pública Naclonal.
Articulo 5. Los administradores especiales tienen plenas facultades y poderes para realizar cualquier vigencia o actuación frente al Juzgado Undécimo en Funclones de Control del Tribunal de Contbral del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penai competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con a medida acordada.
Artículo 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, padidán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArtiCulO 7. LaS CIUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los actos bancarios de la premombrada empresa y las relacionadas a esta.
Articulo B. Se modifica ta Resplución, N° 2.749 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Ofical dte a República Bolivarlana de Venezuela N° 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publiquese.
OE RRDANIC..
Ministro del Pusoer Populaf de:Plonificaciórt Finanzas
RESOLACIÓN N° 2.940 13 ENE 2011 200° y 151° En ejercicio de las facultades qe e confiere el articulo 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, astiosdos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Ongánica de la Administración Pública, y articulo 2
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numeral 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planiicación y Desarrllo y el Ministerio
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha .01 de febrero de 2010 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.377 de fecha 02 de marzo de 2010 y, en atendón al oficio I° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undédimo en Fundlones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sodedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, ttular de la Cédula de Identdad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
^ Articulo 1. Designar a Ios CiUdadanos PEDRO CELESTINO CARVAJAL ALVAREZ, JOSE ANTONIO CASTELLANO ORTEGA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, Utulares de las Céduas de Identidad Nos.
6.042.029, 8.773.312, 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradores especiales de la sociedad mercantil INDuSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA C.A.,Inscrita en el Registro MercantiI Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 13 de octubre de 2000, bajo el Nº 24 del Tomo 468-A Qto y de sus correspondientes activos, relacionados o vinculados con la identificada empresa o con el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, en atención a la comunicaoón N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Articulo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Mínistro del Poder Popular de ( Planificación y Finanzas.
Articulo 3. Los administradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, Ineamiento u orden det Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Artículo 4. Las medidas para la custodia, conservación y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban na lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, practicados por los órganos y entes competentes de la Administradión Pública Nadonal.
realizar cualquier diligencia o actuación frente al Juzgado Undécino en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cualquier otra instancia penal competente, ante el Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podran requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administración Pública, quienes estarán en la obligación constituciona! y legal de brindársela.
ArtiCulO 7. LaS CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CA$TILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Articulo 8. Se modifica la Resolución, Nº 2.750 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivaríana de Venezuela N° 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuniquese y publiquese.
JORGE ORDANI C y Finaruzas Ministro del Poder Popeiar de:Pranifignciod
.13 ENE 2011 RESOLUCIÓN N°_2.94L
200° y 151° En ejercido de las facultades que me confiere el artícuio 22 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, artículos 62 y 77, numerales 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y artículo 2 numeral 35 del Decreto Nº 7.187 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificadón y Desarrollo y el Ministerio República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 01 de febrero de 2010. y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.377 die fecha 02 de marzo de 2010 y, en atención al oficio N° 2268-09, de fecha 04 de diciembre de 2009, del Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, que decretó Medidas Preventivas de Aseguramiento de Bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y los activos donde el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad N° 9.095.496, actuando en nombre propio o por Interpuestas personas sean estas naturales o jurídicas y en las que tenga algún tipo de participación, resuelvo:
Artículo 1. Designar a los Cudadanos, PEDRO CELESTINO CARVAJAL ALVAREZ, JOSE ANTONIO CASTELLANO ORTEGA, FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARIBA LIRA, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.
6.042.029; 8.773.312; 10.505.918 y 8.614.317, respectivamente, como administradoresespeciales de la sociedad mercantil PRonúrrIcos, C.A., originalmente registrada en fecha 24 de octubre de 1990, ante el Registro Mercantl Primero del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No 45 del Tomo 30-A y sus correspondientes activos, relacionadas o vinculadas con ta identificada empresa o con el ciudadano RICARDO FERNANDEZ BARRUECOS, titular de la Cédula de Identidad No 9.095.496, en atención a la comunicación N° DM-MAT/O-001-11, de fecha 03-01-2011, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Articulo 2. Los administradores especiales deberán tomar todas las medidas correspondientes activos, a fin de evitar que estos se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y presentar en la oportunidad que se les requiera, informes sobre todas las gestiones y actuaciones realizadas ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Artículo 3. Losadministradores especiales deberán acatar cualquier instrucción, lineamiento u orden del Ministro del Poder Popular de Planificación y Pnanzas.
Articulo 4. Las medidas para la custodia, conservadón y administración de la empresa y sus correspondientes activos, no menoscaban ni lesionan, todas aquellas medidas que se hayan derivado de procedimientos administrativos y judiciales, pracbcados por los órganos y entes competentes de la Administración Pública Nacional.
realizar cualquier diligencia o actuación frente al Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas y cuakquicr otra instancia penal competente, ante ef Ministerio Público y cualquier otro órgano u ente que tenga relación directa con la medida acordada.
Articuto 6. Los administradores especiales, en aras de cumplir con todas las medidas necesarias para la custodia, conservación y administración de las empresas y sus correspondientes activos, podrán requerir la colaboración y cooperación de los órganos y entes de la Administración Pública, quienes estarán en la obligación constitucional y legal de brindársela.
ArtíCulo 7. LaS CUdadanas FLOR DE LIBERACIÓN CASTILLO ROJAS y ADRIANA TARuBA LIRA, antes identificadas, ejercerán la administración especial y custodia de los activos bancarios de la prenombrada empresa y las relacionadas a esta.
Articulo 8. Se modifica la Resolución, N° 2.751 de fecha 31 de agosto de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela Nº 39.499 de fecha 31 de agosto de 2010.
La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su emisión.
Comuníquese y publíquese.
JORGTE GHORDANI Ministro del Poder Pogular.de-Planificaden y Finanzas
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Rapútics Bolnprlera de Venezuele nee Finanolorgs (F: 6-2000161-9) RESOLUCIÓN NÚMERO: 626 10 PECHA:l 5 DIC 2G 1 ANTECEDENTES B articulo 2 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, prevé que todos los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras Instituciones finanderas y demás empresas mencionadas en ese artículo, están sujetas a la Inspecdón, supervisión, vigilancia, regulación y control de esta Superintandenda; a los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional; a la normativa prudencial que establezca este Organismo; así como, a las Resoluciones y normativa del Banco Central de Venezuela.
Por otra parte, el artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza, de Ley de Crédito para el Sector Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinarlo de fecha 31 de jullo de 2008, estabiece que el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas (actualmente Ministerio del Poder Popular de Pianificación y Finanzas), mediante Resolución conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras fijará el porcentaje mínimo de la cartera -créditos que cada uno de los bancos comerciales y universales destinará al sector agrícola.
Bancos y Otras Instituciones Financiaras la facultad de sandonar a los bancos comerdales y universales que Incumplan con el porcentaje de la cartera de crédito agraria.
Ahora blen, la Resolución conjunta DM/N° 2599 y DM/N° 0012/2010, emitida por los resañados Ministerios de fecha 12 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficlal de la Rapública Bollvariana de Venezuela N° 39.372 del 23 de febrero de 2010, en su artículo 3 fijó para el mes de febrero un dieciocho por ciento (18%); pair a marzo un diecinueve por ciento (19%); pera los meses de abril y mayo un veinte por cento (20%), para junio un veintiún por cento (21%); para los Un auuen ( uen n e A n e si veintitrés por ciento (23%); para octubre un veinticuatro por clento (24%); para los meses de noviembre y diciembre de 2010 un veinticinco por dento (2s%), los cuales constituyen los poroantajes mínimos que cada uno de los bancos comerciales y universales del país deberán destinar al finandamianto del sector agrícola en el ejerciclo fiscal 2u10, calculados a partir de los porcentajes mensuales anteriormente Indicados, aplicados al promedio de los saldos reflejados por cada banco, como cartera de crédito bruta al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diclembre de 2009.
Este Organismo en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, detectó que el Banco Softasa Banco Universal, C.A. presuntamente incumplió con los porcentaje mínimos para los meses de mayo, junio, Jullo y agosto del año 2010, establecidos en el precitado artículo 3 de la aludida Resolución, tal como se muestra a continuación:
Banco Softasa Banco Universal, C.A.
Control de la Cartera Agricola año 2010 Cartara Porcantaje Porcentaje de Cartera Mantenida* |Mantenido ; Déncit = Mes Cumplimiento Requerida* establecido 96.415 -156.588 7,62% 256.003 Mayo 20% 7,34% -172.809 Junio 265.653 21% 92.844 Julvo 106.549 -171.754 22% 8,42% 278.303 1-153.032 9,90% 22% 125.271 278.303 Agosto "Cantidades expresadas en Miles de Bolivares Fuortes configurar el supuesto sancionatono previsto en el numeral 1 del artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Lay de Crédito para el Sector Agrario, conforme con lo previsto en los articulos 35z y 402 dea Lay General de Bancos y Otras Instituciones Financeras, inició el 20 de octubre de 2010 un Procedimiento Administrativo sancionatorio al Banco Softasa Banco Universal, C.A., otorgándosele un plazo de ocho (8) días hábiles bancarios, más nueve (9) dias continuoscomo término de la distancia, de acuerdo con el articulo z0s del Código de Procedimiento Civil y el Acuerdo suscritopor la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Trilbunal Supremo de Justioia) en fecha 17 de marzo de 1987, contados a partir del dia siguiente de la recepción del respectivo Acto de Inicio de Proosdimiento Administrativo, el cual fue notificado el 22 de octubre de 20I0 a través del ofico Nº SBIF-DS8-CJ-PA-21115 de fecha 20 de octubre de 2010, para que a través de su Representante Legal debidamente facultado por los Estatutos Sociales de esa Institución Financiera, expusiera los alegatos y argumentos que considerara pertinentes para la defensa de sus derechos.
a ALEGATOS PRESENTADOS Encontrándose dentro del lapso legal establecido, el cludadano Juan Antonio Galeazzi Contreras en su carácter de Presadente del Banco Sofitasa Banco Universal, C.A., en fecha 12 de noviembre de 2010 consignó ante esta Superintendencia, escnto de descargos en defensa de su representado.
El Banco esgrime lo siguiente: " En relación con las acalones tomadas por este Banco para alcanzar los porcentajes de colocados mínimos exigidos en el otorgamiento de n n n n adecuada elaboración de los proyectos a ser finandados, potendar clientes adsbentes, Incremento en el nivel y calidad de ejecudón, establecimiento de metas a las vicepresidencias regionales, partidpación activa an feries agropecuarias y. eventos de este interés, el fortalecimiento de las relaciones Institucionales con los gremios y Asoclaciones de producción rurales del sector Agropecuario, para la captadón de clientes de este sector, visitas planificadas de la Institución a las zonas de mayor afluanda agropacuarla, inversiones Importantes an publloidad, reuniones, estudios de factibilidad, vistas e inspecciones a los clantes con la finalidad de prestar asesona financiera, tóonios (sic) a los posibles dienbas productores agricolas y pecuarios, ajustando el áres de negocios para agitzar la atención a los distintos sagmentos de las gavetas obligatorias.
Es de observar, que las actuadones que este Banco ha venido desarrollando en el transcurso del presen de año, en el cual se intansificaron las acciones tendentes a lograr el cumplimiento de ios porcentajes requeridos de colocación en cartera agricola, han alcanzado excelentes logros (...)
Siendo de interés primordial para esta Institución reallzar a la brevedad pasible el desembolso de los recursos correspondientes a estos créditos.
Como puede observarse, las acciones tomadas por esta Institudón y-3ra el mejoramiento de la colocados en créditos al sector agricola, han rendido excelentes frutos, por lo cual mantendremas su ejecudón y además, se tienen previstas nuevas estrategias para mantener adecuadas niveles de colocados, en aras de apoyar la creación de una actividad agricola productiva y sustentable, tal como lo prevé el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agricola."
Finalmente, el Representante de la Institución Financlera expone: "Respetuosamente solicitamos a ese Órgano Contralor, sa silva tomar en consideración el Inmenso esfuerzo y las acclones reoltadas por esta Institución, asi como los excelentes logros obtenidos, por lo cual, con el debido respeto padimos formalmente al Crudadano Superintenuente, de conformidad con las atribuciones que le conñera el Artículo 352 de la Ley General de Bancos y Otas Instituciones Financlanas, se declare el clerre del proosdimlento administrativo sancionatorio Inidado en contra de ni representada por cuanto la misma ha enmarcado su conducta en el cunplimlento de la normativa que la rige; y subsidaramente, an el supuesto negado que esta Superintendenda desestime el anterior petitoria, solicitó se considere las circunstancias atenuantes a menor da lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del Auticulo 356 de la Ley General de Bancos y Otras [nstltudonas Finanderas, a mponerla mínima sanción."
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Analizados los argumentos expresados en el escrto de descargos consignado por el Presadente dul Banco Sofitasa Banco Universal, C.A. y et expediente administrativo correspondiente, este Orgaivsmo para decidir observa:
Es menester advertir a la Entidad Buncarla que es obligación de todas las instituciones financieras reguladas pur la Ley General de Bancos y Olras Instituciones Financieras soineterse a sus disposiciones, a las contenidas on instrumentos legales; asi como, aquellas normas sublegales emanadas de este Ente Supervisor, del Banuo Central de Venezuela y demás organismos públicos con competenda en el sector financiero, de conformidad con lo previsto en el articulo 3 ejusdem. Igualmente, es puntual la ocasión para indicar que esta Superintendencia dentro del ámbito de su competencia bene como función velar por el cumplimiento de la normativa legal correspondiente, siendo en este caso, el cumplimiento de la cartera obligatoria del sector agricola, dada la importancia que tiene esta cartera dirigida para el desarrollo de la economía del pais.
Del mismo modo, es importante señalar que el financiamiento al sector agrario constituye una politica pública dei Estado Venezolano, que a traves del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédrto para el Sector Agrano genera una obligación finanoero del pais, vista su funaón de realzar operaciones de intermediación crediticia, todo ello de conformidad con !n establecido en el articulo 305 de la Conctirtución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé lo siguiente:
"Articulo 30s. El Estado promoverá i3 agncuitura sustentable cono basc estraiegns Je: Sesarrollo rural inteyn, a fin de garantuar I3 seguridad
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alimentaria de la población; entendida como la dispaniblidad sufaente y estable de alimentos en el ámbito naclonal y el acceso oportuno y permanente alcanzará desarrollando y privileglando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como lal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nadón. A teles fines, el Estado dictará las medidas de orden finandero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de economía nacional e Internacional para compensar las desventajas proplas de la actividad agricola." En cuanto a la norma legai infringida, es primordial acotar que el espíritu, propósito y razón del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, radica en la creación de una actividad agricola productiva y sustentable que por su eficiencia y eficacia sea capaz de garantizar beneficios económicos como fórmula de promoción y desarrolio de la actividad agricola vegetal, animal, pesquera y forestal del país, propldando una economía diversificada como una de las líneas estratégicas del Plan de Desarroilo de la Nación, En ese mismo orden de ideas, la relevancia de la Resolución conjunta DM/N° 2599 y DM/N° 0012/2010 de fecha 12 de febrero de 2010, publicada en la Gacuta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuala N° 39.372 del 23 de febrero de 2010, que establece el porcentaje de participación obligatorio que cada uno de los bancos comerciales y universales del país deberán destinar al financiamiento del sector agricola en el ejercicio fiscal 2010.
Del análisis de las normas citadas, es menester manifestar que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario prevé que la Administración bancos comerciales y universales de la cartera de crédito agrarla, estableciendo que el porcentaje de dichas colocaciones es de obligatorio cumplimiento que deberá destinarse a operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo del sector agroindustrial, en función de satisfacer requerimientos en sectores agrícolas especificos, siendo que dichas colocaciones sólo serán consideradas en el porcentaje obligatorio de la cartera de crédito agrícola, una vez verificado su desembolso y destino para el cual fueron realizadas.
Este mismo criterio se observa en la sentencia N° 336-2010 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 31 de mayo de 2010, Expediente N° AP42-N- 2010-000165, Caso Benco Caroni, C.A. Banco Universal contra la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban), en la que se expone lo siguiente: "(..) se observa preliminarmente que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, en su articulado prevé que la Admunistración Sectorial por Órgano de la Superintendencia de Bancos y Otras Instluciones Financieras velará por el correcto uso, destino e inversión que realicen los bancos comerciales y universales sobre la cartera de crédito agraria, estableciendo que el porcentaje de dichas colocaciones es de obligatorio cumplimiento,y deberán destinarse a operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrolo del sector agroindustrial, en función de satisfacer requerimientos en sectores agricolas específicos, siendo que dichas colocaciones sólo serán consideradas en el porcentaje obligatorio de la cartera de crédito agricola una vez verificado su desembolso y destino para el cual fueron realizadas.
Por tanto, sólo podrán ser consideradas a los efectos del porcentaje de colocaciones de la cartera para el sector agrícola, las colocaciones en las cuales se hava verificado su desenubolso y destino para el cual tueron realizadas, es decr, que serán parte de dicha_ cartera los créditos que hacen sido efectivamente asignados y otorgados para el financiamiento de la actividad efectivo de créditos parafinanciar a las distintas organizaciones socio productivas, para percutir el desarrollo de los planes de producción agricola, sin limitarse los bancos comerciales y universales a reservar (sin destinar ni desenboisar) el porcentaje correspondiente de la cartera de créditos para el sector agrario, sino que realice la entrega efectiva de los créditos para que dichos planes de producción agricola puedan ser realmente ejecutados..)." (Subrayado nuestro).
Supervisor observa que los alegatos presentados por el Banco se centran en mencionar las acciones realizadas a los fines de alcanzar los porcentajes mínimos de colocación exigidos en el otorgamiento de créditos para el sector agrícola, entre otros, la asistencia técnica para la elaboración de los proyectos a ser financiados, potenciar chentes existentes, incremento en el nivel y calldad de ejecución, participación activa en ferias agropecuarias y eventos de este interés para la captación de dientes de este sector, visitas e inspecciones a los clientes. Sobre el particular, esta Superintendencia considera plausibles los esfuerzos Ilevados a cabo por la Institución Financiera para lograr la meta propuesta; no obstante, para los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2010 presentó déficit en la colocación de los recursos destinados al sector desarrolladas por el Banco para cumplir con los porcentajes mínimos de la cartera arana en incumplimiento de k establecido en la Resolución Conjunta DM/N° 2.262 y DM/N° 0013/2009 de fecha 11 de febrero de 2009.
I-n esle orden de ideas, este Ente Supervisor considera necesario hacer una distinción entre las obigaciones de medio y de resultado; al respecto, autores como Alberto Miliani balza, en su obra titulada "Obligaciones Cviles", señala que la obligación de resultado es aquella mediante la cual el deudor se compromete a realizar determinada acividad, garantizando el resultado; y la obligación de medio, es aquella en la que obtener un resultado concreto determinado, el resultado es aleatorio, no es seguro ni garantizado por el deudor.
