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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela · Ordinaria

Gaceta Oficial N° 39.592

12 de enero de 2011 · 48 páginas
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GACETA

A OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXXXVIII— MES IV

Caracas, miércoles 12 de enero de 2011 SUMARIO

Asamblea Nacional Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Fadi Koshaya Kallab Yunis, como Director General del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Presidencia de la República Decreto N° 7.992, mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las operaciones de importación definitiva de los bienes muebles corporales, señalados en dicho Decreto, destinados exclusivamente a la ejecución de actividades relacionadas con la instalación del Sistema Intemnacional de Telecomunicaciones, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, realizadas porlos órganos y entes del Poder Público Nacional.(Se reimprime por errormaterial).

Consejo Federal de Gobierno Fondo de Compensación Interterritorial Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Filberto Cono Pasqua Indiano, como Auditor Intemo (Interino) de este Fondo.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Resolución Número 003-2011, de fecha 11 de enero de 2011.

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto de este Ministerio, y la designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha Estructura.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interlores y Justicia Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles Providencias mediante las cuales se designa a la ciudadana y a ios ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Resoluciones mediante las cuales se procede a la publicación de los Traspasos Presupuestarios de Gastos Corrientes para Gastos de Capital de este Ministerio, por las cantidades que en ellas se indican.

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Resolución por la cual se designa a la ciudadana Beatriz Elena González de Duarte, como titular de la Unidad de Auditoría Intema de esta Superintendencia.

Ministerio dei Poder Popular para el Turismo Resolución por la cual se designa ai ciudadano Luis Fedemarx Gamboa Marcano, como Director General de Turismo Poputar de este Ministerio. INATUR Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gregory David Escobar Fernández, Gerente (Encargado) de Promoción y Mercadeo de este Instituto.

Número 39.592

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras NT Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Resolución por la cual se delega en la ciudadana María Carla Rodríguez Guerrero, a partir del 13 de enero de 2011 hasta el 14 de febrero de 2011, la certificación de las firmas de las autoridades competentes de las Instituciones de Educación Universitaria Oficiales y gestión privada, contenidas en los documentos probatorios de estudios.

Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Enrique Salvador Armas Arriojas, como Director General de Concesiones y Transferencias (Encargado) de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Resolución mediante la cual se crea la Comisión de Contrataciones de este Ministerio encargada de dirigir las actuaciones relativas a los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.

Ministerio de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Resolución Número 001, de fecha 11 de enero de 2011.

Tribunal Supremo de Justicia Decisión mediante la cual se declara Con Lugar la acción de amparo interpuesta por la ciudadana y el ciudadano que en ella se señalan, contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2009, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

«Sentencia de la Sala Constitucional a través de la cual se determinaron los efectos de la aplicación del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil».

«Sentencia de la Sala Constitucional según la cual los procesados en el proceso penal pueden interponer el recurso de apelación- debidamente fundamentado- contra la sentencia definitiva, sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la víctima o del Ministerio Público, según sea el caso».

Contraloría General de la República Resolución por la cual se interviene la Contraloría Municipal del Municipio Libertad del estado Anzoátegui, y se designa al ciudadano José Ángel Tapia Sifontes, en condición de Contralor Interventor de la Contraloría Municipal de dicho Municipio.

Defensoría del Pueblo Resolución por la cual se resuelve concluir el día 10 de enero de 2011, la Encargaduría como Defensor Adjunto (E) de la Defensoría del Pueblo Delegada del estado Bolívar, del ciudadano Kenny Alberto Vargas Vargas.

Parlamento Latinoamericano Certificación del Acta de la Sesión de Instalación del Grupo Parlamentario Venezolano del Partamento Latinoamericano, consistente en la Elección de la Directiva de ese Grupo Parlamentario para el período 2011-2012.

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ASAMBLEA NACIONAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY ORCÁNICA DE EMOLUMENTOS, PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS Y ALTAS FUNCIONARIAS DEL PODER PÚBLICO TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Capitulo 3 Del objeto, finalidades y ámbito de aplicacion Ohjeta Artieulo 1. A los fines de desarrollar los principios y valores de un Estado Jemocrático y social de derecho y de justicia, así como sentar las bases para la construcción del socialismo, la presente Ley tiene como objeto:

1. Reguiar y establecer los límites máximos a los emolunicntos, pensiones, jubilaciones y demas beneficios sociales de carácter remunerativo, o uo, dc los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular.

2. Considerando el trabajo como un hecho social, esta Lcy garantiza la vigencia de las contrataciones colectivas producto de las luchas y conquistas de los trabajadores y trabajadoras.

Fintlidades Articulo 2. La presente Ley tiene como finalidades:

1. Garantizar y promover le ética socialista, así como los principios de justicia e igualdad entre las personas que prestan servicio al Estado, y yue"xe reconozcan debidamente los distintos niveles de seaponsabitidades, deberes y capacidades.

2. Establocor las bases para lu planificación centralizada y ordenación de los einolumentos, pensiones y jubilaciones de los altos funcionarios, alitas funcionarias, personal de alio nivel y de dirección del Poder Público y de elección popuiar.

3. Impulsar la simplificación, uniformidad y Iransparencia de kons trápnites y procedimientos relativos a los emolumentos, sistema de remuneraciones, pensiones y jubilaciones de Ios altos funcionarios, altas funcionarias, personal •le alto nivel y de dirocción del Puder Público y de elección popular.

Ambuto de aplicación Articulo 3. La presente Leyse aplica a todos Jos altos funciongrioos, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular, pertenecientes a los órganos y entes que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal en sux diferentes ramas, conforme a la distribución y división establecidas en el artículo 136 de Ia Constitución de la República; su ámbito de aplicación se extiende a:

1. Las universidades públicas.

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2. Los órganos desconcentrados 3. Los servicios desconcentrados 4. Los servicios autónomos.

S. Los institutos autónomos.

6. Los institutos públicas.

7. Las empresas del Eatado.

8. Cualquier oirá persona jurídica de carácter público o privado en la que el Estado tenga participación o que se encuentre funcionalmente desoeairalizada o desconcentrada.

El Presidente o Presidenta de la República, eo Cunsejo de Ministros, podrá establecer el régimen de excepción on los ámbitos de aplicación de esta Ley. Concepto de emulumento Articulo 4. A los fines de esta Ley y sin perjuicio a lo establecido en las leyes especiales, se consideran emolumentos, la remuneración, asignación, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, tenga o no carácter salarial, siempre que pueda evaluarse en efectivo y que corresponda a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de allo nivel y de dirección del Poder Póblico y de elección popular, con ocasión a la prestación de su servicio. A tal efecto, los emolumentos comprenda, entre otros: los salarios y sueldos; dietas; primas; sobresueldes; gratificaciones; bonos; bono vacacional; bonificación de fin de año y asignaciones monetarias o enespecics de cualquier naturaleza.

Quedan exentas de las disposiciones de este articulo las asignaciones que perciben fos sujetos regulados por esta Ley para cl cumplimiento de las funciones inherentes al cargo en ol ambito nacional e intermacional.

Orden público Articalo 5. Las disposiciones de la presente Iay son de estricto orden público y no podran ser modificadas por acios jurídicos de inferior jerarquía, ni por aucrdos, convenios o conuralos de cualquier naturaleza. Las normas relativas a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Pablico y de elección popular, son de naturaleza estatutaria. En consecuencia, sus disposiciones son de obligatorio e imperativo cumplimiento para el Poder Público, especialmente las referidas a los límites máximos y procedimientos para fijar los emolumentos, beneficios, pensiones y jubilaciones de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular.

Todo esto de conformidad con los principios que orientan al Estado social y democrático de derecho y de justicia que declara la Constitución de la República.

Capitulo 11 De los limites máximos sobre los emolumentos a los altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público Principio de proporcionalidad Articulo 6. Los envolumentos, jubilaciones y pensiones de los sujetos regulados por esta Ley, reconocerán el nivel de dedicación, la complejidad de las funciones, las responsabilidades y la jomada laboral de estos servidores públicos y servidoras públicas, respetándose la proporcionalidad a las remuneraciones y pensiones percibidas por los trabajadores y trabajadoras en general.

Obligatoriedad de los limites fijados pura emolumentos, pensiones y jubilaciones Artieulo 7. Los cmclumentos, beneficios socia los, pensiones y jubilaciones percibidas por los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular, no excederán los límites máximos establecidos en la presente Ley y sus Reglamentos, los cuales son de obligatorio cumplimento, ello sin perjuicio de la habilitación contenida en el articulo 148 de la Constitución de la República, pasa el ejercicio de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes.

Los emolumentos mensuales de los altos funcionarios públicos y altos funcionarias públicos muacionales Articulo 8. Se establece el monto equivalente a doce salarios mínimos como límite máximo de emolumentos mensuales de altos Tuncionarios, altas funcionarias del Poder Público y de elección popular:

1. Presidente o Presidenta de la República.

2. Diputados o diputadas a la Asanblea Nacional.

3. Magistrados o inagistradas del Tribunal Supremo de Justicia.

4. Fiscal o la Fiscal General de la Repúhlica.

5. Comtralor o Contralora Gencral de la República.

6. Defensor o Defensora del Pueblo.

7. DeTensor Público General o Defensora Pública Generai.

K. Rectores o rectoras del Consejo Nacional Electorul.

9. Viccpresidente Ejecutivo o Viccpresidenta Ejecutiva.

10.Ministros o ministras.

11.Procurador o Procuradona General de la República.

12.Jefe o JeTa de Gobicrno del Dixtrito Capital.

13.Presidente o Presidenta, directores y directoras del Banco Central de Venez.ueli.

Los emolumentos mensuales del personal de alto nivel y de dirección nacional Articulo 9. Se establece el monto equivalente a diez salarios mínimos como límite máxinuo de emolumentos mensuales de los signicntes funcionarios y funcionarias del Poder Público Nacional:

1. Viceministros y viceministras.

2. Superintendeates y superintendentas.

3. Jefes y Jefas de Oficinas Nacionales.

4. Secretario o Secrctatia General del Gobierno del Distrito Capital.

5. Secretario o Secretaria, Subsecretario o Subnecretaria de la Asamblea Nacional.

6. Director Ejecutivo o Direciora Ejecutiva de la Magistralura.

7. Vicefiscal General de la República.

8. Subcontralor o Suboontralora General de la República.

9. Director fijecutivo o Directora Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo.

10.Secrctario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva del Consejo Moral Republicano.

11.Viceprocurudor o Viceprocuradora General de la República.

12.Director o Disectora Gieneral de la Defensoria Pública.

13.Presidentes y presidentas e integrantes de las juntas directivas o cargos equivalentes de institutos autónonios, institutos públicos, empresas del Listado y cualesquiera otra persona jurídica de carácter público o privado en que el Fstado tenga participación o que se encuentren funcionalmente descentralizadas o Jesconcentradas.

14.Rectores y rectoras de universidades públicas o autónonas.

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Emolumentos de los gobernadores o gobernadoras de estados Artíeulo 10. Sc establece el monto equivalente a nueve salarios mínimos como límite máximo de eniolumentos mensuales de los gobernadores o gobernadoras de los estados.

Los emoluanentos de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel de dirección del Poder Público Estadal y de elección popular deben ser fijados en función de la población, situación económica, presupuesto consolidado y ejecutado, ingresos propios y disponibilidad presupuestaria con la que cuenta, sín afectar los gastos de inversión y el ámbito territorial del estado, siempre que no exceda el límite máximo establecido en este artículo.

Emolumentos de los altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público Estadal Artículo 11. Se establece el monto equivalente a ocho salarios míninios cono límite máximo de emolunientos mensuales de los siguientes altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público Estadal:

1. Legisladores o legisladoras de los estados.

2. Contralores o contraloras de los estados.

3. Procuradores y procuradoras de los estados.

Emolumentos de los alcaldes o alcaldesas Artieulo 12. Se establece el monto equivalente a siete salarios mínimos como limite máximo de einolumentos mensuales de los alcaldes o alcaldesas municipales, metropolitanos y distritales.

Los emolumentos de los altos funcionarios y altas funcionarias, personal de alto nivel de dirección del Poder Público Municipal y de elección popular deben ser fijados en función dc ta población, situación económica, presupuesto consolidado y ejecutado, ingresos propios, disponibilidad presupuestaria con la que cuenta sin afectar los gastos de inversión y el áinbito territorial del municipio, sicinpre que no exceda el límite máximo establecido en este artículo. Emolumentos de los altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público Municipal Articulo 13. Se establece el monto equivalente a cinco salarios mínimos como límite máximo de enolunentos mensuales de los siguientes funcionarios y funcionarias del Poder Público Municipal:

1. Concejales y concejalas municipales, metropolitanos y distritales.

2. Contralores y contraloras municipales, metropolitanos y distritales.

3. Síndicos procuradores y sindical procuradoras.

Bono vacacional Articulo 14. Los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de allo nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular tendrán derecho a recibir una bonificación por cada año de servicio calendario activo o fracción correspondiente hasta un máximo de cuarenta días de salario o sueldo normal mensual. El monto percibido por este concepto no será incluido para el límite máximo de emolumentos niensuales establecidos en esta Ley.

Bonificución dc fin de año Articulo 15. Los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular tendrán derecho a recibir una bonificación por cada año de servicio calendario activo o fracción correspondiente, que no superará los noventa días de salario o sueldo integral. Es monto percibido por este concepto no será incluido para el cálculo del límite máximo de emolumentos mensuales establecidos en esta Ley.

Suficiencia presupuestario y financiera pura el incremento nominal de emolumentos Artieulo 16. El incremento del salario mínimo nacional no implica el aumento del nionto absoluto de los emolumentos establecidos en las escalas de sueldos y salarios, así como del sistema de beneficios sociales de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular.

Las escalas de sueldos y salarios usf como el sistema de beneficios sociales establecidos de conformidad con la presente Ley, deben ajustarse a la disponibilidad en los presupuestos públicos anuales en todas las ramas y niveles del Poder Público, para el ejercicio fiscal vigente.

Vigencia de incremento nominal de emolumentos Artículo 17. Las escalas de sueldos y salarios y el sistema de beneficios sociales de los sujetos regulados en la presente Ley, tendrán vigencia en el ejercicio fiscal dlei aio siguiente en que se haya fijado el salario mínimo de referencia y sólo podrán ajustarse si este gasto se prevé en la formulación de las leyes y ordenanzas de presupuesto anual.

Rigimen de sueldos, salarios y beneficios sociales Articulo 18. Dentro de los limites establecidos en la presente Ley, las máximas autoridades del Poder Público aprobarán las escalas de sueldos y salarios y el sistema de beneficios sociales del personal de alto nivel y de dirección, que laboren en los órganos y entes bajo su dirección y administración, control y tutela.

Estas escalas de sueldos y salarios y el sisteina de beneficios sociales sólo entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

En el caso de1 Poder Ejecutivo Nacional dichas escalas de sueldos y salarios, así como el sistema de beneficios sociates, serán aprobados por el Presidente o Presidenta de la República, ofdo el informe de la Comisión Central de Planificación.

Prohibición de ingresos adicionales Articulo 19. Los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular no podrán percibir remuneraciones o asignaciones, cualquiera sca su denominación o método de cálculo, tengan o no carácter salarial o remunerativo, distintos a los establecidos expresamente en esta Ley.

Se exccptús de esta prohibición la cancelación de tas prestaciones de antigúedad establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los derechos de autor o autora sobre su obra y demás excepciones establecidas en la Constitución de la República y en la Ley del Esratuto de la Función Pública.

Beneficios sociales Artículo 20. El sistema de beneficios sociales aprobados para altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular de conformidad con la presente Ley, no podrá establecer beneficios sociales superiores en sus condiciones y alcance a los percibidos por los funcionarios públicos y funcionarias públicas de carrera o trabajadores y trabajadoras.

Prohibición de comisiones como emolumentos Articulo 21. Ningún alto funcionario, alta funcionaria, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular podrá devengar comisiones por el ejercicio de su función pública.

Capítulo III De los limites máximos de las pensiones y jubilaciones de los altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Públicu Régimen general de jubilaciones y pensiones Articulo 22. 1as jubilaciones y pensiones de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular se rige por los principios de universalidad, integralidad, eficiencia, financiamiento solidario, contributivo y unitario, estando integradas al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas del Sistema de Seguridad Sucial.

Bonificación de fin de año de jubilación o de pensión Artículo 23. La bonificación de fin de año que perciban los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de ditección del Podor Público y de elección popular en condición de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, no superará tres mensualidades de jubilación o pensión, según los casos. El monto percibido por este concepto no será incluido para el cálculo del límite máximo de ingresos mensuales por concepto de jubilación o pensión establecidos en esta Ley.

Capitulo IV Del control y supervisión del cumplimiento de lus regulaciones y limites de los emolumentos, pensiones y jubilaciones de altos funcionarios, altos funcionarias del Poder Público y de elección popular Información de naturaleza pública Articulo 24. La información sobre los emolumentos, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales correspondientes a los cargos de altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular es de naturaleza pública, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación expresamente establezcan los reglamentos de la presenie Ley.

En la memoria y cuenta de cada órgano y ente del Estado se deberá incorporar anualmente la información correspondiente a los montos de los emolumentos, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales asignados a cada uao de los cargos de sus altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección.

Información a la Contraloría General de la República, al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional Articulo 25. Las nóminas de pago de los emolumentos, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales de los altos funcionarios, altas funcionarias, porsonal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular, deberán ser consignudus anualmente por cada órgano y ente del Poder Público ante la Coutraloría General de la República, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, sin perjuicio de las competencias de control y seguimiento atribuidas al Consejo Moral Republicano.

Régimen presupuestario Articulo 26. En las leyes y ordenanzas de los presupuestos públicos anuales en lodas las ranias y niveles del Poder Público deberá contemplarsc una subpartida específica en la cual se establezca el monto de los recursos destinados al pago de los emolumentos y beneficios sociales de los altos funcionarios y altas funcionarias del Poder Público y de elección popular. Así mismo, deberá contemplarse una subpartida análoga para el personal de alto nivel y de dirección.

Pago de los emolumentos, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales ntediante entidades financieras del Estado Articulo 27. El pago dc los emolumentos, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Puder Público y de elección popular, se realizarán mediante

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382.674 cuentas bancarias en entidades financieras propiedad del Estado, salvo que no existan agencias en su jurisdicción.

Unidad de seguimiento laboral y seguridad social Artículo 28. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, será conipelente para supervisar el cumplimiento de las regulaciones y límites a los emolumentos, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales previstos en esta Ley. A tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Requerir a los órganos y entes del Poder Público cualquier información relacionada con los emolumentos, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales de sus altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular.

2. Requerir a las entidades financieras información relacionada con los enolunentos, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales quc son cancelados a través de cuentas nóminas a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular.

3. Convocar y coordinar reuniones con los directores, directoras, jefes y jefas de las oficinas de personal o cargos análogos de los órganos y entes del Puder Público, para abordar las materias contempladas en la presente Ley y sus Reglamentos.

4. Las demás estabiccidas en las leyes, reglamentos y resoluciones.

Prohibición del gasto suntuario o superfluo Articulo 29. Se prohibe cl gasto suntuario o superfluo. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará lo referente a esta materia.

Capítule V Sanciones Responsabilidad civil por enriquecimiento sin causa Artienlo 30. Indepcndientementc de la responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria a que hubiere lugar, constituye enriquecimiento sin causa la percepción por parte de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular de remuneraciones, provechos o ventajas, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, tengan o no carácter salarial, en contravención con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos o las escalas de salarios, sueldos y beneficios sociales. Dichos ingresos deben ser reintegrados y pagados, por quienes los percibieren, al Poder Público según corresponda; ajustados al Índice Nacional de Precios al Consumidor estabiecido por el Banco Central de Venezuela.

Responsabilidad administrativa Multas Artículo 31. Independientemente de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria a que hubiere lugar, serán sancionados o sancionadas por la Contraloría General de la República, con multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.):

1. El alto funcionario, alta funcionaria, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular que omitiere señalar en sus declaraciones juradas de patrimonio el monto de sus emolumentos y beneficios sociales, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

2. Quien no consigne las nóminas de pago de los emolumentos, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirécción del Poder Público y de elección popular ante la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, en contravención a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

3. Quien obstaculice o dificulte el ejercicio de las competencias o no entregue oportunamente la información que le sea requerida por el Ministerio del Poder Popular oon competencia en maleria de planificación y finanzas.

4. Quien incumpla con lo establecido en el artículo 27 do esta Ley.

5. Quien ordene pagar emolumentos, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales a los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público y de elección popular, superiores a los límites máximos establecidos para estos conceptos en la presente Ley y sus Reglamentos.

Inhuhilitación Artículo 32. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, quien apruebe, ordene, pague o brinde emolumentos, pensiones, jubilaciones o beneficios sociales en infracción a los límites máximos o distintos a los establecidos en esta Ley y sus Reglamentos, podrá ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Cortesponde al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente imponer la sanción prevista en esta Ley.

Igual sanción le será aplicada a quien perciba o acepte emolumentos, pensiones, jubilaciones, o beneficios sociales en infracción a los límites máximos o distintos a los establecidos en esta Ley y sus Reglamentos, y no los reviertan o reintegren al Poder Público dentro de los tres meses siguientes de haber sido notificado o notificada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Hasta tanto entre en vigencia la ley que regula el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, las jubilaciones y pensiones de los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nivel y de dirección del Poder Público, en sus diferente ramas y niveles, se regirán por la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Mlércoles 12 de enero de 2011 Enpleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en quanto a los años de servicios, montos de cotizaciones y porcentajes de las prestaciones económicas que se cancelen, las cuales serán aplicables.

Los funcionarios y funcionarias de elección popular continuarán con el régimen de jubilación previsto en los instrumentos normativos vigentes a la fecha de la promulgación de csta Ley.

Segunda. Los órganos o entes del Estado dcherán efectuar las transferencias de las cuentas nómina a que se refiere el articulo 27, en un lapso de sesenta días continuos siguientes a la entrada en vigencia de la presenta Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Quedan derogadas la Ley Orgánica sobre Emolumentos y Jubilaciones de Altos Funcionarios de las Entidades Federales y Municipales, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N'36.106 de fecha 12 de diciembre de 1996: Ja Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 de fecha 26 de marzo de 2002; el articulo 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los estados, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.282 de fucha 13 de sepliembre de 2001; y el articulo 56 de 1a Ley del Estatuto de 1a Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Todos los altos funcionarios, altas funcionarias, personal de alto nive! y de dirección del Poder Público y de elección popular quc devengan un salario superior a los establecidos en esta Ley, deberán ajustarlos dentro de los parámetros que su clasificación señala; y para los que devengan un salario inferior a los parámetros establecidos en esta Ley, no implica incremento de ninguna naturaleza que modifique su remuneración actual.

Segunda. El salario referencial tomado en esta Ley para fos ajustes, no implica aumento salarial en el inomento que se decrete variación en el salario mínimo nacional.

Tercera. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación cu la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de l'enezuclu.

Dada, firmada y sellada cn el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, eu Caracas, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil diez. Año 200° de la Independencia y 151° de 1a Federación.

ORES Nacional

MAELIS PÉREZ MARCANO DARIO VIVAS VE LASO Primer Vipepresiognte Segunda Vicepresidenta IVAN ZERRA GUERRERO VICTOR CLARK POSCÁN Seuptnio Promulgación de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, de Conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los doce días del mes de enero de dos mil once. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y11º de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase, (L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUIA MILANO

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Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA Refrendado El Minlatro del Poder Popular para Reledones Interlores y Justicia (LS.)

TARECK EL'AISSAMI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARLOS JOSE MATA FIGUEROA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.) RICHARD SAMUEL CANAN Refrendado El Minbatro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minenía (L.S.) JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JUAN CARLOS LOYO MERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educaclón Universitaria (L.S.)

EDGARDO RAMIREZ

Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educadión (L.S.) JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Segunidad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (L.S.) FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Viviende y Hábitat (L.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía y Patróleo (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Pratección Social - (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L5.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura (LS.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (LS.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro dal Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) MUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

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Reprública Bosivariana de Vononueda ESlaambles Aecional Presidencia Caracas -Vonenuola

N 0001-11

ASAMBLEA NACIONAL El Preaidente de la Asamblea Nacional, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 27.numerales 9 y 13 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Naclonal, publicado en la Gaceta Ofictal de la República Bolivariana de Venezuela, Número Extraordinario 6.014 de fecha 23 de diclembre de 2010.

RESUELVE Articulo 1. Designar al Ciudadano PADI KOSHAYA KALLAB YUNIS. titular de la cédula de identidad N° 11.528.483, como Director General dei Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, según lo aprobado en Punto de Cuenta DGDH-DPDH-DCS-057 de fecha 06/01/2011.

Artieulo 2. Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. a los diez días del mes dc enero del año 20l 1. Ano 200° de la Independencia y 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bglivariana.

2 TUIS P$MANDO SOtO HOJAS Presidente de la Asamblea Naclonal PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 7.992 11 de enero de 2011

HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atrlbuclones que le confieren el artículo 226 y numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Código Orgánico Tributario y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es de interés nacional, desarrollar proyectos que permitan alcanzar la independencia tecnológica de la Región Latinoamericana y Caribeña,

CONSIDERANDO

Que es deber del Ejecutivo Nacional, garantizar el derecho a la información, implementando y desarrollando proyectos de infraestructura que aseguren la integridad y calidad de las telecomunicaciones,

CONSIDERANDO

Que es deber del Ejecutivo Nacional, en el marco de las competendas que le han sido asignadas por la Constitución y las leyes, velar por la implementación de los Proyectos destinados a garantizar el acceso a la informadón,

CONSIDERANDO

Que es política del Ejecutivo Nacional Instrumentar los incentivos fiscales que contribuyan al logro de los fines del Estado.

DECRETA

Artículo 1°. Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, las operaciones de importación definitiva de los blenes muebles corporales, señalados a continuación, destinados exclusivamente a la ejecución de actividades relacionadas cn la Instalación dei Sistema Internaclonal de Telecomunicaciones, entre la República Bolivariana de Venezuala y la República de Cuba, realizadas por los órganos y entes del Podar Público Nacional:

CODIGO DESCREPCION BESCRIPCION ARANCELARIO ARANCELARZA Sistema de Administración de Rades Las demás presentadas en forme 8471,49.00 de sistana NMS Parbae y accesorios de máquinas 8473.30.00 Canal de comunicación servico de la partida 84.71 Los demas Sistema de retomo de tierra marina aparatos de 8517.50.00 lelecomunicación por corriente (SLTE 1620LM) portadora o talecomunicación Equipamiento barminal de linea digital.

sybmarine (SLTE Zwd) Equipamiento de allmantadón eléctrica de cable submarino (PFE) Controlador de Manbenimiento del cable submarino MC Equlpamiento S1E/ SDH (1628 y 1662) Eguipamlento de sincronía de Documentadión equlpamlento allmentación eléctrica Materlal de instalación de SIE Documentación SIE Dispositivo concentrado de alarmas + 8531.90.00 Partes unidades de display.

Los demás aparatos de empalme o conexión para una tensión Transición de cable de fbra aplica 8536.90.10 Inferior o igual a 260 V e submarina intensidad inferior o Iqual a 30 A Aparatos de empalme o conexión Unión de playa de los cables de fibra para una tensión Inferor o iguel 8536.90.10 a 260 V e intensidad Infertor o óptica submarina y terrestre igual a 30 A Cables de fibra óptica submarino Cables de fibra óptica 8544.70.00 Cable de fibra óptica terrestre 9030.90.90 Los demás Equlpo de monitoreo del PAR de Nibra aplica 9401.30.00 Asientos giratorios de altura Sila para la sala de control y monitoreo ajustable de la estación 9403.80.00 Muebles materias, control y Mesa para la sala de de obras Indluldos el roten (ratán), monitoreo de la estado mimbre, bembú o materiales similares.

Artículo 2°. A los fines del disfrute de la exoneración prevista en este Decreto, los beneficiarios al momento de registrar su declaración, deberán presentar ante la respectiva Oficina Aduanera los recaudos siguientes:

1) Listado descriptivo de los bienes muebles corporales a importar y la factura comercial emitida a nombre del órgano o ente del Poder Público Nacional, según sea el caso, encargado de la adquisición de los bienes muebles corporales señalados en el artículo anterior.

2) Certificación de inexistencia o insuficiencia de la producción nacional de los bienes muebles corporales amparados por el beneficio, emitido por el Ministerio competente.

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Articulo 3°. Las operaciones de importaciones definitivas de los bienes muebles corporales señalados en el artículo 1° de este Decreto, deben efectuarse por la misma oficina aduanera elegida por el beneficiario de la exoneración.

La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las operaciones de importación exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde se Identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, el valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo impuesto de importación y el monto del Impuesto al Valor Agregado Exonerado, así como el monto de los recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que se causen por la importación, según sea el caso.

En caso de que el órgano o ente del Poder Público Nacional requiera realizar operaciones de importadores definitivas de los bienes muebles corporales por una aduana' diferente a la seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de ingreso.

Artículo 4°. La evaluación periódica a que se contrae el artículo 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, se realizará tomando en cuenta las siguientes variables:

Árep Ponderación muebles 20% corporales exonerados Destinación de los blenes muebles 30% corporales exonerados Cumplimiento del objetivo par el 50% cual se destinaron los blenes muebles corporales exonerados Estas variables son condiciones concurrentes en el estricto cumplimiento de los resultados esperados en los que se sustenta el beneficio otorgado.

El mecanismo mediante el cual se evaluará el cumplimiento de los resultados esperados, será a través de la creación de un índice ponderado.

El resultado de este índice reflejará el porcentaje de cumplimiento de las metas definidas para cada una de las variables, determinadas según la naturaleza propia de la actividad u operación exonerada.

Este índice deberá ubicarse dentro de un rango de eficiencia del cumplimiento de las metas establecidas. Este rango relevante se ubicará entre un cien por ciento (100%) y un setenta y cinco por ciento (75%); quedando sujeto a la condición que el desempeño de las variables en cualquier período de tiempo debe ser distinto a cero por ciento (0%).

El cumplimiento de estos rangos será flexible al momento de la evaluación, cuando por causa no imputable al beneficiario de la exoneración, o por casofortuito o de fuerza mayor se incida en el desempeño esperado.. En estos casos, se establece un máximo de un (1) semestre para compensar el rezago presentado en el semestre evaluado.

Artículo 5°. La evaluación se realizará semestralmente de acuerdo con lo que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Estos períodos tendrán como referencia el cronograma de ejecución de la actividad u operación exonerada.

Quedan encargados de efectuar la evaluación del cumplimiento de los resultados esperados conforme lo previsto en este Decreto, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas en coordinación ccn el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intsrmedias.

Artículo 6°. Perderán el beneficio de exoneración, los órganos o entes del Poder Público Nacional, que no cumplan con los parámetros fijados o con las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 5 de esta Decreto.

Igualmente, perderán el beneficio de exoneración, aquellos órganos o entes del Poder Público Nacional que no cumplan con las obligaciones establecidas en el Código Orgánico Tributario y obras normas tributarlas y aduaneras.

Artículo 7°. El plazo máximo de duración del beneficio de exoneración establecido en este Decreto será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

Artículo 8°. Quedan encargados de la ejecución de este Decreto, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias:

Artículo 9°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficialde la República. Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los once días del mes de 'enero de dos mil once. Año 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese (L..S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

n ng en de Vanezueia lº 5.959 de lecha 05 de faprero de 2.010.

Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA Refrendado El Ministro det Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) CARLOS JOSE MATA FIGUEROA Refrendado El Ministro del Poder Pepular para el Comercio (L.S.) SICHARD S.AMUEL CANAN

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Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Mineríe (L.S.) JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ Rafrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.) JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)

EDGARDO RAMIREZ

Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.) JENNIFER JOSEFINA GZL LAYA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.) EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) MARIA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (L.S.) FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA Refrendado El Mínistro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (L.S.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado El Minlstro del Poder Popular para el Amblente (L.S.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Clencla, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Miniatro del Poder Popular para la Comunicacón y la Información (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social - (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.) CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popudar para los Pueblos Indígenas (L.S.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.) HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ Refrendado El MInistro de Estado para la Transformación Revoludionaria de la Gran Caracas (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SECRETARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DIRECCION EJECUTIVA PROVIDENCIA NUMERO 013, CARACA8 30 DE DICIEMBRE DE 2010

200" y 151" De conformidad con lo dimpuestão en (a Resolución N° 001 da ia Secretaria del Consejo Federal de Gobierno. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.434 de fecha 28 de mayo de 2010, en ejercicio de la delegación conferida según Resalución N" 003 de la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno, publicada en la Gaceta Ofical de la República Bolivariana de Venezuele N" 39.483 de fecha 09 de agosto de 2010, se decide:

Primero. Designar al cudadano FILIBERTO CONO PABQUA INDIANO, litular de la CedUIa de IdenIidad N°. V-7.S82.8s2, Como AUDITOR INTERNO. (INTERINO) del Fondo de Compensación Interterritorial (FCl) organo dependiente del Consejo Federal de Gobierno Segundo. Los ados y documenioe que el prenombrado suscriba de conformidad con esta decisión deberán indicar inmedafamente bajo la firma, la fecha y número de la Providencia y Gaceta Ofcial en la que haya sida publicada, de conformidad con lo establecido en el articulo 18. numeral 7 de de Loy Oagánica de Procedimentos Adminisirativos.