Asi pues, la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo ha sentado criterio en sentencia N° 2098-1879 de fecha 22 de octubre de 2008, caso C.A. Banco Provivienda, Banco Universai ((sAnPrO) en la cual expuso lo siguiente:
"(...) las obligaciones de medio son aquellas en las cuales la prestación que debe cumplir el deudor no es precisa ni determinada, y se basa sdlo en la realización de una conducta gigante por parte dal contrayente que genere la garantía en la consecución dal resultado, de tal manera que si no se obtlana el resultado para el cual fue pactada u ordenada la obllgadión, el deudor queda exento de responsablidad (..) slempre y cuando no haya apegado culpa e incluso dolo por parte del obligado en la ejacuddn de su haber." (...) No obstante, (..) quedó establecida que la obligados de los bancos comerciales universales ara de resultado y no de medio, es posible establecer que dicho resultado se traduce en el afectivo otorgamiento de créditos (..)" Por tanto, la obligación se cumple cuando se realiza la actividad, lo que debe entenderse que corresponde a esa Institución Financlera, procurar el resultado de tal actividad de colocación y cumplimiento del porcentaje obligatorio de la cartera agrícola, toda vez que es una obligación que deriva tanto del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, como de le Resolución conjunta DM/N° 2599 y DM/N° 0012/2010, de fecha 12 de fabrero de 2010, publicada en la Gaceta Ofcial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.372 del 23 de febrero de 2010, evidenciándose así entre otros aspectos, la fórmula y mecanismos para cumplir de la misma.
En consecuencia, en virtud que el Incumplimiento al imperativo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrarlo ya se materializó y así habido verificado, la solicitud de terminación del presente procedimiento :administrativo no se considera; por lo que el Banco deberá adoptar todas las medidas : que sean necesarias que le permitan cumplir con los porcentajes de colocados establecidos por el Ejecutivo Nacional.
La aplicación de las circunstandas atenuantes a tenor de lo dispuesto en los numerales 3 y 5 del artículo 356 de la Ley General de Bancos y Otras Institudones Financiaras no serán consideradas, porque los alegatos de la Institución Financiera se centraron solamente en el relato de acciones llevadas a cabo para la colocados de falta cometida; en opinión de este Organismo, el Banco no se ha adecuado a la normativa, evidenciando una conducta contumaz en el cumplimiento de esta obligación de resultado, ya que no ha actuado diligentemente en la implementación de los mecanismos necesarios que le permitan dar cumplimiento a los porcentajesmínimos que deben destinarse para la cartera de crédito del sector agricola. Y así se deciara.
Finalmente, esta Superintendencia observa con preocupacón que la Entidad Bancaria no haya adecuado su actuación para cumplir con las exigencias previstas en 1a normativa legal y sublegal que rige la materia, a los Aines de Incrementar el otorgamiento de créditos dirigidos a dicho sector; ya que se ha verificado reíncidenda por parte del Banco Sofitasa, Banco Universal, CA. al infringir nuevamente la normativa señalada, circunstancia que será valorada como agravante de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, al momento de decidir el presente Procadimiento Administrativo. Lo anterior se evidencia de las sanciones aplicadas al mendonado Banco según consta de las Resoluciones Nos. 007.10 de fecha 6 de enero de 2010, 247.10 de fecha 10 de mayo de 2010 y 423.10 de fecha 12 de agosto de 2010 por incumplimiento de los porcentajes mínimos de la cartera agrícola correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, jullo y agosto de 2009; septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009 y de febrero, marzo y abril de 2010, en ese orden.
IV DECISIÓN Vistas las razones de hecho y de derecho anteriormente señaladas, verificada la circunstancia agravante establecida en el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, en ejerddo de su potestad sancionatoria prevista en los artículos 351 y 352 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finanderas y en el artículo 30 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, quien suscribe resuelve sandonar con multa al Banco Sofitasa, Banco Universal, C.A., por la cantidad de Un Mllón Ochoclentos Mil Bolívares Fuertes (8e. F. 1.800.000,00), equivalente al tres por ciento (3%) de su capital pagado, el cual para la fecha de la infracción asoendía a Sesenta Millones de Bolivares Fuertes (Bs.F. 60.000.000,00), de conformidad con el numeral 1 del artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, que señala lo sigulente:
"Articulo 28. Serán sancionados con multa, entre uno por dento (1%) y bres por ciento (3%) de su capital pagado, los bancos comerciales y universales que:
1. Incumplan los términos, condioones, plazos o porcentajes mínimos obligatorios de la cartera de crédito agraria, estableddos por el Ejecutivo Nacional." Se ordena publicar la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
La mencionada multa deberá ser pagada en la Oficina Nacional del Tesoro a través de sus Agencias u otras Entidades Aupillares, una vez le sea notificada la Planilla de Liquidación que elabora la División de Contabllidad Piscal de la Dirección de Servicios Financieros del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, dentro del plazo de quince (15) días hábiles bancarlos contados a partir de le fecha de su notificación, de conformidad con el articuio 357 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financleras.
Asimismo, se le otorga un (1) día hábil contado a partir de la fecha de pago de le presente multa, para que presente por ante la División de Contabilidad Fiscal de le Dirección de Servicios Financieros del mencionado Ministerio, la Planilia de Liquidadón debidamente pagada, a los fines de que dicho Organismo expida el correspondiente certificado de liberación, cuya copia deberá ser consignada por ante esta Supenntendencia.
Contra la presente decisión, de conformidad con los articulos 398 y 403 ejusder podrá ejercerse el Recurso de Reconsideradión, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios contados a partir de la notificación de la presente decisión, más nueve (9) dias continuos como término de la distancia, de acuerdo con el artículo 205 del Código
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de Procedimiento Cvil y el Acuerdo suscrito por la extinta Corte Suprema de Jusucia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) en fecha 17 de marzo de 1987 o el Recurso de Anufadión por ante cualesquiera de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias continuos sigulentes a la fecha de notificación de esta decisión o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuere interpuesto, de acuerdo con el artículo 399 /bíderr.
asarbgng-Feseriunco
Superintendente 96.:..
dunclo de Benoos y Plmencleris RESOLUCIÓN FECHA¡ 6 DIC 250 MÚMERO: 6: 8 : 0 ANTECEDENTES El articu o 2 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Ainancieras prevé que todos los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras y demas empresas mencionadas en ese articulo, están sujetas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la Superntendencia de Bancos y Otras Instiltuciones Financieras; a los reglamentos que dicte el Ejecubvo Nacional; a la normabra prudencial que establezca la Superintendencia; asi como, las Resoluciones y normabve prudencial del Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el artículo 5 del Deoreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sedtor Agrario, publicado en la Gaceta Oncial de la República Bolrvariana de Venezueta Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, establece que el mataria de Finanzas (actualmente Ministerio del Poder Popular de Planificación y Fenarzas) conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Agnoultura y Tienas, fijará mediante Resolución Conjunta, previa opinión de la Superinbendenoa de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dentro del pnmer mes de cada año, los términos, condiciones, plazos y porcentajes mínimos obligatorios de la n e n n e e agroindustria y los fundos estructurados, que los bancos comerciales y universales, destinarán al sector agrario tomando en consideración los ciclos de producción y comeroalivaaón, el cual en ningún caso podrá exceder del treinta por ciento (30%) de su certera de créditos bruta.
Asimisamo, el artículo 30 ibidem establece la facultad de esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de sancionar a los bancos comerciales y universales que incumplan con el porcentaje de la cartera de crédito agraria, tomando en cuenta el monto del incumplimiento y el capital pagado, la cual será liquidada por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Ahora bien, ba Resaludón conjunta DM/N° 2599 y DM/N° 0012/2010 de fecha 12 de febrero de 2010, emitida por los reseñados Ministerios, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbiica Bolnvariana de Venezuela N° 39.372 del 23 de febrero de 2010, en su articulo 3 njó para el mes de febrero un dieciocho por ciento (18%), para marzo un diecinueve por ciento (19%), abril y mayo un veinte por ciento (20%), junio un veintiún por ento (21%), jutio y agosto veintidós por ciento (22%), septiembre un veintitrés por ciento (z3%), actubre veinticuatro por dento (24%), noviembre y diciembre veinticinco por ciento (25%), los cuales constituyen los porcentajes minimos que cada uno de los Bancos Comerciales y Unversales del pais deberán destinar al financiamiento del Sector Agrano en el ejerdicio fiscal 2010, calculados a partir de los porcentajes mensuales anteriormente indicados, aplicados al promedio de los saldos reflejados por cada banco como cartera de crédito bruta al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de doiembre de 2009.
En este sentido, este Ente Supervisor en el ejcracio de su función de control del Sistema Bancano Macional, detedtó que el Banco Guayana, C.A. para los meses de mayo, junio, jutio y agosto del año 2010, presuntamente no destinó la participación requerida para el fireanoammiento y desarrollo del sector agrario del país, incumpliendo con la colocación de los recursos elegidos conforme a lo previsto en la reseñada Resoluclón, tul como se refleja en el cuadro que se presenta a continuación:
Do 've Ag doeg Combrol de le Cartera Agraria afo 2010 abarje de Cartere Déficit Porcentaje dento;
Manbanido Mantenida Mepo
251.031 20%
205.323 16,366 -45.708
263.582 21%
203.849 Juor 16,24% -59.733 Mc
276.134
201.449 22% 16,05% -74.685
276.134 22% -77.585 Agosto
198.549 15,82% °Cartidedes expresadas en Miles de Bolivwares Fucrtes.
En virtud que Banco Guayana, C.A. Incumplió la normativa antes cllada, lo cual podría considerarse susoaptible de ser sandonado de conformidad con lo previsto en el mumeral 1 del artículo 2B del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Credito para el Sedor Agrario, esta Superintendencia mediante oficio identificado con el ar SBF-D5B-C-PA-20839 de fecha 18 de octubre de 2010, inicio un procedimiento administrativo a esa Institución Financiera, de conformidad con los artículos 352 y 402 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el cual fue notificado el 21 del mismo mes y año otorgándosele un plazo de ocho (8) dias hábiles bancarios más adão () días continuos como terreno de la distancia, de conformidad con el artículo 205 del Código de Pranedimiento Ovil y el Acuerdo del 17 de marzo de 1987 de la Sala de Casación Civil de la Cortbe Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), contados a pertir del dia sigulente de la fecha de recepción del respectivo Acto de Inicio de Procedinienio Administrativo, para que a traves de su Representante Legal debidamente faoutado por los Estatutos Sociales de esa Institución Financiera expusiera los alegatos y argumentos que considerara pertinentes para la defensa de sus derechos.
ALEGATOS PRESENTADOS Encontrándose dentro del lapso legal estableddo, el ciudadano Oscar Gimenez, aduando ea sur carácter de presidente de Banco Guayana, C.A. consignó anbe esta Superintendencia en fecha 11 de noviembre de 2010, escrito de descargos en detensa de su representado.
En primer término, esa Insttución Financiera señala: "Es el caso, que el Banco Guayana si destinó la cartera de crédito requerida para el financiamiento y desarrollo del sector agrario del pais, de acuerdo a los porcentajes mensuales establecidos en la Resolución, aplicados al promedio del said o reflejado como cartera de crédito bruta del Banco Guayana, al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009." Asimismo, el representante del Banco alega: "( ) muy a pesar de que el Banco Guayana si cumplió con la obligación legal de destinar los porcentajes mínimos mensuales establecidos en la Resolución para el otorgamiento de créditos para el finanaamiento y desarrolo del sector agrario del pais, por causas no Imputables a esta Instituclón financiera, lamentablemente el resultado as que el Banco Guayana no logró la colocación final de los recursos económicos previamente destinados al financdamlento de ese sector de la economía. (Negntas de esta Superintendencia).
Durante los meses de mayo a agosto del 2010, ambos inclusive, la demanda de créditos para el sector agrario del pais bajó sustancialmente, debido a que muchos productores desisteron o disminuyeron la actividad agropecuana que ejecutarán, con motivo de la severa crisis que sufrió ese sector de la economía durante el año 2.009.
Es el caso que durante el año 2009 se produjo un atraso en la Hegada del periodo de lluvias, lo cual prolongó la sequía más severa que ha sufrido el pais en los últimos añas, generando una reducoón de los rendimientos; incrementos de los costos de producción; afectación de la ganadería por falla de alimento; incremento en los costos de producción por proliferación de plagas, entre otras consecuencias. Tal situación trajo consigo grandes pérdidas para los productores agropecuarios, lo cual ocasionó que en buena medida no pudieran cumplir con las obligaciones contraidas con el sector finanaero, generando una fuerte repercusión en la demanda de créditos para el finanoamiento y desarrollo del sector agrario del pais durante los meses objetivo de investigación por parte de este ente regulador".
Adicionalmente, el presidente del Banco Guayana, C.A. sostiene: "(..) el Banco Guayana ha venido considerando nuevos proyectos y planes de acción, a los fines de procurar lograr una mayor demanda de créditos para el financiamiento y desarrollo del sector. agrario del pais. No obstante, es importante resaltar que la demanda efectiva de créditos agricolas no depende exdusivamente del Banco Guayana, sino más bien la misina está esencialmente determinada por las expectativas del sector agricola y la capaadad de absorción de los montos disponibles para ese objeto de financiamiento agricola.* Por último solicitan el cierre del respectivo procedimiento administrativo.
111 MOTIVACIONES PARA DECIDIR Analizados jos alegatos presentados en el escrito de descargos consignado por el presidente de Banco Guayana, C.A. asi como, el expediente administrativo correspondiente, este Organismo para decidir observa:
Como punto previo, esta Superintendencia de Bancos y Otras Insttuciones Financieras, debe indicar que el espíritu y propios:to de la normativa legal infnngida es crear un sector productivo diversificado y sustentable por su eficiencia y su eficacia, capaz de garántizar los beneficios económicos como fórmula de equidad en el acceso al bienestar para toda la población, a traves del estimulo, promoción y desarrolio del sector agrícola, como una de las lineas estratégicas dei Plan de Desarrollo de la Nación, razón por la cual deben aplicarse los porcentajes indicados en la Resolución conjunta DM/N° 2599 y DM/N° 0012/2010 de fecha 12 de febrero de 2010, emitida por los Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el financiamiento al sector agrano constituye una politica pública del Estado Venezolano, que fundamentada en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolvariana de Venezuela, generó, a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, una medida dingida a los bancos comerciales y universales como agentes integrantes del Sistema Financiero Venezolano, vista su función principal de realizar operaciones de intermediación crediticia.
Adiconalmente a ello, es significativo mencionar que la soberania y seguridad agroalimentaria de la Nación sólo se puede lograr con la participación de todos los sectores que integran el aparato productivo de la economia nacional, entre los cuales se encuent a el sector financiero, conformado por los bancos comerciales y universales, en virtud del apoyo económico y técnico que debe bnndar a los productores en el desarrollo de ia actvdad agricola; por lo tanto resulta significativo recordarle al Banco la obligación que por Impeno del mencionado Decreto posee de cumplir con el porcentaje establecido en la aludida Resolución; a traves de los recursos que ordinariamente utiza para la promoción de sus productos para lo cual debe propiciar el acceso del público a autoabastecimiento nacional.
Ahora bien, el Banco en su escnto de descargos esgrime: "(..) muy a pesar de que e? Banco Guayana si cumplió con la obligación legal de destinar los porcentajes minimos mensuales establecidos en la Resolución pars el olorgamrento de créditos para el financiamiento y desarrollo del sector agrano del pais, por causas no imputables a esla institución financiera, lamentablemente el resultado es que el Banco Guayana no logró la colocación final de los recursos económicos previamente destinados al financamvento de ese sector de la economía." Sobre ese particular, es menester citar lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto con colocaciones efectuadas por los bancos comerciales y universales, de conformidad con lo establecido en el artículo s° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán consideradas en el porcentaje obligatorio de la cartera de crédito arana, una vez verificado el desembolso y destino para el cual fueron realizadas." Adicionalmente, esta Superintendencia considera necesario indicarse que la labor de las entidades bancanas no puede Imitarse sólo a destinar al financiamiento del Sector Agrario los porcentajes mensuales indicados en el articulo 3 de Resolución Dm/N° 2599 y DM/N° 0012/2010 antes identificada, aplicados al promedio de los saldos reflejados por el Banco como cartera de crédito bruta del respectivo período, pues al ser una obligación de resultado la impuesta por el mencionado Decreto, la misma requiere la obtención de un resultado, que se traduce en el efectivo otorgamiento de créditos para los correspondientes subsectores agricolas, por lo que el Banco al no alcanzar ei objetivo establecido en la mencionada Resolución, en cuanto al monto de colocación de créditos, incuniplió el dispositivo de la norma por no otorgar los montos mínimos de créditos para los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2010.
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Al respecto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia N° 274-2010 de fecha 18 de mayo de 2010, expediente N° AP42-N-2010-000056 caso: Banco Activo, C.A., Banco Universal, contra la Superintendencia de Bancos y Otras Institudiones Financleras, expuso lo sigulente:
" (..) los bancos en ejecuoón de su actividad natural, la cual es el otorgamiento de créditos, están en la obligación de colocar los porcentajes minimos de la cartera de realizar la efectiva entrega de los recursos finanoeros, ya que esto es lo que permitirá a los actores Intervinientes la generación y producción de alimentos a través de la actividad agrícola, siendo en tal sentido, que dicha entrega efectiva de los recursos es lo que determina que la obligación que tenen los bancos comerciales y universales de colocar los porcentajes minimos de la cartera de crédito para el sector agrícola, es una obligación de resultado, por lo que no basta con destinarlos si no que debe asimismo desembolsarlos, para asi obtener un resultado positivo de la actividad agraria.
(Omissis) En ese sentido, se observa preliminarmente que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrarlo, en su articulado prevé que velará por el correcto uso, desti ro e inversión que realloen los bancos comerciales y universales sobre la cartera de crédito agraria, señalando que el porcentaje de dichas colocaciones son de obligatorio cumplimiento, y deberán destinarse a operaciones de financiamnlento que tengan por objeto el desarrollo del sector agroindustrial, en función de satisfacer requerimientos en sectores agricolas especificos, siendo que dichas colocaciones sólo serán consideradas en el porcentaje obligatorio una vez verificado su desembolso y destino para el cual fueron realizadas.
Ello así, sólo podrán ser consideradas a los efectos del porcentaje de colocaciones de la cartera para el sector agricola, las colocaciones en las cualos se haya venficado su desemboiso y destino para el cual fueron realizadas, es decir, que serán parte de dicha cartera, los créditos que hayan sido efectivamente asignados y otorgados para el finendanlento de la actividad agroalimentaria (sectores agricola vegetal, agricola animal, agricola forestal, pesquero y acuicola), a los fines de lograr, en pnncipio el otorgamiento efectivo de créditos para financiar a las distintas organizaciones socio limitarse los bancos comerciales y universales a reservar (sin destinar ni desenbolsar) el n n e n n oe n e realice la entrega efectiva de los créditos para que dichos planes de producción agricola puedan ser realmente ejecutados." Asimismo, es importante señalarse al Banco Guayana, C.A. que el referido Decreto, no sólo contempla para el cumplimiento del porcentaje destinado al financiamiento del sector agrario, el otorgamiento de créditos a productores agrarios, sino que también contiene entre sus disposiciones, otro tipo de operaciones mediante las cuales los Bancos Comerciales y Universales pueden cumplir con dicho porcentaje; verbigracia, las previstas en el articulo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario, relativas a financiamientos realizados con los bancos del Estado destinados al sector agrario y los Fondos Nacionales o Regionales Públicos de Ananciamlento del Sector Agrario; asi como, sus partidpaciones en los Fondos y Sociedades de Garantías Recíprocas que otorguen fianzas al sector agrano.