Tercero. La presente designación enbraré en vigencia a emitir del 1° de enero de 2011.

unquesgg Pubiiquea VENONIGAV. GUERRERY Diraciora Ejeoutira del Comitá Técnico Fonde de Compensación Intertel solución ar 00d del 27 de meye de 2010 ong Sesroterle dul Conte l de Goblerno, publicada on la Repuibllra Belbvorann de Weecuelo, Nr 30.434 de fecha 38 de

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Repúl-lik a I+-sneeunn dc Veane Amalo del Polrs Fupaler del Dapa be de la I'esadcth.e Caracas. 12 de enero de 2011 AVISO OFICIAL El Ministro del Poder Popubar del Despacho de la Presidencia, designado mediante el Decrelo N° 7.715. de fecha 11 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficual de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528, de

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fecha 11 de octubre de 2010, en uso de las atribuciones que le confieren los articulos 62 y 77 numerales 2 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Adminletrativos.

ACUERDA

PRIMERO: Se procede a la corrección del error material la Resolución Número 003-2011, de fecha 11 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.591 de fecha 11 de enero de 2011, de la siguiente manera: Donde dice "Designar al ciudadano ABDÓN RODOLFO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, titular de la Céduia de Identidad Número V-9.477.029, DiRECTOR (E), de-la Fundación "OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES" (FOPPPE), a parlir de su publicación en Gaceta Oficiel, de conformidad al ordenamiento juridico vigente", debe decir: "Designar al ciudadano ABDÓN RODOLFO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, titular de la Cádula de Identidad Número V-9.477.029, REPRESENTANTE por este Ministerio anta el CONSEJO DIRECTIVO de la FundaCIÓn 'OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES YPROYECTOS ESPECIALES' (FOPPPE). a parlirde su publicación en Gaceta Oficial, de conformidad al ordenamiento juridico vigente".

SEGunDo: El texto restante de la Resolución señalada en el punto anterior, queda tal como aparece en su redacción original.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley de Publlcaciones Oficiales, procédase a una nueva impresión subsanando el referido error, manteniendo el mismo número, fecha y firma de la referida Resolución y demás datos a que hubiere lugar.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, en Caracas, a los doce (12) dlas del mes de enero de dos mll once (2011). Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

Notiflquese y publiquese

Rpli:h Ninlvanana de Veicuela Minunteno del Poder Popillar del Deapacho de la Preselencin Despacho del Mmairo N° 003-2011 Caracas, 11 de enero de 2011

RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencla, designado medlante el Decreto N° 7.715. de fecha 11 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.528. de fecha 11 de octubre de 2010, en uso de las atribuciones que le confieren los articulos 34. 62 y 77 numerales 2, 19 y 26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890. Extraordinario. de fecha 31 da julio de 2008: y de conformidad con lo estabiecido en la cláusula décima del documento constitutivo-estatutario de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales", publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de No. 39.590, de fecha 10 de enero de 2011.

RESUELVE:

PRIMERO: Designar al CiudadanO ABDÓN RODOLFO HERNÁNDEZ RODRlGUEz, titular de la Cédula de Identidad Número V-9.477.029. REPRESENTANTE por BSte Ministerio ante el CONSEJO DIRECTIVO de la FUndaCIÓn "OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES" (FOPPPE), a partir de su publicación en Gaceta Oficial, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

SEGuNDO: Mediante la prasente Resolución, juramento al refendo ciudadano.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Ministro dal Podar Popular del Despacho de la Presidencia, en Caracas, a los once (11) dias del mes de enero de dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11º de le Revolución Bolivariana.

Notifiquese y publiquese

FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidenicia Repúblion Belvaniana de Venesuela Mristerio del Peder Papulor del Despacho de la Prepiadenoia Despacho de las Mmietre N° 004-2011 12 de anero de 2010 RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, designado mediante Decreto N° 7,716, de fecha 11 de octubre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarlana de Venezuela N° 30.528, de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que la confiere el articulo 2 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia publicado en la Gaceta Oficial N° 38.915. de fecha 22 de abril de 2008, en concordancia con lo establecido en los arlículos 82 y 77 numerales 2,12 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008; y de conformidad con los artículos 47 del Reglamento N° 1 y 35 del Reglamento N° 4 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, dictados mediante Decretos Números 3.776 y 4.099, d• fecha 18 de julio y 21 de noviembre del 2006.

RESUELVE Articuto 1. Aprobar la estructura para la ejecución financlera del presupuesto de gastos del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Unidades Administradoras de dicha eatruotura, como se indica a continuación:

UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL Número y Unidad Nombre y Funaionario Ubiceolón de la Administadora Céduls de Reeponssble Unidad Contral Identidad Adminiatradora FRANCISCO Ministario del Ministro del Poder JOSÉ AMELIACH Poder Popular *00011 Popular del ORTA. Céduls de del Daspacho de Despecho de la Identidad N° la Presidencia.

Presidancia

7.082.172 UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS CON DELEGACION DE FIRMAS Número y Unldad Punolonarlo Üblcseión de la Nombre y Cédula Adminlatradora Responsable Unldad de Identidad Desconcentrada Adminiatradoras G/D Elvis Enrique Comandante Sulbarán *00014 Guardia de de la Guardla Honor Baatidas.

Sede Distnito de Honor Presidencial Cédula de Capital Presidenciel Identidad N° 7.747.636.

G/D Robert *00020 Secretaria del Secretario del Rafael Grant Consejo de Sede Distrito Consejo de Castilio. Cêdula Capital Defensa de la Defensa de la Nación Naclón 5.254.103 UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA Número y Unldad Ubicación de la Funclonarlo Nombre y Cédula Adminletredora Reaponsable Unldad de identidad Desconcentreda Adminiatredorss *03033 Oficina Manuel Antonio Director Briceño Peña.

Sede Distrito Estratégica De Ejecutivo Capita! Cédula de Inspecolón, Identidad N° Segulmlento y 14.400.981 Evalusción de la Gestlón Publica

Articulo 2. La presente estructura entrará en vigenola a parlir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venozuela. Artículo 3. Se deroga la Resolución N° 264. publicada en la Gacete Oficial de a República Bolivariana de Venezuela N° 39.586, de facha cuatro (04) de enero de 2011 Conforme a lo establecido en el articulo 72 de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, comuniquese y publlquese.

FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA MINISTRO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINIBTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, $ALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANIQUELES.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA IP 001 CARACAS, & DE ENERO DE 2011 200° y 151° El cludadano NÉSTOR LUIB REVEROL TORRES, ttular de la cédula de identidad N° V- 7.844.507, actuando en su carácter de Presidente de la Comieión Nacional de Caainos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiquolee, designado mediante Resolución Ministerial N° 309 de fecha 20 de diciembre de 2010 dictada por el Minieterio del Poder Popular pera Relaciones Interiores y Justicia, publicade en Gaoeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.583 de Ia miama fecha, de conformidad con el articulo 13 da la Ley para el Control de loe Casinos, Sales de Bingo y Máquinas Traganíqueles, loe artículos 5, 19 y 20 de la Loy del Estaluto de la Función Públlca y en ejercicio da las atribuciones que le confieren los artículos 7 y 8, numeral 5 y 10 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiquelos, dicta la sigulente:

PROVIDENCIA ADMINIBTRATIVA d e e PÉREZ, Úular de la cédula de Identidag, be V-13 Bg6.324 como Diraciora de Reoaudación de la Comisión Naelóntr de Casinog Sala de Bingo y Máquinas Treganiqueles; a pertir del ßde enero de 2011.

Comuniquss y pulfíquese.

NESTOR LUIS REVEROLT PresidenteE) de la Comielón Nacioniar-dér'Casinos, Salaf de Bingo y Máquinas Traganiquales Publlcade en la G.0.R.B.V. A° 39.083 de texhe 29 de didembre dn 2010.

REPÚRLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELAGIONEB INTERIQRES Y JUSTICIA COMNSIÓN NACIONAL DE CABINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQURNAS TRAGANIQUELES.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA IN° 002 CARACAS, & DE ENERO DE 2011 200° y 181° El ciudadano MÉsTOR LUIS REVEROL TORRES, titular de la cédula de identidad n° V- 7.844.507, actuando en su carácier de Presidente de la Comisión Nacional de Casinoe, Seles de Bingo y Máquines Traganiquelos, designado mediento Rasolución Ministarial N° 309 de fecha 29 de diciembre de 2010, dictada por el Ministerio del Poder Populer pera Relaciones Inlerlores y Justida, publicada en Gaceta Oficial de le Repúblice Bolivariana de Venezuela N 39.583 de la misma feche, de conformidad con el articulo 13 de la Ley pera el Control de los Casinos, Seles de Bingo y Máquinas- Traganiqueles, los artículos 5. 19 y 20 de la Ley del Estatuto de le Función Pública y en ejercicio de las atribuciones que la confieren los artículos 7 y 8, numeral 5 y 10 del Reglamento interno de In Comisión Nacional de Ceeinos, Sales de Bingo y Méquinas Traganiqueles, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINIBTRATIVA

cédule de identidad N° V-16.481.047 como Coneullor Juridico Adjunto de le Comisión Nacionel de Casinos, Salas de Bingo y Máquines Trageniquelee, a partir del 6 de enero de 201 t. En virtud de la presente deelgngcióa-poriedinlags le firma, en ausencia del Coneullor Juridlico, de la comrepgadaihcie see Jetada car pter exdemo o intema Juridica.

enmarcada dentro del área de jp-alompetencia dy

Comuníquese y publiqu

NESTOR LUIS REVERONTORUE Prealdente (E) de la Comiaión Nacioniarde Casinos, Salen de Bingo y Máquinse Traganiqueles

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES DE INTERIORES Y JUSTICIA COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS. SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES PROVIDENCIA ADMINISTRATINA N° 003 CARACAS, 7 DE ENERO DE 2011 200° y 151° El ciudadano NÉSTOR LU8 REVEROL TORRES, titular de la oèdula de identidad N° V. 7.644.507, actuando en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquines Traganiqueles, designado medianto Resolución Ministerial N° 309 de fecha 29 de diciembre de 2010 dictada por el Ministeno del Poder Populer para Relaciones Interiores y Justicia, publicade en Gacata Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.583 de la misma fecha, de conformidad con el articulo 13 de le Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueias, los artícuios 5, 19 y 20 de la Ley Gel Esteluto de la Función Pública y en ejercicio de las atnbuciones que le confieren los articulos 7 y 8. numeral 5 y 10 del Reglamenio Interno de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinae Traganiquelea, dicta la siguiente:

PROVIDSNCIA ADMINISTRATIVA

Adiculo 1: Se designa aI Ciudadano ALBERIO_ALEXANDER MATHEUS MELENDEZ, ulular de la cédula de identidad N v-T0.597.658 como Birealor de Administración (E) de le Comisión Nacional de Caginos, Salas de Bingo y da niqueles.

Comuniquess y publiquèsa NESTORLUIS REVEROL Presidente (E)oe la Comisión NacicrispuarCasinos.

Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles Designado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiore y Juslicia N° 309 de fecha 29 de diciembre de 2010.

Pubkcada an la G.0.R.8.V. N° 39.583 de fecha 29 de diciembre de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES DE INTERIORES Y JUSTICIA COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS. SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES PROVIDENCIA ADMINISTRATINA N° 005 CARACAS, 10 DE ENERO DE 2011 200° y 151"

El ciudadano NÉSTOR LUs REVEROL TORRES, titular de la cédula de identidad N V- 7.844.507, actuando en su carácter de Presidente de la Comisión Nacionai de Ministenal N° 309 de fecha 29 de diciembre de 2010 dictada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Inleriores y Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariena de Venezuele H° 39.583 de la misma fecha, de conformidad con el erticulo 13 de la Ley para el Control de Casinos, Saias de Bingo y Máquinas Traganiqueies. los articulos 5, 19 y 20 de la Lay del Estatuto oe la Función Pública y en ejercicio de las atnbuciones que le confieren los ariculos 7 y 8. numerai 5 y 10 del Reglamento Interno de le Comisión Naconal de Casnos, Selas de Bingo y MáqunasTraganiqueles, dicta :a siguiente.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

RREA CARVAJAL. titular de la edursos Humanos de la cédula de identidad N° V-15/175.609 como Comisión Nacionel de Casinos, Salas de Bingo, Suinas niqueles.

Comuníquese y publiqueua NESTOR LUIS REVERO Presideno (E) de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles Designado mediante Resolución del Ministeno del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia N° 309 de fecha 29 de diciembre de 2010.

Publicada en le G.O.R.B.V N° 39.583 de fecha 29 de diciembre de 2010.

REPÚBLCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES DE INTERIORES Y JUSTICIA COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS. SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES PROVIDENCIA ADMINISTRATINA N° 006 CARACAS, 10 DE ENERO DE 2011 200° y 151° El ciudadano NÉSTOR LUIs REVEROL TORRES. titular de la cédule de identidad N° V- 7.844.507. actuando en su carácler de Prasidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles, designado mediante Resolución

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Bolivarana de Venezvela N° 39.583 de la miama feche, de conformidad con el articulo 13 de la Ley pera el Conirol de Casinos. Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles, los ericulos 5. 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artícuios 7 y 8, numeral 5 y 10 del Regiemento Interno de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles, dicta la siguiente.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

cédula de identidad N° V-15 9z0.255 como Coordinador de la Dirección ae Recursos e n Traganiqueles.

Comuniquese y publiquese NÉSTOR LUIS REVERQTES Presidente (E) de la Comisión Nacionatde Casinos.

Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles Designado mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para Reiacionee Interiores y Justicia N° 309 de fecha 29 de diciembre de 2010.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARARELACIÓNES EXTERIORES REPÚBLICA BOLIVARJA!N! DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RSLACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO N°290 CARACAS, 31 de diciembre de 2010) 200° Y 151° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular pare Releciones Extoriores, de conformidad con lo establecido en el Articulo Único del Decreto No 5.106, de focha 08 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Uficial de la República Bolivariana de Venezueia No 38.600 de fecha 09 de anero de 2007, en ejercicio de las atribudones que le confleren los Arbiculos 62 y 77 numerales 15 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 de las Dispasidonas Generales de ia Ley de Presupuesto pera al Eleroicio Pscal 2010, en concordancia con lo previsto an ol numeral 3 del Articuio 86 del Regiamento No 1 de le Ley Orgáni a de la Administreción Fimendere del Sector Publico sobre el Sistema Prasupuestario, procede a sa publicación del traspaso presupuestano de gastos corrientes para gastos de capital del MuENusTiuIo DEL POpER POpULAR PARA RELACSONES DITERIORES DOr la CANTIOSD de NUEVE MIL SEISCIBNTOS VEINTE BOLÍVARES FUERTES CON CERO CENTIMOS (BS.F. 9.520,00), (INGRESOS ORDINARIOS), QUe fve aprobado por aste Ministerio mediantetraspaso interno Nº 669 de recha 08 de Diciembre de 2010, de acuerdo con la siguianbe Imputadón:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RBLACIONES DXTERIORES 042620,09 AMPLIACIÓN DEL ROL DE LA REPÚBLICA SVLA BOLSVARIANA DE VENEZUBLA 060012000

2.620.00 GEOPOLÍTICA INTSRNACIONAL Acción "Avanzar en la confermadón de las ebanzas regionales para fundamentar el nuevo bloque de Especifica:

poder en América Launa y el Caribe; y su soborenia"

9.620,00

060012004 De lai "Servicios no personales"

9.620,00

4.03 - Ingresos Ordinarios Sub-Partida

9.620,00

Generica, 08.01.00 "Prmas y gastos de seguros" Especifica y Sub-Especifica:

A lat

9.620,00

4.04 "Activos Reales" Paride:

- Ingresos Ondnarios Sub-Pertida

7.020,00

Genénica, 09.02.00 "Equipos de computación"

2.600,00

Específica y Sub- Especifica:

Comuníquese y Publiquese, AS MADURO NOROS MINISTRO PODÓPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES BITERIORSS DESPACHO DEL NINISTRO N° 291 CARACAS, 31 de diCiembre de 2010 200° y 151° RESOLUCION E Minstro del Poder Papular para Relacones Extenones: de conformidad con lo estableodo en c Articulo Unco dol Decreco No 5.10a, de recha 0e de enero de 2007, auicado en le Gacuta Ofcal de la Repubica Bolivaríana de Venezuela No 38.600 de fecha 09 de enaro de 2007, en eferoco de las aimbudones que le confieren los Artículas 62 y 77 numerales 15 y 19 del Decreto con Rango, Valor y Puerza de Ley Organica de la Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Elercicio Fiscal 2010, en concordancia con lo previsto en el numeral 3 del Articuio 86 del Reglamento Ao I de la Ley Orgánica de la Administración Ananciera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, procede a la publicación del traspaso n PARA RELACIONES EXTERIORES POr la CANDOad de CUARENTA Y UN MIL OCNOCTENTOS OCHO BOLIVARES CON DIBCESIETE CÉNTIMOS (Bs. 41.BO8,17), (GESTIÓN FISCAL), qU8 fuR JDrObado por este Ministerio mediante traspaso Interno Nº 703 de fecha 14 de Diciembre de 2010, de acuerdo con la siguiente imputación:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES: BS.

4180817

Acción Centrelizada: Geotión Adminstrative 040002000

43.804,17

Acoón 060002001 Apnvo Institucional a las Acciones Especifica:

Especincas de los Proyectos del Organismo 41,009.12

De la:

Paruda:

4.02 "Maleriales, suministros y mercancías"

41.808,17 - Gesión Fiscal Sub-Paroda Gengrica, sdn 00 0.0 41.808,17 AP Sub-Especica.

A lb:

Parlida:

4.04

41.808,17 "Actvos Reales" Gestón Fiscal

03.04.00 "Maqumarla y equipos de artes gráficas Suto-Fartida 4.892,70 y reproduckin" Genénca, Especifica y Sub-Especthica:

5.384,26 lala"

05.01.00 "Equ-pos de telecomunicaciones"

15.360,00

09.03.00 "Mobularo y equipos de alojamiento

13.180,12

2.991,09

09.99.00 *Otras maquinas, muebles y demás equipos y alo Comuniquese y Pubeliquase, MADURO MOROS MINISTRDARL POPER B ULAR PARA RILACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DESPACHO DEL MINISTRO N° 292.

CARACAS, 31 de diC1embre de 2010 200° Y 151° RESOLUCION El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el Articulo Único del Decreto No 5.106, de fecha 08 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela No 38.600 de fecha 09 de enero de 2007, en ejercicio de las atribuclones que le confieren los Articulos 62 y 77 numerales 15 y 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, en concordancia con lo Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, procede a la publicación del traspaso presupuestario de gastos corrientes para gastos de capital del MINISTERIO DSL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES POY la CaNTIÓAd de QUINIENTOS SETBNTA Y DOS BOLIVARES FUERTES CON CERO CENTIMOs (8a.F. 572,00), (INGRESOS ORDINARIOS), que fue aprObado por este Ministerio mediante traspaso interno No 723 de fecha 20 de diciembre de 2010, de acuerdo con la siguiente Imputación:

Bs.F

572.00 Minlaterlo del Poder Popular para Relaclones Exrteriores 060012000 Ampliación del Rol de la República Bolvariana de Venezuela an la $72,00 Geopolítica Internacional Acción 060012005 Fortalecer la relación de Venezuela Especifica:

con los movimientos sociales y políticos de pensamlentos progresistas en el mundo, especialmente en el continente 572.00 europeo 4.03 De la:

572,00

Partida

572,00

Sub-Partida

07.04.00 "Avisos" Generica, Especifica y Sub-Especfica:

A la:

Parbide

4.04 572,00 "Activos Reales" Genénca, "Equipos de computación* 572,00 09.02.00 Especifica y Sul-Espeonica:

//E

NIUAS MADURO MOROS MINISTRO DELATLÓPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Ropública Beliverlune de Vuneevea sng tes ab e uephndng RESOLUCIÓN

PECHA: 1 2 E.3:" .NÚMERO: 0 05.1 1

Visto que los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, disponen que los titulares de los Órganos de Control Fiscal de los Entes y Organismos señalados en los numerales comprendidos del 1 al 11 del artículo 9 de esa Ley, serán designados por la máxima autoridad jerárquica del respectivo Ente, de conformidad con los resultados del Concurso Público celebrado al efecto.

Visto que el articulo 43 del Reglamento sobre los Concursus Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoria Intema de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, señala: "Se considerará ganador del concurso al participante que haya obtenido la mayor puntuación, la cual debe ser igual o superior a la exigida en los articulos 39 al 42 del presente Reglamento, según corresponda para cada caso.." Vista la Resolución N° 01-00-000001 de fecha 6 de enero de 2011, emanada de la Contraloria General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la Rapública Bolivariana de Venezuela N° 39.588 de fecha 6 de enero de 2011, donde resolvió Auditoría Interna, así cormo ordenar a la Máxima Autoridad Jerárquica de esta Superintendencia, revocar la decignadón de la titular de la Unidad de Autoría Interna de este Organismo, de conformidad con el principio de autotutola administrativa, consagrado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Contraloria Ganeral de la República y del Sistema Nacional de Control Fscal, y proceder de conformidad con el Designación de los Contralones Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoria Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal,Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, esta Superintendencia procedió mediante Resolución N° 002-11 del 7 de enero de 2011 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.589 del 7 de enero de 2011 a revocar la Resolución N° 441.10 de fecha 17 da agosto de 2010, publicada en ba Gacsta Oncial de la República Bolvariana de Venezuela N° 39.489 de esa misma fecha; asi como, a la Revocatoria del oficio contentivo de la notificación de la designación de la ganadora de dicho Concurso Público contenido en el oficio N° SIB-DSB-ORH-0040 del 7 deenero de 201s.

Visto que en el Acta Finel de fecha 3 de agosto de 2010, suscrita por el Jurado Calificador designado para la selección dei ttular o la titular de la Unidad de Auditoria Interna de la Superintendencia de las Instituciones dei Sector Bancario, se dedaró que obtuvo el segundo (2°) lugar la ciudadana Beatriz Blen a González de Duarte, ttular de la cédula de identidad N° 9.246.490.

Visto lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del articulo 160 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, quien suscribe;

RESUELVE

Designar a la ciudadana Beatnz Blen a González de Duarte, btular de la cédula de identidad N° 9.246.490, como titular de la Unidad de Auditoria Interna de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a partir del 12 de enero de 2011.

Edgar AWemandez Behrens

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARAEL TURISMO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORIA JURIDICA NUMERO: 002 CARACAS, 06 DE ENERO DE 2011 200° y 151° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para el Turiemo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decrelo N° 7.208 de fecha 01 de febrero de 2010. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.360, de fecha 03 de febrero de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del articulo 77 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 y 20, numeral 6 ejusdem, este Despacho..

RESUELVE Articulo Único. Se designa 8 pertir del 06 de enero del 2011, al ciudadanO LUIS PEDEMARX GAMBOA MARCANO, titular de la cádula de identidad N° V-16.283.518, corno Diractor_General de Turíamo Popular de este Ministerio.

Comuniques• y Publíguese.

PARA ELTURISMO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA —INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (INATUR) PROVIDENCIA N° 001-11 Ceracas, 10 de enero de 2011 200° y 151°

PROVIDENCIA En ejercicio de la atribución conferida en el articulo 23, ordinal 9 del Deereto No. 5.099 con Rango, Vaior y Fuerza de Lay Orgánioa de Turiamo, publicade en la Geosta Ofioial de la Republica Boivariana de Venezuela N° 5.889 Exdreordinerio, de feche 31 de julo de 2008 y en concordancia con lo establecido en el articulo 20, numeral 8 de la Ley del Bolivariana de Venezueis No. 37.522 de fecha 08 de saptienbre de 2.002, de conformidad con el articulo 34 del Deorelo N° 8.217 oon Rango, Valor y Fuerza de la partir de la fecha 10 de enero de 2011. al ciudadano GREGORY DAVD ESCOBAR FERNÁNDEZ. titular de la Cádula de Identidad N°. 14.708.813. Gerente (Encargado) de Promnoción y Mercadeo del Instituto Naclonal de Turiemo (INATUR).

Comuniquese y publíquese

JOSE LEONARDO GONZALEZ AAVEDRA PREMDONTIAV REOLUCION AP OLS DE PBCHNL0R010 P 39.374 DE FCHA 2801 :

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAAGRICULTURA Y FIERRAS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 AñO5 200P Y 151 PROVIDENCIA INTI N° _06 Yo, JUAN CARLOS LOYO, venezolano, mayor de edad, de este domidilo y titular de la Cédula de Identidad Nº 7.138.349, actuando en- este acto en ml carácter de Presidente (Encargado) del Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Precidencial No 7.509 de fecha 22 de Junio de 2010, publicado en la Gaceta Oñdal de la Rapública Bolivarlana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha y en ejerddo de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Fundión Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tlerras y Desarrollo AgrariO, DESIGNO al Cudadano FLORES TOVAR HENRY

TERCERO titular de la Cédula de Identidad N° V- €.860.441, como GERENTE DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEYIERRAS, a parti Irde la fecha de su notificación.

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Miércoles 12 de enero de 2011

382.683

GACETAOFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANADE VENEZUELA

Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego la atribución y de los actos y documentos que condemen y competen a su cars AgAn.

Comuniquese y Publíquese.

JUAN CARLOSLO Presidents (E) del Instituto Naciona

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AÑOS 200° Y 151 PROVIDENCIA INT N° 1072 Yo, JUAN CARLoS LoYO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 7.138.349, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (E) del Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Presidencial N° 7.509 de fecha22 de Junio de 2010, publicado en la Gaoeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me conflere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, DESIGNO al Ciudadano PULIDO LEAL DANNY JOSE titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.913.098, ∞omo GERENTE DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación.

Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 de! Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de !a Administración Pública, delego la atribución y firma de los actos y

Comuníquese y Publíquese.

JUAN CARLOS LOYO,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS CARACAS, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AÑOS 200° Y 151 PROVIDENCIA INT N°1072 Yo, JUAN CARLOS LOYO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 7.138.349, actuando en este acto en mi carácter de Presidente (Encargado) del Instituto Nacional de Tierras, designado mediante Decreto Presidencial No 7.509 de fecha 22 de Junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 5, numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 126, numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, DESIGNO al ciudadano VARELA PEREZ ALI ANToNIO titular de la Cédula de Identidad N° V- 14.887.143, como GERENTE DE RECURSOS NATURALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, a partir de la fecha de su notificación.

Asimismo, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34 del Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, delego la atribución y firma de los actos y

Comuníquese y Publíquese.

- JUAN CARLOS LYO,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESPACHO DEL MINISTRO

AÑOS 200° Y 1510 En conformidad con lo previsto en el numeral 26 del artículo 77 y el artículo 34 del Decreto No 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 de fecha 31 de julio de 2008, en concordancia con el artículo 33 del Decreto Nº 6.732 de 2 junio de 2009, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009.

CONSIDERANDO El supremo compromiso y la mayor eficacia política y calidad revolucionaria enla construcción del Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el desarrollo de la patria y del colectivo, RESUELVE Artículo Único. Delegar en la ciudadana MARIA CARLA RODRIGUEZ GUERRERo, titular de la cédula de identidad N° 16.116.935, a partir del 13 de enero de 2041 hasta el 14 de febrero de 2011, la certificación de las firmas de las autoridades competentes de las instituciones de educación universitaria oficiales y de gestión privada,.contenidas en los documentos probatorios de estudios.

Comuníquese y Publíquesi EDGARDO ÁNTONIO RAMIREZ Ministro del Poder Popular para la Educación universitaria

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL MINISTRO- CONSULTORIA JURÍDICA NÚMERO: 001. CARACAS, 06 DE ENERO DE 2011.

200° y 151° RESOLUCIÓN En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimlentos Administrativos y en el Artículo 77, numerales 1, 19 y 27 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Vaior y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5, numeral 2, y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Funcón Pública; y conforme con el Decreto Nº 7.512 de fecha 22 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.451 de la misma fecha; este Despacho, RESUELVE Articulo 1. DesIgnar al CiudadanoENRIQUE SALVADOR ARMAS ARRIaJAS, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.S14.597 como DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES Y TRANSFERENCIAS (ENcarGAoo) del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones.

AríCulo 2. El CiudadanO ENRIQUE SALVADOR ARMAS ARRIOJAS titular de la CÉdula de Identidad Nro. V-10.514.597 como DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES Y TRANSFERENCIAS (ENCARGADO), tendrá las atribuciones que a continuación se indican:

1. Formular el plan estratégico en materia de concesiones y transferencias de obras de servicios.

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2. Promover y hacer segulmiento a la ejecución de proyectos de inversión bajo el régimen de concesiones.

3. Establecer las normas y procadimlentos técnicos para los procesos de otorgamiento de concesiones y transferencias de obras y serviclos.

4. Gestionar la obtención de los recursos financieros para obras y serviclos en concesiones y realizar el seguimiento y control respectivo.

5. Realizar el seguimiento y control da los contratos de obras y serviclos concesionados y transferidos.

6. Regular, Aiscalizar, vigilar y controlar el sistema de vialidad concesionada y transferida, incluyendo el ordenamiento de estaciones recaudadoras de peaje, su ubicado y características, así como los estudios de fijación, ajustes y cálculo de tarifas de peaje.

7. Prestar asistencia técnica especializada y promover el fortalecimiento Instituclonal y capadtacón, en las áreas de concesiones y transferendas de obras y servicios.

8. Mantener actualizado el inventario de obras y serviclos cenceslonados y transferidos.

Artículo 3. Delegar en el precitado ciudadano; la atribución y firma de los actos y documentos que a continuación se indican:

1. La correspondencia destinada a las demás Direcciones del Ministerio sobre actuaciones de carácter técnico-administrativo, cuya tramitación deban iniclar, continuar o concluirconforme sus respectivas competencias.

2. La correspondencia externa, postal, telegráfica, radiotelegráfica y telefacsímlle, en contestación a solicitudes de particufaressobre asuntos cuya atención sea competencia de la oficina a su cargo.

3. Certificar las coplas de los documentos originales que reposan en el archivo de esa Oficilna a su cargo.

4. Dirigir la correspondencia destinada a entes públicos y privados, a los particulares, contratistas y empresas constructoras, relativa a procedimientos y materias Inherentes a concesiones o contrataciones de obras públicas y servicios públicos de este Ministerio.

Articulo 4. Los actos y documentos que el prenombrado funcionario firme de conformidad con esta Resoluclón, deberán Indicar Inmediatamente, bajo la firma, nombre de quien lo suscribe y la titularidad con que actúa, la fecha y el número de la Resolución y Gaceta Oficlal en la que haya sido publicada. Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniquese,y publiquese, FRANCISCO JOSÉ GARCÉS DA SIQVA" MInistro

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABITAT DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORÍA JURÍDICA NÚMERO: 001 CARACAS, 10 DE ENERO DE 2011 200° y 151° RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Vivlenda y Hábitat, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos, 62 y 77, numerales 13,19,26 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el articulo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezueia N° 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010 y artículo 15 del Reglamento de la Lay e Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oflcial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.181, de fecha 19 de mayo de 2009; este Despacho Ministerial, RESUELVE ArtÍCulO 1. Se Crea la COMISIÓN DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT, encargada de dirigir las actuaciones relativas a los procesos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios; cuyaactuación se regirá por las disposiciones consagradas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, asi como todos los Instrumentos de rango legal y sublegal que regulen la materia.

Articulo 2. La Comisión de Contrataclones estará Integrada por cinco (05) Miembros Principales con sus ręspectivos Suplentes, responsables del Área Económica-Fínandera, el Área Técnica yel Área Legal, respectivamente; así como un (01) Secretarlo (a) y su respectivo Suplente, con derecho a voz más no a voto.

Artículo 3. La Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, estará Integrada de la siguiente forma:

Área Económica-Einanclera:

Miembro Principal Miembro Suplente C.I.

C.I.

Nombre Nombre DAVI MURILLO CASTRO

8.205.290

13.150.862 ROSA VARLESE RIVERO Área Técnica:

Miembro Principal Miembro Suplente C.X.

C.I.

Nombre Nombre RAÚL VELAZQUEZ INFANTE

5.114.603

3.610.526 JUVENCIO HERRERA DELVANIS DIAZ GUZMÁN JOSÉ CARLOS MELO

6.557.728

11.343.067 JHONNY GONZÁLEZ

3.984.328 HERNÁN MESSUTTI AILEN

6.284.320

Área Lagal:

Miembro Suplante Miembro Principal C.I.

Nombre C.I.

Nombre

5.088.228

15.369.000 RAFAEL JOSÉ MIERES EDWARD COLMAN Sacratarla:

NOMbRE: ÉVELICE DEL CARMEN CASTILLO HERNÁNDEZ C.l.: 13.069.287 SUpIOnte YRAIMA JOSEFZNA FRANCO OLIVARES C.I.; 6.284.320 Articulo 4. La comisión de contrataciones tendrá las siguientes atribuclones:

1. Convocar previa solicitud de las Unidades Contratantes o Usuarias, a la apertura del proceso de contratación respectivo, de acuerdo a la disponlbilldad presupuestaria y el nivel de contratación requerido.

2. Reciblr, abrir, analizar, directa o indirectamente a través de un grupo de anallstas interdisciplinario, los sobres contentivos de los documentos relativos a la calificación de los oferentes, así como examinar, evaluar y comparar las ofertas reclbldas según aplique la modalidad de contrataciones.

3. Verlficar o hacer que se verifique la inscrlpclón de los oferentes en el Registro Naclonal de Contratista.

4. Apoyar las politicas del Estado para fomentar la promoción de Pequeña y Mediana Industria, Cooperativas y otras formas asociativas, así como, la producción nacional y la utilización del financiamiento.

5. Asegurar la transparencia administrativa de los procesos de contratación, 6. Efectuar un registro de todo el personal técnico especialista de cada área específica.

7. Participar, planificar y ejecutar las modalidades de selección de contratistas de este Ministerio y constatar que los procedimientos de contratación se realicen de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas vigente, así como demás legislación vigente que rlge la materia.

8. Elaborar el Cronograma de Ejecución de actos de recepción de los sobres y su apertura, según la modalidad a aplicar, y velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las diferentes modalidades de contratación.

9. Elaborar, revisar, aprobar los pliegos de condiciones y discutir las recomendaciones formuladas por las diferentes áreas, antes de su respectiva publicación. Las correcciones formuladas por la Comisión de Contrataciones serán de carácter vinculante.

10.Levantar mediante acta cada uno de los detalles que se susciten en el proceso y en los actos para llevar registro de los mismos.

11.Asegurar la información de los procesos de licitación, mediante la elaboración, conformación, guardia y custodia de los documentos que integran los expedientes.

12. Emitir dictámenes e informes sobre asuntos de su competencia y recomendaciones sobre los asuntos sometidos a su consideración.

13.Considerar y emitir recomendación sobre el régimen legal aplicable, la estrategia de contratación adoptada, la modalidad de selección de contratistas, parámetros, ponderaciones y criterios de selección de oferentes, evaluación de ofertas y compromisos de responsabilidad social.

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14.Calificar oferentes y aceptar o rechazar ofertas, según el caso, previo análisis del cumplimiento de los requisitos o condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

15.Determinar, visto el informe del grupo analista las ofertas que en forma integral resulten convenientes a los criterios e Intereses dei Ministerlo, a fin de remitir la recomendación correspondiente.

16. Considerar y aprobar los Informes de recomendación por consultas de precios, cuyo monto exceda las dos mil quinientas unidades tributarlas (2.500 U. T.) para adquisición de bienes y prestación de servicios y cInco mil unidades tributarlas (5.00o U.T.), para ejecución de obras, previa presentación ante la máxima autoridad.

17.Cuando la adjudicación del contrato se otorgue bajo la modalidad de contratación directa, deberá considerar y opinar acerca del acto motivado que justifique el empleo de dicha modalidad excepcional de selección de contratistas, la cual deberá ser particpada al SNC dentro de los dlez (10) días hábiles sigulentes a la suscripción dei contrato.

18.Decldir los Recursos de Reconsideracón interpuestos por los oferentes en contra de las decisiones de descalificación, con la asesoría de la Consultoría Jurídica de este Ministerio.

19.Responder por escrito a las adaratorlas presentadas por los participantes al pliego de condiciones o sobre el resultado de la contratación en los términos, plazos y condiciones establecidos en la ley.

20.Conocer la evaluación sobre la actuación o desempeño del contratista en la ejecución del contrato, a los fines de remitir opinión que podrá ser considerada por este Ministerlo.

21. Conocer y emitir recomendación acerca de la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, destinados a proyectos sociales, aplicando los recursos financieros provenientes de los aportes derivados de los compromisos de responsabilidad social que asumen los contratistas.

22.Facilitar la Información de los procesos de contratación a los entes involucrados.

23.Cualquier otra funcione instrucción que le señale la legislación aplicable, las normas Internas del Ministerlo o asigne el ciudadano Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.

Artícuto 5. Esta Resoluclón entrará en vigenda a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la Repúbllca Bollvariana de Venezuela.

Coruimipuiesepubllquese, RICARDO ANTORIO MOLINA PEÑALOZA Ministro

MINISTERIO DE ESTADO PARALATRANSFORMACIÓN DE LA GRAN CARACAS

Republkn Bohvautuna de V"ucnuela Munlaterlu de Estado pera la Tranafornsación Kevolucimauia de le Gren Carecas Despacso del Miniatro

Caracas, 12 de enero de 2011

AVISO OFICIAL El Ministro de Estado para la Trensformación Revolucionaria da la Gran Caracas, designado mediante el Decreto N° 7.877, de fecha 6 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.571, de fecha 10 de diciembre de 2010, en uso de las atribuciones que le confieren los articulos 62 y 77 aumerales 2 y 19 del Dacreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oñcial de la Recública Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinario, de fecha 31 da julio de 2008; y, en concordancia con lo dispuesto en el artícu!o 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ACUSRDA:

Número 001, de facha 11 de enero de 2011, publicada en la Gacata Oficial do la República Solivariana de Vanazuela Número 39.591 de fecha11 de Enaro de 2011. de la siguien!s manera: Donde d:ce "Dasignar a la ciudadana SAULIBETH DEL VALLE RIVAS SALAZAR, titular de la Céduia de !dentidad Número V-i2.003.0C3, DIRECTORA (E). de la Fundacin "OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES" MINISTERIO CI ESTADO FARA LA (FOPPPE),por,6i TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA OE LÀ GRAN CARACAS, a partir de su publicación en Gaceta Oficial, de conformidad al ordenamiento jurídico vigante", debe decir: "Designar a la ciudadana SAULIBETH DEL VALLE RIVAS SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Número V- 12.003.O98, REPRESENTANTE pOr el MINISTERIO DE ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA GRAN CARACAS anto el CONSEJO DIRECTIVO de la FundBOión 'OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES' (FOPPPE), a PARtir de Su publicación en Gaceta Oficlal, de conformidad al ordenamiento juridico vigente.

Donde dice:

"Se delega en el Ministro de Estado para la Transformeción Revolucionaria de la Gran Caracas le juramentación de Ley".

Debe decir:

"mediante la presente designación, juramento a la mencionada ciudadana". sEGundo: El texto restante de la Resolución señalada en el punto anterior, queda tal como aparece en su redacción original.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficieles, procédase a una nueva impresión subsanando el referido error, manteniendo ei mismo número, fecha y firma da la referida Resolución y demés datos a que hubiere lugar.

Dade, firmada y sellada en el Despacho del Ministro de Estado para la Tranaformación Revolucionaria de la Gran Caracas, en Caracas, a los doce (12) dias del mes de enero de dos mil onoe (2011). Años 200° de la Independencia, 151° de la Federeción y 11º de la Revolución Boliveriane.

Notifiquese y publiquese

Bupéblice Bollrafina de Vaomsele Mixgiaburio de Iatado pam la Tranaforeación Revolucioseria de la Ormp Ceracma eu ospeee N° 001 Caracas, 11 de enero de 2011

RESOLUCIÓN El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionerie de la Gran Caracas, designado mediante el Decreto N° 7.877, de fecha 6 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.571, de fecha 10 de diciembre de 2010, en uso de las atribuciones que le confleren los arlículos 34, 62 y 77 numerales 2, 19 y 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LeyOrgánica de la Administración Públice, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890, Extraordinarlo, de fecha 31 de julio de 2008; y de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del documento constitutivo-estatutario de la Fundación "Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales", publicado an la Gaceta Oficial de la República Bolivaniana de No. 39.590, de fecha 10 de enero de 2011.

RESUELVE:

PRIMERO: Designar a la Ciudadana SAULIBETH DEL VALLE RIVAS SALAZAR, tituiarde la Céduia da Identidad Número V-12.003.098, REPRESENTANTE POr e1 MINISTERIO DE ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA GRAN CARACAS ante ei CONSEJO DIRECTIVO de la FUndacIón "OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES" (FOPPPE), 8 pERtir de SU publicación en Gaceta Oficial, de conformidad al ordenamiento juridico vigente.

SEGUNDO: mediante la presente designación, juramento a la mencionada ciudadana.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, en Caracas, a los oncs (11) d las dei mes de anero de dos mil once (2011). Años 2G0° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Nctifiquese y publiquese FRANCISCO SESTO NOVAS Ministro de Estado para la Trangformación Revolucionaria de la Gran Caracas

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA N3 SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Areadio Delgado Rosales Expediente N° 2009-1284 El 11 de noviembre de 2009, se recibió on esta Sala escrito contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana NANCY YANELA RUIZ TOLOSA y el ciudadano MANUEL. NUNEZ GONZÁLEZ, titulares de Ias cédulas de identidad números 9.785.584 y 7.610.745, respectivamente, actuando en su COndiCión de FISCAL SEGUNDA DEL MUNISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA Y FISCAL VIGÉSIMO QUINTO DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, COntra la sentencia dictada el 2 de julio de 2009, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Pesal del Estado Zulia, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados contra la sentencia condenatoria N° 11-09 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, constituido como tribunal mixto con escabinos, el 19 de marzo de 2009, mediante la cual, primero, condenó a la ciudadana María Teresa Morillo a cumplir la pena do un (01) año y nueve (09) meses de prisión más las penas accesorias, por la comisión del delito de peculado culposo, previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción; condenó a la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo a cumplir la pena de nueve (09) años y nueve (09) meses más las penas accesorias y al pago de l8 multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la cantidad de dinero sustraida, por la comisión del delito de peculado doloso propio en acción continuada, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con el articulo 99 del Código Penal; y condenó al ciudadano Nelson Enrique Cárdenas Sánchez a cumplir la pena de dos (02) años y tres (03) meses de prisión y a pagar a favor del Estado venezolano la cantidad de cincuenta (50) unidades tributarias, más las accesorias, por la comisión del delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, previsto y sancionado en el primer aparte del articulo 472 del Código Penal, en concordancia con al articulo 99 eiusdane y, segundo, órgano el traslado e ingreso de la condenada Yamelis Josefina Medina Toledo, al anexo femenino del Centro Penitenciario Cárcel Nacional de Maracaibo. Asimismo, el fallo accionado anuió la sentencia N° 127-07 del 26 de marzo de 2007 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apalaciones de ese Circuito Judicial Penal, así como todos los actos procesales relativas a la constitución del tribunal mixto y las audiencias del juicio, ordenando librar boleta de excarcelación on beneficio de la acusada Yamelis JosofinaMedina Toledo. Como fundamento de la pretensión de amparo se denunció la presunta violación de los derechos ai debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 25 de noviembre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 26 de enero de 2010, la Fiscal Segunda a Nivel Nacional con Competencia Plena, ratificó su interés en la presente causa y solicitó al mismo tiempo que se dará el trámite correspondiente.

El 26 de febrero de 2010, el abogado Jesús Antonio Vergara, aduciendo el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez solicitó que se declare improcedente la presente acción de amparo.

El 12 de mayo de 2010, la Fiscal Segunda a Nivel Nacional con Competencia Plena, ratificó su interés en la presente causa y solicitó al mismo tiempo que se le diera el trámite correspondiente.

El 18 de mayo de 2010, la Sala Constitucional admitió la pretensión de amparo interpuesta, acordó la suspensión de los efectos de la sentencia accionada y ordenó las notificaciones correspondientes, así como la fijación de la audiencia constitucional.

El 28 de junio de 2010 el Fiscal Quinto del Ministerio Público con competencia ante las Salas de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal. presentó escrito mediante el cual solicitó que se estableciera el marco de actuación del Ministerio Público en la presente causa, toda vez que concurren la cualidad de accionante y de parte de buena fe.

El 15 de octubre de 2010, previa la notificación de las partes, la Sala fijó la realización de la audiencia constitucional para el día martes 19 de octubre de 2010, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.).

El 19 de octubre de 2010, se celebró la audiencia constitucional en presencia de la ciudadana Nancy Yanela Ruiz Tolosa y el ciudadano Tutankamen Hemández Rojas, actuando en su condición de Fiscal Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y de Fiscal Quinto del Ministerio Público con competencia ante las Salas de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, respectivamente, parte accionante en la presente causa.

4 En esa oportunidad la Sala, luego de escuchar la exposición del Ministerio Público y deliberar sobre las denuncias formuladas junto a los argumentos y elementos de convicción aportados en la causa declaró con lugar la pretensión de amparo propuesta, anuló la sentencia accionada. ordenó dictar nueva semencia conforme a la doctrina que se establecerá

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an el extenso de la presente decisión y suspendió la medida cautelar acordada por esta Sala el 18 de mayo de 2010. Asimismo, informó a las partes que dentro de los cinco días siguientes se publicará el texto íntegro de la sentencia.

I ANTECEDENTES

El 6 de mayo de 2004, el Ministerio Público dio inicio a una investigación penal con motivo de la demmncis interpuesta por la ciudadana Yenny Maritza Brito Ramírez, Jofe de la División de Recaudación dol Servicio Nacional Intogrado de Tributos Internos Región Zuliana (SENIAT), quien manifestó que la División de TimbresFiscales remitió mediante el Servicio Panamericano de Protección a la Unidad de Tributos Internos, con sede en la población de Santa Bárbara del Zulia, una remess por la cantidad de quinientos (500) papeles de seguridad sin valor; ocho mil (8.000) papeles sellados, por un valor de cuatrocientos noventa y cuatro bolivares (Bs. 494,00); mil quinientos (1s00) Forma 30, por un valor de mil bolivares (Bs. 1.000,00); doe mil quinientas NrT N-15, por un valor de ochenta bolívares (Bs. 80,00) cada uno; veinticinco mil seiscientos (25.600) especies fiscales de la denominación de cien bolívares (Bs. 100,00); veinticinco mil seisciantas (25.600) especies fiscales de la denominación de trescientos bolívares (Bs. 300,00); quince mil (15.000) especies fiscales de la denominación de quinientos bolívares (Bs. 500,00); quince mil (15.000) especies fiscales de la denominación de mil bolívares (Bs. 1.000,00); veinticinco mil seiscientos (25.600) especies fiscales de la denominación de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00); y dieciocho mil (18.000) especies fiscales de la denominación de diez mil bolivares (Bs. 10.000,00); lo que ascendió a la cantidad de trescientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y dos millones de bolívares (Bs.

343.392.000,000).

De la referida investigación surgieron elementos que presuntamente involucraban a la ciudadana Yamelis Medina quien, en su condición de encargada de la bóveda, presuntamente se propio en actos sucesivos de las referidas especies fiscales provenientes de la bóveda de la Coordinación de Timbres Fiscales de la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT Región Zulia; a su cónyuge Nelson Enrique Cárdenas, quien se habría involucrado en la dispersión para que terceras personas pudieran adquirirlas; y a la ciudadana María Teresa Morillo, en su condición de Coordinadora de Timbres Fiacales, an la comisión del delito de sustracción y sustitución de timbres facales por la cantidad de mil setecientos cuarenta y nueve millones de bolívares.

En los días 25 y 27_ de mayo de 2005 se realizó el acto de imputación de los ciudadanos involucrados.

El :7 de abril de 2007, se presentó la acusación contra los ciudadanos Yamclis Josefina Medina Toledo, por la comisión del delito de peculado doloso propio en acción continuada; Maria Teresa Morillo, por la comisión del delito de peculado culposo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez por la comisión del delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

El 30 de enero de 2007, se realizó la audiencia preliminar con respecto a los ciudadanos Maria Teress Morillo y Nelson Enrique Cárdenas, oportunidad en la que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictó la sentencia N° 106-07, mediante la cual admitió totalmente la acusación y la acción civil presentada por el Ministerio Público, ordenó el pase a juicio y acordó la medida cautelar de retención de las prestaciones sociales de la mencionada imputada. Contra dicha decisión se interpuso el recurso de apelación.

El 27 de febrero de 2007, se realizó la audiencia preliminar con respecto a la cludadana Yamelis Josefina Medina Toledo, oportunidad en la que el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control dictó la sentencia N° 351-07, mediante la cual admitió totalmente la acusación y la acción civil presentada por el Minlsterio Público. Contra dicha sentencia se interpuso el recurso de apelación.

El 16 de marzo de 2007, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia- dictó la sentencia N° 110-07, mediante la cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ciudadana María Teresa Morillo contra la sentencia N° 106-07, dictada el 30 de enero de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de ese Circuito Judicial Penal.

El 26 de marzo de 2007, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictó la sentencia N° 127-07 que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ciudadana María Teresa Morillo contra la sentencia N° 106-07, confirmó la medida cautelar dictada sobre sus prestaciones sociales, revocó la admisibilidad de la acusación civil, hasta tanto se dictara sentencia on el proceso penal y señaló que, de resultar condenatoria, le correspondería al juez encargado de dicho pronunciamiento resolver en toro a la admisibilidad o no de la acción civil propuesta por el Ministerio Público.

El 16 de noviembre de 2007, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictó la sentencia N° 345-07. que deciaró inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ciudadana Yamelia Josefina Medina Toledo.

Entre el 24 de noviembre de 2008 y el 5 de mayo de 2009, se realizaron las audiencias de juicio ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal.

El 19 de marzo de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, constituido en forma mixta, dictó la sentencia N° 11-09, mediante la cual condenó: a la ciudadana Maria Teresa Morillo a cumplir la pena de un (01) año y nueve (09) meses de prisión más las penas accesorias, por la comisión del delito de peculado culposo; a la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo a cumplir la pena de nueve (09) años y nueve (09) meses más las penas

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accesorias y al pago de la multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la cantidad de dinero sustraída, por fa comisión del delito de peculado doloso propio en acción continuada; y al ciudadano Nelson Enrique Cárdenas Sánchez a cumplir la pena de dos (02) años y tres (03) meses de prisión y a pagar a favor del Estado venezolano la cantidad de cincuenta (50) unidades tributarias, más las accesorias, por la comisión dol delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Contra dicha sentencia los defensores de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez, así como el defensor de la ciudadana María Teresa Morillo inierpusieron sendos recursos de apelación.

El 2 de julio de 2009, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictó la sentencia N°271.09, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados Jesús Vergara y Richard Portillo en defensa de los ciudadanos . Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez, anuló la sentencia apelada, ordenó un nuevo juicio, anuló la sentencia N° 127-07 del 26 de marzo de 2007 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ciudadana María Teresa Morillo; igualmente, anuló todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto y las audiencias del juicio y ordenó librar boleta de excarcelación en beneficio de la acusada Yamelis Josefina Medina Toledo.

II FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

De la lectura del escrito contentivo de la pretensión de amparo y de los documentos acompañados a ésta, se desprende que la denuncia fundamental de la parte accionante cs que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia anuló de oficio la decisión N° 127-07, dictada el 26 de marzo de 2007 por la Sala Segunda de la Corte Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, medianie la cual declaró, primero, parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores de la acusada María Teresa Morillo contra la sentencia N° 106-07 dictada el 30 de enero de 2007 por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Contro!; segundo, confirmó la medida cautelar acordada: y, tercero, revocó la admisión de la acusación civil hasta tanto se dictara sentencia en el proceso penal; adicionalmente. la Sala Primera de la Corte de Apelaciones anuló todos los actos procesales relativos a la constitución del tribunal mixto con escabinos y las audiencias de juicio donde resultaron condenados los acusados y ordenó librar boleta de excarcelación on beneficio de la ciudadana Yamelis JosefinaMedina Toledo, con lo cual, en criterio de la parte accionante, llevó su "facultad revisora de tribunal de alzada, a límites que exceden el núcleo central de dicha competencia, que no es otro que el de una facultad de revisión en un proceso penal, de la Sala Constitucional".

En tal sentido, la parte accionante denunció la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por extralimitación de funciones, asi como la existencia de un error judicial inexcusable, según lo previsto en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Agregó la parte accionante que la sentencia impugnada violentó el solamente de 'actos procesales' sino de etapas precluldas del proceso penal, ya sustanciadas, decididas y confirmadas por la propia Sala Segunda de la Corte de Apelaclones del Estado Zulta".

Precisó, que la Saia Primera de la mencionada Corte de

la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y la competencia subjetiva y funcional, que son de estricto orden público, al anular una decisión definitivamente firme, respecto de la cual ya se habían agotado todos los recursos, y reponer la causa a un estado del proceso sobre el cual ya se había decidido.

Citó extractos de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2002, en el caso: Fiscal General de la República y el 16 de agosto de 2000, en el caso: Banco Industrial de Venezuela, que aluden a la competencia del Ministerio Público y al derecho al debido proceso. respectivamente.

Aludió que la omisión en que incurre el órgano jurisdiccional de tramitar conforme a derecho los recursos incoados por los particulares en un proceso, constituye una violación directa y flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva que origina que el acto dictado sea nulo de nulidad absoluta, conforme lo prevé el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Finalmente, la parte accionante solicitó se dicte la inedida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la sentencia accionada, mientras se decide esie amparo y se decrete la procedencia del mismo.

1II1 DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecbos y Garantías Constitucionales y en el cardinal 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 01 del 20 de enero de 2000 (caso:Emcry Mata Millán).

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las acciones de amparo constitucional que se interpongan contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores (excepto los Contencioso Administrativos), Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando lesionen un derecho constitucional.

En el caso sub jádice, la pretensión de amparo fue interpuesta contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2009, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez contra la sentencia dictada el 3 de marzo de 2009 por el Tribunal

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Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, anuló la sentencia N° 127-07 del 26 de marzo de 2007 dictada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, asi como todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto y las audiencias del juicio, ordenó la reposición de la causa al estado de que se realizara un nuevo juicio y ordenó librar boleta de excarcelación en beneficio de la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo; por la presunta la violación de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Siendo ello asi, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Sala sobre este aspecto, resulta competente para conocer de la pretensión de amparo; y así se declara.

IV DE LA SENTENCIA ACCIONADA

El 2 de julio de 2009, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez contra la sentencia dictada el 3 de marzo de 2009 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, anuló la sentencia N° 127-07 del 26 de marzo de 2007 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, asi como todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto y las audiencias del juicio, ordenó la reposición de la causa al estado de que se realizara un nuevo juicio y ordenó librar boleta de excarcelación en beneficio de la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo; por estimar, entre Otras consideraciones, lo siguiente:

“En este sentido, delimitados como han sido los diferentes motivos de apelación, este Tribunal de Alzada, procede a decidir, en base a las siguientes consideraciones:

I.- En lo que respecta a la primera denuncia contenida en el recurso de apelación interpuesto en el recurso presentado (sic) por los profesionales del derecho Richard Portillo Torres y Jesús Antonio Vergara Peña, referida al quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que causan indefensión, por cuanto la decisión (sic) recurrida omitió pronunciamiento en relación a la demanda civil presentada en el escrito de acusación fiscal, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 452.3 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 88 de la Ley Contra la Corrupción; esta Sala observa lo siguiente:

El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales en los actos que causan indefensión, constituye un motivo de apelación referido a la existencia de errores in procediendo, en los que puede incurrir el juzgador a la hora de dar cumplimiento o el (sic) debido trámite a los distintos actos procesales que deben sucederse en el proceso sujeto a su dirección; bien sea porque en el proceso de formación de éstos, el Juez yerra en su aplicación o interpretación.

causándole indefensión a alguna de las partes, como pudiera ser, por ejemplo, limitar injustificadamente el tiempo de las partes para dar el discurso de apertura o conclusiones, o para ejercer el interrogatorio o las repreguntas a un testigo o experto, o no permitir la práctica de un prueba pertinente, entre otros, en cuyo caso se habla de quebrantamlanto de formas sustanciales que causan indefensión; o bien en aquellos casos en los cuales, ya no es que yerra en la formación del acto procesal, sino que omite su cumplimiento, como por ejemplo pudiera ser la omisión de advertencia en el camblo de la calificación, a tenor de lo previsto en el artículo 350 del Código Orgántco Procesal Penal, la ausencia de juramentación del testigo de ponente, la omisión de citación para juicio de un órgano de prueba, a tenor de lo dispuesto en el artículo 344 ejusdem etc., en cuvo caso se habla de omisión de formas sustanclales que causan indefensión.

... Omissis ...

Ahora bien, en el caso sub-examine, estima esta Sala, que el hecho constitutivo de la presente denuncia, lo constituye la omisión de pronunciamiento en relación a la demanda civil, ejercida en capitulo aparte por el Ministerio Público; en el que incurriera presuntamente la instancia al momento de dictar la sentencia definitiva.

Al respecto precisa esta Sala, que el vicio de incongruencia omisiva denunciado por los apelante, constituye conforme lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia patria, un error in judicando. que tiene lugar cuando existe un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que quedó planteada la controversia, lo cual comporta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva;

y el derecho de petición y oportuna respuesta consagrado en el articulo 5! de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual, esta Sala no obstante la indebida fundamentación de la presente denuncia, en aras de la importancia de los derechos constitucionales que se hayan comprometidos en ella. y en base al principio general 'Iura Novit Curia', según el cual el Juez conoce de Derecho y en aras de que tal error no se traduzca en un formalismo que obstaculice el cabal ejercicio del derecho de acceso a la justicia, pasa a decidir en los términos siguientes:

Efectivamentc, una de las consecuencias jurídicas que arrastra la comisión de un hecho punible, lo constituye la responsabilidad civil que nace ex delito, ello debido a que la comisión de un hecho catalogado como delictivo por la ley penal, conlleva a una serie de eventos que lestonan el entorno económico o patrimonial de quien se haya determinado como víctima. Precisamente, en atención a ello, nuestro ordenamiento juridico penal -al igual que ocurre con la mayoría-, prevé la posibilidad de que una vez declarada la responsabilidad penal del procesado; se le pueda imponer a éste, además de la sanción penal, la obligación de indemnizar civilmente a la persona que resulta ofendida por el daño que le ha causado con cl delito, ello en virtud de que toda persona declarada culpable de la comisión de un hecho punible, se encuentra en la obligación de restituir las cosas al estado en que se encontraba (sic) antes de lesionarlas, por lo que se genera, además, una acción civil derivada del delito.

Estu responsabilidad civil ex delito, se encuentra prevista en los artículos 113 del Código Penal, 49 y 422 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales expresamente prevén: (...).

Esta responsabilidad de acuerdo a los articulos 121 y 122 dcl Código Penal, comprende: a) la restitución de la misma cosa, con pago de los deterioros o menoscabo; b) la reparación del daño cuando no fuere posible la restitución; y c) la indemnización de perjuicios materiales y/o morales. Asimismo, la responsabilidad civil nacida de la penal 'no cesa' porque se extingan ésta o la pena, sino que durará como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil.

...Omissís ..

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Contra la Corrupción, en Gacera Oficial Extraordinaria No. 5.637 de fecha 07.03.2003; el régimen para el ejercicio de la acción civil derivada del delito, a diferencia de lo pautado en los articulos 49 y 422 al 431 todos del Código Orgánico Procesal Penal, sufrió una modificación en relación a la oportunidad tanto para demandar los daños civiles causados por los delitos que atentan contra el patrimonio público, como para pronunciarse en relación a dicha responsabilidad civil derivada del delito; toda vez, que ya no resulta necesario esperar a que exista una sentencia definitivamente firme, pura proceder a ejercer la acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, siguiendo para ello el procedimiento especial previsto en los articulos 422 al 431 de la Ley Adjetiva penal. Pues cuando se trata de delitos que atentan contra el erario público, la acción civil se ejerce de manera conjunta y en capitulo separado de la acusación que se intenia para exigir la responsabilidad penal del o de los autores del delito.

...Omissis...

En efecto, en la Ley Contra la Corrupción, la oportunidad procesal para el ejercicio de la acción civil y el pronunciamiento que en relación a ésta corresponde al respectivo Juez de Juicio, está pautada en el primero de los casos (presentación de la demanda civil) para la oportunidad procesal prevista para la presentación del escrito de acusación; y en el segundo dc los casos

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(pronunciamiento en relación a la obligación de indemnizar), para la oportunidad en que deba dictarse sentencia en relación a los deliusos imputados.

De esta manera, a diferencia de lo que ocurre con el juzgamiento de otros hechos delictivos distintos de los contemplados en [la] Ley Contra la Corrupción, en los delitos que atentan contra el responsabilidad civil nacida ex delito, debe ejercerla el representante del Ministerio Público en la oportunidad prevista para la presentación del escrito de acusación y en capitulo separado. por lo que obviamente la demanda civil debe estar contenida o incluido (sic) dentro del documento que contiene la acusación fiscal, cumpliendo ésta (la demanda civil) con los requisitos que prevé el articulo 340 del Código de Procedimiento Civil.

...Omissis...

Asimismo, se observa que el pronunciamiento en relación a la responsabilidad civil derivada del delito que debe hacer el Juez, es en la oportunidad de dictar la sentencia; de manera sal que una vez valorados los diferentes medios de prueba y establecida la responsabilidad penal del o los autores, en relación a cualquiera de los delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción, debe inmediatamente proceder a fijar y determinar la procedencia o no de la responsabilidad civil nacida del deli o, para establecer la sanción civil correspondiente.

...Omissis....

En el caso de autos, evidencia esta Sala que los Abogados Menuel (sic) Nuñez González y Pedro Eduardo Sanoja Betancourt, actuando en su condición de Fiscal Vigésimo Quinto del Minlsterio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulla y Flscal Segundo a Nivel Nacional con competencia Plena del Ministerio Público. respectivamente; an fecha 06 de Abril de 2006 presentaron escrito de acusación en contra de los acusados de autos, ejerciendo an capitulo separado la acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito; (...).

...Omissis....

Sin embargo, la decisión recurrida omitió pronunciamiento, en relación a la acción civil oportunamente ejercido (sic) por los fiscales Vigésimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y Fiscal Segundo a Nivel Nacional con competencia Plena del Ministerio Público, quienes demandaron a los acusados de autos y solicitaron de éstos a titulo (sic) de indemnización civil ex delito, por la cantidad de MIL QUINIENTOS MILLONES. CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.1.500.050.000,00), así como los intereses causados desde la fecha de comisión de los hechos ilicitisos (sic), esto es la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 465.015.500), calculados a la rata del 12% anual, desde el 1° de agosto de 2003 al 31 de marzo de 2006, conforme a lo previsto en el articulo 88 de la Ley Contra la Corrupción, todo para un total de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, CIEN MIL QUINIENTOS BOLIvARES (Bs. 1.965.100.500,00).

Siendo ello asi, estima esta Sala que la omisión de pronunciamiento en que incurriera la instancia efectivamente, conculcó el derecho de 'presentar peticiones por ante los órganos competentes respecto de los asuntos que sean de su competencia, y obtener de gastos oportuna y adecuada respuesta', y en consecuencia los derechos a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En efecto, las figuras del retardo y omisión constituyen formas matarializadas de la inactividad jurisdiccional, que presuponen en el ámbito jurisdiccional la ejecución de conductas abstencionistas de parte de los órganos encargados de administrar fusticia; en tal sentido la omisión comporta un abandono total a (sic) la obligación primordial que tienen los jueces de decidir con relación a los diferentes puntos que le son puestos a su consideración, a los fines de que las de. su respectiva rasolución. De esta manera. hablamos de una ausencia total y absoluta del pronunciamiento que por lay los juzgadores están obligados [a] hacer.

...Omissis...

Asi las cosas. es evidente gue ante [la] causencia absoluta de pronunciamiento por parte del órgano subjetivo, del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el presente caso se ha generado una omisión de pronunciamiento, respecto a la acción civil oportunamente ejercida por los fiscales del Ministerio Público, quienes siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 88 de la. Ley Contra la Cornpción, demandaron a los acusados de autos y solicitaron de éstos a titulo (sic) de indemnización civil ex delicio, el pago al Estado Venezolano de una cantidad equivalente a MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, CIEN MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. I.965.100.500.00). Solicinud respecto de la cual debió efectuarse uon pronunciamiento conforme lo previsto en el articulo 87 de la Lay Contra la Corrupción.

Asi las cosas, estiman estas juzgadora, que la falta de pronunciamiento por parte del Juagado A quo, al momento de dictar la sentencia definitiva, generó en la esfera juridica del Estado Venezolano e incluso de los mismos acusados quienes ante la falta de pronunciamiento de responsabilidad civil ex delito por parte de la instancia, no arvieron medios para ejercer una oportuna su (sic) defensa; una violación real y efectiva al derecho de petición y de oportuna y adecuada respuesta que consagra el articulo 5I de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asimismo se lesionó el derecho a la Iutela Judicial Efectiva y al Debido procaso, consagrado en los artículos 26 y 49 del referidotexto constitucional.

...Omissls...

Aunado a lo anterior, precisan estas juagadoras, que con la aludida omisión de promunciamianto de parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funcionas de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; Igualmante se conculcó (sic) los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que en este caso leasisten al Ministario Púbãco. púas al omitir el fuagado de Instancia pronunciamiento en relación a la acción civil ejercida por el Ministerio Público, d mencionado órgano jurisdiccional obvió la aplicación de los aludidos derechos, los cuales adgen en una de sus dimensiones, que el proceso se inicie y desenvuelva conforme a las previsiones legales contenidas en el ordenamiento juridico, es decir, siguiendo la previsiones de campo, forma y oportunidad de ley.

En razón de las anteriores consideraciones, esta Sala estima que lo ajustado a derecho es declarar con lugar el presente motivo de apelación. Y ASI SE DECIDE.

VI ORDEN PÚBLICO CONSTIIUCIONAL No escapa del conocimiento de esta Sala, la consideración de que dicha omisión ciertamente es consecuencia directa, de que en fecha 26.0)3.2007la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante decisión No.

127-07, con ocasión de a (sic) recurso de apelación ejercido contra la decisión No. 106-07 de fecha 30.01.2007, emanada del Jragado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Clrcuito Judicial Penal; aadó parcialmente la decisión del mencionado Juzgado de Control que había admitido la acusación y la demanda civil, revocado el pronunciamiento en lo referente a la admisión de la demanda civil que presentara el Ministerio Público en capítulo separado del escrito de acusación: pues a criterio de la Sala Segunda de esta Corte de Apelaciones, la acción civil debla ejercerse conforme al procedimiento para la reparación del daño e indemnización de parfulcios previsto as el Tiaulo DX de Libro Tercero (artículos 422 al 431) del Código Orgánico Procesal Penal., y no conforme lo prevé los articulos (sic) 87 parte in fine del primer aparte, y [el] artlaulo 88 de la Lay Contra la Corrupctón.