Ahora bien, respecto a la causa extraña no imputable que configura el incumplimiento involuntario del obligado, el caso fortuito y la fuerza mayor, benen, según la Doctrina y la Jurisprudencia Patria, posee ciertas condiciones necesarias para su procedencia y consecuente efecto liberatorio. Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse. Tal condición lmitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.
Así mismo, orlenta la jurisprudencia, en el sentido, que tal imposibilidad plena en ejecutar la obigadión necesariamentedebe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación. Por otra parte, la causa extraña (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible, y aún desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable; a saber, no subsanable por el obligado. Igualmente y de manera conclusiva debe espedficarse, que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (Dolo o intenclonalidad).
En ese orden de ideas, este Organismo constató del expediente administrativo que esa Institución Financiera no consignó e:eventos probatorios que respaldaran tales afirmaciones; puesto que constituye un principio de derecho procesal y procedimental, que todo aquel que afirme o alegue aigo debe probarlo; principio expresamente consagrado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civi, que prevé: "Las partes benen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probar la, y quien pretenda que ha sido libertad o de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extinbivo de la obligación,* Aunado a lo anterior, es significativo indicar que la inobservancia a la normativa legal correspondiente, se materializó al ser violentada la norma legal, es decir al no cumplir con el porcentaje establecido en la seflalada Resolución, independientemente de las causas que dieron origen al incumplimiento, por lo cual esta Superintendencia debe aplicar las sandones derivadas de dicha contravención, toda vez que la observancia a las normas no puede relajarse por situaciones particulares, puesto que eño constituiría una infracción al orden público del Estado de Derecho.
Este Organismo, observa con preocupaoón que el Banco no ha adecuado su actuación para cumplir con las exigencias previstas en la normativa legal y subiegal que rige la materia, a los fines de Incrementar el otorgamiento de créditos dirigidos a dicho sector; asé mismo, una vez determinado el incumplimiento en el caso de marras, y conforme a lo previsto en el articulo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario se verifica una reinddenda por parte del Banco Guayana, C.A., al infringir nuevamente la normativa señalada, orcunstancia que será considerada como elemento agravante al momento de decidir el presente procedimiento administrativo, apreciándose su negligencia grave al no tomar las medidas necesarias para adecuar su conducta a la normativa, tal como se evidencia en la Resolución N° 079.10 de fecha 5 de Tebrero de 2010 por el incumplimiento de los meses de abril a agosto de 2009; la Resolución N° 185,10 de fecha 29 de abril de 2010 por el incumplimiento de los meses de septiembre a diciembre de 2009 y la Resotución N° 426.10 de fecha 13 de agosto de 2010 por el incumplimiento de los meses de febrero a abril de 2010.
Por último, esta Superintendencia de Banoos y Otras Instituciones Financieras estima significativo instar al Banco Guayana, CA., a dar estricto cumplimiento al porcentaje mínimo que le corresponde destinar al financiamiento del Sector Agranc, y ajustarse a las disposiciones legales correspondientes, con el fin de evitar la imposición de sanciones.
IV DECISIÓN El numeral 1 del articulo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Grédito para el Sector Agrario señala lo siguiente:
"Articulo 28. Serán sancionados con multa, entre uno por ciento (1%) y tres por ciento (3%) de su capital pagado, los bancos comerciales y universales que:
1. - Inoumplan los términos, condiciones, plazos o porcentajes minimos obligatorios de la cartera de crédito agraria, estableodos por edl Ejecutivo Nacionalt." (...) Examinados los elementos de hecho y de derecho, de conformidad con lo estipulado en los articulos 351 y 352 de la Ley General de Bancos y Otras Instiltuciones Anancieras y considerando la circunstancia agravante contenida en el artículo 29 ejusdem; así camo, lo previsto en el articulo 30 ibidem, y exchortando al Banco Guayana, CA. a dar estridio cumplimiento a las disposiciones legales y sublegales que rigen el funcionamiento del Sistema Bancarlo Nacional, especialmente aquellas que se refleren al sector agrícola, dada la singular importancia del mencionado sector para el desarrollo integral de la economía nacional; quien suscribe, resuelve:
Sancionar al Banco Guayana, C.A., con multa, por la cantidad de Dos Mllones Doscientos Mil Bolivares Fuertes (Bs.F. 2.200.000,00) equivalente al dos coma anco por clento (2,5%) de su capital pagado, el cual para la fecha de la Infracoón ascendía a Ochenta y Ocho Millones de Bolivares Fuertes (Bs.F. 88.000.000,00).
La mencionada multa deberá ser pagada en la Ofidna Nacional del Tesoro a traves de sus Agencias u otras Entidades Auxiliares, una vez le sea notificada la Planila de Liquidación que elabora la División de Contabilidad Fiscal de la Derección de Servicios Financieros del Ministeno del Poder Popular de Planificación y Finanzas, dentro del plazo de quince (15) días hábiles bancarios, contados a partir de su notificaoón, de conformidad con el artículo 357 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Asi mismo, se le otorga un dia (1) hábil, contado a partir del pago de dicha multa, para que presente por ante la Dirección de Contabilidad Fiscal de la Dirección de pagada, a los fines de que dicho Organismo expida el comrespondente certficado de liberación, cuya copia deberá ser consignada ante esta Supenntendenca.
Contra la presente decisión, de conformidad con los articulos 398 y 403 ejusdem, podrá ejercer el Recurso de Reconsideración, dentra de los dez (1o) dias hábiles bancarios, más ocho (8) dias continuos como termino de la distanoa, de conformidad con el articulo 205 del Códago de Procedimiento Cvil y el Acuerdo del 17 de marzo de 1987 de la Sala de Casación Crl de la Corte Suprema de Jusbca (hoy Tribunal Supremo de Justa a), contados a parar del día siguiente de la fecha de reabo de la notficación de la presente Resolución o el Recurso de Anulacón ante cualquiera de las Cortes de lo Contenoioso Administrativo, dentro de los cuarenta y onco (45) dias continuos siguientes a la notificación de esta deasón, o de aquella medante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideracón, si éste fuera interpuesto, de acuerdo con los articulos 399 y 404 ejusdem.
Cúniplasa, Edgar Memandez Behrens Superintendente
A Superintenuencia de Bancoe y Otras Insthuciones Finencierse P1007°6·
RESOLUCIÓN ÚMERO:? FECHA:
2 1 DIC2010
Visto que Generai Rent A Car, C.A, es una sociedad mercanbl domioilada en la ciudad de Caracas, Distrto Capital, inscrita ante el Registro Mercantial II de la Grounsoripción Judicial del Distrito Federal (ahora Capital) y Estado Miranda el 22 de dioembre de 1988, bajo el N° 47, Tomo 106-A Sgdo., siendo su objeto social la compra y venta de vehiculos, especialmente alquier de los mismos en todo el berriturio nacional y en el extenor del país, y en general efectuar todos los actos de comeroo contemplados en el Código de Comerco u olras Leyes y/o disposidones legales, especialmente adios, contratos y negociaciones relacionados con su objeto social.
Visto que de conformidad cons el Documento Constitutivo Estatutano de la soledad mercantil General Rent A Cai, C.A., se constató que actualmente su acoonsta es la empresa Técrica 'Jrbanizadors, C.A., con el ciento por cento (10o%) de la titularidad accionaria, cuya empresa esta representada por su admenestrador pnnopal, Lus Aberto Cruz Guarenas, propietario del ciento por ciento (100%) de las aciones.
Visto que de la referida titularidad accionaria, tenemos que el dudadano Lus Cruz Guarenas, titular de la cedula de identidad N° 2.966.197, formó parte de la Junta de Baninvest Banco de Inversión, C.A., ejeroendo el cargo de Prepidente; adioonalmente aparece como acoonusta del Grupo Empresarial Tamanaco, CA., e Industral La Raisa Tres, a las cuales les fue dictada medida extraordinana de aseguramiento de benes, de acuerdo al oficio Nº 2353-09 de fecha 14 de diciembre de 2009 emanado del Juzgado Undécimo en Funciones de Cont ol del Tribunal de Control de la Grcunscrpoión Judicial del Área Metropolitana de Caracas, chrigido al Minesbro del Poder Popular de Planficaoón y Firanzas.
Visto que del análisis realizado a la sociedad mercantil General Rent A Car, C.A., se desprende la existencia de unidad de decisión y gesbón de conforadad con los supuestos previstos en los articulos 161, 162 y 168 de la Ley General de Bancas y Obras Instituciones Financieras.
Vista la opinión favorable del Banco Central oe Venezuela, según sesión de Drectorio · N° 4.322 de fecha 2 de septiembre de 201c y del Consejo Supenor la cual consta en Acta N° 035-2010 dcl 16 de diciembre de 2010.
Esla Supenntendencia de Bancos y Otras Instiluoones Financieras, en aras de presentar los intereses de ia Repúbica, la estabilidad del sistema finanoero naconal y los cerechios e intereses de los ahorrstas, depositantes, clientes y acreedores del citado
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Banco; de conformidad con los numerales 5 y 15 del artículo 235 en concordanda con los artículos 333 y 338 de 1a Ley General de Bencos y Otras Enstitucones Financieras;
RESUELVE 1º Intervenir a la sodedad mercantil General Rent A Car, C.A.,- !2º Designar como Intagrantes de la Junto Interventora a los cludadanos Alberto Angel Villalobos y Ana María Rodríguez titulares de las cédulas de identidad Nros 30.415.642 y 9.969.650 respectivamente.
3° La Junta Interventora presentará a la Superintendenda de Bancos y Otras Institudiones Finandleras, Informes periódicos que contengan los avances del proceso de intervenolón y las acciones a seguir en cada caso. La perlodioidad de dichos informes será de sesenta (60) días continuos cada uno.
Contra esta decisión de conformidad con los artículos 398 y 403 de la Ley General de Bancos y Obras Institudiones Finandleras, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dentro de los diez (10) dias háiblles bancarios siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaoeta Ofical de la República Bollvarlana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de las Cortes de lo Contendoso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias sigulentes a la publicado de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bollvarlana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera Interpuesto de acuerdo con el artículo 399 ejusdem.
Comuniquese y Publiquge ng
Superintendente
dca Bn.sie Veon Supmfntandencle de Bercos y Olrca Inetiuclones Finencleres G 3000161-1 RESOLUCIÓN NÚMERO: 635.10 FECHA: 2 1 DIC 2018
Visto que Grupo de Inversiones Canarias, C.A., socledad mercanbl inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Grcunscripdón Judidal del Distrito Capital y Estado Miranda el 18 de agosto de 2004, bajo el N° 64, Tomo 953-A., slendo su objeto social la realización de toda dase de Inversones, adquirir, arrendar y explotar, en cualquier forma, toda dase de bienes muebles e inmuebles, dar y reabir dinero en préstamo; otorgar fianzas; pronwover y constituir socleuades mercantiles de todo tipo; explotar fondos de comercio de cualquier naturaleza; formar asodaciones, aceptar cuentas de participación, adquirir o ceder cuotas, acclones y demás titulos, o cualquier interés, derecho y participación en otras compañías o sociedades. Igualmente, podrá realizar cualquier otro acto de lícito comercio, relacionado directa o indirectamente con las actividades antes señaladas o que se consideren convenientes a los intereses de la compañía.
Visto que de los recaudos consignados, y de conformidad con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil V de la Crcunscripclón Judiclai del Distrito Capilal y Estado Mranda, bajo al N° 8, Tomo 1258-A. de fedha 3 de febrero de 2006, los accionistas son 1os siguientes:
% N°de Acclonlstas Partidlpaclón Acciones Ávaro Gorrin Ramos 70 35.000 7.500 15 Manuel Herrera Castilla 7.499 Angel Meza Jiménez 0,01 Mano Almenara_Bnto 1 Visto que el ciudadano Álvaro Gorín Ramos, además de ser accionista del Grupo de liverwones Cananas, C.A, es acoonista del Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A. según Acta de Asambiea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fuchis 22 de julio de 2009, la cual quedó registrada en el Registro Mercantif Quinto de la Crcunscripción Judicial, en fecha 15 de septiembre de 2009, bajo el N° 54, Tomo 174-A, ejerciendo en dicha insttución ios cargos de Presidente, Vicepresldente y Director Prinpal; asimismo, es accionista y directivo de las sociedades mercantiles Credican, C.A., Consorcio Bancanarias, C.A. relacionadas al Grupo Financiero del cual forma parte e1 Banco Canarias de Vunezuela, Banco Universal, C.A.
Visto que el ciudadano Manuel Herrera Castilla, es accionista del Banco Canarias de Venezucla, Banco Universal, C.A. de acuerdo al Acta de Asamblea anteriormente dentificvla, ejerciendo en esa institución los cargos de Director Ejecutivo, Director Puncipal y Drectos Suplente; adicionalmente, es accionista y directivo de Crodican, C.A., empresa inercantil sntervenida mediante Resolución N° 468.10 de fecha 19 de agosto de 2010, publicada en la Gaccta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 39.498 de fecha 31 de agosto de 2010.
Visto que los precitidos ciudadanos ostentaban cargos directivos de la sociedad mercantil Crupw t: Invesiones Cananas, C.A., y a la vez era blular de acciones y/o .(x:k trxuiwn de otias sociedades mercantiles relacionadas con el Banco Canarias V.neurl., Bunco Unversaf, C.A., se desprende la existencia de undad de decisión y gestión de conformidad con lo previsto en el articulo t61 de la Ley General de Bancos y Oua". Instruuones Financeias.
Visto que a traves de la Resolucrón N° 598.09 cle ferha 19 de noviembre de 2009, publicada eu la Gaceta Oficial de 1a Rupublxa Bolivanana du Venezvela N° 39.310 de csa mnma fecha, el Bank o Cananas de venezinla, Banco Universal, C.A., fue mterzendo sin cese de imer:nual'o, on financiera v postenoemente, mediante Resolucon ° 627 09 vet 2. d: 1xi. nombre de 2002, publicada en 1a Gaceta Ofical de la Pupb';r.a Golivanana de Jon:-la N° 39.316 de igual fecha, se ordeno ss liquidación.
Vistr la opinión favorable del Banco Central de venezucla, según sesión de Director o Iv 4 343 de fecha 23 de wovemnbre de 2010 y del Consejo Superior la cual consta en .a ° 034-201c del 7 de diciembre d: 2012.
Esta Superintendenca de Bancos y Otras Instituclones Financiera, en aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema financiero nadonal y los derechos e Intereses de los ahorristas, depositanbes, clientes y acreedores del citado Banco; de conformidad con los numerales 5 y 15 dei artículo 235 en concordancia con los artículos 333 y 338 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finanderas;
RESUELVE 1º Intervenir a la sociedad mercantil Grupo de Inversiones Canarias, C.A.
2° Designar como Interventor al cudadano Rafael Moreno Franco, tular de la cédula de Identidad Nro. V-1.877.052.
3° El Enterventor presentará a la Superintendencia de Bancos y Otras Institudones Financleras, Informes periódicos que contengan los avances del proceso de intervención y las acdones a seguir en cada caso. La periodicidad de dichos informes será de sesenta (60) dlas continuos cada uno.
Contra esta decisión de conformidad con los artículos 398 y 403 de la Ley General de Bencos y Otras Inatituciones Financieras, podrá ejercerse el Recunso de Reconsideración ante esta Superintandencia de Bancos y Otras Institudones Financieras, dentro de los diez (10) dias hábiles bancarios sigulantes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oncial de la República Bollvariana de Venezuela; o el Recunso de Anulación ants cualesquiera de lae Cortas de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta oncial de la República Bolverlana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Racurso de Reconsideración, si éste fuera Interpuesto de acuerdo con el artículo 399 elusdeni.
Comuniqueseyz fubliguese
Superintendente SUDEBAN :t
Haj sbce Borwerune des Vonunee Superiniundlencle de Banpno Y N.G-20007161-3 RESOLUCIÓN NÚMERO: 636.10 2 1 DIC 2018 FECHA:
Visto que Serviclos Costa Afuera C.A.S.C.A., C.A. sociedad mercantil Inscrita por ante el Registro Mercantl Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 7 de febrero de 1991, bajo el N° 70, Tomo 35-A PRO., siendo su objeto soclal la de proveer todo tipo de person el calificado o no, asi como los servicios generales de alinicntación, alojamiento, aseo, transporte, mantenimiento, instalación y reparado de equipos, recreación y otros servicios afines, requeridos a bordo de taladros, plataformas, gabarras, naves, buques, costa afuera, al igual que en las instalaciones u operadones en tierra firme, a obras y/o proyectos con entes o empresas públicas o privadas en Venazuela y en el Exterior; comprar, vender, arrendar, redlamar, Invertir, Importar y exportar o de otra forma negociar con cualesquiera bienes muebles, inmuebles y derechos, y en general, realizar cualquier acto de licito comercio o actividad en conexión e Imherenca con su principal actividad.
Visto que de conformidad con los Estatutos Sociales reformados el 19 de julio de 2006 e inscrito en el Registro de Comarcio bajo el N° 56, Tomo 109-A-PRO, se constató que su capital social es de Quinientos Mil Balivares (Bs. 500.000,00) actualmente Quinientos Bolivares Fuertes (Bs.F. 500,00), divididos y representados en den (100) acclones, suscnto de la siguiente manera:
EOITRIRUCION EMPRESA 100% Compass Group France Holdings S.A.
Visto que el ciento por ciento (100%) del capital soclal de la precitada empresa pertenece a la sociedad mercantil Argyle Lelsure Fund, S.A. (Luxemburgo), tal como se desprende del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Acclonistas celebrada en fecha 29 de Junlo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Crcunscripción Judidal del Di#brito Capital y Estado Miranda, anotado bajo el N° 31, Tomo 129-A- Pro, en fecha 16 de agosto de 2007.
Visto que en el Acta de la Asamblea General Extraordinarla de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2007, antes identificada, la Junta Directiva actualmente se encuentra conformada de la siguiente manera:
Cargo.