En tal sentido. la Sala Seguanda de la Corte de Apelaclones de aste Circulto Judicial Penal del Estado Zulia, señaló:

.. dado el primer argumento explanado por el recurrente, en el cual plantea que no comparte el criterio sostenido por el A quo, an su decisión de fecha 30 de Enaro de 2007, donde admite la acción penal conjuntamente con la acción civil, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de la Ley Contra la Corrupción, estiman necesario, a los fines de dihucidar la mencionada argumentación plasmar un extracto de los basamantos tomados por el jagador para fundar el fallo recurrido, a los fines de determinar si el mismo se encuentra ajustado a derecho:

...Omissis...

En virtud de todo lo expuesto, esta Alzada declare: PRlasERO:

PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPL'ESTO. y en consecuencia (...) SEGUNDO: se REVOCA la admisibilidad de la acusación civil, hasta tanto se dicte senicncia en el proceso penal. la cual de resultar condenatoria, correspondería al juec encargado de dicho pronunciamiento,

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resolver en torno a la admisibilidad o no de la acción civil propuesta por el Ministerio Público. Y ASI SE DECIDE...'.

Dicho criterio, a juicio de estas juzgadora obviamente no toma en consideración, que la aplicación de las normas del Código Orgánico Procesal Penal, en los procesos por delitos cometidos contra el Patrimonio Público, es (sic) de aplicación subsidiaria;

pues dada la especialidad y posterioridad de la Ley Contra la Corrupción, el Código Orgúnico Procasal Penal viene a suplir todas aquellas instituciones y situaciones que adjetivamente no contempla la ley especial, en este caso la mencionada Ley Contra la Corrupción.

Sisuación ésta que no ocurre en el presente caso, pues en cuanto a la oportunidad para intentar la acción civil derivada del delito y la oportunidad para pronunciarse ss relación a ella, el legislador en los articulos (sic) 87 primer parte, parte in fine; y [ol] artículo 88 de la Ley Contra la Cornpción; de manera clara, inteligible e inequívoca estableció que la demanda civil derivada de los delitos contra el patrimonio público debla presentarse juntocon la acusación, en capitulo separado y que el pronunciamiento para determinar la responsabilidad civil o no derivada del delito, tabla hacerse en la oportunidad de dictarse la sentencia definitiva.

Con ello, indudablemante, se estableció un régimen distinto para el ejercicio de la acción civil derivada del delito, cuando los delitos juzgados. sean delitos cometidos contra el patrimonio Público (sic), diferenciándolos ast respecto del ejercicio de la acción civil, del resto de los delitos, en los cuales sl se aplica el procedimiento especial para la reparación del daño e indemnización de perjuicios previsto en el Titulo (sic) DX de (sic) Libro Tercero (articulos 422 al 43I) del Código Orgánico Procesal Penal. De manera tal, que si fuc voluntad del legislador crear un régimen distinto para el ejercicio de la acción civil ex delito, mal puede un Tribunal de la República, ordenar el ejercicio de dicha acción por un procedimiento diferente al que pauta la ley procesal, pues ello además de comportar una subversión procesal conculca el principio de legalidad procesal consagrado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivarlana de Venezuela; conforme al cual, el conocimiento y la resolución de los conflictos sociales, puesto a la consideración de los Tribunales que integran el Poder Judicial, debe ajustarse a los procedimientos que en cada caso determinan las leves adjetivas, siguiendo para ello las condiciones de tiempo, lugar y forma que pauta la norma procesal.

En este orden de ideas, debe precisarse, que dentro del conjunto de garantias que conforman la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad procesal que rige en ordenamientos juridicos como el venezolano.

La legalidad de las formas procesales, atiende al principio de seguridad jurídica que rige en las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado específicamente, en cuanto a la determinación prev la de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaclonas, que deban ser dirigidos en dafinltiva por los órganos jurisdiccionales competentes.

En este sentido, debe advartirse que las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto son de eminense orden público, de manera qua no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por las partes ni por el en Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que establece en su articulo 253, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes.

...Omissis ...

Debe señalarse, que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantias sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuandosea necesariodefinir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto. o investigar y juagar los hechos punibles.

...Omissis...

Ahora bien, el vicio dc nulidad denunciado y verificado por esta Al-ada. como lo habido la omisión de pronunciamiento, no solamente afecta la decisión recurrida, la cual como se ha dicho se encuentra inmersa en el vicio de incongruencia omisiva, que atañe a la motivación de la sentencia y por ende afecta el derecho a la Tutela Judicial Efectiva; sino que además dicha omisión nace de la nulidad parcial de la decisión No. 110-07 dictada por ed Juagado Primero de Primera Instancia en Funcionas de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulla, an fecha 16.03.2007, ordenada por la Sala Segunda de esta Corte de apelaciones, la cual con dicho pronunciamiento, al revocar la admisibilidad de la acusación civil, afectó como se ha dicho ut supra el régimen legal de la acción civil derivada del delito, an los hechos punibles que afecten el patrimonio público, conculcando como se ha dicho el principio de legalidad procesal y subvirtiendo el procaso panal.

Conceptos éstos que ponen en evidencia un vicio de nulidad absoluta por violación de normas previstas an los artículos 26, 49 y 253 de la Constitución de la República Bolivarlana de Venaueda y artículos 87 y 88 de la Ley Contra la Corrupclón, los cualas tocan directamente al orden público y por tanto trasclenda (sic) de las partes y del propio Juez.

As! las cosas, resulta necesario para esta Sala no solamente decretar la nulidad de la decisión recurrida, sino tamblén de la decisión No 127-07 de fecha 26.03.2007, «mamada de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de este Circutto Judicial Penal del Estado Zulia, por cuanto la vigencia de la misma además de impedir que el nuevo juez de juicio que ante a conocer de la causa, se pronuncie en relación a la responsabilidad civil derivada del delito, una vez determinada la responsabilidad penal; su existencia presupone la violación per se de principios constitucionales fundamentales para la oistencla de cualquier proceso como lo son el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el debido Proceso y el Principio de Legalidad Procesal.

En este orden de ideas, debe advertirse que ante la detección en. la actividad judicial, de un vicio de nulidad absoluta determinado como ha sido en este caso la violación de principios y garantias constitucionales, las misma deben hacerse valar ex oficio y de pleno derecho; en tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justida, reiteró la doctrina establecida en la sentencia número 375 de fecha 12.03.2008 precisó:

...Omissis ...

Racones, todas estas en virtud de las cuales estiman estas juzgadora, que no solamente asiste la razón a los recurrentes en relación al contenido de la presente denuncia de omisión de pronunciamiento, (lo cual de plano genera la necesidad de declarar la nulidad de la recurrida); sino que además resulta necesario retrotraer la presente causa al estado inmediatamente posterior a las decisiones No. 106-07 de fecha 30.01.2007 y 351–07 de fecha 27.02.2007 respectivamente, dictadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funclones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulla, mediante la cual se admitió la acusación penal y la demanda civil presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de autos y se dictó en su oportunidad los correspondientes autos de apertura a juicio oral y público; debiéndose anular todos los actos procesa las postarioras a.éstas, incluida la decisión No. I27-07 de fecha 26.03.2007, emanada de la Sala Segunda de la Corte de Apelacionas del CIrcuito Judicial Penal del Estado Zula, por cuanto la misma conculcó el principlo de legalidad procesal consagrado an el articulo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al revocar la admisión de una demanda civil ex delito ejercida conforme a la ley por el Ministerio Público, bajo el argumento de aplicación preferencial de las normas del Código Orgánico Procesal Penal por encima de lala y espacial (Ley Contra la Corrupción), lo cual arrastró una subversión del orden procesal que toca al orden público constitucional, qua permita la reposición alegada y la nulidad de los actos posteriores a la decisión dictada en fase intermedia por el Juzgado Primero de Control. Asimismo todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto, la celebración de las audiencias del juicio oral y público, y la decisión recurrida.

En consecuencia se ordena al Tribunal de Juicio que por distribución corresponda conocer proceda a celebrar un nuevo juicio oral y público con prescindencia de los vicios que dieron lugar a la presente nulidad, vale decir, proceda a pronunciarse en.

relación a la responsabilidad penal y civil de los acusados de autos conforme a las condiciones de tiempo lugar y forma que determinan los (sic) articulos (sic) 87 parte in fine de su primer aparte y [el] articulo 88 ambos de la Ley Contra la Comupción.

Ahora, por cuanto la consecuencia de la declaratoria con lugar de la denuncia anteriormente analizada, es la nulidad de la sentencia recurrida, y la realización de una nueva audiencia oral de conformidad con lo dispuesto en el encabezado del articulo 457 del

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Código Orgánico Procesal Penal; esta Alzada, estima inoficloso entrar a analizar el contenido del segundo motivo de apelación, en razón de la nulidad que deriva del primer considerando de apelación interpuesto (sic). Asimismo se estima Inoficioso entrar a resolver la única denuncia de Inmotivación del fallo formulada en el recurso de apelación interpuesto por el profeslonal del derecho Luis Alberto Trujillo Escandón, pues Independlentemente de la procedencia o no del referido motivo de apelación, el fin que se ha propuesto el menclonado profestonal del derecho con la interposición del aludido recurso, se ha alcanzado con la nulidad que deriva de la declaratoria con lugar del presente motivo de apelación, por omisión de pronunclamlento en relación a la acción civil derivada del delito y la reposición de la presente causal (sic) al estado u! supra Indicado. Y AST SE DECIDE.

En merito (sic) de las razones de hecho y de derecho que anteceden, esta Sala de Alzada considera que lo procedente y ajustado en derecho es declarar CON LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por los profesionales del Derecho JESUS (sic) ANTONIO VERGARA PEÑA y RICHARD PORTILLO TORRES, actuando con el carácter de defensores de los imputados NELSON ENRIQUE CARDENAS (sic) SANCHEZ (sic) y YAMELIS entrar a resolver la única denuncia de inmotivación, formulada en el'recurso de apelación Interpuesto por el profesional del derecho — LUIS ALBERTO TRUJILLO ESCANDON (si), actuando en su carácter de Defensor Privado de la ciudadana MARIA (sic) TERESA MORILLO, por cuanto el fin que se ha propuesto el mencionado profesional del derecho con la interposición del aludido recurso, se ha alcanzado con la nulidad que deriva de la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Jesús Antonio Vergara Peña y Rlchard Portillo Torres, toda vez que la razón que ha dado lugar a la nulidad abraza a todos los acusados. Ambos recursos interpuestos contra de la sentencia No. 11-09. publicada en fecha 03 de Marzo de 2009, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judiclal Penal del Estado Zulia, constituido en forma Mixta, mediante la cual declara Sentencia Condenatoria contra los acusados MARIA TERESA MORILLO, YAMELIS JOSEFINA MEDINA TOLEDO Y NELSÓN (sic) ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ; en consecuencia se ANULA la decisión recurrida, y se ORDENA LA REPOSICIÓN de la presente causa al estado inmediatamente posterior a las decisiones No. 106-07 de fecha 30.01.2007 y 351-07 de fecha 27.02.2007 respectivamente, dictadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Clrculto Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se admitió la acusación penal y la demanda civil presentada por el Ministerio Público sn contra de los acusados de autos y se dictó en su oportunidad los correspondientes autos de apertura a juicio oral y público;

debiéndose anular todos los actos procesales posteriores a éstas, incluida la decisión No. 127-07 de fecha 26.03.2007, emanada de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulla, por cuanto la misma conculcó el principio de legalidad procesal consagrado en el articulo 253 de la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela. Asimismo se anulan todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto, la celebración de las audiencias del juicio oral y público; debiendo como consecuencia de la presente nulidad y reposición celebrarse un nuevo juicio oral y público por ante un Juez de Juicio distinto del que dictó la decisión recurrida quien deberá prescindir del vicio que dio lugar a la presente nulidad. Y ASÍ SE DECIDE.- VII DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Vcnezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesional del Derecho JESUS (sic) ANTONIO VERGARA PEÑA y RICHARD PORTILLO TORRES, actuando con el carácter de defensores de Ios Imputados NELSON ENRIQUE CARDENAS (sic) SANCHEZ (sic) y YAMELIS JOSEFINA MEDINA TOLEDO.

Asimismo se declara inoficioso entrar a resolver la única denuncia de inmotivación, formulada en el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho LUIS ALBERTO TRUJILLO ESCANDON (sic), actuando en su carácter de Defensor Privado de la ciudadana MARIA (sic) TERESA MORILLO. por cuanto el fin que se ha propuesto el mencionado profeslonal del derecho con la interposición del aludido recurso, se ha alcanzado con la nulidad que deriva de la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Jesús Antonio Vergara Peña y Richard Portillo Torres, toda vea que la razón que ha dado lugar a la nulidad abraza a todos los acusados. Ambos recursos interpuestos contra de la sentencia No. 11-09, publicada en fecha 03 de Marzo de 2009, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulla, constituido en forma Mixta, mediante la cual declara Sentencia Condenatoria contra los acusados María Teresa Morillo, Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelsón (sic) Enrique Cárdenas Sánchez, todos plenamente Identificados en autos.

SEGUNDO: Se ANULA la decisión recurrida, No. II-09, publicada en fecha 03 de Marzo de 2009, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancla en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulla, constituido en forma Mixta.

TERCERO: Se ANULA de Oficio, conforme [a] la doctrina expuesta en el presente fallo, la decisión No. 127-07 de fecha 26.03.2007, emanada de la Sala Segunda de la Corte de Apclaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por cuanto la misma conculcó el derecho a la Tutela Judicial Efecttva, el derecho al Debido Proceso, y el Principio de Legalidad Procesal consagrado en los articulos 26, 49 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo se anulan todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto, la celebración de las audiencias del juicio oral y público.

CU'ARTO: Se REPONE la presento causa al estado inmediatamente posterior a las decisiones No. 106-07 de fecha 30.01.2007 y 351-07 de fecha 27.02.2007 respectivamente.

dictadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se admitió la acusación penal y la demanda civil presentadagpor el Ministerio Público en contra de los acusados de autos y se dictó en su oportunidad el auto de apertura a juicio oral y público, manteniéndose la vigencia integra de las decisiones del juzgado de primera instancia identificadas en el presente particular, asi como sus correspondientes autos de apertura a juicio oral y público.

QUINTO: se ORDENA la realización de un nuevo juicio oral y público, por ante un Juez de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, distinto de aquel que emitió el pronunciamiento impugnado, quien deberá prescindir de la causa que dio origen a la presente nulidad.

SEXTO: Se ORDENA al Juez de Juicio que por distribución corresponda conocer, provea lo conducente a los efectos de mantener las Medidas de Coerción Personal, que previa a la condena, estaba impuesta sobre los acusados de autos.

SÉPTIMO: Se ORDENA librar Ia correspondiente BOLETA DE EXCARCELACIÓN al Director (a) de la Cárcel Nacional de Maracaibo, a los fines de poner en libertad a la ciudadana YASMELIS JOSEFINA MEDINA TOLEDO. portadora (sic) de la Cédula de Identidad No. V.-7.976.219. Asimismo se ordena Oficiar a todos los Órganos de Seguridad y Orden Público, a los efectos de ratificar la solicitud de prohibición de salida del pais, que pesaba sobre [la] referida ciudadana YASMELIS JOSEFIN,A MEDINA TOLEDO".

y PUNTO PREVIO

El 28 de junio de 2010, cl Ministerio Público solicitó que esta Sala se pronuncie y determine su rol en la audiencia constitucional, en atención a quc en el presente caso tiene la cualidad de parte accionante y también debe participar como garante del respeto de los derechos y garantías constitucionales, dada la notificación de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en el articulo 285.1 del Texto Fundamental.

En este sentido, la Sala reitera el criterio sostenido en la sentencia N° 3.255/2002, según el cual, en los casos en los que el Ministerio

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Público sea parte, no es aplicable el articulo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a fin de evitar una desigualdad entre las partes.

En virtud del criterio expuesto y en razón de la indivisibilidad del Ministerio Público, en el caso de autos, el Ministerio Público asumirá sólo la cualidad de parte accionante. Así se declara.

VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

:

Admitida la pretensión de amparo constitucional formulada por la ciudadana Nancy Yanela Ruiz Tolosa y el ciudadano Manuel Núñez González, actuando en su condición de Fiscal Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público con Competencia en Materia Contra la Corrupción de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, una vez realizada la audiencia constitucional y luego del análisis de autos, esta Sala pasa a pronunciarse sobre su procedencia, previas las siguientes consideraciones:

La Sala observa que la pretensión de amparo fue interpuesta contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2009 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria N° 11-09 publicada el 19 de marzo de 2009, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, mediante la cual se condenó: a la ciudadana María Teresa Morillo, por la comisión del delito de peculado culposo, previsto y sancionado en la Ley contra la Comupción; a la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo, por Ia comisión del delito de peculado doloso propio en acción continuada, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, en concordancia con el articulo 99 del Código Penal; y al ciudadano Nelson Enrique Cárdenas Sánchez por la comisión del delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito. previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 472 del Código Penal, en concordancia con el artículo 99 elusdem; asimismo, anuló la sentencia N° 127-07 del 26 de marzo de 2007 dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal, asf como todos los actos procesales relativos a la constitución del Tribunal Mixto y las audiencias del juicio, ordenó la reposición de la causa al estado de que se realizara un nuevo juicio y ordenó librar boleta de excarcelación en beneficio de la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo.

En atención a lo anterior, la parte accionante denunció la presunta violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 3a República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por haber anulado de oficio la sentencia N° 127-07 del 26 de marzo de 2007 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judiciai Penal, mediante la cual declaró: a) parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia N° 106-07 dictada el 30 de enero de 2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, b) confirmó la medida cautelar dictada sobre las prestaciones sociales de la acusada María Teresa Morillo, y c) revocó la admisión de la acusación civil hasta tanto se dictara la sentencia de fondo que, de resultar condenatoria, daría lugar al juez de juicio a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción civil propuesta por el Ministerio Público.

Adicionalmente, la parte accionante denunció que la sentencia accionada es: violatoria del principio de la cosa juzgada y de la competencia subjetiva y funcional en menoscabo de la seguridad jurídica, por haber anulado todos los actos procesales relâtivos a la constitución del tribunal mixto y las audiencias del juicio oral y público celebradas, donde resultaron condenados los acusados y por haber ordenado librar boleta de excarcelación a los fines de poner en libertad a la acusada Yamclis Josefina Medina Toledo, extralimitando su competencia como tribunal de alzada al asumir la facultad exclusiva de esta Sala de revisión constitucional de la sentencia de N° 127-07, dictada el 26 de marzo de 2007 por la Sala Segunda de la aludida Corte de Apelaciones y proceder a anular la, siendo manifiestamente incompetente y vulnerando el carácter de cosa juzgada que había adquirido dicha sentencia definitivamente firme, reponiendo inútilmente la causa al estado de que se realizara un nuevo juicio, a pesar de que la admisibilidad de la responsabilidad civil sería resuelta una vez que la sentencia condenatoria adquiriera al carácter de definitivamente firme.

En este sentido, la Sala observa que, en efecto, la sentencia accionada señala como fundamento que "es evidente que ante [la] ausencia absoluta de pronunciamiento por parte del órgano subjerivo, del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funclones de Juiclo de este Circulto Judicial Penal del Estado Zulia, an el presente caso se ha generado una omisión de pronunciamiento, respecto a la acción civil oportunamente ejercida por los fiscales del Ministerio Público, quienes siguiendo los lineamientos previstos en al artículo 88 de la Ley Contra la Corrupción, demandaron a los acusados de autos y solicitaron de éstos a titulo (sic) de indemnización civil ex delito, el pago al Estado Venezolano de una cantidad equivalente a MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, CIEN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. I.965.100.500.00). Solicitud respecto de la cual debió efectuarse un pronunciamiento conforme lo previsto en el articulo 87 de la Ley Contra la Corrupción".

Asimismo, indica que "No escapa del conocimiento de esta Sala, la consideración de que dicha omisión ciertamente es consecuencia directa, de que en fecha 26.03.2007 la Sala Segunda de la Corte dc Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante decisión No. 127-07, con ocasión de a (sic) recurso de apelación ejercido contra la decisión No. 106-07 de fecha 30.01.2007, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia cn Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal; anuló parcialmente la decisión del mencionado Juzgado de Control que habia admitido la acusación y la demanda civil, revocado el pronunciamiento en lo referente a la admisión de la demanda civil que presentara el Ministerio Público en capítulo separado del escrito de acusación; pues a criterio de la Sala Segunda de esta Corte de Apelaciones, la acción civil debía ejercerse conforme al procedimiento para la reparación del daño e indemnización de perjuicios previsto en el Título IX de Libro Tercero (artículos 422 al 431) del Código Orgánico Procesai Penal, y no conforme lo prevé (sic) los articulos (sic) 87 parte in fine del primer aparte. y [el] artículo 88 de la Ley Contra la Corrupción". Por tales razones, alegando orden público, procedió a anular

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la sentencia de la Sala Segunda, los actos posteriores y las audiencias de juicio, repuso la causa al estado de que se celebrara un nuevo juicio respecto de las pretensiones de condena penal y civil formuladas por el Ministerio Público antes de ser anuladas por la sentencia dictada en alzada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en mención y ordenó la excarcelación de una de las condenadas.

Ahora bien, con la finalidad de comprender la secuencia y origen de los actos procesales que resultaron anulados por la sentencia accionada, la Sala pasa a precisar lo siguiente:

En el curso del proceso penal en cuestión y según consta en autos luego de presentada la acusación fiscal, el 27 de febrero de 2007, se celebró la audiencia preliminar de la ciudadana Yamelis Josefina Medina Toledo y el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia mediante la sentencia N° 351-07 admitió totalmente la acusación y la acción civil presentada por el Ministerio Público. Contra dicha sentencia la defensa de la referida ciudadana interpuso el recurso de apelación que fue declarado inadmisible por extemporáneo, el 16 de noviembre de 2007, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal mediante la sentencia N° 345-07.

Asimismo, el 30 de enero de 2007, el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control realizó la audiencia preliminar de los ciudadanos María Teresa Morillo y Nelson Enrique Cárdenas, con motivo de la cual admitió totalmente la acusación y la acción civil presentada por el Ministerio Público, ordenó pasar a juicio y acordó la medida cautelar de retención de las prestaciones sociales de la ciudadana Maria Teresa Morillo, mediante sentencia N° 106-07. Esta decisión también fue apelada por la defensa de la ciudadana María Teresa Morillo.

Admitido el recurso de apelación el 26 de marzo de 2007, la Sala Segunda de la referida Corte de Apelaciones dictó la sentencia N° 127-07 que declaró parcialmente con lugar dicho recurso, confirmó la medida cautelar dictada sobre las prestaciones sociales de la acusada María Teresa Morillo y revocó la admisión de la acusación civil, hasta tanto hubiese sentencia definitiva en el proceso penal y que, en caso de ser condenatoria, el juez encargado de dicho pronunciamiento debía resolver en tomo a la admisibilidad o no de la acción civil propuesta por el Ministerio Público.

Publicada el 19 de marzo de 2009 la sentencia condenatoria N° 11- 09 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, constituido con escabinos, la defensa de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas interpuso, por su parte, el recurso de apelación contra dicho fallo denunciando, fundamentalmente, que el Juez de Juicio había omitido pronunciarse sobre la demanda civil interpuesta contra sus defendidos por el Ministerio Público en el escrito acusatorio, denuncia que constituyó el eje central respecto del cual se pronunció la sentencia accionada que dio origen a las nulidades del juicio y oros actos procesales que denuncia el Ministerio Público hoy accionante, por la presunta violación que esto ha causado.

Al hilo de los argumentos y hechos expuestos, observa esta Sala que la Sala Segunda de la aludida Corte de Apelaciones, conociendo como Tribunal de alzada, anuló la admisión de la demanda civil incoada por el Ministerio Público conjuntamente con la acusación penal ante el Tribunal de Control, por haber estimado que aquella debía sustanciarse de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, luego que se determinara la responsabilidad penal de los acusados mediante sentencia condenatoria.

De allí, resulta claro para la Sala que, en atención a dicho fallo, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, sólo estaba conociendo sobre la acusación fiscal interpuesta contra los imputados, mas no sobre la demanda civil cuya admisión resultó amulada.

Observa además la Sala que, a pesar de ello, la defensa de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas Sánchez interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia definitiva condenatoria, denunciando fundamentalmente lo que parcciera ser un alegato en perjuicio: la omisión de pronunciamiento del juez de juicio sobre la demanda civil incoada por el Ministerio Público contra sus defendidos, pretendicndo la nulidad de la sentencia condenatoria y la reposición de la causa al estado de que se dictara un pronunciamiento sobre su responsabilidad civil.

Ahora bien, cs necesario precisar que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, no tema que pronunciarse sobre la pretensión civil formulada contra los acusados por el Ministerio Público en el escrito contentivo del acto conclusivo, como ya se señaló, por la simple razón de que su admisión había sido anulada por la Sala Segunda de la referida Corte de Apelaciones y, en consecuencia, postergada para el momento en que la sentencia definitiva y estrictamente condenatoria fuese firme, carácter que aún en este estado no ha alcanzado, por lo que se estima que no existía tal falta de pronunciamiento, ya que el tribunal de juicio se pronunció sobre la acusación fiscal como única pretensión que quedó admitida por el Juez de Control.

Asimismo, advierte este Máximo Órgano Jurisdiccional que si la defensa de los acusados consideraba que la sentencia N° 127-07 dictada el 26 de marzo de 2007 por la Sala Segunda de la referida Corte de Apelaciones había incusido en alguna transgresión de la normativa penal adjetiva aplicable a la materia que involucrara violaciones del orden público, debió impugnada en ese momento mediante los mecanismos procesales previstos para tal fin en el Código Orgánico Procesal Penal y no esperar que se tramitara la pretensión penal, se constituyera el tribunal con escabinos, se realizara el juicio y se dictara la sentencia definitiva para proceder a impugnas la condenatoria alegando como defensa que no se pronuncie sobre su responsabilidad civil.

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Resuita necesario recalcar que las partes a lo largo del proceso deben ser diligentes en la utilización oportuna de todos los remedios procesales que el ordenamiento jurídico les ofrece para la satisfacción de sus pretensiones y para corregir a tiempo desviaciones procesales, pues el ejercicio de su derecho a la defensa les impone la carga de agotar los medios impugnativos y, además, hacerlo en el momento y bajo la forma que la ley exige.

Sin embargo, y a pesar de lo señalado, la Sala advierte que, en el caso de autos, en la fase intermedia del proceso nadie cuestionó la conformidad a derecho de la sentencia N° 127-07 dictada el 26 de marzo de 2007 por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, pues no se alegó la existencia de violaciones constitucionales o legales sobre el trámite de la causa mediante las normas previstas en el Código Orgánieo Procesal Penal; en general, no se ejerció ningún mecanismo impugnativo en su contra en el momento en que fue dictada, lo que forzosamente hace concluir a esta Sala que las partes estuvieron conformes con el criterio establecido por la Sala Segunda en la sentencia N° 127-07, quedando definitivamente firme y como tal, investida de la autoridad de cosa juzgada, por lo que no podian los defensores de los ciudadanos Yamelis Josefina Medina Toledo y Nelson Enrique Cárdenas, condenados por la sentencia definitiva, alegar una falta de pronunciamiento, por demás inexistente, como denuncia central en el recurso de apelación interpuesto contra ésta.

Al respecto, esta Sala considera pertinente ratificar su doctrina sobre la cosa juzgada, contenida en sentencia N° 139/2009 en el caso Nubis Ortega Villarroel, que señala lo siguiente:

"se postula que la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, conlleva tres corolario fundamentales: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que dé la ley; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; y no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada an cosa juzgada; y c) coercibilidad. que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es, 'la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales' se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso".

En virtud de lo expuesto, resulta pertinente ratificar además que los tribunales no son competentes para conocer y, menos aún, revisar de oficio las sentencias dictadas por los tribunales de la misma instancia y jerarquía, pues ello transgrede y demuestra el desconocimiento evidente del régimen de distribución de la competencia por el grado, en atención a la categoría de cada tribunal, que sostiene la estructura jerárquica en la que funciona el Poder Judicial y en razón de la cual cada juez encuentra los límites en el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual debe desarrollar en aras de asegurar a los justiciables las garantias procesales durante la tramitación de las causas, so pena de incurrir en incompetencia y lesionar, por tal razón, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En otro orden de ideas, la competencia del ad quem en el contexto del proceso penal venezolano es limitada, ya que abarca exclusivamente los aspectos de la decisión que han sido impugnados por el recurrente en la apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, que es del tenor siguiente:

"Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados".

Esto significa que las Cortes de Apelaciones son competentes para conocer y revisar en segunda instancia la sentencia apelada únicamente en los aspectos impugnados, de forma tal que cualquier pronunciamiento ajeno a los puntos objetados por las partes podría constituir una violación al debido proceso.

Es por ello que esta Sala se ve impelida de señalar contundentemente que, por el carácter de eosa juzgada que revestía la sentencia N° 127-07 dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en mención y por el grado de ese tribunal, no era susceptible de ser revisada, ni a instancia de parte ni de oficio, por la Sala Primera de esa misma Corte de Apelaciones, encontrándose ésta limitada a conocer sólo sobre las denuncias formuladas contra la sentencia condenatoria en el recurso de apelación interpuesto y a decidir sobre su procedencia. Así se decide.

De lo apuntado precedentemente, se aprecia que, en el caso de autos, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia actuó fuera de su competencia funcional, por emitir un pronunciamiento sobre una decisión definitivamente firme dictada por otra Sala de esa misma Corte de Apelaciones y entrar a conocer una cuestión ya decidida que además excedió la pretensión apelativa que originó la segunda instancia, motivo por el cual violó la garantía del debido proceso de la parte accionante. Así se declara.

Además de lo expuesto, advierte la Sala que la sentencia accionada partió del falso supuesto de la existencia de la omisión de pronunciamiento respecto de la demanda civil y al considerar que ésta ciertamente obedecía a la nulidad de su admisión declarada por la sentencia N° 127-07 de Sala Segunda de la Corte de Apelaciones -que conoció de la apelación interpuesta contra el fallo que había admitido las dos pretensiones fiscales-, revisó de oficio dicha sentencia de alzada, declaró su nulidad alegando razones de orden público y, como consecuencia, repuso la causa al estado de que se tramitarán conjuntamente ambas pretensiones y se celebrara un nuevo juicio.

Ahora bien, la Sala estima pertinente acotar que en el presente caso no existen elementos que conlleven a establecer la necesidad de ordenar la reposición de la causa, pues la sentencia de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones había ordenado la tramitación de la pretensión o demanda civil interpuesta por cl Ministerio Público contra los acusados conforme a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, correspondiéndole al juez de juicio pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión civil luego de determinada la responsabilidad penal de los acusados mediante sentencia condenatoria.

En apoyo de esta afirmación se observa que la referida decisión encuentra asidero jurídico en el Código Orgánico Procesal Penal -

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aplicable de forma directa por remisión expresa del artculo 91 la Ley Contra la Corrupción- que, como norma de categoría orgánica que rige en el proceso penal, prevé en el artículo 51 lo que sigue:

"la acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas por este Código, después que la sentencia penal quede firme; sin perjuicio del derecho de la victima de demandar ante la Jurisdicción civil". Resaltado de este fallo.

El mencionado Código Orgánico Procesal Penal, asimismo, regula en el Titulo IX todo lo correspondiente al procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Especificamente, en el artículo 442 elusdem, señala lo siguiente:

"Firme la sentencia condenatoria, quienes estén legitimados o legitimadas para ejercer la acción civil podrán demandar, ante el Juez o Jueza unipersonal o el Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal que dictó la sentencia, la reparación de los daños y la indemnización de perjuicios". Resaltado de este fallo.

De alli que esta Sala considera que, después de que se dicte la sentencia condenatoria y ésta se encuentre firme, el mismo tribunal de juicio debe proceder a admitir y conocer la demanda civil incoada por el Ministerio Público y pronunciarse sobre la responsabilidad civil de los condenados, por lo que, en consecuencia, la tramitación separada de ambas pretensiones no comporta un perjuicio para el Estado venezolano como victima de los delitos cometidos y juzgados en esa causa penal. 265.

Dentro de este marco, es pertinente destacar que el artículo 26 de la Carta Magna impone al órgano jurisdiccional la obligación de dictar sus decisiones de forma imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Es por ello que, partiendo de que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener un pronunciamiento oportuno por parte del órgano jurisdiccional que se adecue a la exigencia constitucional de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, esta Sala estima que dicho derecho resultó menoscabado por la sentencia accionada, que decidió reponer la causa al estado de que se tramitarán conjuntamente las pretensiones penal y civil presentadas por el Ministerio Público cuando, ciertamente, no se impugnó la decisión que anuló la admisión de la demanda civil interpuesta contra los imputados. Esta reposición implica además una dilación excesiva del proceso que no se justifica, pues, como ya se indicó, una vez determinada la responsabilidad penal, el Ministerio Público tiene la posibilidad de exigir la responsabilidad civil a los condenados en esa causa, en atención a lo dispuesto en el citado artículo 422 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Es por lo expuesto que esta Sala considera que la sentencia accionada, al revisar y anular la sentencia definitivamente firme dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apclaciones del Circuito Judicial penal del Estado Zuia, lesionó también el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante.