CL. /Pasaporta Nombre V-5.973.529 Presidente Amé Chacón Escamilia 740172229 Director Qulntin G. Marshall Director V-2.940.255 David Flushing V-290.854 Director Hugo Pisani Visto que el cudadano Ame Chacón Escamilla ejerció el cargo de Presidente de Baninvest Banco de inversión, C.A., hasta el 22 de mayo de 2009, fecha a partir de la cual desempeño el cargo de Presidente de Banco Rea), C.A., Institución financlera liquidada mediante Resolución N° 033-10 pubicada en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.956 extraordinario de fecha 18 de enero de 2010, pertenedente al mismo grupo financiero; igualmente desempeñóidéntico cargo en Baninvest, Sociedad de Corretaje, C.A., cuando èsta tenía como acdonista mayoritario al Banco en cuestión, V:sto que el Juzgado Undécimo en Fundones de Contuoi del Tnbunal de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó en fecha 14 de diciembre de 2009, Causa 11C-13291-09, el decreto de medida de aseguramiento de bienes sobre todas las propiedades del mencionado dudadano Amé Chacón Escamilla.
Visto que el precitado ciudadano ostentaba cargos directivos de la sodedad mercantil Servicios Costa Afuera C.A.5.C.A., C.A., y a la vez era titular de acclones y/o cargos de dirección de otras sociedades mercantiles relacionadas con el Grupo Financiero Baninvest, Bancu de Inversión, se desprende la exdstenca de unidad de decisión y gestión de conformidad con los supuestos previstos en los articulos 161, 162 y 168 de la Ley General de Bancos y Otras Insbtuciones Finanoeras.
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Visto que a través de la Resolución N° 638.09 de fecha 4 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oncial de la Repúbiica Bolivarlana de Venezuela N° 5.939 Extraordinario de esa misma fecha, decidió intervenir con cese de intermediación financlera a Baninvest Banco de Inversión, C.A., y posteriormente, a través de Resoludión N° 034.10 del 18 de enero de 2010, publicada en la Gaceta Onicial de la Repúbica Bolvariana de Venezuela N° 5.956 Extraordinario se acordó su liquidación, la cual esta a cargo del Fondo de Garantla de Depósitos y Protecdón Bancaria (FOGADE), de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 281 en concordancia con el artícuio 346 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Fimancieras.
Vista la opinión favorable del BancoCentral de Venezuela, según sesión de Directono N° 4.322 de fecha 2 de septiembre de 2010 y del Consejo Superior la cual consta en Acta N° 035-2010 del 16 de diciembre de 2010.
Esta Superintendencia de Bancos y Otras Insttuclones Financera, en aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema finandero nacional y los derechos e intereses de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores del citado Bancu; de conformidad con los numerales 5 y 15 del artículo 235 en concordancia con los articulos333 y 338 de la Ley General de Bancos yOtras Instituciones Financieras;
RESUELVE 1º Intervenir a la sociedad mercantil Servicios Costa Afuera C.A.S.C.A., C.A, 2º Designar como Integrantes de la Junta Interventora a los ciudadanos Alberto Ángel Villalobos y Ana María Rodriguez, tlulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.415.642 y V-9.969.650, respectivamente.
3º La Junta Interventora presentará a la Superintendencia de Bancos y Otzas Instituciones Financieras, informes periódicos que contengan los avances del proceso de intervención y las acciones a seguir en cada caso. La periodicidad de dichos informes será de sesenta (60) días continuos cada uno.
Contra esta decisión de conformidad con los artículos 398 y 403 de la Ley General de Bancos y Otras Instituaones Financieras, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficlal de la República Bollvanana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la presente Resoludón en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto de acuerdo con el artículo 399 erusderr.
Comuniquese y Bublíquese Edgartemander Behrefs SIEBAN Supenntendente ls H(bc Y'- Buperintandencia de Bancos y Oine Inetiluclonse FInencleres IMP; G-20007 101-3 RESOLUCIÓN FeCHA: 12 8 13)C-21.:
NÚMERO:846.1 El Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Finanderas, en ejercicio de las atnbudones que le confieren los artículos 215 y 223 numerales 2, 3 y 4 de la Ley General de Bancos y Otras Instibuciones Financleras, en concordancia con el articulo51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administradón Financera del Sector Público Sobre el Réginpen Presupuestario;
RESUELVE Designar como responsables de las Unidades Administrativas Integrantes de la estructura de la ejecución financiera del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio económico finandero del añu 2011 de la Superintendencia de Bancos y Otzas Instituciones Financieras, a las siguientes funcionarias:
Unidad Administradors Central:
Marlitza Magdalena Manín Narváez, titular de la cédula de identidad N° v-9.426.146, Gerente de Administración y Finanzas.
Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pagos:
María José Ocando, titular de la cédula de identidad A° v-9.418.569, Gerente de la Ofidna de Recursos Humanos, Se deja sin efecto la Resolución N° 292.10 de fecha 9 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarianal. de Venezueia N° 39.455 de fecha 29 de junio de 2010.
Comuniquesg yPuetiqueng Edgar Herandez Behrens Superintendente
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORRS
Resoiución Nro. 060 Caracas, 30 de diciembre de 2010 200° y 151º
Visto que el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores, establece que la Superintendencia Nacional de Valores es el ente encargado de regular y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, para la protección de las personas que han realizado inversiones en el mismo.
Visto que de la función reguladora y de controlotorgada a la Superintendencia Nacional de Valores, está la de practicar visitas, inspeccionar los libros y documentos de los entes sometidos a su control, de acuerdo a lo previsto por el artículo 8 ordinal 24 de la Ley de Mercado de Valores.
Derivado de la referida potestad de control y supervisión, la Superintendencia Nacional de Valores, podrá adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de quienes hayan efectuado inversiones en valores, de acuerdo al artículo 8 numeral 22 de la Ley de Mercado de Valores.
Visto que CEDEL Casa de Bolsa, C.A., domiciliada en Caracas, inscrita por ante el Registro Mercantll Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 20 de marzo de 1991, Bajo el N° 29, Tomo 105-A Sgdo, fue autorizada mediante Resolución Nº 497-93, en fecha 16 de diciembre de 1993, para actuar como sociedad de corretaje de valores, y por ende, sometida al control y regulación de la Superintendencia Nacional de Valores.
Visto que del resultado de las pruebas realizadas durante la visita de inspección con fecha de corte 31/08/2010, practicada a la sociedad mercantil CEDEL Casa de Bolsa, C.A., según consta de Oficio No DSNV/0339/2010 de fecha 06 de octubre de 2010, se observan presuntos Incumplimientos al "Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas" y otras situaciones que podrían implicar incumplimiento a las "Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa" y que se mencionan a continuación:
1-) La cuenta bancaria denominada en moneda extranjera, no se encuentra ajustada al tipo de cambio de Bs. 4,30 por dólar, incumpliendo lo previsto en la Resolución N° 10-06-04 emitida por el Banco Central deVenezuela en fecha 10/06/2010.
2-) CEDEL Casa de Bolsa, C.A., mantiene una posición en el portafolio para Comercialización PIC correspondiente a una porción de Bonos PDVSA 2015 por un valor nominal de US $ 341,00, en custodía en el Banco Nacional de Crédito, y sobre el que manifestaron que se encuentran imposibilitados de negociar por ser una porción inferior a US $ 1.000,00.
3-) CEDEL Casa de Bolsa, C.A., mantiene dentro de las Obligaciones a la Vista, en la cuenta 21283MM0000C, "Cuentas por Pagar por Operaciones de Corretaje" por un monto de Bs. 22.411,28 partidas correspondientes a intereses y/o vencimientos de títulos valores con una antigüedad que va desde el mes de abril 2010, incumpliendo con la dinámica contable prevista en la fe de erratas del "Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas", el cual establece que una vez transcurridas 48 horas contadas a partir de la fecha de liquidación de la operación sin que se dé la confirmación de la entrega del titulo valor deberán realizarse los registros contables de incumplimiento de operaciones.
4-) En cuanto al cálculo del índice patrimonial CEDEL Casa de Bolsa, C.A., presenta error en la matriz de cálculo de las partidas de ajustes
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determinables y cuantificables contablemente al no considerar el superávit no realizado por ajuste a valor de mercado con saldo acreedor como partida de ajuste, incumpliendo con el procedimiento descrito en el "Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas" en su Capítulo V "Índices Patrimoniales de las Socledades de Corretaje".
5-) CEDEL Casa de Bolsa, C.A., tiene el libro de operaciones debidamente sellado por la Institución; sin embargo se evidenció que en él, sólo se asientan las operaciones realizadas con renta variable, es decir, que las operaciones de renta fija no se encuentran asentadas en el referido Ilbro, lo cual podría constituir un presunto incumplimiento al artículo 18 de las "Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa".
6-) En los casos de transferencias de los títulos valores denominados en Dólares, entregados al cliente por operación de permuta, CEbEL Casa de Bolsa, C.A., giraba instrucciones a UBS International, Inc. (custodio original de los bonos PDvsA), a fin de que los valores fueran traspasados a la cuenta UBS SB-01276 a favor de Cedel International Investment, LTD.; es decir, que de esta forma los títulos no quedan a nombre del cliente sino a nombre de un tercero relacionado a CEDEL Casa de Bolsa, C.A., Cabe señalar que del total de las once (11) operaciones de permuta, sólo dos (2) muestran evidencia de la instrucción por parte del cliente para efectuar el referido traspaso, lo cual podría constituir una presunta infracción a lo establecido en los artículos 17 (literal i) y 33 de las "Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa".
7-) En cuanto al detalle de personas relacionadas con la sociedad, los representantes de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., consignaron un escrito medlante el cual detallan las personas jurídicas que mantener relación accionaría con los accionistas de su representada, para lo cual acompañaron los documentos constitutivos. Cabe destacar que en el referido escrito no mencionan a Cedel International Investment, LTD., como empresa relacionada. Sin embargo en escrito consignado a este Organismo en fecha 28/10/10, admiten que el único accionista de la referida compañía es el ciudadano Santos Luis Cedeño quien es a su vez Director de CEDEL Casa de Bolsa, C.A., lo cual podría constituir una presunta Infracción a lo establecido en el numeral 23 del artículo 50 de la Ley de Mercado de Valores.
Visto que de lo expuesto anteriormente, se infiere que CEDEL Casa de Bolsa, C.A., podría encontrarse en una situación dificil de la cual se podría derivar, un perjuicio grave para los accionistas, acreedores y clientes de dicha sociedad mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores.
El citado artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores, faculta al Superintendente Nacional de Valores para delegar en uno o más interventores, las más amplias facultades de administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo las facultades que la Ley y los Estatutos confleren a la asamblea, a la junta administradora, al presidente o presidenta y demás órganos del ente intervenido.
visto que existe la necesidad de dar cumplimiento a los derechos y obligaciones de CEDEL Casa de Bolsa, C.A.
La Superintendencia Nacional de Valores actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 22 y artículo 21 de la Ley de Mercado de Valores,
RESUELVE, 1-) Intervenir a la sociedad mercantil CEDEL Casa de Bolsa, C.A., con cese de sus operaciones proplas de mercado de valores.
2-) Designar al dudadano ORANGEL, GODOY quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No V-6.021.080, para que se constituya en el interventor de la sociedad mercantil CEDEL Casa de Bolsa, C.A.
El interventor aqul designado, presentará a la Superintendencia Nacional de Valores, informes con la periodicidad que esta Institución lo requiera, los cuales deberán contener el detalle sobre los avances del proceso de intervención y las acciones a seguir en el presente caso.
3.-) Notificar a la sociedad mercanti CEDEL Casa de Bolsa, C.A., lo acordado por el Superintendente de este Organismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
4.-) Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., lo acordado en la presente Resolución.
5-) Notificar al Ministerio Público de la presente decisión a los fines de que se avoque al conocimiento de la causa y tome la medidas de protección y resguardo de los bienes y operaciones de CEDEL Casa de Bolsa, C.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente decisión podrá ser ejercido Reaurso de Reconsideración ante este Organismo dentro del término de quince (15) días contados a partir de la respectiva notificación.
ci:) Comuníquese y quese, Tomát Sänchez M.
LA 530 MA Superintendente Nacional de Valor
SEPÚSLICA SOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
Superintendencia de la Actividad Aseguradora FSS-2-2-003347 Caracas, 25 Nov 2010 200° Y 151°
I. ANTECEDENTES.
Visto que en fecha 01 de septiembre de 2010, mediante Providencia No FSS-2-2-002443, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora inició una averiguación administrativa a la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, en virtud de la denuncia formulada por la ciudadana Angela Moreno, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.272.532, en fecha 05 de noviembre de 2009, mediante escrito identificado en nuestro control de correspondencia la prestación del servicio de carta aval, con ocasión de la intervención quirúrgica a la que seria sometida su hija, presuntamente amparada por la Póliza de Seguro de Hospitalización, Cirugia y Maternidad No 4510819509966. (Folio 43) Como punto previo al análisis de fondo de los hechos relacionados con el presente caso, este Despacho considera menester hacer
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referencia al cambio normativo operado en el sector asegurador en fecha 29 de jullo de 2010, oportunidad en la cual entro en vigencia la novísima Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oncial de la República Bolivarlana de Venezuela No. 5.990 Extragrdinario, reimpresa por error material en fecha 05 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.481, marco normativo destinado a regla el sector de seguros en Venezuela en sustitución de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1995.
En tal sentido, este órgano administrativo considera de primer. orden clarificar que el texto legal aplicable a la situación jurídica objeto de la presente decisión será aquella ley vigente al momento de configurarse el hecho, en este sentido, si la concreción de las situaciones fácticas fueron realizadas encontrándose vigente la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995, Ta decisión que se adopte deberá recoger la regulación normativa de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros derogada.
Visto que mediante ofic los números FSS-2-2-005989/10439 y FSS- 2-2-005990/00010438 de fecha 08 de septiembre de 2010, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora notificó a la ciudadana Angela Moreno y a la compañía Mapfre La Seguridad, C.A, de Seguros de la apertura de la averiguación administrativa y del lapso probatorio acordado.
Visto que según escrito recibido en esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora el día 20 de septiembre de 2010, anotado en nuestro control de correspondencia bajo el N° 18878, la compañía Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros presentó sus alegatos y pruebas en torno a la averiguación administrativa.
II. ALEGATOS DE LA ASEGURADORA.
La empresa de seguros mediante escrito recibido el día 20 de septiembre de 2010 y anotado en el control de correspondencia con el N° 18878, presentó sus alegatos y pruebas en relación con el hecho que se averigua y en tal sentido, la representante de la aseguradora expuso los siguientes planteamientos, los cuales se dan aquí de manera resumida, ya que reposan en el escrito anexo al expediente del caso:
Que en fecha 14 de septiembre de 2009, la denunciante consignó ante la empresa de seguros los recaudos necesarios para solicitar el servicio de carta aval a nombre de la ciudadana Melissa Linet Rodríguez Moreno, titular de la cédula de Identidad N° 20.990.300, beneficiaria de la póliza contratada, a fin de ser intervenida en el Centro Médico Maracay, C.A., por presentar la patología Septodesviación Nasal Levoconvexa con Hipertrofia de Cornetes Inferiores y con Media Bulosa Derecha.
Manifestó que Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros procedió al análisis de la documentación presentada, donde se determinó que al momento de solicitar el servicio de carta aval la beneficiaria no había superado los plazos de espera, toda vez que para el momento de la solicitud del servicio no había transcurrido el año para superar los plazos de espera establecidos en el condicionado del contrato póliza.
Expresó que la aseguradora notificó a la denunciante en fecha 15 de septiembre de 2009, sobre la negación del servicio de carta aval, fundamentando su posición en la Cláusula 13, literal d), de las Condiciones Generaies de la Póliza Dorada de Salud, que prevé:
...Clúusula N° 13.- Derecho a Indemnización:
Hil Asegurado tendrá derecho a indemnización por atención médica. hospitalización o intervención quirúrgica que requiera en los siguientes casos..." "...J) Enfermedad contraida o originada con anterioridad a la fecha de comienzo de esta Póliza o durante los primeros cuatro (4) meses desde la emision o de la inclusión del Asegurado en la misma conocida o diagnosticada después de un (1) año. contados a partir de esta fecha...
Indicó que tal como lo señala la cláusula anteriormente transcrita, la beneficiaria de la póliza tendrá derecho a la atención médica cuando la enfermedad sea conocida o diagnosticada después de un (1) año de haber sido incluida en la póliza, en razón de ello, es que cuando diagnósticas la patología en julo de 2009 no había sido superado el plazo de espera y por ende no gozaba de cobertura.
III. ALEGATOS DE LA DENUNCIANTE.
La asegurada no remitió nl por si, ni a través de sus apoderados escrito alguno contentivo de sus alegatos para sustentar su denuncia.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.
Esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora considera propicio indicar que la presente averiguación no tiene por objeto determinar cuál de los derechos de las partes prevalece sobre los de la otra, antes bien, como Órgano de la Administración Pública su competencia se limita a establecer la responsabilidad administrativa en caso que la empresa de seguros se encuentre incursa en uno o varios de los supuestos del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros para lo cual este Organismo se permite hacer algunas c sideraciones sobre la relación contractual surgida entre la asegurada y la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, sin que por ello se pronuncie sobre la obligación de ésta última de cancelar la indemnización reclamada.
Por lo que se refiere a la averiguación administrativa, se observa que la misma tiene por objeto comprobar si la compañía Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar. En tal sentido, en el auto de apertura de la averiguación administrativa se le imputó la presunta elusión en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, conductas sancionables de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que dispone:
"Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio de Supenntendente de Seguros, eludan o retarden el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus beneficlariosserán contratantes, asegurados o" sancionadas de acuerdo con la gravedad de la falta....
(omissis) ParágrafoSegunao, Las, empresas de seguros dispondrán de un plazo máximo de treinta(30) días hábiles para pagar los siniestros cubiertos, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza para liquidar el siniestro.".
Sobre la transcrita disposición legal, la jurisprudencia patria, en sentencia de la Sala Político-Admlnistrativa del Tribunal Supremo de Justicia, del 31 de mayo de 2005 (Transeguro C.A. de Seguros contra el Ministerio de Finanzas) tiene dicho que:
"De tal forma, que puede colegirse que el artículo 175 1994, prevé tres tipos sancionatorios distintos, configurados por: 1. La elusión de las obligaciones a cargo de la aseguradora frente a los contratantes, asegurados o beneficiarios, como por ejemplo la de pagar las coberturas previstas en los contratos de seguros ante la ocurrencia del riesgo previsto, o la de notificar motivadamente su negativa de pago de dichas coberturas; 2. El retardo en el cumplimiento de las referidas obligaciones; y 3. El rechazo de los siniestros reclamados mediante argumentos genéricos.
Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión delas obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues Implicanía el Incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las Indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos Indicados en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo sancionado por la norma y, por último, la emisión de respuesta negativa dentro del plazo
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previsto en la norma pero conformada por argumentos escuetos e Insuficlentes para explicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento.".
A los fines de determinar la presunta contravención por parte de la compañía Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, se hace necesario analizar el supuesto de elusión que contempla el referido artículo.
ELUSIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio dei Superintendente de la Actividad Aseguradora, eludan el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios, quedan sujetas a las sanciones administrativas previstas en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
El mencionado supuesto de hecho ha sido interpretado por esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora como el uso de artificios o sutilezas para no encargar una responsabilidad; en otras palabras, cuando el asegurador rechaza o evita indemnizar un siniestro sin contar con motivos serios y suficientes para ello. De manera que el interés jurídico tutelado por la citada norma legal no es otro que la estabilidad del sector asegurador con el propósito de proteger a los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles, estableciendo a cargo de las aseguradoras la obligación de responder oportunamente a sus compromisos con los asegurados, o bien, a rechazar en forma motivada, seria y oportuna los siniestros, de manera tal que la imagen del sector asegurador se vea fortalecida.
Desde esta perspectiva, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora sólo puede aplicar las sanciones previstas en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros cuando la aseguradora no disponga de causa justificada para eludir el pago del siniestro, a cuyos fines corresponde a este Organismo valorar si la aseguradora dispone de una especie de fumus boni _fugispara rechazar el siniestro o retardar su pago.
Así, el fumus boni luris hace referencia al estudio de la apariencia o presunción del buen derecho que es alegado por una de las partes, se trata de un juicio de "verosimilitud y probabilidad" de tos motivos ofrecidos por la empresa aseguradora para rechazar el siniestro o retardar su indemnización, en ello consiste la valoración y calificación de la causa justificada.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia supra citada, las empresas de seguros tienen la obligación de pronunciarse acerca del pago del siniestro o, en su defecto, sobre los motivos que la exoneran de responsabilidad ante determinado reclamo, todo ello dentro del plazo de treinta (30) dias hábiles previstos en el artículo 175 ejusdem, de no ocurrir tal pronunciamiento podría considerarse que las aseguradoras se encuentran incursas en el supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones.
En tal sentido, de la revisión efectuada a los documentos que rielan en el expediente administrativo se evidenció que si bien es cierto que al folio 24 consta una carta de rechazo emitida por la empresa de seguros en fecha 15 de septiembre de 2009, donde niega el otorgamiento de carta aval solicitada por la denunciante, no es menos cierto que no existe evidencia que demuestre que la referida comunicación haya sido entregada a la asegurada o en su defecto a su Intermediario de seguros, aunado a lo señalado por la reclamante en el acto conciliatorio celebrado en la sede de este Organismo en fecha 03 de diciembre de 2009, donde manifestó que tenía dos (2) meses esperando la carta de rechazo del servicio de carta aval, circunstancia ésta que lesiona los derechos de la asegurada, ya que le impide a ésta la valoración de la procedencia o no de tal decisión, así como una vulneración a sus posibilidades de defensa, quien al no conocer el motivo y fundamento del rechazo, se encontraría con obstáculos para desvirtuar el mismo, por lo que tal situación encuadra dentro del supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, del escrito de descargo presentado por la compañía de seguros en fecha 20 de septiembre de 2010, identificado con el Nro. 18878, en el que señaló que "..en el informe médico elaborado por la Dra. Sandra Valentin - Médico Otorrinolaringólogo - indica que la Beneficiaria presenta ".. obstrucción nasal constante, dolor nasal, cafaleas, pruritonasal, motivo por el cual acude a consulta a principlos de julio del 2009..." -sic- (subrayado nuestro); es por lo que este Organismo una vez analizado el contenido del Informe clínico emitido por la médico tratante en fecha 10 de septiembre de 2009, se nota que para el mes de julio de 2009, la ciudadana Melissa Linet Rodníguez Moreno asiste a una consulta médica, la cual originó la orden clínica para que la paciente se le practicaran una serie de exámenes a fin de diagnosticar la patología existente, los cuales en fecha 24 de agosto de 2009, concluyeron en lo siguiente: "Septodesciación nasal levoconvexa con hipertrofia de cornetes inferiores y conta mdia bulosa derecha".
De lo anterior, es por lo que este Órgano Administrativo considera que para el mes de julio de 2009 no había certeza sino presunción de una enfermedad, la cual se determinó para el 24 de agosto de 2009, fecha en la cual la póliza de seguros tenía una antigüedad de un (1) año y diecisiete (17) días, periodo de tiempo con el que se superaba el plazo de espera fijado en la cláusula 13, Iiteral d) del condicionado de la póliza y por consiguiente la enfermedad diagnosticada a la ciudadana Melissa Linet Rodníguez Moreno poseía cobertura, por lo tanto, este Organismo considera que la empresa se válido de artificios para evadir su responsabilidad, configurándose el supuesto de elusión.
Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la infracción por parte de la mencionada aseguradora al contenido del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros con multa por la cantidad de Cuarenta y Un Mil Trescientos Bolivares sin Céntimos (Bs. 41.300,00), suma que corresponde a la sanción aplicada en su término medio de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber incurrido en el supuesto de elusión en el cumplimiento de sus obligaciones con ocasión de la reclamación presentada por la ciudadana Ángela Moreno, monto que resultó tomando en consideración el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que ocurrió la infracción (año 2009), cuyo valor para la fecha era de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00), de conformidad con el artículo 1° de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantias, Sanciones, Beneficios Procešales o de otra naturaleza, en leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997.
La referida multa fue calculada aplicando el sistema de graduación de pena previsto en el Código Penal Venezolano, el cual prevé en su Título III, De la Aplicación de las Penas, artículo 37 lo siguiente:
"Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie. No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior, cuando así lo disponga expresamente la ley, y también se traspasar a uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijar en también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho.
En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del articulo 94."
Asi las cosas, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora en el ejercicio de su potestad sancionatoria prevista en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al momento de calcular la sanción a imponer a alguno de los sujetos sometidos a su supervisión y control que se encuentre incurso en la comisión de alguno de los supuestos administrativos previstos en el referido artículo, debe considerar los límites mínimo y máximo establecido en dicha disposición legal, a saber, multa que oscile entre cien mil bolivares (Bs. 100.000,00) y el equivalente en bolívares a quinientos (500) salarios mínimo urbano; estableciendo la misma atendiendo la gravedad de la falta.
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Como complemento a lo antes expuesto, es menester señalar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señaló en torno al punto en comento medlante sentencia No 1213 del 02 de septiembre de 2004 (Caso: C.N,A. de Seguros La Previsora contra Ministerio de Finanzas -ahora Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas-), ratificada mediante dedislón N° 2582 de fecha 05 de mayo de 2005(Caso: Transeguro C.A. de Seguros contra Ministerio de Finanzas ahora Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas-), lo siguiente:
"..en el presente caso la determinación del monto de la multa impuesta a la recurrente fue realizada por la Superintendencia de Seguros, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, conforme al cual la multa aplicable se fijará de acuerdo a la gravedad de la falta y, estará comprendida entre den mil bolívares (Bs. 100.000,00) y quinientos (5o0) salarios mínimo urbano, escogiendo en el presente caso la Administración el punto medio entre los límites señalados en el precitado artículo, lo que a juicio de esta Sala evidencia la racionalidad del critarlo empleado por la Superintendencia de Seguros para la determinación del quantum de la multa impuesta.
Igualmente, cabe destacar que la proporcionalidad necesaría para la aplicado de la sanción, se refiere a la relación existente entre la gravedad de la falta y el monto de la multa aplicada, no siendo criterio de necesaria consideración, el monto de la indemnización debida por la compañía." (Resaltado propio).
Adicionalmente a lo precedentemente expuesto, la Administración al momento de calcular e imponer una multa de naturaleza administrativa, debe igualmente guardar la aplicación de lo previsto en la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza en Leyes Vigentes, el cual dispone en su artículo 1° que:
"Se sustituye en las leyes vigentes al salario mínimo como factor de cálculo de contribuciones, garantías, sanciones, beneficios procesales o de otra naturaleza por el valor equivalente en bolívares a tres Unidades Tributarias (3 U.T)." Aplicando las consideraciones anteriores al presente acto administrativo, el monto de la multa aplicada a la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros por la violación al supuesto de elusión previsto en el artículo 175 ejusdem, se cálculo de la siguiente manera:
Equivale al monto de Ires (3) U.T.
E:s igual a Bolivares 55.00 L'n Salario Minimo Urbuno decir [Gaccta Oficial N° 39 127 B165 (H1 de fecha 27/02/2009) Ahora bien, tultuplicado por 500) salaron Minimo Urbano (1.mite máximo de ia pena) ina.
Bs 165,00 100 mil Boltvarex límite minimo de la 1:s 1gual 4 13 41.300,00 pena) entre Dos (2) (Medha de La uncton)
En fuerza de las consideraciones que anteceden, y siendo que es deber fundamental de este Organismo velar porque los sujetos sometidos a su control den estricto cumplimiento a las disposiciones nacional, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles y de la estabilidad del sistema asegurador, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, por órgano de quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, DECIDE:
Primero: Sancionar a la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros con multa por la cantidad de Cuarenta yUn Mil Trescientos Bolivares sin Céntimos (Bs. 41.300,00), suma que corresponde a la sanción aplicada en su término medio de acuerdo con lo establecido en el articulo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber incurrido en el supuesto de @fusión con ocasión de los hechos denunciados por la ciudadana Ángela Moreno, titular de la cédula N° 5.272.532. Sanción que se impone tomando como base de cálculo el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que ocurrió la infracción (año 2009), cuyo valor para la fecha era de Cincuenta y Cinco Bolivares (Bs. 55,00), de conformidad con el artículo 1° de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997. Dicha multa deberá ser cancelada con el Formulario LIQ-01, que le será entregado una vez emitido por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Contra la presente decisión la empresa Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros podrá intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ante et Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
Notifiquese y solicítese la emisión de la correspondiente planila de liquidación.
PERE
010 k B ee 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Providencia NaC:03388 Caracasg 5 Nuv 2010 200 ° y 151 ° I.- ANTECEDENTES,
Visto que mediante escrito de fecha 12 de noviembre de : 2008, signado con el Nº 0022236 de la correspondencia de este Organismo, el ciudadano ANDRÉs GERóNIMO RIZO MENonIS, titular de la cédula de Identidad N° V-10.793.755, interpuso denuncia contra la sociedad mercantil CORRETAJE 76, S.A., por la conducta negligente en la tramitación del pago de la póliza de Seguros de Vehículos Terrestres N° 86584 que ampararía un vehículo de su propiedad.
Como punto previo al análisis de fondo de los hechos relacionados con el presente caso, este Despacho considera menester hacer referencia al cambio normativo operado en el sector asegurador en fecha 29 de julio de 2010, oportunidad en la cual entró en vigencia la novísima Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.990 Extraordinario, reimpresa por error material en fecha 05 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.481, marco normativo destinado a regir el sector de seguros en Venezuela en sustitución de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1995.
En tal sentido, este órgano administrativo considera de primer orden clarificar que el texto legal aplicable a la situación jurídica objeto de la presente decisión será aquella ley vigente al momento de configurarse el hecho, en este sentido, si la concreción de las situaciones fácticas fueron realizadas encontrándose vigente la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1995, la decisión que se adopte deberá recoger la regulación normativa de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros derogada.
Visto que este Órgano de Control en fecha 17 de junio de 2009, a través del oficio N° FSS-2-2-002891/0006954, le solicitó a la empresa La Oriental de Seguros, C.A., la documentación en la cual sustentada el rechazo del reclamo formulado pOr el CIudadano ANDRÉS GERÓNIMO RIZO
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MENonis,acompañado de un informe detallado en toro al siniestro acaecido al vehículo de su propiedad.
Visto que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora en fecha 12 de enero de 2010, mediante Providendia N° P5S-2-2-000236, ordenó la apertura de una averiguación administrativa a la sodedad CoRRETAJE 76; S.A., con el objeto de verificar los hechos denunciados por el ciudadano ANDRÉS GERÓNIMO RIZO MENONIS, lo CUal pUdIera constituir el supuesto de sanción administrativa previsto en el Iteral a) del artículo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
Visto que esta Superintendencia de la Actividad Asèguradora, mediante oficio FSS-2-2-008663/00001057 de fecha 18 de enero 2010, le remitió a la sociedad CoRRETAJE 76, S.A., la Providencia Administrativa N° 2-2-000236 de fecha 12 de enero 2010, informándole de la apertura de la averiguación y del lapso probatorio para que expusieran sus pruebas y alegatos.
II.- DEL ESCRITO DE DESCARGOS.
En su defensa la precitada Sociedad, mediante escrito de fecha 28 de enero de 2010, signado con el N° 00001593 de la correspondencia de este Organismo, expuso que inicialmente el cheque para pagar la prima del contrato de póliza en cuestión, resulto devuelto por no contar con suficientes fondos, situación notificada por la empresa aseguradora a la sociedad de corretaje de seguros; posteriormente el Ciudadano ANDRÉS GERÓNIMO RIZO MENonIS, acudió al llamado efectuado enfecha 04/01/2008, procediendo a la emisión de un nuevo cheque, por el cual efectuada el pago total de la póliza de Seguros Terrestres N° 86584, n0 siendo entregado de inmediato a la caja de la compañía de seguros, por instrucciones del mismo denunciante, quien dejó los mismos, dando la orden de no depositar los hasta tanto él no lo autorizara.
Es el caso, que el denunciante se entera a raíz del siniestro que la póliza se encontraba anulada, por lo que al acudir a la sociedad, se le informó que el cheque no había sido entregado a la empresa de seguros, por cuanto nunca recibieron instrucciones para tal fin, no obstante no pudieron devolver el cheque al referido ciudadano, por cuanto el mismo se había extraviado por el transcurso del tiempo (diez meses), no logrando la comunicación con el referido ciudadano, para la respectiva participación.
Visto que la empresa LA ORIENTAL DE SEGUROS, C.A., mediante escrito recibido en este Organismo en fecha 03 de julio de 2009, signado en el control de correspondencia bajo el N° 0012544, manifestó que la póliza fue anulada en virtud que no fue posible el cobro del cheque, por cuanto el mismo fue devuelto por el banco emisor, razón por la cual el contrato quedo automáticamente resuelto.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.
El objeto del presente. procedimiento es determinar la responsabilidad por parte de la sociedad CoRRETAJE 76, S.A., en la intermediación de la suscripción de la póliza de Seguros de Casco de Vehículo Terrestre Nº 86584, que amparaba un vehículo propiedad del ciudadano ANDRÉs GERÓNIMO RIZO MENONIS, la Cual fue anulada por no haber entregado a la empresa aseguradora dentro del lapso establecido en la ley, la prima recaudada por concepto de la cancelación de la referida póliza.
Ahora bien, si bien es cierto que el referido ciudadano señala en su escrito de denuncia que el cheque inicial resultó devuelto, no es menos cierto que el mismo lo sustituye, aún y cuando alega desconocimiento sobre el cobro del cheque, situación de la que se enteró hasta el acaecimiento del siniestro.
En virtud de lo cuál la precitada sociedad de corretaje de seguros no cumplió con la obligación que contempla el literal a) del artículo 160 del vigente Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, el cual establece:
"Artículo 160. Los productores de seguros sólo podrán usar para el cobro de primas los recibos emitidos por las empresas aseguradoras. Las sumas recaudadas deberán ser entregadas a las empresas aseguradoras al contado, dentro de los plazos que a continuación se señalan:
a) Sociedades de corretaje de seguros: Dentro de los quince (15) días consecutivos sigulentes al último día del mes en que se hublere efectuado el cobro;* (...Omissls...) En este sentido, este Organismo considera necesario destacar la obligación legal de vigilancia permanente en pro del saneamiento del mercado asegurador, así el artículo 132 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, estipula que los productores no solamente dispensa su mediación para la celebración de los contratos de seguros, sino que además están obligados al debido asesoramiento de los aseguradores y contratantes. Esto significa que no es sólo responsable del debido asesoramiento en cuanto al mejor provecho que pudieran obtener sus clientes en función de todas las posibilidades del mercado asegurador, sino el debido resguardo de los intereses de los asegurados al momento de ocurrirle algún siniestro amparado por la póliza contratada.
Se puede acotar que el productor de seguros es un profesional técnico en matena de seguros y por lo tanto debe tener una preparación, que es la intención del legislador al establecer en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros el control de la autorización de los productores de seguros, en consecuencia, ante cualquier incumplimiento de sus obligaciones se hace acreedor delas sanciones correspondientes, al no ajustar su conducta a las obligaciones que le impone la ley de asesorar a sus clientes en cuanto a la contratación de la póliza y los plazos para cancelar la prima una vez emitida la misma, en consecuencia, a julcio de esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se configuró el supuesto de hecho previsto en el literal a) del artículo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del siguiente tenor:
"Artículo 143. El Superintendente de Seguros podrá imponer multa hasta por cincuenta mil bolívares (50.000.00), suspender temporalmente o revocar la autorización y cancelar la inscripción de los productores de seguros, según la gravedad de la falta, cuando:
prescripciones de la ética profeslonal." (Subrayado nuestro)
(...Omiss.) Visto que el artículo 6 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, establece que corresponde a este Organismo, ejercer la fiscalización y control de la actividad aseguradora y en especial de los productores de seguros, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, por órgano de quien suscribe, ordena:
PRIMERO: Sancionar a la Sociedad CORRETAJE 76, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, con Suspensión por una
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duración de tres (03) meses contados a partir de la fecha de notificación del presente acto, en virtud de no haber cumplido con la obligación establecida en el artículo 160 del vigente Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
SEGUNDO: Ordenar a la Sociedad CORRETAJE 76, S.A., a que en to sucesivo de estricto cumplimiento a las normas establecidas en la novísima Ley de la Actividad Aseguradora, en el vigente Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás disposiciones emanadas de esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para el funcionamiento de las Sociedades de Corretaje de Seguros, so pena de ser sujeto en el futuro de las sanciones-previstas por el incumplimiento del Ordenamiento Jurídico vigente.
Contra la presente decisión podrá la sociedad de corretaje de seguros CORRETAJE 76, S.A., Intentar el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de ProcedimlentosAdministrativos,por ante el Superintendente de fa Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de esta Providencia.
Notifíquese.
eguradora Activid Supgrfntende febrero de 2010 Resoluaon Ng G.OB.V:N6.3 'I 03 de\febrero de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Caracas, 2 5 01C 2010 N° FSS-2-3- 803499 200° y 151° I.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL FONDO Visto que en fecha 29 de jullo de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.990 Extraordinario, laLey de la Actividad Aseguradora, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 del 05 de agosto del mismo año, cuyo objeto es establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, desarrollada en el territorio de la República, o materializada en el extranjero, a fin de garantizar el interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora.
Visto que el numeral tercero de las disposiciones finales de la Ley de la Actividad Aseguradora, dispone que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela.
Visto que tal publicación trae como consecuencia la derogatoria de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 23 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.882 - Extraordinario, reimpresa por error materíal en fecha 08 de marzo de 1995, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.865 -- Extraordinario.
Visto que el numeral 2 del artículo 7 de la Ley de la Actividad Aseguradora faculta al Superintendente de la Actividad Aseguradora para dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias que le atribuye la referida Ley.
Visto que en fecha 08 de septiembre de 2010, este Organismo mediante Providencia N° 002492, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo a la empresa C,A. de Seguros Ávila, a objeto de determinar si existe elusión o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas, titular de la cédula de identidad Nº 14.182.279, de conformidad con lo que establecía el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, cuyo texto ha quedado derogado; quien suscribe en su carácter de Superintendente de la Actividad Aseguradora, acuerda que la situación denunciada sea examinada a la luz de ésta última, la cual resultaba aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos (09-03- 2009).
II.- ANTECEDENTES
Mediante oficio distinguido con el número FSS-2-3-005691- 010744 del 08 de septiembre de 2010, se notificó a la aseguradora, de la apertura de la averiguación administrativa y del lapso probatorio acordado, a objeto que presentara las pruebas que estimara necesarias para el ejercicio de la defensa de sus derechos e intereses, en relación a los hechos denunciados.
Se deja constancia que dicho oficio fue recibido por C.A. de Seguros Ávila, el día 15 de septiembre de 2010, tal como se desprende del sello húmedo colocado al margen inferior derecho del ejemplar que cursa al folio 25 del expediente administrativo que formara esta Superintendencia de, da Actividad Aseguradora.
III.- DE LOS ALEGATOS Y PRUEBAS PRESENTADOS POR C.A. DE SEGUROS ÁVILA.
Visto que de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la empresa C.A. de Seguros Ávila, disponía de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la apertura del procedimiento (15-09-2010), para presentar sus descargos contra los hechos impuestos en el auto de apertura, período éste que venció el día 29 de septiembre de 2010, sin que ejerciera su respectivo derecho a la defensa.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Vistas las actuaciones y documentos que conforman el señalado expediente, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a fin de decidir al respecto formula las siguientes consideraciones:
DEL DESISTIMIENTO:
Visto el escrito de fecha 29 de septiembre de 2010, recibido bajo el N° 19427 del control intero de correspondencia, a través del cual la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas, manifiesta su voluntad de desistir de la denuncia interpuesta contra C.A. de Seguros Ávila, habida consideración que la misma procedió con pago correspondiente, se estima necesario aclarar al denunciante que si bien el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla que el desistimiento supone la terminación del procedimiento administrativo, el artículo 66 del citado instrumento legal, dispone que si por razones de interés público se justifica, la
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Administración puede continuar la tramitación del mismo; y siendo que corresponde a esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora velar porque las empresas de seguros den oportuno cumplimiento a las disposiciones legales y contractuales establecidas para atender los reclamos formulados por los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, atribución que impone a este Organismo implementar las medidas necesarias a fin corregir la situación irregular que puedan presentar las empresas en perjuicio, no sólo de los asegurados, sino también del sector asegurador, es evidente entonces que por razones de interés público se justifique la continuación del procedimiento administrativo iniciado.
Se hace necesario entonces analizar los hechos relevantes de la denuncia, a los fines de verificar la conducta asumida por la empresa C.A. de Seguros Ávila de cara al artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento jurídico aplicable para el momento en que se suscitaron los hechos.
En efecto, el objeto de la presente averiguación administrativa es comprobar si la compañía C.A. de Seguros Ávila realizó un acto infractor de una conducta exigida por el ordenamiento jurídico que regula la actividad aseguradora; la determinación de la responsabilidad administrativa y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar.
En tal sentido, en el auto de apertura de la averiguación administrativa se imputó a la mencionada aseguradora el presunto incumplimiento de los supuestos derecho denominados "elusión y retardo" durante la tramitación del siniestro reportado por la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas, hechos sanclonables de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, que disponía:
"Las empresas de seguros que sin causa justificada, a juicio del Superintendente de Seguros, eludan o retarden el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus contratantes, asegurados o beneficiarios serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de la falta..."
(omissis)
Parágrafo Segundo. Las empresas de seguros dispondrán de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para pagar los siniestros cubiertos, ci tados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicados en la póliza pàra liquidar el siniestro."
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2005, indicó lo siguiente: "De tal forma, que puede colegirse que el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1994, prevé tres tipos sancionatorios distintos, configurados por: 1. La elusión de las obligaciones a cargo de la aseguradora frente a los contratantes, asegurados o beneficiarios, como por ejemplo la de pagar las coberturas previstas en los contratos de seguros ante la ocurrencia del riesgo previsto, o la de notificar motivadamente su negativa de pago de dichas coberturas; 2. El retardo en el cumplimiento de las referidas obligaciones; y 3. El rechazo de los siniestros reclamados mediante argumentos genéricos.
Así, la falta de pago o la ausencia de respuesta ante la solicitud de cancelación de las coberturas previstas en una determinada póliza, se subsumiría en el supuesto de elusión de las obligaciones establecidas a cargo de la aseguradora, pues implicanía el incumplimiento del deber de notificar por escrito o de pagar las indemnizaciones debidas; en tanto que, la respuesta o el pago fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente, si fuere el caso, y el asegurado haya entregado toda la información y recaudos indicadas en la póliza para liquidar el siniestro, se subsumiría en el supuesto de retardo sancionado por la norma y, por último, la emisión de respuesta negativa dentro del plazo previsto en la norma pero conformada con argumentos escuetos e insuficientes para explicar el rechazo del pago que se trate, configuraría el tipo de rechazo genérico prohibido en el mismo parágrafo cuarto del artículo en comento".
Ahora bien, en el caso que se analiza tal como se indicó al inicio de las consideraciones expuestas por este Organismo, C.A. de Seguros Ávila, no consignó informe alguno donde se expliquen las razones de hecho y de derecho que la asistieron para no efectuar el pago correspondiente dentro del lapso legalmente previsto para ello.
En este sentido, y como quiera que C.A. de Seguros Ávila, procedió el día 23 de septiembre de 2010 a pagar el siniestro reportado el 09 de marzo de 2009, este Organismo se limitará a examinar únicamente la figura denominada retardo, pues resulta inoficioso pronunciarse por la elusión, al haberse materializado el pago, de acuerdo con los términos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
A los fines de determinar la responsabilidad administrativa de la empresa C.A. de Seguros Ávila, por lo que al retardo se refiere, se hace necesario indicar en que consiste dicho supuesto de hecho.
DEL RETARDO
Sobre tal disposición legal debe puntualizarse que el asegurador tiene la obligación de pronunciarse en el plazo legal acerca de los derechos del asegurado, se trata de un deber en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. Lo expuesto significa que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro, bien sea asumiendo la responsabilidad o rechazando con fundamento, según corresponda; actuación que debe cumplirse en los términos que establece el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, esto es, treinta (30) días hábiles, lapso que corre a partir del momento en .que el asegurado entregue todos los recaudos exigidos y se haya realizado el ajuste correspondiente, de ser el caso. A igual plazo y condiciones quedan sometidas las empresas de seguros para notificar por escrito los motivos de hecho y de derecho que aleguen para considerar un siniestro como no cubierto.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Corre inserto al folio 1 del expediente administrativo, el escrito de denuncia presentado en fecha 03 de febrero de 2010, del cual se desprende claramente lo siguiente:
09-03-2009 Fecha de siniestro:
09-03-2009 (*) Orden de reparación:
17-07-2009 . Factura por reembolso:
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Fecha denuncia ante el Órgano de Control:
04-02-2010 22-03-2010 Actos conciliatorios:
20-05-2010 11-06-2010 Fecha de pago:
23-09-2010 (*) Posterior a la orden, se efectúa la reparación contra reembolso en virtud de la negativa de 1os talleres de recibir el vehículo.
Aplicando las consideraciones anteriores al caso que se analiza se observa que el día 09 de marzo de 2009 ocurrió el siniestro, que la factura para el pago contra reembolso fue consignada a decir de la denunciante el día 17 de julio de 2009 y el pago de la indemnización se produjo el 23 de septiembre de 2010, tal como se desprende de la copia del comprobante de pago correspondiente al cheque emitido a favor de la asegurada, cuyo ejemplar cursa al folio 26 del expediente administrativo esto es, a los catorce (14) meses siguientes de haberse hecho entrega de la factura correspondiente a los gastos incurridos, plazo que supera ampliamente los treinta (30) días hábiles que contempla el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros para el pago de siniestros.
En virtud de las consideraciones anteriores resulta evidente la infracción de la señalada disposición legal, siendo que respecto a este hecho la representación de la aseguradora no presenta argumento alguno que haga presumir a este Órgano de Control que tal falta de atención se debe a un incumplimiento Involuntario, se hace necesario entonces determinar si el incumplimiento de la obligación dispuesta en el parágrafo segundo del articulo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, se debió a culpa de C.A. de Seguros Ávila, ello en virtud que el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa requiere como requisito esencial la exigencia de la culpabilidad del autor de la infracción, para castigar la conducta omisiva.
Al respecto, la doctrina contemporánea, en materia de Derecho Administrativo Sancionador, ha discutido ampliamente el tema de la exigencia de la culpabilidad en los ilícitos administrativos. Sobre el particular se han establecido tres posiciones.
.La primera de ellas plantea la aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador de las reglas y principios que sobre culpabilidad se han desarrollado en el Derecho Penal; la segunda, plantea la independencia de la responsabilidad por ilícitos administrativos, no siendo exigible la culpabilidad; finalmente, una posición intermedia que aplica la noción de culpabilidad en los predios del Derecho Administrativo Sancionador, pero con las matizaciones propias derivadas de las peculiaridades de éste, que lo diferencian claramente del ámbito penal.
Respecto a la primera de las posiciones, es decir, la que pretende trasladar al Derecho Administrativo Sancionador los principios creados y desarrollados por el derecho penal, autores de la calidad de ALEJAwDRo NIETO han demostrado la banalidad de dicha tesis, porque no es cierta del todo esa pretendida extensión de la exigencia de culpabilidad y, además, cuando realmente se exige, provoca unos problemas de solución imposible. Para demostrar lo que se está diciendo basta pensar en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas o en los casos de solidaridad y subsidiaridad y en la aparición extrema de la presunción de . culpabilidad. (NIETO, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador, Segunda Edición, Madrid, EditorialTecnos, 1994; Pág. 24).
La segunda de las posiciones, aquella que proclama la independencia del derecho administrativo sancionador, y en consecuencia la no exigencia de culpabilidad, ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia en derecho comparado.
En sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 7 de octubre de 1988 se señaló:
"Pueden especialmente - siempre en principio y en determinadas condiciones - penalizar un hecho material u objetivo en sí, con independencia que proceda de dolo o negligencia." La no exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, se ha fundamentado en la diferente valoración legal que dicha figura merece en la esfera administrativa de ia que puede merecer en la penal, ya que distinta y divergente es la naturaleza jurídica con que se regulan en uno y otro de tales ordenamientos esa responsabilidad hasta el punto que cambia en lo esencial la nota característica de la citada manifestación intencionada o maliciosa como elemento básico de la misma.
en las infracciones administrativas pero no en los mismos términos que en el derecho penal, debido a las diferencias existentes entre ambos regímenes punitivos, plantean las siguientes ideas:
En el derecho penal es el repertorio de ilícitos lo suficientemente breve como para ser conocido por todos los ciudadanos y, además, coincide a grandes rasgos con la conciencia popular, De tal manera que es infrecuente cometer un delito sin conciencia de ello.
En el derecho administrativo sancionador, en cambio, la situación es muy diferente. Aquí los repertorios de ilícitos son inabarcables y el Estado no puede exigir a nadie que los conozca. El conocimiento real es sustituido por la ficción legal de que se conoce. Por tanto, si la culpabilidad se concibe como conciencia y voluntad de alcanzar un resultado ilícito y se ignora -de hecho- que es ilícito, el sistema cae por su propio peso. En consecuencia, si nos tenemos a la culpabilidad en el sentido penal, el Derecho Administrativo Sancionador se disuelve y queda sustituido por un juego de ficciones y presunciones.
El ciudadano no puede ciertamente conocer los ilícitos que cada día van creando las normas; pero tampoco puede refugiarse en su ignorancia, que sería -además de una excusa demasiado sencilla- un desprecio para el Estado y para los intereses públicos protegidos por el ilícito. De aquí la obligación genérica no ya de conocer todo el repertorio de ilícitos sino de procurar conocerio. Y, en consecuencia, su responsabilidad le será exigida no ya por sus conocimientos reales sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida. Diligencia que es variable en atención a las circunstancias personales de cada uno: grado de cultura, medio en que vive, grado de proximidad del ilícito a sus actividades habituales y, sobre todo, profesión.
Por tanto, tomando en consideración que la aseguradora debía tener exacto conocimiento de las obligaciones derivadas de su actividad y en consecuencia de la norma que exige el cumplimiento de sus obligaciones, se considera que en su actuación estuvo presente el elemento culpabilidad, en los términos definidos anteriormente.
En efecto, como se Indicó anteriormente, C.A. de Seguros Ávila, tiene el conocimiento que las normas contenidas en la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, (hoy derogada) son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora estima que la
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incurrió aseguradora ena responsabilidad mencionada administrativa al haberretardado el cumplimiento de su obligación de indemnizar el reclamo presentado por la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas.
Visto que de los hechos antes expuestos quedó comprobada la infracción por parte de la aseguradora al contenido del parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, instrumento jurídico aplicable para la fecha en que se suscitaron los hechos, es por lo que esta Superintendencia de la Actividad Aseguradora sanciona a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de VeinteMil Seiscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 20.650,00), suma que corresponde a un cuarto de la sanción prevista en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, por haber incurrido en el supuesto de retardo con respecto a los hechos relacionadoscon la reclamación presentada por la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas.
La referida sanción se impone tomando como base de cálculo el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción (2009), de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55.00), de conformidad con el artículo 1 de la Ley que establece el Factor de Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra naturaleza, en Leyes vigentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.362 del 26 de diciembre de 1997.
Finalmente, este Organismo considera pertinente la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales, el cual dispone que: "En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, se publicarán además los Decretos, Resoluciones y otros actos del Poder Ejecutivo que por mandato legal o a julcio de aquel requieran publicidad; sin perjuicio de que dichos actos tengan la debida autenticidad y vigor sin el requisito de la publicación.". (Énfasis nuestro).
Vistas las consideraciones anteriores, quien suscribe, José Luis Pérez, Superintendente de la Actividad Aseguradora, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (ahora contenidas . en el artículo 166 de la Ley de la Actividad Aseguradora). DECIDE Primero: Sancionar a la empresa C.A. de Seguros Ávila, con multa por la cantidad de Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 20.650,00), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del 08 de marzo de 1995, al haber incurrido en retardo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas.
Segundo: Cerrar la averiguación administrativa abierta a C.A. de Seguros Ávila, por to que al supuesto de elusión se refiere, visto que la misma procedió a dar cumplimiento con su obligación de indemnizar el siniestro reportado por la ciudadana Ingrid Carolina Roa Rojas.
Ordénese la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Publicaciones Oficiales.
Contra la presente decisión podrá la empresa C.A. de Seguros Ávila, intentar el Recurso de Reconsideración, por ante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de esta Providencia, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la citada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Notifíquese y Publíquese.
AEARUIS PÉRAZ Superintendentedefh Activau Aseguradora Resolucién Np.ah brero de 2010 G.O.R;B.No. 39.6q fecha 03 febrero de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2010 200ª Y 151° PROVIDENCIA N° 054 El Presidente del Fondo de Prolección Social de los Depósitos Bancanos, visto lo acordado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. mediante Resolución N° 647.10 ael 28 de diciembre de 2010. publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbica Bolivaniana de Venezuela N° 39 584 del 30 de diciembre de 2010. mediante la cual se acuerda la Liquidación de BANCORO. C.A BANCO UNIVERSAL REGIONAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 106 de la Ley de Instituciones del Sector Bancano, en ejercicio de las alnbuciones que le confiere el numeral 2 del articulo 113 ejusdem, en concordancia con lo previsto en el articulo 261 del citada texto normativo. y conforme a lo acordada en su Reunión de Cuenta N° 58 Extraordinana de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil diez (2010). resuelve 1° Designar como integrantes de la Junta Coordinadora del Proceso da Luquidacón de BANCORO. C A BANCO UNIVERSAL REGIONAL. a Ios CIUdadanos EDGARDO venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros 10.113.877 y 5.564.785 respectivaniente.
2° La Junia Coordinadora del Proceso de Liquidación debera presentar al Fondo de Protección Social de los Depósilos Bancarios, un Informe General de Liquidación, que. entre otros aspectos, referirá la situación legal, financiera, contable, administrativa y operativa de la Institución Financiera en Liquidación, asi como el plan de las acciones a seguir para la cu!minación de dicho proceso. El refendo informe debera ser presentado dentro de los sesenta (60) dias continuos siguientes a la publicación de la presente Providencia.
EL(PRESIDENTE : ~* DAVIO ALASTRE Deceto N° A229 de: 09-02-2010 Gacela Oficial N° 39.364 dei 09-02-2010 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARALAAGRICULTURA Y TIERRAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 341-2010. CARACAS, 08 DE NOVIEMBRE DE 2.010 200º y 151° En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el artículo 34 del Decreto No.
6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 54 numerates 3 y 8 del Decreto Nº 5.930, con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura y el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en concordancia con el artículo 48 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario, este Despacho dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Artículo 1. Delegar a partir del Diecinueve (19) de Mayo de 2010, en el Ciudadano ROBERTO LUIS DIAZ CUELLAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.650.362, GERENTE ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de este Instituto, las atribuciones y firma de los actos y documentos que a continuación se especifican:
1.- Programar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios administrativos del Instituto.
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2.- Apertura de cuentas bancarias de éste Instituto, y el registro de las firmas de los funcionarios autorizados para movilizarlas.
3. Movilización de cuentas corrientes: creación y aprobación de fondos rotatorios; certificaciones de acreencias contra el Tesoro Nacional, administración de bienes nacionales.
4,- Endoso de cheques y otros títulos de crédito.
5.- Expedición de copias certificadas da los documentos cuyos originales reposan en ei archivo de esa Oficina a su cargo, de conformidad con lo establecido en el Decreto ConRango Valor y Fuerza de Lay Orgánica de la Administración Pública, asf como autorización para ordenar la exhibición e inspección de determinados documentos, expedientes, libros, registros o archivos relacionados con ias materias de su competenda.
6.- Movilización de cuentas corrientes, creación y aprobación de fondos administración de blenes nacionales, tramitaclones y pago que tenga que seguros.
7.- Endosos de cheques y otros títulos de créditos.
trabajadoras del Instituto conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Generai.
9.- Las demás funciones Inherentes y de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos.
Artículo 2. Los actos y documentos firmados con motivo de ésta Providencia Administrativa, deberán Indicar de forma Inmediata, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la presente Providencia Administrativa y de la Gaceta Oficial de la Rapública Bollvarlana de Venezuela en donde haya sido publicada.
Artículo 3. El Presldente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuícultura (INSOPESCA)podrá discrecionalmente firmar los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa.
Artículo 4. El funcionario delegado deberá rendir cuenta al Presidente del Instituto Naclonal de la Pesca y Acuicultura de los actos y documentos firmados en virtud de ésta delegación.
Queda a salvo lo establecido en el artícuio 35 del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, respecto de los actos y documentos que no pueden ser delegados.
Comuníquese y pubiíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
BERTO GIMRHIEZ PRIETO Presidonte del Instituto socialista de la Pesca y Aculcultura (INSOPESCA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL.