Cabe destacar que la competencia es materia de estricto orden público y de obligatoria observancia por parte de los jueces, a fin de evitar lesiones al debido proceso e impedir a los justiciables gozar de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Con base en lo anterior esta Sala considera que la sentencia accionada en amparo lesionó los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante, violentó el principio de la cosa juzgada poniendo en riesgo la seguridad jurídica que debe garantizar el órgano jurisdiccional en sus decisiones y afectó el orden público al arrogarse una competencia que no tenía atribuida. Así se declara.-

VII ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL

Ahora bien, una vez determinada la vulneración de los derechos constitucionales denunciados en el presente caso por parte de la sentencia accionada, observa la Sala que el artícuto 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que:

"El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna. el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantia son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen."

En atención a esta norma el Tribunal Supremo de Justicia, como órgano del Poder Público y especificamente la Sala Constitucional, como guardia y garante de los derechos humanos de los particulares, está en la obligación de vigilar cualquier hecho, acto u omisión que pueda menoscabar una garantía o derecho constitucional que, a su vez, pueda desembocar en una vulneración incontestable del orden público constitucional.

Así, esta Sala Constitucional, en virtud de que detectó la violación al orden público constitucional por parte de la sentencia accionada con ocasión de la divergencia de criterios existente entre dos jueces de alzada sobre la aplicación de las normas estabiecidas en la Ley Conira la Corrupción y las normas previstas en el Código Orgánico Procesal Penai; estima pertincntc y oportuno hacer algunas precisiones con relación a las normas establecidas en ambos cuerpos normativos que rigen el procedimiento penal mediante el cual se tramitar las causas por los delitos previstos en la referida ley y las pretensiones civiles formuladas con ocasión de los mismos, con el propósito de lograr la uniformidad del procedimiento y asegurar su adecuación al Texto Constitucional en salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales en casos futuros.

En este orden, se observa la Sala que la Ley Contra la Corrupción prevé la aplicación directa del Código Orgánico Procesal Penal en la tramitación de las causas que se sustancien por la comisión dc los delitos establecidos en esa ley, al señalar en el artículo 91, lo siguiente:

"Los juicios que se sigan por la comisión de los delitos previstos en esta Ley se regirán por las disposiciones previstas en ella y las contenidas en cl Código Orgánico Proccsal Penal"

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Al respecto, considera esta Sala que dicha norma ciertamente podría generar decisiones divergentes en cuanto a la aplicación preferente de las normas del Código Orgánico Procesal Penal o de la Ley Contra la Comupción y resultar en la aplicación de uno u otro procedimiento en esta materia, lo que indudablemente atentaría contra el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución y. por este orden, violentaría los derechos al debido proceso y a la defensa de los imputados, e igualmente menoscabaría la seguridad jurídica en los procesos penales por delitos contra la corrupción y, consecuentemente, afectarfa el orden público constitucional.

Es por ello que, para garantizar la efectividad del proceso y ordenar la tramitación en dichas causas de dos pretensiones entre las cuales existe una relación de dependencia, en tanto que la civil tendrá lugar siempre que la penal haya sido declarada con lugar y, en consecuencia, se haya determinado la responsabilidad penal que daría derecho a exigir la restitución o reparación del daño o la indemnización de los perjuicios inferidos al patrimonio público por quienes resultaren condenados por los delitos previstos en la referida ley, la Sala establece con carácter vinculante que, en lo sucesivo, las causas penales sustanciadas por la comisión de los delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción se sustanciarán mediante el procedimiento penal previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, como norma superior, sin menoscabo de la aplicación de los principios y normas especialísimas en la materia como las que habilitan al Ministerio Público para solicitar medidas cautelares y la que le ordena practicar de oficio las diligencias conducentes a la determinación de la responsabilidad civil, la que regula la estimación de la cantidad a reparar y lo concerniente a los intereses, la que impone a las instituciones bancarias la obligación de abrir las cajas de seguridad de sus clientes sometidos a una averiguación por parte del Ministerio Público, las que otorgan poderes al juez para ordenar la confiscación de los bienes de los condenados y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública, y la que consagra la prescripción, por tratarse de una ley especial en la materia.

En este sentido. la pretensión civil deberá ser formulada por el Ministerio Público conjuntamente con la acusación fiscal conforme lo establece el artículo 88 de la Ley Contra la Corrupción, pero corresponderá al juez de juicio unipersonal o juez presidente si se tratare de un tribunal mixto pronunciarse sobre su admisibilidad, una vez que la sentencia condenatoria que dictó sea definitivamente firme, conforme a lo previsto en el Titulo IX del Procedimiento para la Reparación del Daño y la Indemnización de Perjuicios del Código Orgánico Procesal Penal, especificamente en los articulos 422 y siguientes.

Ahora bien, la investigación penal llevada por el Ministerio Público debe abarcar el ámbito patrimonial de los imputados de cara a asegurar una eventual restitución o reparación del daño causado que según el artículo 87 de la Ley especial se considera de orden público: en tal sentido, el Fiscal puede solicitar medidas cautelares durante la fase preliminar del proceso penal seguida por los delitos establecidos en la Ley Contra la Corrupción, en atención a lo previsto en los artícuios 87. 93 y 94 eiusdem. y el juez penal está en la obligación de acordarias si encuentra llenos los extremos legales.

Al respecto, esta Sala ratifica que también en esta materia el juez penal puede ejercer el poder cautelar para el aseguramiento de los bienes, como lo ha sostenido esta Sala en sentencia N° 333/2001, en el caso Claudia Ramírez Trejo, que es del tenor siguiente:

"Con relación al Ministerio Público, la vigente Constitución en su artículo 285, numeral 3, le atribuye el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito.

La captura de esos elementos activos y pasivos pueden ser el resultado de una actividad propia, oficiosa, del Ministerio Público, o de una efectuada previa autorización Judicial. Tal posibilidad dimana de la letra del Código Orgánico Procesal Penal; y la aprehensión de los bienes, tanto por impulso del Ministerio Público como por el del juez penal, se ajecutard mediante varias figuras de aseguramiento de bienes mencionadas en la Ley Adjetiva Penal.

Las figuras asegurativas tienen en común que con ellas se aprehenden bienes (muebles o Inmuebles), tomando el Estado posesión de ellos con miras al proceso penal; mas no derechos, los cuales por intangibles no pueden ser llevados a la sala de audiencia del Tribunal de la causa.

Sin embargo, ante algunos delitos, es posible confiscar bienes o inmovilizarlos preventivamente, lo que atiende a otro tipo de figura, dirigida hada la cautela sobre los bienes objetos del delito, por lo que durante el proceso donde se ventilan tales delitos, pueden ocuparse o incautarse derechos, tal como lo previene el artículo 27l constitucional en los procesos penales para salvaguardar el patrimonio público o en los casos de tráfico de estupefacientes. Para lograr tal finalidad, se podrá acudir al embargo y a prohibiciones de enajenar y gravar de bienes inmuebles, a los fines de asegurar el cumplimiento del fallo (confiscación de bienes), y tamblén a lograr uno de los fines de las ocupaciones, de neto corte probatorio: prohibir se innoven los inmuebles.

Si una de las finalidades en los procesos penales que conocen delitos contra el patrimonio público y el tráfico de estupefacientes, cs la confiscación de los bienes provenientes de esas actividades, necesariamente dichos bienes deben ser sujetos de medidas de aseguramiento, dlifcrentes a las netamente probatorias, antes que se pronuncie el fallo definitivo.

...Omissis..

Observa la Sula, que el ordinal 9º del articulo 105 del Código Orgánico Procesal Penal, atribuye al Ministerio Público la posibilidad de requerir al Tribunal competente las medidas cautelares pertinentes, por lo que la ley lo autoriza para ello.

Será el juez penal, con relación al proceso penal en marcha, quien decretará las medidas cautelares permitidas por la ley, las cuales son distintas a las medidas asegurativas con fines probatorios, lo que hace discutible si es posible para el juez penal ordenar una medida preventiva, nominada o innominada, sobre bienes o derechos, que no corresponden directamente con los elementos pasivos del delito, y que persiguen que éste no se extlenda o se consume. Con relación a los elementos pasivos del delito, es claro para esta Sala que el juez puede ordenar las medidas preventivas que juzgue pertinentes, y ello está contemplado expresamente en la materia regida por la Ley Orgánica sobre Sustanclas Estupefacentes y Psicotrópicas (artículo 72). Las medidas, tendentes a recuperar los proventos y objetos del delito, forman parte del aseguramiento en general de dichos bienes, por lo que considera la Sala, que el Ministerlo Público puede solicitar del juez penal competente, decrete las cautelas necesarias para aprehender dichos objetos, cause las que no pueden tener un contenido general e Indeterminado.

El problema es álgido, ante el silencio del Código Orgánico Procesal Penal, sobre todo en lo relativo a medidas innominadas sobre bienes que no se pueden considerar el cuerpo del delito, ni objetos pasivos del mismo, pero que de alguna forma están contaminados por el ilicito, como lo son, por ejemplo, derechos adquiridos con cl dinero mal habido, u obtenidos como producto del delito. Autores como Máximo N. Febres Siso (Las Medidas Caurclares en el Código Orgánico Procesal Penal. Caracas 2000), nicgan su procedencia, pero, ¿será imposible evitar que un delito dañc a la victima, por ausencia en la ley de medidas especiales de aseguramiento sobre los objetos pasivos del delito, como lo podrian ser prohibir la ejecución de una obra, paralizar un proceso que sc considera parte de un fraude, etc.?.

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Tales medidas, a juicio de esta Sala, están destinadas en muchos casos, a la recuperación de los bienes lartados, robados o estafados, y asi se trate de derechos, ellos pueden ser ocupados, ya que las recuperaciones atienden a una necesidad que nace del fallo penal, cual es que éste, como pena accesoria, debe privar al condenado de los efectos que provengan del débito. los cuales o se decomisarán y rematarán, o se devolverán a la víctima, segíos los casos (articulo 33 del Código Penal concordado con los artículos 3 19 y 320 del Código Orgánico Procesal Penal).

Sin embargo, es al juez penal a quien corresponde decretar las, equivaliendo la ocupación a un embargo o a sn secuestro, como la llama la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (articulo 13) (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.999 de 03-11-95). o la Lay de Regulación de la Emergencia Financlera (artículo 27); o a una medidamenos definida como es la toma de posesión de bienes a quì se refiere el Código Orgánico Tribuiarlo a su artículo 112; o al aseguramiento de bienes, prevanido on el artículo 4 de la Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Goblerno de los EstadosUnidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua an Materia Penal (Gaceta Oficial N° 5241. Extraordinaria del 6-7-98).

Se tratar la siempre de aprehender bienes o derechos para que en el fallo se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 33 del Código Penal o en los artículos 319 y 320 del Código Orgánico Procesal Penal, nunca para prevenir el futuro pago de indemnizaciones de acciones civiles por hechos provenientes del débito, a menos que la ley asi lo contemple, como sucede con los delitos contemplados en el articulo 271 de la vigente Constitución, donde la autoridad judicial competente podrá dictar las sotidas cautelares preventivas necesarias contra bienes ded imputado o de sus interpuestas personas,a los fines de gerantzar su eventual responsabilidad civil; o como también lo previene la Ley Penal del Ambiente cn lo relativo a desposesionas que no se oponen al Código Orgánico Procesal Penal Las medidas preventivas tendentes a que no se haga ilusoria la ejecución de la sentencia civil que reparo el daño o indemnice perjuicios, solo procederán en esas causas, sin que pueda interpretarse en sentido contrario el articulo, 30. constitucional, en su último aparte. que reza: 'El Estado protegerá a las victimas de delitos comames y procurará que los culpables repdren los daños causados:. Se trata de una obligación del Estado, que para nada se refiere a medidas cautelares garantistas de las indemnicociones de los daños. No deja de llamar la atención a esta Sala, que el articulo 115 del Código Orgánico Procesal Penal establezca que la protección y reparación del daño ocasionado a la victima del delito son parte de los objetivos del proceso penal y que el Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Ágregando dicha norma, que los jueces garantizaran la vigencia de los derechos de la victima y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Pero siendo la reclamación por la reparación del daño, el resultado de la utiltzaclón de un derecho subjettvo de la victima, en el cual no puede subrogarse el Estado, y siendo que el Código Orgánico Procesal Penal, establece un procedimiento para el cual un derecho subjetivo se jerza mediante una acción civil separada de la penal, no es posible pensar que durante el proceso penal, pueda protegerse a la victima, con la posible reparación del daño patrimonial que se le causare y que no ha sido aún pedido, y ni siquiera se conoce si se hará valer sal derecho. La situación es distinta cuando las leyes ordenan que el daño debe ser reparado independientemente de las exigencias de la victima, como ocurre en materias como salvaguarda dal patrimonio público.

ambiente, o drogas". Resaltado de este fallo.

Dc allí, que bien pueden asegurarse prevenfivamente los bienes de los imputados con miras a garantizar la reparación del daño causado, para que, una vez determinada la responsabilidad penal, el juez pueda pronunciarse sobre la responsabilidad civil de los condenados, previo el debate correspondiente que les permita a las partes controvertir y defenderse sobre la demanda civil y todos sus elementos, de conformidad y en estricto respeto a los derechos constitucionales de las partes intervinientes, preservándosela seguridad jurídica y el orden público constitucional.

El criterio expuesto en el presente capítulo es de carácter vinculante. por lo que se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Asi se decide.

En virtud de lo anterior, de la normativa y doctrina citadas, la Sala con el criterio vinculante sentado en el presente fallo ha unificado y ordenado el procedimiento penal mediante el cual se tramitarán las causas seguidas por la comisión de los delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción, criterio este aplicable a los casos futuros. Asf se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley:

I. CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la ciudadana NANCY YANELA RUIZ TOLOSA y el ciudadano MANUEL NUNEZ GONZÁLEZ, actuando en su condición de FISCAL SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA Y FISCAL VIGÉSIMO QUINTO DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, contra la sentencia dictada el 2 de julio de 2009, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

2. Se ANULA la sentencia accionada.

3. Se ORDENA a otra Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dictar nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina dispuesta en el presente fallo.

4. Se SUSPENDE la medida cautelar dictada por esta Sala el 18 de mayo de 2010.

5. Se ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Publiquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los -3O- días del mes de Movecubcede dos mil diez Años: 200° de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta, LUM Lamuso 7 El Vicepresidente, Jesús Eduardo Cabrera Romero Magistrado

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Miércoles 12 de enero de 2011

Pedro Rafael Roadón Haaz Magistrado

Marcos Tulio Dugarte Padrón Magistrado

Carmen Zuleta de Merchán Magistrada

Arcadio Delgado Rosales Magistrado Ponente

Requena Cabello El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su conformidad con la decisión que contiene este fallo; no obstante, por razón de discrepancias de los motivos de la sentencia que serán expuestas a continuación, expide el presente voto concurrente, de acuerdo con los artículo 104, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

Quien suscribe estima que esta Sala actuó conforme a 1.

derecho. cuando declaró la procedencia de la pretensión de amparo constitucional que se juego en la presente causa, anuló el acto decisorio que se delató como agraviante a derechos fundamentales del demandante, ordenó la reposición de la causa al estado de pronunciamiento de la sentencia sustitutiva de la que resultó anulada y suspendió la medida cautelar que la misma Sala Constitucional decretó el 18 de mayo de 2010.

Ahora bien, quien concurre discrepa de la motivación 2.

de la decisión que se examina, en cuanto a la oportunidad procesal para el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la pretensión civil, dentro del procedimiento especial que el Código Orgánico Procesal Penal regula desde su artículo 422 y consecutivo a una sentencia firme condenatoria por la comisión de alguno de los delitos que tipifica la Ley contra la Corrupción. Asi, en dicho acto de juzgamiento, la Sala afirmó:

...la pretensión civil deberá ser formulada por el Ministerio Público conjuntamente con la acusación fiacal conforme lo establece el articulo 88 de la Ley contra la Corrupción, per corresponderá al jues de juicio uniperaonal o jues presidente si se tratare de un tribunal mixto pronunciarse sobre su admisibilidad, una vez que la sentencia condenatoria que dicto sea definitivamente firme, conforme a lo previsto en el Titulo IX del Procedimiento para la Reparación del daño y la Indemnización de perjuicio del Codigo Orgánico Procesal Penal. especificamente en los astículos 422 y siguientes.

2.1. En relación con el criterio doctrina que acaba de ser reproducido. quien difiere estima, por las razones que serán expuestas a continuación, que el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la 382.699 pretensiōn civil corresponde a la competencia material del Juez de Control. Asi, 2.1.1.De conformidad con el articulo 88 de la Ley contra la Corrupción, la demanda por resarcimiento de los daños que derivar en de la comisión de alguno de los delitos que dicha ley describe deberá ser propuesta por el Ministerio Público, en la misma oportunidad cuando éste presente el acto conclusivo acusatorio;

2.1.2. Por otra parte, en la misma sede judicial, el penado podrà oponer las excepciones que desarrolla el articulo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, asi como las excepciones que preceptúa el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil;

2.1.3. La contestación a las defensas que fueron señaladas en el aparte que precede serán contestadas en la Audiencia Preliminar y, en el mismo acto procesal, el Juez de Control fallará sobre la mismas.

2.1.4.De conformidad con los artículos 341, 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, aplicables, normas de Derecho común, en el proceso penal, el auto de admisión de la pretensión civil es un acto jurisdiccional que precede a la contestación de la demanda y, por consiguiente, al de la oposición de cuestiones previas.

2.1.5.Ello asi, lo lógico y con apego a la tradición procesal venezolana es que sea, entonces, el Juez de Control -quien es el materialmentecompetente para la decisión sobre excepciones y cuestiones previas que oponga el penado-demandado- el que se pronuncie, igualmente, sobre la admisibilidad de la pretensión civil que el Ministerio Público interponga contra quien resulte condenado, mediante sentencia firme, por su participación en la comisión de alguno de los delitos que describe la Ley contra la Corrupción.

2.1.6. De otra manera, esto es, que la admisión de la demanda civil sea diferida hasta el momento en que haya sentencia penal condenatoria firme, no tiene asidero lógico alguno que el Juez de Control conozca y declare con lugar o desestime unas excepciones o cuestiones previas que fueron opuestas contra una demanda civil a la cual no se le ha dado, todavia, entrada para su tramitación procesal.

2.1.7.Quien suscribe estima que es pertinente la reproducción de la respuesta que proveyó el Magistrado Ponente, ante las observaciones que, en el sentido de las precedentes consideraciones, el actual concurrente le presentara a dicho proyectista. Si bien se está consciente de que el texto de la respuesta en referencia no forma parte de la sentencia de cuya motivación se discrepa parcialmente, el conocimiento del mismo resulta útil como antecedente histórico del acto decisorio en referencia, para la cabal comprensión del espiritu y propósito del sentenciador. Asi respondió honorable Magistrado Ponentc:

La razón por la cual no se puede admitir la demanda conjuntamente con la acusación es precisamente porque pera ese estado aún no se ha determinado la responsabilidad penal del demandado civilmente; en eete mismo sentido la interpretación conjunta de ambas pretensiones pretende la determinación de la competencia del Trilbunal de juicio parn conocerla y decidir la.

2.1.7.1.

En efecto, para el momento procesal cuando se interpone la demanda civil, de conformidad con el articulo 88 de la Ley contra la Corrupción, no hay una sentencia condenatoria firme de la cual derive el derecho a la reclamación de resarcimiento, reparación o indemnización. Pero si ése es el obstáculo a la admisión de dicha pretensión, por el Juez de Control, resulta, entonces, que tendría que ser igualmente incompetente para decidir sobre unas defensas que oponga un hipotético demandado, en relación con una igualmente hipotética pretensión civil. Es más: debe recordarse que la declaración : de procedencia de algunas excepciones (véase articulo 28, cardinales 4, 5 y 6. del Codigo Orgánico Procesal Penal), así como de algunas cuestiones previas (cfr. artículo 357 del Código de Procedimiento Civil). trae como consecuencia, en sus casos, el sobreseimiento de la causa y la extinción de la pretensión penal o bien, la desestimación de la demanda vene competencia para dicho pronunciamiento extintivo atinente a un eventual procese civil. pero no lo tiene para uno de contenido mucho

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menos sustancial como es el sobre la admisibilidad de la reclamación civil? Por otra parte, tampoco tiene explicación alguna 2.1.7.2.

que el Juez de Control, que no tiene competencia material para la decisión sobre la admisibilidad de la demanda civil, si la tenga, de conformidad con el articulo 94 de la Ley contra la Corrupción, para el decreto de medidas cautelares de los resultados del hipotético juicio civi, contra el eventual penado.

2.1.7.3.

Por lo demás, si la antes invocada disposición legal remite al Código de Procedimiento Civil, para el otorgamiento y ejecución de las medidas en cuestión, debe recordarse que, en materia civil, el auto de admisión es un acto jurisdiccional inmediatamente consecutivo a la interposición de la demanda, de lo cual se infiere que el mismo es necesario como pronunciamiento previo al de otorgamiento de las referidas cautelas, ya que no tiene sentido alguno que el Juez decrete medidas preventivas cuando ni siquiera se tiene certeza de que la demanda, con fundamento en la cual las mismas son solicitada, sea admitida.

Por las razones que acaban de ser expresadas,.

2.1.7.4.

se reitera que si el Ministerio Público solicita, ante el Juez de Control, el decreto de medidas cautelares de aseguramiento material, dentro de! proceso civil especial que desarrolla el Código Orgánico Procesal Penal, en armonia con la Ley contra la Corrupción, según se explicó supra, dicha incidencia debe ser tramitada, según el artículo 94 de esta última, conforme al Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual, según opinión juridica común, el Juez que conozca la causa civil debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda como previo a cualquier otro posterior. Asf las cosas, la conclusión necesaria es que compete a dicho jurisdicente el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda civil.

U Queda, en los términos que preceden, expresado el criterio del Magistrado concurrente.

Fecha retro.

La Presidenta,

LES LAMUNO LUISA

El Vicepresidente,

FRANCISCO ANTOMO AARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO 8 PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Concurrente

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

a CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Secretario,

JOSE LEONARNREQUNA CABELLO

Maglatrado NOTAs No firmó la presente quien om por motivos Justificado a.

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL Exp N° 08-1497

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 17 de noviembre de 2008, fue recibido en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, el oficio N° 1214 del 13 de agosto de 2008, por el cual se remitió el expediente distinguido con el N° 6966-2008 (cursante en ese Juzgado). contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, titular de la cédula de identidad N° 4.258.289, asistido por el abogado Ustinovk Freites Alvaray, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 32.508. contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas el 3 de agosto de 2007, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la abogada Yenny Nathaly Alvarez, con el carácter de co-apoderada judicial del accionante, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas el 1 de febrero de 2007, la cual declaró inadmisible la solicitud de oferta real de pago presentada en contra de INVERSIONES EL DORADO C.A.

Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 7 de mayo de 2008, y ratificado los días 6 de junio y 1 de julio de 2008, por la parte accionante en contra de la decisión dictada en audiencia pública el 5 de mayo de 2008, y cuyo texto íntegro fue publicado el 12 de junio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.

El 21 de noviembre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual del presente expediente. esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

| FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El ciudadano Ciro Francisco Toledo, asistido de abogado, alegó como fundamentos de la acción de amparo, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

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Que, "El acto de fecha 03-08-2007, según al cual, la Juaza Temporel del Juzgedo Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judici el dal Estado Barinas; actuando en alzada, en conocimiento del procedimiento de Oferta Real y Depósito incoada por [61]. contra la sociedad mercantIl INVERSIONES EL DORADO C.A, (por la inhibición formulada en fecha 02-04-2007, por le abogada Samira Musali Andrade, en su carácter de Juez Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa Clrcunscripción Judicial), y que fuera llevado ante ese tribunal bajo el expediente No. 2.328-07, sin esperar que la instencie superior resolviera la inhibición formulada, obrando asl. contrariamente a lo ordenado por la Constitución de la República (art. 137) y por el Código de Procedimiento Civil (art, 93), dictó Sentencia definitiva da Segunda Instancie, en fecha 03-08-2007, según la cual declaró: 1) Sin Lugar la Apelación interpuesta contra la decisión dictada por al Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judiclel del Estado Barinas, en fecha 1° de febrero de 2007, la cuel declaró inadmisible le solicitud de Oferta Reel de Pago; 2) Inválida la Solicitud de Oferta Real de Pago, por no llenar los requisitos de validez exigidos por el ordinal 3ro. del artículo 1307 del Código Chvil; 3) Reformô asl la decisión dictada por el a quo; y 4) Condenó on costas a la parte solicitante".

Que Ta] pronunciarse la sentencia definitiva de fondo en las señaladas circunstancias (intempestivamante, sin esperar la decisión de la Instancla constitucional al debido proceso y * la seguridad jurídica que (tienen] los ciudadanos respecto de qua los actos da los órganos dal poder público deben sujetarse a la Ley, y en consecuencia, tamblén limitó (su] derecho 8 l8 defensa constitucionalmente protegido. Todo ello en al curso de un procedimiento judicial que en segunda Instancia, que conforme a la decisión del órgano superior (que declaró sin lugar la Inhibición), tene que ser decidido por un tribun el distinto; y en ese sentido, la sentencia fue pronunciada por un tribunal no competente, lo cuel hace que constitucionalmente ese acto sea nulo...".

Indicó que, entre las actuaciones procesales que se produjeron sucesivamente y que están directamente relacionadas con la violación constitucional a su debido proceso, estaban;

"a) Le decisión definitiva de fondo de 1ra. Instancia, fue dictada en fecha 01 de febrero de 2007, por el Tribunal Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas (tribunal de la causa).

b) Esa decisión fue apelada en fecha 07-02-2007 y al conocimiento de tal recurso, correspondió al Juzgado Segundo de Primera Instancie an lo Chdl y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.

c) En ase grado de la causa, on fecha 02-04-2007, le Jueza temporal de ese juzgado Samire Musali Andrade, se inhibió de conocer.

d) Por esa Inhibición, cumpliendo con lo ordenado por el artículo 93 del C.P.C., el expediente (cuaderno principal) fue remitido al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de le Circunscripción Judicial de Barinas (...), y el cuedemo de la inhibición formuladapor la Jueza Tamporal Samira Musali Andrade enviado al Juzgado Superior an lo Chil y Mercanti de le misma Circunscripción Judicial, pere resolver sobre dicha Inhibición, según oficio No. 0486 de fecha 10-04-2007.

e) En fecha 25 de mayo (sic) 2007, el Juzgado Superior an lo Chvil y Mercanti recibe el cuademo de Inhibiclón para su decisión.

f) En fecha 19–07-2007, el Juzgado Superior en lo Chvil y Mercantil, dictó sentencle definitiva an la incidencia de Inhibición, según la cuel declArÓ SIN LUGAR LA INHIBICIÓN.

g) En fecha 02-08-2007, el Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil, remitió las resultas de la incidencia al Juzgado Segundo de Primera Instancla Civil y Marcantil, para que siguiera conociendo da la causa, como corresponde de acuerdo a la Ley (art. 93 C.P.C.).

- h) En feche 08-08-2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil, con la finalidad de continuar conociendo y para decidir el fondo de la causa, como corresponde de acuerdo al art.' 93 C.P.C., según auto y oficio No. 1129 (..), REQUIRIÓ EL EXPEDIENTE.

i) En fecha 13-08-2007, la Jueza Temporal Yrtane Diaz Peña, en respuesta al requerimiento hecho por la Jueza Competente para decidir la Causa, (conforme al artículo 93 del C.P.C.). responde con oficio No. 872, en el que informa qua el expadiente ya '..fue remitido al Tribun el de origen, el Juzgado Segundo de Municipio Barines da la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 08-08-2007, con oficio No. 859, por cuanto este Juzgado dictó sentencia en feche 03-08-2007...".

Denunció que Tlle infracción constitucional ocurre. cuando le Jueza Temporal Yriena Dlaz Peña, en conocimiento incidental de la causa, en lugar de esperar (conforme lo ordena el articulo 93 del C.P.C.) gue le fuera comunicada la decisión del Juzaado Superior que declaró Sin Lugar la Inhibición, y por tanto. no le correspondia a ella decidir el fondo. de esa cause: INTEMPESTIVAMENTE, actuando fuere de su competencia, y en evidente inobservancia de le citada norma del erticulo 93 eiusdem (sic), dicto Sentencia definitiva de Seaunda Instancla, en.fecha 03-08-200z (..), con lo cual colorô su actuación en el supuesto de violación de la norma constitucional contenida en el articulo 137 de la Ley Fundamental de le República, subvirfiendo asl, el proceso judicial y violando la Garantle Constituclonal del Debido Proceso, consagrada en el erticulo 49 de la Constitución".

Que "la actuación fuere da su competencia de le jueza agraviante, hizo nugetorio el efecto de la justicia cuando al será requerido el expediente por la juez (sic) competente para decidir esa causa (conforme al articulo 93 del C.P.C.), responde con oficio No. 872 de fecha 13 de agosto de 2007, en el que señale que '.me permito informarle que el expediente No. 07-7898-COT, de le nomenclatura particular de ase tribunal, contentivo del juicio de Oferta Real de Pego, intentado por el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES EL DORADO C.A.. fua remitido al Tribunal de origen. el Juzgado Segundo del Municipio Barines de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 08-08-2007, con oficlo No. 859, por cuanto este Juzgado dictó sentencle an feche 03-08-2007...".

Que (mjás grave resulta la infracción delatado (..), cuando pare el momento en que la jueza agraviante SIN COMPETENCIA pare allo, dictó la r p s -- Supenidr que hable decleredo sin lugar la Inhibición (18-07-2007), y en consecuencia, declarado la NO COMPETENCIA de la Jueza sustituye pare continuar conociendo y tampoco para decidir el asunto; atribuyendo esa compelencla, específicamente a un juez distinto".

Finalmente señaló que "existen violaciones de orden consttucional en la actuación de la Juaze Temporal Yriene Dfaz Peña e cargo de Primare Instancie en lo Chvil y Mercantil de la Circunacrpción Judiclal del Estado Barines al dictar la sentencia definitiva de fondo sin corresponderle la competencia pare ello; y en tel sentido los hechos y derechos aqul denunciados y reclamados, no han la presente ección de amparo conslitucionar".

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Como petitorio sañialó lo siguiente:

"PRIMERO: Se ADMITA y se declare CON LUGAR la presente acción de amparo constitucion el.

SEGUNDO: Se restablezca la situación juridica infringida.

DECLARANDO LA NULIDAD de la mencionada sentencia definitiva de fondo que en fecha 03-08-2007, declara en aizade la Jueza Temporal del Juzaado Primero de Primera Instencie en lo Civil y Mercanti de la Circunscrioción Judicial del Estado Barinas (..., QUÍOn ACTUANDO FUERA DE SU CQMPETENCIA. de manera inconstitucional puso fin al proceso, sin esperar que la Instancia Superior comunicará su decisión sobre le Inhlbición formulada por la Jueza Temporal (...).

TERCERO: Se restiftuva la situación jurídica Infringide, ordenando la Inmediata REPOSICIÓN DE LA CAUSA el estado en el cual se le dé cumplimiento 8 le sentencia de fecha 19-07-2007; emana de del Juzgado Superior en lo Chvit, Mercantil, del Tránsito y Protacción del Nino y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, según la cuat se declaró Sin Lugar la Inhibición formulada por la Juaza Temporal (..). y correspondió continuar conociendo del proceso y dictar la decisión de fondo que ponga fin a ta cause, al Juzgado Segundo de Primera Instancie en lo Civit y Mercanti de la misma Circunscripción Judicial; con todos los efectos, consecuencles, derechos y demás declaraciones que dicho restitución en [su] favor se derivan".

Il DE LA SENTENCIA APELADA

El 12 de junio de 2008. el Juzgado Superior an lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes decieró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia dictada el 3 de agosto de 2008, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de fa Clrcunscripción Judicial del Estado Barinas, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:

"Mediente la presente acción de empero constitucional, el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, pretende Ia nulidad de le sentencia definitiva dicta de por la Juaze Tamporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercentil de la Circunscripción Judicial del Estedo Barinas; solicitando que se ordene la reposición de la causa al estado en el cual se le dé cumplimiento a la sentencia de fecha 19 de julio de 2007 emanada dei Juzgado Superdor en lo Clvil, Mercantil, del Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que declaró sin lugar la inhibición formulada por la Jueza Temporal Samira Musali Andrade;

señalando que le Jueza Temporal del Juzgado Primero de Primera Instanicia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, conociendo del, procedimiento de Oferta Reat y Depósito incoada por su persona contra INVERSIONEs EL DORADO C.A., molivedo a la Inhibición formulada en fecha 02 de abril da 2007 por la Abogada Samira Museli Andrade, en su carácter de Juez Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancla en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judici el del Estado Barinas, sin esperar que la Instancia superior resolviere la inhibición formulada, dictó sentencia definitiva de segunda instancia en facha 03 de agosto de 2007, declarando sin lugar la apelación interpuesta contra la decisión dicte de por el Juzgado Segundo del Municiplo Barinas de la Circunscripción Judtclel del Estado Berines de fecha 01 de febrero de 2007, en la que se declaró inadmisible invalidez le solicitud de oferta real de pego articuto 1.307 det Código Chvill.

Se observe de los alegatos expuestos por los accionantes y de las actas que cursan en los autos que el Juzgedo Segundo dei Municiplo Berines de le Circunscripclón Judicial del Estado Barinas declaró inadmisible le solicitud de Olerta Reel de Pego formulada por el cludadanoCIRO FRANCISCO TOLEDO, en sU carácter de oferente 8 fevordel Cludadeno ATEF NEMER HIRCHEDD en representación de le socledad mercantil INVERSIONES EL DORADO C.A., en su condición de oferido (folios 151 el 159); de dicho sentencia suelo la Abogada YENNY NATHALY ALVAREZ, apoderado judicial del cludadano CIRO FRANCISCO TOLEDO (folio 163): de dicho apelación le correspondió conocer por distribución al Juzgado Segundo de Primera Instencie en lo Civil y Mercantil de le Clrcunscripción Judicial del EstedoBarines, observéndose qua an ecta de fecha 02 de abril de 2007, la Abogada SAMIRA MUSALI ANDRADE, con el carácter de Juez Temporal del referido Tribun el, se inhibió de conocer la presante demande (folio 179); por auto de fecha 10 de abril de 2007 se ordenó la remisión de las coplas cerdificedes del expediente al Juzgedo Superior para el conocimiento de la Inhibición y remitir el expediente al Juzgado Primero da Primera Instancie en lo Civil y Mercanti de la Circunscripción Judicial dal Estedo Barinas (folios 181).

El expediente fue recibido en ol Juzgado Primero de Primera Instancis en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en feche 18 de abril de 2007, fecha en la cual se le dio entrega (folio 185); al 07 de mayo del mismo año el Tribunal se abocó al conocimiento de la causa (folio 186): por auto de fecha 21 de mayo da 2007 el Tribunal ordenó la reanudación procesal y ordenó la notificación de las partes, dejando constancia que transcurridos diez dias de despacho contados a partir de que conslen an autos las notificaciones ordenadas se entendera válidamente reanudada la cause (folio 187); le último notificación fue agregada al axpedienle en fecha 31 de mayo de 2007 (folio 193): el 04 de julio de 2007 el Tribunal Primero de Primera Instancia dictó auto en al que estableció que vencido como se encuentra el lapso legal pare dictar sentencia, se difiere su pronunciamiento para dentro de Ireinte (30) dias continuos (folio 194); enfeche 03 de agosto de 2007. el mencionado Tribunal dictó santencla en la qua declaró sin lugar la apelación, declaró invalidez le solicitud de Oferta Real de Pago por no lena los requisitos de velldez exigidos por el articulo 1.307 del Código Civil y ordenó devolver el expediente al Tribunal de origen.

Se observa además, que el Juzgado Superior an lo Civil.

Mercanti, Trínsito y de Protección del Nino y del Adolescente de esta Circunscripclón Judicial, recibió les coplas certificedes para el del año 2007, feche en la que estableció un lapso de tres dias siguientes para decidir de conformidad con et articulo 89 del Código de Procedimiento Civil (follo 265); medianta auto de fecha 21 de junio de 2007 ordenó solicitar e le Juez inhibida copia dal instrumento poder qua le otorga la personerla juridica, que afirma tener en representación del ciudadano Atef Nemer Hirchedd; an fecha 19 de julio del año 2007, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescante de la Circunscripción Judiclal del Estado Barinas declaró sin lugar la inhibición formulada por la Jueze Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estedo Barinas, Abogada Samira Musali Andrade, por no constar en autos copia del poder que le otorgue la personera que la Juez inhibida se atribuye; ni otra prueba que demuestre que es apoderado judicial del ciudadano Atef Nemer Hirchedd (folio 270 al 273); en fecha 02 de agosto de 2007 emilio el expediente contentivo de la incidencia de inhibición al Juzgado Segundo de Primera Instancia, donde fue recibido en lecha 08 de agosto del mismo año, mediante auto en el que ordenó oficiar al Juzgedo Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los fines de le devolución dei expediente N° 07-7898 COT, librándose et oficio correspondientę en ese misma focha (folios 276 y 277); el Juzgedo Primero de Primera Instancia enlo Civil y Mercantil mediante oficio N° 872 le informó al Juzgado Segundo de Primera Instancia que el expediente solicitado fue remitido al Tribunal de origen en fecha 08 de agosto, con oficio N° 859. por haber dictado sentencia en dicha causa, en fecha 03 de agosto de 2007, Examinados asl los alegatos y actas cursantes en los autos, conviene seguidamente precisar el fin que persigue la acción de amparo constitucional contra sentencia, acción esta que procede cuando no existe una via judicial preexistente y ordinaria que saa idónea, eficaz y expedida pera oblener el restablecimiento de la situación constitucional vuinerada y delatada o que se hayan agotado las mismas; en tal sentido el articulo 4 de la Ley Orgánica de Ampero sobre Darechos y Garanties Construcionales establece:

'Iguaimente procede la acción de amparo cuendo un Tribun el de la República, actuando fuera de su comperencie, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional'.

Tal como se desprende de la norma anteriormente Iranscrita, le misma está dirigida a impugnar las transgresiones que se verifiquen an al goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, como consecuencia de un acto lesivo emanado del poder jurisdiccional y procede contre cueiquier decisión cuendo el Juez en su función jurisdiccional, actúe fuera de su competencia usurpando funciones o extralimitándose en les que le han sido atribuidas.

Ahora bien, tal como lo ha manifestado expresamente, le perte accionante, en el escrito libelar, la infracción constitucional de le cuel se deriva le interposición de le presente acción, se produce '.. cuando la Jueza. Temporal Yriana Diaz Peña, en conocimiento incidental de la causa, en lugar de esperar (conforme lo ordena el art. 93 del C.P.C.) que le fuera comunicada la decisión del Juzgado Superior que declaró Sin Lugar la Inhibición, y que por tanto, no le correspondia a ella decidir el fondo de esa causa; INTEMPESTIVAMENTE, actuando fuera de su compelencia, y en evidente inobservancia de la citada norma del articulo 93 ejusdem, dictó Sentencia definitiva de Segunda Instancia, en fecha 03-08-20o7 (...) con lo cual colocó su actuación en el supuesto de violación de la norma constitucional contenida en el articulo 137 de la Ley Fundemental de la Repúblice, subvirtiendo asl, el proceso judicial y violando la Garantia Constitucion el del Debido Proceso, consagrada en al artículo 49 de la Constifución; continúa exponiendo que "Cuendo un juez, como en el caso que nos ocupa, desconoce esta regla y con su conducta la viola la norma procesal, subvierte el proceso y actúe fuera da la competencia que le alnibuye la Ley; por ello, su conducta infringe el orden público constitucional al vulnerar la garantia constitucional del Dabido Proceso consagrada en el erticulo 49 en concordancia con el articulo 25 de la Constitución de la República ..' (resaltado del escrito).

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Ahora bien, en virtud de que el accionante delega que la Juezs Primera de Primera Instancis actuó fuera de su competencia, es preciso señalar que la competencia ha sido conceptualizada como la medida de la jurisdicción que ejerce un juez de acuerdo s la materia, el valor y el territorio; es le aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un ceso determinado.

En tal sentido se configura la incompetencia cuando un juez conoce de uns causa que debe ser conocida por otro Juez de la Repúblics dentro del orden judicial intemo, la competencia se clasifics por razón del tenritoro que as cuando el Juaz sólo puede ejercer su función jurisdiccional dentro de un determinado territorio; por la mater, según la cual debe tomarse en cuente la naturaleza da la relación juridica objeto de la controversia, lo cual contencioso administrativo y les jurisdicciones especiales; y por le cuantía según el valor de la demanda.

En al caso bejo analisis se observa que la Jueze Primera de Primera Instancie 8n lo Civil y Mercantil de le Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que dictó la sentencia objeto de la prasente acción, diana atribuidas las mismas competencias atribuidas el Juzgedo Segundo de Primara Instencia en lo Civil y Mercantil; ss decir, si tiene competencia pare conocer de la apelación interpuesto contra la decisión dicte de por el Juzgado Segundo de Municipio en le depende de oferta reel de pago; pues ambos tribunales son de igual categoria, y conocen de las mismos causas.

Lo planteado en el caso bajo análisis as lo siguiente: dada la existencia de dos tribunelas da igual categoria que tienen atribuida la misma competencia, las causas que, como en el caso de autos, deban ramitirse e la alzada a los fines del conocimiento del recurso de epeleción, deben distribuirsa para organizar asl la función jurisdiccional; en consecuencia, no puede decirse que la Juez de Primera Instancie as incompelente para dictar sentencia en el asunto; puesto que, si bien as cierto, tal como lo alega la parle accionante, la Juaza Primara de Primera Instencie dictó sentencia definitiva sin que previamente sa hubiera resuelto la incidencia de inhibición que estaba en conocimiento del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección dei Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judici el del Estado Barinas, resulta pertinente reseñar qua el articulo 93 del Código de Procedimiento Civil no establece de menera precisa y expresa hasta qué grado del proceso debe conocer el Juez que conoce de la causa mientras se resuelve le incidencia de inhibición y siendo que en el caso de autos el asunto se encontraba en etapa de sentencia, le cual fue diferide en feche 04 de julio del año 2007.

dictándose el ello definitivo en fecha 03 de agosto de 2007, es decir, el último dia del diferimiento, la juez respetando os lapsos y evitando el retardo procesal, dictó le sentencia correspondiente, evidenciándose además de los autos, que el momento de dictar la sentencia, la Jueza no estebe en conocimiento de que la incidencia de inhibición habla sido resuelta, pues el Juzgado Supęrior dictó su sentencia en fecha 19 de julio del año 2007, remitlendo las resultas al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, en feche 02 de egosto y as el 08 del mismo mes y año, cuando el Juzgado Segundo solicitó el expediente original al Juzgado Primero de Primera Instancle, fecha en la que y8 dicho Juzgado heble dictado el ello correspondiente (03 de agosto de 2007); *s evidente que no la fue notificado oportunamente 8 la Juez Primere de Primera Instancie, les resultas de tal decisión, por lo que la mencionada Juez al dictar le santencle cumplió con los actos del proceso mientras se decidía la incidencia de inhibición.

En este orden de ideas, el autor Ricardo Henriquez La Roche, en sus cementerios al Código de Procedimiento Civil, 3ere edición actualiza de, página 338, señale: 'El sustituto interino actúa condiclonemiento alguno, y por tanto puede dictar le sentencia definitiva de le instancia aún cuendo esté pendiente le decisión del incidente de inhibición o recusación, y puede también dictar medidas preventivas o suspenderias (cir bajo CSJ-SCC, Sent.

10-11-83), o decliner la jurisdicción o competencia. Como expresa le decisión dela Corte abajo transcrita, tal decisión hará Innecesario el pronunciemlento del incidente en cuanto la instancia queda agotada'.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos.

considera este Órgano Jurisdiccional que la actuación de le Jueza qua conocla de le causa en razón de la inhibición de la Jueza dal Juzgado Segundo de Primera Instencia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, el proceder a emitir el fallo definitivo, se encuentra ajustada e derecho con relación a su competencia para conocer de la misma, no incumiendo en extralimitación o usurpación de funciones, que hacen procedente la acción de amparo constitucional y as/ se decide.

Aunado a las consideraciones antes expuestas, no se desprende, ni de los alegatos, ni de las actas cursantes en el expediente, de qué manera se le hen limitado o vuinerado los derechos constitucionales al accionante, pues no señale expresamente qué actuación no pudo ejercer en su defensa motivado a la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia; tampoco se constata de los autos que la ciudadana Jueza que dictó la sentencia objeto de la prasente acción, se encuentre incursa en causal de recusación alguna. en virtud de la causa Al respecto, cabemencioner sentencia de le Sale Constitucion el del Tribun el Supremo de Justicia, N° 3596 de fecha 06 de diciembre de 2005, c88o: Wilys Roger Valencla Vhlelobos...

...omissis....

Tal como se desprende de la sentencia (..), no puede haberse de infracción al debido proceso ante la omisión de alguna formalidad, si de dicha omisión no se deriva infracción de los derechos que del mismo se derivan. En el caso bajo análisis no se evidencia que al accionante se la haya coartado da alguna manera n n p n e n actuó el Juzgado Primero da Primere Instancia en lo Chvil y Mercanti fuera da su competencia, pues como ya se dijo, ambos tribunales tengan atribuida las mismas competencias.

En virtud de las anteriores consideraciones resulte forzoso la decleratorie sin lugar de la presente acción de amparo constitucional".

COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa que mediante sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Meta Millán), se estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivarana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional. y. en tal sentido, señaló que le correspondia a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (a excepción de los competentes en materia contenciosa administrativa). de las Cortes de io Contencioso Administrativo. y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

Asimismo, se observa que, conforme al contenido del articulo 25 numeral 19 de la nueva la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario, det 29 del julio de 2010. (reimpresa por error material en la Gaceta Oficlal N° 39.522 del 1 de octubre de 2010) esta Sala Constitucional es competente para conocer les apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

En ei presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional el recurso de apelación ejercido por la abogada Yenny Nathaly Álvarez, apoderada judicial del ciudadano Ciro Francisco Toledo, contra el fallo por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunacripción Judiclal de la Reglón de Los Andes, con sede en Baninas. Por tanto, esta Sala resulta competente para conocer y resolver el recurso ejercido. Así se declara.

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Precisado lo anterior, esta Sala se pronuncia acerca del recurso de apelación ejercido, dejando constancia de que el accionante no fundamentó su recurso, y que por tanto el pronunciamiento de la Sala no obedecerá a alegato alguno del apelante ante esta Alzada.

Por otra parte, se estima tempestivo el recurso de apelación ejercido por la abogada Yenny Nathaly Álvarez, pues además de que lo intentó dos dias después de celebra de la audiencia pública, lo ratificó el 1 de julio de 2008, tan pronto se dio por notificada del texto Iniegro de le sentencia publicada el 12 de Junio de 2008, y cuya boleta de notificación fue librada el 19 de junio de 2008. Así se decide.

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Ahora bien, en el caso bajo examen, el cludadano.CIRO FRANCisCO TOLEDO, titular de la cédula de identidad N° 4.258.289, asistido por el abogado Ustinovk Freites Alvaray, Inscrito en el Instituto de Previslón Soclal del Abogado bajo •l N° 32.508, Interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas el 3 de agosto de 2007. por cuanto estimó que dicho órgano jurisdiccional, "[a]l pronunciar la sentencia definitiva de fondo en les señaladas circunstancias (intempestivamenta, sin esperar la decisión de la instancia superior que resolviera la inhibición formulada), negó e impidió la garantía constitucional al debido proceso y a la seguridad jurídica que público deben sujetarse a la Loy, y en consecuencia, tembién limitó [su] derecho a la defensa constitucionalmente protegido. Todo ello, en el curso de un procedimiento judicial que en segunda instancia, que conforme a la decisión del órgano superior (que declaró sin lugar la inhibición), tenla que ser decidido por un tribunal distinto; y en este sentido, le sentencia fue pronunciada por un tribunal no competente, lo cual hace que constitucionalmente ese acto sea nulo;

procedimiento cuya cuenta era inferior a 5 millones de bollvares y a 2.999 unidades tributarias, dicha sentencia no era susceptible de ser atacada mediante el recurso de casación, y por tanto carece de un madio ordinario de impugnación y es a través de la acción de amparo constitucional que debe ser necesaria e inmediatamente restitulda la situación jurídica infringida".

En el caso que se examina, el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, por cuanto estimó que la Jueza Primera de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción conforme a derecho, pues tenía atribuidas las mismas competencias que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial para conocer de la apelación interpuesta contra ta de pago. En efecto, el a quo constitucional expuso lo siguiente:

"En el ceso bajo análisis se observa que le Jueza Primara de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil da la Circunscripción Judicial dal Estado Barinas, que dictó la sentencia bjeto de la presente acción, tiene atribuidas_ las mismas competencias atribuidas al Juzgado Sagundo da Primera Instancia en lo Civil y Marcantil; es decir, si tiene competencia pare conocer de la apelación interpuesta contra le decisión dictada por el Juzgado Segundo de Municipio en le demanda (sic) de oferta real da pago:

pues ambos tribunales son de igual calegorle, y conocen de las mismas causas.

Lo planteado en el caso bajo análisis es lo siguiente: dada la existencia de dos tribunales de iguel categoria que tienen a!nibuida la misma compatencia, las causas que, como en el caso de autos, deban remitirse a la alzada a los fines del conocimiento del recurso de apelación, deben distribuirse para organizar esi la función junisdiccionel; en consecuencia, no puede decirse que la Juez de Primera Instancia es incompetente pera dictar sentencia en el asunto; puesto que, si bien es cierto, tel como lo alega la parte eccionente, la Jueza Primera de Primera Instancia dictó sentencia definitiva sin que previementa se hubiere resuelto la incidencia de inhibición que esteba en conocimiento del Juzgado Superior en lo Clvil, Mercantil, del Trénsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, resulta pertinente reseñar que el articulo 93 del Código de Procedimiento Civil no establece de manera precisa y expresa la causa mientras se resuelve la incidencia de inhibición y siendo sentencia, le cual fue diferida en fecha 04 de julio del año 2007, dictênose el fallo definitivo en fecha 03 de agosto de 2007, es decir, el último dia del diferimiento, la juez respetando los lapsos y evitando el retardo procesal, dictó la sentencia correspondiente, evidenciándose además de los autos, que al momento de dictar la remitiendo las resultas el Juzgado Segundo de Primere Instancia _en lo Civil y Mercantil, en feche 02 de agosto y es el 08 del mismo mes y año, cuando el Juzgado Segundo solicitó al expediente original al Juzgado Primero de Primera Instencie, fecha en le que ya dicho Juzgado había dictado el fallo correspondiente (03 de' agosto de 2o07); es evidente que no le fua notificado oportunamente e la Juez Primera de Primera Instancia, las resultes de tal decisión, por lo que la mencionada Juez al dictar la sentencia cumplió con los actos dal proceso mientras se decidía la incidencia de inhibición".

A los fines de determinar la procedencia de la presente acción de amparo constitucional ejercida de conformidad con el artícuio 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales, observa esta Sala lo siguiente:

El articulo 93 del Código de Procedimiento Civil (1987), establece:

"Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de la misma categoria, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de este, a quien deba suplirlo conforme a le Ley. Si la recusación o le inhibición fuere declarada con luger, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los estos al inhibido o recusedo."

Como puede apreciarse, la norma procesal transcrita procura que las inmediatamente" los autos a otro tribunal, bajo la exigencia da que la incidencia debe resolverse con toda celeridad, pues el artículo 89 dal Código de Procedimiento Civil (1887) le impone al Juez o Jueza competente la obligación de decidir la inhibición dentro de los tres (3) dias siguientes al recibo de las actuaciones.

Lo mismo ocurre en los casos de recusación de los funcionarios judiciales ocasionales, conforme a la parte in fina del articulo 90 del Código de Procedimiento Civil. En los casos relativos a la recusación de jueces y secretarios, la decisión debe dictarse dentro del lapso de veinticuatro (24) horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 ejusdem.

En el caso sub examina, tal como lo refiere la sentencia apelada en amparo, el 2 de abril de 2007, la Jueza Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas planteó su inhibición para conocer del recurso de apelación en el juicio que dio lugar al amparo (folios 180 y 271 del expediente), siendo recibidas las actuaciones relativas a esta incidencia el 25 de mayo de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y cel Adolescente de la misma Circunscripción Judiciat, ce modo que ese Juzgado Superior debió haber dictado decisión sobre la inhibición dentro de los tres (3) dias de despac' . siguientes al 25 de mayo de 2c07, conforme lo establece el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, tal como se desprenda de autos, el Juzgedo Supenor en io Civil. Mercanti!, del Tránsito y de Protección del Nifo y dei Adolescente ce la mes y medio después · recibidas las actuaciones, circunstancia que puace obstante. a la luz de lo establacido En el artculo 93 dei Cédigo de Procedm:ento Civil, no paco airmarse cu:s eal retraso genere la nulidad de la

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decisión dictada por el Tribunal que recibió las actuaciones con ocasión de la inhibición de la Juez que previno en el conocimiento de las actas.

Así, según la interpretación literal que le ha dado la doctrina a la norma contenida en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se ha afirmado que dicho articulo no indica claramente hasta qué oportunidad el Juez sustituto puede conocer en ausencia de norma reguiadora, de las actuaciones: y bajo la lógica de esta interpretación, nada le impide al tribunal sustituto dictar sentencia, ya que se trata de un juzgado que comparte en grado, materia y territorio la misma competenda. Asi lo justificó la sentencia accionada en amparo cuando, basándose en el referido criterio doctrina, señaló lo siguiente:

"..al momento de dictar la sentencia, la Jueza no estaba en conocimiento de que la Incidencia de inhibición habla sido resuelta, pues 2007, remitiendo las resultas al Juzgado Segundo de Primere Inslancia en lo Chil y Mercanuil, en fecha 02 de agosto y es el 08 del mismo mes y afo, cuando el Juzgado Segundo solicitó el expediente original al Juzgado Primero de Primara Inslencia, feche en la que ya dicho Juzgedo habla dictado el fallo correspondiente (03 de agosto de 2007):

es evidente que no le fue notificado oportunamente e ls Juaz Primere de Primera Instencis, les resultas de lel decisión, por lo que le mencionada Juez al dictar la sentencle cumplió con los actos del proceso mientras se decida la incidencia de inhibición.

En aste orden de ideas, el autor Ricardo Henriquez Le Roche, an sus cementerios el Código de Procedimiento Civil, 3era edición actualizede, página 338, señale: 'El sustituto Interino sctóa en reemplazo del recusado con plenitud de atribuciones y sin condicionemianto alguno, y por tanto puede dictar le sentencia dafinitive de la instencie eun cuando està pendiente la decisión del incidente de inhibición o recusación. y puede también dictar medidas preventivas o suspenderias (cfr bajo CSJ-Scc, Sent. 10-11-83), o declinar le Jurisdioción o compelencia. Como expresa la decisión de la Corte abajo transcrita, tel decisión hará Innecesario el pronunciemlento del incidente en cuento la Ins/encia queda agolada".

De modo que las referidas actuaciones procesales resultan conforme con la doctrina y práctica forense, razón por la cual esta Sala no puede reprochar la actuación del juzgado sustituto interino, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que decidió la causa sin haber sido notificado de la decisión que deciaró sin lugar la inhibición planteada; y visto que en el caso de autos la misma jueza sustituta difinió la oportunidad de dictar sentencia el 4 de julio de 2007, para decidir en definitiva la apelación el 3 de agosto de 2007, tales circunstancias evidencian además que la jueza sustituta no actuó apresuradamente, sino en cumplimiento de los lapsos procesales para resolver la apelación del juicio principal.

Por tanto, esta Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por la abogada Yenny Nathaly Alvarez, en su carácter de coapoderada judicial del accionante, contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes. En consecuencia, confirma la mencionada decisión que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el 3 de agosto de 2007. Así se decide.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que, en razón de haber quedado evidenciado un retardo procesal en la resolución y posterior notificación de la incidencia de inhibición surgida en la alzada del procedimiento de oferta real referido en autos. en infracción de lo previsto en el articulo 89 del Código de Procedimiento Civil, se ordena a la Secretaria de esta Sala Constitucional oficiar lo conducente a la Comisión Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de evaluar el retardo procesal en el cual incurriera la abogada Rosa Elena Quintero Altuve, en su condición de Jueza Suplente especial del Juzgado Supenor en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Asi se decide.

V OBITER DICTUM

Sin perjuicio de haber sido declarada sin lugar la presente acción de amparo constitucion el, no puede esta Sala Constitucional dejar de hacer las siguientes consideraciones:

La celeridad procesal constituye, entre otros, uno de los principales motivos que impulsó la reforma al Código de Procedimiento Civil en 1987, tal como se aprecia de la Exposición de Motivos de dicho cuerpo normativo. celeridad que, estima esta Sala, incluso debe abarcar la etapa posterior a la decisión de la incidencia de recusación o inhibición, especificamente en cuanto a la remisión inmediata del expediente se refiere. tal como se deduce del articulo 93 del Código de Procedimiento Civil cuando indica que. en caso de que la recusación o la inhibición sean declaradas sin lugar, se *...pasará los autos al inhibido o recusado...". Sin embargo, la Sala advierte que la norma es imperfecta al no regular los efectos de su incumplimiento.

Tales reflexiones las motivan las consecuencias que produjo, en el presente caso, que el Juzgado Superor en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado remitiera de forma inmediata tales resultas al tribunal de origen, ya que a consecuencia de este retardo procesal un Tnbunal sustituto interino resolvió el fondo de la controversia a pesar de haber quedado desestimada la inhibición. lo que a pesar de no atentar contra el principio del juez natural, determinó que se apartara del caso un juez a quien mediante distnbución, le habia correspondido su conocimiento.

Ciertamente, tal como se indicó en el capitulo anterior, la interpretación que se le ha venido dando al articulo 93 del Código de Prccedimiento Civil ha permitido que, en supuestos como el que hoy nos ocupa, se preserve la validez de una posible sentencia dictada por el Tribunal sustituto interino. puesto que. tal como lo señaló la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 17 de marzo de 1993 (caso: Armando Ramirez D' Andreis vs. Centro Porcino Caujarito, C.A.) -...los orígenes del Art. 93 del C.P.C. deben remontarse a las críticas entes referidas del maestro Borjas en sus famosos comentarios, en los que se destacabe que el sistema acogido en el Art. 118 se presteba a que les partes abusaran de la recusación. con el solo fin de demorar el proceso. ya que el curso de la causa se suspendida mientras se resolvió la incidencia.

De ese mcdo. frente a los riesgos de dilación procesal abusiva de las partes, posibles bajo el Código derogado de 1916, 1a norma contenida en el vigente articulo 93 del Código de Procedimiento Civil reformado (1987). tuvo una función correctiva; y además resultaba cónsona con el principio de celendad procesal establecido en el articulo 10 eusdem. En otras palabras.

tuvo como priondad la celeridad del proceso: la cual igualmente constituye un

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principio prioritario para el Constituyente venezolano de 1999 tal como se recoge en los articulos 26 y 257 constitucionales.

Considera esta Sala, que en el caso bajo análisis, tan pronto fue declarada sin lugar la inhibición planteada por la Jueza Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, ya no se justificaba que la jueza sustituta interina, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, siguiera conociendo del caso, sin embargo, el hecho de que ésta última no estuviere notificada de las resultas de la incidencia de inhibición, le permitia dictar sentencia como alzada en el juicio principal, saivo, claro esté, que alguna de las partes le hubiera informado de aquella decisión, mediante la consignación de la copia respectiva.

Es por todo ello que esta Sala, a los fines de evitar los posibles riesgos de subversión procesal y desconocimiento del principio de celeridad procesal y de transparencia, que deben guiar la función jurisdiccional, haciendo uso de sus amplios poderes como máximo intérprete de la Conatitución; y a los fines de asegurar la integridad y efectiva vigencia de los derechos constitucionales que puedan estar en juego en futuras ocasiones, resuelve con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:

1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.

2.- Que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podr la presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinana que acarrearía la indebida dilación procesal por esta causa Todo ello con el ânimo de atenuar la preocupación existente en el foro en cuanto al uso indiscriminado que de las instituciones de la recusación y la inhibición puedan hacer tanto las partes como los propias jueces respectivamente, al extremo de llegar a ser motivadas por factores extraprocesales.

VI DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por ta abogada Yenny Nathaly Álvarez, en su carácter de co-apoderada judicial dei accionante, contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2006, por el Juzgado Superior en lo los Andes.

SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia de amparo dictada en pnmera Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes. que deciaró sin lugar la acción de amparo constitucional.

TERCERO: SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Inatancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el 3 de agosto de 2007.

CUARTO: ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional oficiar lo conducente a la Comisión Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, a fin de evaluar la actuación judicial descrita en el presente fallo, de la abogada Rosa Elena Quintero Altuve, en su condición de Jueza Suplente especial del Juzgado Superior en lo Civil, Mercanti, del Tránaito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judiclal del Estado Barinas.

QUINTO: RESUELVE con carácter vinculante a partir de la publicación del presonte ello en la Gaceta Oficial:

1.- Que las decisiones que resueivan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza Inhibido o recusado y al sustituto temporal.

2.- Que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podria presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrearía la indebida difación procesal por esta causa.

SEXTO: ACUERDA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, en cuyo sumario deberà indicarse: "Sentencia de la Sala Conslitucional a través de la cual se determinaron los efectos de la aplicación del articulo 93 del Código de Procedimiento Civil".

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 3dias del mes de /viezcce de dos mil dlez (2010). Anos: 20 de la Independencia y 151° de la Federación.

8 LAMUNO

Vicepresidente, Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

PEDRO RAFAEL RONDÓNHAAZ

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Ponente

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ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

ecretario,

JOBÉ EQUENA CABELLO

Quien suscribe, Magietrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López. manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánice del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:

La mayoria sentenciadora declaró con caracter vinculante como obiter dictum lo siguiente:

"1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas e le recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de les veinticuatro (24) horas siguientes el juez o juez inhibido o recusado y al sustituto temporal.

2.- Que la causa legal alegada por al juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de lae actas del expediente; ye que de no ser aal podría presumirsa la tameridad de le actuación judicial, sin perjuicio de le responseblided disciplinaria que acarrearía le indebida dieoión procesal por este causa".

Estima quien diejente con respecto 8 lo establecido en el punto "1" que fijar un lapso de veinticuatro (24) horas para que soa notificada la decleión relativa a la incidencia de recusación o inhibición, constituye un quebrentamiento de la reserva legal en materia procesal, consagrada en el artículo 156.32 de la Constluolón de la Repúblice Bolivariene de Venezuela, por cuanto no estamos en presencia de una integrendo la norma ente un vado. El citado artículo establece expresamente que la recusación y la inhibloión no detendrán el curso de la ocupa y su conocimiento pasará inmediatamente al juzgado que debe conocer la inoidenoia.

Aunado a ello, resulta inútli fijar un lapso sin que su incumplimiento acermree una sanolón al infractor, el mismo tempo que la obligación a la que inea te decisión a través de obiter diotum, queda disminulda frente al deber del juer de administrar juatiola lo más brevemente posible oomo lo previo el erticulo 10 eiusdem en su primera perte, como garantía del cumplimiento de los prinoiploe y derecho a conatituclonales de las partes, cuyo Inobservanoia si atenta oontre le tuto la judicial efectiva, so pena de per responeabie de los daños y perjuicios ocasionados. Con esta decisión se ha creado un lapso contra legem por cuanto el dispositivo del articulo 93 del Código de Procedimiento Civil, no lo prevé.

En cuanto al punto "2", de que la causa alegada por el juez inhibido deba ser constatable en actas, considera quien dislente, que es impropio obligar al juez a presentar prueba de la causal invocada para desprenderse del conocimiento del asunto, dado que no son pocas las causales de inhibición establecidas en el Código de Procedimiento Civil que resultan dificlles de probar y menos de manera inmediata, siendo un deber del juez que se aabe incurso en una especial vinculación con las partes que impida o ponga en duda su imparcialidad declarar la sin demora, a fin de evitar ser recusado, pues de ser Invocada en su contra la causal de recusación podria acarrearde consecuencias perjudiciales, de conformidad con el artículo 84 Código de Procedimiento Civil, ya que deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto tambión a multa, por retardo en el cumplimiento de este deber [cfr. Sentencia SC n° 211 del 15/2/01).

Por ande, obligar al juez a probar "constatable objetivamente de las actas" la caus-al de inhibición invocada implicar la que dicho deber se puede retrasar hasta que éste pueda obtener la prueba que justifique su proceder, lo que va en perjuicio del sano desarrollo del proceso, pues los lapsos transcumen fatalmente en su contra, y ello, inevitablements, podr la comprometer la honorabifidad del mismo en caso de ser recusado.

8 Como conclusión, considera quien suscribe el presente voto salvado, que la decisión debió circunscribirse al caso planteado y ante el retardo injustificado evidenciado, haber un Ramado de atención al juez e instarle a actuar conforme lo establece la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela en su articulo 26.

tribunales están en el deber de impartir justicia conforme a la ley y al derecho, con celeridad y eficacia; y en consecuencia, tal como acertadamente se hace remitir las actuaciones a la Comisión Judicial.

Queda asi expresado el criterio del Magistrado disidente.

En la fecha ut supra.

AMUÑO El Vicepresidente, FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ Disidente Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO 8 PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

tario,

O RQUENA CABELLO JOSLE

El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz concurre con la mayoria respecto a la declaración sin lugar de la apelación que ejerció la apoderada judicial de la parte accionante, contra la decisión que emitió, el 12 de junio de 2008, el Juzgado Superior Civil y Contencioso- Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, pero discrepa del asentamiento de un criterio vinculante en un obiter dictum" por lo que, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa su voto concurrente, el cual expondrá en términos de ratificación del voto. que expidió con ocasión del fallo n.° 955 de 23 de septiembre de 2010:

.. se discrepa del asentamiento de un criterio vinculante en un "obider dictunt", porque ello resulta contradictorio.

En efecto, dentro de cualquier veredicto judicial, el fragmento que se identifica como obiter dictum recoge consideraciones adicionales a las que son necesarias para la fundamentación de la sentencia, las cuales, por su naturaleza, no son vinculantes.

Ee de doctrina que la porción de los actos juriadiccionale que vincula al resto de los tribunales del pale únicamente es aquella en la que se plasma el razonamiento juridico que conduce al veredicto que se pronunció, a lo que se dispone y al que se contrae el dispositivo, que se conoce como la ratio decidendi.

Enrelación con lo precedente, puedeleerse una sencilla explicación al respecto, an una enciclopedia virtual de uso corriente y universal, lo siguiente:

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Obiter dictum (o, en plural, obiter dicta) es una expresión latina referencia a aquellos argumentos en la parte considerativa de una sentencia o resolución judicial. que corroboran la decisión principal, pero que no tienen poder vinculante, pues su naturaleza cs meramente complementaria.