PRESIDENCIAVINSAI N°50 CARACAS, 12 DE ENERO DE 2011
AÑOS 200º y 1519 En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 61 numeral 4 del Decreto No. 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, de fecha 03 de junio de 2008 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio del 2008, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. DM/003/2010 de fecha 27 de enero de 2010, dictada por el Ministro del de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.356 de fecha 28 de enero de 2010, reimpresa por erior material en la Gaceta Oficial de la República artículo 5 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Despacho dicta la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Primero: Se designa al ciudadano FELIX ANTonIo ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad Nº V- 34.230.393, como Director (E) de la Oficina Socio - Bioregión Llanos Centrales del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSA1) a partir del S de enero de 2011.
Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto Nº 6.217, con Rango. Valor y Fuerza de Ley Orgânica de la Administración Pública, se delega la competencia y tirma de los actos administrativos y documentos concernientes a las atribuciones y actividades de esa Oficina a su cargo.
EPORUCS EILWAIANA DE VEIREZIELA
LIXESIUXALA-FERNANDA SINDOVAL CABRERA PRESIDENTA (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RIEPUBLIOA BOLIVARIANA DE VENEZURLA f'Lisbr MINISTBRIO OEL PODER POPULAR RARA ULETRAS E EL TAABAJO Y SEQURDAD SOCIAL DESPACHO DE LA MIABTRA Caracas, 6 DIC 2010 y1 No.3220 RESOLUCIÓN
POr CUantO Ias OIgAnIZaCIOnES: FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS MEDICINALES, COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA (FETRAMECO), SINDICATO NACIONAL DE VIBITADORES MEDICO (SINAVIME), SINDICATO
C.A (BINBOTRATQUIM), SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA FARMACÉUMCA (SUNTIQF). SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES DE LA INOUSTRIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS DEL ESTADO ZULIA (SIBOTRAIQFAZ), SINDICATO UNIACADO DE TRABAJADORES DE EMPRESA QUÍMICA FARMACÉUTICA (SUTEQF). BINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANOFI AVENTIS, S.A. (SUTESAVSA), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA PFIZER (SINTRAPFIZER). SINDICATO DE TRABAJADORES DÈ LABORATORIOS R LABORATORIOS OEL ESTADO MERIDA (SITRAVALMORCA), SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LABORATORIOS CALOX SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE TRABAJADORES BOLIVARIANO DE LA EMPRESA CALOX (SINTRABOLCALOX), SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LABORATORIOS ELMOR (SINTARA ELMOR). UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PROFESIONALES BOLIVARIANOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA FARMACÉUTICA CONEXOS Y SIMILARES DEL DISTRITO CAPITAL (U-SINTRA-P- B-RAIQUPAR), SINOICATO DE TRABAJADORES BOLIVARIANO QUÍMICO FARMACÉUTICO (SINTRAaQuiFAR), solicitaron de conformidad con el erticulo 529 de la Ley Orgánica de! Trabajo, se proceda a efectuar la convecatona de una Rnunión Normativa Laboral para las empresas pertenecientes a la rama de acividad económica del sector de InbusTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA (LABORATORIOS, CASA DE REPRESENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS) qUe operan a eSCala NACIONAL, con el objeto de negociar y suscnbir una Convención Colectiva de Trabajo. Estudiada camo ha sido la referida solicitud. a juicio de este Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, se pudo constatar que la misma cumple con los requísitos estabiecidos en los articulos 529 y 530 de la ceda Ley. En consecuencia, este Dospacho COnvoCA 1ormaImente a los re DreSentantes de la CÁMARA NACIONAL DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y AFINES (CANAMEGA); CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DEL MEDICAMENTO (CAVEME) y la CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUBTRIA FARMACÉUTICA representantes de las empresas que a continuación se Indican: Avenms PharmA, &.A.; ANDROMACO: ALLEN & HANBURYS C.A.: BIOFARMA C.A.; BIOFORMO, C.A.: BIONERAIA VEGEYAL MEDICAMENTOS, S.A.; COMPARIA ANÓMMA VITA: CYTOREX BIOCIENCIES INC; CORPORACIÓN FARMACEUTICA NACIONAL C.A.; CLORIANT DE VZLA, S.A: CEFARCA; CONVACTE; CLAVS LIFECIENCIAS: CARLIER FARMACÊUTICA, CA.; FARMA (LABORATORIOS): FERRE-LET, S.A.; GIOMPI (LABORATORIOS C.A.); GENTEK, C.A (LABORATORIO); ORUPO SM ESAMAR; GALENO QUÍMICA, C.A.: GENÉRICOS ELTER; INDUSTRIAS VENEZOLANA DE PRODUCTOS FARMAC V Z E R N INOUSTRIAS CARAMADIO C.A, INDUSTRIAS WYETH S.A.; JOHNSON & JHONEON DE VZLA, S.A.; KLINOS, C.A. (LABORATORIOS): LABONAC, C.A.; LAB. BA. & BC: LABORATORIO BIODIERMA; LABORATORIO GLENMARC; LAB. PROVINFAR; LABORAYORIOS HERBPLANT, C.A.: LABORATORIOS DE INVESTICACIÓN FARMACÉUTICAS, C.A: LABORATORIOS DE INVESTIOACIÓN BOTANICAE VZLA: LAB. JERICO; LAB. QUIM-FAR, C.A.; LAB. PHARMATIBST, C.A.; LA EBTIC DE VENIZUELA, CA.: LABORATORIO COLDRCON DE VEMIEZUELA: LABORATORIO CORPORACION MEDIDO; LABORATORIO DERMA SKCIM: LABORATORIO BFIACE C.A; LABORATORIO FLUPAL C.A; LABORATORIOS GENÉRICOS DALIOL: LABORATORIO GIONTEL: LABORATORIO INDUSTRIAS HELT C.A: LABORATORIO IMPROVIT; LABORATORIO INDUSTIRIAL DE PERFUMES: LABORATORIO 1_ASMAS C.A.: LABORATORIO MEGAL; LABORATORIO MEYER; LAB. NOVAPIARMA; LABCRAYORIOS ORTABORICOS, S.R.L; LABORATORIO NOW: LABORATORIO OFA; LABORAYORIO ORGANIFAR: LABORATORIO PRDULA: LABORATORIO PRONTO MEDICA CA.: LABOHATURIC PRODUCTO NATURISIMA DE VENEZUELA S.A; LABORATORDO SERVINONCA 18 C.A; LABORATORIO SICA FARM DE VENEZUELA; LABORATORIO SUSTANTIA C.A.; LARORATORIO THERMOGROUP C.A.: LABORATORIO WTALS; LABORATORIO PROTON; LABORATORIO INTPA CA.; MERCK, &.A.: MONSANTO DE VZLA; MUCDS CABA DE REPRIESENTACIOMIEB DE VIENEZILAI A, SA; MEAD JHONSOM; NOVA PHARMA, (LABORATORIOS S.A.): OFA. C.A; ORGANON VENEZOLANA, S.A.; OIAGEN; PONCE Y BENZO, C.A; PROBIELSA, C.A; PROTONL, CA. (LABORATORIOS): PHARMAKYH, C.A.: PHARMACIA & C A ; PHARMACIA UPJOHN C.A.: PRODUCTOS FLEMBING C.A:; PRODUCTOS SIBAGEIGY S.A.: QUIM-FAR, C.A. PRONTO, C.A. (LABORATORBO): SENORO DE VENEZUELA, S.A.; SPEFAR VENEZOLANOS, S.A. (LABORATORIOS S.A.): SQUBB DE VENEZUELA S.A; SANKYO PHARMA VENEZUELA S.A.; S.M. ESAMAR C.A.: SANDOZ VENEZUELA: SANOFISYNTHELABO DE Ve : S 's HoSP MED C.A. y vAuEBROw DE VLA, asÍ como también a las organizaciones antes mencionadas, para que concurran al trigésimo (3omo.) día continuo, a las diez de la ma Aana (10:00 a.m.), contados a partir de la publicación de esta convocatoria en la Gaceta Oical de la República Bolivariana de Venezuela o a la misma hora del primer dia
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haba siguenta, si aquel no lo fuere. por anle el Salón de Reunionos de la Dirección de Inspectorla Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, ubicado en el Centro Simón Bolivar, Edificio Norte, Piso 2. El Silencio, Caracas, a objeto de proceder a la instalación de la Reunión Nommativa Laboral Igualmente, ésta Resolución deberá publicarse a expensas de los interesados en dos (02) diarios de amplia circulación regional, conforme a lo preceptuado en el referido articulo 533 da la Ley Orgânica del Trabajo y 131 de su Reglamento. Se advierte que de conformidad conel artículo 544 de la Ley Orgánica del Trabajo, la publicación de esta convocatoria suspende de inmediato la tamilación de los pliegos de peuciones en curso, concliatorios o conllictivos, en los cuales sean parte algunas de las empresas u organizaciones sindicales comprendidas en la Rounión Normativa Laboral. Asl mismo, a tenor de lo dispuesto en el laaral "t del e nn n e ea e e mn involucrado en la misma, podrá despedir, trasladar, ni desmejorar a ningún trabajador que le preste servicio, sin justa causa debidamente calificada por la autoridad competente, hasta la conclusión de la Reunión Normativa Laboral.
Comuniquese y Publiquese.-
MARIA CRISTINA IGLES MINISTRA PARÀ EL PODER POPO! DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS DESPACHO DEL MINISTRO FECHA: 11/01/2011 600N 200° y 151° RESOLUCIÓN DOA En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 7.104 de fecha 11 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.943 Extraordinario de la misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N° 001 de fecha 07 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011; a través de la cual se designo a la ciudadana ISLEY LILIANA OSIO MONTOYA, titular de la cédula deidentidadN° V.-13.463.683, como Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, por cuanto se incurrió en el siguiente error material:
Donde se señala:
1. Aprober, ordenar y tramitar los gastos, pagos que afecten los créditos que lo sean asignados al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnologla e Industries Intenmedias, mediante órdenes de pago, fondos de avance y anticipo, conforme alo previsto en la LeydePresupuesto y sus modificaciones y autorizar las modificaciones presupuestarias, según los montos.
límites y conceptos requeridos por el Reglamento N° 1 de la Lay Orgênica de la Adminiatración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, on virtud de ello deberá registrar su firme autógrafa en le Oficing Nacional del Tesoro, conjuntamente con le Direclora da Adminiatración y Finenzas del Ministerio.
Siendo lo correcto:
1. Aprober, ordenar y tramitar los gaslos, pagos que efocten los créditos que le sean asignados el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Teonologle a Induslrias Intermedias, mediante órdenes de pago, y fondos de avance y enticlpo, conforme a lo provisto en la Layde Prosupuesto y sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, conjuntamente con la Directore de Administración y Finanzes del Minlsterio.
En consecuencia, reimprímase Íntegramente el texto de la Resolución N° 001 de fecha 07 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.590 de fecha 10 de enero de 2011, subsanándose el error antes refendo y manteniendo el mismo número y fecha.
Comuniquese y Publiquess, Por el Ejecutivo Nacional.
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Ministro del Poder Poputar para Ciencia, Tecnalogía a Industrias Intenmedias Geceta Oficial Extreordinerlo N° 5.943, de fecha 11 de diciègubraí5er200
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS DESPACHO DEL MINISTRO
FECHA: 07/01/2011 N001 200° y 151* RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial N° 7.104 de fecha 11 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.943 Extraordinaro de la miama fecha, en concordancia con lo establecido en los artículos 12, 34, 37 y 77, numerales 2, 12, 19, 26 y 27 del Decreto con Rango, Valor yFuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, y en los artículos 5, numeral 2; 19 en su último aparta y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; y de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781, Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005; este Despacho,
RESUELVE Artículo 1.- Designar a Ia ciudadana ISLEY LILIANA OSIO MONTOYA, titular de la cédula de identidad N°V.-13.483.683, como Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.
Artículo 2.- Designar como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central para el Ejercicio Fiscal 2011 del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, a la siguiente funcionaria:
Código de Unidad Unidad Administradora Nombree y c.J.
Adminlatsdora Apalidos Oficina de Gestión ISLEY ULIANA 01005 V.-13.483.683 Administretiva
Artículo 3.- Delegar en la mencionada Ciudadana, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que a continuación se especifican:
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1. Aprober, ordenar y tramitar los gastos, pagos que afecten los créditos que le sean asignados al Ministerio del Poder Popular pera Clencia, Tecnologle • Industrias Intermedias, mediante órdenes de pago, y fondos de avance y anticipo, conforme a lo previstoon la Lay de Presupuestoy sus modificaciones, en virtud de ello deberá registrar su firma autógrafa en la Oficina Nacional del Tesoro, conjuntamente con la Directore de Administración y Finanzas dei Ministerio.
2. Aprobar y suscribir contratos de arrendamiento de Inmuebles, contratos de comodato, contratos de servicios profesionales y contratos de seguros.
3. Contratar la ejecución de obras, adquisición" de bienes muebles y la prestación de servicios distintos a los laborales, conforme a la Ley de Contrataciones Públicas.
4. Certificacdón de los documentos relacionados con los contratos y acreencias no prescritas.
5. Aprobación de viáticos y pasajes nacionales Intemacionales, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
6. Oficios de autorización pera la tramitación ante el Banco Central de Venezuela pare la adquisición de divisas correspondientes a los gastos originados por los viáticos de funcionarios de este Ministerio que viajen en misiones oficiales al exterior, previa autorización_ del Ciudadano Ministro mediante Punto de Cuenta y deoonformidad con el procedimiento previsto en la normativa aplicabie.
7. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.
La referida funcionaria presentará una relación detallada de los actos y documentos que hubiera firmado en virtud de esta delegación.
Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución, deberán Indicar inmediatamente, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la Resolución y Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada. El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos Indicados en la presente Resolución.
Artículo 4.- Se deroga la Resoluclón N° 184 de fecha 21 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.333 de fecha 22 de diciembre de 2009 y la Resolución N° 012 de fecha 07 de enero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.349 de fecha 19 de enero de 2010.
Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniquese y Publíquese, Por el Ejecutivo Nacional.
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Ministro delPoder Popular para Cienciar, Teenologla e Industrias Intermadig Deorelo N° 7.104 de fecha 11 de diclembre de aq09.
Geosta Oñolel N° 5.943 Extraordinerio de fecha 11 de diclembaa:dé
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (NETERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES BTERIORES Y JUSTICIA
RMNo-220 SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y 200° y 151°
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL
Municipio Liberlador, 23 de Diclembre del Año 2010 Por presentada la anterior perticipeción por su FiRvAnTE, pere su Inscripción en el Registro Mercantit, Flación y publioeción. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos aoompeñados. Expidese la oopie de publicación. El anterior documento redactado por el Abogedo LILIAnA CAROLINA RON DE HERMIDA IP8A N.: 62457, se inacrbe en el Registro de Comercio bejo el NÚMERO: 37, TOMO -S18-Á REGISTRO MERCANTL PRIMERO DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Derechoe pagados BS: 0,00 Según Planilla RM No. . Banco No. Por BS: 0,00. La identificación se efectuó asI: LILIANA CAROLINA RON DE N2RMIDA. C.I: V-0.990.419.
AbOgado ReVEOr: JOSE HUMBERTO DE AGUIAR RODRIGUEZ Se deja constancia que se tyvo ad efectuó vidend el libro de Acclonletas donde. la Compefia CARICEviENT BV. Trespesa lea ecclonee a Corporecion Soolaligte del Cemento. §.A.- Registredora Mercantil Primere Aucillar FDO. Abogado ELOISA MERCEDES ARGUELLES RAMOB ESTA PÁGINA PERTENECE A:
INDUSTRIA VENEZOLANA DE CEMENTO (INVECEM), C.A Número de expediente: 8289 MOD Qunen suscnbe. Pedro Rogello González, venezolano, mayor de adad, de eete domicilo, Iular de la Cédula de Idenbded N° V-3 717 255 proced'endo en su cericter de Presjdlente de la Junta Directiva le empresa Induatrla Venesolena de Cemento (InvEciEM) B.A., soledad mercantil domicivade origineimente bejo le denominación social de Compenia Anónirta-Cementos el Regbairo Mercantil de 1a Primere Carcunecripción, el 11 de noviembre de 1953, bejo el No Tilmo 3-B; luego cambiada su denominación por la de Consoldeda de Cementos. C A' 309.
"Conoeca". posteriormente por Cementos Cenbe. C A. luego modincade su denominación por Holcum (Venezuela) C.A., como consta de documento inacnto por ente al Registro Mercentr Primero de le Circunsaripción Judoial del Distrito Capital y Estada Merande, el dia 4 de Juko de 2003. dajo al No 41. Tomo 87 A Pro y por último, modticada Bu denominación por la actual Industris Venezolana de Cemento (InvECEM) S A. según cone la del Acte de Asamblea General Extraordinana de Acciorvslas. celebrada el Trece (13) de Diciembre de 2010, a les 9:30 a.m. y debidamente autorizado para eale_ soto, por la Aspmbiea antes menciona de, oertifgar Que el Aola que a continuación se tanscnbe es traslado fiel y exacto de au original, el cuel corre inserto en ei Lbro de Actas de Asembleas Hevado por le empresa y que oopiedo el pie de la letra es del menor siguiente:
ACTA DE ABAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIGTAS DE "HOLCIM (VENEZUELA) C.A" En la ciudad de Caraces. siendo e1 die Trece (13) de Ducembre de 2010a 1ga 9.30 sm. dia y hora fijada. para que lenga luger la presente Asembies General Extraordinana de Acc'onates de la empresa Hoicm (Venezuela) C A. la cuel se lleve e cebo en la sede soci el ubica de en la Avenuda Principal oon Segunda Trenaversal. Loe Cortyoe de Lourdes, Edrhco Centro Empresaral Senderos. 2. Caracas. se encuentran reunidos prada convocatoria publoade en ei Dreno "URtimas Noicuas" a Ocho (8) de DICembre de 2010. la SCCiONiSte CORPORACIÓN BOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A., titular de 778.441,732 apclones. adscrita al Minrsteno del Poder Popular pars Crenca Tecnoiogia e Indusines Intermedias. mediante el Deoreto INro. 7 345 de fecha 30 de marzo de 2010 pubucado en Gecata Oncial de la Repúbica Bolvarlena de Venezuele Nro 39 410 de facha 28 de venezolana, mayor de edad. bluler de la Cédula de Identidad Nro V-10.456.058. contorme a caria poder que a tei efaclo presento; HOLCIM (VENEZuELA) C.A., titular de 647.815 acolonee en Tesoreria representada por ei ciudedano Pedre Rogello Gonzálaz. venezolano, mayor de edad, de este domicrro. utular de la Cédule de Identidad N° 3 717 255. Coordinador de la Comyaion de Tranaición, designado conforme a Resolución OAAJ Nro. 010, de fecha 4 de febrero-dg_ 2009. : pubucado en la Gaceta Ohcial N° 39 :14. de fecha 5 de febrero de 2009 y Durector Ejeguivg de. Hoicim (Venezuera) C A. asi mismo se encuentren presentes los señores Ramón Ernesto Perdomof. Raul Emnesto Pacheco, Carios Rafael Farie Tortosa. Crsanto Antonio Silva A Manin, Eduerdo Avarer G en ceidad de Inviados a le Asemblea de Accionistas y Susana Salgo de Mate. Drectore de Asunos Corpore:rvos de la Empresa por la Sacrelana Pro-tem, Susana Saigo de Meta. venezolana. mayor de eded, de esle domicilo, Ituler de la Cédula de (denided N° 5 565 707. Je rapresenteción de selecientas selanta y ocho mifonee novecrentas ochenta y nueve mi se-scientas cuarenta y siete !778 989 647) acciones. equivalentes al noventa y nueve coma noventa y sete por ciento (99.97%) delcepital social de la empresa. se declaró válidamente constituida le Asambies y se
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Inació la sesión bajo la drección de la cudadana Wilmare Lugo Morgedo. Segudamenile Sustara Saigo de Meta, da lectura de le convocstone pubicada en prensa, cuyo lendo copiado al pe de la letra os del siguiente menor,
HOLCIM (VENIZZUELA) C.A.