Eatos sólo tienen una "fuerza persuasiva" que depende del prestigio y jerarquía del iuez o tribunal del cual emana, constituyéndose como criterio auxiliar de interpretación (para) asi determinación tomar una concluyente (http://es.wilipedia.org/wili/Obiter dictum) Ratio decidendt es una expresión latina, que significa literalmente en español "razón para decidir" o "razón suficiente". { Hace referencia a aquellos argumentos en la parte considerativa de una sentencia o resolución judicial que constituyen la base de la decisión del tribunal acerca de la materia sometida a su conocimiento.

En el common law, es decir, en el derecho anglogajón, la ratio decidendi tiene gran importancia, pues al revés dei obiter dictum, si tiene carácter vinculante y. por tanto, obligan a los tribunales inferiores cuando deben resolver casos análogos (principio de stare decisis).

(http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio decidendi) Asi, la Sala no puede establecer una opinión vinculante fuera de la ratio decidendi del acto de juzgamiento de que se trate porque sólo aquélla posee tal fuerza respecto de los demás juzgados de la República. (Voto salvado de s.S.C. n.' 2197 de 23.1 1.07).

De acuerdo con los principios universales que rigen la actividad judicial dc los tribunales constitucionales cuyas decisiones son vinculantes (todos, en los sistemas de control difuso de constitucionalidad -por la via del principio del stare decisis- y solo uno en los sistemas de control concentrado o, como el nuestro, mixto), la parte vinculante de la motivación de las sentencias constitucionales se limita a la ratio deciden ("razón para decidir'), vale decir, los razonamientos interpretativos de normas, principios y/o valores constitucionales indispensables para la resolución del caso concreto. Por el contrario, toda consideración adicional, especialmente si es ajena al punto que debia resolverse, constituye obiter dicta ("dicho de paso") y, como tal, no cs vinculante. (Voto salvado de 9.S.C. n.° 53 de 3.02.09j.

En relación con el "Obiter Dictum", el voto salvante està, de nuevo, en franco desacuerdo con que se tomen decisiones a las que sc atribuya carácter vinculante bajo ese titulo, cuyo significado literal'es "dicho de paso" y se usa, en Derecho, para la identificación de aquellos argumento a que se hacen en la parte motiva de una sentencia y colorean, pero no hacen parte de la decisión principal, los cuales carecen de poder vinculante (precedente judicial) porque su naturaleza es meramente complementaria. Esta parte de un veredicto judicial sólo tiene valor de criterio auxiliar de interpretación y, por ello, la contradicción entre el título y el contenido del capitulo VI dei fallo es evidente y la confusión que ello causa, insaivable. (Voto salvado de s.S.C. n.° 1659 de 11.02.09).

Por otra parte, más allá de que ya se descargo, en Derecho, el carácter vinculante del contenido del punto quinto del veredicto que antecede, quien suscribe manifiesta que la declaración que el Juez formule con respecto a la existencia de alguna de las causales de inhibición, como la de los cardinales 9, 12, 13, 15, 18, 19 o 20, del 3 articulo 82 del Código de Procedimiento Civil -que se refieren a haber dado recomendación, la manifestación de opinión, la existencia de sentimientos de amistad, gratitud, enemistad o por amenazas-, no siempre es susceptible de dejar una evidencia que pueda llevarse a juicio como medio de prueba porque, en algunos casos, pertenece al ámbito de su sentir interno. En esos casos, le corresponde al juez que conoce la incidencia de inhibición la determinación de la suficiencia o no de los hechos que manifieste el funcionario que considere que se encuentra impedido para el conocimiento de una controversia de la configuración de la causal de inhibición, para lo cual debe reconocerse el valor probatorio que se desprende de la propia declaración de voluntad que expide el funcionario.

Finalmente, en aplicación del principio según el cual la buena fe se presume, no cabe la consideración de una actuación temeraria de parte del funcionario quien, sin que tenga que esperar a ser sujeto de una recusación, confiesa la existencia de una situación que podría afectar la imparcialidad de su juicio. Ello, en definitiva, sólo tiende a hacer efectiva la garantia de los justiciable al acceso a una administración de justicia sana, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente y responsable, en total apego a los postulados que acogió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26.

Queda asf expresado el criterio del Magistrado disidente, Fecha retro.

La Presidenta, LAICEALES LAMUNO El Vicepresidente, Peimma FRANCISCO ANTONIOTARRASQUERO LOPEZ Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

PELRO RAFAEL RONDON HAAZ Concurre

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMIEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

CIONAL

nala el Magiatrado NOTA1 No Armó 8 ,prg ea.

qulan

5.2.24 por molivos Juatif

LA REPUBLICA BOLIVARIANA CE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIDNAL Exp N° 10-0257

MAGISTRADA-PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Mediante oficio N° 168-2010 del 4 de marzo de 2010. recibido en esta Sala Constitucional el 11 de marzo de 2010. la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Miguel Ángel Vázquez La Salvia. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo

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el N° 88 766. en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ISAÍAs BLANCO y DEGNI MEJIAS, titulares de las cédulas de identidad números 19.445.014 y 17.483.285. respectivamente. contra el Juzgado Tercero de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, en el proceso penal seguido, al primero, por la comisión de los delitos de homicidio intencional simple en grado de complicidad correspectiva con error en la persona, y al segundo, por la ejecución de los delitos de homicidio intencional simple en grado de frustración y de complicidad correspectiva con error en la persona.

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 3 de marzo de 2010. por el abogado Miguei Ángel Vázquez La Salvia, contra a decisión dictada el "19 de febrero de 2009 (rectius: 2010)". por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional propuesta.

El 19 de marzo de 2010, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y, con tal carácter, la suscribe.

El 21 de septiembre de 2010, el abogado Miguel Angel Vásquez La Salvia solicitó que esta Sala emitiera el respectivo pronunciamiento.

Reatizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

| FUNDAMENTOS DEL AMPARO El abogado Miguel Ángel Vázquez La Saivia, en su condición de defensor privado de los ciudadanos Isalas Blanco y Degni Mejias, fundamentó la acción de amparo constitucional bajos los alegatos que, a continuación, la Sala resume:

Judicial Penal del Estado Vargas y que Tejn fecha dos (02) de Diciembre del presente año. esta defensa solicita información como de costumbre todas les semanas, desde que sello (sic) la sentencia fuera del lapso el día 26 de Octubre sobre sl axpedienfe arriba identificado recibiendo respuesta del personal del (ribunal. ya que el expediente no se encontraba en al archivo especialmente la ultima (sic) pieza identificada como el N° 6 indicándome que todavia no se había notificado a la victima (sic), nolificeción que esperaba la defensa para que comenzará a correr al lapso para le presentación del recurso de apelación que correspondia, sorpresa para esta defensa que le siguiente semana el dia siete (07) del mismo mes y año solicita de la misma manera información sobre el expediente haber (sic) si se habla hecho efectiva la respectiva nolificación 8 la viclime (sic) cuando me informan que el referido expedienta ya había sido enviado al tribunal de ejecución, esta dafensa sorprendido (sic) por la información recibida solicita al tribunal de ejecución la última (sic) pieza del expediente para verificar tal información corroborando efectivamente que el revisión de la (sic) folios que conforma dicho expediente esla defensa observa qua pudo haber errores involuntarios por parte del tribunal para ol momanto de anexar los recaudos correspondiente (sic) a la causa, si observamos el realización de actos y de los acuses recibidos por al tribun el, al verificar los folios 5 y 6 de la referida pieza de fecha 5 de Noviembre del presente año en la cuenta que posterior e esa fecha en el folio 7 se encuentra inserta boleta de notificación recibida y firmada por la defensa el dia 27 de Octubre del 2009 y recibida por el tribun el según sello y firma de secretaria (sic) el dia 2 de Noviembre, lo (sic) cual fue recibida primero por el tribunal a que se realizara la

expediente, de la misma forma se puede observar que en el folio N° 8 de la misma pieza se encuentra boleta de notificación recibida por el despacho del (sic) la Fiscalla Primera con fecha 29 de Octubre del presente año la cual fue recibida por el tribunal según sello y forma por secretaria (sic) el dia 4 de Noviembre la cuel tampoco estaba inserta en el expediente para el momento de la imposición de los penados, en el folio 11 cle la misma pieza cursa inserta boleta de notificación a la ciudadana Yanire Urbaez (sic) en su condición de victima (sic) en la presente causa, la cual según fue dejada en el buzón de si residencia el dia 3 de Noviembre del presente sño por el alguacil alegando al articulo 185 del Código Organico Procesal Penal, lo cual no corresponde a las notificaciones. además que no esta (sic) debidamente finmade por le victima (aic). lo cual considera este defensa que la ciudadana Yenire Urbaez (sic), no fue debidamente notificada y por lo tanto no pudo haber corrido el lapso para la presentación del recurso de apelación; y en el nismo orde de ideas esta defensa en fecha 17 da Noviembre del 2009, lo cual consta en el libro de registro del archivo, solicito (sic) el expediente para su revisión en el archivo' indicândome el personal que no se encontraba el expediente solicitado. indicándome que estaba en el tribunal".

tribunal para informerle que necesitaba revisar el expediente luego de una espera me llevaron la última (sic) pieza del expediente Identificada con •l N° 6, la cual no tenia (sic) mas (sic) de ocho folios para ese momento y por consiguiente, no estaba anexa la nolificación de la victima (sic) siendo recibida por el Inbunal el dia 12 de Noviembre, según sello y fine por secretaria (sic), la cual en los actuales momentos riela inserte el folio 11 de la refenda pieza del expocdiente, igualmente hago de su conocimiento que cada vez que solicitaba el expediente en el archivo, al personal me informará que se encontraba en el tribunal. tanto es asl que al expediente salió del archivo el dia 29 de Sepliembre del presente año y hasta la presente fecha no hable ingresado mas (sic) sl archivo. pare esta dafensa la ciudadana victinta (sic) no fue debidamente notificada ya que la boleta de notificación no esta (sic) debidamente firmada requisito necaserio qua se requiera pars las nolificaciones".

Que la finalidad de la notificación consiste en que *..es un acto de naturaleza personal, pues persigue garantizar qua las partes puedan lener conocimiento directo da le decisión proferida por al tribunal, a fin de que ejerza el recurso correspondiente, situación que no sucedió en esto caso, es importante señales que la citación es diferente a la notficación, en efecto la citación es el llamamiento que hace la autordad judicial a una persons para que comparezca ante ella con un objeto determinado que se la hace saber. Es el acto formal da un Juez o un Tribunal por el cual se ordena a una persons a comparecer ante él en un dia y hora fijado con un objeto determinado del cual se le da conocimiento".

Que el * remedio judicial que [los] asista para obtener respuesta de lo Corto de Apelaciones". está conteniplada en los ariculos 26. 27, 49 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

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Il DE LA SENTENCIA APELADA El "19 de febrero de 2009 (rectius: 2010)". la Corte do Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargee declaró inadmisible la aoción de amparo constitucional interpuesta, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:

La referida Acción de Amparo Conatitucional, la intenta el Abogado MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ LA SALVIA, ct Uando cOmODefensor Privado de Ios ciudadanos ISAIAS BLANCO y DRONI MEJIAS, cualidad esta que aparece acredita de con la copia del acta de soeplación cursante según la docinina se entiende por legitimación, la amplitud pare ser parta en un determinado proceso o le relación que existe entre quien pide y acerca de lo que pide; es decir, el nexo que vincula a le persona con el derecho, Por lo tanto, si bien es cierto que al articulo 26 Conslitucional astabiece que toda persona tiene deracho de acceso e los órganos de administración de justicia. mediante el ejercicio da la acción, para poner en funcionamiento le jurisdicción, vale acotar que el articulo 27 de dicho sexto fundementel, estatuye expresamente en materia de amparo constitucional que:

(.) De la norma anterionnente transcrita, queda establecido que este derecho emana de la propia Constitución de la Repúbica Boliveriene de Venezuela, por lo tanto se entiende que sólo el tituler del derecho violedo o amenazado de violación, tiene lagtimidad activos para actuar en este tipo de procedimientos, ello con el fin de lograr que se restablezca la situación jurídica que denuncia infringida o la situación que más se asameje a ells.

En consonancia con lo anterior, resulte oportuno traer a coleciónl criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justida, en senlancia N° 94 de techa 15 de marzo de 2000. Ponente JESUS (sic) EDUARDO CABRERA (caso: Paul Harinton Schmos), donde se dejó sellado que:

( Criterio este que se ha reiterado an diversas decisiones, entre las cuales tenemos la Sentencie N° 1846 de fecha 27 da Agosto de 2004. Exp N° 04-007. Ponente. MegIsIrado JESUS (sic) EDUARDO CABRERA.

señalando que () Al concalenar los crtenos antes señalados con la stuación juridica pleloada en el presente caso, este Tribunal Colegiado advierte que el profesional del derecho MIGUEL ÁNGEL VAZQUEZ LA SALVIA, en su carácter de Defensor de lo.s ciudadanos ISAlAs BLAnCO y DEGNI MEJÍAS, interpone su pretensión en base a lo estabiecido en el erticulo 4 do le Loy Orgánica de Ampero sobre Derechos yGarantlas Constilucionales, considerando que la actuación jurisdiccionalrealizada este Circuito Judicial, lesiono (sic) los derechos constitucionales que el articulo 49 numeral 1° de la Constitución de le Repúblice Bolivariana de Venezuola consagra a favor de sus defendidos, edvirilênose que le argumantación por él esgrimide en modo alguno puede subsumirse en el contenido dal articuto 41 de le Lay Especial que rige le meterie de Ampero, al no delatar violaciones que afecten le Libertad y Seguridad Personal de sus defendidos, circunstencie este que permite establecer su falte de Legitimación_(sic) _ACTIVA para al ejercicio de la pretensión incoada. por cuanto en los târminos como fue propuesta la misma legitimede pare su ejercicio conforme al articulo 27 de la Canstitución de la República Bolivanena de Venezuele, solo la ostentan sus defendidos.

Por otro lado. debe advertir este Órgano Colegiado actuando como Tribunal Conslitucional, que la presente violación alega de en el presente caso constituye un acto que cuente con medios ordinarios preexistente (sic) en el Código Orgânico Procesal Penal, que pueden ser utizados Acción Extraordinaria de Ampero Constituclonal del Tnbunal Supremo de Justicia 8n sentencia N° 1274 Exp N° 09-687. Ponante Magistredo FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LOPEZ (8IC) (CaSO: Luis Ennque Rivas Gutierrez (sic)) donde entre otres coses señaló (sic): ..De Igual manera, contempla dicha código adjetivo penal en sus artículos 190, 191 y 195, la figure de la nulidad absoluta de aquellas actuaciones judiciales qua hayan sido dictadas en contravención • Inobservancia de los derechos y garantías de las partes...".

En base a los argumentos que anteceden, quienes aquí deciden actuando como Tibunal Constitucional consideran que la pretensión de Ampero SALVIA, an su carácter de Defensor de los Ciudadenos ISAÍAS BLANCO y DEGnI MEJlAS, quian carece de Legitimación Activa pera infenterio al no comportar la (sic) mismas violaciones refendas a la Liberted y Sagurided Person el, resulte INADMiSIBLE conforme lo prevé el articulo Constitucioneles, ye que de dada la cualidad de defensor privado de los alcance medios Judiciales preexistentes contenidos on el Código Orgánico Procesel Penal para reperer la situación juridica que alega como ufringida, medios procesales ordinarios éstos que no se evidencias hayan sido agotados. Y ÁSL(sic) SE DECLARA,

III DE LA APELACIÓN INTERPUESTA

El 3 de marzo de 2010. ef abogado Miguel Angel Vázquez La Salvia, en su condición de defensor privado de los ciudadanos Isalas Blanco y Degni Mejias. interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada el 19 de febrero de 2009. por la Corte de Apeleciones del Circuito Judicial Panal del Estedo Vargas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, bajo los siguientes fundamentos:

Luego de esgrimir los mismos alegatos contenidos en la solicitud de n e ne nn n n n n Isalaa Blanco y Degni Mejas, poseía "capacidad" para intentar el presente. amparo constitucional.

Que Tejn cuento, según juicio de la mencionada corte [Tribunal a quo], que la Defensa no agotó los medios judiciales preexistenta en la Ley Adjelive Penal, es obvio..que le Defensa no tuvo medio de conocer la supramencioneda notificación de la víctima (el expediente an cuestión se mantuvo durante mucho tiempo en el Despacho del Juez de Juicio y en ningún momento mostrado y/o entregado a la Defensa cuando era solicitado) y en consecuencia, ¿Cómo ejercer el respectivo recurso de Apeleción sin conocer el comienzo y culminación del lapso pertinente?. De tel manera que finalizado el lapso de apelación y remitido el expediente al Tribunal de Ejecución, como (sic) intentar al Recurso de Apelación contra le sentencia condenalorta dictada por el duda que el recurso pertinente, es el RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, A LOS FINES DE REPONER LA CAUSA AL ESTADO DE REALIZAR LEGÍTIMAMENTE (SiC) LA NOTIFICACION (Sic) DE LA VICTIMA (Sic) Y HACER NACER DE ESTA MANERA, LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA EJERCER LA APELACIÓN (SiC) PREVISTA EN LOS ARTICULOS (#Ic) 451 Y 452 DEL CODIGO (BIC) ORGANICO (sIC) PROCESAL PENAL, OBJETIVO Y PRETENSIÓN ($Ic) DEL PRESENTE RECURSO".

Que "...nos pemitimos transcribir un extracto de le sentencia de fecha 29 de mayo del 2007, emanada de la Sala de Casación Panal de nuestro máximo Tribun el... en la cual se señala '..Como lo ha señalado la Sala anteriormente, el lapso para interponer los recursos correspondientes, es partir de la publicación de la sentencia, pues, las partes con la lectura del dispositivo fallo (sic) quedaron notificados. No obstante, si el tribunal, luego de la publicación, notifica nuevamente a las partes. as 8 partir de la última notificación cuendo comenzará a contar el lapso para interponer el recurso...' (Sentencias números 561 del 10 de diciembre de 2002; 331 del 18 de septiembre de 2003; 624 dal 3- 11-05 y 13 de febrero de 2006)".

Que "De lo antenor se acentúa que le forma ajusta de de realizar al mencionado cómputo del lapso el que hace referencia el articulo 453 del Código Orgênico Procesal Penal y lenga a su vaz consonancia con la tutela efectiva, el derecho a la defensa y la administración de una justida imparcial y expedita, principios claramente establecidos en los artículo 26 y 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. es partir de le última de las partes, evidenciándose entonces en el presente caso, una indudable omisión por parte del Tribunal de Juicio y la Corte de Apelaciones al criterio supra expuesto..".

En virtud de lo anterior, el abogado accionante solicitó a esta Sala consecuencia, se ordene la reposición de la causa al estado de precticerse legalmente la notificación de la victima (sic) en el presente caso. Solicitemos igualmente se ofcie lo conducente para le remisión del expediente emibs citado o en su efecto de las copias certificadas pertinentes".

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IV COMPETENCIA

Debe previamente esta Saía determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa que mediante sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), se estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Saia Constitucional conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (s excepción de los competentes en maleria contenciosa administrativa), de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

Asimismo, se observa que, conforme al contenido del articulo 25 rumeral 19 de la nueva la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario. del 29 del julio de 2010. cuya última de octubre de 2010, esta Sala Constitucional es competente para conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, en el caso sub índice la sentencia apelada ha sido dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. actuando como Tribunal en funciones constitucionales, en primera instancia. Siendo ello asi, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala Tribunal Supremo de Justicia y el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituclonales, resulta competente pera conocer de la presente apelación, y asi se deciara.

V MOTTVACIÓN PARA DECIDIR

Preliminarmente, debe la Sala pronunciarse sobre la tempestividad o no de la apelación interpuesta y al respecto. observa del cómputo efectuado por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas que el recurso de apelación ejercido el 3 de marzo de 2010, por el abogado Miguel Angel Vázquez La Salvia, fue intentado ai tercer dia hábil notificación de la parte actora de la decisión que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional del 26 de febrero de 2010, por lo que dicha impugnación fundamentada fue Interpuesta tempestivamente, esto es, dentro del lapso de tres dias previsto en el articulo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asi se declara.

Precisado lo anterior. esta Sala observa que la acción de amparo constitucional fue incoada por ei abogado Miguel Ángei Vâzquez La Salvia, en su condición de defensor privado de los ciudadanos Isalas Blanco y Degni Mejias, contra el Juzgado Teroero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en virtud de que, a juicio dei abogado accionante, dicho Tribunal de Juicio acordó la remisión del expediente que contiene la causa penal seguida a los quejosos a un Juzgado de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal, sin que en autos constara la notificación de la victima, ciudadana Yeniré Urbáez, lo cual era indispensable para que la defensa interpusiera el recurso de apelación contra la decisión que dictó el referido Juzgado de Juicio. Por su parte, la Corte de Apelaciones dei Circuito Judicial Penal del Estado Vargas declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional, al conocer en primera instancia el procedimiento de amparo. por dos circunstancias. a saber: la primera, en virtud de que el abogado Miguel Ángel amparo constitucional a fa r de los ciudadanos Isaías Blanco y Oegni Mejias. por tratarse de una acción personalísima. en la que no se encontraban involucrados en el presente caso los derechos a la libertad y segundad personal: y la segunda, en razón de que el acto judicial considerado como lesivo podia impugnarse a través de la solicitud de nulidad absoluta. prevista en los articulos 190. 191 y 195 del Código Orgánico Procesat Penal.

Ahora bien. precisado lo anteñor esta Sala pasa a resolver el recurso de apelación intentado por la parte actora y. en tal sentido destaca que con relación a lo señalado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. referido a que el abogado Miguel Angel Vázquez La Salvia carecia de legitimación activa para intentar la demanda de amparo constitucional a favor de los ciudadanos Isaias Bianco y Degni Mejias, esta actuó con el carácter de defensor privado de los rGferidos quejosos, anexando a la demanda de amparo copia certificada de 1a boleta de notificación N° 1203-09. expedida por el Tribunal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. mediante la cual se le comunica. en su condición de defensor privado. que el 26 de octubre de 2009 se dictó sentencia condenatoria contra sus patrocinados.

juramentación en la que aceptó y juró defender al ciudadano Isaias Bianco. Asi entonces. el abogado Miguel Angel La Silva demostró en forma fehaciente el carácter con el cual actuaba en la presente causa, esto es, como defensor privado de los quejosos de autos Respecto de esta condición y la posibilidad de intentar la acción de amparo constitucional. la Sala. en sentencia N° 710. del 9 de julio de 2010. caso: Eduardo Manurt Carpio. asentó lo siguiente:

Todo tinputado goza en cuelquier proceso penal del derecho a la asistencia técnico, esto es. a ser asistido, desde los actos iniciales de la confianza- o por un defensor público, ello por cuanto es (una manifestación del derecho s le defensa previsto en ei articuio 49.1 de la Constitución de defensa ol cual se extiende a la posibilidad de intentar una acción de autónomo distinto al proceso penal he permitido que se restituyan o raperen situaciones juridicas infnngidas tanto por los auxiliares de justicia como los Tribunales que conocen la materia penal.

En ose sentido. le Sala precise que. para que se pueda intentar und ección de amparo constitucional, como extensión del derecho a la defensa consiste en que la representación en el proceso penal exista a través de un documento poder o bien que por cualquier otro medio se venfique la misma.

Asi pues. en sentencia N° 875 del 30 de inayo do 2008. caso: Oscar Tnana y olro, la Sala asentó lo siguente:

En este orden de ideas, debo esta Sala relerar que si el nombramiento del defensor no esta sujeto a ninguna formalidad.

un instrumento poder. o b) Por cualquier ciro medio que revele la voluntad del imputa de de estor agustido por un abogado de su confianza Ello debido a que el derecho s la asistencia lelrada del imputado en el proceso penel. es distinta a le obligación de la asistencia o representación dal dentandante en los demás procesos de naluraleza no penal, pues dicho proceso penal se insteura conira la voluntad del imputado y por interés público, en tanto que los no penales se forman por voluntad de la parte actora en su exclusivo interés (Sentencla n° 3.654/2005, del 6 de diciembre). En ambos casos, del nombramiento efectuado se derivada necesariamente la fecuftad del defensor privado, de ejercer las acciones de amparo

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frente a las lesiones o amenazas de los derechos y garentíes de su defendido. máxime cuando de ls propia redacción del ariculo 27 del Texto Constitucion el, se desprende que si procedimiento de le acción de amparo constilucional será orel, público, breve, greluito y no sujeto a formalidad alguna.

Respecto a la figure del instrumento poder como mecanismo de representación en el proceso de amparo, asta Sala ha señalado lo siguiente:

Es necesano reconocer que el legisiador de amparo no castiga mandato como tal, hasta el punto de que en la norma perciaimente transcnta se pueda apreciar cómo es aceptado el hecho de que se identifiquen el poder previemante confendo, y que debará sar consignado antes da la oportunidad en que el órgano jurisdiccional respectivo se pronunció sora la admisión de la acción. pero mal se puede consignar con postenondad a ja interposición del amparo, un poder que, pera esa momanto. no habia sido olorgado y del que seria malerialmente posible exportar datos de dentificación de la manera como lo exige la norma comentada.

El supuesto anterior podria darse. asimismo. en aquatos casos en los quo la representación se pretende fundamentar en un instrumento poder otorgado de conformidad con lo estabiecido en e! artículo 152 del Código ao Procedimiento Civil, en el curso del juicio principal o en cualquier otra incidencia, es decor. un poder apud acta con la advortencha lógico dle que ese lipo de poder seria perfectamente válido cuando sea olorgado en el curso del proceso constlucional da amparo, el prohiema qus de seguidas se tratará de esclarocer. radica en le delerminación del momento preclusivo que fene el accionante para la consignación del poder an las actas del el poder reción olorgado. o en el segundo supuesto. el instrumento poder previamente otorgado mas no aconipañado anexo a ia querella constitucional Tal Importancia se deriva del contenido snismo del texto del ecarte quinto del articulo 19 de la Ley Orgênica del Tribunal Supremo de Justicia.

En tal sentido, hay que recordar que lodos los elementos qua deben estar presentes para poder lograr la debida conformación de un proceso y obtener un pronuncraniento de fondo de los órganos jurisdiccionales. constituyen lo que conocemos como presupuestos procesales. a los cuales el maesiro Eduaido Coulure dislinguió do le Siguiente genere Presupuestos procesales de la acción. de la prelansión, sentencia favorable, clasificación hecha por el autor con le intención de preciso la opinión de los escritores alemanes, quienes sólo sa referien a los presupuestos de admisibilidad de la demanda y a los presupuestos del fundemanto de la demanda. (Couture Eduardo;

Fundamentos del Derecho Procesel Civil, Tercere Edición -postula- Ol! Depelma 1997,Peg. 104.) La lares de esta Sale Constitucional an el presente caso, se dirige e delermuner e qué Ipo de presupuestos procesales parianace le existencia de un poder debidamente otorgado. para lo cuel, estima referirse al primer grupo de ellos los calificó como *...equelios cuya ausencia obste al gndamiento de une acción y al nacimiento de un proceso". indicando como presupuestos procesales propiamente dichos, e le cepacided de las pertos y la invastidure del juez.

A los fines de resolver el presente caso, nos interesa el presupuesto relativo a la capacidad de las partes, le cuel se encuentre hebilteción de le que goza un sujeto de derecho pere acudir e provocar la actuación de un órgano jurisdiccional.

Pere la interposición de un empero construcionel, cualquier persona que considere haber sido victima do lesiones constitucionales, que parte actores en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiero por su propia cuenta postuler pretensiones en un proceso, ol ius postulandi o derecho de nacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, an virtud de un inandato o poder auléntico y suficiente.

Asi las cosas. para lograr el andamiento" da la acción de amparo consirtucional. serò necesario por perte dei abogacio quo no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrano, la eusoncia de tan indispensable presupuesto procasei deberà ser controlado da inadmisibilidad de la acción" (Sentencia n° 1 364/2005 del 27 de junio) Efecluades lss anteriores precios:ones, esta Sala observa que en el caso de aulos. la Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Panal del Estado Carabobo, en su sentencia del 19 de diciembre de 2007. ha declarado la inadmisibilidad de la acción da amparo consitucionel interpuesta por la defensa técnica de! Ciudadano Edwin Daniel Hernândez. fundamentando lal resultado decisorio en la supuesta falta de legitimidad de la parte actora, la Cual. en criteno de dicho órgano junsdiccional, obedece a qua el mencionado ciudadano no les otorgo a sus abogados defensores, mediante instrumento poder. la facultad da ejercer an su representación la referida soliciud de tutela constifucicnal. aunado e quo el caso de aulos no versa sobro un hebeas corpus. supuesto este en el que le legilimeción se extiende e cualquier persona qua benad se soic Ahora b:en, analizados los hachos que rodean e! presente caso. a la iuz ca las consideraciones antes expuestas. se considera que no es acertado el criteno qua ha empleado a Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones entes menc:nada, pare sustentar su decieratona de nadmisibided de la presente sccior de amparo El fundamento de eo descansa en que, te! como se indico antenormenre. en al proceso penal al instrumento poder -o mendero- no es el único meca:smo para efectuar válidamente el nombramiento del abogado defensor, ya que dicho nombramiento también puede llevarse a cabo mediente cuelquier olro documento distinto al instrumento poder, siempre y cuando en dicho documento se acredite la voluntad dal encarmado de ser asistido por un abogado de confianza, ello por los razones expuestas supra".

De manera que, la Sala ha sido amplia en aceptar que los defensores privados intenten a favor de sus dafendidos, y como extensión del ejorcicio pleno de la defensa técnica, la acción de amparo constitucional, siempre y cuando exista un documento poder que atnbuya dicha representación, o bian que realice un nombramiento directo del defensor y que, como lo establece el articulo 139 del Código Orgânico Procesal Peral, no asta sujeta a ninguna formalidad.

Por lo tanto, a juicio de la Sala, basta con la designación y juramentación del abogado privado en el proceso pene, pera que dicho profesional pueda acudir a la via del amparo constitucional y representar el imputado o acusado, con el objeto da que se le restituyo la situación juridica inínagida por causa de la violación do algún derecho fundamental contenido en lo Carta Mugna.

De manera que, con base a lo señalado supra y visto que de las actas que conforman el expediente se constata que el abogado Miguel Angel Vásquez La Siiva actúa con el carácter de defensor privado de los ciudadanos Isaias Blanco y Degni Mejas, la Sala precisa que la consecuencia juridica era aceptar que dicho profesional del derecho poseía legitimación activa para intentar. en nombre de los referidos ciudadanos, la presente acción de amparo constitucional, por lo que el Tribunal a quo no debió declarar inadmisible la demanda de amparo con base a esa circunstancia. Asi se declara.

Por otro lado. con relación a lo sostenido por la Corle de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, referido a que la parte actora podía intentar contra el acto judicia: considerado como lesivo, la solicitud de nulidad absoluta, prevista en los 190. 191 y 185 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala observa lo siguiente:

En primer lugar, esta Sala destaca que la referida Corte de Apelaciones incurrió en un error juridico al sostener que la acción de amparo constitucional propuesta era inadmisible conforme a lo señalado en el numeral 5 del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales consideraba como lesiva). cuando con anterioridad habla precisado —gualmente en forma errónea- que el abogado accionante carecla de legitimación activa En efecto. no podia la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Ponal del Estado Vargas entrar a analizar las causales de inadmisibilidad de la demanda de amparo por cuanto ello no le era permitido una vez que observó la falta de legitimación dol abogado Miguel Angel Vázquez La Salvia. toda vez que, desde el punto de vista lógico procedimental, la legitimación es un presupuesto previo al estudio de la existencia de una causal de inadmisibilidad. por lo que al no cumplirse, en su criterio, dicho presupuesto procesal bastaba con desechar la acción de amparo constitucional.

En segundo lugar, esta Sala observa que el alegato principal del abogado accionante consiste en que el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal, sin que ese Juzgado se percatara. con antelación, que no se había cumplido con la notificación de la víctima para que empezará a correr el lapso de apelación contra la decisión que condenó a los cudadanos Isaias Blanco y Degni Mejlas: en otras palabras. se acordo a ejecución de la sentencia condenatoria sin que se hubiese cumplido los requisitos procesiies para considerar que ese pronunciamiento se encontraba definitivamente firme Ahora bien de las actas que conforman el expediente se constata que el abogado accionante consigno conjur:amente con la solicitud de amparo

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constitucional, los siguientes documentos probatorios: copia certificada de ia boletas de notificación expedida, por parte del Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, a la ciudadana Yenire del Carmen Urbaez (victima). a los abogados Miguel Vásquez y Dayana Astudillos (defensores privados de los ciudadanos Isaías Blanco y Degni Mejlas, a la Fiscala Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante las cuales les informa que, el 26 de octubre de 2009, ese juzgado condenó, al primero de los quejosos a cumplir la pena de catorce años de presidio por la comisión de los delitos de homicidio intencional simple en grado de complicidad correspectiva con error en la persona, y al segundo de los accionantes a cumplir la pena de catorce años. cinco meses y diez días de presidio, por la comisión de los delitos de homicidio intencional simple en grado de complicidad correspeciva con error en la persona. igualmente, el abogado accionante acompañó con la demanda de amparo copia certificada de los autos dictados, el 9 de diciembre de 2009, por el Tribunal Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en el cual precisó, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, el liempo de la ejecución pena y las posibles medidas alternativas de cumplimiento de pena de los ciudadanos Isaías Blanco y Degni Mejías. Sin embargo, esta Sala precisa que el abogado Miguel Ángel Vásquez La Silva no consignó el documento fundamental de la demanda de amparo constitucional, esto es, el auto mediante el cual el Juzgado Tercero de Juicio del mismo Circuto Judicial Penal declaró definitivamente firme la sentencia condenatoria dictada contra los quejosos y que ordenó, en consecuencia, la remisión de la causa penal a un Juzgado de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal, conforme a lo señalado en el arllculo 480 eiusdem.