CAPITAL, Be. IF. 7.792.178.80 ABAMBLEA EXTRAORDIARIA n n n e on p n n n n HOLCIM (VENEZUIELA) C.A., se conoce a los señores acconeas peae une Asambles General Extraordinene a oslebrarse en les Obonan de le Compeñre.
situadas en la Avenide Principel con Segunda Trenevensat, Los Corigos de Lourdes.
Centro Empresarial Senderos, pieo 2, el dia 13 de Daciernbre de 2010, a lus 9.30 a.m." con el objeto de coneiderer los eguientes puntos dai Orden idel Dia PRERO: Cambio del nombre de le Empresa.
sEGUndO: Desgnecón do/tos Directores Prncputes y Suplentre y demde
TERCERO: Deegnación del Repreeentante Judical y su Suplente
CUARTO: Designeción de los Comaanios.
PRIMERO: CAMRO DEL NOMBIE DE LA EIPRERA.
r qe s ' e quien somete s consideración de la Asuamolee, la moción de cumbre, el nombre de le Èmpress a INDUSTRIA VENEZOLAMA DE CEMENTO (INVECEnl) 8.A. LUego de la debI de delberBCión de ngor la Asambles aprobó por unaralmided el cambio de la denominación social de la empresa a INDUBTRIA VENEZOLAMA DE CEMENTO (BIVECEM) S.A. SCORdeNdOSe QUe URS vAZ CUMpdos privados correspondientes. En virtud del cambio de nombre aprobado. le Aeambles spordo le modificación del Articulo 1 de los Estatutos Socinus de le empresa, el cual a pertir de le presente fecha quedara redactado de la sgurente forma:
"ARTicULO 1: La empresa es uns sociedad anónima y se denominará mOuSTRIA VENEZOLANA DE CEMENTO (INVECEMI) 8.A."
BEGUNDO: DIRECTORES PRINCIPALES. BHPLENTES Y DEIJAS FUNCIOMARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.DE LAJEMPRE3A. PERODO 2B10 - 2912/ En relación al segundo punto del Orden del Dia. torna nuevamente la palebre la oudedena Vimera Lugo Morgado, quien somete o consideración de le Asamblen, de conlornded con lo estableodo en ry)-Capitulo I, Articulo 11, Idaral "b", de los estabutoe socielps, desgner Como miembros de le Jurta Gineche. a lae siguientes personas.
DIRECTORES PRMCIPALES:
Pedro Rogello Goncáler, vanezoluno, Iufer de la Cadule de Ideneded Ir V. 3.747.266 Ramón IErneato Perdeono, venscoleno, tihudar de la C4dule de Idenaded 1r V. 7.ae7.gas Wilmara Lugo Morgndo, venezolano, bluler de le C4dute de Idenaded Ir V. 10.ees.0es Raùl lEmeeto Pacheco, venezolano, bibular de la Cádule de Idenided br V. Iusas.ae8 Carlos Rafael Farie Tertose, venecoleno, Bluler de le Cadule de Idenided Ir V. B.B47.87 Cne-ento Antonio Sive A., venezolano, Iuder de la Cadule de Identided Ir V. Sup11.38e DURECTORES SUPLEHIEE:
Martin liduprlo Alverer G., venecoluenp. Buler de le Cadule de Identided pr V. 11.sas.s Edgar Valero Acoete. venezolano Duler de le Cadule de Idurtidid DP V. Euses.B12 Tiberio Ceear Tenlee Solartn, venecoleno biutar de la Cadule de Idertdud Ir V.11.ses.mpe Orlendo Joeé Acosts, venegoleno biuler de le Cadule de Identidad Ir V. 4uprz.125 Una vez enalizade la propuesta, la mipme Aue aprebeds por amenloeflod sede iguuinprte acordado por los mambros de la Asambiles, desigrer de las Direotores Princpales omo Predideres de la Junts Directive al cudedeno Pedro Regelle Qangdlea: como Pamer Vospreeidente al cudadano Raúl Ernesto Pacheco. y Segundo Vcepreiderde el ciudedeno Ramos Brenglo Perdomno A (al electo, todos los miembros de la Junta Directive ejercanin mus funciones. conforme a io eslablecido en los estalulos socalss vigentes de ls empresa Con la designación de los miembros de la Junta Drecievs de la empre el, ceee en redes sus funclonee la Comialón de Traneición. designe de pere gerantizar la trarufarenon dal conèral de 1odas las scirnidades que Vene desarroliendo la sociedad mercanel Holom (Venezuañea) C A. conforme a Resolucón OAAJ Hro 010, de fecha 4 de febrero de 200e. publicada en ta Gacata Olical N° 39.114, de fecha 5 de febrero de 2009.
TERCERO: REPRESENTAATES JUDICIALES DE LAEIPRESA.
Segundamente, interviene nuevamente le ciudadana Wlmara Lugo Morgadp, quen plentee a los miembros de la Asamblee, de conformidad con lo estableodo en el Capitudo I. Aráculo 11, Meral "T de los estalulos sociales vigente, designer como Representante Judical y su Suplente a Susane de Mata y Ltiana Ceroina Ron Hemdinduz, abogado, venezolenes, de este domialio. Muteres de lus n qedug r un 6t n 8A en s n 21 030 y 62 457, respectivamente Une vaz diecutdo el punto. Aue snánmremente aprobada, las denigrsciones por tos presentes a la Asamblea.
CUARTO: COMNBABIOS DE LA ENPRESAPABA EL PERIODO 201O-2911.
En relecón e este punto, los miembros de la Asamblea. proponen por unenimided decir para una subeguiente Asambles General de Acaonestas, la designacón de las personas qué hen de ocupar cargos siendo otro asunto que tratar, es levantó la eesón, siendo sutorzado el cudadano Pedro Regelge Gorzáder, Henezolano, mayor de eded. de este domaotio, stular def la Céduta de Idenbdad e r t u e r n ln cudadano Lillana Carolina Rog. Héemnander. abogado. venezolana, de este domcho. casa» butar de le Cádula de Identidad No. V- 8 998 419 e inscnta en el Inpreabogado beyo el Número p pdue es sonqe ope sgeg es sn sene * epoud enb ed 'st e presenie Acta por ante el Regisbro Mercantl Primnero del Diainto Caprtal. con su viltenor publicpcaón. sei como tramitar seis (6) copie cerhficadas de la muams (fdo.) Wrimena Lugo Morgado. (fdo ) Pedro Rogelo Gonzáler. (fdo.) Famón Emesto Perdomo. (fgo ) Raul Emesto Pucheco. (fdo ) Carlos Raleel Farle Tortosa, (leo.) Crisanto Anionio Sara A (fdo ) Alertin Eduerdo Alvgrez G. (fdo ) Susene Salgo de Mata.
Pedre Rogoo Gencélee
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGTA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 01 CARACAS, 10 DE ENERO DE 2011 200° 151° Y De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 Literal e) de la vigente Ley de Creación del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del articulo 16 ejusdem, y de conformidad con el artículo 3- de la Resolución N° 196 de fecha 29 de diciembre de 2010 emanada del Ministerio del Poder Popular para Clencia, Tecnología e Industrias Intermedias, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 39.585 de fecha 03 de enero de 2011.
CONSIDERANDO r Integracón de los países de Latinoamérica y el intercambio científico con los demás paises que mantienen una tradición antártica, orientado principalmente a monitorización de fauna antártica marina y estudios de biodiversidad, se dicta ia siguiente Providencia Administrativa:
Articuio 1°: Se legaliza y autoriza la drculación de Den MIL (100.000) Estampillas, destinadas al franqueo de la correspondencia, esi como, TRas MIL (3.000) Sobres de Primer Die de Emisión, TRES MIL (3.000) Tarjetas Postales y TRES MIL (3.OO0) Boletines InformativOs alusivOs al "PROVECTO ANTÁRTICO Impresores, C.A.. Carecas, República Bolivaniana de Venezuela.
las cantidades y valores siguientes: 20.000 Estampillas de 8s. 0,30 c/u; 20.000 Estampillas de Bs. 0,40 c/u; 20.000 Estampilias de Bs. 0,60 c/u; 10.000 Estampillas de Bs. 13,50 c/u; 3.000 Sobres de Primer Dia de Emisión de Bs. 8,00 c/u; 3.000 Tarjetas Postales de Bs. 8,00 c/u y 3.000 Boletines Informativos.
Articule 3°: La puesta en circulación se realizó en la Sala de Conferencias de la Torre Ministerlal, ubicada en la Avenida Universidad, Esquina El Chorro, Caracas, Rapúblics Bollvariana de Venazuels el dia 21 de diciembre de 2010.
Comuniquese y Publiquese
JUAN CARLOS RODRIGUEZ Presdente del Inetituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) Decrelo Nro. 7.490 de feche 17-06-10 Gacets Oficial de ta Repúbica Bolivariana de Venezuele Nro. 39 449 de fecha 18-06-10
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°04 CARACAS, 10 DE ENERO DE 2011 200° Y 151°
De conformidad con lo establecido en el articulo 6 literal l y articulo 16 literales b y n del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley que Crea el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, publicado en la Gaceta Ofcial de la República de Venezuela N° 5.398 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 1.999, y en concordancia con los articulos 10, 11, 12 y 13 de ia Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, en concatenación con el articulos 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públices, Decreto N° 6.708, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009.
CONBIDERANDO En cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, supra señalados y, habiéndose constituido formalmente la Comislón Permanente de Contrataciones del Instituto Postal Telegráfico de Administrativa N° 30 de fecha 13 de jullo de 2010, publicada en Gaceta Oficiel de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.482 de fecha 06 de agosto de 2010. CONSIDERANDO Que habiéndose sometido a la aprobación del Directorlo la reestructuración de la Comisión Permanente de Contrataciones del Instituto Postal Telegráfico de Venezugla, una vez revisada la dinámica del Instituto se ha visuatizado la pertinancla de sustituir a algunos miembros ya que sus actividades Inherentes a los cargos que ocupan dentro de la institución les impide tener la dedicación necesaria a las actividades que le demanda la Comisión, así como establecer las compatendas expresas del Secretario de la misma,a fin de fortalecer sus actuaciones, todo lo anterior aprobado mediante punta de cuenta: N° 04 de fecha 05 de enero de 2011.
RESUELVE Articulo 1: Se reestructura la Comisión Permenente de Contrataciones del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela según lo aprobado en Punto de Cuenta Nº 04 de fecha 13 de julio de 2010.
Articulo 2: La Comisión reestructurada según a lo anteriormente expuesto estará integrada conforme se detalla a continuación:
Áree Económico Financlera:
Miembre Princlpel: LIc. Carlos Alfredo Lobo López C.1. 12.164.543 . Mslembre Suplenter Lic. Manuel de Jesus Marcano Pérez C.1. 6.301.603 Area Técuice:
Mlembro Principel: Ing. Gllberto Antonio Durán C.I. 5.146.113 . Mlenbro Suplente: Uc. Silvestre Quintero C.I.5.315.595 Área Jurídica Mlembre Principel: Or. José Antonio Martánez, C.1. 14.644.179 . Mlembre Suglentar Dra. Esmeralda Acosts C.1. 6.347.537 Secretario de la Comigión: Fabio Sgalla Vecino C.1. 2.76S.990 Suplante del Secretario de la Comisión: Samaris Figueroa, C.I.10.002.239 Artíeulo 3s En los procedimientos de selección de contratistas bajo la modalidad de Concurso Ablerto, Concurso Ablerto Anunciado Intemadonalmante, Concurso Cerrado, Consuita de Precios y Contratación Directa, el miembro que desde la etapa inicial actúe en el procedimiento, deberá ser el que conozca, suscriba e intervenga en todos los actos y etapas del mismo hasta su terminación definitiva.
Artícule 4: El Secretario de le Comisión de Contrataciones tendrá derecho a voz. más no a voto en las dellberadones; y será el encargado de compilar, organizar y suminlatrar toda la información y documentación que fuere necesaria para la correcta actividad de la Comislón de Contratadones. En virtud de esto, podrá solicitar la Disponiblidad presupuestaria reladonada con los procedimientos de Cerrados, solicitar presupuestos para las Contratadones Directas; presentar al Directorlo del Instituto los Puntos de Cuentas para el inicio y otorgamiento de la Adjudicación y/o declaraciones de Desierto en las procedimentos de cond'atadon bajo la modalidades de Concurso Cerrado y Conourso Abierto asi como los cecraspondientes ias Contrataciones Directas; suscribir las respuestas sobre acatatorias formuladas y modificaciones realizadas al pliego de condiciones, asi como notificaciones de cualquier otra indole en cualquiera de las modalidades de selección de contratistas. Presentar al Directorio del Instituto, los Actos Motivados para la ampliación de lapsos, suspensión o terminación, correspondiente a los procedimientos de selección de contratistas en cualquiera de sus modalidades previstas en la Ley de Contrataciones Públicas. En el ejercicio de sus funciones levantará las actas de las reuniones que se llevan a cabo y de los actos públicos de recepción y apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad y de ofertas, asi como, cualquier otra labor relacionada con la Comisión.
Articulo S: En (os procedimientos de contratación, la Unidad de Auditoria Intema de IPOsTEl podrá designar un representante para que actúe como observador, sin derecho a voto.
Artículo 6: Esta Providencia deja sin efecto la Providencia N° 30 de fecha 13 de jullo de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariena de Venezuela N° 39.482 de fecha 06 de agosto de 2010.
Artíeurlo 7: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicaoon en la Gaceta Oncial de la República Bolvariana de Venezuela.
Comuniquese y Publiquese.
*71 JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Presadente de IPosTEt segun Decreto del Prel-dente de le Repuabra Bolrverlane de Vene zuela, luro 7.490, de fecha 17 de Juno de 2010, Dublicedo en la Gacata Onoal de la Repúblca Bolrvanena de Aengzue a. lerc. 39 449 de fecna 18 de juno de 2910
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FBOCURADUBIA OENERAL DE LA REPUBLICA
REPÚBLICA BOLNARIANA DE VENEZUELA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO DE LA VICEPROCURADORA.
RESOLUCIÓN N° 003/2011.
Caracas. 14 de enero de 2011. Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Viceprocuradora General de la República, de conformidad con la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 2 de la Resolución Nr 09a/2010 de fecha 07/12/2010. publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.572 de fecha 13/12/2010.
RESUELVE
Artículo 1: Se designa a la ciudadana MARÍA DE LOURDES ANCHATUÑA, oitudar de la cédula de identidad Nr V. 6.192.014, Gerente General Administrativo, adscrita al Despacho de' la Procuradora, a partir del 17 de Enero de 2011. En consecuencia queda autorizada para ejercer las atribuciones inherentes a dicho cargo.
Artículo 2: Se revoca a partir de la presente fecha, la Resolución N° 096/2010 de fecha 07 de Diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.568 de la misma fecha.
Comuniquese y Publíquese, VEIRA LOZADA DE CARO Viceprocuradora General de la República
MINISTERIO PÚBLICO
REPURLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO PUBLICO Despacho de la Fiscal General de la República Caracas, 13 de enero de 2011 Años 200° y 151°
RESOLUCION M° 47 LUISA ORTEGA DIAZ Fiecal General de la República lEn ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Lay Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 25 eusdem.
COMSIDERANDO:
Que la Constitución de la República Bolhvariana de Venézuela le asigna al Ministierio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y ofective respuesta;
CORSIRERAHDQ:
Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio Público, se han inorementado notablemente;
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CONSIDERANDQ:
Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando ns e n personal correspondiente.
BESURLYR:
Artículp 3.- Crear la Facalía Vigáslma Séptma del Ministerio Público de la Circunacripción Judicial dal estado Lara, con competencia on materia Conbr las Droga a y seda an Barqulelmeto, adscrita a :s Dirección Contra las Droges.
Artículo 2.- La Fiscalla del Ministario Público creada medianta la presente Rasolución, será dotada de sade fisica, ast como del personal, bienes muebles e insumos necesarios pare su adecuado funcionamiento.
Artícula 3.- Lag Direcciones de Secretaria General, Infraestructura y Edificación, Recursos Huggozagsupuesto y, Administradón y Servicios, quedan encargadas de la ciecuálante Rasolución.
Reglutr Pubiqu
LUIE ORTEGA DIAZ eneral de laRepública
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 200º y 151° Caracas, 12 de enero de 2011 RESOLUCIÓN N° 01-00- 000005 CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor General de la República De conformidad con lo establecido en el artícuio 14 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
LEY de Smplinación detráris ADMINISTRATIVOS
LEY del Régimen Prestadonal de VIVIENDA y HÁBITAT
ELACETA OEICIAL
Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los articulos 1º numeral 14 de la Rasolución Organizativa N° 1 y 10 del Estatuto de Personal, designo al ciudadano BASILIO DOMInGO JÁUREGUI SALAZAR, titular de la cédula de Identidad N° 8.581.274, Director Sectorial, en la Dirección de Información y Cooperación Técnica de la Dirección Genaral Técnica de este Organismo, a partir del 17 de enero de 2011.
paraejercerlas En consecuencia correspondientes atribuciones que a la Indica de Dirección Sectorial y a su titular le asignen el Reglemento Interno y la Resolución Organizativa N° 2, publicados :? la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela Nº° 37.881, de fecha 17 de febraro de 2004 y otros Instrumentos aplicables.
Comuníquese y Publiquesa,
O KUSSIAN UZCATEGUI
LEY Orginiade b FUERZA ARMADA NACIOÑAL Bolvariana LEY de refoana parcaldela Lay de SEGURO SOCIAL
GÁCETA OFICAL
EICTA OFICIAL
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A LA VENTA en las taquillas de la Gaceta Oficial LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1 AÑO CXXXVIII —— MES IV Número 39.594 Caracas, viernes 14 de enero de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 http://www.minci.gob.ve / http://mprenta.gotdns.org Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente a 13,25 % valor Unldad Tributarla
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DELAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente porel Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
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