En otras palabras, el abogado accionante omitió consignar copla simple o certificada del documento fundamental de su demanda de amparo constitucional, el cual es un requisito indispensable para que esta Sala pueda formarse un cnterio para proceder a pronunciarse sobre su admisibilidad. Además, tampoco señaló dicho profesional del derecho que existió un obstáculo en la obtención de ese documento fundamental.

Esa omisión de presentar el documento fundamental de la demanda de amparo. ha sido desarrollada por esta Sala en la sentencia N° 3270. del 24 de noviembre de 2003 (caso: Silvina Alide Camejo de Batolini). de la siguiente manera Con respecto a lo decidido por el a quo, as inenester aclarar que, ciertamente, esta Sala en sentencia n° 7/2000 del 1° de febrero, caso:

José Amando Mejla Betancourt y otro, precisó que las acciones de amparo contra decisiones judiciales deben ser interpuestas anexando al inisma, pero con la carga procesal da consignar la copia certificada el :momento de celebrarse la audiencia públice prevista en el ariculo 26 de la Ley Orgánice de Amparo sobre Derechos y Garantlas Constitucionales.

ello. con la intención de-corroborar, en primer término, la admi:bilidad de la acción propuesta y, en segundo, la procedencia de la tutela solicitada.

De no consignarse la copia certificada de la sentencia cuastioneda el momento da celebrarse la referido audiencia, tal Crcunstencia acarreará la inadmisibilidad de la acción.

Tambrén ha sido doctrina reiterada de asta Sala (vid. sentencia n° 1720/2001 del 20 de septiembre, Caso: TRINALTA. C.A.), que en Caso que el accionante no acompeñe a su escrilo copie simple ni cerificeda del fallo qua señala como lesivo da sus derechos constitucionales, la acción también deviene inadmisible.

Precisado lo antenor, se advierte que en el presente caso el accionante no acompañó a su solicitud de amparo copia simple ni certifica de de la decisión producida an el juicio que denunció como lesivo de sus derechos y garantias constitucionales. tal circunstancia, de acuerdo a la doctrina reiterada de este Sala, es motivo para declarar inadmisible la acción de amparo ejercida Ello asi, asta Sala juzga que la presento acción fue debidamente apelación interpuesto y. en consecuencia, confirma el fallo apelado. As! se decido Igualmente, en la sentencia N° 778, del 3 de mayo de 2004 (caso: Keivis José Suárez), esta Sala sostuvo lo siguiente:

Se evidencia de autos que. el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de amparo constilucional, únicamente consignó acción ni ninguna otra prueba que considerara pertinente.

Este Sala señaló, en la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejla), lo siguiente:

...Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplficarán aún mas y por un medio de comunicación adscrita que deberá anexarse al expediente de la cause donde se emitió el falo, inmedialamenta a su recepción, se notficaré al juaz o encargado del Tnbunal. asi como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad.

en qua habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestaron sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la soción, certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas an el articulo deberá presentarse copia autêética de la sentencia' (subrayado de la Sala.

Como toda carga procesal, su incumplimiento acarree una situación dasfavorable para aquél sobre quien recae le misma, que en el presante señalar esta Sala. que el no haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, la Corta de Apelaciones carecia de pruebas • indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicha decisión, por lo que resultaría inútil admitir una acción contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de asistir desconoce su contenido.

En eso sentido considera la Sala qua la acción da amparo ha debido ser daciareda inadmisible por la razón enles apuntada y no improcedente in limine litis como lo declaró errónaamenta el a quo an al dispositivo del falo consultado, por lo cual se modifica la decisión sometido a consulta, La anterior doctrina, ha sido ratificada en diversas oportunidades por esta Sala, lo que se puede constatar del contenido de las sentencias N° 3434/05, 4523/05, en entre otras.

De manera que, visto que el presente caso la parte actora no cumplió lo menos simple. del auto dictado, conforme a lo señalado en ei artículo 480 del Código Orgânico Procesal Penal, por ei Tribunal Tercero de Juicio del Circuito .1 Judicial Penal del Estado Vargas que acordó la remisión de la causa penal seguida a los accionantes a un Tribunal de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penai, esta Sala precisa que la acción de amparo constitucional es inadmisible En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Ángei Vázquez La Salvia, con ocasión a la acción de amparo y confirma, en los términos expuestos en el presente fallo, la Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional propuesta.

No obstante, cabe advertir que esta Sala Constitucional, en defensa y resguardo del orden público e incolumidad del texto constitucional, ha procedido a la revisión de oficio en casos que se encuentren incursos en algunas de las causales estipuladas en el fallo N° 93/2001. recaida en el caso: Corpoturismo, ahora plasmadas en Ja Ley Orgânica del Tribunal Supramo de Justicia, pese a la desestimación de la pretensión que hubiese sido interpuesta y originado su :intervención (vid. sentencia N° 664/08) Ello en virtud da la condición de esta Sala de máxima garante del derecho positivo y custodia de los derechos cualquier situación que pueda menoscabar una garantia constitucional.

En atención a lo expuesto se observa en el caso bajo estudio, interponer el recurso de apelación contra la decisión que condenó a los quejosos de autos que existe una infracción que vulnera el orden público constitucional: en razón de lo cual, procede a revisar de oficio los actos de

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ejecución de la sentencia dictada el 26 de octubre de 2009, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, con ocasión al proceso penal seguido contra los ciudadanos Isaías Blanco y Dagni Mejías por la comisión del delito de homicidio intencional simple en grado de complicidad correspectiva con error en la persona, imputados a cada uno de los quejosos que dio lugar al amparo de autos y, a tal efecto, observa:

A pesar de que la parte adora no consignó el documento fundamental de la demanda de amparo. se constata en el expediente que lo denunciado se encuentra relacionado con la falta de notificación de la víctima de la sentencia que condenó a los ciudadanos Isaias Blanco y Degni Mejas, lo cual imposibilitó que su defensor técnico interpusiera recurso de apelación contra ese pronunciamiento, por no haber empezado a correr el lapso para la impugnación, con base en la sentencia de la Sala de Casación Penal N° 256 del 29 de mayo de 2007, recaida en el caso: María Margarita Da Silva Méndez.

En efecto, de las actas que conforman el presente expediente se extrae cuando las partes fueron notificadas al término del juicio celebrado ante el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, dicho órgano jurisdiccional ordenó la notificación de les partes, tal y como se constata del fallo dictado el 26 de octubre de 2009 que aparece en el sitio web de este Tribunal Supremo de Justicia, y que se trae a los autos por notoriedad judicial (vid. sent. N° 905/2010 del 12 de agosto, recaida en el caso: Amoldo Antonio Aguilar y Darwin Javier Gale).

El hechæeßg qve la denuncia esgrimida por la representación judicial de los mencionados ciudadanas se encuentra apoyada no sólocon la consignación, por parte del accionante, de la copia certificada de la boleta de notificación emitida, el 26 de octubre de 2009. por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas a la ciudadana Yenire del Carmen Urbáez, en su condición de victima en el proceso penal, en tanto que no está firmada por la destinataria como prueba de acuse de recibo; sino también con lo afirmado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. en su decisión del 19 de febrero de 2009, que al resolver en primera instancia el amparo de autos teniendo a la vista las copias fotostáticas del expediente penal así como la respuesta dada por dicho juzgado de juicio con ocasión de la notificación de la señalada victima, señaló:

"[...] efectuando el ;análisis y revisión de los folios que la conforman, pudo observar errores involunterios por parte del Tribunal de Juicio al momento de anexar los recaudos correspondientes a la causa, describiendo los mismos; aduciendo igualmente, que la boleta de nolificación a la cudadano Yenire Urbáez en su condición de victima en la presente causa, fue dejada en el buzón de su residencia el dia 3 de Noviembre del 2009 por el alguacil, alegando el articulo 185 del Código Orgânico Procesal Penal, el cual no es aplicable a las notificaciones. además que no eatá debidamente firmada por la victima, razón por la cual considera que la precitade ciudadana no fue debidamente notificada y por lo tanto no pudo haber corrido el lapso para la presentación del recurso de apelación" (Resaltado añadido).

Eilo asi, la circunstancia descrita constituye una infracción grave al debido proceso, en su concepto genérico. y a su concreción del derecho a la defensa, cuya tutela interesa ál orden público y debe ser, por tanto, provista aun de oficio, dado los efectos negativos que el seguimiento de dicha conducta por parte de otros órganos jurisdiccionales, produciría al interés social, máxime cuando pudiera eventualmente estar interesado el derecho a la doble instancia, el cual. igualmente, interesa el orden público (ver sentencia N° 715. del 2 de mayo de 2005, caso: C.N.A.. Seguros La Previsora).

Asi pues. esta Sala observa que la parte actora alegó, en los fundamentos de la apelación, que la Sala de Casación Penal de este Tnbunal Supremo de Justicia asentó como doctrina que. en los casos en los cuales el Tnbunal que dicta la sentencia definitiva ordene la notricación de las partes, el lapso para interponer la apelación comienza a transcurrir desde que se practica la última notificación de todas las partes. En efecto, esta Sala, en uso de la Casación Penal, en los siguientes términos:

De las transcnpciones parciales se observa, que el cómputo del Inpso individual conforme las partes se dieron por notificadas, sin tomar en cuenta para ello el crteno reiterado de la Sala. que señala lo siguiente:

como lo ha señalado la Sala antenormente. el lapso para interponer los recursos correspondientes, es a par!ir de la publicación de la sentencia, pues. las partes con la lectura del dispositivo del fallo quedaron notricadas No obstante, si el Inbunal, luego de la publicación, notifica nuevamente a las partes, s a partir de la última notificación Cuando se Nros 561 del 10 de diciembre de 2002; 331 del 18 de sepliembre 2003.

624 del 3-11-05 y 13 del 14 de febrero de 2006). (Resaltado do le Sale) De Ip anterior se acentua que la forma ajustada de realizar el mencionado cómputo dai lapso al que haca referencia el articulo 453 del Código Orgânico Processi Penal y tenga a su vaz consonancia con la tutela justicia imparcial y expedita, principios claramente establecidos an los Bohvenena de Venezuela, es a partir de le última notificación de las omisión por parte del Tnbunal de Juicio y la Corte da Apelaciones al criterio supra expuesto (sentencia N° 256, del 29 de mayo de 2007, caso: Maria Marganita Da Silva Méndez. dictada por la Sala de Casación Penal).

De modo que, de acuerdo con lo sostenido supra, la defensa técnica de los ciudadanos Isaías Blanco y Degni Mejias debla esperar que se practicara la notificación de la victima, ciudadana Yenre del Carmen Urbãez, para que

sentencia que los condenó, dictada el 26 de octubre de 2009 por el Tribunal Tercero de Juicio del Circuto Judicial Penal del Estado Vargas. por la comisión de los delitos de homicidio intencional simple en grado de complicidad correspectiva con error en la persona. imputados a cada uno de los quejosos con base en la sentencia N° 5 dictada por la Sala de Casación Penal el 20 de enero de 2004. caso: Pedro José Pérez Salazar..

No obstante. el criteno jurisprudencial referido de ta Sala de Casación Penal. esta Sala Constitucional en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los imputados previsto en el articulo 26 constitucional, en especifico. el derecho a recurrir de la decisión que les sea adversa. estima que no debe existir impedimento alguno o condicion para que el afectado pueda, una vez que se ordene -en forma excepcional- la notificación de las partes. interponer los recursos judiciales que consideren convenientes, incluso el extraordinario de casación. antes de que se agote la notificación de todas las partes en el proceso De modo que. para esta Sala Constitucional el derecho a recurrir de una sentencia no debe estar supeditado a la notificación de todas las partes intervinientes en el proceso penal. máxime cuando esta misma Sala Constitucional ha aceptado como válida la llamada apelación ilico modo, que consiste en ta interposición de la apelación en forma anticipada (Ver las sentencias números 981, del 11 de mayo de 2006. caso: José del Carmen Barrios y otros; 1.631, del 11 de agosto de 2006. caso: Nelson Marn Lara; y 2 det 17 de enero de 2007, caso: Inversiones Garden Place 002, C A).

Asi pues. esta Sala Constitucional deciara con carácter vinculante que el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la tutela

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judicial efectiva, la cual consiste, tal como dispuso esta Sala en la sentencia N° e e e en el derecho a recurrır de una decisión judicial y remediar irregularidades procesales que causen indefensión.

De alli que nuestra Carta Fundamental no establece requisitos ni condiciones para acceder a la justicia y obtener tutela judicial efectiva de los derechos e intereses. por lo que no podrian los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela condicionar el ejercicio de los recursos judiciales. saivo regulaciones expresas en la ley. Hemos de observar que el Código Orgánico Procesal Penai consagra la apelación libre, de modo que no la condiciona al transcurso de la última notificación de las partes en el proceso penal Por lo tanto. en protección de la tutela judicial efectiva de las partes en el procaso penal, esta Sala corrige la doctrina asentada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, citada en la refenda sentencia N° (sentencia N° 256. del 29 de mayo de 2007. caso: Maria Margarita De Siva pueda interponer el recurso de apelación -debidamente fundamentado- contra la sentencia definitiva. sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la victima o del Ministerio Público.

Se aprecia que la finalidad de los actos de comunicación procesal tiempo oportuno las conductas procesales que consideren en defensa de sus ejecución del fallo por las partes. y efectuar la interposición de escritos recursivos. de considerar que la sentencia causa un agravio en su esfera de expresa, no debe existir ningún impedimento para que las partes puedan consideren pertinentes, siempre y cuando ello no suceda en forma tardía, esto es. una vez que todas las partes estén notificadas (cuando asi se ordene) y al efecto transcurra fatalmente el lapso para intentar la apelación.

la violación de principios constitucionales aqui detectada que dejaron en los actos de ejecución de la sentencia dictada al 26 de octubre de 2009, por el Juzgado Teroero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, con Mejlas por la comialón del delito de homicidio intencional simple en grado de el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas reabra el lapso de apelación previsto en el articulo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, previa notificación de las partes. para que los cudadanos salas Blanco y Degni Mejias interpongan el recurso de speleción contra la

sentencia dictada el 26 de octubre de 2009. por el dicho Juzgado con ocasión persona, imputados a cada uno de los quejosos: y se aplique la doctrina asentada en el presente fallo. en ei sentido de que los procesados en ef proceso penal pueden interponer el recurso de apelación -debidamente fundamentado- contra la sentencia definitiva, sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la victima o del Ministerio Público, según sea el caso Asi se decide.

VI DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Saia Constrtucional, administrando justicia en nombre de la República

PRIMERO.- SIN LUGAR sin Iugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Ángel Vázquez La Salvia.

SEGUNDO.- CONFIRMA, en los térmInos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada el "19 de febrero de 2009 (reclius: 2010)". por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penel del Estado Vargas. que declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional propuesta a favor de los ciudadanos Isaías Blanco y Degni Mejias.

TERCERO.- REVISA DE OFICIO por razones de orden público los actos de ejecución de la sentencia dictada el 26 de octubre de 2009, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penel del Estado Vargas; 'oon ocasión a! proceso penal seguido contra los ciudadanos Isafas Blanco y Dagni Mejas por la comisión del delito de homicidio intencional simple en grado de complicidad En consecuencia. ANULA todos los actos judiciales realizados por el Tribunai Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Panal del Estado Vargas posteriores a la sentencia condenatoria supra referida, conforme a lo señalado en los articulo 191 y siguientes del Código Orgánico Prooesal Penal.

CUARTO.- REPONE la causa penal que motivó el amparo de autos al estado de que el Tribunal Tercaro de Juicio del Circurto Judicial Penal del. Estado Vargas re-abra el lapso de apelación previsto en el articuio 453 det Código Orgánico Procesal Penal. para que los ciudadanos Isaías Blanco y Degni Mejias interpongan el recurso de apelación contra la sentencia dictada el 26 de octubre de 2009. por el señalado Juzgado Tercero de Juicio, con ocasión persona. imputados a cada uno de los quejosos, y se aplique la doctrina asentada en el presente fallo.

Visto el contenido decisorio dei presente se OrDENA su publicación en la Gacata Oficial de ta República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicará lo siguiente:

"Sentencia de la Sala Constitucional según la cual los procesados en el proceso penel pueden interponer el recurso de apelación debidamente fundamentado- contra la sentencia definitiva, sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la victima o del Ministerio Público, según sea el caso".

Por último. se ORDENA hacer reseña del contenido de la presente sentencia en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia

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Publiquese, registrese y remitase el expediente contentivo de la acción de amparo a la Corte de Apelaciones de ongen. Enviese copia certificada de la presente decisión tanto al Tribunal Tercero de Juicio como a! Tribunal Tercero de Ejecución, ambos del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas; éste último deberá remitir el expediente penal al nombrado Tribunal Tercero de Juicio a los fines indicados en esta decisión. Cúmplase lo ordenado Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constilucional del Trbunal Supremo de Justicia, en Caracas. a los dias del mes de Norrersede dos mil diez (2010). Anos 200°de la Independencia y 151º de la Federación.

MCARES LAMUÑO HUISA Vicepresidente, FRANCISCO CARRABQUERO LÓPEZ Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

PEDRO RAFAEL RONDÓN NAAZ 101

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN DedhibtFessl CARMEN ŽULETA DE MERCHÁN Ponente ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES retario.

epa.quien Dr

por motivos juetificodoa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUÉLA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N°01-00- 300002 Caracas, 1 2 ENE 2011 200° y 151° CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI Contralor Goneral de la República

CONSIDERANDO Con fundamento en la competencia establecida en los artículos 287 y 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articuio 4 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos de ios distintos entes y organismos sujetos a la Ley Orgánica que rige sus funciones, asi como también al buen funcionamiento de la Administración Pública.

CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el articulo 14, numeral 1 de :a Ley Crgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, on concordancia con los articulos 4 y 33 ejusdem, corresponde al Contralor General de la República velar por el cumplimiento de la mencionada Ley Orgánica y demás leyes relacionadas con la materia, asi como el ejercicio de la rectoría del Sistama Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO Que los articulos 176 de la Constilución de la República Bolivariana de Venezuela, 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Controi Fiscal y 103 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establecen que los Contralores Municipales serán designados mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien fuera designado o designada para el desempeño del citado cargo.

CONSIDERANDO Que el artículo 106 de la Ley Orgánica dai Poder Público Municipal dispone que producida la falta absoluta del Contralor Municipal por las causas allí previstas, el concurso deberá ser convocado dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes, después de producirse la vacante del cargo.

CONSIDERANDO Que el Concejo Municipal dei Municipio Libertad del Estado Anzoátegui designó como Contralor Municipal Interino al ciudadano Cromel José Chacón, titular de la cédula de identidad N° 9.863.965, sin embargo hasta la presente fecha no se ha producido la convocatoria para el concurso público para la designación del Contralor (a) Municipal de la referida entidad, incumpliendo con las disposiciones legales, supra citadas.

CONSIDERANDO Que esta Contraloría General de la República ha tenido conocimiento, a través de diferentes comunicaciones, del conflicto existente entre el Concejo Municipal y la Contraloría Municipal del referido Municipio, lo cual atenta contra la normalidad institucional del Municipio y se catálogo como un conflicto de autoridades.

CONSIDERANDO Que al ciudadano Cromel José Chacón, quien so desempeña como Contralor Municipal Interino del referido Municipio, es dirigente de un partido politico, según se desprende de la página web del Consejo Nacional Electoral.

CONSIDERANDO Que ha sido criterio reiterado de este Máximo Órgano de Control Fiscal que las funciones de control fiscal que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las layes han atribuido a los

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órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, deben regirse bajo el principio de apoliticismo, es decir, que no esté inspirado o determinado por ningún tipo de partidismo o posición ideológica; bajo los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio. disciplina, eficacia, responsabilidad, dando preeminencia a los intereses del estado y a la satisfacción de necesidades colectivas por encima de los intereses de naturaleza particular o de grupos. Principio éste recogido en el articulo 25 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Contzol Fiscal, al establecer expresamente que "El Sistema Nacional de Control Fiscal se regirá por los siguientes principios: (...) 2. El apoliticismo partidista de la gestión fiscalizadora en todos los estratos y niveles del control fiscal". CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del articulo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nro. 39.240 del 12 de agosto de 2009), los hechos antes descritos, constituyen graves irregularidades qua afectan la legalidad, la efectividad, la eficiencia y economia de las operaciones administrativas de la entidad municipal y violan los principios que rigen el sistema nacional de control fiscal.

CONSIDERANDO Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 57de su reglamento, otorga al Contralor General de la República le facultad de intervenir a los Organas de Control fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: IntervenIr la Contraloría Municipal del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui.

SEGunDO: Designar el ciudadano José Ángal Tapla Sifontes, titular de la cédula de identidad Nro.14.132.961, en condición de Contralor Interventor de la Contraloria Municipal del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui.

CUARTO: El Contralor Interventor tendrá las atribuclones y deberes siguientes:

a) Exigir al Contralor saliente que haga entrega oficial de la dependencia a través de acta.

b) Ejercer las funciones de Control que el articulo 104 de La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Ordenanzas Municipales atribuyen a las Contralorías Municipales.

c) Presentar al Contralor General de la República y al Concejo Municipal;

Los Informes mensuales de su gestión.

Un Informe sobre los resultados de su gestión, dentro de los diez (10) dlas hábiles siguientes a la cuiminaclón de la intervención.

QUINTO: Se insta al Concejo Municipal del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, a convocar de manera inmediata al concurso púbiico para la designación del nuevo titular de la Contraloria Municipal de asa entidad.

SEXTO: La medida de intervención tendrá una duración de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente resolución, prorrogables hasta por un lapso igual, por una sola vez, sin perjuicio de que pueda cesar antes, con motivo de la designación, mediante concurso público, del nuevo tituiar del órgano de control fiscal.

funcionario interventor se mantendrá en el cargo hasta ocurra la designación por concurso público del nuevo ee Hbligueto.

Contralor General de la República *

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

CARACAS, 11 DE ENERO DE 2011 200° Y 151° RESOLUCIÓN N° DdP-2011-008 GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, DefenSOra del PuebIO de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 13 de dicembre de 2007, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezueia N° 38.836, de fecha 20 de diclembre de 2007, actuando de conformidad con el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 29 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Defensonía del Pueblo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 37.995, de fecha 5 de agosto de 2004.

CONSIDERANDO Que mediante la Resolución N° DdP-2010-202, de fecha 1° de octubre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.530, de fecha 14 de octubre de 2010, fue designado el ciudadano KENNYALBERTO VARGAS VARGAS, titular de la cédula de identidad N° 13.017.425, como Defensor Adjunto, adscrito a 1a Defensoría del Pueblo Delegada del estado Botívar, an calidad de encargado, a partir del día 1° de octubre de 2010, hasta nueva disposición.

RESUELVE:

Primero.- Conclulr el día 10 de enero de 2011, la encargaduría como Defensor Adjunto (E) de la Defensoría del Pueblo Delegada del estado Bolívar, del funcionario KENNY ALBERTO VARGAS VARGAS, titular de la cédula de Identidad N° 13.017.425.

Segundo.- Ordenar a partir de la presente fecha la reincorporación del mencionado cludadano a su cargo de origen, como Defensor II, adscrito a la Defensoría del Pueblo Delegada del estado Bolívar, Sub-sede Puerto Ordaz.

GAERITA DEU MAR RAMYREZ PÉREZ DEFENSORA DEL PUEBLO

PARLAMENTOLATINOAMERICANO

PARLAMENTO LATINOAMERICANO Grupo Parlaneniario Venezolano Secretaria

Caracas, 12de enaro de 201

Certificación del Acta de la Scsión de Ipsialación del Grupe Pariamentario Venezolano del Periamsato Latinoamericano.

Quien suscribo, Cielo Verhuska Nieto Farlas, venezolana, mayor de odad, titular de le Cédula de Identidad N°14.420.404, de profesión Internacionalista, domiciliada en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Vonezuela, en mi condición de Secretaria (encargada) del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano, por medio del prosense instrumento, do manera expresa, y según lo establecido en el articulo 33, numeral 9, del Reglamento Intemo vigente on osta agrupación, CERTIFiCO que el lexto que se transcribe a continuación son extractos pertinentes del Acta de la Sesión Plenaria Especial de Instalación del Grupo Pariamentario Venezolano del Parlamento Latinoancricano, signada con la numeración 2011-01 y celebrada el día viemes 7 de enero de 2011, documento que reposa en el Libro de Actas y Libro a Digitalizados que se llevan bajo la custodia de la Secretaría en esta entidad Parlanentaria.

"En el Hemicicio Protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Assmblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuala, ubicado en Ia ciudad de Caracas, siendo as 10:52 a.m., del día viernes 7 de enoro de 2011, con ol objeto de dar cumplimiento a lo establecido on el Estaiuto y el Reglamento Intemo que rige al Orupo Paslamentario Venazolano del Parlamento Latinoamcricano, se constituyeron los ciudadanos y ciudadana a electos y electas el día domingo, 26 de seplieanbre de 2010, como diputados y diputadas de la República Bolivariana de Venezuela ante el Parlamonto Latinoamericano (Parlatino) para el período constitucional comprendido entre los afios 2011 y 2016, y proclamados al día jueves 30 de septiembre de 2010, por el Consejo Nacional Elactoral (CNE) de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en al articulo 33, numeral 7 de

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DE VENEZUELA DEPÓSITO LEGAL: ppO 1872070,F1 AÑO CXXXVIII — MES IV Número 39.592 Caracas, miércoles 12 de enero de 2011 Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelarla Caracas- Venezueda Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 bttp://www.minci.gob.ve / http:/Amprenta.gotdns.org Esta Gaceta contiene 48 Págs. costo equivalente a 19,65 % valor Unidad Tributaria DE VENEZUELA DEre LA REPÚBLICA Artículo 12. La GACETA OFICIAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos Ios días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único. Las edición s extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán Ios actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAÑA DE VENEZUELA. cuyOs ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

la Ley Orgánica del Poder Electoral; articulos 63 y 65 de la Ley Orgánica de Pueblos y Conjunidades Indigenas; ariículo 153 de la Ley Orgánuca de Procesos Electorales; y arlículo 15 de su Reglamcnto N° 8. relativo a la 'Elección a Órganos Deliberantes de Coinpetencia Internacional." "Constatada la asistencia de los diputados y diputadas principales: Roy Antonio Chaderion Mntos, C.I. 2.941,497; Roy Albeno Daza, C.I. 4.568.176; Rodrigo Eduardo Cabeza Morales, C.1. 4.666.491; Ana Elisa Osorio Granados, C.I. 4.056.575; Walter Ramón Gavidia Rodríguez, C.I. 4.886.307; Carolus Paulus Wimuner, C.1. 6.102.810; Timoteo de Jesús Zambrano Guedez, C.l. 4.254.097; Ilenry Lisandro Ramos Allup, C.1. 1.364.990; Jose Ramón Sánchez Yribarren, C.l. 6.888.00s; D'Isa Jennifer Solorzano Bernal, C.1.

10.500.320; Franeisco Ranón Garcia Martíncz, C.1. 5.116.325; Daliu Herminia Yánez, C.]. g.950.580; asf como, los diputados y tas diputadas suplentes: Ángel Luis Rodriguez Ganboa, C.1. 4.501.148; Marelis Josefina Pérez Marcano, C.I. 2.641.872; Calixto Antonio Ortega Rios, C.1. 3.264.031; Pedro Tonas Lander Moreno, C.I. 4.576.120; Manuel Enrique Villalba Sánchez, C.1. 8.370.376; Xoan Pblo Noya Ajarcón, C.1. 17.147.420; 1.uis Aquiles Moreno Cirimelc, C.1. 5.566.016: José Luis Farias Correa, C.I. 4.315.308; Victor Modesto León Oliveros (C.I. 2.126.333; Jacinto Antonio Ochoa Garcia, C.1. 8.987.311; Ydelfonso Nicolás Sosa Méndez, C.1. 7.296.84S y Raul Jesús Teinpo, C.1. 12.437.446." "Acto seguido, el diputado Roy Chaderton Matos, actuando de conformidad con !o establecido cn el articulo 4 del Reglanento Interno del Grupo Parlamentario Venezolano, declaró abierta la Sesión asumiendo su dirección interina y designó, como secretario provisional de ella, al diputado Walter Gavidia Rodriguez, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° del mismo Reglamento. Seguidamente, el director interino solicitó ul Secrctario dar lectura al objeto de la Sesión, quien leyó el Orden del Dia consistente en un solo punto únleo a tratar: Elección de la Direetiva del Girupo Parlamentario Venezolano del Parlunento Latinoamericano para el perfodo constitucional 2011-2012." "A continuación, el director interino designó a una comisión especial, integrada por los diputados y diputada: Carolus Paulus Wimmer, Dalia Herninia Yánez y Francisco Ramóst Garcia, para examinar las credenciales de los diputados y diputadas electos y electas, para el periodo constitucional 2011-2016 del Grupo Parlunentario Venezolano del Parlanento Lotinoamericano." "Saguidamente, el director interino solicitó al secretario provisional la lectura del Acta de los resultados del examen realizado a las credenciales de los diputados y diputadas, en la cual quedó establecido que 'Una vez cumplido el trámite reglamentario, la comisión infortua y deja constancia que están conformes las credenciales de los 12 diputados y diputadas principales y los 12 diputados y diputadas suplentos.'" "Enseguida, el director interino procedió a juramentar a los 12 diputados y diputadas principales del Grupo Parlamontario Venezolano del Parlanento Latinoamericeno." "Una vez finalizada la Juramentación, el director interino solicitó al secretario provisional la lectura del artículo 6º del Regiamento Intomo del Grupo Parlamento Latinoamericano y cumplido este cometido, concedió el derecho de palabra para las postulaciones de los candidatos(ax) para los cargos de Presidente(a) y Viccpresidente(a) del Grupo Parlamontario Venezoluno del Purlunanto Latinoamericano, corespondionte al período anual 201 l-2012. En primer termino, hizo uso de Ia palabra el diputado Roy Allberte Daza, quieas en su intervención postuló al diputado Rodrigo Eduardo Cabeza Morales y a la diputada Ana Elisu Oaorio Granados para los cargos de Preaidente y Vicepresidenta, respectivamente. Luego, intorvino oi diputado Heury Raunos Allup, quien en sus palabras se abstuvo de presentar una propuesta de postulación de nombres a los cargos útiles sofalados."

"De inmediato el director interino sometió a consideración de los diputados y diputadas fa designación del diputado Roxdrigo Eduardo Caoeza Mlorales como Presidente del Grupo Parluinentorio V'enezolano del Parlamento Latmoanvericano pauu ei periodo anual 2011- 2012, solicitando a los presentes manifestar su voto con la señal de costumbre. f.uego de 1a votación, resulto electo por mayoria el diputado Rodrigo Eduardo Cabeza Morales para el cargo de Presidente de la agrupación, con los votos a favor de los diputados y diputalus:. Roy Antonio Chaderton Matos, Roy Alberto Daza, Rodrigo Eluardo Cabeza Morales, Ana Elisa Osorio Granados, Walter Ramón Gavidia Rodtiguez, Carolus Puulus W'immer y Dalha Reminia Yánez." "Seguidamente, el director interino sometió a consideracion de los diputados y diputadas la designación de ia diputada Ana Elisa Osorio Granados cons o Vicepresidenta del Gropo Parlanventario Venezolano del Parlamento Latinoamericano para el periodo anual 201t. 2012, solicitando a los presentes manifestar su voto con la scnul de costunbre. Luego de la votación, resultó clecta la mencionada diputada para el cargo Vicepresidenta de esta agrupación, con los votos à favor de los diputados y diputadas: Roy Antonio Chaderon Matos, Roy Alberto Daza, Rodrigo Eduardo Cabeza Morales, Ana Elisa Osorio Granados. Walter Ramón Gavidia Rodriguez. Carolus Paulus Wimner y Dalia Fermma Yânez." "Inmediatamente despues, el diputado Rodrigo Eduardo Cabeza Morales prestó Juranento al cargo de Presidente del Grupo Parlamentacio Venezolano ante el Pleno. y enseguid.t, Iu diputada Ana Elisa Osorio Granado hizo lo propio, como Vicepresidenta del Grupo Parlunentario Venezolano ante el nuevo Presidente Jel Grupo." "Posteriomente, el Presidente recien electo procedió a juramentar a los 12 diputados y Siputadas suplentes del Gnupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano para el periodo constitucional 2011-2016."

"Acto seguido, ofreció la palabra al diputado Aristóbulo Isturis Almeida Primer Vicepresidunte de la Asamblea Nucional de la Repúblics Bolivariana de V'enezuela y luego de su intervención, el Presidente hizo uso de la pulabta para exponer sus inquictudes parlamentarias, delinear lo que será su programa de trabajo y deciarar instalado el periodo constitucional 2011-2016 e inaugurar el primer periodo anual de sesiones 2011-2012 del Grupo Parlanentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano."

Suscribe el Acta de ia Sesión Plenaria Especial de Instalación del Grmpo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoanericano signada con el múmero 2011-01, el diputado Walte: Gavidia, secretario provisional de la Sesión. Es todo es autentico.

Dado. finnado y sellado, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los 12 dias del mes de ener y/Ael 3ão 2011. Aão 200° de la Independenciu, 151° de la Federación y 1 1g la Revonción Bolivariana.

Diputado Rudrigo (ubeza Mlorales Vicepresidente ante él Parlaguento Latinoamericano Presideme del Grup Paglamentario Venezolano Nietu F Mecretua (E)

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